Introducción

Un diagnostico comunitario como proceso de evaluación, planificación y ejecución de reformas a la formas de vida de las personas en un contexto determinado tiene varios indicadores a analizar que permite sobre todo realizar un reconocimientos de las necesidades existentes en la misma, pero así también de los recursos con los que se cuenta para una mejora sustentable de las condiciones de vida de sus habitantes, que sobre todo se promueva a la calidad de vida y al alcance del bienestar social.

La realización de este diagnóstico tuvo como objetivo aportar la información necesaria para que haya un refuerzo de la seguridad, a través de medidas adaptadas a las realidades de cada comunidad y a los retos planteados diariamente por la criminalidad. Las fuerzas y servicios de seguridad, así como las autoridades locales y otras entidades públicas y privadas, necesitan urgentemente prestar atención a los informes aportados por los estudios desarrollados en el contexto de las Ciencias Sociales (^{Sani & Nunes 2015}).

Ya en el ámbito de prevención y seguridad pública, es necesario determinar los ámbitos de prevención, seguridad pública, como base primordial como derecho derechos ciudadanos, de manera tal que se encaminen acciones para reducir los factores que generan amenazas a la integridad individual y colectiva (^{Ramos, Holgado & Maya 2014}). Otro de los indicadores analizados fue la situación actual de la comunidad, considerando los procesos sociales, socio demográficos, culturales, patrimoniales y religiosos que marca la cotidianidad de sus habitantes, pero así también la búsqueda de soluciones mediante proyectos sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las investigaciones realizadas se destaca el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) en el 2004, se encontró entre las limitaciones un elemento fundamental la información estadística con la percepción de la comunidad, logrando una visión más profunda y contextualizada de la realidad delictual de cada territorio. (^{Dammert, Ribarne, Díaz, Manzano, & Piña, 2004}). Otro de los resultados del desarrollo de los diagnósticos de seguridad ciudadana en las provincias y comunas semirurales de Chile permitió mejorar el conocimiento existente en torno a estas zonas, especialmente en materia de seguridad, logrando al mismo tiempo dar cuenta de las particularidades que adopta esta problemática (^{Dammert et al., 2004}).

En el Manual de Diagnóstico e Intervención - Prevención Situacional en Barrios desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio del Interior (2009), se identifican factores de riesgo asociados al espacio urbano, focalizando acciones con la aplicación de lineamientos de un diseño preventivo en el territorio, sobre todo para la ventaja de las condiciones de seguridad de los entornos urbanos y barriales, (^{Rojas, Leiva & Contreras, 2009}). Ya en el año 2010, se genera una nueva estrategia de seguridad pública: Plan Chile Seguro 2010-2014, que incluye, entre otros ámbitos, la prevención del delito y las violencias mediante el diseño del ambiente físico. En la ONU (2013), analiza la situación urbano - ambiental, permitió establecer aspectos en el margo general de la vida del 60% de las personas del planeta (ONU, 2013), se encuentra inserto en esta situación de crecimiento urbano sin una planificación sistémica, tanto en cuestiones físico-ambientales como socio-económicas, lo cual afecta sustancialmente el bienestar de las personas.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2014, en su investigación Diagnóstico Estratégico se estructura a partir de 5 ejes principales: Ambiental, Social, Económico se refieren a las dimensiones estratégicas del desarrollo, mismos que se interrelacionan a través de la Movilidad y que se posicionan y asientan en el Territorio. ^{Correa, Gómez, Prado, Montalvo, Bernal, Cevallos, Jarrín, y Narváez (2014}).

Otra de las investigaciones resaltadas está la de ^{Bernal (2015}), permitió las dinámicas territoriales predominantes en un contexto urbano, municipal, regional, departamental e incluso nacional, tomando en cuenta las condiciones físicas, ambientales, sociales, económicas y culturales relevantes que sirvieron como pauta para formular propuestas estratégicas, determinar y seleccionar alternativas de solución, plantear y asumir posiciones críticas y diversas, tomar decisiones acertadas y gestionar proyectos de manera integral, respondiendo a objetivos definidos en el marco del desarrollo urbano y regional.(^{Bernal, 2015}).

^{Salavarria, (2018}) recalca que una ciudad demanda de afrontar desafíos permanentes, en razón al aumento de la población, pues está demostrado que esto ocasiona sobre todo contaminación, problemas ambientales, gases de efecto invernadero, entre otros así como un aumento en el presupuesto público del Municipio, esto sobre todo promueve las crisis en cuanto a la atención de necesidades de la urbe, sobre todo en servicios básicos , energía, saneamiento y agua, vivienda, recolección de residuos sólidos, transporte público etc., para satisfacer las necesidades de la colectividad.

En torno a la prevención, la seguridad pública es importante pues permite tener claro las condiciones a las que se someten los ciudadanos en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, a reducir los factores que generan amenazas a la integridad individual y colectiva (^{Ramos, Holgado & Maya 2014}). Esto implica sobre todo un alto y activo procesos de planificación dirigidas a la toma de medidas de prevención social, donde las intervenciones asociadas al tema mismo de “seguridad” desde lo comunitario enlaza otros momentos y procesos como el fortalecimiento social, mejoramiento de los medios de vida, a partir de la corresponsabilidad de comunidades urbanas y la integración de los barrios en la ciudad, recuperando el concepto de participación debido a que se acoplan en el sistema de relaciones existentes entre el control y la prevención del delito que existe dentro del sector, e incluye una discusión: el poder en las decisiones e intervenciones frente a la criminalidad y percepciones de inseguridad.

Actualmente se toma importancia desde las políticas públicas, como eje que direccione los procesos de articulación y control que deben predominar en el ámbito de seguridad ciudadana, donde se ignoran factores sociales como la marginalidad, culturalidad, socialidad, de manera que se pueda explicar y entender como estos al ser enlazados provocan fenómenos conocidos como inseguridad y violencia propia de las ciudades, sobre todo.

Portoviejo desde el 2011 en la administración del Ing. Agustín Casanova, hace énfasis al estudio y diagnóstico de las situaciones que viven los barrios de Portoviejo, sobre todo en temas de demografía, seguridad, inseguridad, necesidades y recursos, (PDOT, 2014), en ellos sostienen que las diversas condiciones de vida de los habitantes sobre todo en las zona urbanos marginales, tenían altos índices de necesidades, destacándose sobre todo la inseguridad, esto en el ámbito, físico, geográfico, sanitario, relieve, entre otros. La investigación realizada tuvo como objetivo demostrar cuales son las medidas de prevención social que aseguren una mejor calidad de vida para los habitantes fomentando el desarrollo urbano integral, en donde se promueve la responsabilidad de los habitantes del sector y las instituciones gubernamentales ante las medidas de prevención que se dan en este espacio, aplicando métodos, técnicas e instrumentos, y la recopilación bibliográfica de diferentes autores e investigaciones que ayudó a la conceptualización de las medidas preventivas y los factores de riesgo latentes dentro del sector, cuyo resultado es la identificación de un alto índice de delincuencia, violencia de género, drogadicción, lo cual intensifica a que se mantenga y promueva el temor a la inseguridad tema que no se ha logrado manejar, debido a la escasa importancia que le dan y reciben por parte de los habitantes de la misma para enfrentar estos problemas.

Metodología

Para el desarrollo de la investigación, se aplicó una metodología descriptiva - analítica sobre el espacio de análisis seleccionado, elaborando un diagnóstico de las situaciones y estrategias de prevención en el espacio urbano predominantes en el sector, dando ordenación, análisis y la presentación estructurada de información. Todo esto apoyado de los métodos: deductivo, bibliográfico, exploratorio y estadístico, las cuales responden a técnicas e instrumentos como la observación, guía de encuesta y la entrevista aplicadas directamente a los habitantes del sector, que ubica a desarrollar la parte cuantitativa de la investigación, en este caso a los estándares de análisis sociodemográfico para dar una respuesta más adecuada a la realidad abordada. Adicional de esto la obtención de información primaria del estudio, el otro componente sobre los datos de las referencias teóricas, que están enmarcadas en: seguridad ciudadana, medidas de prevención social, factores de riesgo, comunidad, estructuras solidas como aristas de los referentes teóricos.

El método estadístico el cual permitió cuantificar los resultados de las encuestas, y procesar de manera secuencial los resultados con un margen de error del 5% aplicada directamente con los habitantes del sector Los Cerezos de la parroquia Andrés de Vera del cantón Portoviejo. La población definida para esta investigación fue de 809 habitantes. Los indicadores tomados de referencia para la misma fueron: ambientales, demográficos, geográficos, sociales, lo cual permitió conocer las necesidades y potencialidades que se puedan utilizar en el ámbito de prevención, dado que una de las dificultades que tiene la mismas es la escaza información sobre qué hacer ante situaciones que las aquejen, todo esto sostenido bajo concepto de medidas preventivas sociales y diferenciación entre categorías de la formación de las mismas.

Resultados

Se reconoció la obtención de datos mediante el trabajo de campo con las personas que formaron parte de la investigación en este sentido es importante resaltar que se conocieron desde diferentes ámbitos como: equipamiento de la comunidad, factores de riesgos, espacios públicos y medidas de prevención.

Se encuestó a 214 familias, las cuales dieron como resultado que en la comunidad habitan aproximadamente 809 personas representando el 100% de la población de estudio en base a esto se registró la siguiente información tomando como indicadores: datos personales, edad, sexo, estado civil, ocupación, grupo de convivencia, equipamiento de la comunidad, factores de riesgo, espacios públicos, medidas de prevención, todas distribuidas por familias existentes en el sector.

Fig. 1: Situación demográfica 

De los 809 habitantes existentes en el sector el 49% personas corresponden al género masculino y 51% femenino; entre los grupos prioritarios distribuidos por edades se encuentran 11% niños y el 9% niñas lo que representa un total de 20% entre la edad de 0-11 años, el 5% corresponde a adolescentes masculinos y el 7% femenino con un total de 12% entre edades comprendidas de 12-17 años, en cuanto a jóvenes de genero masculinos se encuentran el 13% y un 12% femenino formando un total de 25% entre 18-29 años, el 17% son adultos masculinos y 20% femenino con un total de 36% en las edades de 30-64 años, en cuanto adultos mayores el 3% son de género masculino y 4% femenino lo que da un total de 7% comprendidos entre la edad de 64 en adelante del total de la población.

Al detallar la situación demográfica del sector se determina que la existencia del género femenino predomina ante el género opuesto, lo cual genera mayor probabilidad al aplicar medidas preventivas ya que los hombres porcentualmente presentan una mayor participación en delitos violentos, tanto como víctimas como victimarios. Las mujeres por su parte son victimizadas principalmente en delitos de violencia intrafamiliar. En el ámbito de prevención social comunitaria, es necesario tener en cuenta, dentro de la perspectiva de género, que la mayor participación es por parte de las mujeres puesto que presentan mayor sensación de inseguridad y es ahí en donde el rol de la mujer actúa en el cuidado de cada uno de los integrantes de su familia, y por ende es más factible empezar a trabajar en las medidas de prevención con esta parte de la población.

Fig. 2: Situación socioeconómica 

El estado civil el 48% de la población se encuentran solteras considerando a los niños y niñas de 0-11años, que en su total son 20%, el 16% Casados(as), 25% en unión libre, 2% personas viudas y 9% separados(as). Del mismo modo se describe la ocupación de los habitantes, teniendo así que el 32% se encuentra trabajando en diferentes fuentes de trabajo como son los negocios propios, comerciantes, albañil, empleadas domésticas, mecánicos y en menor cantidad profesionales. El 36% de ellos se encuentran cursando diferentes niveles de formación estudiantil, siendo estos el CNH, escuela, colegio y universidad, sin embrago 32% faltante se encuentran sin ocupación alguna.

En cuanto a personas con discapacidad se identificó que el 63% presenta discapacidad física, mientras que el 3% auditiva, 8% visual y un 3% de la población presenta discapacidad intelectual. Así mismo se determinó el total de habitantes con enfermedades distribuidas entre las más comunes, teniendo así que el 35% de las personas presentan diabetes, otro 35% hipertensión de los cuales no todos llevan un control correcto de su enfermedad, el 12% se encuentran diagnosticadas con insuficiencia renal y un 9% de habitantes contemplan otros tipos de enfermedades. En lo que respecta a mujeres embarazadas existen un total de 3%, encontrándose en este grupo una mujer que sufre de esquizofrenia.

Para aplicar medidas preventivas encaminadas a la reducción de inseguridad se conoció la parte socioeconómica de los habitantes ya que es necesario profundizar los problemas sociales que le afectan a cada uno de los ellos o de sus familias, considerando la triada economía-sociedad-salud, que muchas veces provoca el aumento ininterrumpido de los índices de pobreza y de exclusión que los limitan a participar activamente en los procesos de cambio en su comunidad, arraizando un preocupante abanico de futuros problemas sociales.

En lo que respecta a la guía de encuesta realizada a los habitantes del sector se reconoció la existencia de problemas y rutinas sociales llevadas a cabo por ellos mismos, generando la percepción de inseguridad y temor ante la presencia delincuencial en ciertos espacios libres como terrenos baldíos que no tienen las debidas medidas de seguridad y mantenimiento por parte de los dueños, sin dejar a lado la falta de atención que reciben por parte del gobierno para tratar de solucionarlos.

En cuanto a la entrevista estructurada realizada a los informantes claves se estableció como problema principal la delincuencia, violencia de género y drogadicción, al igual que la presencia de grupos delictivos y falta de respeto a miembros policiales, así mismo la existencia de factores de riesgos ambientales como la falta agua potable, alcantarillado pluvial, basuras en las calles. Adjunto a todo esto se suma el problema que se da desde las mismas familias quienes con problemas de convivencia se niegan a buscar una solución pacífica encaminadas en un bien común.

Las observaciones realizadas en lugar objeto de estudios se obtuvo como resultado que dentro del sector es evidente que existe déficit de espacios públicos y recreativos con mayor seguridad para que las familias pueda tener la libertad y tranquilidad de realizar sus actividades cotidianas, así mismo es notable el poco interés que existe por parte de sus habitantes por crear una cultura de seguridad, responsabilidad social y mejora de la calidad de vida de todos.

Discusión

Los procesos de intervención en comunidades apoyado en múltiples diagnósticos, definen políticas que promueven y dirigen su accionar en la aplicación de medidas con carácter de mano firme y control ciudadano frente a las situaciones de riesgos directamente sobre la ciudadanía; unas de tipo asistencialista, concibiéndola más bien como necesitada de ayuda, otras con el sentido de protección considerándolos como víctima de las circunstancias (^{Acero et al., 2012}), y unas aun no puesta en prácticas que van en relación a la resiliencia, pues actúan sobre la adversidad tomando las situaciones como impulso y logrando superar e incluso mejorar su condición de vida.

La urgencia de atender sobre todo las demandas ciudadanas frente al aumento de las percepciones de inseguridad, ha direccionado la orientación del dominio de las situaciones y mantener el orden de las cosas, asociando estrategias de intervención en muchos casos con una cultura autoritaria, manifestada sobre todo en los discursos de “mano dura” y “lucha contra el crimen”, y en políticas judiciales represivas - aumento de penas, redadas en los barrios, militares en las calles. Estas medidas solo han logrado aumentar el sentimiento de inseguridad y los atropellos a los derechos humanos, con numerosos ejemplos emblemáticos en América Latina (^{García, 2013}).

Para las comunidades de las ciudades de los países en vías de desarrollo la situación es más difícil sobre todo en las zonas marginales denominadas, favelas, comunas o barrios subnormales. Que constituyen grandes extensiones sin acceso a los servicios sanitarios básicos ni a servicios de asistencia social, en donde la violencia es el resultado de los graves problemas sociales que padecen (^{Luna, 2016}). La inseguridad ciudadana se manifiesta dentro del orden espacial de la ciudad, porque es donde encuentra materialidad y ordena las preferencias y actitudes de los ciudadanos para prevenirse y controlar los brotes de criminalidad y el peligro (^{Salas, 2015}).

Las medidas de prevención social están ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en donde en su numeral 16, se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles, teniendo como una de sus metas el fortalecimiento de las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Según Perfiles de Opinión (2012), la delincuencia y la inseguridad fueron consideradas el principal problema que aqueja al Ecuador por encima de temas como el desempleo y la crisis económica.

Extrapolando este comportamiento a escala internacional, miramos que esta matriz sigue manteniéndose intacta en la región (^{Basabe et al., 2013}).

La inseguridad cotidiana ha llegado a ser el principal problema de los ecuatorianos, por encima de los factores económicos y de desempleo, siendo ahora mismo la fuente de las mayores demandas políticas de la ciudadanía (^{García, 2013}).

Este escenario, se visualiza en el espacio urbano del Cantón Portoviejo donde se estudia desde diferentes ángulos, ya sea respecto a la desconfianza por las instituciones de control, la vigilancia, las libertades individuales, las culturas cotidianas de la violencia, y también los enfoques de género en las conflictividades de la ciudad (^{Salas, 2015}).

Dentro de esto las medidas de prevención situacional se encuentra el énfasis en el urbanismo y la seguridad con la idea de incentivar la vigilancia natural. El trabajo a nivel del barrio exige reformular las políticas y los programas de acuerdo a sus propias especificidades, replantearlos desde la ‘realidad local’; y en particular desde sus recursos y problemas, y devolverlos hacia las diversas autoridades, en un diálogo que permita ajustar y enriquecer políticas y programas (^{Flores, 2015}).

La seguridad urbana no solamente implica la protección de los ciudadanos y sus bienes frente a peligros, sino que en el sentido más amplio también se toman otros elementos que amplían esta noción como por ejemplo la relación del ciudadano con otros individuos, es decir la convivencia, su comportamiento, su relación con el entorno físico, sus sentimientos y sus emociones (^{Luna, 2016}); existen desafíos para llevar a la práctica la participación ciudadana, todos los cuales hacen referencia a la identidad tanto individual como colectiva, al fortalecimiento para su expresión en los procesos sociales donde se construyen y reconstruyen en un mismo movimiento las experiencias sociales (^{Villarreal, 2014}).

Las políticas para contrarrestar la inseguridad en las ciudades generalmente parten desde dos soluciones derivadas del carácter paternalista del estado como garante de la seguridad. “Valiéndose de una marcada intervención del Estado, y apoyadas en múltiples diagnósticos, estas políticas acaban generalmente apuntando ya sea a la aplicación de medidas de mano fuerte y control frente a una ciudadanía que ven como potencialmente peligrosa; o bien, de medidas de tipo asistencialista, concibiéndola más bien como necesitada de ayuda, como una víctima de las circunstancias” (^{Acero et al., 2012}). La preocupación por la seguridad, en tanto realidad discursiva, tiene implicaciones en las estructuras político-administrativas, en la vida social y en las transformaciones del derecho penal, pues el debate doctrinal contemporáneo muestra una inclinación por el análisis del impacto de la seguridad en varios de sus elementos y en la función de la sanción penal (^{Cita, 2012}).

La Sección eudécima del Capítulo 1, Art. 393, de la Carta Política consigna: manifiesta que el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Tal como lo afirma Montoya el conjunto de intervenciones físicas que han sido ejecutadas en los últimos años, aparecen justificadas por un conjunto de normas jurídicas que ponen en cabeza de las autoridades municipales obligaciones determinadas, pero además, alentadas y garantizadas por el contexto y el marco de legitimidad abonado por el discurso del Urbanismo Social, término que además, entonces designa, un modelo en el cual se garantiza al mismo tiempo la gobernabilidad y las estrategias de la gobernanza, (^{Montoya , 2014}).

La comprensión de la inseguridad ciudadana asociada a la violencia y la criminalidad, no tendría sentido si no entendiéramos las variaciones en nuestra forma de mirar el problema. Estos cambios tienen que ver, de igual forma, con grandes trasformaciones económicas, sociales y políticas que han atravesado el mundo desde hace tres décadas y que han influido en las formas de gestión y procesamiento social de los mencionados procesos sociales (^{Basabe, 2013}).

La prevención del delito de base local o comunitaria, en lugar de dirigirse a individuos, se destina a zonas donde el riesgo de caer en la delincuencia o de ser víctima de ella es alto. Esto incluye áreas con elevados niveles de carencia, tanto en lo referente a infraestructuras, servicios y bienes materiales como a falta de cohesión comunitaria (^{Flores, 2015}).

La concepción de las medidas de prevención se usa en la intervención social, como un modo de afrontar las carencias sociales, económicas y psicológicas de determinados grupos sociales con el fin de evitar la aparición de delincuencia en el futuro (^{García y Ávila, 2016}).

No muy lejana a esta perspectiva, se encuentran aquellos estudios según los cuales lo que las personas expresan sobre el delito y el orden social está relacionado con valoraciones y significaciones culturales relativas al crimen y, por tanto, no constituye una respuesta racional frente a los riesgos percibidos (^{Lunecke, 2016}).

En la actualidad las grandes ciudades producen problemas en su organización espacial, la segregación, la desigualdad y la clasificación por medio de fenómenos como la privatización de servicios, que en el pasado no aparecían rentables para los mercados, como la seguridad. Se trata del miedo que ronda en las ciudades y se convierte en característica de las ciudadanías: el miedo a frecuentar ciertos espacios, a las crisis financieras, al ambiente, al otro (^{Salas, 2015}).

En consecuencia, se forma una psicología del colectivo en la rutina y uso del orden espacial, y es remarcable que sea la utilización de las zonas de los centros urbanos la que genera los significados. La percepción de inseguridad, el miedo al crimen y el papel de la violencia surgen en este ideario como problemas y unidades de análisis que están en el centro de la discusión (^{Salas, 2015}).

Por lo anterior, la inseguridad ciudadana se manifiesta dentro del orden espacial de la ciudad, porque es donde encuentra materialidad y ordena las preferencias y actitudes de los ciudadanos para prevenirse y controlar los brotes de criminalidad y el peligro (^{Salas, 2015}). La seguridad urbana no solamente implica la protección de los ciudadanos y sus bienes frente a peligros, sino que en el sentido más amplio también se toman otros elementos que amplían esta noción como por ejemplo la relación del ciudadano con otros individuos, es decir la convivencia, su comportamiento, su relación con el entorno físico, sus sentimientos y sus emociones (^{Luna, 2016}).

Ante el temor y la amenaza, los ciudadanos cambian su conducta, su estilo de vida y la forma de utilizar la ciudad. Las personas se refugian en sus hogares por miedo a salir a la calle, se cohíben de utilizar el transporte público, evitan ir a lugares públicos aun con gran afluencia de gente como parques, plazas, centros urbanos, pero sobre todo evitan los lugares solitarios como callejones, sitios de parqueo, puentes peatonales, paraderos de transporte público (^{Luna, 2016}).

La realidad de la delincuencia y percepción de inseguridad que se tiene en las comunidades va más allá de si exista o no la presencia policial y de organismos competente para controlar este tema, es decir existe la necesidad de plantear nuevos desafíos para mejorar los niveles de integración social que presenten los habitantes de cada lugar a intervenir enmarcados en políticas de seguridad publica contribuyendo a la creación de barrios más seguros e integrados.

Conclusiones

Las medidas de prevención social existentes en el sector están ligadas a un enfoque sociodemográfico que demuestran las condiciones precarias y de percepción de inseguridad en las que habitan cada uno de sus habitantes, debido a la falta de información y poca participación que tienen los mismos ante problemas de violencia y delincuencia que se dan dentro de las mismas familias.

Así mismo se pudo visualizar los factores de riesgos ambientales que se dan por el mal manejo de las competencias municipales, el agua potable, falta de alcantarillado pluvial, basuras en las calles, el mal estado de las vías, lo cual genera un riesgo alto de contaminación lo desemboca enfermedades a la salud de sus habitantes.

En este texto se ha definido que la percepción de la inseguridad en los espacios públicos y determinados lugares del sector se construye subjetivamente, se conoce que existen factores individuales como el género, edad y la vulnerabilidad que evidencian el incremento de percepción de inseguridad entre los mismos habitantes, se hace necesario entonces la implementación inmediata de medidas de prevención encaminadas a incorporar estrategias de prevención situacional involucrando a los actores locales en el territorio, para actuar de manera conjunta, participativa y multisectorial logrando erradicar progresivamente los problemas encontrados.