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Introducción
La violencia de género, hacia mujeres y personas con identidades de sexo y género diversas, es un fenómeno latente arraigado en la sociedad e inmerso en todos los niveles y condiciones socioeconómicas y políticas, tanto en entornos urbanos como rurales (Arce-Rodríguez, 2006; Jaramillo-Bolívar, Canaval-Erazo, 2020). De acuerdo a la literatura, la violencia de género se analiza través de diversos enfoques, pero sobre todo desde el enfoque interseccional (Awid, 2004; Expósito, 2012; y, Jiménez y Guzmán, 2015) es decir, que la vulneración de derechos por razones de género puede verse agravada por la condición socioeconómica, la etnia, el nivel de instrucción formal, el lugar de residencia, el lugar de origen, si se encuentra en condición de movilidad humana, en condición de discapacidad, situación cultural y/o religiosa, por la actividad económica-laboral que desempeña, entre otras.
Desde esta perspectiva, la política pública en temas de género, a nivel de países del sur global, enfrenta importantes retos, tales como la violencia entre parejas, bajas tasas de denuncia, restricciones culturales al empleo (digno) de mujeres, deficiente o nula educación, inadecuado servicio médico, limitado acceso a iniciativas legales y de apoyo social, así como también la existencia de corrupción en el sistema de justicia penal (Sudderth, 2020).
Desde el ámbito ecuatoriano, la violencia hacia las mujeres, no representa únicamente un problema de aplicativos y normativas legales, sino de implementación de políticas públicas que contribuyan a la atención, acompañamiento y resarcimiento a las víctimas, con enfoque territorial e interseccional. En línea con lo anterior, cuando las víctimas deciden denunciar, no siempre tienen confianza en el sistema de justicia, lo que puede conducir a que desistan del proceso y se generen luego nuevas agresiones.
Regularmente, las víctimas abandonan el proceso legal porque no cuentan con el apoyo necesario de los y las funcionarias del Estado y/o de las organizaciones que prestan servicio en caso de violencia de género. Desde este ámbito, la literatura y otras organizaciones militantes advierten, además, sobre la necesidad de analizar también, las actitudes y comportamientos machistas de los hombres hacia las mujeres a fin de prevenir los riesgos (Fattah y Camellia, 2020).
Históricamente, las condiciones de superposición de estructuras de poder ejercidas por los hombres, principalmente, sugiere cierto sesgo en el manejo de las condiciones de violencia que afectan a las mujeres (Stephen, 2018). Dadas estas condiciones, las estructuras de poder han sido y siguen siendo esencialmente machistas, heteronormativas y adulto-céntricas. Esto significa, que a pesar de los cambios y procesos evolutivos en este ámbito, aún existe la prevalencia de la cultura patriarcal, lo que provoca que la violencia de género se normalice, sobre todo en el ámbito rural (Song et al., 2021; Wood et al., 2021).
La violencia de género puede manifestarse en el ámbito público y el ámbito privado, y los tipos reconocidos por la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres (LOIPEVGM, 2018) en el Ecuador son: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, violencia política y violencia gineco-obstétrica. Regularmente, los espacios en los cuales puede presentarse son: espacio doméstico o intrafamiliar, educativo, laboral, deportivo, estatal e institucional, situación de privación de libertad, ámbito mediático y cibernético, ámbito comunitario, centros y/o instituciones de salud, y en emergencias y situaciones humanitarias.
En suma, el presente estudio pone en contexto los tipos de violencia contra las mujeres con mayor incidencia en la provincia de Manabí en el año 2021, visibilizando la formalidad de atención de los diferentes organismos responsables de velar por la seguridad de las mujeres, además de reflexionar sobre las bases teóricas en las que se sustentan las manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres y el marco legal que ampara la violencia en Ecuador.
Sistema Patriarcal
En términos de Gil (2019), el sistema patriarcal es el desencadenante de la violencia de género. La mayoría de las veces las mujeres que son violentadas reciben con normalidad las agresiones de sus victimarios, debido a la interiorización de un sistema patriarcal en el que tanto hombres y mujeres están inmersos, destacando el hecho de que en estas condiciones el hombre puede ejercer violencia contra la mujer y parecer normal (Chávez-Intriago y Juárez-Méndez, 2016).
La experiencia de opresión y subordinación de la mujer no son consecuencia del azar o de otros factores como la biología o la socialización de los sexos, sino que es una estructura de poder que se mantiene de manera intencionada y deliberada (Cagigas-Arriazu, 2000). En estas condiciones, la situación es alarmante y el accionar de la criminalidad no resuelta se convierte en un poder para quienes tienen la potestad de hacer prevalecer la ley, debido a que no están interesados en aprehender a quienes la violan y desde siempre han matado a niñas y mujeres (Monárrez Fragoso, 2002).
En este sentido, la violencia, vista como resultado de los pactos patriarcales que propugnan la discriminación hacia las mujeres, ha sido analizada también como fenómeno cultural y cuyas dimensiones simbólicas condicionan los comportamientos humanos, por tanto, se requiere de políticas públicas preventivas que impidan su perpetración a través de acciones formativas y de cambios culturales y simbólicos (Alméras et al., 2002; Facio y Fries, 2005). Dentro del sistema patriarcal se confirma la misoginia en todas las esferas de la vida y toda actividad está distribuida en función del sexo; esto significa que la subordinación de los hombres a la dominación paterna es temporal, hasta que ellos se conviertan en jefes de familia, en tanto que para las mujeres es para toda la vida (Gil, 2019).
Facio y Fries (2005) señalan que la subordinación de la mujer es un hecho universal, que existe e involucra ámbitos diversos como la sexualidad, la afectividad, la economía y la política a nivel de todas las sociedades, y su complejidad se visiona como un hecho históricamente enraizado que no se podrá erradicar con un simple reacomodo de algunos roles a nivel sexual y social ni con la reorganización de las estructuras económicas y políticas.
Desde esta perspectiva, se ha educado para que sea natural y adecuado que los hombres ocupen el lugar preponderante en la familia, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en el Estado y en todos los ámbitos de acción de la persona (Conopoima-Moreno, 2019). Tanto así que instituciones como el Estado, la educación, las religiones, las ciencias y el derecho han servido para mantener y reproducir el estatus de inferioridad de las mujeres (Facio y Fries, 2005).
Los bajos niveles de educación, el temor a enfrentar la vida sola, no poseer ingresos económicos y no saber qué hacer, y mantener a los hijos, son algunos de los factores que hacen que la víctima, permanezca junto al agresor (Chávez-Intriago y Juárez-Méndez, 2016). Lamentablemente, se ha estigmatizado el pensamiento patriarcal y su poder aún se perpetua en el pensamiento de los hombres e incluso de las mujeres, a pesar de las circunstancias y las mujeres siendo madres, se permiten tomar dominio, conservar y propagar la idea de que el hombre es el todopoderoso y al que hay que obedecer en todo (Conopoima-Moreno, 2019).
Contextualizando la realidad, es penoso hacer señalamientos respecto a los actos violentos contra la mujer que, con frecuencia, ocurren al amparo de una sociedad machista que tolera, justifica e incita, en algunos casos, la supremacía del hombre sobre la mujer (Cagigas-Arriazu, 2000). En estas condiciones y, a pesar de las luchas y conquistas realizadas por el colectivo de mujeres, este es un problema social que persiste con la concepción errónea por parte de los hombres de creerse superiores y las mujeres de someterse y obedecer la imposición de autoridad en algunos casos de manera violenta, atentando contra su integridad y la de su familia (Naranjo-Gómez, 2021).
Normativa sobre la violencia de género en Ecuador
En el marco constitucional, se hacen señalamientos puntuales relacionados con el bienestar de la mujer, pese a ello las condiciones de abuso y de violencia contra la mujer se dan con frecuencia y no siempre las acciones de protección de derechos y la ley responden a las necesidades de este colectivo social. En los artículos 35 y 36 de la Constitución del Ecuador se establecen las garantías constitucionales para los grupos de atención prioritaria, entre las que se encuentran las mujeres en situación de violencia (Constitución del Ecuador, 2008).
En este sentido, el Estado tiene la obligación de velar por la integridad de las personas que habitan su territorio, entre las que se incluyen la integridad física, psíquica, moral y sexual, en los ámbitos público y privado. Para cumplir con esta garantía se deben adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.
Por otro lado, en el marco intrafamiliar, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 155, define a la violencia como maltrato físico, psicológico o sexual, en entorno de la vida familiar o de pareja (COIP, 2014). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) indica que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que tiene su origen en la desigualdad de género, es un problema de salud pública y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Aproximadamente, 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo (el 35 %) ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o bien violencia sexual infligida por otra persona, sin incluir el acoso sexual.
En el ámbito ecuatoriano, la violencia perpetrada por la pareja no es una experiencia aislada o fortuita, sino que es el resultado de prácticas y sistemáticas acciones de maltrato hacia las mujeres, provocando consecuencias devastadoras para las víctimas, entre las que se incluyen: feminicidio, lesiones y daños físicos, deterioro de la autoestima, depresión, intentos de suicidio, alteraciones emocionales o psicológicas y en su vida sexual (Quintana-Zurita et al., 2014).
Finalmente, indicar que los tipos de violencia reconocidos según la LOIPEVCM (2018) suelen presentarse en los diferentes espacios de la actividad cotidiana de las mujeres como son espacios privados y públicos, así como también, en ambientes comunitarios, de emergencias y situaciones humanitarias.
Metodología
La metodología utilizada tuvo un enfoque cualitativo, se basó en el análisis, interpretación y comparación de las cifras estadísticas proveídas por OVIGEMA (Boletín 2 y 3). En línea con lo anterior, el análisis de las cifras permitió describir el contexto y los tipos de violencia de género contra la mujer que ocurren con más frecuencia en Manabí en el 2021, comparándolos con los datos de 2019 y 2020. Las fuentes de información oficiales que registran estos datos fueron: Fiscalía de Manabí, Consejo de la Judicatura en Manabí, Policía Nacional (UNIVIF), Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Tenencias Políticas, Ministerio de Salud Pública en Manabí y Ministerio de Educación en Manabí, las cuales fueron contactadas por OVIGEMA.
El tipo de investigación que se desarrolló fue descriptivo, la técnica de recolección de datos fue la triangulación de la información, para ello se aplicó como fuentes de información los datos y las cifras proveídas en el boletín 3 por OVIGEMA, la literatura que respalda el contexto investigativo y los registros de la sociedad civil. Respecto a las primeras fuentes de información, fueron instituciones que brindan atención directa a víctimas de violencia de género y aquellas que poseen información porque son receptores de las denuncias. En cuanto a las segundas, se hace referencia a la literatura, y las terceras fueron organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a los movimientos feministas de la provincia de Manabí. Desde esta perspectiva, el análisis y la interpretación de información son los métodos válidos para lograr armonizar los resultados investigativos.
Resultados
Durante el 2021, según la Fiscalía de Manabí, Policía Nacional y ECU 911 el mayor número de casos fueron delitos sobre violencia psicológica, seguida de violencia física y violencia sexual. La Fiscalía de Manabí reportó al Observatorio OVIGEMA, la siguiente información:
En la tabla 1, se observa que el delito con mayor número de denuncias fue la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En el año 2021, en total se reportaron 3243 casos, es decir, un promedio de 270 casos por mes. Al realizar comparaciones con los datos reportados por OVIGEMA en el periodo 2019-octubre 2020, la Fiscalía registró 6348 casos de violencia psicológica, lo que representa para los 22 meses reportados, un promedio de 289 casos por mes. Respecto a la violencia física, en total, se registraron 157 casos. En el caso de la violencia sexual, esta institución registró 4 casos cometidos en la provincia. Por último, 5 casos de femicidios y 13 tentativas de femicidios, lo que significa un total de 3422 denuncias.
Denuncias de casos por cantones
En la figura 1, se refleja que los cantones con mayor número de casos denunciados por violencia de género son: Portoviejo (925), Manta (572), El Carmen (442), Jipijapa (204) y Pedernales (200). Estos cinco cantones suman un total de 2343 casos, el 68,47% de denuncias realizadas. Los casos restantes (31,53%) fueron presentados en: Pedernales, Santa Ana, Montecristi, Pichincha, Paján, Chone, Rocafuerte, Bolívar, San Vicente, Puerto López, Sucre, 24 de Mayo, Junín, Tosagua y Flavio Alfaro.
La información proporcionada por la Fiscalía no fue desagregada por edades, lo que impide un análisis más detallado sobre los casos. Es importante señalar que, en la información reportada por la Fiscalía a OVIGEMA, los casos de violencia de género contra personas de la comunidad LGBTIQ+ no son registrados de manera diferenciada, por lo que, resulta imposible determinar cuántos de estos casos fueron cometidos contra mujeres y cuántos cometidos contra personas de identidades y expresiones de género diversas.
En la misma línea, la Policía Nacional, a través de la DEVIF, reportó que los cantones con mayores datos de violencia son Manta con 1234 casos (38,44 %), Portoviejo 1194 casos (37,20 %) y Chone con 334 (10,40 %). En el periodo de enero de 2019 a diciembre de 2020 (24 meses) se registraron 5333 casos, es decir, un promedio de 222 casos por mes en toda la provincia de Manabí. En el 2021 hubo un promedio de 268 casos por mes, lo que implica un aumento de casos, comparado con años anteriores.
En la tabla 2, los resultados reportados por la Fiscalía de Manabí reflejan tres sentencias condenatorias: una en el cantón El Carmen por femicidio consumado, otra por violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar en Manta y finalmente otra en San Vicente, también por violencia psicológica contra la mujer. Mientras que se observan 2 sentencias en las que se ratifica el estado de inocencia del agresor, una por violencia física en Manta; y, otra por violencia psicológica en el cantón Pichincha.
Judicialización de los casos de violencia
En línea con lo anterior, en relación a los casos judicializados, la Fiscalía reportó que únicamente se han judicializado 26 denuncias, de los cuales, 9 fueron sobreseídos (desestimados por falta de indicios contra la persona acusada, es decir no existen argumentos para acusar e ir a juicio); 4 se encuentran en preparatoria de juicio y 1 caso se encuentra en juicio; 1 caso obtuvo sentencia ratificando el estado de inocencia; 1 llamamiento a juicio; 1 instrucción fiscal, 5 dictámenes acusatorios en casos de violencia física, psicológica y tentativa de femicidio y finalmente, 4 casos con dictamen abstenido. Es evidente que, de los 3422 casos atendidos durante el año de estudio, únicamente se judicializaron 26, lo que significa que existen en la Fiscalía 3396 casos pendientes por resolver, o en su defecto, se convirtieron en simples denuncias que no progresaron.
Por otra parte, el Consejo de la Judicatura en la provincia de Manabí (como se muestra en la tabla 3) reportó que en las Unidades Judiciales (multicompetentes) de la provincia ingresaron 11 889 causas en materia de «violencia intrafamiliar», de las cuales 9382 (79 %) fueron sobre actividades judiciales tales como: medidas de protección, actos urgentes, desestimaciones (archivo de investigación previa), entre otras, mientras que, 2507 (21 %) fueron causas (casos de violencia).
Tabla 3 Número de causas ingresadas en las unidades judiciales (multicompetentes) (2021)
Fuente: Consejo de la Judicatura de Manabí, Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE). Elaboración propia.
En tanto que, tal y como se muestra en la tabla 4, en las Unidades Especializadas de Violencia, ingresaron 8845 causas, de las cuales se han resuelto 6437. En este caso, 6752 (76 %) fueron categorizadas como actividades judiciales: medidas de protección, actos urgentes, desestimaciones, entre otros, mientras que los 2093 restantes, o sea el 24 % fueron causas, tipificadas como delitos o contravenciones.
Tabla 4 Número de causas ingresadas en las unidades judiciales especializadas (2021)
Fuente: Consejo de la Judicatura de Manabí, Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE). Elaboración propia.
En la provincia de Manabí, las Unidades Judiciales de Violencia se encuentran ubicadas en 4 cantones de la provincia. En este caso, los cantones a los que se hace referencia, respecto a las causas ingresadas por las unidades especializadas, son: Portoviejo (3783), Manta (2313), El Carmen (1749) y Chone (1000). En concreto, sumando el número de casos, tanto de las Unidades Judiciales (multicompetentes) como de las Unidades Especializadas de Violencia, esto refleja que se generaron en total 20 734 casos de violencia contra mujeres por razones de género.
En esta misma línea, en la tabla 5 se puede observar que, en forma global, el número de actividades judiciales atendidas fue de 16 134. Haciendo relación entre estas se establece que el porcentaje más alto, esto es 47 %, fue de desestimaciones. No obstante, si se revisa la categoría de medidas de protección (27 %) y medidas administrativas, establecidas en la LOIPEVM (21 %), estas suman el 48 %, lo que representa la funcionalidad de estas entidades en relación a violencia intrafamiliar y género. En tanto que, los actos urgentes se estiman en un 5 %.
Causas resueltas
De acuerdo a la información receptada, en 2021 ingresaron en las Unidades Judiciales (multicompetentes) 11 889 causas por violencia intrafamiliar y de este número fueron resueltas 9508. Mientras que, en las Unidades judiciales de violencia ingresaron 8845, de las cuales fueron resueltas 6437. En suma, las causas resueltas suman 15 945, de las cuales, únicamente 895 fueron resueltas con sentencia condenatoria mientras que, 14 179 se lo hizo a través de auto resolutivo, 675 tuvieron una sentencia ratificatoria de inocencia, 169 una resolución y 27 sentencia condenatoria y ratificatoria de inocencia. Respecto a los feminicidios, el Consejo de la Judicatura, a través de la plataforma FeminidiosEc, reportó 5 casos (pero de un total de 12 víctimas entre asesinato, feminicidio y robo). En este ámbito, se recalca que las cifras reportadas no coinciden con la sociedad civil que registró 16 casos claros de feminicidio en el año.
Alertas de violencia de género
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 registró un total de 216 195 alertas procedentes (señal o aviso recibido por el ECU 911), es decir, de hechos confirmados en el año 2021. Del número total de alertas recibidas (216 195), se puede observar que los meses de enero (18 379) abril (20 589) y mayo (20 602) son los que presentan mayor número de alertas, tal y como se muestra en la figura 3.
Dentro de este gran total, 4703 corresponden a violencia intrafamiliar y los meses que más casos registran fueron los meses de septiembre y octubre. Cabe resaltar que, es posible que un caso de violencia sea reportado más de una vez, lo que contribuirá a incrementar el número de alertas que se reciben. En este sentido, de las 4703 alertas recibidas por «violencia intrafamiliar» se reportaron 4065 casos como incidentes de violencia. En la tabla 6, se puede observar que, de la totalidad de casos de violencia (4065), lo más denunciado es la violencia psicológica, en un 60,12 %.
Tabla 6 Número de alertas por violencia intrafamiliar recibidas por el ECU 911 (2021)
Fuente: Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Elaboración propia.
De acuerdo a los incidentes reportados, los cantones, Manta (24,58 %), Portoviejo (23,08 %), Chone (8,27 %), Montecristi (6,91 %), El Carmen (6,30 %), Sucre (4,75 %) y Pedernales (4,70 %) son los que más incidentes reportan. Así mismo, son los cantones en donde se puede observar en detalle el número de incidentes ocasionados por violencia psicológica, física, sexual y casos identificados como violencia intrafamiliar.
Discusión
Las cifras proveídas por las diferentes instancias que llevan el control acerca de la violencia de género en la provincia de Manabí, reflejan una realidad latente, que implica reflexión y observancia por parte de la sociedad civil. Contextualizar la realidad de violencia de género en el Ecuador implica hacer señalamientos respecto a los actos violentos contra la mujer que con frecuencia se generan y están al amparo de una sociedad machista que tolera, justifica e incita en algunos casos, la dominación del hombre sobre la mujer (Cagigas-Arriazu, 2000).
A pesar de los alcances logrados en pro de la integralidad e igualdad, en el marco del respeto por los derechos humanos de la mujer, los resultados se muestran contrarios. Cada día en Ecuador, hay manifestaciones de violencia contra la mujer, hasta el punto de femicidios. En estos casos, la mayoría de las veces, la causalidad del femicidio es producto del abuso de poder de su cónyuge o intimo excompañero, convertido en un hecho fatal, luego de una serie de sucesos de violencia y discriminación contra las mujeres, las cuales, a pesar de haber denunciado y reclamado su protección cautelar del Estado, terminaron asesinadas (Vélez-Guzmán, 2012).
Según la ONU (2015), existe escaso conocimiento sobre el fenómeno del femicidio (relaciones de poder, tipos de femicidio, entre otros), así como también, débil y deficiente coordinación entre las diversas entidades que atienden, en primera instancia, las muertes violentas de mujeres y niñas, lo que afecta el levantamiento de los datos (ONU, 2015). En Manabí, según las cifras reportadas por OVIGEMA, la sociedad civil demanda al sistema de justicia que las instituciones oficiales que atiendan los casos de violencia de género, lo hagan con conocimiento de causa y sigan el protocolo nacional para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas (FGE, 2021).
En virtud de esta situación las medidas para erradicar la violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres inician con el reconocimiento de que la violencia de género es un problema que responde a las desiguales relaciones de poder que, históricamente subsisten en el marco de sociedades patriarcales y autoritarias (Quintana-Zurita et al., 2014), lo que implica que es ese poder desigual el que respalda la violencia hacia las mujeres (Lagarde, 2005).
De acuerdo a los datos presentados sobre la Fiscalía y Consejo de la Judicatura, se puede observar que son muy pocos los casos que alcanzan sentencia, lo que implica que las víctimas no cuentan con la celeridad y atención que la situación amerita, tanto así, que de los casos 26 casos judicializados, apenas 9 fueron sobreseídos, 4 se encuentran en preparatoria de juicio, 1 en juicio, 4 en dictamen abstenido, 5 en dictamen acusatorio, 1 en instrucción fiscal, 1 en llamamiento a juicio y 1 en ratificación de inocencia. Esto significa que existen 3396 casos sin estatus por parte de la Fiscalía de Manabí.
Uno de los limitantes en el análisis realizado es la tipificación de los casos, los cuales son asumidos con diversidad de nombres o en su defecto son caracterizados bajo un mismo criterio, por ejemplo: violencia intrafamiliar. Por tanto, es necesario que las instituciones públicas que atienden estos casos identifiquen todos los tipos de violencia y los ámbitos en los cuales puede producirse. Asimismo, es importante que los funcionarios/as que se encuentran en las instituciones que administran justicia, dominen estas diferenciaciones y las apliquen en el registro de los casos.
Finalmente, se insiste en que es necesario reforzar los roles que desempeñan las personas que atienden los casos de violencia de género con capacitaciones y actualizaciones constantes. En suma, la desigual distribución del poder que persiste en la sociedad, así como también, las condiciones del rol subordinado, la discriminación y la exclusión de las que son víctima las mujeres, constituyen la causa y la base fundamental de la violencia de género hacia ellas, como también explican su reproducción y permanencia (Quintana-Zurita et al., 2014), lo que implica la observancia continua y la necesidad de concienciación tanto a nivel de la sociedad civil, como de la disposición estatal, para que desaparezca la concepción errónea de la estructura patriarcal. Situación que se refuerza con lo que hace 25 años atrás indicaba Lagarde (1996) respecto a que, las condiciones sociales para satisfacer las necesidades vitales son favorecidas o bloqueadas por el tipo de desarrollo prevaleciente en los círculos particulares de vida de cada mujer.
Conclusiones
En definitiva, durante el 2021 se puede concluir que los tipos de violencia más reportados fueron la violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Las principales instituciones que recopilan datos en la atención de casos de violencia coinciden en que son estos tres tipos de violencia los recurrentes en la provincia de Manabí. En este mismo sentido, los datos que el Observatorio OVIGEMA recogió para el 2019 y 2020, también, permiten visibilizar esta realidad.
Las cifras de violencia de género contra las mujeres tienden a incrementarse, debido a varias razones. A pesar de que aumentan los casos denunciados, el sistema de justicia es lento, lo que estimula el abandono del proceso de judicialización por parte de la víctima. También prevalece el miedo de la víctima a denunciar por posibles amenazas de su victimario; miedo al proceso judicial y al estigma social. Así mismo, la violencia de género tiene su origen y se sostiene en la cultura machista, en el marco de un sistema patriarcal, dentro del cual, resulta difícil deconstruir patrones y estereotipos que vulneran los derechos de las mujeres y demás identidades sexo genéricas.
Los datos sistematizados, en esta línea, son una muestra de los problemas sociales con respecto a los roles, estereotipos y mitos de género. En concordancia con lo anterior, los datos estadísticos permiten visibilizar las desigualdades por razones de género y son la base a través de la cual se sustenta la incidencia en política pública. En suma, la argumentación basada en cifras sobre la vulneración de los derechos humanos de las mujeres resulta necesaria.
En suma, la problemática de género en la provincia de Manabí carece de acciones efectivas que ejecuten las políticas y normativas públicas para atender y prevenir la violencia de género y demás identidades sexo genéricas. En este sentido, a partir del análisis realizado, se puede concluir que el principal nudo critico detectado es la escasa responsabilidad por parte de los funcionarios y funcionarios para implementar las políticas con perspectiva de género.
