Introducción y estado de la cuestión

El caso de estudio se sitúa en el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos (SFFLF), reserva natural protegida y patrimonio nacional de Colombia desde hace 46 años. Está ubicado en el departamento costero de La Guajira, al norte del país, en la zona rural del corregimiento Camarones, perteneciente al Distrito Turístico de Riohacha, capital del departamento. El Santuario alberga un ecosistema con una diversidad de especies de flora y fauna; y le circundan otras áreas naturales como las zonas de playa y ríos. Es un entorno privilegiado, donde aún habitan los flamencos rosados, lo que hace del SFFLF un importante destino turístico. En este territorio, las comunidades locales desarrollan actividades económicas para su sustento. Al mismo tiempo, se manifiestan prácticas culturales y sociales de los pueblos indígenas y afrodescendientes que lo habitan. El SFFLF se traslapa en su totalidad con el resguardo Perratpu, compuesto por tres comunidades indígenas Wayúu. En sus alrededores, residen otras siete comunidades de la misma etnia, grupos afroguajiros, mestizos y población local sin vinculación étnica.

Al ser el SFFLF un área protegida del Sistema de Parques Naturales, entendiéndose esta como un “área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación" (Función Pública 2010, art.2), las actividades económicas, como el turismo y ecoturismo, deben ser compatibles con la preservación de los ecosistemas del territorio. Estas actividades están reguladas por instrumentos de planificación territorial como el Régimen Especial de Manejo y el Plan de Manejo del SFFLF, suscritos entre las autoridades tradicionales del resguardo Perratpu y Parques Nacionales Naturales (PNN).

Esos elementos contextuales enmarcan el tema de la investigación, enfocado en comprender aspectos de las prácticas de gobernanza relacionados con la cooperación, la participación comunitaria, la gestión y el manejo del recurso natural y la toma de decisiones sobre el ecoturismo en el SFFLF, para proponer alternativas que armonicen la conservación ambiental con el desarrollo local. El punto de partida fue el análisis situacional de la problemática, en torno a fallas de coordinación entre actores, bajos niveles de confianza y debilidades en la cooperación para la acción colectiva. Dichas condiciones afectan la articulación de los actores en los procesos de planeación y manejo del ecoturismo en el SFFLF, desincentivan la participación comunitaria y debilitan la gobernanza del ANP.

La interdependencia entre ecoturismo y gobernanza para la protección ambiental implica relaciones entre los actores involucrados en el ecoturismo en el SFFLF. Tales relaciones están condicionadas por: i) la calificación del territorio como un área de protección especial que implica la presencia de PNN como autoridad ambiental que representa los intereses del Gobierno en la conservación del territorio; ii) un contexto social complejo ante la presencia de comunidades étnicas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con un alto grado de dependencia de la explotación de los recursos naturales para su sustento, y que ven en el ecoturismo una alternativa para la generación de ingresos; iii) la concepción propia del territorio y su uso, determinada por los rasgos de la diversidad cultural y étnica de los pobladores que, en ocasiones, pueden entrar en disputa con los mandatos de conservación de los recursos naturales del territorio; iii) la presencia de otras organizaciones públicas y privadas con sus propios intereses misionales o económicos, tales como la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (Corpoguajira) -autoridad ambiental departamental con competencia para vigilar e inspeccionar el manejo de los recursos naturales-, los actores privados para la operación turística y transportadores, entre otros.

Estas condiciones indican que el uso, manejo, acceso y gobierno de los recursos de uso común (RUC) del corregimiento de Camarones involucra varias fuentes de poder con competencias institucionales diversas: el Gobierno local, las autoridades ambientales y las comunidades indígenas y afrodescendientes. Dicho rasgo coincide con el concepto de gobernanza policéntrica, al configurarse múltiples centros de poder y de toma de decisiones (Ostrom 1999) en aspectos como la regulación y las políticas de conservación ambientales, la reglamentación y planeación turística y las expresiones de autoridad interna de territorios étnicos de las comunidades.

Las investigaciones sobre la gestión del SFFLF abordan una perspectiva institucional o económica del ecoturismo, sin ligarlo a la cuestión de la gobernanza (Fondo de Promoción Turística de Colombia 2012; Suárez 2015; Cámara de Comercio de La Guajira 2019). Si bien enuncian la existencia de problemas de coordinación entre los actores con influencia en el SFFLF, no profundizan en la comprensión de los factores causales o en las dinámicas de interacción de los centros de poder.

Algunos estudios que abordan de manera genérica la gobernanza de las ANP, en el contexto del desarrollo turístico en Colombia y México, identifican diversas problemáticas: la contraposición de intereses estatales y comunitarios, las asimetrías de poder (Durán 2009; Montero, Franz y Choles 2018), la baja participación comunitaria en la toma de decisiones e, incluso, la agudización de desigualdades socioeconómicas (Brenner y San German 2012). En respuesta, estos autores sugieren recomendaciones para fortalecer los esquemas de gobernanza o las políticas de desarrollo local, aunque no abordan de manera explícita la perspectiva policéntrica o multinivel de la gobernanza, ni la existencia de múltiples centros de poder.

Otro enfoque aborda la comprensión de la gobernanza desde la figura del comanejo de las ANP con comunidades indígenas. Premauer y Berkes (2015) estudian el caso del Parque Nacional La Macuira, en Colombia, y Trentini (2016) se refiere al Parque Nacional Nahuel Huapi, en Argentina. Estos estudios analizan las tensiones entre la autoridad ambiental y las comunidades indígenas. Ellas incluyen la decisión de permitir o no el turismo en el territorio, la capacidad limitada para trabajar de forma colectiva y adoptar una visión instrumentalista de las comunidades. Aunque los autores concluyen que el comanejo debe desarrollarse a partir de enfoques pluralistas o modelos no estandarizados, no profundizan sobre estrategias o modelos alternativos que puedan resolver estas tensiones de manera práctica.

La literatura relacionada con el enfoque policéntrico en la gobernanza de las ANP o los RUC y el ecoturismo es relativamente limitada, pero sugiere que la cuestión del policentrismo cobra relevancia en la comprensión de las deficiencias en los modelos y enfoques de gobernanza de los recursos naturales. Según Nyaupane, Poudel y York (2022), quienes investigaron tres ANP en Nepal, hay escasa evidencia sobre cuáles enfoques de gobernanza son más efectivos para la gestión de las ANP. Estos suponen objetivos que compiten entre sí: la conservación de la biodiversidad, la vida comunitaria y el turismo. Concluyen que los modelos de gobernanza varían según el contexto y están limitados por la rigidez y la tendencia monocéntrica de los modelos convencionales, por lo que proponen avanzar hacia enfoques de cogestión policéntricos y multinivel.

En el contexto de la gobernanza regional en áreas marinas que involucran jurisdicciones estatales como centros de poder, Gjerde y Yadav (2021) identifican las principales deficiencias de la GPC. Observan la falta de reglas y normas para estructurar acciones y comportamientos; así como la ausencia de procesos para mejorar la cooperación, coordinación y resolución de conflictos. A partir de ello, proponen medidas para fortalecer la GPC, entre las que se destacan: robustecer las capacidades de las entidades con responsabilidades superpuestas y compartidas; e implementar mecanismos para la gestión del conocimiento a nivel intra e interregional. Sin embargo, es notable que, en lo que respecta a las condiciones intrarregionales o internas de cada jurisdicción, no se aborda el papel de la sociedad civil y las comunidades en los modelos de GPC.

El estado del arte muestra que, si bien se ha avanzado en la identificación de problemas relacionados con la gobernanza en la gestión de las ANP y la proposición de soluciones situadas en los casos de estudio, se extraña una mayor especificidad del enfoque y el modelo de gobernanza estudiado o respecto del cual se sugieren los mejoramientos.

Trabajos que abordan explícitamente enfoques o modelos de gobernanza, en particular aquellos relacionados con la GPC, sugieren diversas soluciones que buscan mayor articulación de actores y decisiones para la acción colectiva. No obstante, estas soluciones suelen dirigirse más hacia escenarios globales o transnacionales que al contexto local y territorial. Frente a este vacío, el presente artículo busca generar aportes, desde el enfoque de la GPC para las ANP relacionadas con el ecoturismo, al destacar las lógicas de múltiples centros de poder, en los que convergen entidades gubernamentales, autoridades ligadas a la división político administrativa y al sector ambiental, así como las jurisdicciones especiales para los grupos étnicos, reconocidas constitucionalmente. Además, el artículo pretende proporcionar evidencias para una comprensión más profunda de los factores subyacentes en algunas problemáticas que marcan puntos de inflexión de los sistemas de GPC.

Material y métodos

La cuestión problemática que subyace en la investigación se origina en la vivencia de una de las investigadoras, oriunda del territorio, respecto de los escasos avances en la mejora de las condiciones de vida y el bienestar de sus pobladores. La cercanía con el contexto y los vínculos relacionales facilitó el acercamiento a actores claves para, en un primer momento, delimitar el problema práctico y el punto de llegada. De ahí que se planteara una investigación aplicada de corte cualitativo y participativo (Vasilachis 2006). Con ella se siguió la ruta de una práctica basada en el diagnóstico, cuya finalidad no es solo generar conocimientos, sino propender a la construcción de respuestas prácticas con el objetivo de superar las problemáticas en contextos y realidades situadas, donde los saberes, las comprensiones y las aspiraciones de los involucrados son imprescindibles para plantear y emprender cualquier acción de transformación (Vargas Cordero 2009).

Se partió de un análisis situacional para la caracterización y comprensión de las problemáticas asociadas a las prácticas de gobernanza en el SFFLF, con énfasis en la actividad ecoturística. En un segundo momento, se priorizaron factores críticos y se definió la teoría del cambio sobre las acciones relacionadas con la coordinación de los actores y los escenarios de participación y de toma de decisiones. Por último, se planteó la construcción participativa de propuestas para la gobernanza del desarrollo ecoturístico en el SFFLF. Este proceso se llevó a cabo entre marzo de 2020 y junio de 2021,¹ a través de la revisión documental, entrevistas abiertas semiestructuradas y talleres participativos con los actores involucrados.

A partir de la revisión de fuentes secundarias y entrevistas exploratorias, se identificaron y seleccionaron a los participantes en el estudio. Se tuvo en cuenta la representatividad de las diferentes voces de actores implicados, para lo cual se establecieron los siguientes criterios de inclusión: i) la relación directa con el SFFLF por mandatos y competencias institucionales; ii) el desarrollo activo de actividades turísticas en la zona de influencia y corregimiento, iii) la pertenencia étnica; iv) el nivel de influencia, conocimientos y experiencia en relación con el Santuario y sus problemáticas; y finalmente, v) la voluntad explícita de participar en el estudio, registrada en el consentimiento informado, escrito y verbal, en las entrevistas virtuales, con el compromiso del anonimato y la confidencialidad en el manejo de la información. En total, se aplicaron cuatro entrevistas a profundidad (Funcionaria de Parques Nacionales UAESPNN, Operador turístico formal, Guía autorizado para aviturismo formal, Funcionario de la Gobernación de la Guajira); diez entrevistas semiestructuradas (a niveles directivo o decisorio gubernamental de comunidades indígenas y afrodescendientes; líderes de operadores formales e informales y de la Academia). Posteriormente, se realizó un taller con 11 participantes: resguardos indígenas, operadores turísticos formales e informales y representantes de Consejos Comunitarios Afro. Por último, con estos mismos actores se realizó una mesa de trabajo para la revisión y validación final del modelo propuesto.

Se estableció un marco analítico apriorístico a partir de la operacionalización y adaptación del Modelo Analítico de Gobernanza (MAG) de Hufty (2009, 1), definida por el autor como “una metodología pragmática que tiene como objetivo demostrar el potencial del concepto de gobernanza con respecto del análisis de problemas colectivos”. El marco propone cinco dimensiones: 1) el problema de gobernanza (lo que está en juego); 2) los actores individuales o colectivos, 3) las normas o acuerdos sociales; 4) los puntos nodales, que se refieren a espacios físicos o virtuales en donde convergen interacciones, problemas, procesos, actores y normas; y 5) los procesos, entendidos como las sucesiones de estados por los cuales pasan las otras dimensiones. También se incorporaron los conflictos en calidad de categoría emergente, por la recurrencia y relevancia revelada en la fase de análisis e interpretación (figura 1). Con respecto de la categoría “2) actores”, se estableció un conjunto de atributos (tabla 1) para realizar el mapeo/análisis de actores, al combinar el enfoque descriptivo y el normativo (Reed y Curzon 2015).

Tanto las categorías/subcategorías apriorísticas como los atributos orientaron la recolección de información a través de las preguntas incorporadas en las guías de entrevistas, talleres y matrices de revisión documental. Una vez se aplicaron los instrumentos, se procedió a la transcripción de audios y al análisis de contenido de los textos para su codificación por parte de la investigadora principal y, después, a la revisión por supervisión.

La información se registró en una matriz de sistematización para facilitar el análisis y la triangulación de las fuentes, así como la interpretación diferenciada por actor, las convergencias y divergencias por categorías/subcategorías. Respecto del análisis de actores, se elaboró una matriz basada en los atributos y se definieron las escalas y rangos de valoración. Estos resultados fueron insumos para el análisis y la reflexión colectiva de actores en el territorio respecto de las problemáticas y propuestas para promover la gobernanza.

Figura 1 Categorías de análisis 

Cuadro 1 Caracterización de los actores y niveles de incidencia  

Fuente: elaboración propia.

Discusión y conclusiones

Jones y Long (2020) plantean que los desafíos de los modelos de GPC en las ANP surgen por las interacciones en los distintos niveles o centros decisionales, particularmente por cómo estos pueden lograr una verdadera coordinación entre jurisdicciones, resolver conflictos y contrarrestar las asimetrías de poder, al contener una eventual imposición de intereses particulares de élites o sectores dominantes, en perjuicio de grupos vulnerables en procesos decisorios sobre la gestión de los RUC.

La investigación confirma este panorama, al constar que un mayor número de centros decisionales dificulta el consenso, debido a la diversidad de intereses en juego. Aunque este hallazgo pareciera obvio, se complejiza al analizar casos concretos como el del Santuario, donde los intereses de entidades estatales se enfrentan con los intereses, derechos o prerrogativas que la Ley otorga a los centros de poder con denominación étnica, que operan bajo modos propios de gobierno y de toma de decisiones. En este caso, la cultura indígena Wayúu tiene su propio sistema decisional y de resolución de conflictos, reconocido como una jurisdicción especial, que difiere de la justicia ordinaria colombiana. Esto puede resultar una fuente de conflictos para tomar decisiones sobre las reglas de gobierno en un territorio con vinculación étnica.

La superposición, término central de la GPC, describe la existencia de ciertas capacidades funcionales o de áreas de responsabilidad compartidas entre los centros decisionales que operan en múltiples niveles o jurisdicciones (Marshall 2015). Aunque la literatura resalta sus ventajas, como facilitar el flujo de la información entre centros decisionales, proporcionar controles y contrapesos (Marshall 2008; McGinnis y Ostrom 2011), la investigación revela que la coordinación en aspectos asociados a la gestión del SFFLF se afecta por disputas de competencia o traslapes funcionales entre algunas de las autoridades. Tales fallas de coordinación y, por tanto, de gobernanza, originadas en la disparidad de objetivos e intereses de cada entidad, pueden reproducir rezago y desigualdad en los grupos comunitarios dedicados al turismo (Funcionario de Gobernación de La Guajira, en entrevista con el autor, 27 de marzo de 2021).

Asimismo, la investigación indicó que, contrario a los referentes teóricos, en la práctica, la superposición de funciones o responsabilidades no solo puede dificultar la coordinación, sino también limitar el flujo de información en algunos niveles de los centros decisionales. Muestra de ello son las dificultades para consolidar algunos procesos de los entes territoriales encaminados a dinamizar iniciativas productivas dentro del sector turístico, debido a que la participación del sector empresarial suele ser inconstante, al no vincularse, no permanecer durante todo el proceso, o retirarse de este antes de que culmine (Funcionario Gobernación de La Guajira, en entrevista con el autor, 27 de marzo de 2021). Tal situación no solo impacta en el flujo de la información, sino que también dificulta el logro de los objetivos de política pública, fijados por el nivel central y acogidos en los planes de desarrollo local.

Se resalta que algunos estudios como los de Jones y Long (2020) plantean interrogantes sobre la verdadera autonomía de los centros decisionales en la gobernanza de las ANP, al considerar que estos, a menudo, están sujetos al mandato y el control del nivel central/estatal. Uno de los hallazgos de la investigación destaca que, a pesar de cierto grado de autonomía, los centros decisionales no son ajenos a asimetrías en el liderazgo y requieren de la interacción de los otros niveles para reforzar y legitimar sus actuaciones; v.gr. la Alcaldía municipal no puede limitar usos del territorio ocupado por comunidades indígenas sin previamente consensuar estas decisiones con estos conglomerados.

Aunque el modelo de GPC promueve la autoorganización, la confianza y el aprendizaje compartido en sus múltiples escalas (Urquiza et al. 2019), las asimetrías de poder y los bajos niveles de confianza, presentes en el caso de estudio, dificultan la participación de las comunidades locales, de forma autónoma y sin limitantes, en la toma de decisiones. Catalogar una decisión de ‘autónoma’ puede cuestionarse cuando se mantienen prácticas paternalistas y clientelistas para asistir a sectores sociales pobres o vulnerables (Durston 2003), sobre todo, si se parte de que, en el caso de estudio, la participación comunitaria tiende a ser mayoritariamente instrumental y condicionada por prácticas paternalistas que perpetúan la dependencia de los grupos comunitarios del apoyo de actores estatales o de cooperación internacional (Atria 2003).

En adición, la falta de canales adecuados de comunicación entre los líderes y las comunidades para socializar los resultados de los procesos participativos en el SFFLF refleja el posible arraigo de figuras de liderazgo jerárquico y personalista, lo que puede acentuar asimetrías de poder. Este punto concuerda con estudios como el de Montero (2015), que considera que la falta de representación de ciertos actores, ya sea de manera directa (no invitados a participar) o indirecta (invitados, pero no familiarizados con el lenguaje y las dinámicas de la planificación participativa), puede reproducir jerarquías sociales existentes o diseñar agendas que perjudiquen a poblaciones vulnerables o subrepresentadas. Como se evidenció en el caso de estudio, una visión reduccionista de la participación implica creer que los mecanismos son más participativos solo por contar con la asistencia o representación de la comunidad, pero no garantizan que las comunidades se sientan partícipes de estos procesos, al vincularlas en las decisiones sobre el manejo y la gestión de su territorio. Asimismo, la exclusión selectiva de actores de los mecanismos de comunicación termina por perjudicar la legitimidad y la amplitud de los procesos de gobernanza (Marinelli 2018).

Ello se complementa con lo enunciado en los resultados, al referir que la coordinación entre la autoridad ambiental y la comunidad indígena en los instrumentos de gestión o manejo conjunto del ANP puede llegar a ser restrictiva, al dejar fuera a grupos étnicos que no forman parte de la comunidad, legalmente constituida resguardo indígena. Esta situación puede afectar a la representación de los diferentes centros de poder comunitarios. Ello puede, además, cuestionar qué tan participativas serían estas figuras de comanejo, si no todos los centros de poder están representados en la toma de decisiones sobre el territorio.

Este es uno de los retos de la GPC: empoderar a los grupos sociales vulnerables y tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones, para fortalecer su incidencia decisional. Por ello, la investigación propone una figura de gobernanza comunitaria, apoyada en los principios de diseño institucional propuestos en Ostrom (1999). También adiciona criterios que el propio caso determinó como incluyentes y flexibles, con la finalidad de abarcar a aquellos actores sociales que pueden ser el eslabón débil en las escalas de toma de decisiones, y consolidar una capacidad instalada en los grupos comunitarios suficiente para desarrollar los procesos de manera autónoma e independiente de los actores externos. Esta propuesta aborda la complejidad de la GPC y busca equilibrar las dinámicas de poder en la gestión de las ANP y los recursos naturales.

Investigaciones como la de Carlisle y Gruby (2019) destacan un riesgo inherente a los foros que vinculan múltiples partes interesadas: su vulnerabilidad a la dominación por intereses poderosos. Ello puede limitar el diálogo, la resolución creativa de problemas y la diversidad de instituciones con capacidad de adaptación.

Lo anterior resalta un desafío adicional para la GPC: el riesgo del localismo, que puede surgir cuando la equidad en la provisión de un reparto justo de costos y beneficios, la inclusión de todos los grupos sociales en la toma de decisiones, el reconocimiento, el respeto de las costumbres y las culturas locales, y el logro de los objetivos de conservación de un ANP pueden capturarse por los intereses de las élites o de actores locales influyentes en la promoción de actividades de desarrollo económico (Jones y Long 2020).

En el caso de estudio, la comunidad desconfía de las autoridades tradicionales indígenas o de los líderes comunitarios que los representan, debido a la percepción generalizada de los miembros entrevistados de que tales representantes actúan en función de sus intereses particulares a la hora de decidir aspectos sobre el manejo o la gestión del SFFLF. De igual manera, las entrevistas revelaron la falta de canales de comunicación interna adecuados, esto es, entre los líderes y las comunidades que estos representan. Ello limita la socialización de los asuntos que se discuten en las instancias formales del régimen especial de manejo, así como la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisión (Funcionaria UAESPNN, en entrevista con el autor, 7 de marzo de 2021). Esto coincide con la literatura sobre gobernanza, que sugiere que la desconfianza hacia las autoridades del Gobierno (locales o étnicas) puede surgir de figuras de liderazgo jerárquico y personalista, puede generar asimetrías de poder y reproducir jerarquías sociales existentes o diseñar agendas excluyentes (Montero 2015). En sistemas de GPC, la confianza es un factor determinante para la acción colectiva y, cuando esta desciende, lleva a la poca o nula cooperación, y constituye fuente de conflictos (Poteete, Janssen y Ostrom 2012). La investigación busca mitigar tales riesgos con el diseño de un modelo multinivel participativo para el ecoturismo, que vincula a los actores clave en la toma de decisiones, dando protagonismo a las comunidades locales. De esta manera, se abordan desafíos como la dominación de intereses poderosos y se fomenta una participación genuina y equitativa en la gestión de las áreas protegidas.

Las asimetrías de poder y las diferencias en los valores entre las partes con un interés en un recurso compartido hacen que el conflicto sea casi inevitable cuando se toman decisiones sobre la asignación y el uso de un RUC, por lo que debe evitarse que los conflictos se intensifiquen hasta un punto en el que el sistema de gobernanza se vuelva disfuncional (Dietz, Ostrom y Stern 2003).

Al respecto, la investigación reveló la concordancia con las observaciones de Da Silveira y Richards (2013), en cuanto a una debilidad de la GPC, relacionada con los bajos incentivos para la cooperación entre algunos grupos comunitarios formales e informales en el SFFLF y la intensa competencia por el acceso al recurso. Debido a estas debilidades, Poteete y Ostrom (2004) recomiendan diseñar instituciones para administrar o minimizar los conflictos, ante la presencia de pocos incentivos para la cooperación y de una intensa competencia entre sus usuarios por la distribución y el acceso a los recursos.

En línea con lo anterior, ante la ausencia de un mecanismo para la resolución de conflictos, la investigación propone un modelo de gobernanza en el que se diseña una estructura comunitaria que permita la integración funcional de los grupos formales e informales; la participación consensuada de estos en la toma de decisiones; la configuración de reglas para mitigar prácticas excluyentes en el acceso y uso del recurso; y resuelva los conflictos que se presenten. Una de las respuestas futuras será si la puesta en marcha del modelo fue o no capaz de resolver o mitigar la conflictividad por el acceso y el uso del recurso.

A su vez, el modelo propone una fase en la que se configuren las reglas para instalar un punto nodal destinado a la articulación de los instrumentos de planificación territorial. Este punto destaca la importancia de dos aspectos clave: por un lado, modular el riesgo de imposición de intereses y diseñar incentivos para fomentar la permanencia de actores no estatales en procesos de planificación y, por el otro, garantizar espacios para la participación comunitaria con vocación decisional en todas las etapas de planificación territorial, aun si algunos actores eligen voluntariamente no participar o no vincularse con ellos.

Es relevante destacar que la diversidad de perspectiva en torno a cuestiones como el uso de un RUC pueden afectar el potencial del policentrismo en calidad de marco de análisis institucional aplicable a la gobernanza de las ANP (Jones y Long 2020). Por esta razón, la particularidad de cada caso puede permitir la propuesta de estructuras dinámicas y flexibles, que permeen no solo las normas o referentes legales, sino también la gestión coordinada de las entidades públicas y los modelos de gobernanza y planificación territorial. Para abordar esta complejidad, la investigación abandonó la idea de una única perspectiva de gobernanza para abarcar y resolver las situaciones complejas en torno al SFFLF, y apostó por combinar elementos de diferentes formas de gobernanza (comunitaria, multinivel y colaborativa -en red) para construir un marco de gobernanza flexible y adaptable a tales complejidades. Ello se traduce en un modelo sui generis de gestión territorial del ecoturismo, que promueve la construcción colectiva del conocimiento a partir del intercambio de experiencias y el reconocimiento de los actores involucrados en el SFFLF.