UNIVERSIDAD Y ACADEMIA: MERCANTILIZACIÓN Y PATRIARCADO

En el Chile de las últimas décadas se instaló y perpetuó un sistema neoliberal ortodoxo, depredador de la naturaleza y expropiador de las capacidades humanas para vivir dignamente (^{Ruiz & Boccardo 2014}). Esto, al alero de un Estado que ha servido como antesala para negociados financieros, y que las élites económicas y políticas han utilizado para acumular riqueza a niveles impresentables (^{Ruiz 2020}).

En concordancia con lo anterior, se ha generado una desafección de la política tradicional por parte de la ciudadanía y un sinnúmero de desigualdades nuevas que aún no han sido canalizadas en un movimiento político unificado, con un metarrelato común. Sin embargo, gracias a las significativas movilizaciones de octubre del 2019, se ha abierto la posibilidad de reformular la Constitución de 1980, a través de un mecanismo abierto a la participación ciudadana.

Particularmente en cuanto al ámbito educativo, las transformaciones del sistema universitario chileno de las últimas décadas apuntan a una colonización de dinámicas de mercado. Estas pueden ser entendidas como parte de un régimen de capitalismo académico, caracterizado por un conjunto de procesos de privatización, mercantilización y empresarialización (^{Slaughter & Leslie 1997}). Dicha reestructuración siguió una lógica de políticas neoliberales impuestas en dictadura y profundizadas los primeros años de la transición pactada, vale decir, entre 1989 y 2005 (^{Garretón y Martínez 1985}; ^{Kremerman 2007}; ^{Brunner 2017}).

En síntesis, en tal periodo se desmanteló la estructura de la ES pública y se dio paso -con el argumento de la modernización- a un expansivo sistema privado, generando las condiciones para la creación de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica privados (^{Ruiz y Boccardo 2014}; ^{Kremerman 2007}). Se suele identificar a los procesos concomitantes de diversificación y especialización de la ES así como a su masificación, como los pilares de la transformación del sistema.

La Ley General de Universidades promulgada en 1980, bajo una concepción subsidiaria del Estado, inaugura una nueva institucionalidad como parte del segundo ciclo de reformas de privatización de la dictadura y de mercantilización de la vida (^{Ruiz y Boccardo 2014}). De acuerdo con ^{Garretón y Martínez (1985}), el objetivo de la reforma era un reordenamiento de la universidad en vista de las nuevas demandas por expandir la ES, al introducir criterios de mercado en la producción del conocimiento.

Desde otra perspectiva, se argumenta que la incorporación de dichos criterios de mercado buscaba, por un lado, alcanzar la eficiencia en la utilización de los recursos que entrega el Estado a través de los subsidios y, por otro, incrementar, a través del uso eficiente, dichos recursos (^{Brunner 2017}). Así, bajo el rol constituyente del mercado, el núcleo central del sistema pasa a ser la competencia instalada en el ámbito del desarrollo científico, la oferta de instituciones y al interior de las mismas universidades. Dicha cuestión ha sido ampliamente criticada desde perspectivas feministas (^{Rodríguez-Martínez, 2018}).

Actualmente, el sistema de ES chileno resulta un ejemplo paradigmático de prácticas del capitalismo académico en fase avanzada de financiarización (^{Jessop 2017}), que se caracteriza por una fuerte presencia de proveedores y financiamiento privado y mercados altamente competitivos (^{OCDE 2017}). Todo ello simboliza que

“la economía está subordinada a las demandas externas para la rentabilidad del ‘capital como propiedad’ (…) que emanan de fuera del sector de la educación superior y la investigación”

La explosiva ampliación de la matrícula durante los años 2000-2014 surgió como respuesta ante la necesidad de integración social de las capas medias, no obstante, ocurrió mediante endeudamiento bancario y con amparo subsidiario del Estado. Son precisamente los sectores medios quienes se alzan en contra del lucro en la educación en los años 2006 y 2011, dejando ver que las promesas modernizantes de la ES en torno al desarrollo, igualdad, libertad y democracia, que acompañaron la expansión de la cobertura, no fueron puestas en práctica (^{Orellana 2016}).

Por otro lado, la diversificación institucional que acompañó a la expansión en la ES produjo la existencia de centros educacionales que no aseguran educación de calidad. Así, quienes ejercen la profesión académica se insertan en un escenario de incertidumbre, con cada vez mayor flexibilidad laboral e incluso precarización (^{Simbürger & Neary 2016}). Las políticas neoliberales implementadas en la ES se combinan con una situación de precariedad laboral, lo que genera una crisis de sentido de la universidad (^{Alves 2019}).

En otro ámbito, ^{Bernasconi (2010}) distingue tres grupos dentro de una estratificación de la profesión académica en Chile: quienes gozan de mayor prestigio y remuneración son los investigadores; luego están los docentes dedicados a tiempo completo a la enseñanza; finalmente, en la base de la pirámide se encuentran los profesionales que trabajan algunas horas en la universidad bajo contrato a honorarios. Estos últimos, apodados profesores taxi, constituyen la fuerza de trabajo más precarizada de la academia (^{Simbürger & Neary 2016}).

La figura del profesor taxi remite a uno de los mayores fenómenos de transformación en la academia de manera global. En Chile, tal grupo conforma alrededor de un 53 % de la fuerza laboral académica (^{SIES 2019}). La existencia de profesores taxis en el mercado académico chileno es alarmante, puesto que no están regidos por leyes laborales. Tampoco perciben una remuneración específica para el desarrollo de las actividades de investigación, cuestión crucial para el avance de la carrera académica.

Si bien no hay cifras segregadas por género sobre profesores taxi, cabe señalar que la docencia es un campo feminizado (^{Lamarra 2012}). El Servicio de Información de Educación Superior -SIES- (2019) indica que, en promedio, las mujeres son contratadas por una menor cantidad de horas semanales que los hombres, por ende, es posible que gran parte de este grupo sean mujeres y tengan menos presencia en la producción de conocimiento. En esta línea, quienes experimentan mayor flexibilidad y precariedad, junto a una serie de discriminaciones en el mundo académico, son mujeres (^{Berríos 2007}; ^{Berríos 2005}).

El perfil del profesor investigador es la figura bajo la cual se configuran las normas del trabajo académico (^{Bernasconi 2010}). Este ideal hegemónico de la profesión establece como criterio de excelencia la productividad científica evaluada bajo indicadores de investigación y publicaciones, lo cual repercute en la carrera e identidad académica local. Quienes no se adecúan a dicho ideal son marginados de los espacios de toma de decisión, cuentan con menores salarios y, a menudo, gozan de menor reconocimiento (^{Berríos 2008}).

Agregado a esto, el escenario académico local parece estar regido por una endogamia intelectual, desplegada a través de un conservadurismo académico y de una lógica instrumental de hacer investigación (^{Muñoz-García 2019}). Dichos mecanismos restringen las posibilidades de ingresar a la academia y son dañinos para la construcción de conocimiento, en tanto no permiten una diversificación de problemas y temas de investigación.

A pesar del ingreso masivo de las mujeres a las instituciones de ES y de las diversas políticas de inclusión implementadas en los últimos años en el país, es un hecho innegable para todas las mujeres que forman parte de la academia que las discriminaciones de género se reflejan en toda la estructura institucional (^{Berríos 2005}; ^{Montecino y Pemjean 2011}; ^{Acuña y Montecino 2013}).

Siguiendo los hallazgos de algunos estudios locales e internacionales, desde una perspectiva de género, podemos dar cuenta de una patente segmentación horizontal y vertical al interior de la universidad que distribuye diferenciadamente a académicos y académicas según disciplinas, a la vez que jerarquiza y valora sus funciones de manera diferenciada (^{Berríos 2007}; ^{Acuña y Montecino 2013}; ^{Weisshaar 2017}).

De este modo, en un plano de segmentación horizontal vemos una mayor presencia de mujeres que estudian profesiones asociadas a las labores de cuidado, como educación parvularia y básica, trabajo social, enfermería, mientras que los hombres eligen profesiones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. El hecho de que mujeres y hombres se concentren respectivamente en profesiones diferentes, afecta directamente a sus ingresos.

La reproducción de la estructura patriarcal en la ES también se evidencia en la menor presencia de mujeres en altos cargos de poder y prestigio, puestos claves en la toma de decisiones en la universidad, lo que indica así una segmentación vertical. ^{Weisshaar (2017}) señala que esta brecha no se debe precisamente al factor de productividad, sino que responde a una amalgama de factores aparentemente invisibles, sesgos involuntarios o inconscientes que limitan el desarrollo y avance de las mujeres y sus perspectivas en las estructuras académicas.

El campo académico, en un sentido bourdieuano, es un lugar de lucha permanente por la hegemonía científica, el estatus y los recursos. Allí se establecen relaciones de poder entre quienes investigan y difunden los resultados de su producción científica, enfrentándose a situaciones de reconocimiento (fuente de capital académico) o de exclusión, de acuerdo a las normas y al orden establecido en el campo científico (^{Bourdieu 1994}). Actualmente, las evaluaciones, mediante indicadores determinan el prestigio que puede tener un agente.

Pero tal supuesto meritocrático es puesto en entredicho al develar que las prácticas científicas y académicas se sustentan “en un principio de ordenación del mundo basado en el predominio de lo masculino, que se instituye como único referente válido para ver, sentir e interpretar la experiencia individual y de comunidad científica dentro de la universidad” (^{Berríos 2005}:358). Lo masculino (asignado y atribuido exclusivamente a los hombres) está intrínsecamente vinculado al lugar de la cultura, el poder, la cognición, el intelecto y el saber (^{Fernández 2010}).

Los estudios feministas han develado que, en tanto construcción sociocultural, el género masculino se articula en oposición binaria al femenino (género devaluado) y que existe una serie de asociaciones imaginarias arraigadas entre el saber y el género. La universidad no es una institución ajena a estos ordenamientos socioculturales, lo que tiene como consecuencia que las condiciones para las mujeres que trabajan en estos espacios no sean las mismas (^{Acuña & Montecino 2013}; ^{Berríos 2005}).

De este modo, la evidencia indica que las mujeres deben trabajar más y cumplir con mayores estándares profesionales “para neutralizar el coeficiente simbólico negativo con el que son asociadas y que las afecta” subjetiva y materialmente (^{Berríos 2005}:355). Así, las mujeres, en el avance de sus carreras académicas, deben enfrentarse a una serie de limitaciones en diferentes ámbitos, las cuales han sido ampliamente documentadas.

Dichas dificultades se resumen en: peores evaluaciones que sus pares hombres con currículos en igualdad de condiciones; mayor carga de tareas domésticas en la academia; mayor precariedad laboral; menor participación en espacios de poder y toma de decisiones; menor número de publicaciones científicas y citas; peores resultados en procesos de revisión de pares en revistas académicas; barreras y discriminación institucional y cultural por la maternidad, riesgo de acoso sexual, entre otras (^{Monroe et al. 2008}; ^{Montecino y Pemjean 2011}; ^{Weisshaar 2017}). De ahí que la producción de conocimiento esté igualmente jerarquizada: aquella conducida por hombres -generalmente blancos y de nivel socioeconómico alto- ha obtenido históricamente mayor estatus en desmedro de las investigaciones de mujeres (^{Hill 1986}).

Cabe señalar que la brecha de género en la academia y la ciencia ha alcanzado escala global y se ejerce con particularidades en contextos socioculturales diversos y con sistemas de ES heterogéneos. Si bien se ha avanzado, gracias a la lucha de mujeres organizadas dentro y fuera de la academia, las diferencias de género persisten de un modo más soterrado o menos perceptible. Tales sesgos afectan la construcción de la subjetividad generizada, y con ello, las académicas experimentan un estado de outsider within (Fox 2010, citado en ^{Martínez 2015}), es decir, estar, pero no ser.

No sorprende entonces, que en pleno desarrollo de la crisis pandémica en el norte global, diversos editores de revistas académicas de prestigio internacional reporten con preocupación una notoria baja en el envío de artículos de investigación por parte de mujeres (^{Vincent-Lamarre, Sugimoto & Larivière 2020}).

En un suplemento del Washington Post se informa que los papers escritos por autores hombres reportaron un incremento del 50 % (^{Kitchener 2020}). Siguiendo la lógica mercantil que domina a la universidad, las académicas están siendo menos productivas que sus pares hombres en el contexto del coronavirus. En paralelo, las mujeres de la academia alzaron la voz acerca de la sobrecarga laboral y doméstica que están experimentando producto de la pandemia (^{Times Higher Education 2020}; ^{Kitchener 2020}).

¿Cómo incide esta situación en la trayectoria académica de las mujeres? Bajo un esquema de asignación de reconocimiento y ascenso en la academia centrado en la productividad científica, la respuesta es: de la peor manera. El ethos neoliberal asumido por las universidades acarrea el desdibujamiento del trabajo y del tiempo libre, la precariedad, la autoexplotación y la competencia desleal (^{Jessop 2017}). Efecto que parece acrecentado con la pandemia, en que la dinámica laboral del teletrabajo se ha convertido en un turno sin fin (^{Boncori 2020}).

Este preocupante panorama lleva a pensar que, a las ya conocidas desigualdades de género en la academia, se le estarían sumando otras en el marco de la pandemia. En suma, los efectos de las inequidades de género producto de la pandemia no solo vienen a recordar viejas desigualdades existentes en la universidad y denunciadas a lo largo de los años, sino que podrían causar un refuerzo de la dominación patriarcal imbricada en la universidad.

No obstante, hay que reconocer que la posición fragmentada y subordinada de las mujeres en la academia también debe entenderse en su heterogeneidad. Es por ello que los efectos negativos de la pandemia en las carreras académicas estarían diferenciados entre las mismas mujeres. Para el caso de Chile, resulta posible pensar que las mujeres con hijos pequeños que ocupan posiciones bajas o marginales dentro de la jerarquía académica y que deben asumir una mayor carga laboral por las funciones de docencia, se verán más afectadas.

El hecho de que el predominio masculino en la producción del conocimiento, asociado al quehacer científico, se verá reforzado producto de los efectos de la pandemia deviene profundamente problemático, puesto que los estudios de género y sus perspectivas -generalmente aportadas por mujeres- se podrían ver reducidos en cantidad y visibilidad. Esto incide directamente en los tipos de conocimientos que se generan y en la forma en la que se (re)producen.

Por ende, se hace urgente considerar no solo formas alternativas de evaluación del desempeño (^{Times Higher Education 2020}) sino también plantear una reestructuración del sistema en su conjunto. Igualmente, es pertinente reflexionar sobre en qué medida la academia y las ciencias sociales actuales -con sus formas de funcionamiento y sus fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos- responden o no a las necesidades del contexto actual chileno. Así también sobre los aportes que podrían brindar las perspectivas feministas en dicho contexto discriminatorio y desigual.

UNA APROXIMACIÓN A CONCEPTUALIZACIONES FEMINISTAS

A diferencia de las organizaciones feministas de los 90’ -que, durante la transición a la democracia, pasaron por un proceso de despolitización en el que una tecnocracia de género se apropió de los discursos feministas-, desde comienzos del año 2000 surgen en el espacio universitario nuevas propuestas feministas. Estas apuntan a la inclusión de nuevos actores sociales, a la articulación entre movimientos sociales y a la irrupción en el ámbito político partidista, desde la izquierda, pero considerando nuevos sujetos y actores.

Se trata así de un movimiento que sitúa al feminismo en un campo de acción política, mediante la organización, la lucha y el activismo. Es entonces de carácter político -no testimonial ni identitario-, vale decir, un feminismo que critica la manera tradicional de construir política y que debe articularse considerando múltiples dimensiones, como la clase, la raza, el género y la sexualidad (^{Follegati 2018}).

Al respecto, ^{Follegati (2018}) plantea que el feminismo se ha vuelto una necesidad obligada en Chile, por lo que resulta necesaria una izquierda que incluya, entienda y actúe desde el feminismo, reconociendo que es una posibilidad para reconstruir el tejido social descompuesto por la dictadura. Sobre lo anterior, ^{Ruiz (2020}) indica que actualmente las luchas de las mujeres en mayor medida abordan el problema de la emancipación humana, sobrepasando el ámbito económico y ensanchando las formas de enfrentamiento ante el poder.

Se presenta aquí una oportunidad para los feminismos, en la medida que las ciencias sociales no han dado total comprensión a la profundidad de las transformaciones en el sistema social, en los actores involucrados y en los conflictos sociales (^{Ruiz y Boccardo 2014}). Diversos autores afirman que las ciencias sociales latinoamericanas han dado respuestas anacrónicas frente a las necesidades sociopolíticas actuales (^{Follari 2015}).

La falta de una comprensión cabal del panorama chileno actual por parte de las ciencias sociales se puede relacionar con el debilitamiento de las universidades públicas y, esto último, con la falta de una masa intelectual crítica (^{Garretón 2007}), lo que no ha aportado de manera significativa al cambio social y a las transformaciones políticas.

En la opinión de ^{Ruiz (2020}), la masa que irrumpe en las calles en octubre de 2019 no puede ser encajada en las antiguas clasificaciones sociológicas para comprender los conflictos sociales, por lo que resulta imperioso generar nuevas teorías y conceptualizaciones. Frente a lo anterior, las ciencias sociales parecen ser llamadas a generar conocimientos que permitan retroalimentar un proyecto de país que responda a las necesidades actuales.

Pues bien, parece pertinente recuperar los espacios académicos para la reflexión y la acción política, uno de los rasgos del movimiento feminista de 2018.

Uno de los planteamientos feministas fundamentales alude a la necesidad de reconocer que todo conocimiento es político y situado. ^{Haraway (1991}) sostiene que no es posible pensar un conocimiento desprovisto de un cuerpo y un contexto, porque siempre se es parte del mundo que se busca conocer y comprender, así como corresponsables y cómplices del conocimiento que se genera. Así, los investigadores de las ciencias sociales deberían partir por reflexionar y asumir las posiciones sociopolíticas en que se sitúan, junto con las consecuencias de sus teorizaciones. Huelga recordar que tales posiciones se encuentran profundamente entrelazadas con la mercantilización de la ES y una organización patriarcal del espacio académico, tal como se mencionara en el apartado anterior.

Particularmente en cuanto a la situación política de las mujeres dentro y fuera de los espacios académicos, es posible afirmar que, en general, las latinoamericanas han participado históricamente en movimientos sociales y políticos, aun cuando sus planteamientos, demandas y perspectivas propias han quedado usualmente al margen de los resultados de dichos movimientos (^{Lagarde 2012}).

Siguiendo lo último, cabe reflexionar en torno a las razones por las cuales las perspectivas feministas han quedado excluidas de los distintos espacios de toma de decisión (^{Lagarde 2012}), incluidos los académicos. Una de las razones plausibles es el que el feminismo, principalmente a través de la economía feminista, ha puesto en entredicho la focalización política y analítica en torno a la producción antes que en la reproducción, cuestión que contradice los principios que sostienen al sistema neoliberal y al patriarcado. Y que atraviesan también el orden universitario.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida se revela que el sistema mercantil capitalista efectúa un aprovechamiento de la naturaleza y del espacio doméstico, generando extremas inequidades y una fuerte degradación ambiental, lo cual se cruza con una devaluación de las mujeres y de las actividades asociadas a lo femenino. No obstante, todas las personas requieren de una serie de cuidados desarrollados en el espacio doméstico, tradicionalmente realizados por mujeres, los cuales nunca podrán ser mercantilizados por completo (^{Carrasco 2016}).

Con razón, ^{Carrasco (2016}) argumenta que el modelo de acumulación capitalista no permite dar respuesta a las necesidades de las personas, al evidenciarse profundas tensiones en el escenario de la vida cotidiana y en las posibilidades de sostenibilidad. Así, el capitalismo establece una relación de explotación del espacio del cuidado y de depredación de la naturaleza (Carrasco y Tello 2012, citado en ^{Carrasco 2016}).

Dicha perspectiva resalta también la importancia de mantener una relación respetuosa con la naturaleza, reconociendo la eco-dependencia y asegurando la mantención de la vida (^{Carrasco 2016}). Como un principio ético, político e ideológico, sin necesariamente presentar un carácter universal, se plantea la necesidad de que los sistemas apuesten por desarrollar condiciones de vida aceptables para todas las personas (Bosch et al. 2005, citado en ^{Carrasco 2016}).

Lo anterior subraya la importancia política, analítica y metodológica de esta perspectiva, al situar la producción en el marco más amplio y prioritario de la reproducción, debido a la inviabilidad de un sistema que no logra reproducir sus condiciones de producción (^{Carrasco 2016}).

En un sentido similar, las teorizaciones desde feministas marxistas acerca del trabajo, asalariado y no asalariado, como una realidad capitalista concreta, que se manifiesta en y a través de relaciones racializadas, sexualizadas y de género pone de manifiesto la necesidad de reconfigurar las relaciones laborales (^{Ferguson, 2020}).

Por otro lado, el feminismo también ha puesto en cuestión el significado mismo y los límites de la política, en tanto ha descrito el campo de las simbolizaciones culturales como un campo de enfrentamientos, subordinaciones y resistencias frente a significados hegemónicos que limitan las subjetividades. En ese marco, el feminismo ha confrontado “

el dispositivo de lo ciudadano universal a los márgenes irrepresentados de todo lo condenado a la sustracción y el confinamiento por el espectáculo del poder

En efecto, diversas autoras feministas -entre ellas Curiel (2007), Bell ^{Hooks (2017}) y Crenshaw (1991), citadas en ^{Platero (2012}); Anzaldúa (1995), citada en ^{Castillo y Moraga (1995})- han planteado la necesidad de que los feminismos reconozcan las distintas formas de desigualdad y exclusión que intersectan la vida de una diversidad de colectivos de mujeres, buscando -al mismo tiempo- establecer relaciones de sororidad entre estos.

Como señala ^{Butler (1990}), el feminismo deberá ineludiblemente contar con una política de representación y dicha política, para no ser reduccionista y no replicar relaciones de poder, tendrá que presentar una actitud crítica frente a quién es el sujeto del feminismo. Así, la autora expresa que se requiere comprender la categoría mujeres como incompleta y sin unidad, con el objetivo de evitar una coerción normativa, permitiendo una alianza más amplia.

El reconocimiento de la necesidad de considerar políticamente la categoría mujeres como abierta e incompleta implica reconocer una libertad de ser de manera diversa. Para que todas y todos alcancen la libertad de ser, según ^{Birulés (2015}), no basta con alcanzar la igualdad de derechos, en tanto esto no se traduciría en que efectivamente exista libertad. Siguiendo a la autora, si bien la igualdad guarda relación con el constituirse como sujetos de derecho y ciudadanas, esto no agota el campo político, siendo únicamente la condición previa.

Así, la política no debiera reducirse a establecer relaciones de igualdad, sino a hacer habitable un mundo común que se crea y amplía al promover redes de relación. Es necesario avanzar más allá de la conquista de la igualdad, reconociendo los espacios de la libertad: aquellos en que emergen las diferencias, sin generar violencias y desigualdades. Entonces, libertad es tener un lugar en el mundo desde el cual poder expresar las propias ideas y juicios, además de tener expectativas y ser objeto de expectativas en la relación con las demás personas (^{Birulés 2015}).

Por su parte, Nancy ^{Fraser (2018}) -a través del concepto de dualismo perspectivista- intenta conjugar la idea de redistribución con la de reconocimiento, buscando un enfoque integrado que pueda hacer frente a un reconocimiento inadecuado y a la distribución desigual, entendiendo la necesidad de abordar ambos aspectos para alcanzar la justicia para todos. En este sentido, la autora plantea que:

(…) casi todos los ejes de subordinación del mundo real pueden tratarse como bidimensionales. Prácticamente todos suponen tanto una mala distribución como un reconocimiento erróneo, de manera que cada una de estas injusticias tenga cierto peso independiente, sean cuales fueren sus raíces últimas. Sin duda, no todos los ejes de subordinación son bidimensionales del mismo modo ni en el mismo grado. Algunos, como la clase social, se inclinan más hacia el extremo de distribución del espectro; otros, como la sexualidad, se inclinan más hacia el extremo del reconocimiento, mientras que otros, como el género y la ‘raza’, se agrupan en torno al centro. (^{Fraser 2018}:95)

Junto a Honneth, proponen la noción de reparación transversal que apunta a implementar medidas en el campo de la justicia orientadas a remediar las faltas de reconocimiento, implementando acciones distributivas y medidas de reconocimiento para reparar la distribución inequitativa, así se propone abarcar el estatus y la clase social de forma conjunta, mitigando ambas subordinaciones al mismo tiempo (^{Fraser y Honneth 2006}). Siguiendo esta perspectiva, a nivel académico no bastaría con mejorar las condiciones económicas de las mujeres al interior del sistema universitario, por lo que resulta necesario brindar el merecido reconocimiento y espacio a sus perspectivas teóricas y políticas en los diversos campos de conocimiento.

Lo último cobra suma relevancia si se consideran los planteamientos de ^{Fraser (2018}) respecto a los distintos ámbitos en los que se evidencian crisis en el sistema capitalista, entre las que menciona: la crisis del límite entre humanidad y naturaleza, a raíz de problemas como el calentamiento global; la crisis del límite entre producción y reproducción, desafiada con la masiva incorporación laboral de las mujeres; y la crisis del límite entre lo político y lo económico, asociada a una incapacidad de los sistemas políticos de manejar la crisis neoliberal.

De este modo la autora plantea, entonces, que el capitalismo funciona a través de dos mecanismos: la expropiación y la explotación, los cuales se traducen en un estrujamiento de las capacidades de la reproducción social, la cual -a su vez- se relaciona con la crisis ecológica mencionada (^{Fraser 2018}). Al respecto, parece ser necesario abrir los diferentes campos de conocimiento, permitiendo emerger teorizaciones -como la de sostenibilidad de la vida- que aporten a enfrentar esta diversidad de crisis, distinguidas por la investigadora.

Por otro lado, numerosas autoras feministas se han referido -desde diversas perspectivas epistemológicas- al cruce entre diferentes formas de dominación, lo que Crenshaw (1991), citada en ^{Platero (2012}) ha denominado interseccionalidad. Entre ellas, Curiel (2014), citada en ^{Mendia et al. (2014}) manifiesta que es necesario dar cuenta teórica y prácticamente de la manera en la que se enlazan las diferentes formas de opresión y dejar de subvalorar e invisibilizar los conocimientos de aquellas poblaciones que han sido subalternizadas, entre ellas las mujeres.

Considerando lo anterior, se plantea como necesidad poner en diálogo las múltiples perspectivas surgidas de los distintos grupos subalternos que, como señala Gloria Anzaldúa (1995), citada en ^{Castillo y Moraga (1995}), tienen el potencial de convivir y cambiar el mundo desde esa convivencia.

Finalmente, es importante señalar que -tal como lo manifiesta Bell ^{Hooks (2017})- la lucha feminista no es anti-hombres, sino anti-sexista y “sin los hombres como aliados en la lucha, el movimiento feminista no avanzará” (Hooks 2004:34). El feminismo no puede centrarse en erradicar únicamente la violencia hacia las mujeres, sino que “mujeres y hombres deben oponerse al uso de la violencia como forma de control social en todas sus manifestaciones” (^{Hooks 2017:92}).

En el contexto académico sería pertinente que tanto las académicas como los académicos, apuesten por generar condiciones que permitan el pleno desarrollo y participación de todos sus integrantes, así como la puesta en valor de las perspectivas feministas y de género, tanto en las ciencias sociales como en otras disciplinas, para una comprensión cabal de las actuales crisis que enfrenta el sistema neoliberal.