Introducción

A partir de las décadas de 1960 y 1970 se hace evidente el contexto de crisis civilizatoria (^{Leff 2004}) y multidimensional que vive la humanidad, la cual atenta contra la continuidad de nuestra especie. En respuesta a ella, surge en diversos lugares del mundo la necesidad de construir y recuperar alternativas a la forma de vida impuesta por la modernidad. Algunas de estas acciones contestatarias y críticas al modelo hegemónico pueden agruparse en el llamado movimiento de contracultura. Gomez-Ullate lo describe resaltando su particularidad crítica hacia la cultura hegemónica.

Por un lado, designa la actitud última de negación y rechazo de la cultura establecida o de la sociedad dominante, y la búsqueda de alternativas a ésta. Por otro lado, designa al grupo, colectivo y movimiento social, a la comunidad de sentido involucrada en esa búsqueda y construcción de dichas alternativas (^{Gomez-Ullate 2004}, 26).

De este modo, la crítica realizada por el movimiento de contracultura se efectúa a través de una práctica visible, que involucra cambios profundos en la forma de vida cotidiana. Como menciona el autor, se considera un movimiento social debido a que existe una comunidad de sentido que reúne la diversidad de acciones llevadas a cabo con el objetivo de crear o recuperar alternativas.

Unas de estas iniciativas son las comunidades sustentables, intencionales o ecoaldeas, que comenzaron a germinar de forma aislada, pero que, en lo posterior, han conformado redes formales e informales de reciprocidad para compartir experiencias y recursos, así como también, para apoyar a nuevas ecoaldeas en distintos lugares del mundo. Ejemplo de este tipo de redes son: la Global Ecovillage Network (GEN) y sus redes regionales; la Fellowship for Intentional Community (FIC); los Transition Towns (TT) y la Associação Brasileira de Comunidades Autossustentavéis (ABRASCA). Las iniciativas de cohousing, transition towns, comunidades sustentables o intencionales y ecoaldeas tienen en común ser formas de asentamientos sostenibles, que pretenden transformar los estilos de vida cotidianos. Por ende, se las considera parte del mismo movimiento en pos de la experimentación, creación y recuperación de formas de vida consciente y sustentable.

En muchos casos de América Latina, estas iniciativas han sido resignificadas como una estrategia de resistencia al avance del desarrollo moderno y en defensa de diferentes formas de relacionamiento con la naturaleza. Estudios como los de ^{Salamanca y Silva (2015}), ^{Silvestri (2015}), ^{Bossy (2014}), ^{Boyer (2015}) y ^{Litfin (2009}) analizan distintos casos de ecoaldeas en el mundo y la integración de su comunidad con la naturaleza, en contraposición al predominante androcentrismo y antropocentrismo modernos (^{Plumwood 1997}).

En la década de 1990, en territorio latinoamericano, las ecoaldeas y comunidades sustentables se fueron creando de manera silenciosa, en contestación a la instauración y profundización del modelo económico neoliberal (^{NZTV Pública 2013}). Este fue resultado de las medidas tomadas durante el período de dictadura militar (en las décadas de 1970 y 1980). Las dictaduras militares y la fase posterior de neoliberalismo, en la mayoría de los países de la región, lograron desestabilizar y desestructurar los movimientos sociales, políticos y sindicales. Este tipo de régimen burocrático-autoritario (^{O’Donnell 1982}) dilapidó los movimientos sociales y políticos que en la década de 1960 y 1970 habían levantado la voz para mostrar que otro tipo de sociedad, diferente a la de mercado, era posible (^{Tavares 1985}).

El neoliberalismo logró implantar una sociedad fuertemente individualista, al deslegitimar las acciones comunitarias y colectivas redefiniendo el papel de la sociedad y de las relaciones entre sociedad civil y sociedad política (^{Schiavo, Vera y Nogueira 2013}). No obstante, en la búsqueda de la construcción de alternativas, muchas de las autodenominadas ecoaldeas en la región son comunidades que se han apropiado de esta palabra para dotarse de significados que les permitan legitimar otras racionalidades económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales.

En su mayoría, estas iniciativas han sido desarrolladas en espacios predominantemente rurales o periféricos a las grandes urbes, lo cual las ha mantenido en una relativa invisibilidad en las discusiones académicas, sociales y políticas de la vida urbana (^{Gomez-Ullate 2004}). La creación de un espacio organizado en comunidad y en profunda relación con la naturaleza es una idea que se ha creído incompatible bajo el paraguas del desarrollo urbano y la modernidad. A pesar de ello, existen diversas iniciativas que cuestionan estas creencias, dando lugar a una discusión más profunda, a través de una praxis sociopolítica contestataria sobre los bienes comunes en el contexto urbano y sobre el lugar que ocupa la naturaleza en las ciudades (^{Ergas 2010}; ^{Ergas y Clement 2015}). Las comunidades sustentables urbanas y los procesos sociales que encaran en la actualidad han sido poco estudiados. Por esta razón, el presente trabajo toma como caso de estudio a la ecoaldea Velatropa, ubicada en una de las ciudades más densas y desiguales de América Latina (^{UN-HABITAT 2016}), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en Argentina.

El objetivo de la investigación es analizar las tensiones que produce la creación de nuevos bienes comunes urbanos en el caso de la ecoaldea Velatropa, en CABA. Para lograrlo, se estructura de la siguiente forma: en la primera parte se presentan los conceptos y discusiones teóricas de la ecología política urbana, que guiarán el análisis del caso, enmarcadas en las discusiones sobre los bienes comunes (^{McCay y Jentoft 2002}; ^{Ostrom 2002}; ^{Gutiérrez y Mora 2011} y bienes comunes urbanos (^{Harvey 2012};^{Harvey 2007}) en relación con la llamada “segunda naturaleza” (^{Heynen, Kaika y Swyngedouw 2006}) o “hibridez” (^{Zimmer 2010}) de las ciudades. Así, se intentarán analizar las tensiones que surgen en la CABA en el proceso de construcción de una alternativa comunitaria al desarrollo urbano convencional.

En la segunda parte se analizará la cronología de los hechos que marca el proceso de creación, implementación y defensa de la ecoaldea de Velatropa y se describirán algunas de las iniciativas llevadas a cabo por dicha comunidad. Por último, se identificarán los paradigmas divergentes en cuanto a la racionalidad desde la que se sitúan los diferentes actores protagonistas que entran en conflicto, para relacionarlos con los modelos de ciudad y formas de desarrollo que cada uno de ellos promueve.

La información del caso en cuestión ha sido recabada mediante la técnica etnográfica de observación participante en la ecoaldea Velatropa, a partir de dos visitas realizadas en mayo y junio de 2016.¹ Se realizaron entrevistas semi-estructuradas e informales a algunos de sus integrantes, y también se utilizó documentación publicada por las ONG involucradas en el proceso de creación de la Reserva Ecológica de Ciudad Universitaria Costanera Norte (RECN). Además, se recurrió a información secundaria de medios de comunicación, páginas web oficiales y material audiovisual disponible online para complementar el análisis de los discursos y continuar el seguimiento de los hechos del conflicto. En junio de 2016, se realizó un pedido de información pública (Ley 104 CABA) a la Dirección General de Espacios Verdes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para conocer el estado de las conversaciones sobre la RECN, entre el GCBA y las autoridades de la UBA. Se siguió el curso de los hechos que marcaron el conflicto durante los años 2017 y 2018, mediante los relatos de informantes clave y medios de comunicación.

Bienes comunes urbanos y la naturaleza híbrida de las ciudades

Las discusiones sobre los bienes comunes fueron reavivadas a finales de la década de 1960 por Garret ^{Hardin (1968}), a partir de su artículo titulado “La tragedia de los bienes comunes” (su título original en inglés: “The Tragedy of the Commons”). Sus escritos han sido utilizados como argumento para muchas de las políticas neoliberales de cercamiento y despojo sobre comunidades que aún conservaban el control y el manejo de sus recursos naturales (^{Gutiérrez y Mora 2011}). Sin embargo, también ha sido duramente criticado y muchos académicos han contestado a sus argumentos sobre el trágico desenlace en el que inevitablemente caerían los bienes comunes.

Según ^{Hardin (1968}), los bienes comunes están destinados a caer en la tragedia debido a que, de forma sintética, los individuos siempre tienden a actuar en términos de maximización de sus beneficios. Los bienes comunes están destinados a su extinción por no existir recursos suficientes para modificar la conciencia de la acción individual hacia acciones de cooperación que eviten sus externalidades. Sin embargo, otros autores como Ellinor ^{Ostrom (2002}) han profundizado en este dilema, yendo más allá en los argumentos, al encontrar que atributos como la confianza, la reputación y la reciprocidad, así como la posibilidad de mantener una autonomía en la toma de decisiones como comunidad, son de gran importancia para reducir los costos del control en el uso de los bienes comunes. Esto quiere decir que la construcción de una comunidad debe implementar mecanismos que refuercen dichos atributos para lograr un funcionamiento coherente. En suma, establecer normas y reglas claras en el interior de la comunidad permite sostener el manejo del territorio a largo plazo, frente a las lógicas de mercado individualistas y cortoplacistas que amenazan su sostenibilidad en el tiempo.

En este sentido, otro de los dilemas de los bienes comunes ha sido la influencia de los derechos de propiedad en la organización, el acceso y el control de estos. Según ^{McCay y Jentoft (2002}), la teoría convencional de los bienes comunes (considerada desde la perspectiva occidental y moderna de Hardin), confunde la propiedad colectiva con la propiedad de acceso abierto. Esta diferencia es crucial, en cuanto la propiedad de acceso abierto implica la ausencia total de normas y, por otro lado, la propiedad colectiva resulta de un proceso social que genera estructuras e instituciones colectivas, incluso cuando estas no sean formalmente explícitas. “A veces, tanto la institución como los recursos sujetos a la institución son llamados ‘bienes comunes’. Sin embargo, es útil diferenciar entre el concepto, la institución y el recurso particular que está sujeto a la institución” (Ciriacy-Wantrup y Bishop 1975 citado en ^{McCay y Jentoft 2002}, 80).

Esta última diferenciación permite también reflexionar en torno al papel del Estado y del mercado en la continuidad de los bienes comunes y de su propiedad colectiva o de “acervo común” (^{Ostrom 1990}), ya que tanto uno como otro pueden llevar con su accionar al “desenraizamiento” (^{McCay y Jentoft 2002}) de las formas comunitarias de organización sobre los bienes comunes, y facilitar que se cumpla la “tragedia” predicha.

Si bien el estudio de los bienes comunes y sus instituciones ha tenido un gran alcance dentro de la Economía Ecológica, muchas veces su importancia política queda diluida detrás de definiciones economicistas sobre el tema. Por ello, para el análisis de Velatropa, se ha priorizado una de las definiciones de bienes comunes desarrollada por Gutiérrez y Mora (²⁰¹¹), que se refiere a estos como una propuesta política.

Commons se entiende como concepto que da sentido y dirección a una propuesta política y que nos sitúa en tres temas esenciales: 1) el acceso a recursos y bienes que conforman nuestro patrimonio social, natural y cultural; 2) el proceso de producción y reproducción social tanto de bienes como del bien común y 3) la distribución equitativa en la repartición de los beneficios que emergen de nuestro acervo común (^{Gutiérrez y Mora 2011}, 132).

Los tres temas mencionados en la definición de los autores permiten identificar iniciativas sociales que no solo se encuentran en contextos rurales, sino que también es posible encontrar en los complejos procesos sociales que ocurren en las grandes urbes. Al considerar que la mayoría de la población latinoamericana reside en las ciudades, este concepto se vuelve una herramienta clave para resignificar alternativas que construyen nuevos sentidos alrededor de la vida urbana.

Autores como David ^{Harvey (2012}) mencionan la necesidad de nombrar no solo a los bienes comunes, sino también a los bienes comunes urbanos. Al hacerlo, dan cuenta de la contradictoria naturaleza de su cercamiento, lo que significa procesos conducentes a privatizarlos, con participación de la autoridad estatal, para proteger y asegurar regímenes de derecho privado.

Los bienes comunes no son, por tanto, algo que existió en otro tiempo y que se perdió, sino algo que se sigue produciendo continuamente, como los bienes comunes urbanos. El problema es que también siguen siendo continuamente expropiados por el capital en su forma mercantilizada y monetizada, aunque sigan siendo producidos continuamente por el trabajo colectivo (^{Harvey 2012}, 122).

En este sentido, la continua “expropiación por el capital” de los bienes comunes urbanos es la principal tensión, que se repite una y otra vez como hechos cotidianos de la vida urbana. Si bien, por un lado, existen formas de socialización que atraen a colectivos y movimientos sociales a conformar una comunidad de sentido para crear alternativas ante la problemática socio-ambiental actual, por otro lado, las instituciones del capital continúan apropiándose de ellas mediante el uso de sus dispositivos legítimos de poder. Entre estos dispositivos legítimos se encuentran los aparatos burocráticos y las fuerzas de seguridad del Estado. Ya que, si bien es función del Estado crear y proteger los bienes públicos, no ocurre lo mismo con los bienes comunes. Las acciones estatales han sido mayormente motivos de “desenraizamiento” de las comunidades involucradas en un bien común específico, al seguir las recomendaciones producto de la teoría de la tragedia de los bienes comunes.

La intervención burocrática en el manejo de recursos puede tener una latente función desenraizadora. En efecto, esto significa ‘la separación de las relaciones sociales de los contextos locales de interacción’ (Giddens 1994, 21) con respecto a las responsabilidades que previamente eran de interés de los usuarios de bienes comunes. Vínculos verticales -el individuo vis-a-vis el gobierno- tienen prioridad sobre los vínculos horizontales (^{McCay y Jentoft 2002}, 91).

Es por ello que el accionar vertical del Estado, en muchos casos, irrumpe en las dinámicas comunitarias que se organizan en torno a un bien común a partir de relaciones de cooperación, confianza y reciprocidad. En el contexto urbano, la presencia del Estado se encuentra mucho más activa que en los mayormente rurales, sobre todo a partir de la administración de los espacios públicos. Sin embargo, los espacios públicos también son plausibles de apropiación colectiva por aquellos ciudadanos que generan relaciones de sentido y pertenencia al convertir un espacio genérico y vacío en un territorio de vida y, por lo tanto, en un bien común. En relación con este punto, David Harvey menciona:

Las cualidades humanas de la ciudad surgen de nuestras prácticas en sus diversos espacios, aunque estos estén sometidos a los cercamientos, al control social y a la apropiación por intereses privados y públicos/estatales. Existe una importante distinción al respecto entre espacios y bienes públicos, por un lado, y los comunes por otro. Los espacios y bienes públicos urbanos han sido siempre objeto del poder estatal y la administración pública, y tales espacios y bienes no constituyen necesariamente un bien común (…) Aunque estos espacios y bienes públicos contribuyen poderosamente a las cualidades del bien común, su apropiación requiere una acción política por parte de los ciudadanos y el pueblo. La educación pública se convierte en un bien común cuando las fuerzas sociales se apropian de ella y la protegen y mejoran para su beneficio mutuo (^{Harvey 2012}, 115).

De la cita se desprende que Harvey, al abordar los bienes comunes, plantea que existe una práctica social de “comunalización”, es decir, que la relación del grupo y su entorno, entendido como bien común, será a la vez colectiva y no mercantilizada. Esto mismo permite distinguir entre los propósitos de un bien público, considerado gasto productivo del Estado, y un bien común, que será entendido y utilizado con propósitos totalmente diferentes (^{Harvey 2012}).

Ahora bien, es preciso considerar la relación que la comunidad de Velatropa construye con su territorio, en un espacio dominado por formas urbanas basadas en los valores de la modernidad. La ecoaldea Velatropa pone en discusión la naturalización del proceso urbano que, como explica Gandy (²⁰⁰⁶), no es concebido como resultado de un proceso histórico, sino como una dinámica que puede ser alterable con tecnologías, antes que con contestaciones políticas. En este sentido, los integrantes de la ecoaldea, al haber intervenido en la restauración ambiental del territorio, para que se recupere el ecosistema natural de humedal ya no mediante el uso de onerosas tecnologías, sino mediante la organización y el trabajo comunitario, han reclamado un espacio que había sido abandonado ante la negligencia del Estado. En este proceso, se volvió borrosa la distinción entre el artificio humano y la sucesión ecológica.

Por ello mismo, es importante rescatar el concepto de hibridez que maneja Anna ^{Zimmer (2010}) para entender la ciudad ya no como un espacio no natural de artificio puramente humano (considerando al ser humano como una excepción de la naturaleza, como un ser superior a ella), sino como un espacio integrado a ecosistemas y ciclos naturales, formado por la agencialidad de seres humanos, que también son naturaleza. Esto permite pensar que existe una producción social del espacio y que la ciudad puede ser construida en relación con ese espacio al que pertenece. Aquí es donde entra en juego el concepto de metabolismo social, para comprender desde la ecología política urbana las relaciones de poder establecidas por el propio ritmo de funcionamiento de las urbes. El metabolismo social abre el análisis sobre la apropiación de la naturaleza y de qué forma se depositan los desechos en ella, así como también sobre todos aquellos procesos intermedios que ocurren entre el momento de apropiación y su transformación en desechos (^{Herrero 2012}).

Las ciudades son la representación más clara de la hibridez entre los procesos sociales y naturales, que se entremezclan a través de los procesos metabólicos que allí suceden. Según ^{Heynen, Kaika y Swyngedouw (2006}), el metabolismo de las ciudades se sostiene en función de materia y energía provista por la naturaleza, como el agua y los alimentos. Estos autores hablan de la ciudad como la “segunda naturaleza”, debido a la amplia y compleja amalgama de redes socio-espaciales tejidas simultáneamente de forma local y global: humanas, físicas, culturales y también orgánicas.

Velatropa cuestiona el metabolismo lineal del discurso del desarrollo y pretende construir alternativas que den cuenta de la posibilidad de pensar en metabolismos circulares, en que la sociedad se responsabilice tanto por los inputs necesarios para mantener su funcionamiento como por los outputs resultado de dicho desarrollo. Este tipo de alternativas implica una crítica profunda a la economía de consumo actual. La ecoaldea, como centro de experimentación, implica un espacio de aprendizaje y crítica a la forma de vida que impone la modernidad en la ciudad y con ello, a sus ciclos de metabolismo, así como a sus formas de entenderla y crearla.

Esta forma de comprender el metabolismo circular, en la mayoría de las ecoaldeas, incluyendo la de Velatropa, se aprende y se aplica a partir de los preceptos de la permacultura, marco teórico-práctico comprendido por los mismos ecoaldeanos como la cultura de lo permanente (entrevista GR181605, 17 de mayo de 2016). Los integrantes de la ecoaldea lo explican de este modo:

El marco teórico que nos habilita es el de la permacultura, no entender solo que queremos recrear un ambiente de humedal, sino que en el medio de eso también está la cuestión productiva. Y hace un tiempo charlábamos, pensando esa zonificación, crear por ejemplo una selva marginal y pensar cómo se podrían reemplazar algunas especies nativas por frutales, que tengan más o menos las mismas características y que puedan crecer ahí, digamos. (Nos proponemos) tratar de conservar un poco la cuestión ecosistémica de un ambiente natural, pero insertando lo productivo y la cuestión más relacionada con la soberanía alimentaria, para producir nuestros propios alimentos (entrevista GR181705, 17 de mayo de 2016).

Esto significa que el eje y común acuerdo de la comunidad está basado en la elaboración de formas de vida comunitarias que permitan el uso sustentable de los recursos, a largo plazo, para asegurar la permanencia de la vida en dicho territorio y en la Tierra (^{Molina, Peña y Merino 2015}). Esto también incluye formas agroecológicas de producción y construcción de viviendas mediante la utilización de materiales locales y ecológicos.

La permacultura ha sido conceptualizada por Bill Mollison como un “sistema de diseño para la creación de medioambientes humanos sostenibles” (^{Mollison 1978}, 5). Implica una forma de organización comunitaria que, además de disminuir el impacto en los ecosistemas donde se asienta, modela una relación más cercana con ellos, al incorporar múltiples dimensiones de la vida humana en el diseño de una comunidad. Muchos de estos principios, tomados por Bill Mollison en su concepto de permacultura, pertenecen a la filosofía de ^{Fukuoka (1978}), quien describe el trabajo con la naturaleza a partir de una observación prolija y meditativa de su funcionamiento.

La imitación de los procesos biológicos permite integrar la producción y la reproducción de la vida, regenerando los ecosistemas. En la flor de la permacultura (figura 1) se puede observar la síntesis realizada por varios autores, entre los que se encuentran David ^{Holmgren (1978}), para describir las alternativas prácticas de cada dimensión de la vida humana, que posibilitan cursos de acción diferentes a los propuestos por una perspectiva desarrollista.

En Latinoamérica la permacultura se ha encontrado en diálogo con la agroecología, creando un enorme potencial de transformación tanto en espacios urbanos como rurales (^{Sevilla-Guzmán 2004}). Este tipo de saberes han sido colocados en un lugar de inferioridad con respecto a los saberes llamados científicos, por lo que su recuperación y práctica implican un proceso de horizontalidad que incluye las prácticas y la forma de comprender el proceso educativo. Esto es manifestado por los integrantes de Velatropa de la siguiente manera:

El planteo, desde el principio, ha sido el de un funcionamiento horizontal. Sin jerarquías, desde la toma de decisión hasta el conocimiento y los saberes. Que no seamos dos o tres los que decidamos que se hace y que tampoco seamos dos o tres los que sepamos cómo se hacen las cosas porque también es una manera de concentrar el poder. Entonces todo el tiempo (se hace) un esfuerzo por pensar en instancias de encuentros donde todos podamos compartir las herramientas que conocemos y cómo disponer de ese conocimiento que vamos generando para que quede a disposición de todos y circule (entrevista GR11705, 17 de mayo de 2017).

Fuente: Principios de Permacultura s.f.

Figura 1.  Flor de la permacultura 

De esta manera, la horizontalidad del saber es uno de los principales objetivos que persiguen los integrantes de Velatropa, a través de la educación ambiental dirigida a sectores de la educación formal, como a los estudiantes de colegios y universidades, a través de visitas guiadas y talleres, así como también a los sectores de la educación no formal, a través de capacitaciones y prácticas dirigidas a toda la ciudadanía.

2. Creación, desarrollo y defensa de la ecoaldea Velatropa

La ecoaldea se encuentra, en términos legales, en una propiedad pública perteneciente al Estado argentino. El predio, ubicado en “terrenos ganados”² al Río de la Plata, fue otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA), universidad pública, para la construcción de una ciudad universitaria que contaría con cinco pabellones, según la planificación inicial. Sin embargo, luego de la dictadura militar de 1976, se detuvo la construcción, dejando en estado de abandono los cimientos del pabellón IV y aún sin comenzar el pabellón V. Como muchos otros casos en el país, este fue un proyecto desarticulado en pos de la posterior imposición de las “recetas” del modelo neoliberal.

El espacio fue gradualmente tomado por algunos grupos, en la década de 1990, para la construcción de viviendas de emergencia, producto de la profundización del desarrollo geográfico desigual (^{Harvey 2007}) en la ciudad de Buenos Aires, una de las consecuencias del neoliberalismo. El espacio se convirtió en una villa de emergencia que presentaba altos riesgos de seguridad, tanto para la población que vivía allí como para los estudiantes que acudían a la ciudad universitaria, por los casos de violencia y asesinatos en el lugar. El Estado había literalmente abandonado y liberado la zona, dejando que se convirtiera en un espacio de delincuencia, con la función de basural, en el cual se depositaban los escombros de viejas construcciones de la ciudad. En este sentido, el predio devino depósito de los outputs invisibilizados del metabolismo socioambiental de la ciudad.

Los integrantes de Velatropa cuentan cómo se fue formando este territorio, de forma tal que los procesos ecológicos del ecosistema de humedal, en conjunto con las acciones humanas, que depositaron los escombros de antiguas construcciones en el lugar, dieron lugar al predio en el que se encuentra actualmente el campus universitario, la ecoaldea y la reserva.

La parte que se rellenó, más vieja, pensada para construir encima, tuvo un laburo de relleno pensado en eso, para poder construir los pabellones. Después ya toda esta zona (el sector de la ecoaldea y la reserva) fue vuelco de escombros, y sobre eso lo que pasa básicamente es que el Río Paraná viene con sedimentos a cierta velocidad, lo que le permite ir arrastrando los sedimentos. Cuando llega la desembocadura, lo que pasa es que se ensancha el río y eso hace que baje mucho la velocidad con la que viene. Por lo tanto, los sedimentos con los que viene se depositan. A través de ese mecanismo es que se vienen formando las islas del delta. De la misma manera, también deposita sedimentos sobre esta zona, donde habían volcado escombros. Sobre esos sedimentos arranca un proceso natural que no solo es geológico, también es biológico, en el sentido de que se empiezan a afirmar determinadas plantas, que son las primeras, las colonizadoras, que empiezan a ayudar a la retención de esos sedimentos y empiezan una serie de sucesiones que derivan en lo que ahora van a ver en el recorrido (entrevista GR41705, 17 de mayo de 2017).

Años después de que se produjera un violento desalojo de la villa de emergencia, un grupo de estudiantes y profesores de la universidad decidieron tomar el espacio para construir una ecoaldea, y se asentaron ellos mismos en él. De ese modo, evitaron que se formaran nuevos asentamientos informales precarizados, pusieron un alto a la expansión de los estacionamientos y fomentaron actividades de restauración del ecosistema local de humedal, reducido hasta ese entonces a una acumulación de viejos escombros y desechos (Página 12, 2 de noviembre de 2008).

Velatropa se forma en el año 2007, organizada a partir de reglas y normas establecidas por la misma comunidad, a través de asambleas realizadas acorde con el calendario lunar. Con el paso del tiempo, el espacio logró convertirse en un verdadero humedal, con espacios destinados a huertas agroecológicas, luego de haber regenerado la calidad de la tierra de forma activa y mediante técnicas de permacultura (ver progreso de la restauración en el mapa 1) (entrevista GR11705, 17 de mayo de 2016).

Fuente: página oficial de Facebook de la ecoaldea Velatropa, 27 de julio de 2017

Mapa 1. Progreso de la restauración ecológica en el territorio de la ecoaldea Velotropa.  

Además, los miembros de la comunidad participaron de los procesos de diálogo con autoridades públicas del gobierno de la CABA, de la UBA y ONG, para la declaración del espacio aledaño como Reserva Ecológica y la construcción de un plan de manejo intersectorial. La Reserva Ecológica Costanera Norte (RECN) fue declarada formalmente en el año 2015, luego de un largo proceso de resistencia y diálogo (Centro Experimental Interdisciplinario Velatropa, acceso 21 de mayo de 2018). En ese contexto, la comunidad de Velatropa se atribuye a sí misma una nueva función, al señalar el espacio como un “área de amortiguación de la Reserva Ecológica Costanera Norte” (ver mapa 2).

Fuente: página oficial de Facebook de la Ecoaldea Velatropa

Mapa 2 Ecoaldea Velatropa como zona de amoriguación de la Reserva Ecológica Costanera Norte 

Uno de sus integrantes expresa:

En 2007, cuando arrancamos la idea era que esto se declare reserva, como ya venía trabajándose desde la legislatura y demás, y que toda esta otra zona sea considerada intermedia, una zona donde pudiéramos experimentar la sociedad con la reserva. Por ejemplo, para meter huerta, para plantar frutales, para hacer el centro experimental que es la Aldea (…) Nosotros, desde la ciudadanía, queremos tener incidencia sobre eso. Un poco la idea es que no sea una reserva tan estatal, sino que tenga participación ciudadana (entrevista GR21705, 17 de mayo de 2016).

A pesar de los logros visibles de la comunidad, alcanzados gracias al trabajo conjunto con los vecinos de la ciudad y ONG ambientalistas, la ecoaldea ha sido considerada una amenaza tanto para las autoridades de la UBA como para las del Gobierno local (^{Nueva Ciudad 2017}).

En primer lugar, las autoridades locales se han mostrado reacias a establecer cualquier tipo de diálogo en la integración de este bien común, construido por estudiantes, profesores y vecinos. Han profundizado el conflicto, al otorgar el manejo del espacio al sindicato de no docentes (APUBA) de la UBA, interesado no en la conservación del área natural, sino en la concesión de los estacionamientos de ciudad. A partir de ello, se ha aprobado el cobro de una tarifa fija por el uso de los estacionamientos a personas externas a la institución y, con un costo menor, a los estudiantes de la casa. Se ha exceptuado del pago, sin embargo, a los docentes titulares y auxiliares. Se ha intentado justificar y disminuir el conflicto ante esta concesión, al establecer que las ganancias recaudadas serían utilizadas para becas destinadas a los familiares del personal no docente y para la construcción de un parque recreativo destinado al mismo grupo (APUBA, 6 de abril de 2016). Nuevamente la estrategia de las autoridades de la universidad intenta imponer un discurso desarrollista que contrapone derechos sociales con derechos ambientales.

Así, aquellas racionalidades de mercado que amparan los avances del cemento destinado a estacionamientos han generado fuertes conflictos con los habitantes y participantes de la comunidad de la ecoaldea Velatropa, quienes intentan preservar el ecosistema local del humedal, con fines no comerciales y en beneficio de toda la ciudadanía. Además, la racionalidad colectiva que prima en la ecoaldea rompe con los esquemas individualistas, promovidos tanto desde el Estado como del mercado. Existe una tensión permanente entre estos actores en torno a lo que para unos serían bienes comunes, mientras que para otros serían bienes públicos y privados.

Para los miembros de la ecoaldea, existe un interesante proceso de construcción de identidad, que se erige sobre posturas de activa defensa del territorio, para evitar su saqueo y cercamiento. Uno de sus integrantes afirma que todos los conflictos que se han vivido, tanto hacia el interior de la comunidad como en relación con actores externos, se han ido realizando a la par de un continuo trabajo de restauración, reforestación y mejoramiento de la calidad de la tierra. “Mientras nosotros vamos haciendo nuestros procesos sociales lentamente, ellos (los árboles) van creciendo y van haciendo su laburo. Los arbolitos nunca dejaron de crecer” (entrevista GR11705, 17 de mayo de 2016).

Adicionalmente, en relación con el avance del cemento, es importante considerar que la construcción de un estacionamiento implica limitar el acceso al uso y aprovechamiento de los recursos no solo de la comunidad, sino de todos los estudiantes y vecinos que acuden cotidianamente a utilizar el espacio. Si bien puede argumentarse que ese espacio también sería utilizado por ellos, se haría bajo una lógica de restricción del acceso, a partir del precio que cobran por el estacionamiento. Por ende, se haría bajo una lógica privada e individual de mercado, que colisiona con las innumerables actividades, rituales, festivales, talleres y capacitaciones, entre otras iniciativas promovidas por la comunidad ecoaldeana.

Como se evidenció, durante los casi 40 años previos a la existencia de la comunidad de Velatropa, el Estado no ha asegurado el acceso y uso del bien público ni a la comunidad estudiantil, ni a los vecinos de la ciudad. El espacio permaneció durante todo ese tiempo como receptor de las externalidades pertenecientes a un proceso de expansión urbana. Así, el espacio verde considerado legalmente un bien público pasó a ser, por un lado, apropiado por los sindicatos encargados de obtener un rédito económico a partir de la privatización del espacio público; y por otro, uno destinado a la acumulación de escombros y basura producida por la misma universidad.

En síntesis, la ecoaldea Velatropa se constituyó en un bien común urbano, que se ha logrado mantener y desarrollar a partir de lógicas alternativas a las del mercado, ya que ha generado normas y reglas para su uso y administración, que evitan su marginalización y degradación. Además, este espacio puede ser considerado un bien común debido al régimen de propiedad colectiva que, a partir de la práctica asamblearia, ha logrado establecer de manera informal una regulación del comportamiento de los miembros de la comunidad. Por otro lado, las tensiones entre el bien público, privado y común han sido las protagonistas de este territorio, que se ha visto rodeado por la imposición de lógicas privatizadoras y de mercado, gerenciadas por el propio Estado.

Racionalidades contrapuestas

Escuchar las explicaciones que dan los actores al uso del espacio abre la posibilidad de un análisis sobre las diferentes racionalidades que subyacen a su accionar. Las autoridades de la UBA se han expresado con gran preocupación en torno a la falta de espacios disponibles para el estacionamiento de autos particulares. El análisis de la situación, según las autoridades de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, apunta al incremento del flujo de automóviles particulares en horarios pico en el predio como principal objeto de conflictividad, por dificultar la circulación y fomentar la competencia por el uso de los estacionamientos. Si bien señalan que más del 70% de los asistentes llega en transporte público y que las obras realizadas para la ejecución de un metrobús fueron impulsadas para beneficiar a esta mayoría, aún consideran necesaria la ampliación del espacio de estacionamiento que esta obra perjudicó. Además, mencionan el perjuicio generado por la ecoaldea, al explicar cómo entorpece la circulación dentro del predio debido a “la presencia de plantaciones realizadas intencionalmente en las cercanías del comienzo de las obras por los ‘ocupantes ilegales’ conocidos como Vela Tropa” ( ^{Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UBA s.f.} ).

En el año 2015, las autoridades de la UBA realizaron una denuncia formal por usurpación del predio. Sin embargo, a partir de la decisión del juez de llevar a cabo una mediación, que pusiera en diálogo a las partes, el actual secretario general de la UBA expresó, en mayo de 2017, la importancia de recuperar el predio para “la ejecución de proyectos científicos y académicos”. Sin embargo, existe una contradicción en sus declaraciones; otras autoridades ya han afirmado que el predio sería utilizado para la ampliación del estacionamiento.

Los representantes de Velatropa se mostraron abiertos al diálogo y expresaron la intención de trabajar en conjunto para “extender un programa teórico-práctico de educación ambiental por medio de la permacultura y la agricultura natural” (^{Nueva Ciudad 2017}).En este marco, el juez de la causa, Pablo Casanello, instó a ambas partes a una mediación, al considerar que no existía delito, ya que los integrantes de Velatropa no habían tomado el terreno por la fuerza y no eran violentos. Sin embargo, el acuerdo de mediación no se respetó (Página 12, 16 de diciembre de 2018). En el año 2018, la Ecoaldea continúa sin ser reconocida por la institución educativa y la denuncia penal permanece vigente. Mientras tanto, el potencial ecológico continuó creciendo, gracias a las acciones de resguardo impulsadas por la comunidad de Velatropa. Un ejemplo reciente de ello son las diversas especies de aves observadas durante las fuertes tormentas ocurridas en septiembre de 2018. Según los propios integrantes de la comunidad, se avistaron más de 90 especies, que buscaron resguardo en el humedal durante esos días. Además, ya se han registrado más de 200 especies que viven libremente en la RECN y su área de amortiguación, la ecoaldea Velatropa (^{Salas 2018}).

Durante el proceso de publicación de este artículo, la conflictividad alcanzó su pico máximo el miércoles 28 de noviembre de 2018, al hacerse efectiva la orden de desalojo de los habitantes de la ecoaldea, en el marco de un operativo de seguridad realizado para asegurar el perímetro para la cumbre internacional del G20. Al encontrarse el predio de la ecoaldea dentro del perímetro de zona roja de seguridad ante el G20, el juez Pablo Casanello emitió una orden de “desocupación” del predio dentro de la misma causa abierta en el año 2015 (N°CFP 1819-2015). Ese día se montó un operativo policial con efectivos de la Policía de la Ciudad, acompañados por autoridades del Gobierno porteño y de la UBA (entre los que se encontraba Miguel Angel Mouriño, quién firmó la denuncia de ocupación en el año 2015).

Al llegar los efectivos policiales, los integrantes de la ecoaldea que en ese momento se encontraban presentes se retiraron pacíficamente, llevándose solo algunas de sus pertenencias personales. Luego de este evento, y transcurrido el período de seguridad para el G20, el predio ha permanecido cerrado con alambrados y custodiado por seguridad privada, imposibilitando a sus integrantes ingresar o recuperar el material de investigación, herramientas y elementos personales que se encontraban en su interior. Uno de los periódicos que cubrió el evento logró entrevistar al secretario general de la UBA, Mariano Genovessi, quién se refirió al operativo explicando que “la universidad quiere recuperar el pleno ejercicio del dominio sobre área, donde la presencia del Estado estaba limitada por la intrusión y judicialización”. Calificó a las actividades que realizaban los miembros de Velatropa como “valiosas, pero sin sustrato científico” (^{Ayzaguer 2018}).

Por su parte, los integrantes de Velatropa realizaron un recurso de amparo en la justicia y denuncian que existen fuertes intereses por parte de la UBA y del Gobierno de la Ciudad dirigidos a utilizar el predio de 4,5 hectáreas de amortiguación de la RECN para proyectos de planificación urbana, aunque esto no ha sido admitido por las autoridades (Página 12, 16 de diciembre de 2018). Hasta la fecha, el colectivo de la ecoaldea Velatropa había logrado plantar y mantener más de 400 árboles frutales y 1500 árboles nativos. En los últimos dos años han logrado convocar más de 8000 personas a talleres, cursos y capacitaciones en temas de alto interés para la educación socioambiental (^{Nueva Ciudad 2017}).

Las declaraciones de las partes involucradas en el conflicto permiten llegar a una lectura que evidencia una disputa entre racionalidades contrapuestas y diferentes modelos deseados de ciudad y de relación con la naturaleza. A partir de las motivaciones, preocupaciones y valores que cada actor promueve, podemos pensar que en este punto se encuentran racionalidades divergentes. Una, motivado por los preceptos del desarrollo de la modernidad, frente a otra, que implica la construcción de prácticas de sentido alternativas, en pos de una cohabitación y sensibilización con su entorno. El cuestionamiento acerca de la “validez científica” de las prácticas realizadas en la ecoaldea coloca automáticamente en una posición de inferioridad jerárquica a la crítica que subyace en la forma de vida promovida por esta. Esto quiere decir que existe un mecanismo de poder enraizado en la supuesta superioridad del conocimiento considerado científico, personificado en la voz de una de las autoridades de la UBA, para deslegitimar y restar importancia a toda iniciativa que se entiende por fuera de los estándares normales para la continuidad del desarrollo en la ciudad.

Conclusiones

El marco de análisis de los bienes comunes urbanos da cuenta de las tensiones y conflictos que pueden surgir a partir de la construcción de alternativas, en relación con un territorio concreto. Este concepto lleva irremediablemente a pensar en los tipos y funciones de las grandes urbes, de la mano de la ecología política urbana. Las tensiones se incrementan al pretender cuestionar la función de la ciudad como espacio destinado a la generación de plusvalía; cuando se construyen iniciativas que buscan resignificar dichas funciones bajo cosmovisiones holísticas, priorizando los valores ecológicos, sociales y culturales por sobre los de mercado. Se entiende que la ecoaldea Velatropa constituye un bien común urbano, que ha sido instaurado en medio de una gran conflictividad por el acceso a la tierra y a los espacios verdes en la ciudad.

En este contexto, el Estado ha cumplido un papel importante en la continuidad y profundización de los conflictos. Es posible distinguir que la tragedia de los bienes comunes, en este caso particular, no es promovida por una falla en la comunidad en sí, sino que existen fuertes presiones a partir del rol que cumplen el Estado y el mercado como “fuerzas desenraizadoras”.

Por otra parte, la crítica activa mediante prácticas diferentes de relación sociedad-naturaleza brinda herramientas para repensar el modelo hegemónico del desarrollo moderno. La puesta en práctica de iniciativas visibles dentro de la ciudad, en las que se trabaja conscientemente mediante dinámicas comunitarias y técnicas sustentables, propone un enorme potencial de transformación.

El caso de Velatropa es aún más paradigmático por encontrarse en uno de los campus universitarios más grandes de Argentina. Constituye un ejemplo de que la construcción de bienes comunes urbanos es un proceso dinámico, que debe estar preparado para enfrentar el avance constante de la forma capitalista y moderna de urbanización. La organización y resistencia comunitaria son elementos fundamentales para enfrentar las presiones sociopolíticas que imponen las instituciones estatales y de mercado.