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Introducción
Desde mediados de la década del 2000, Estados Unidos (EE.UU.) ha identificado a China, junto con Rusia, como actores que desafían el orden liberal internacional establecido tras 1945 (Huiyun 2009; Mastro 2022), consolidado luego de la Perestroika con el denominado “Fin de la Historia”, con EE.UU. al mando del mundo “unipolar”. El relato de amenaza que implican ambos países se intensificó con la competencia abierta entre grandes potencias (CGP), en la que los espacios infraestructurales adquieren un rol central como instrumentos de proyección geopolítica (Cowen 2014; Haber 2022; DiCicco y Onea 2023).
La narrativa que presenta a China como amenaza militar en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido impulsada por actores gubernamentales, think tanks y especialistas vinculados al aparato militar estadounidense, quienes han catalogado la cooperación en defensa y los proyectos de infraestructura como riesgos para la seguridad hemisférica (USSC 2020; Ellis 2023; Berg y Ziemer 2023); esto ha consolidado un consenso estratégico en torno a la necesidad de contener su influencia (Wietchikoski y Milani 2024). Un elemento central de este encuadre es la noción de “uso dual”, según la cual infraestructuras civiles financiadas por China podrían tener fines militares (Hutchings 2021; Kardon y Leutert 2022; Maloney 2023). Este argumento no es nuevo -fue utilizado por el gobierno de Reagan para justificar la invasión a Granada en 1983 (Department of State and Department of Defense 1985)-, pero cobró mayor fuerza durante la administración Trump y se consolidó bajo Biden, e instaló la idea de una presencia militar encubierta china en la región. Este relato se activó en torno a hitos como la adhesión de Panamá a la Franja y la Ruta (2016), la estación espacial en Neuquén (2017), la inauguración del puerto de Chancay durante la APEC 2024 y el reposicionamiento del canal de Panamá al inicio del segundo mandato de Trump en 2025.
Es sugerente que, retomando análisis empíricos, exista una clara diferencia entre estos relatos y los datos: el 85 % del armamento exportado por China a la región se concentra en Venezuela y corresponde, en su mayoría, a equipos de baja complejidad (Agramont 2022), mientras que EE.UU. continúa siendo el principal proveedor de bienes y servicios de defensa (Wise 2020; Kurylo 2024; Tokatlian 2024).
En este marco, el objetivo del trabajo es analizar la dinámica que construye, sostiene y consolida un consenso en torno al relato geopolítico del “uso dual” de infraestructura china en ALC, mediante la vinculación entre instituciones, organismos y personalidades que forman parte de la red de poder construida en torno al Complejo Industrial Militar (CIM) de EE.UU.
La hipótesis de trabajo subyacente es que este consenso permite justificar sistemáticamente el aumento de presupuestos militares y reforzar la presencia en el mercado y el territorio del hemisferio. Asimismo, en determinados momentos (marcados por el timing político y geopolítico), se busca proyectar el “uso dual” en la opinión pública y en espacios de influencia de toma de decisión en países de la región.
Para alcanzar el objetivo, en primer lugar, se presenta el abordaje teórico desde la economía política y la geopolítica crítica, partiendo del concepto de manufacturación de consenso. Luego, se expone la metodología, detallando fuentes, criterios de selección y estrategias analíticas. A continuación, se desarrollan los resultados y la discusión, estructurados en torno a tres ejes: la postura del Comando Sur, think tanks, y proyección mediática internacional y local. Por último, se presentan las conclusiones.
Marco teórico
Esta investigación parte de la noción de “manufacturación de consenso” retomada de los aportes de Chomsky (2003) y Chomsky y Herman (1979, 2000), que abrevan en economía política, economía política de la comunicación crítica y estudios del imperialismo estadounidense.1 Se refiere a una dinámica que legitima y reproduce, en términos materiales e ideológicos, una red de poder compuesta por instituciones, organismos y personalidades (públicas y privadas) vinculadas a minorías involucradas directa o indirectamente en la toma de decisión en el ámbito del CIM, definido como la militarización de la economía junto con la militarización de la política y que tiende a consolidar a la élite involucrada (Mills 1978; Domhoff 2003; Rothkopf 2008). Incluye organismos de gobierno, voces expertas de universidades y think tanks, y corporaciones de defensa articuladas en torno a la puerta giratoria2 y el financiamiento (Melman 1972; Barnet 1974; Robinson 2010).
La manufacturación de consenso permite a los integrantes de esta red operar como intermediarios entre las élites políticas y la opinión pública; legitimar decisiones de estas minorías frente a la ciudadanía, mediante relatos que se proyectan en medios de comunicación concentrados (Mastrini y Becerra 2011), y consolidar un sentido común. Este proceso implica producir marcos interpretativos que presentan determinadas visiones del mundo como inevitables o incuestionables, y refuerzan narrativas que legitiman decisiones de política exterior (Chomsky 2003; Mattelart 2002; Herman 2018; Chomsky y Herman 1979 y 2000). El funcionamiento de esta red no está exento de tensiones entre agencias, corporaciones y centros de pensamiento, cuyas diferencias responden a orientaciones político-partidarias o intereses institucionales. Sin embargo, esas divergencias no comprometen el marco material e ideológico que estructura la red: la convicción compartida de las élites de que EE.UU. debe expandir su poder ya sea a través del soft power o del hard power, y de que existen enemigos o amenazas que bloquean ese objetivo. Desde la Guerra Fría hasta la actualidad, por ejemplo, el anticomunismo (y sus resignificaciones) sigue siendo uno de los pilares del consenso (Herman 2018; Foster 2003).
En esta dinámica, los think tanks operan como puentes entre el mundo académico, el político y el aparato de seguridad. Aunque suelen presentarse como independientes, en la práctica contribuyen a legitimar agendas de defensa y política exterior (Abelson 2014; Haass 2022). Su influencia se despliega tanto mediante asesoramiento a gobiernos como a través de la producción de experticia orientada a los medios de comunicación, reforzando narrativas dominantes (Romano 2018; Romano, García Fernández y Lajtman 2020).
A su vez, según el enfoque de la geopolítica crítica, la geopolítica debe entenderse como el conjunto de prácticas mediante las cuales los “intelectuales de Estado” espacializan y representan la política internacional (Ó Tuathail y Agnew 1992). Desde esta perspectiva, el análisis geopolítico no se limita al contenido de los discursos, sino que atiende al contexto de su producción, las instituciones que los enuncian y las formas de representación del espacio que generan (Ó Tuathail 1996; Dalby 1990).
A partir de estos aportes, la literatura distingue tres dimensiones analíticas interrelacionadas: la geopolítica práctica, vinculada a las estrategias de los decisores estatales y burocracias de política exterior; la geopolítica formal, asociada a los marcos interpretativos producidos por universidades, centros de investigación y think tanks, y la geopolítica popular, que remite a la difusión y naturalización de narrativas geopolíticas a través de los medios masivos de comunicación ( Ó Tuathail y Dalby 1998; Dodds 2001). Estas categorías no solo permiten identificar los distintos niveles en los que se construye sentido geopolítico, sino también analizar las relaciones entre conocimiento, poder y representación del espacio.
Cabe subrayar que, en este trabajo, el corpus empírico responde directamente a estas tres dimensiones: los testimonios del Comando Sur expresan la geopolítica práctica; la producción de think tanks corresponde a la geopolítica formal, y la cobertura mediática refleja la geopolítica popular. Estas esferas se articulan a través de mecanismos de circulación y retroalimentación, como la puerta giratoria, que configuran una red de poder donde los límites entre lo práctico, lo formal y lo popular resultan porosos.
Estas herramientas conceptuales permiten caracterizar la dinámica y los intereses que llevan a actores estadounidenses -vinculados directa o indirectamente al CIM- a construir y difundir el relato de que la presencia china en ALC constituye un peligro latente, sobre todo mediante la noción de “uso dual” de infraestructuras críticas. Esta narrativa, reiterada en documentos oficiales, análisis académicos y coberturas mediáticas, evidencia que el consenso sobre una supuesta amenaza china está asociado a intereses estructurales que se activan según el timing político (disputas presupuestarias, lobby, ciclos electorales). Hacia afuera, ese consenso refuerza el rol de EE.UU. como garante del orden hemisférico sin requerir presencia mediática constante -bastan intervenciones en coyunturas clave-, dado que los medios hegemónicos marcan agenda (Chomsky y Herman 2000; Mattelart 2002), y la idea de EE.UU. como “protector” continental forma parte del sentido común. Lo central, entonces, no es solo el contenido del discurso, sino el trasfondo material e institucional que lo impulsa y su efecto performativo en la definición de prioridades estratégicas (Kelly 2006; Müller 2008).
Metodología
Para abordar el objetivo planteado, en el estudio se adoptó un enfoque cualitativo sustentado en el análisis de contenido, y la triangulación de fuentes y categorías de análisis. El corpus se compone de fuentes primarias: documentos oficiales del Comando Sur y del Congreso de EE.UU.; informes y policy briefs elaborados por think tanks (CSIS, RAND, Atlantic Council y AS/COA), así como fuentes secundarias provenientes de coberturas mediáticas internacionales y regionales en las que intervienen expertos vinculados a esas instituciones.
El análisis se circunscribe al periodo comprendido entre 2021 y junio de 2025, cuando el concepto de “uso dual” adquirió centralidad en los documentos oficiales de la administración Biden y se consolidó durante el inicio del segundo mandato de Trump. Con base en este corpus, se definieron las siguientes unidades analíticas: i) producción institucional del Comando Sur; ii) producción de think tanks con incidencia en la agenda estratégica estadounidense, y iii) cobertura mediática internacional y local sobre la narrativa del “uso dual”. Se presta especial atención a momentos de alta sensibilidad geopolítica -como las tensiones en torno al canal de Panamá a inicios de 2025-.
Las fuentes fueron identificadas, sistematizadas y codificadas temáticamente según categorías derivadas del marco teórico, lo que permitió realizar un análisis de contenido centrado en las relaciones semánticas, discursivas e institucionales que configuran el consenso. La dinámica generada por la manufacturación de consenso se organiza en una red de poder a partir de los vínculos y las conexiones identificadas en el material analizado. No se aplicó un método mixto ni software automatizado, con el fin de preservar la lectura contextual y la coherencia relacional entre los distintos niveles de la red de poder.
Resultados y discusión
El análisis de los resultados permite observar cómo se operacionaliza la manufacturación de consenso en torno al relato del “uso dual” de infraestructura china, a través de una élite de poder estadounidense. Esta dinámica se expresa en un entramado de instituciones, organismos y personalidades que, desde sus respectivos espacios de actuación, contribuyen a producir y reproducir percepciones compartidas sobre la amenaza que representa la presencia china en ALC. La figura 1 sintetiza esta red de poder y las conexiones institucionales, personales y mediáticas que articulan los distintos niveles de incidencia. Se evidencia que el consenso no se configura de manera abstracta, sino mediante mecanismos concretos que vinculan al aparato de defensa, los think tanks, los ámbitos legislativos y los medios de comunicación. Las secciones siguientes desarrollan estos ejes, atendiendo a la especificidad de cada nodo dentro de esta red de poder.
La postura del Comando Sur
Desde 2010, las declaraciones del Comando Sur muestran una evolución del enfoque estadounidense hacia la presencia china en infraestructura en ALC, tal como sintetiza la tabla 1. Inicialmente centrado en el crecimiento económico, el relato fue incorporando elementos de securitización a partir de 2014. Con Trump, el discurso se agudizó a partir de 2017, con la adhesión de Panamá a la Franja y la Ruta, y la apertura de la estación espacial en Neuquén. Con Biden, la generala Richardson consolidó esta narrativa, introduciendo explícitamente el término “uso dual” de puertos, estaciones espaciales y redes digitales. Al inicio del segundo mandato de Trump, el almirante Alvin Holsey afirmó que las inversiones chinas en el canal de Panamá y el estrecho de Magallanes amenazan la capacidad de respuesta estadounidense en el Indo-Pacífico.
Opinión experta de think tanks
La tabla 2 sintetiza cómo los think tanks contribuyen a la manufacturación de consenso sobre el “uso dual” de infraestructura china en la región, y destaca los objetivos y estrategias que estructuran esta narrativa.
Tabla 2 Síntesis de think tanks y manufacturación de consenso sobre el uso dual en ALC (2021-2025)
Fuente: elaboración propia.
El CSIS, fundado en 1962 bajo el auspicio de la Universidad de Georgetown, se especializa en análisis de relaciones internacionales vinculados con la seguridad nacional de EE.UU.; se define como una organización bipartidista y sin fines de lucro orientada a generar ideas para afrontar desafíos globales (CSIS s.f.a). Sin embargo, recibe financiación de fundaciones conservadoras y facilita el intercambio de personal con el Departamento de Estado, la CIA y otras entidades privadas (Chomsky y Herman 2000). Tuvo financiamiento total de USD 6,09 millones entre 2019 y 2023, y se posicionó como el tercer mayor receptor de contratistas del Pentágono, con USD 4,1 millones en este periodo (Think Tank Funding Tracker s. f.). Su presidente es John J. Hamre, exsubsecretario de Defensa y presidente de la Junta de Política de Defensa entre 2007 y 2013 (CSIS s.f.b), muestra la efectividad de las puertas giratorias para conseguir fondos. Ryan Berg, director del Programa de las Américas, es profesor en la Catholic University of America y US Foreign Service Institute (CSIS, s.f.c).
Esta institución señala que la infraestructura dual ha permitido a China avanzar en sus intereses militares de forma más eficaz en el hemisferio occidental (Berg y Ziemer 2023). En agosto de 2023, el CSIS organizó un conversatorio con la generala Richardson, quien, ante la pregunta sobre la posibilidad de que China establezca próximamente una base militar en ALC, expresó su preocupación por el potencial uso dual de la infraestructura crítica vinculada a proyectos de la Franja y la Ruta (CSIS 2023).
Se destacan informes como Eyes on the Skies China’s Growing Space Footprint in South (Funaiole et al. 2022), Combating Chinese Dual-Use Infrastructure: Bringing In the Private Sector (Berg 2022), The Geopolitics of Port Security in the Americas (Ziemer, Bermudez y Jun 2024). En No Safe Harbor, de julio de 2025, se evaluó el riesgo relativo de 37 proyectos portuarios con participación china en la región, tomando como criterios el grado de dependencia de EE.UU. del puerto y el margen de maniobra chino sobre su operación en escenarios de crisis. El puerto de Kingston (Jamaica) fue catalogado como el de mayor riesgo para la seguridad estadounidense por su proximidad a Guantánamo (Ziemer, Han y Powers-Riggs 2025).
En octubre de 2024, el CSIS organizó el conversatorio “Navigating Geopolitics and Security in Latin America's Ports”, con la participación de Carolina Sampó (CONICET, Argentina), Douglas Farah (IBI Consultants) y Leland Lazarus (Florida International University-FIU). Lazarus, además de su rol académico, es miembro del Atlantic Council y se desempeñó como asistente especial y redactor de discursos de la comandante del Comando Sur entre 2021 y 2022 (Atlantic Council s.f.a). En relación con el canal de Panamá, se subrayó que los puertos de Balboa y Cristóbal constituyen puntos estratégicos de acceso al Pacífico y Atlántico, y que cada proyecto de infraestructura de China añade un nuevo punto de vulnerabilidad a la seguridad del canal (CSIS 2024).
Sobre la estación Espacio Lejano en Neuquén, se sostuvo que, aunque China presenta esta instalación con fines científicos, la tecnología utilizada en las estaciones terrestres es “inherentemente de doble uso” (Funaiole et al. 2022).
Robert Evan Ellis, asociado senior del CSIS y profesor del U.S. Army War College, es una de las voces que ha advertido sistemáticamente sobre los riesgos estratégicos del avance chino en ALC, identificando a los puertos, el dominio espacial y las redes digitales como vectores para una posible explotación militar (Ellis 2023). En informe publicado por el Strategic Studies Institute (SSI) - institución autodefinida como The Army’s Think Tank-, sostuvo que las instalaciones comerciales de doble uso de China crean “opciones” estratégicas en caso de conflicto, y recomendó al Departamento de Defensa fortalecer capacidades institucionales y cooperación militar para limitar el acceso chino (Ellis 2025).
La RAND Corporation, fundada en 1948 y financiada desde sus inicios por el Departamento de Defensa, ha sido un actor central en el pensamiento estratégico estadounidense, pues ha influido en intervenciones militares y estrategias de contención. Es el think tank que más fondos recibe del gobierno federal: entre 2019 y 2023 obtuvo USD 1,409 mil millones, de los cuales USD 783,45 millones provinieron del Departamento de Defensa (Freeman y Cleveland-Stout 2025). Su presidente es Jason Matheny, exrresponsable de políticas de tecnología y seguridad nacional en la Casa Blanca. En un informe de 2023, recomendó al Departamento de Defensa identificar y rastrear los activos chinos de doble uso en el hemisferio occidental y desarrollar capacidades de inteligencia para disuadir su eventual utilización militar (Chindea et al. 2023). En 2022, destacó que Espacio Lejano podría emplearse para rastrear, interceptar o interferir con satélites estadounidenses (Campbell et al. 2022).
Otra institución clave es el Atlantic Council. Fundado en 1961 para fortalecer las relaciones transatlánticas y respaldar la estrategia de contención frente a la Unión Soviética, ha trabajado desde sus inicios en estrecha colaboración con la OTAN, promoviendo alianzas estratégicas y cooperación en seguridad global. Entre 2019 y 2023 recibió USD 39,23 millones, y es el think tank con mayor financiamiento de empresas contratistas del Pentágono, con 10,2 millones en ese periodo (Think Tank Funding Tracker s.f.a). El presidente de la Junta Directiva es John Rogers, ejecutivo de Goldman Sachs Group, Inc. (Atlantic Council, s.f.b). El director del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad, Matthew Kroenig, integra la Comisión del Congreso sobre la Postura Estratégica de EE.UU. y ha trabajado en el Departamento de Defensa y en la comunidad de inteligencia, además de ser profesor en la Universidad de Georgetown (Atlantic Council, s.f.c) (contundente ejemplo de puerta giratoria), mientras que el director del Centro para América Latina Adrienne Arsht, Jason Marczak, tiene experiencia en instituciones como AS/COA y NED (Atlantic Council, s.f.d).
En febrero de 2024 el Atlantic Council publicó una serie de informes donde alertó sobre el potencial de uso dual de las inversiones chinas en puertos de aguas profundas, infraestructura cibernética y estaciones espaciales; propuso que EE. UU. combinara advertencias con alternativas atractivas en infraestructura (Kroenig, Marczak y Cimmino 2024; Shullman 2024). Esta perspectiva se reforzó en conversatorio con la generala Richardson en marzo (Atlantic Council 2024). En el contexto de la inauguración del puerto de Chancay, señaló que el proyecto forma parte de un patrón preocupante de expansión global de empresas estatales chinas. En un escenario de conflicto -en Taiwán o el mar de China Meridional-, la red de puertos operados por COSCO, incluido Chancay, podría representar un desafío logístico para fuerzas extranjeras que busquen movilizar buques o suministros hacia el Indo-Pacífico (Cassinelli y Costello 2024).
Como espacio político-empresarial, es clave el rol de AS/COA, fundado por David Rockefeller y que desde los sesenta aboga por la vía neoliberal. Su mesa directiva está compuesta por CEO de multinacionales de diversos rubros, incluida la industria de defensa.
Desde AS/COA, Margaret Myer, de la Universidad Johns Hopkins, afirmó en mayo de 2025 que la administración Trump “interpreta la expansión china desde una perspectiva de seguridad nacional”; destacó la sospecha entre los funcionarios sobre el doble uso de la infraestructura portuaria patrocinada por China (Harrison 2025). Asimismo, su publicación Americas Quartely advierte que el proyecto portuario de la empresa china Shanghai Dredging Company en Punta Arenas (Chile) genera preocupación por su ubicación estratégica cerca de rutas hacia la Antártida (Garip 2024).
Los expertos publican en revistas especializadas de alta visibilidad. En Foreign Policy, Berg (CSIS) y Lazarus (FIU) plantearon que la excavación cercana a una terminal operada por COSCO en Abu Dabi podría anticipar escenarios similares en ALC, y advirtieron sobre el uso potencial del canal de Panamá o del puerto de Ushuaia como nodos de interferencia militar en caso de conflicto con China (Lazarus y Berg 2022).
Testimonios legislativos
En 2021, Ellis (CSIS/US Army War College) advirtió ante la US-China Economic and Security Review Commission (USCC) sobre el uso potencial de puertos de aguas profundas y estaciones satelitales por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) (USCC 2021). En enero de 2023, la investigadora de RAND Kristen Gunness alertó ante la misma comisión sobre la creciente presencia de seguridad de China en ALC; señaló que países como Cuba, Venezuela y Argentina han facilitado el acceso del EPL a infraestructura estratégica (Gunness 2023).
En audiencia del Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party, en mayo de 2024, Daniel Runde, vicepresidente del CSIS, señaló que el control de CK Hutchison de Hong Kong sobre los puertos del canal de Panamá podría interferir en el envío de suministros y asistencia militar de EE.UU. a Taiwán en caso de conflicto (Select Committee on the CCP 2024).
A inicios de la segunda administración Trump, se realizaron dos audiencias ante el Subcommittee on Transportation and Maritime Security del Committee on Homeland Security. En “Strategic Port Investments in the Western Hemisphere and the Implications for Homeland Security”, del 11 de febrero, participaron Kroenig (Atlantic Council) y Berg (CSIS). Argumentaron que los puertos operados por empresas chinas podrían actuar como plataformas de inteligencia y proyección militar (Committee on Homeland Security 2025a).
El 6 de mayo, se realizó la audiencia “Beijing’s Air, Space, and Maritime Surveillance from Cuba: A Growing Threat to the Homeland”. En esta, Berg y Lazarus advirtieron que estaciones satelitales y redes de telecomunicaciones en Cuba podrían utilizarse para monitorear activos militares estadounidenses (Committee on Homeland Security 2025b). En ambas sesiones, se instó al Congreso a ampliar el presupuesto de militar y de seguridad, y desarrollar mecanismos para ofrecer financiamiento alternativo en países como Panamá y Perú.
El incremento de los fondos solicitados para programas de seguridad y asistencia militar en 2025 confirma este esfuerzo: se solicitaron USD 584,9 millones (26,5 % del total) a la partida destinada a International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE), un 24,4 % más que el año fiscal de 2023. Para International Military Education and Training (IMET) se solicitaron USD 16,2 millones, 29,5 % más que 2023 (CRS 2025).
Proyección en medios de comunicación internacionales
Los medios de comunicación hegemónicos han operado como amplificadores del relato del “uso dual”, tal como se evidencia en la cobertura sobre las tensiones en torno al canal de Panamá en los primeros meses de la segunda administración Trump. En este contexto, expertos de think tanks han tenido amplia difusión. Se destaca Berg (CSIS) como una de las voces más recurrentes. En diciembre de 2024, ante las amenazas de retomar el canal realizadas por Trump, expresó en The Washington Post “preocupación por la influencia china en el canal y la fiabilidad de las operaciones estadounidenses” en una de las rutas estratégicas “para desplegar buques de guerra estadounidenses del Atlántico al Pacífico en situaciones de contingencia que involucren intereses de seguridad nacional, como Taiwán” (Alemany y Zakrzewski 2024). En The New York Times (enero de 2025) afirmó que China ha utilizado sus operaciones en el canal para recopilar inteligencia y realizar espionaje (Friedman 2025). En marzo, ante el anuncio de la compra por parte del fondo de inversiones estadounidense BlackRock de los puertos operados por CK Hutchison, celebró en The Wall Street Journal el “retorno del liderazgo estadounidense en el istmo” (Areddy 2025); mientras que en Reuters lo calificó como “gran victoria” y aseguró que pondría fin al debate sobre la seguridad del canal (Valle, McGee y Martina 2025).
En la misma línea, Stéphanie Pezard, de la RAND, advirtió en France24 (2024) que la incertidumbre política en EE.UU. no debe llevar a subestimar los riesgos que plantea la infraestructura china “bajo gobiernos que podrían alinearse con Beijing”. Desde el Atlantic Council, Marczak fue citado en France24 (2025) y Swissinfo (2025) al contextualizar el viaje del Secretario de Estado Marco Rubio a Centroamérica en enero de 2025 como parte de una ofensiva diplomática para frenar los avances chinos en infraestructura estratégica.
Proyección en medios latinoamericanos y resonancia local
La narrativa del uso dual también ha sido amplificada por medios de comunicación latinoamericanos, particularmente en países con infraestructura asociada a inversiones estratégicas chinas. Esta proyección local reproduce las alertas de actores estadounidenses y refuerza la lectura securitaria sobre la presencia de China.
En Argentina, la cobertura mediática sobre la base espacial china en Neuquén se intensificó en abril de 2024 en el marco de la visita de la generala Richardson al país. Medios como El Cronista (Dinatale 2024), Infobae (Menegazzi 2024), CNN Español (Padinger 2024) publicaron sobre la preocupación de funcionarios estadounidenses de que la instalación sea operada por el EPL y que el gobierno de Javier Milei haya anunciado una posible inspección técnica del sitio. Según TN, la tecnología espacial tiene un potencial de uso dual: sirve para exploración y, simultáneamente, podría emplearse en tareas de interceptación y guiado militar (Bañez 2024).
En Perú, medios locales replicaron las declaraciones de la generala Richardson de que el puerto de Chancay puede ser utilizado por buques de guerra chinos. Infobae retomó publicación de The Telegraph en la que Ellis (CSIS) advirtió que “Chancay podría ser utilizado para apoyar operaciones contra la costa oeste de Estados Unidos” (Herrada 2024). La Nación difundió que el puerto es “por su propia naturaleza, una instalación de uso dual” (Lasta 2023). La Voz de América se refirió a la preocupación de EE.UU. “por un eventual uso del puerto para fines militares, que por su dimensión y ubicación podrían convertirlo en un lugar donde pueden atracar barcos de guerra chinos si fuera necesario” (Vargas 2024).
En Panamá, la narrativa del uso dual de canal ha sido difundida por medios regionales, en especial a inicios de 2025. Newsweek Argentina afirmó que, aunque no hay tropas chinas uniformadas, “es casi seguro que hay personal militar chino vestido de civil” y reprodujo el argumento de Ellis de que, en caso de conflicto, esas instalaciones “estarían controladas por el EPL” (Chang 2025). CNN Español también citó a Ellis al afirmar que el riesgo desde el punto de vista militar “es que cuantos más activos comerciales estén vinculados a China en torno al canal, más opciones tendrá Beijing de bloquear a EE.UU. el transporte de equipos militares” (McCarthy 2025).
En Chile, el gobierno de Gabriel Boric paralizó en abril de 2025 el proyecto del observatorio en Cerro Ventarrones tras presiones del gobierno de EE.UU. y advertencias de la exembajadora Bernadette Meehan, quien alertó sobre el potencial uso dual del telescopio. CNN Chile (2025) publicó nota titulada “Advirtieron posible ‘uso dual’: Chile congela temporalmente observatorio chino en Antofagasta tras presiones de EE.UU.”. Infobae destacó que el proyecto se suspendió por preocupaciones de seguridad sobre su ubicación sensible y la participación de China State Construction Engineering Corporation (Yang 2025), mientras que, según PanAm Post, “aunque China sostiene que su intención es rastrear estrellas, desde estos observatorios también es posible monitorear satélites, recopilar inteligencia y apoyar operaciones espaciales militares” (Moreno 2025).
Las afirmaciones más alarmistas suelen provenir de medios vinculados a sectores conservadores de Florida. En Diario de Cuba y Diario Las Américas se ha instalado la idea de que Beijing estaría consolidando “una red de espionaje hemisférico”, para recopilar inteligencia contra EE.UU. y facilitar el despliegue militar en un eventual conflicto futuro (Pérez 2025), encuadre reforzado en la cobertura de la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de EE.UU. de mayo de 2025 (Diario de Cuba 2025).
Un hito de esta proyección fue la Conferencia de Seguridad Hemisférica celebrada en Miami en mayo de 2025, que reunió al aparato de defensa estadounidense con consultores y académicos para debatir sobre los desafíos geopolíticos en la región. Según Infobae, el almirante Holsey advirtió que los proyectos de infraestructura impulsados por China “sientan las bases para posibles oportunidades militares en el futuro”. En la misma línea, Martín Redrado -expresidente del Banco Central de Argentina e investigador del Instituto Gordon de la FIU- señaló que el uso dual de infraestructura constituye un eje central de la penetración china en ALC, citando como ejemplos el puerto de Chancay y la eventual construcción de un puerto en Tierra del Fuego (Lejtman 2025).
Conclusiones
Este artículo muestra que el “uso dual” opera como consenso geopolítico funcional que orienta la agenda de seguridad hacia ALC y reposiciona a EE.UU. en la disputa por el control de infraestructuras en la región. Al convertir infraestructuras con participación china en amenazas potenciales, aun sin evidencia empírica concluyente, este relato actúa como bisagra que transforma indicios e interpretaciones especulativas -leídas a través de un lente securitario y sin pruebas directas de militarización- en premisas de política exterior que legitiman intereses estructurales, como el sostenimiento del CIM y la reproducción de consensos bipartidistas. Funciona así como una nueva gramática de amenaza, que actualiza marcos previos -como el comunismo o el terrorismo- para adecuarse al contexto de CGP.
Las herramientas analíticas de manufacturación de consenso y red de poder resultan claves para comprender cómo se instala el relato, a través de la articulación entre actores del aparato de defensa, think tanks, expertos académicos y medios de comunicación. Esta dinámica revela que más que describir hechos, el relato del “uso dual” performa amenazas, genera percepciones de riesgo y orienta decisiones estratégicas.
El impacto es doble. En el plano externo, legitima la proyección preventiva de EE.UU. en ALC y reactualiza marcos securitarios heredados de la Guerra Fría. En el plano interno, contribuye a justificar aumentos presupuestarios y a sostener la continuidad del CIM. De este modo, no solo responde a la competencia con China, sino también a dinámicas estructurales de la política doméstica estadounidense. La difusión en medios concentrados internacionales y locales refuerza estas percepciones y genera un clima de sospecha hacia la presencia china en la región.
Más allá del alcance de este estudio, resulta pertinente delinear algunas líneas de investigación futuras para ampliar la comprensión del fenómeno analizado. En primer lugar, resulta relevante profundizar en el examen de la legislación china que regula el uso dual de infraestructuras y en estudios de caso concretos que permitan evaluar sus implicancias en términos gobernanza nacional. Asimismo, futuras investigaciones podrían analizar cómo esta narrativa es recibida, resignificada o disputada por actores políticos, empresariales y mediáticos de ALC, así como la relación entre la proyección del consenso y sus posibles impactos en las decisiones políticas de los países de la región. Estos enfoques permitirían complementar la perspectiva aquí adoptada, centrada en la construcción y difusión del consenso geopolítico desde EE.UU.
