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Introducción
El delito informático es toda actividad ilícita cometida mediante el uso de sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación o que tenga como finalidad el robo de información, apropiación del patrimonio económico o intelectual, el fraude financiero, la pornografía infantil, etc., es decir, desde el enfoque del derecho, los delitos informáticos se los puede catalogar como toda conducta típica, antijurídica y culposa que afecta la confidencialidad, integridad, patrimonio, acceso o disponibilidad de los datos de los sistemas informáticos y/o redes de telecomunicación (Chávez, 2021). El delito informático tiene una característica transnacional cuya naturaleza se constituye de grupos delictivos organizados radicados en una jurisdicción específica quienes cometen actos ilícitos en otra mientras que los bienes protegidos sustraídos terminan en una tercera (Sviatun y otros, 2021). Los daños que producen este tipo de delitos superan los costos financieros estimados y las víctimas en la mayoría de los casos experimentan problemas de salud física y mental como efectos consecuentes de estos actos ilícitos (Cross y otros, 2016).
En Ecuador, la población que tiene acceso a internet alcanza el 79,21% y cerca de 15,8 millones de ecuatorianos tienen cuentas en distintas redes sociales. Esta creciente navegación por el ciberespacio ha provisto de objetivos más visibles a los delincuentes, ha facilitado la identificación de potenciales víctimas y ha generado nuevas oportunidades para el delito, como consecuencia se ha identificado un incremento en la frecuencia de delitos informáticos. Según un informe estadístico de la Unidad de Ciberdelitos de la Policía Nacional del Ecuador, desde el año 2020 hasta el 6 de julio de 2022, se registraron 3.183 delitos informáticos (Redacción Seguridad, 2022).
Para Llumiquinga (2021), el Ecuador se encuentra en una etapa inicial de madurez en lo que respecta a la ciberseguridad, argumento que lo sustenta en dos estudios del estado de la ciberseguridad realizados por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (ITU), a esto debe sumarse que la percepción ciudadana se basa en lo que el ciudadano llega a conocer, es así que, las personas se enteran de los ataques informáticos, estafas u otros delitos informáticos que sufren instituciones, familiares, amigos o conocidos, pero no conocen el desenlace de estos hechos, por lo que las acciones que se adoptaron para contener, solventar, mitigar, denunciar o resolver estos problemas es incierta para la población, es así que el clamor de la población recae en la institución policial como entidad de primera respuesta ante los hechos delictivos.
La policía como primer respondedor debe tener el conocimiento básico que permita ayudar a las víctimas del delito informático durante el proceso de recepción de denuncias (Cross, 2020), además debe tener una comprensión de los conceptos básicos sobre el delito informático, de la normativa legal involucrada, de lo que implica el análisis forense digital, así también, debe contar con procedimientos o protocolos estandarizados de respuesta ante este tipo de delitos que permitan una actuación adecuada del policía y un manejo prolijo de los indicios.
El presente estudio pretende describir y explorar la preparación del personal policial ecuatoriano para responder al delito informático, para lo cual se aplicará una encuesta a una muestra representativa de servidores policiales, cuyos datos se utilizarán para analizar la frecuencia de participación en capacitaciones policiales enfocadas a delitos informáticos; los niveles de confianza individual y organizacional del personal policial para responder al delito informático; y, la percepción de los servidores policiales respecto a cómo mejorar esta respuesta.
Revisión de literatura
La complejidad de la investigación de delitos informáticos
La complejidad de la investigación de delitos informáticos nace desde la concepción del término, según Miró (2012) el delito informático incluye tipologías de conductas, y no tipos penales, por lo que indica que en los últimos años se ha venido sustituyendo esta denominación por la de cibercrimen y cibercriminalidad los cuales hacen referencia al término inglés cybercrime, concepto que permitiría abarcar la descripción de delincuencia en el ciberespacio. En Ecuador, la normativa legal vigente mantiene el término delito informático para referirse a tipos penales y para describir las tipologías de conducta. Por lo cual en el presente estudio se manejará el término de delito informático.
Según Miró (2013) el anonimato en la red y la transnacionalidad del delito complican los procesos judiciales debido a que pese que el delito informático se conoce que es cometido por alguien en concreto, en Internet solo se muestra una representación virtual del autor (la dirección IP) lo que conlleva que la policía deba investigar para atribuir la dirección IP a una persona física responsable de la acción delictiva, pero este trabajo es complejo en razón que el policía debe contar con la colaboración de las empresas proveedoras de servicios para determinar el sistema informático del cual se llevó a cabo el ataque. Después con la información proporcionada deberá investigar para dar con el titular de dicho sistema informático y, finalmente tendrá que concretar quién, de entre todos los usuarios del mismo sistema, ejecutó la acción. Además, la determinación judicial de las personas autoras del delito informático se complica por el carácter transnacional del delito, ya que el delito informático puede haber sido cometido en el extranjero y requerirá de la colaboración de otro Estado para poder llevar ante la justicia al delincuente, estas circunstancias pueden crear obstáculos para el trabajo policial ante la respuesta al delito informático.
En el marco legal internacional, la norma más relevante para establecer la jurisdicción de los delitos informáticos es el Convenio sobre la Ciberdelincuencia conocido también como “Convenio de Budapest”, esta normativa proporciona un marco integral y coherente en contra del delito informático y la evidencia electrónica. Esta norma ha sido utilizada como guía para la elaboración de diferentes legislaciones a nivel local sobre el delito informático y también como marco de cooperación internacional entre los países miembros (Consejo de Europa [COE], 2022). Ecuador, pese a participar como observador en el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hasta la presente fecha no ha firmado ni ha ratificado este convenio internacional. Sin embargo, dentro de la normativa legal ecuatoriana se dispone de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [LOPDP], el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) y normas conexas para combatir el delito informático. Pese a existir un marco legal que sanciona los delitos informáticos, los limitados recursos humanos y logísticos de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional del Ecuador complican su investigación. Al respecto Rappert y otros (2021) consideran que esta es una de las razones por la que los especialistas realizan su trabajo en razón de las prioridades de investigación de su organización.
Otros aspectos que complican la investigación del delito informático son: la inadecuada preservación de la escena del delito y el desconocimiento del manejo de la evidencia digital por parte del personal de primera respuesta, el cual debería ser consciente de que interactuar directamente con el contenido de los dispositivos incautados puede alterar la forma en que se almacenan estos datos y, por lo tanto, interrumpir la adquisición de evidencia digital. Por ejemplo, el acceso aparentemente inocuo a un dispositivo puede anular la información almacenada en la memoria de acceso aleatorio (brindando detalles sobre las acciones recientes del usuario), mientras que la alteración de los archivos almacenados en un dispositivo puede impedir la recuperación de los datos que se han eliminado, pero aún no se han sobrescrito (Holt y otros, 2019a, 2019b; Karie y otros, 2019).
La diversidad de dispositivos y sistemas operativos disponibles para consumidores, así como el acelerado desarrollo de las tecnologías informáticas estándar se transforman en elementos que complican la capacidad de los investigadores policiales para el uso de métodos científicamente fiables y reproducibles de análisis forense digital (Mason y Stanfield, 2017), el efecto de esto es que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden estar utilizando herramientas forenses digitales de talla única (por ejemplo, “The Forensic Toolkit”) para examinar el contenido de un dispositivo incautado que puede no cumplir con los estándares científicos necesarios para la admisibilidad en los tribunales (Casey, 2019).
Preparación de la policía para investigar el delito informático
El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Policía Nacional del Ecuador (Acuerdo Ministerial 080 de 2019) (Ministerio del Interior, 2019), contempla tres subsistemas de gestión, uno de los cuales es el subsistema de gestión general de investigación. El Director General de Investigaciones es el responsable de la gestión general de investigación, para lo cual tiene bajo su mando a diferentes Unidades y Direcciones Nacionales, entre las cuales se encuentra la Unidad Nacional de Ciberdelito. Al realizar un análisis comparativo de la estructura organizacional para responder al delito informático con otros países de la región, se puede identificar que en EEUU el 54% de las agencias de policía cuentan con una unidad especializada en delitos informáticos (Nowacki y Willits, 2019). En Chile, la Policía de Investigaciones cuenta con una unidad especializada para combatir el delito informático, esta se denomina unidad especializada de cibercrimen, la cual se conforma de brigadas investigadoras ubicadas en Santiago, Valparaíso y Concepción y tienen como misión el combate a este tipo de delito (Policía de Investigación [PDI], s.f.). Colombia cuenta por su parte con un departamento dentro de la unidad de investigación criminal de defensa para tratar este tipo de delitos.
El problema se da cuando la acción de la policía, como primer respondedor ante los eventos delictivos, no sea la adecuada a consecuencia de la falta de conocimientos básicos para responder al delito informático por parte de los agentes que llegan inicialmente a la escena del delito. Las diferentes policías clasifican a casi todas las categorías de delitos informáticos como de menor prioridad que los delitos “fuera de línea” o “tradicionales”, excepto la distribución en línea de material de explotación infantil (Holt y otros, 2015). De manera similar, la policía generalmente tiene una comprensión pobre del abuso sexual basado en imágenes (es decir, compartir imágenes íntimas sin consentimiento) (Bond y Tyrrell, 2021) y otras formas de violencia sexual facilitada por la tecnología (Powell y Henry, 2018), tales creencias están vinculadas a la percepción de las víctimas como moralmente menos merecedoras de asistencia si comparten imágenes íntimas (Venema, 2019).
Estas percepciones del delito informático como comparativamente menos graves que los delitos fuera de línea se acrecientan por la falta de confianza de fuerzas del orden público en sus capacidades de investigación. Un estudio reciente del Reino Unido sugiere que el 61,5% de los agentes no se sienten preparados para investigar los delitos informáticos, lo que atribuyen principalmente a la falta de formación. Además, el 80,9% de los oficiales encuestados reportaron falta de confianza en las capacidades de sus organizaciones (Burruss y otros, 2019). Un estudio compuesto por grupos focales con dieciséis (16) policías británicos sugiere que la falta de confianza del policía se la puede atribuir a la creencia de que el delito informático es demasiado complejo; a las escasas o inadecuadas oportunidades de capacitación sobre delitos informáticos; y, a la confusión continua sobre la distinción entre la tipificación penal del “delito informático” y “delito fuera de línea” (Hadlington y otros, 2021). El estudio de Bossler y otros (2020), menciona que solo el 38,8% de los funcionarios del Reino Unido han recibido capacitación específica sobre delitos informáticos y solo el 42,4% de los funcionarios encuestados indicaron cierto grado de “preparación para responder al fraude en línea”.
Con respecto a la formación policial, Casas y otros (2018) mencionan que la profesionalización es sin duda un factor clave para las policías del 2030 en América Latina, adicionalmente señalan que no existen evaluaciones externas rigurosas sobre la calidad de la educación policial, tampoco se encuentra análisis sobre la articulación de los procesos de formación con la incorporación policial y las condiciones laborales. Los autores resaltan que: “La profesión policial debe estar a la vanguardia de la formación de hombres y mujeres que en esencia prestarán un servicio público cuya razón de ser es la promoción de libertades, derechos y deberes.” Por lo cual es indispensable una visión estratégica e innovadora para la preparación policial.
Un estudio de Choi y otros (2022) concluye que, para adaptarse al ritmo rápidamente cambiante del delito informático, es vital que la formación investigativa se adapte y desarrolle a través de la integración de VR, el estudio proporciona los hallazgos del estudio piloto de un novedoso entrenamiento de realidad virtual utilizado en tres áreas diferentes de investigaciones cibernéticas, que incluyen procedimientos de búsqueda e incautación. Según los hallazgos se identificó la importancia de integrar la formación en realidad virtual en los departamentos académicos y forenses, en especial para los miembros de cuerpos de seguridad ciudadana, lo cual comparte Ávalos (2021) al mencionar que, dada la particularidad del delito informático, es necesaria la constante capacitación de jueces, fiscales, peritos y la Policía Nacional en todo el territorio, por niveles y conforme con sus funciones.
Metodología
Este estudio involucra una investigación cuantitativa en la que se examinó la preparación del personal policial, del comando del servicio de la Policía Nacional para la Zona de Planificación No. 1 (Abarca las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos).
El objetivo de la investigación fue analizar la preparación del policía para responder al delito informático y el nivel de confianza individual y organizacional para una respuesta adecuada a este tipo de delito. Por lo cual, se plantearon cinco (5) preguntas de investigación:
P1: ¿Con qué frecuencia el personal policial asignado a la Zona No. 1 se enfrenta al delito informático?
P2: ¿Qué tan común es la capacitación en delitos informáticos entre el personal policial asignado a la Zona No. 1?
P3: ¿Qué confianza tiene el personal policial, asignado a la Zona No. 1, en sus habilidades individuales para responder al delito informático?
P4: ¿Qué confianza tiene el personal policial, asignado a la Zona No. 1, en las capacidades de su organización para responder al delito informático?
P5: ¿Qué recursos o habilidades cree el personal policial, asignado a la Zona No. 1, que son necesarios para mejorar las respuestas al delito informático?
Esta investigación utilizó un diseño no experimental exploratorio con aplicación de encuesta. Se aplicó un cuestionario a los policías asignados a la Zona de Planificación No. 1, 4149 hombres y 763 mujeres. De los cuales 1316 policías (1093 hombres y 223 mujeres) respondieron satisfactoriamente al cuestionario. Al no contar con el registro de la población y al encontrarse esta dispersa geográficamente, no se pudo aplicar el muestreo probabilístico, por lo que se optó por aplicar un muestreo no probabilístico, el cual no incluye ningún tipo de muestreo aleatorio, por lo que se ha seleccionado sujetos accesibles y disponibles para formar parte de la muestra (McMillan y Schumacher, 2005). Como la participación estuvo influenciada por efectos de autoselección, los resultados no son completamente representativos de la población y no deben generalizarse sin observar las características de la muestra como se indica en la Tabla 1.
Tabla 1: Características servidores policiales muestreados de la Zona de Planificación Nº 1 Fuente: Elaboración propia
| Característica | Categorías | Total | ||
| Subsistema de Gestión (n=1316) | Preventivo | 1139 (86,6%) | Investigativo | 177 (13,4%) |
| Función que desempeña (n=1316) | Operativo | 1074 (81,6%) | Administrativo | 242 (18,4%) |
| Sexo (n=1316) | Masculino | 1093 (83,1%) | Femenino | 223 (16,9%) |
Para López y otros (2019), la validez viene a ser el grado en el cual un instrumento cuantifica lo que debe medir, conduciendo a conclusiones válidas, en este caso la preparación policial para responder al delito informático. El instrumento de la encuesta es adaptado de estudios previos de Wilson y otros (2022), por lo que se sometió a revisión de su contenido, pertinencia, ambigüedad y redacción, posterior de lo cual se analizó la confiabilidad realizando un ensayo piloto. El valor α= ,923 se obtuvo al aplicar la prueba a todo el test, es decir existe una alta consistencia interna de los ítems dentro de la escala. Con respecto a la validez del constructo se efectuó el análisis factorial exploratorio aplicando la prueba KMO obteniendo un valor excelente de ajuste del modelo y significancia estadística en el valor en la prueba de esfericidad de Bartlett (ver Tabla 2).
Tabla 2: Prueba de KMO y Bartlett Fuente: Elaboración propia
| Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo | ,938 | |||
| Prueba de esfericidad de Bartlett | Aprox. Chi-cuadrado | 14394,453 | ||
| gl | 406 | |||
| Sig. | ,000 | |||
La muestra no ponderada se analizó mediante programa SPSSTM, versión 25. Se realizó análisis descriptivos para explorar el acuerdo general del personal policial según los conjuntos de elementos. Posteriormente, se realizaron una serie de análisis bivariados (Pruebas Chi-cuadrado de Pearson) para determinar si existían diferencias significativas en la confianza individual y organizacional según cuatro variables independientes categóricas (Subsistema de gestión, función, educación y sexo), con la V de Cramer como medida del tamaño del efecto.
Resultados
Encuentros previos con el delito informático
Se exploró los encuentros del personal con incidentes de delitos informáticos y su capacitación en delitos informáticos. En relación a los encuentros del personal con incidentes de delitos informáticos los resultados sugieren que el 65,4% de encuestados (n=861) nunca ha respondido a un incidente de delincuencia informática. Sin embargo, una minoría de encuestados (n=272, 20,7%) informa que su último encuentro fue dentro de los últimos 12 meses, mientras que el 13.9% de encuestados (n=183) indicó que la última vez que respondió a un delito informático fue hace más de un año. Un resumen de las respuestas se puede encontrar en la Tabla 3.
Analizamos estos patrones según el subsistema de gestión, la función y el sexo de los encuestados. Los resultados sugieren que el personal del subsistema preventivo informó encuentros más recientes con incidentes de delitos informáticos que el personal del subsistema investigativo. La exposición a incidentes de delitos informáticos tiene una relación débil con el subsistema de gestión, 𝜒 2 =20,919, 𝜌 < 0,05, ∨=,126. Según la función de los encuestados no existen diferencias significativas, así como tampoco existe una relación entre las variables 𝜒 2 =3,457, 𝜌 > 0,05, ∨=,051. Con relación a la variable sexo no se evidencia una diferencia significante, sin embargo, existe una relación débil entre la variable sexo y la exposición más reciente a un incidente de delito informático, 𝜒 2 =14,957, 𝜌 < 0,05, ∨=,107.
Al respecto de su capacitación en delitos informáticos se les consultó si han tenido entrenamiento en algunos campos relacionados este tipo de delito, un 73.3% de los encuestados indicaron que no se incluyo en su proceso de formación policial algún módulo sobre el uso de Internet o el delito informático (n = 964), mientras que solo un 26.7% señala que se incluyó en su proceso de formación policial algún módulo sobre el uso de Internet o el delito informático (n = 352).
Tabla 3: Prevalencia comparativa de la exposición más reciente a incidentes de delitos informáticos. Nota: P=Preventivo, I=Investigativo, O=Operativo, A=Administrativo, H=Hombre, M=Mujer Fuente: Elaboración propia
| Subsistema de gestión | Función | Sexo | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. | I. | O. | A. | H. | M. | ||||
| Dentro de la última semana | 35 (3,1%) | 4 (2,3%) | 32 (3,0%) | 7 (2,9%) | 26 (2,4%) | 13 (5,8%) | 39 (3,0%) | ||
| Dentro de las últimas seis semanas | 61 (5,4%) | 1 (0,6%) | 53 (4,9%) | 9 (3,7%) | 56 (5,1%) | 6 (2,7%) | 62 (4,7%) | ||
| Dentro de los últimos seis meses | 85 (7,5%) | 2 (1,1%) | 73 (6,8%) | 14 (5,8%) | 76 (7,0%) | 11 (4,9%) | 87 (6,6%) | ||
| Dentro del último año | 73 (6,4%) | 11 (6,2%) | 67 (6,2%) | 17 (7,0%) | 69 (6,3%) | 15 (6,7%) | 84 (6,4%) | ||
| Hace más de un año | 151 (13,3%) | 32 (18,1%) | 156 (14,5%) | 27 (11,2%) | 161 (14,7%) | 22 (9,9%) | 183 (13,9%) | ||
| Nunca | 734 (64,4%) | 127 (71,8%) | 693 (64,5%) | 168 (69,4%) | 705 (64,5%) | 156 (70,0%) | 861 (65,4%) | ||
Entrenamiento para responder el delito informático
Solo el 20,6% (n=271) de los encuestados afirma haber completado una formación sobre sensibilización general sobre el delito informático (ver Tabla 4). A pesar de informar encuentros menos frecuentes con incidentes de delitos cibernéticos, los encuestados del subsistema de investigación informaron datos significativamente más altos de conciencia general en delitos informáticos (n=59, 33,3%) en comparación con los encuestados del subsistema preventivo (n=212, 18,6%). Con respecto a formas de capacitación más especializadas no hubo diferencias significativas entre los dos subsistemas.
El personal investigativo tenía más probabilidad de haber completado una capacitación general sobre concientización sobre delitos informático en comparación con los policías preventivos, así como capacitación específica sobre cómo recopilar y preservar evidencia digital, técnicas de investigación digital y legislación pertinente. Más allá de estas diferencias, el número de personal preventivo que informa haber completado capacitación en áreas más especializadas (por ejemplo, cómo dirigir al público para que denuncie un delito informático; cómo registrar una denuncia inicial de delito informático) fue notablemente bajo. Por ejemplo, menos del 30% de los policías preventivos habían recibido capacitación sobre cómo orientar a las víctimas de delitos informáticos para denunciar en fiscalía y menos del 10% habían recibido entrenamiento sobre la preservación de evidencia digital cuando se encontraron inicialmente con un caso de victimización.
Tabla 4: Prevalencia del entrenamiento en ciberdelincuencia según el subsistema de gestión Fuente: Elaboración propia
| ¿Ha recibido entrenamiento en alguno de los siguientes temas? | Total | Preventivo | Investigativo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Sí | No | Sí | No | Sí | 𝛘 𝟐 𝝆 ∨|||||||
| Conciencia general sobre el delito informático. | 1045 | 271 | 927 | 212 | 118 | 59 | 20,301 | ,000 | ,124 | |||
| 79,4% | 20,6% | 81,4% | 18,6% | 66,7% | 33,3% | |||||||
| Orientación de denunciantes de victimización por delitos informáticos, para realizar una denuncia formal ante fiscalía. | 1029 | 287 | 902 | 237 | 127 | 50 | 4,974 | ,026 | ,061 | |||
| 78,2% | 21,8% | 79,2% | 20,8% | 71,8% | 28,2% | |||||||
| Toma de informe inicial sobre un caso de delitos informáticos de una víctima o denunciante. | 1162 | 154 | 1012 | 127 | 150 | 27 | 2,497 | ,114 | ,044 | |||
| 88,3% | 11,7% | 88,8% | 11,2% | 84,7% | 15,3% | |||||||
| Recopilar y/o preservar evidencia digital cuando una persona busca denunciar la victimización por un delito informático. | 1176 | 140 | 1029 | 110 | 147 | 30 | 8,568 | ,003 | ,081 | |||
| 89,4% | 10,6% | 90,3% | 9,7% | 83,1% | 16,9% | |||||||
| Dirigir a los denunciantes a otras agencias gubernamentales o no gubernamentales que puedan ayudar, en los casos en que no se pueda identificar un delito imputable. | 1155 | 161 | 1012 | 127 | 143 | 34 | 9,266 | ,002 | ,084 | |||
| 87,8% | 12,2% | 88,8% | 11,2% | 80,8% | 19,2% | |||||||
| Uso de código abierto o inteligencia disponible públicamente. | 1214 | 102 | 1061 | 78 | 153 | 24 | 9,650 | ,002 | ,086 | |||
| 92,2% | 7,8% | 93,2% | 6,8% | 86,4% | 13,6% | |||||||
| Técnicas de investigación digital. | 1200 | 116 | 1052 | 87 | 148 | 29 | 14,579 | ,000 | ,105 | |||
| 91,2% | 8,8% | 92,4% | 7,6% | 83,6% | 16,4% | |||||||
| Legislación nacional pertinente o relevante para delitos informáticos. | 1216 | 100 | 1065 | 74 | 151 | 26 | 14,643 | ,000 | ,105 | |||
| 92,4% | 7,6% | 93,5% | 6,5% | 85,3% | 14,7% | |||||||
| Legislación estatal o territorial pertinente o relevante al delito informático. | 1224 | 92 | 1067 | 72 | 157 | 20 | 5,839 | ,016 | ,067 | |||
| 93,0% | 7,0% | 93,7% | 6,3% | 88,7% | 11,3% | |||||||
Niveles de confianza individual
Más de la mitad de los encuestados indicaron que tenían al menos “algo de confianza” en sus capacidades para responder al delito informático (n=836, 63.6%) (ver Tabla 5). Utilizando una variante consolidada de tres puntos de este ítem, no se observa diferencias significativas en los niveles de confianza individual según el subsistema de gestión de los encuestados. Menos del 40% de encuestados del subsistema preventivo informaron tener al menos “confianza” en su propia capacidad para responder al delito cibernético (n=410, 36%) de manera similar con los encuestados del subsistema de investigativo (n=63, 35,6%), 𝜒 2 =,45, 𝜌 > 0,05, ∨=,006. Los policías operativos (n=390, 36,3%) no tuvieron altas diferencias en comparación con los policías administrativos (n=83, 34,3%), 𝜒 2 =,736, 𝜌 > 0,05, ∨=,024. Los encuestados según su sexo presentaron una leve diferencia, las mujeres encuestadas tuvieron mayor probabilidad de informar tener al mayor “confianza” en su propia capacidad para responder al delito cibernético (n=97, 43,5%) en comparación con los encuestados hombres (n=376, 34,4%), 𝜒 2 =8,221, 𝜌 < 0,05, ∨=,079.
Tabla 5: Distribución de respuestas al ítem que mide el nivel de confianza individual Fuente: Elaboración propia
| Nada confiado | Con desconfianza | Algo desconfiado | Confiado | Muy confiado | |||||||
| Preventivo | 233 | 20,5% | 183 | 16,1% | 313 | 27,5% | 317 | 27,8% | 93 | 8,2% | |
| Investigativo | 32 | 18,1% | 32 | 18,1% | 50 | 28,2% | 51 | 28,8% | 12 | 6,8% | |
| Total | 265 | 20,1% | 215 | 16,3% | 363 | 27,6% | 368 | 28% | 105 | 8% | |
Niveles de confianza en la organización
En comparación con los niveles de confianza individual, el personal policial presentó una leve diferencia a favor de la confianza en las capacidades de su institución para responder al delito informático de manera efectiva. Los resultados indican que menos de la mitad de los encuestados estaban “nada confiados” o “con desconfianza” en las capacidades de su institución (n=441, 33.5%). Por el contrario, una porción mayor de los encuestados mencionó que tenían “confianza” o “mucha confianza” en las capacidades de su institución (n = 525, 39.9%) (ver Tabla 6).
Se observó una leve diferencia al correlacionar el nivel de confianza en la organización según si un encuestado había recibido en su proceso de formación policial algún módulo sobre el uso de Internet o el delito informático. Los encuestados que tuvieron en su proceso de formación policial algún módulo sobre el uso de Internet o el delito informático indicaron tuvieron más probabilidad de reportar confianza en su organización (n=175, 49,7%) en comparación con los que no tuvieron en su proceso de formación policial algún módulo sobre el uso de Internet o el delito informático (n=350, 36,3%), 𝜒 2 =20,178, 𝜌 < 0,05, ∨=,124.
Tabla 6: Distribución de respuestas al ítem que mide el nivel de confianza en la organización Fuente: Elaboración propia
| Nada confiado | Con desconfianza | Algo desconfiado | Confiado | Muy confiado | |||||||
| Preventivo | 217 | 19,1% | 160 | 14,0% | 306 | 26,9% | 377 | 33,1% | 79 | 6,9% | |
| Investigativo | 32 | 18,1% | 32 | 18,1% | 44 | 24,9% | 59 | 33,3% | 10 | 5,6% | |
| Total | 249 | 18,9% | 192 | 14,6% | 350 | 26,6% | 436 | 33,1% | 89 | 6,8% | |
Además de una medida general de confianza en la organización, también preguntamos a los encuestados una serie de sub-preguntas que miden la confianza en capacidades específicas (tres niveles). Al igual que con la confianza general, la mayoría de los encuestados (más del 50%) indicaron “Nada confiado” o “Algo desconfiado” en las capacidades de su organización en las siete sub-preguntas (ver Tabla 7).
Tabla 7: Respuestas a ítems que miden aspectos de la respuesta de la organización al delito informático Fuente: Elaboración propia
| Nada confiado | Algo confiado | Confiado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toma el delito informático tan en serio como los delitos cara a cara o físicos | 430 | 352 | 534 | 32,7% | 26,7% | 40,6% |
| Financiamiento y recursos adecuados para abordar los delitos informáticos | 484 | 413 | 419 | 36,8% | 31,4% | 31,8% |
| Eficaz en el apoyo a las víctimas del delito informático. | 423 | 377 | 516 | 32,1% | 28,6% | 39,2% |
| Efectivo en la detección de perpetradores de delitos informáticos | 437 | 383 | 496 | 33,2% | 29,1% | 37,7% |
| Eficaz para acusar a los perpetradores de delitos informáticos | 421 | 399 | 496 | 32,0% | 30,3% | 37,7% |
| Eficaz en la prevención del delito informático | 402 | 380 | 534 | 30,5% | 28,9% | 40,6% |
| Efectivo en la interrupción del delito informático | 423 | 399 | 494 | 32,1% | 30,3% | 37,5% |
No hubo diferencias significativas entre los encuestados de los subsistemas preventivo e investigativo en estos elementos. Sin embargo, hubo diferencias observables según el sexo de los encuestados (ver Tabla 8). Las encuestadas tuvieron más probabilidad de confiar de que su organización estuviera tomando el delito informático tan en serio como los delitos cara a cara (n=100, 44,8%) en comparación con los encuestados (n=434, 39,7%). 𝜒 2 =12,184, 𝜌 < 0,05, ∨=,096. También se observa que los hombres encuestados tienen más probabilidades de carecer de confianza en las capacidades de su organización para acusar a los ciberdelincuentes (n=373, 34,1%) en comparación con sus contrapartes mujeres (n=48, 21,5%), 𝜒 2 =16,743, 𝜌 < 0,05, ∨=,113. Finalmente, se examina la relación entre los niveles de confianza individual y organizacional. Los datos completos de la tabulación cruzada se pueden encontrar en la Tabla 9. Específicamente, los encuestados tenían más probabilidades de tener al menos algo de confianza en las respuestas de su organización al delito informático si también reportaban confianza en sus capacidades individuales, 𝜒 2 =16,743, 𝜌 < 0,05, ∨=,113.
Tabla 8: Respuestas a ítems que miden aspectos de la respuesta de la organización al delito informático según el sexo de los encuestados
| Hombre | Mujer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nada confiado | Algo confiado | Confiado | Nada confiado | Algo confiado | Confiado | 𝝌 𝟐 𝝆 ∨||||
| Toma el delito informático tan en serio como los delitos cara a cara o físicos | 379 | 280 | 434 | 51 | 72 | 100 | 12,184 | ,002 | ,096 |
| 34,7% | 25,6% | 39,7% | 22,9% | 32,3% | 44,8% | ||||
| Financiamiento y recursos adecuados para abordar los delitos informáticos | 428 | 341 | 324 | 56 | 72 | 95 | 19,773 | ,000 | ,123 |
| 39,2% | 31,2% | 29,6% | 25,1% | 32,3% | 42,6% | ||||
| Eficaz en el apoyo a las víctimas del delito informático. | 375 | 310 | 408 | 48 | 67 | 108 | 15,423 | ,000 | ,108 |
| 34,3% | 28,4% | 37,3% | 21,5% | 30,0% | 48,4% | ||||
| Efectivo en la detección de perpetradores de delitos informáticos | 388 | 312 | 393 | 49 | 71 | 103 | 16,039 | ,000 | ,110 |
| 35,5% | 28,5% | 36,0% | 22,0% | 31,8% | 46,2% | ||||
| Eficaz para acusar a los perpetradores de delitos informáticos | 373 | 331 | 389 | 48 | 68 | 107 | 16,743 | ,000 | ,113 |
| 34,1% | 30,3% | 35,6% | 21,5% | 30,5% | 48,0% | ||||
| Eficaz en la prevención del delito informático | 355 | 314 | 424 | 47 | 66 | 110 | 12,998 | ,002 | ,099 |
| 32,5% | 28,7% | 38,8% | 21,1% | 29,6% | 49,3% | ||||
| Efectivo en la interrupción del delito informático | 372 | 328 | 393 | 51 | 71 | 101 | 11,687 | ,003 | ,094 |
| 34,0% | 30,0% | 36,0% | 22,9% | 31,8% | 45,3% | ||||
Tabla 9: Comparación de los niveles de confianza individual y organizacional de los encuestados Fuente: Elaboración propia
| Confianza individual | Ninguna | Algo | Con confianza | Total | |
| Confianza institucional | |||||
| Ninguna | 327 (68,10%) | 68 (18,80%) | 46 (9,80%) | 441 (96,70%) | |
| Algo | 79 (16,50%) | 207 (57,00%) | 64 (13,50%) | 350 (87,00%) | |
| Con confianza | 74 (15,40%) | 88 (24,20%) | 363 (76,70%) | 525 (116,30%) | |
| Total | 480 (100%) | 363 (100%) | 473 (100%) | 1316 (100%) | |
Importancia percibida para mejorar las investigaciones de delitos informáticos
El conjunto final de elementos midió las percepciones de los encuestados sobre qué habilidades o recursos ayudarían a mejorar las respuestas al delito informático. Un resumen completo de los resultados se puede encontrar en la Tabla 10. Los encuestados estaban a favor de las medidas propuestas en diversos grados. La tendencia claramente se enfoca a que todos los aspectos consultados eran “muy importantes” o “importantes” para los encuestados. No hubo diferencias significativas según el subsistema de gestión, la función o el sexo del encuestado.
Tabla 10: Respuestas a ítems que miden la importancia percibida para mejorar las investigaciones de delitos informáticos. Fuente : Elaboración propia
| Nada importante | No tan importante | Algo importante | Importante | Muy importante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor educación para el ciudadano sobre cómo mantenerse seguro en línea. | 36 | 29 | 154 | 444 | 653 | 2,70% | 2,20% | 11,70% | 33,70% | 49,60% |
| Mayores recursos para herramientas y tecnologías forenses digitales. | 44 | 18 | 140 | 440 | 674 | 3,30% | 1,40% | 10,60% | 33,40% | 51,20% |
| Sanciones más severas para los ciberdelincuentes. | 41 | 25 | 116 | 406 | 728 | 3,10% | 1,90% | 8,80% | 30,90% | 55,30% |
| Cooperación con las empresas víctimas para mejorar la denuncia de delitos. | 39 | 22 | 132 | 460 | 663 | 3,00% | 1,70% | 10,00% | 35,00% | 50,40% |
| Trabajar con empresas de Internet (por ejemplo, Google, Facebook, Twitter) para “vigilar” Internet. | 38 | 28 | 147 | 460 | 643 | 2,90% | 2,10% | 11,20% | 35,00% | 48,90% |
| Mayor inversión en unidades especializadas en delitos de alta tecnología. | 41 | 24 | 125 | 434 | 692 | 3,10% | 1,80% | 9,50% | 33,00% | 52,60% |
| Aumento de la financiación para la formación de policías en ciberdelincuencia. | 39 | 26 | 122 | 439 | 690 | 3,00% | 2,00% | 9,30% | 33,40% | 52,40% |
| Mayor desarrollo de las capacidades nacionales para hacer frente a la ciberdelincuencia. | 37 | 20 | 125 | 442 | 692 | 2,80% | 1,50% | 9,50% | 33,60% | 52,60% |
| Mayor desarrollo de capacidades en todo el estado o territorio para abordar el delito informático. | 36 | 16 | 134 | 457 | 673 | 2,70% | 1,20% | 10,20% | 34,70% | 51,10% |
| Mayor desarrollo de las capacidades locales para hacer frente a la ciberdelincuencia. | 38 | 23 | 123 | 469 | 663 | 2,90% | 1,70% | 9,30% | 35,60% | 50,40% |
| Legislación más clara contra los delitos informáticos para aumentar el éxito del enjuiciamiento y las investigaciones. | 38 | 20 | 135 | 428 | 695 | 2,90% | 1,50% | 10,30% | 32,50% | 52,80% |
Conclusiones
El reporte de datos proporciona evidencia sobre la preparación del personal de la policía ecuatoriana para responder de manera efectiva a los incidentes de ciberdelincuencia. Los datos sugieren que, si bien los oficiales del subsistema preventivo tenían más probabilidades de encontrar incidentes de delitos informáticos, era menos probable que reporten haber completado los tipos de capacitación necesarios para los “primeros respondedores” en las escenas del delito informático. Estos servidores policiales también tenían menos probabilidades de sentirse seguros de sus capacidades personales para responder de manera efectiva a los incidentes de ciberdelincuencia. En general, los datos revelan algunas capacidades y déficits de confianza entre el personal encuestado que tienen consecuencias en el mundo real para las víctimas del delito informático (Cross, 2020), pero también resaltan el deseo de mejores recursos y mayores oportunidades de capacitación dentro de la institución policial.
Los hallazgos sugieren que la policía ecuatoriana casi no enfrenta delitos informáticos en la actualidad. Específicamente, el 64,5% de los policías del subsistema preventivo reportaron nunca haber respondido a un incidente de ciberdelincuencia y menos del 15% de los encuestados reportó haber completado algún tipo de capacitación sobre delitos informáticos, lo que responde la primera y segunda pregunta de investigación. La proporción de encuestados que informa haber completado una capacitación general relacionada con el delito informático no supera las tasas de Reino Unido, donde el 38,8 % de los oficiales de servicio general informaron haber completado dicha capacitación (Bossler y otros 2020), sin embargo, los datos obtenidos se asimilan a los obtenidos en el estudio de Ávila y Rincón (2023) quienes concluyen que el 22,3% de los patrulleros encuestados indicaron no tener conocimiento sobre cómo realizar denuncias de delitos informáticos o ante qué entidad acudir. Esto sugiere tentativamente que el personal policial de la Subzona de Planificación No. 1 tienen personal comparativamente menos preparado para responder a incidentes de delitos informáticos. Solo el 11,7% de los encuestados indica haber recibido capacitación sobre como tomar un informe inicial sobre un caso de delitos informáticos de una víctima o denunciante y solo el 10,6% menciona haber recibido instrucción básica sobre la preservación de evidencia digital. Ambas habilidades son esenciales para los “primeros respondedores” de incidentes de ciberdelincuencia y no requieren conocimientos sofisticados de análisis forense digital.
Específicamente, la investigación identifica la necesidad de una capacitación personalizada de los policías del subsistema preventivo sobre cómo recibir y derivar a las víctimas de un delito informático y habilidades básicas para la gestión digital de la escena del crimen (cómo preservar la evidencia electrónica en el momento en que se reporta un incidente). Aunque solo el 8,8% de todos los encuestados había recibido formación especializada en técnicas de investigación digital, dichas habilidades son comparativamente más complejas e implican un conocimiento más detallado de la ciencia forense digital. En general, el personal de la policía ecuatoriana no ha recibido una capacitación adecuada referente al delito informático, por lo que la institución se beneficiaría capacitando y preparando a su personal en estas áreas y temáticas.
Los datos sugieren que existe una pequeña mayoría del personal encuestado informa cierta medida de desconfianza en sus capacidades individuales. Con respecto a la función que desempeñan, los encuestados presentan la misma tendencia leve hacia la desconfianza en sus capacidades individuales y no se evidencia una diferencia significativa. Esto ayuda a responder la tercera pregunta de investigación. Se puede afirmar que en este aspecto los datos son consistentes con investigaciones realizadas en la policía europea, las cuales examinaron la preparación de los agentes del orden público en el Reino Unido, donde los oficiales de servicio general tenían una confianza “moderada” para responder a incidentes de ciberdelincuencia (por ejemplo, Bossler y otros, 2020), de manera similar, el estudio de Guerrero (2022) concluye que el 55,7% de los encuestados indicó que hubo un nivel medio de capacidades institucionales en las investigaciones por delitos informáticos.
Es importante destacar que el análisis respalda la relación entre tener una capacitación específica en delitos informáticos y niveles más altos de confianza individual para responder a incidentes de delitos informáticos (por ejemplo, Burruss y otros, 2019). Por lo tanto, es probable que las tasas más bajas de capacitación entre los policías del subsistema preventivo sean un factor que contribuya al déficit de confianza observado. Respecto a la variable educación, existe una ligera diferencia entre los encuestados que tienen un nivel técnico, tecnológico o de tercer nivel, quienes presentan una leve tendencia a una mayor confianza individual, mientras que el personal sin educación superior (bachilleres) y quienes tienen una educación de cuarto nivel, tuvieron una leve tendencia a la desconfianza de sus capacidades individuales para responder al delito informático.
Estas relaciones deben interpretarse de manera crítica, en lugar de simplemente tomarse al pie de la letra, ya que la investigación sugiere que el desconocimiento o la alta especialización podrían presentar una cierta desconfianza en las capacidades individuales para responder el delito informático, mientras que el personal técnico, tecnológico y de tercer nivel podrían estar tendiendo a sobrestimar sus habilidades en ciberseguridad (por ejemplo, Martens y otros, 2019). Esto podría sugerir que la relación entre la capacitación, la educación y la confianza autoinformada no se traduce en diferencias reales en las habilidades. Sería necesario realizar más investigaciones para evaluar dicha relación.
Por el contrario, los datos de este estudio sugieren que el personal policial generalmente confía en las capacidades de su institución para responder al delito informático. Esto ayuda a responder la cuarta pregunta de investigación. Las pocas investigaciones al respecto señalan que los especialistas en delitos informáticos se sienten sin recursos y mal equipados para lidiar con un número cada vez mayor de referencias de casos de delitos cibernéticos. La frecuencia de delitos informáticos, podría ser un factor para que en la policía ecuatoriana confíe en la capacidad de su institución, ya que no han podido experimentar una alta frecuencia de incidentes informáticos, a lo que no sabrían cómo responder según los datos obtenidos en capacitación, por lo que debería realizarse un análisis e investigación diferentes para determinar si la institución policial ecuatoriana tiene la capacidad para responder al delito informático adecuadamente. Curiosamente, los datos de esta investigación también sugieren que el personal que se siente personalmente inseguro al responder a incidentes de delitos cibernéticos era más propenso a expresar desconfianza en las capacidades de su institución, lo que destaca el nexo entre los niveles de confianza de un individuo y las políticas y procedimientos de la organización (por ejemplo, Bossler y otros, 2020).
Los datos también brindan información sobre las opiniones del personal policial sobre las posibles soluciones a este déficit de confianza, y los oficiales generalmente apoyan una variedad de iniciativas en diversos grados. Esto ayuda a responder la quinta pregunta de investigación. Principalmente, los encuestados tuvieron una preferencia similar por cada uno de los aspectos consultados, lo que puede sugerir una necesidad que no es percibida aún por los encuestados. Sin embargo, los resultados también sugieren que el personal reconoce la importancia de cada uno de estos componentes. En general, los encuestados confiaban modestamente en sus propias capacidades, pero tendrían una mayor confianza en su institución.
Los resultados sugieren que el personal policial anhela más recursos organizacionales y oportunidades de capacitación. Como tal, existe una posible necesidad de más recursos por parte de la Policía de la Zona de Planificación No. 1 para mejorar las capacidades organizativas de respuesta al delito informático, incluyendo la mejora de las habilidades del personal con conocimientos básicos sobre cómo gestionar las escenas del crimen digital, la preservación de la evidencia digital y los procedimientos para recibir y derivar a las víctimas de delitos informáticos. Otra alternativa sería la creación de un centro o equipo de respuesta a incidentes de seguridad (CSIRT por las siglas de Computer Security Incident Response Team) que permita la gestión de incidentes informáticos en materia de seguridad pública y ciudadana con policías altamente especializado en delitos informáticos.
Los resultados reflejan la percepción de la muestra autoseleccionada del personal policial de la Zona de Planificación No. 1, por lo tanto, las experiencias del personal de otras zonas de planificación pueden diferir de la examinada actualmente. Esta es una limitación importante a reconocer, dada la influencia de las experiencias personales y las políticas organizacionales en las perspectivas de los policías sobre el delito informático. La investigación futura podría evaluar la calidad de los módulos de capacitación sobre delitos informáticos existentes y desentrañar las razones por las que existe una discrepancia entre los niveles de confianza individuales e institucionales con mayor detalle. Sería útil tener datos más específicos sobre las habilidades que les faltan a los policías. Esto ayudaría a garantizar que los programas de capacitación aborden brechas sustanciales en el conocimiento. Por lo que se recomienda para estudios futuros explorar las habilidades que requieren los policías preventivos o de primera respuesta para atender el delito informático.
