Introducción

Usualmente la resistencia no violenta no es uno de los enfoques primordiales en los estudios de seguridad. Sin embargo, desde los estudios de paz y conflicto, es una estrategia fundamental para comprender la posibilidad de reconfiguración del conflicto desde la agencia de grupos minoritarios, cuyos derechos han sido vulnerados en un contexto de violencia. Autores como Chenoweth y Stephan (2008) contrastan los efectos de la resistencia violenta y la no violenta con estudios de caso entre 1990 y 2006, y concluyen que existe un 53 % de éxito de campañas no violentas frente a un 26 % de las campañas de resistencia violenta.

Los objetivos de la resistencia no violenta van encaminados a cambios concretos, generalmente no son maximalistas y esto produce que tengan una reacción positiva en el público que las percibe, tanto a nivel doméstico como internacional. En este sentido, aparece Alianza Ceibo, entre las antípodas del crimen organizado y la represión estatal, en un contexto en el que las desigualdades socioeconómicas, étnicas y la exclusión política y social hacen que converja lo que ^{Galtung (1990}) llamaría “violencia estructural”.

La Alianza Ceibo es un grupo interétnico conformado por las nacionalidades Kofán, Siona, Siekopai y Waorani, localizadas en la Amazonía, específicamente en las fronteras entre Colombia, Ecuador y Perú. El objetivo primigenio de esta alianza fue reconstruir sistemas de agua lluvia para evitar que en las comunidades se consuma agua contaminada por actividad extractiva. Con el tiempo, la Alianza observó que no solo el agua era un problema común, sino que compartían experiencias en otros ámbitos como la ocupación territorial, el narcotráfico y los delitos derivados del crimen organizado, así como la actividad extractiva legitimada por el aparato estatal (Alianza Ceibo 2025).

De acuerdo con ^{Mouly (2022}), la existencia de un conflicto no siempre tiene una connotación negativa porque configura un cambio social, lo fundamental es que existan percepciones que se contraponen. Los objetivos bajo los cuales se creó la Alianza interétnica Ceibo evidencian que algunos actores obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos y las necesidades de las etnias indígenas en la Amazonía. Además, lo interesante en este conflicto es no solo el encuentro de objetivos opuestos entre las partes de este, sino cómo Alianza Ceibo busca resolver estas necesidades en un conflicto que además es asimétrico. Mouly (2022) menciona que un conflicto es asimétrico cuando las capacidades materiales de una de las partes son mucho mayores a las de la otra parte, por ejemplo, las Fuerzas Armadas contra grupos no estatales.

Por otro lado, la Amazonía es un territorio afectado por problemas estructurales; de acuerdo con el INEC (2022), la región presenta los índices más altos de pobreza en el país, alcanzando el 57,7 %. Además, la Amazonía se enfrenta a la extracción de recursos naturales no renovables y la distribución inequitativa de esos ingresos. Es así que encontramos en Alianza Ceibo uno de los ejemplos de resistencia civil no violenta en el Amazonas ecuatoriano, para explicar el reclamo de derechos de los pueblos indígenas, con alternativas no violentas que reconfiguran el conflicto, dentro de un marco de exclusión económica y social histórica.

En este sentido, la revisión literaria nos muestra que los programas de resistencia no violenta son de diversa naturaleza y pueden ir desde la oposición de regímenes dictatoriales, colonialistas, hasta invasiones extranjeras o luchas de los pueblos indígenas por sus derechos y el de la tierra (^{López 2016}). En efecto, la exclusión de ciertos grupos a través de violencia colonial ha sido un elemento base para estudiar la resistencia no violenta con casos como el de la India o de Sudáfrica.

Esta investigación aborda los factores de violencia estructural que enfrentan los pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana, particularmente aquellos situados en la frontera con Colombia y Perú. En la primera sección, “Pueblos indígenas y violencia estructural en el Amazonas ecuatoriano”, se analiza cómo estas comunidades se ven afectadas por intereses económicos, políticos y criminales que perpetúan factores de violencia. Se argumenta que la violencia ejercida por actores estatales y por redes del crimen organizado trasnacional no es circunstancial, sino que responde a dinámicas estructurales de exclusión histórica, despojo territorial y extractivismo. Esta sección busca que se comprendan las condiciones sistémicas que generan riesgos constantes para estas comunidades.

La segunda sección, “Estrategias no violentas en la Amazonía ecuatoriana: el caso Alianza Ceibo”, se enfoca en el análisis de las formas de resistencia no violenta impulsadas por esta alianza interétnica. A través de un enfoque cualitativo, que combina la revisión de fuentes primarias y secundarias con entrevistas semiestructuradas a lideresas y líderes indígenas, se exploran las estrategias desplegadas frente a las amenazas territoriales, ambientales y de seguridad. Se estudian los mecanismos de acción directa -como la guardia indígena amazónica- y las vías institucionales de defensa, incluyendo litigios judiciales y manifestaciones. Esta sección permite identificar los alcances, limitaciones y aprendizajes de estas prácticas de resistencia, en un contexto marcado por la violencia sistémica y la falta de garantías estatales.

Metodología

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que permite entender los significados y las prácticas sociales (^{Lynch 2014}) que están detrás de la resistencia no violenta; como método se utilizará el caso de estudio, para analizar a profundidad la acción de Alianza Ceibo en concordancia con la teoría de la resistencia no violenta y la violencia estructural.

El objetivo central es analizar el alcance de las estrategias de resistencia no violenta implementadas por Alianza Ceibo frente a la violencia estructural ejercida por el Estado y el crimen organizado en la Amazonía ecuatoriana. A partir de este enfoque, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida estas estrategias han generado transformaciones concretas para proteger los territorios indígenas y defender los derechos colectivos en contextos de alta conflictividad? Esta pregunta orienta el estudio hacia una evaluación crítica de la resistencia indígena no solo como respuesta a la violencia, sino como una forma activa de construcción política y defensa del territorio.

En cuanto al marco teórico, el presente estudio articula la violencia estructural (^{Galtung 1990}; ^{Mouly 2022}) y la resistencia no violenta (^{Sharp 1973}; Chenoweth y Stephan 2008; ^{López 2016}). La violencia estructural se manifiesta como una forma indirecta pero persistente de dominación, que impide acceder a derechos fundamentales mediante mecanismos de exclusión institucional y desigualdad socioeconómica. En el caso amazónico, esta violencia proviene tanto del Estado como de redes criminales que operan en territorios abandonados por la institucionalidad (^{Hanschel et al. 2022}; ^{Abdénur et al. 2019}). Frente a este escenario, la resistencia no violenta se entiende como una estrategia deliberada, capaz de desestabilizar estructuras opresivas mediante acciones colectivas como la no cooperación, el litigio estratégico y la organización comunitaria (Sharp 2012; ^{Havel 1978}).

Pueblos indígenas y violencia estructural en el Amazonas ecuatoriano

^{Galtung (1990}) indica que la violencia estructural se puede dar tanto de forma legítima (desde la institucionalidad estatal), como ilegítima (mediante estructuras que emergen de la informalidad o que infringen expresiones de institucionalidad, como la ley). Según ^{Mouly (2022}), en muchas sociedades hay una brecha entre los principios protegidos por ámbitos normativos y su cumplimiento, como la equidad de género, que no siempre resulta efectiva en la práctica con respecto a puestos de trabajo, remuneración, etc.

En este sentido, el ejemplo que plantea ^{Mouly (2022}) puede compararse con los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. La Constitución del 2008 es un cuerpo normativo sumamente garantista: plantea elementos transformadores al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y al dar la facultad de autodeterminación a los pueblos indígenas sobre sus territorios.¹ Sin embargo, para algunos autores (^{Hanschel et al. 2022}) el problema radica en que la práctica de este instrumento normativo sigue siendo antropocéntrica y occidental, y no contempla la cosmovisión indígena. En efecto, existe una percepción de desconfianza en las comunidades locales que hace que los reclamos judiciales sean mucho menores en relación con los daños que sufren. Además, la Corte Constitucional, en casos como Bosque Protector los Cedros, ha mencionado que ni los actores públicos ni los privados consideran que los derechos de la naturaleza sean justiciables (Corte Constitucional del Ecuador 2021).

A partir de estas perspectivas, se entiende que en el Ecuador hay un ámbito institucional que protege los derechos de las comunidades indígenas, pero no existe un pragmatismo eficiente de estas garantías. De tal modo, nos encontramos con esa violencia estructural desde estructuras informales de la que habla ^{Galtung (1990}). Sin embargo, es necesario mencionar que la violencia estructural ejercida desde estructuras informales no exime un ejercicio estatal. Es decir, hay normativa (formal y legítima) que regula los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, pero el mismo Estado no las cumple, tal como ha mencionado la Corte Constitucional.

En este sentido, Kurt Schock (2015) ha planteado el término rightful resistance para referirse a aquella resistencia que enfrenta injusticias, pero apela a normas, valores institucionales y leyes existentes, con el objetivo de reclamar derechos dentro del marco legal establecido. En concordancia, Schock observa que movimientos en la India y Brasil emplean esta estrategia, pero también la trascienden al desafiar estructuras de violencia estructural. Este tipo de resistencia es similar a la de Alianza Ceibo, que busca legitimar sus acciones con mecanismos legales para buscar cambios estructurales.

De acuerdo los elementos mencionados, se definirá a la violencia estructural como aquello que se encuen tra en estructuras desiguales de una sociedad, como distribución inequitativa de la riqueza, exclusión de derechos socioeconómicos o de libertades (^{Galtung 1990}). La violencia estructural es indirecta, no se evidencia como algo palpable, a diferencia de la violencia directa, que es aquel sufrimiento que inflige un grupo sobre otro y puede ser verificable a través de homicidios, tasas de criminalidad, etc. (^{Mouly 2022}).

En concordancia con lo mencionado, se evaluará cómo la violencia estructural está inmersa en el Estado; la existencia actuaciones informales e ilegítimas, como la apropiación de territorios o la entrega de concesiones extractivas sin consulta popular; la ausencia estatal en el control de delitos derivados y conexos al narcotráfico, y el ejercicio de violencia directa desde el COT. Para esto, es necesario analizar la incidencia de la violencia estructural con la privación del desarrollo básico de las necesidades humanas de ciertos grupos, y en este sentido se genera un conflicto (^{Burton 1997}). Asimismo, para que exista propiamente un conflicto, es indispensable que las partes involucradas perciban que se les ha impedido o frustrado conseguir sus objetivos (^{Galtung 1990}, 2010).

Con respecto a aquellas omisiones del Estado ecuatoriano para evitar la violencia estructural ejercida por el crimen organizado, es imprescindible señalar que la situación actual del país refleja un deterioro profundo en su institucionalidad. El Estado no solo ha sido incapaz de contener el avance del crimen organizado transnacional, sino que en muchos casos ha sido cooptado por él. Prueba de ello son los procesos judiciales impulsados por la Fiscalía General del Estado, como los casos Metástasis y Purga, que han evidenciado redes de corrupción entre operadores de justicia, fuerzas del orden y estructuras políticas coludidas con organizaciones criminales. Esta connivencia institucional ha contribuido a profundizar la violencia estructural.

Esta falta de acción estatal también se refleja en la ausencia de políticas efectivas de disuasión del crimen. Como lo evidencia el gráfico 1, elaborado con base en datos del Global Organized Crime Index (2023), los distintos tipos de delitos han mostrado un crecimiento sostenido.

El tráfico de cocaína, por ejemplo, subió de 6,0 en 2021 a 8,5 en 2023, mientras que el tráfico de armas pasó de 0 a 7,5 en ese mismo período. Lo mismo ocurre con delitos contra la flora y fauna, trata de personas y delitos sobre recursos no renovables, todos en aumento. En este contexto, la omisión del Estado refuerza la desigualdad estructural y permite que las redes del crimen organizado profundicen su control sobre territorios y poblaciones vulnerables.

Gráfico 1 Índice de crímenes en Ecuador, periodo 2021 - 2023 

Por otro lado, cuando se analiza la relación entre el Estado ecuatoriano y las comunidades indígenas, es necesario diferenciar entre las formas de violencia estructural presentes en las políticas públicas y aquellas expresiones de violencia directa ejercidas por el COT. En este sentido, ciertas decisiones estatales -como la entrega de concesiones extractivas sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada- pueden entenderse como manifestaciones de violencia estructural, al reproducir condiciones de exclusión, despojo y vulneración sistemática de derechos colectivos. Un ejemplo emblemático es el caso del pueblo Waorani de Pastaza (Corte Provincial de Pastaza 2019), que presentó una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por la violación de sus derechos colectivos, al haber sido excluido del proceso de consulta respecto a la licitación del Bloque 22 para actividades petroleras. El Tribunal de Garantías Penales de Pastaza determinó que el proceso de consulta de 2012 fue deficiente, ya que no garantizó la participación efectiva de las comunidades ni respetó sus estructuras ancestrales; aseguró que se violaron sus derechos a la autodeterminación y a la consulta previa.

Así también, nos encontramos con omisiones en las facultades estatales de protección de los territorios indígenas, lo que ha producido minería ilegal, incluso en áreas declaradas como protegidas. En la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, ubicada en Sucumbíos, se han registrado 1,05 hectáreas afectadas. También en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, que abarca las provincias de Napo y Orellana, la afectación alcanza 0,32 hectáreas. Por su parte, En Zamora Chinchipe, el Refugio de Vida Silvestre El Zarza ha sido afectado por la minería ilegal, así como el Parque Nacional Podocarpus, con aproximadamente 100 hectáreas afectadas (^{Alvarado 2024}).

La tala ilegal de madera, el tráfico de fauna silvestre y especialmente la minería ilegal son actividades ilícitas que afectan directamente a esta región olvidada por el poder estatal y terreno poroso para los grupos delincuenciales. La “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos con los proyectos Mérida, en México, y Plan Colombia, produjo que los grupos criminales, enfocados sobre todo en el narcotráfico, diversifiquen sus actividades hacia operaciones igual de lucrativas y con menor riesgo, como la minería ilegal de oro (^{Abdénur et al. 2019}; ^{Rivera y Bravo 2020}).

En este contexto, la minería ilegal atraviesa actualmente todas las provincias amazónicas del país. En la provincia de Sucumbíos, el cantón La Bonita evidencia esta actividad; en Orellana, se ha encontrado minería ilegal entre los ríos Punino y Sardinas; en Napo, en Puerto Napo y en sectores como Naranjalito, Carlos Julio Arosemena Tola, Zapallo y Yutzupino. En Pastaza, la zona de los ríos Pastaza y Alpayacu ha sido identificada como un punto crítico de minería ilegal. En Morona Santiago se registran actividades mineras ilegales en los cantones San Juan Bosco y Gualaquiza, específicamente en sectores como El Tiink, San Luis, San Marcos, Ashao, San José de Piunts (en las orillas del Río Zamora) y áreas aledañas. Finalmente, en Zamora Chinchipe, los cantones Paquisha y Nangaritza son los más afectados, en particular las parroquias Nuevo Quito y Zurmi, así como en los sectores Chinapintza (Viche Congüime y Jerusalén) y Pachicutza (^{García 2024})

Varios factores han contribuido con el aumento de los porcentajes de minería ilegal y la incidencia del crimen organizado en esta práctica. El primero fue la fragmentación de la minería artesanal en América del Sur; el segundo, lo fácil que resultaba apropiarse de áreas remotas alejadas del control estatal, y el tercero, el control de las empresas que operaban en estas zonas (Proaño 2022). Otro delito ambiental con altos índices porcentuales es la tala ilegal de madera. De acuerdo con Global Organized Crime Index (2023), aproximadamente la mitad de la madera comercializada en el país proviene de actividades ilegales; se destruyen áreas protegidas y se ponen en peligro especies nativas como la caoba y el cedro.

La diversificación del COT, a través de los delitos ambientales, no solo degrada el medio ambiente, sino que constituye un peligro sustancial para los pueblos indígenas, su territorio y sus derechos, cuyo ejercicio tiene un estrecho vínculo con la conservación de la selva. De acuerdo con ^{Voss (2024}), los grupos ilegales y sus economías han crecido en complejidad, lo que involucra redes internacionales que operan con impunidad, pasando por alto la institucionalidad estatal o cooptándola en territorios desprotegidos. Además, la incursión del crimen internacional en actividades lucrativas, como la minería ilegal, se intensifica a través del lavado de activos, un delito conexo que los poderes estatales de la región tampoco controlan (Proaño 2022).

Como se ha mencionado, la falta de protección estatal facilita que actores criminales controlen los recursos naturales de la Amazonía, lo que genera que los pueblos indígenas se encuentren en primera línea de vulnerabilidad; en efecto, las comunidades han denunciado amenazas, trata de personas y desplazamientos forzados como parte de un ejercicio de violencia. De acuerdo con International Crisis Group (2024), la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú es un ejemplo de cómo el crimen organizado aprovecha estos espacios para expandir su influencia y actividades ilícitas, lo cual afecta de forma desmedida a las poblaciones más vulnerables.

Otro aspecto clave respecto a la violencia estructural ejercida desde el COT es que la privación de necesidades básicas humanas hace que las economías criminales sean atractivas para generar ingresos. En efecto, estudios como los de ^{Ngum y Barooah (2023}) analizan el caso Tarahumara² en la frontera mexicana, no solamente como un problema de seguridad y violencia, sino una extensión del colonialismo moderno. Es así que los modelos occidentales de éxito y poder deslegitiman las identidades indígenas.

En estos contextos, se destruye el tejido social, comunitario y se convierte lo ilegal en algo legítimo. De este modo, la ilegalidad puede convertirse en un medio de solución, que garantiza el suministro de bienes y servicios (^{Peris y Moriconi 2024}). Un ejemplo de esto es el tráfico de especies silvestres que comienza con tramperos locales, muchos pertenecientes a comunidades indígenas (^{Voss 2024}). En este sentido, la violencia estructural logra que se permee la criminalidad en las propias comunidades.

En el caso de Ecuador se evidencia también esta conexión entre la corrupción estatal, el crimen organizado y la depredación ambiental. El país también enfrenta la diversificación delictiva, que surge desde el narcotráfico hasta los delitos ambientales, entre los que se destacan la tala ilegal, el tráfico de especies y la minería ilegal.

En este sentido, encontramos otra irregularidad entre la legislación que protege a los pueblos indígenas y su aplicación. La Constitución del 2008 ampara el principio de Sumak Kawsay; sin embargo, al dejar en abandono a estos territorios, el Estado propicia la práctica de violencia estructural, que, de acuerdo con ^{Galtung (2010} y Jeong (2000), se da cuando se le priva a un individuo de su plena realización. Si la naturaleza tiene derechos y los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, hay una privación individual y colectiva, que entra en los estándares de violencia estructural.

Además, en el gráfico 2 se puede evidenciar la ubicación del país en distintos tipos de delitos a nivel internacional, según el Global Organized Crime Index (2023). Los datos evidencian una alarmante incidencia del tráfico de cocaína, en el que Ecuador ocupa el sexto puesto mundial, seguido de otros delitos vinculados como el tráfico de flora y fauna, armas y heroína, ubicados entre los puestos 23 y 25. Asimismo, los delitos contra recursos no renovables -donde se enmarca la minería ilegal- figuran en el puesto 32, mientras que el tráfico de personas aparece en el 72. Esta clasificación revela no solo el crecimiento del crimen organizado en el país, sino también la diversificación de sus actividades ilícitas.

Gráfico 2 Ecuador en el Ranking Global de Criminalidad en 2023 

En este contexto, la minería ilegal no puede ser entendida como un fenómeno aislado, sino como parte de la violencia directa ejercida por el COT, que se articula estrechamente con otras formas de criminalidad. De hecho, como advierte el Global Organized Crime Index (2023), se han identificado casos de coordinación entre mafias colombianas y ecuatorianas en zonas fronterizas como la Cordillera del Cóndor, lo que evidencia un patrón de criminalidad transfronteriza.

De acuerdo con entrevistas a lideresas y líderes indígenas dentro de Alianza Ceibo y de Fonakise, la Amazonía atraviesa la falta significativa del Estado, cuya función está dirigida solamente a proteger de actividades extractivas. Es así que el único resguardo militar que se encuentra en Sucumbíos está ligado a proteger los pozos petroleros, como los de Sinchi Runa y Riera (líderes Alianza Ceibo y Fonakise, entrevista, 202³)

Esta situación amplía las desigualdades de género y también afecta a los modos de vida de las mujeres en la Amazonía, cuya actividad está dirigida a la seguridad alimentaria de las comunidades. Por ejemplo, la caza y la pesca ilegales han provocado que se extingan algunas especies como el tapir, fundamentales para la subsistencia de los grupos indígenas (^{Ngum y Barooah 2023}).

Además, la actividad de las mujeres generalmente está dirigida a la agricultura y a la crianza de ganado. Sin embargo, la contaminación del agua hace que cada vez sea más difícil cosechar y por eso, las mujeres deben adentrarse más en el bosque. Esto es un peligro inminente porque expone a las mujeres indígenas a sufrir agresiones sexuales y violencia (^{Ngum y Barooah 2023}).

Además, como ha dicho ^{Galtung (1990}) los vértices que forman el triángulo de violencia, conformados por violencia estructural, cultural y directa, se interrelacionan. Cuando se habla de situación de pobreza o exposición a la inseguridad en las comunidades de la Amazonía, se hace referencia también a situaciones de violencia de género, racismo o exposición a delitos conexos del narcotráfico, como la trata de personas. Consecuentemente, si hay violencia estructural en estas comunidades, también puede existir violencia cultural o violencia directa. La violencia cultural ocurre cuando hay un discurso que legitima la violencia estructural o la directa (Galtung 1990) como el colonialismo, discursos machistas o el racismo. Por otro lado, la violencia directa es el daño físico que un grupo causa a otro.

Estas formas de violencia -directa, estructural y cultural- están presentes en las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana y, además, se refuerzan mutuamente. La violencia estructural se refiere a procesos que se consolidan con el tiempo. Por ejemplo, cuando una situación de violencia directa se repite de manera constante -desalojos de los territorios, la criminalización de líderes indígenas o la represión estatal, etc.-, esta puede convertirse en violencia estructural, es decir, en un Estado que limita el acceso a derechos fundamentales. Si estas prácticas se vuelven habituales, terminan configurando violencia cultural. En concordancia, ^{Gurr (1970}) indica que una base estructural, marcada por políticas económicas o culturales, engendra conflictos sociales. Es así que, a partir de esta sensación de reproche de la que habla ^{Galtung (1990}), se origina el conflicto hacia las comunidades indígenas en la Amazonía, cuya estrategia es la resistencia no violenta.

Estrategias no violentas en la Amazonía ecuatoriana: Alianza Ceibo

Las masas son un sujeto político que emerge a través de la tensión entre el Estado y la ciudadanía, entre las cuales existen conflictos no resueltos por canales institucionales. Así es como opera la resistencia no violenta en el Amazonas ecuatoriano, en el marco de la tensión entre Estado (su aparato burocrático y militar), el crimen organizado transnacional y los pueblos indígenas.

La resistencia no violenta, de acuerdo con Chenoweth y Stephan (2008), es una estrategia de acción política basada en la movilización civil sin recurrir a la violencia física o a las amenazas. Su finalidad es desafiar estructuras de poder mediante métodos sociales, económicos y hasta psicológicos. Sin embargo, es necesario precisar que, a diferencia del pacifismo ideológico, la resistencia no violenta debe contemplar una estrategia, no parte de una premisa ética. En este sentido, ^{Mouly (2022}) menciona un factor definitivo en la estrategia no violenta es su dimensión estratégica.

En este contexto surge Alianza Ceibo como una organización de resistencia no violenta interétnica, integrada por las nacionalidades Kofán, Siona, Siekopai y Waorani. Mientras los pueblos Kofán y Siona habitan la región fronteriza entre Ecuador y Colombia, el pueblo Siekopai se asienta en la zona de Pë’këya, Lagarto Cocha, entre Ecuador y Perú; el pueblo Waorani, aunque desplazado de sus territorios ancestrales, continúa resistiendo desde las provincias de Napo, Orellana y Pastaza. La explotación petrolera, los impactos del crimen organizado, la contaminación ambiental y la amenaza constante a sus culturas motivaron la articulación de estas nacionalidades (Alianza Ceibo 2025; ^{Silva 2022}). Esta forma de resistencia no parte de principios éticos, sino de la búsqueda de necesidades básicas, y se ejerce a través de una lógica estratégica que busca debilitar las estructuras de poder, mediante los fundamentos de la resistencia no violenta (Chenoweth y Stephan 2008).

Como se ha visto, el Estado ecuatoriano omite políticas públicas contra las amenazas que persiguen a los pueblos indígenas; en ese contexto es imperativo hablar de las acciones de estos pueblos y nacionalidades para defenderse tanto del crimen organizado transnacional como del mismo Estado. Este ejercicio va más allá de la institucionalidad, pues desafía a la realpolitik y contempla las acciones planteadas desde la agencia en la frontera amazónica.

De acuerdo con ^{Sharp (2012}), la resistencia no violenta se constituye a través de estrategias y tácticas que buscan desafiar sistemas opresivos sin recurrir a la violencia. El autor resalta que esta forma de lucha es una alternativa estratégica a los conflictos. Indica que la resistencia no violenta tiene como objetivo subvertir las bases de poder del adversario, obligándolo a cambiar de conducta o ceder ante las demandas del movimiento sin emplear métodos coercitivos violentos. Considera a la resistencia no violenta como el conjunto de estrategias que buscan desafiar sistemas opresivos en contextos complejos, con base en movilizaciones, políticas, sociales y económicas. Entre las tácticas, señala el autor, están las acciones de no cooperación, protesta y persuasión, acción directa e indirecta.

En este sentido, en los conflictos estratégicos no violentos la violencia no desaparece por completo; simplemente no es utilizada por uno de los bandos en disputa. El Estado, el gobierno, las autoridades -e incluso, en ocasiones, grupos armados- pueden recurrir a la fuerza. No obstante, ese la fuerza termina siendo percibida como ilegítima, ya que se dirige contra un oponente que no representa una amenaza violenta ni tiene intención de responder con violencia (^{López 2016}).

De acuerdo con ^{López (2016}), se debe configurar la existencia de actores que ejercen violencia. Estos grupos, en el caso de la Amazonía, son el Estado y el COT. El Estado configura su accionar mediante el aparataje “legítimo y legal” que le permite explotar recursos naturales no renovables y precautelar esta actividad por medio de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, en el COT se encuentran bandas delincuenciales que han diversificado su actividad desde el narcotráfico hasta delitos ambientales y delitos contra los recursos no renovables.

Esta desigualdad entre los actores que participan en los conflictos estratégicos no violentos evidencia una cualidad fundamental: la legitimidad. Consecuentemente, la legitimidad de la resistencia no violenta se sustenta en su capacidad para cuestionar, sin recurrir a la violencia, prácticas que violan sistemáticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. La acción organizada de la resistencia civil no solo revela la asimetría del poder en contextos autoritarios, sino que desestabiliza los marcos de referencia represivos al demostrar que el ejercicio del poder no depende exclusivamente del uso de la fuerza. Como señala Havel (1990), esta forma de lucha ha sido históricamente patrimonio de quienes carecen de poder formal, pero cuentan con un elevado poder moral. Su eficacia se manifiesta cuando el aparato estatal recurre a la represión contra actores que no representan una amenaza armada, de modo que el uso de la violencia estatal pierda justificación ética y política (^{Sémelin 1993}).

Por lo tanto, la resistencia no violenta ocurre cuando hay dos grupos enfrentados y uno de ellos, que puede ser el Estado o grupos armados, recurren a la fuerza contra un oponente que no la usa, pero resiste mediante la no cooperación, con el objetivo de persuadir, organizar poder social y negociar o lograr un consenso con el oponente. Estas acciones se dan en un ambiente altamente conflictivo, que sobrepasa el marco institucional desde el Estado (^{López 2016}).

Las estrategias específicas utilizadas en las campañas no violentas incluyen algunos métodos convencionales catalogados por Gene ^{Sharp (1973}), como la protesta simbólica, la intervención no violenta y la no cooperación en los ámbitos social, económico y político. Estas tácticas se adaptan al contexto de cada lucha, pero tienen en común su orientación hacia la disrupción de la obediencia y el consentimiento que sostienen al poder opresor. Sin embargo, la resistencia no violenta también puede combinar mecanismos convencionales para transformar conflictos, como el diálogo (Dudouet 2017) o el recurso a instancias judiciales (^{Mouly 2022}). De esta manera, se amplía el margen estratégico de los movimientos sociales y se fortalece su capacidad de incidencia frente a contextos de alta conflictividad.

Por ejemplo, ^{Hernández Delgado y Mouly (2019}) analizan cómo la combinación de métodos de resistencia en la comunidad Yaqui, en México, contribuyó a legitimar su protesta. Esta experiencia demuestra que la combinación estratégica de acciones legales, resistencia civil y negociación puede fortalecer una lucha no violenta frente a megaproyectos extractivos que vulneran derechos colectivos. Los resultados judiciales sirvieron como base para sostener su resistencia, exigir el cumplimiento de sus derechos y reforzar su legitimidad. Al mismo tiempo, los Yaquis han utilizado la movilización social para presionar por el respeto a su cultura, territorio y acceso al agua, sin renunciar al diálogo con el Estado. Esta articulación de métodos permitió avances significativos frente a un adversario estructuralmente más poderoso.

Las estrategias de resistencia no violenta se fundamentan en el principio de que el poder de cualquier régimen depende de la cooperación de sus ciudadanos, instituciones y élites. Por ello, uno de los pilares esenciales de esta estrategia es interrumpir la cooperación de manera sistemática y organizada. Chenoweth y Stephan (2008) explican que estas tácticas incluyen más de 198 métodos, clasificados por ^{Sharp (1973}) en tres grandes categorías: protesta y persuasión; no cooperación (social, económica y política), e intervención no violenta. Cada una de estas estrategias tiene un objetivo preciso: debilitar las fuentes de poder del adversario y crear dinámicas de presión sostenida. Por ejemplo, la no cooperación económica puede manifestarse en huelgas laborales o boicots comerciales, mientras que la intervención no violenta puede implicar ocupaciones.

En esta línea, Alianza Ceibo, en un contexto de violencia estructural, ha construido una respuesta basada en métodos no violentos, con mecanismos convencionales y no convencionales. Ha organizado movilizaciones pacíficas, ha visibilizado sus demandas en el ámbito mediático nacional e internacional, y ha acudido a canales judiciales para reclamar sus derechos territoriales (Alianza Ceibo 2025). Asimismo, en el ejercicio de sus acciones de protección directa, participan activamente en sistemas comunitarios de control territorial -conocidos como guardias amazónicas- cuyo propósito es restringir el acceso de actores externos que representan amenazas, como empresas extractivas, grupos armados y redes vinculadas al crimen organizado (^{Silva 2022}; Alianza Ceibo 2025).

Así, las acciones de Alianza Ceibo ejercen una forma de resistencia no violenta sostenida, que combina diversas herramientas estratégicas adaptadas a las particularidades del territorio y la amenaza que enfrentan. Su capacidad de articular protestas simbólicas, mecanismos de protección territorial autónoma y vías legales institucionales ha contribuido a consolidar una narrativa legítima que interpela tanto al Estado como a la comunidad internacional. Este enfoque favorece la legitimidad del conflicto y confirma el potencial transformador de la resistencia civil organizada (^{Sharp 1973}; Chenoweth y Stephan 2008).

Con respecto a las guardias indígenas en la Amazonía ecuatoriana, se han consolidado como estructuras comunitarias de defensa territorial frente a las amenazas del extractivismo, la minería ilegal y el narcotráfico. Estas guardias, como la de la comunidad cofán de Sinangoe, combinan conocimientos ancestrales con tecnologías contemporáneas, como drones y cámaras trampa, para vigilar los territorios (^{Kortava 2024}).

Esto se refleja en el documental La Lucha de Sinangoe (^{Narváez y Narváez 2018}): “Hemos creado una guardia comunitaria porque el Estado no ha hecho presencia”. En efecto, el patrullaje permitió documentar en 2018 que el Estado ecuatoriano había otorgado concesiones mineras sin consulta previa, libre e informada, vulnerando derechos constitucionales. Frente a esto, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe presentó una acción de protección, que resultó en un fallo favorable de la Corte Provincial de Sucumbíos, que ordena revertir 52 concesiones mineras que abarcaban unas 32 000 hectáreas de territorio amazónico (Defensoría del Pueblo del Ecuador 2018a; 2018b; Amazon ^{Frontlines 2022}).

Desde una perspectiva de resistencia no violenta, las guardias indígenas constituyen una respuesta legítima frente a las múltiples formas de violencia estructural que enfrentan los pueblos originarios. A diferencia de estrategias que recurren a la confrontación directa armada, estas guardias se fundamentan en la organización comunitaria, la visibilización de las agresiones extractivas y la documentación del daño ambiental y territorial. Tal como lo señala ^{Blasco (2022}), estas “centinelas de la selva” han logrado expulsar a empresas mineras ilegales, movilizando tanto a la comunidad como a la opinión pública internacional. De hecho, esta forma de resistencia, desestabiliza la visión securitaria tradicional estatista, e incluso desafía los marcos coloniales de poder sin replicar sus lógicas de violencia.

El fortalecimiento de las guardias indígenas también ha sido impulsado por líderes y lideresas reconocidas por su defensa ambiental, como Alexandra Narváez y Alex Lucitante, galardonados con el Premio Goldman en 2022 por su lucha contra la minería en el territorio cofán (Amazon ^{Frontlines 2022}). La creciente visibilidad de estas experiencias ha generado un debate nacional en torno al rol de estas estructuras, que, para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), no representan una amenaza para el orden constitucional, sino una forma ancestral de gobierno y cuidado del territorio (^{Noboa 2023}).

A pesar de que las guardias indígenas constituyen una práctica legal y legítima de los pueblos indígenas, los gobiernos han estigmatizado y criminalizado las guardias amazónicas. El artículo 171 de la Constitución del Ecuador establece que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.

En concordancia, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre las guardias indígenas en el siguiente sentido:

La creación de una guardia indígena se encuentra que esta también forma parte de sus usos y costumbres y responde a la facultad que tienen las comunidades y pueblos indígenas para la generación y ejercicio de la autoridad dentro de su territorio ancestral, de conformidad con lo prescrito en el artículo 57 numeral 9 de la Constitución, sin que por ello pueda considerarse per se que exista una policía o milicia paralela (Corte Constitucional 2022).

El hecho de que exista un precedente legal fortalece la lucha de los pueblos indígenas. Además, indica que la resistencia ejercida por Alianza Ceibo es estratégica y conjuga la resistencia no violenta con métodos de exigencia dentro del ámbito jurídico estatal. Uno de los logros más recientes fue la creación del Mandato de Guardia Indígena firmado en Ecuador por 27 nacionalidades, el 11 de septiembre del 2022(^{Silva 2022}).

Por otro lado, como se ha mencionado, usar medios judiciales como métodos de solución pacífica de conflictos no es excluyente a la resistencia no violenta. Como el Caso Waorani (n.^o 1296-19-JP), que marcó un precedente histórico al declarar la vulneración del derecho a la consulta previa, Waorani de Pastaza frente a actividades extractivas en el Bloque 22 (tabla 1).

Tabla 1 Caso Waorani (n.^o 1296-19-JP) 

Fuente: elaboración propia, con base en Caso Waorani (Nro. 1296-19-JP), OCINDEX (2024).

De acuerdo con los antecedentes expuestos, la resistencia no violenta liderada por Alianza Ceibo ha logrado victorias frente a actores estatales y privados, mediante tácticas estratégicas como las guardias indígenas, las movilizaciones pacíficas, un discurso mediático y medios convencionales legales. Además, los fallos judiciales, como el Caso Waorani, han creado un precedente con respecto a la consulta previa y al manejo de sus recursos. Asimismo, las guardias indígenas y el Mandato de Guardia Indígena, suscrito por 27 nacionalidades, evidencia la capacidad de los pueblos indígenas para articularse en torno a una resistencia pacífica.

Conclusiones

En el contexto de la Amazonía ecuatoriana, los pueblos indígenas enfrentan violencia estructural caracterizada por la exclusión sistemática del acceso a derechos fundamentales, el despojo territorial y la ausencia de protección estatal frente a amenazas internas y externas. Esta forma de violencia no se expresa en actos físicos directos, sino mediante estructuras sociales, legales y económicas que impiden satisfacer necesidades humanas básicas. Aunque la Constitución ecuatoriana de 2008 reconoce derechos colectivos, como la consulta previa y el Sumak Kawsay, se han aplicado de manera limitada o contradictoria, lo que evidencia una brecha entre la norma y la práctica.

La violencia estructural se manifiesta desde dos frentes diferenciados pero interconectados: desde las estructuras formales del Estado y desde dinámicas ilegítimas asociadas a actores como el COT. En el primer caso, el Estado ecuatoriano reproduce condiciones de exclusión y desigualdad al otorgar concesiones extractivas sin respetar el derecho a la consulta previa, lo que evidencia una configuración institucional que perpetúa la marginación de los pueblos indígenas. En el segundo caso, el COT opera en contextos atravesados por la ausencia o debilitamiento del Estado, al ocupar territorios desprotegidos con actividades como la minería ilegal, el tráfico de especies, el narcotráfico y la trata de personas. Estas dinámicas se sostienen y refuerzan por patrones de violencia cultural que naturalizan la ilegalidad y la presentan como una vía legítima de subsistencia dentro de las propias comunidades.

En este escenario, la resistencia no violenta de Alianza Ceibo se construye bajo el fundamento del factor estratégico. A partir del objetivo de esta investigación -analizar el alcance de las estrategias de resistencia no violenta implementadas por Alianza Ceibo frente a estas formas de violencia-, se planteó una pregunta fundamental: ¿En qué medida estas estrategias han generado transformaciones concretas para proteger los territorios indígenas y defender los derechos colectivos en contextos de alta conflictividad? En este marco, la resistencia no violenta, entendida como una estrategia de acción organizada sin recurso a la violencia física, en combinación con métodos convencionales de transformación pacífica de conflictos, permitió legitimar la resistencia de Alianza Ceibo mediante sentencias judiciales que amparan sus derechos territoriales, así como sus prácticas ancestrales.

Las estrategias adoptadas por Alianza Ceibo combinan movilizaciones pacíficas, litigio estratégico, campañas de comunicación y mecanismos autónomos de control territorial, como las guardias indígenas. Estas últimas constituyen estructuras de vigilancia comunitaria que se apoyan en el derecho consuetudinario, tecnologías contemporáneas y articulaciones interétnicas para enfrentar amenazas externas. En el contexto ecuatoriano, donde el Estado ha fallado en garantizar la protección efectiva de los pueblos indígenas, estas acciones no solo llenan un vacío institucional, sino que reconfiguran los marcos del poder local. Prueba de ello son los logros concretos obtenidos por Alianza Ceibo: la reversión de concesiones mineras en Sinangoe, la sentencia favorable en el caso Waorani y la firma del Mandato de Guardia Indígena por parte de 27 nacionalidades, que constituye un hito de articulación intercomunitaria sin precedentes.

En síntesis, los resultados de esta investigación muestran que las estrategias de resistencia no violenta desplegadas por Alianza Ceibo han generado impactos sustantivos tanto para proteger los territorios ancestrales como para defender de manera jurídica los derechos colectivos. Como sostienen autores como Chenoweth y Stephan (2008) o ^{Sharp (2012}), la eficacia de la resistencia no violenta reside en su capacidad de desestabilizar las estructuras de poder opresivo sin replicar su violencia. En el caso de Alianza Ceibo, esta eficacia se expresa en su habilidad para reconfigurar el conflicto en una plataforma de articulación social y exigencia jurídica desde el territorio, en contextos marcados por violencia estructural.