INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 hizo reflexionar profundamente a la sociedad acerca del valor de los trabajadores de la salud, por su papel irreemplazable durante la respuesta a la crisis sanitaria. Las estadísticas epidemiológicas del virus contribuyeron al aumento sin precedentes en la demanda de volumen y agudeza de esa fuerza laboral.⁽¹⁾ Las repercusiones de las afectaciones generadas a largo y mediano plazo impactaron directamente las condiciones de trabajo en las instituciones de atención de salud.⁽²⁾

Esta enfermedad resultó un problema que influyó dramáticamente en la economía global y en los componentes del sistema de salud: gobernanza, financiamiento, servicios de salud, insumos y equipamiento, sistemas de información y recursos humanos; lo que provocó un deterioro de estos, incluso en los mejor preparados e implementados se sufrió un colapso parcial o completo durante la crisis sanitaria.⁽³⁾

En Ecuador, el COVID-19 golpeó con fuerza al país en los ámbitos social, económico, político y sanitario. Así, a finales de agosto de 2021, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (ente coordinador de las emergencias y desastres) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportaron más de 536.559 casos acumulados y 31.426 personas fallecidas,⁽⁴⁾ cifras que por debajo de la realidad según Ortiz.⁽⁵⁾

La crisis sanitaria en Ecuador se recrudeció a raíz de los duros recortes de inversiones reflejados en el presupuesto general del estado. Según las cifras informadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Ecuador, el gasto en salud fue de 1027 mil millones en USD en 2018 y 1058 mil millones en 2019; mientras que en 2020, esas cifras se redujeron a 964 mil millones debido al impacto de la pandemia. Esos valores se reflejaron en un déficit importante de insumos básicos e irregularidades en el pago de salarios que fueron reportados por médicos, enfermeras, técnicos y servidores de la salud.^(6,7)

En 2021, Ecuador contaba con 39908 profesionales de medicina, 24751 enfermeros(as) licenciados(as) y 17350 auxiliares de enfermería, el 75% de ellos trabajaba en el sector público, el 17% lo hace en el sector privado con fines de lucro y el 8% labora en las instituciones de salud privadas sin fines de lucro.⁽⁸⁾ Estos corresponden a un sector de alto riesgo de contraer COVID-19, por encontrarse directamente expuestos al virus; lo que generó que su desempeño se realice bajo un alto estrés ante la posibilidad de contagio, congestión de los servicios, insuficiencia de personal para la atención, largas jornadas laborales, imposibilidad de vacaciones, distanciamiento de sus familias y condiciones laborales extraordinarias con insuficiencia de recursos.⁽⁹⁾

El análisis de las experiencias de las condiciones de trabajo del personal de salud en Ecuador durante los tiempos de pandemia resulta un valioso aporte para tener en cuenta en futuros eventos extraordinarios para el manejo de crisis.

DESARROLLO

Las condiciones de trabajo se definen atendiendo a las tareas/actividades y características del entorno laboral, las que inciden directamente en los resultados organizacionales.

En el ámbito laboral, el individuo está sometido a diferentes condiciones que influyen en su estado de salud.⁽¹⁰⁾ Al respecto, Orosco y López mencionan: “Los efectos desfavorables de las condiciones de trabajo corresponden principalmente a los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, el ausentismo, la rotación de personal y el mal clima organizacional, que se traducen en una disminución de la productividad de las instituciones y en un deterioro de la calidad de vida de los trabajadores”.⁽¹¹⁾

Las condiciones de trabajo deficientes constituyen un potencial riesgo psicosocial, su valoración incluye variables como: características contractuales, infraestructura organizacional, insumos, organización del trabajo, exigencias de las tareas, seguridad física, cuidados de salud (física, psíquica y social) y bienestar (empleabilidad y conciliación trabajo-vida).⁽¹²⁾

En el contexto ecuatoriano, la política nacional de salud norma la protección holística de los trabajadores,⁽¹³⁾ lo que concuerda con el objetivo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para promover la atención integral sanitaria de los asalariados en instituciones públicas y privadas, mediante actividades de promoción de salud, prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, asistencia médica, investigación de enfermedades profesionales y accidentes de laborales y desarrollo de investigación científica en beneficio de ese sector poblacional.⁽¹⁴⁾

Durante la crisis sanitaria, el personal de salud de todo el mundo constituyó la primera línea en la contención del virus y salvaguardar vidas; por lo que, la mejoría de sus condiciones de trabajo (en la medida de las posibilidades) garantizan un desempeño eficiente ante crisis. En esta situación, el proceso asistencial se desarrolla bajo la influencia de varios factores estresantes, elevando la vulnerabilidad de los involucrados en este para padecer afecciones físicas y psicológicas.⁽¹⁵⁾

La pandemia de COVID -19 saturó los centros médicos e hizo que las capacidades asistenciales, hospitalarias y de traslado de pacientes fueran insuficientes. Así, el personal de salud se enfrentó a sistema colapsado y congestionados de pacientes sin las condiciones necesarias durante largas jornadas.⁽¹⁶⁾ Ese contexto fue la causa de numerosos contagios entre los profesionales que prestaban el servicio en los diferentes niveles de atención.⁽¹⁷⁾ Las garantías de seguridad no pudieron hacerse efectivas ante tales condiciones.

Mediante el acuerdo ministerial N.º 00126–2020 se declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, ante la inminente posibilidad de afectación por coronavirus COVID-19 en la población. Entonces, se declararon medidas para prevenir un posible contagio masivo, movilización de recursos económicos y talento humano, además de otras acciones especiales.⁽¹⁸⁾ Aunque, los recursos gubernamentales asignados no resultaron suficientes para cubrir todas las necesidades que se suscitaron. La contratación extraordinaria de personal de salud durante la peor etapa de la crisis tampoco resultó suficiente por la velocidad en el incremento del número de pacientes y la necesidad de competencias especiales.

Durante la epidemia, la mayoría de los establecimientos de atención de salud en Ecuador se vieron precisados a modificar la distribución de accesos públicos, espacios físicos y organización de los servicios; todo eso con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones de la OMS para garantizar los cuidados requeridos minimizando los riesgos. Estas indicaciones establecían un modelo dinámico y contextualizado a las características de cada unidad de salud, para el mejor aprovechamiento de sus capacidades y disminuir la probabilidad de contagio entre pacientes y personal de atención.⁽¹⁹⁾

Así, se movilizó todo el personal de salud capacitado en cuidados críticos o medios para garantizar la demanda, mientras voluntarios jubilados realizaban teleatención y preparación de diversas ramas profesionales de los equipos de salud (de medicina, enfermería, laboratoristas, rehabilitadores psicólogps, entre otros) para el manejo de los adultos contagiados (especialmente aquellos en estado crítico) en temas de ventilación asistida y terapia respiratoria principalmente.⁽²⁰⁾

Ortiz y Fernández afirman: “se reforzó el entrenamiento de las medidas de prevención y control de infecciones orientadas a la pandemia de COVID-19, con particular atención en el uso adecuado de los equipos de protección personal, garantizando la implementación de acciones y sistemas de monitoreo de la salud de los recursos humanos implicados en la respuesta al virus; así como la implementación de protocolos de manejo y seguimiento de los casos sospechosos y confirmados entre los trabajadores”.⁽²⁰⁾

Lamentablemente, las condiciones impuestas por la pandemia y la disponibilidad limitada de los medios de protección personal impidieron el control o mitigación de la transmisión del virus en un inicio. Máscaras, filtros, trajes, guantes, botas y otros aditamentos para proteger a los profesionales en servicio limitaban sus movimientos, eran pesados, lesionaban áreas de contacto con la piel y generaban estrés térmico y deshidratación en determinadas condiciones climáticas, añadiendo más complejidad a las tareas que se debieron cumplir.⁽²¹⁾

La situación epidemiológica tuvo graves efectos psicosociales en los trabajadores de la salud y su entorno social y familiar, debido a la incertidumbre, las condiciones laborales, el riesgo de contagio e, incluso, la posibilidad de muerte. Al respecto, Pazmiño et al.⁽²²⁾ realizaron un estudio sobre los efectos psicológicos perjudiciales en 1028 profesionales de la salud de 16 provincias ecuatorianas. Los resultados revelaron la presencia de síntomas depresivos, identificado varios factores predisponentes para sufrir síntomas de moderados a graves, tales como: vivir en la provincia del Guayas, ser médico y la percepción de no contar con equipo adecuado. En relación con los síntomas de ansiedad, los principales factores de riesgo fueron: ser paramédico, la percepción de no contar con equipo adecuado y pertenecer al sexo femenino.

Vinueza et al.⁽²³⁾ determinaron que el personal médico resultó psicológicamente afectado con mayor frecuencia que el de enfermería, atendiendo a las dimensiones agotamiento emocional y despersonalización. Más del 90% de ese grupo poblacional profesional desarrolló el síndrome de Burnout con una intensidad de moderado a severo durante la pandemia de COVID-19. Acerca de este particular, Torres et al.⁽²⁴⁾ dicen esos efectos se extienden al núcleo familiar del trabajador, además de incidir sobre la calidad y seguridad de la atención. Los profesionales más jóvenes tuvieron la tendencia a sentirse más abrumados por las condiciones adversas.

En otro orden de cosas, la situación pandémica acentuó la presencia de diversos dilemas éticos. Aunque se establecieron protocolos para el triage, el desbalance entre oferta y demanda de servicios de atención de salud por la incidencia de pacientes infectados en estado crítico generó el conflicto bioético para asignar las últimas capacidades hospitalarias en atención intensiva y crítica. El conflicto entre emoción y razón durante la toma de decisiones como esta debe estar apoyado cuestiones técnicas para que la segunda sea la que prime.⁽²⁵⁾

Así, las condiciones laborales desfavorables excepcionales y la presión psicológica extrema pusieron a los trabajadores sanitarios en una situación vulnerabilidad para su seguridad, impactando en la calidad de vida, lo que se reflejó en afectaciones a su entorno social y de servicio profesional.

CONCLUSIONES

Los trabajadores de la salud son la primera línea de defensa para combatir la pandemia por COVID-19. La capacitación permanente del personal de salud para la actuación durante situaciones de desastre resulta una medida impostergable, para que puedan desempeñarse efectivamente bajo presión y en condiciones laborales desfavorables. Al respecto, la generación de protocolos de actuación y organización institucional garantizan una preparación adecuada; además de la pertinencia de establecer reservas para poder adquirir equipos de bioseguridad, pago de personal especializado e insumos médicos, entre otros. Lo anterior contribuirá a evitar el colapso de los servicios y humanizará el trabajo en la medida de lo posible.

La comunidad internacional y todos los usuarios reconocen la labor realizada por el personal de salud bajo condiciones laborales desfavorables: jornadas de trabajo extensas, estrés, enfrentamiento a dilemas éticos y riesgo inminente de contagios; además de las afectaciones a su entorno familiar. La recopilación y divulgación de las lecciones ayudará a dar una mejor respuesta en el futuro.

Conflictos de interés: las autoras declaran que no existen.

Declaración de contribución:

Todas las autoras participaron en la búsqueda y procesamiento de la información con la que se elaboró el artículo científico.