INTRODUCCIÓN

La Constitución ecuatoriana junto con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el país, crean un marco de derechos para las personas con discapacidad, que constituyen la base fundamental para que se garantice la participación política de las personas en igualdad de condiciones.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) conviene que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, garantizarán la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, no solo a través del derecho a elegir y a ser elegidos, sino, también, de participar en la dirección de asuntos públicos y fomentar su participación, sin discriminación y en igualdad de condiciones. “El reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda que las personas con discapacidad tienen un papel y un derecho en la sociedad que hay que atender con absoluta dependencia de toda consideración de utilidad social y económica” (Quinn, et al., 2002. p.12).

En Ecuador, el voto para las personas con discapacidad es facultativo, sin embargo, el CNE, garantizando los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador (2008), de adoptar medidas que aseguren la participación política y la garantía del pleno ejercicio de sus derechos, ha implementado diversos mecanismos para fomentar la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, como: Mesa de atención preferente, Voto asistido, apoyo a la campaña Tienen derecho a votar y Voto en casa, sobre el que profundizaremos en el presente artículo.

El mecanismo de “Voto en casa” consiste en trasladar una Junta Receptora del Voto (JRV) al domicilio del elector mayor a 65 años y con discapacidad física severa igual o mayor al 75%. Este proceso, que inició en el año 2013 como un proyecto piloto en la ciudad de Am- bato, ha ido evolucionando, de tal manera que, en el proceso de Elecciones Generales de 2017, se implementó en 37 cantones, abarcando las 24 provincias del país. (Consejo Nacional Electoral, 2017).

El ex Consejero Nacional Electoral Paúl Salazar, declaró que este ejercicio ha posiciona- do al Ecuador como referente internacional en inclusión y lo ha hecho merecedor de un reconocimiento, y, que países como Paraguay, República Dominicana y Honduras han solicitado la asistencia técnica del CNE para replicar este proceso y fomentar la participación inclusiva en sus propias elecciones (P. Salazar, comunicación personal, 4 de junio de 2018).

Dicho esto, el artículo reflexiona y muestra el reconocimiento que han alcanzado las personas con discapacidad en el sistema democrático, y cómo este -a su vez- permite dignificarlas, dándoles oportunidad de elegir al ciudadano que estará representándolos. El organismo electoral ha superado la visión reducida de ver a este grupo humano como una cifra y ha hecho los esfuerzos necesarios para incorporar el proyecto dentro de su pre- supuesto electoral. De esta manera, el CNE propicia y fomenta una democracia inclusiva que realiza una institución, que se traduce en hacer partícipe de las grandes decisiones del Ecuador a un grupo históricamente relegado de la esfera social.

El objetivo del presente artículo, es visibilizar los avances que ha tenido nuestro país a lo largo del desarrollo de los diferentes procesos electorales, teniendo como único propósito el garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, y, la forma en la que la implementación del proyecto Voto en Casa ha posicionado al Ecuador en el contexto internacional.

METODOLOGÍA

Para la búsqueda, procesamiento y análisis de la presente investigación se utilizó el método empírico y analítico, y, de nivel teórico, permitiendo hacer un recuento de los hechos que posibilitaron que, en el Ecuador, el derecho al voto de las personas con discapacidad sea reconocido, y, el análisis estadístico de la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales de 2013, 2014 y 2017, gracias al mecanismo del “Voto en casa”.

Karol Janeth Encalada Ortega: “La experiencia del “Voto en casa” en el Ecuador y las réplicas internacionales”.

Así como, la recopilación de los casos en los que el Consejo Nacional Electoral ha inter- cambiado experiencias con otros países de la región.

RESULTADOS

Hablar del ejercicio de participación política y del derecho al voto de las personas con discapacidad en el Ecuador no es posible sin antes realizar una breve mención del contexto social y político del país que abonó el camino para que los mencionados derechos sean una realidad.

El Ecuador llegó a una Asamblea Constituyente luego de una profunda crisis del Estado-nación que afectó a todos los estamentos sociales. Casi dos décadas (1990- 2006) de conflicto político, social y económico que decantaron en el derrocamiento de tres presidentes de la República (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) y la pérdida de la moneda nacional por el dólar, suscitaron fuertes movilizaciones y la de- manda de una Constitución que sentará las bases de un nuevo contrato social.

Fue así como la consagración de la Constitución de 2008 se convirtió en un hito dentro de la historia de los movimientos sociales del Ecuador, que venían desde décadas atrás demandando su participación en la construcción de políticas públicas, tanto como el re- conocimiento de otras realidades existentes dentro del territorio nacional. Con la aprobación de la Carta Magna, se marcó un antes y un después en cuanto al reconocimiento de grupos sociales históricamente relegados en el país. Asimismo, se trazó una ruta que creaba unas, y fortalecía otras instituciones del Estado con el fin de garantizar los derechos consagrados.

Aunque la Constitución del año 1998 no excluía explícitamente del voto a las personas con discapacidad, tampoco las incluía dentro del voto facultativo. “El voto popular será universal, igual, directo y secreto; obligatorio para los que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores de sesenta y cinco años” (Constitución, 1998). Desde la jurisprudencia, se podría argumentar que este artículo, tal como fue redactado y al no referirse de manera expresa a las personas con discapacidad, ellas habrían estado en su completo derecho de sufragar.

Una vez reconocidas como sujetos de atención prioritaria para el Estado y sus instituciones, las personas con discapacidad fueron incluidas dentro de los derechos de participación consagrados en la Constitución (2008), que se señala:

El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y las personas con discapacidad. (art. 62, num. 2).

Garantizado esto por la Constitución, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas -Código de la Democracia- (2009), permite que el derecho al voto facultativo para las personas con discapacidad se aplique de manera efectiva: “El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad”. (art. 11).

La Ley Orgánica de Discapacidades (2012), expresa: “El Estado, a través de sus organismos y entidades, reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución (…)”. (art. 16). Así mismo, señala:

Medidas de acción afirmativa. - El Estado a través de los organismos competentes, adoptará medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de las políticas públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad que se encuentren en situación de desigualdad. (art. 16).

De esta forma, el Estado ecuatoriano, a través de las distintas instituciones, buscó garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

EXPERIENCIA Y RESULTADOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE GARANTIZA UN DERECHO

A partir de la perspectiva de “Estado de derechos” que el Ecuador consagra en la Constitución, desde las distintas instituciones del Estado y los distintos niveles de Gobierno, se asumió un conjunto de políticas, programas, proyectos y agendas, encaminado a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. bajo ese paraguas, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia (2009), faculta al CNE a reglamentar la forma de votación que deba ser implementada para los casos de personas cuya discapacidad impida el ejercicio del sufragio.

Por ello, en el año 2012 se desarrolló el proyecto piloto “Voto en casa”, imple- mentado un año más tarde, cuyo objetivo era integrar a los electores con discapacidad física severa y adultos mayores a la vida política del Ecuador, a través, del acto soberano de expresión de voluntad popular, como lo es el ejercicio del derecho al voto. Así, se generó un mecanismo de sufragio que permitió a cientos de personas votar por primera vez en su vida.

Dicho mecanismo estaba orientado a lograr un real ejercicio de democracia inclusiva, a través, de llevar Juntas Receptoras del Voto a los domicilios, lugares de estancia y permanencia de los sufragantes, previamente censados y que hubieran expresado su deseo de participar de la jornada electoral. El ex- consejero electoral, Mauricio Tayupanta, lo explicó: “Consiste en la conformación de Jun- tas Receptoras del Voto Móviles que se trasladan hasta las residencias de los beneficiarios, previamente inscritos, para receptar su voto y contabilizarlo el día del escrutinio general junto con los votos del resto de personas” (Tayupanta, 2017). Fue así como Ambato, una de las ciudades que mayor número de personas con discapacidad reporta en el país, se convirtió en la primera que permitió sufragar a las personas con discapacidad en su domicilio.

Para hacer posible la ejecución de este proyecto emblemático, el órgano electoral trabaja de forma coordinada con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. En conjunto, realizan un profundo análisis y estudio en territorio que determina los beneficiarios, las rutas a seguir, horarios de visita; pasos que decantan en el padrón electoral para cada proceso democrático.

Los resultados de la implementación del pi- loto dan cuenta de que de los 18 electores que se empadronaron en Ambato, para sufragar en las elecciones presidenciales del año 2013, 16 votaron; mientras que los dos restantes no lo hicieron porque en el transcurso, entre que se registraron y el día de la votación, fallecieron. (Consejo Nacional Electoral, 2013).

Diario El Telégrafo (2013) narra así la experiencia de Luis Freire Torres, la primera persona con discapacidad en ejercer el derecho al voto desde su domicilio. “Luis mostró su satisfacción por haber sido tomado en cuenta en estos comicios, y con los ojos húmedos agradeció y despidió a los integrantes de la junta tras recibir la papeleta de votación”.

Según cifras del censo poblacional realizado en por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), en Ecuador existen 816.156 personas con discapacidad, que representan el 12% de la población total. De este número, 304.108 se empadronaron para participar en el proceso electoral del año 2014.

De acuerdo con las estadísticas del CNE, en lo que respecta al voto facultativo, el grupo con menores registros de ausentismo es el de las personas con discapacidad, que desde el 2009 mostró interés de participación. En respuesta al progresivo incremento observado en los comicios de 2013, 2014 y 2017, el CNE incorporó una serie de mecanismos (de información, veeduría, accesibilidad, aproximación y preferencias para el sufragio), que han mejorado las condiciones para hacer más inclusivo el sufragio de las personas con discapacidad.

El éxito del piloto y las lecciones aprendidas, sirvieron para que el pleno del Consejo Nacional Electoral implementara el mecanismo de “Voto en casa” en las elecciones de los años posteriores: 2014, y, en la primera y segunda vuelta de 2017, como un proyecto emblemático de alcance nacional, dejando con ello de ser un proyecto piloto.

Para las elecciones seccionales de 2014, el proyecto llegó a 18 ciudades de 12 provincias del Ecuador. Se empadronó a 316 personas con discapacidad para votar ese año; de ellas, 275 efectivamente lo hicieron, 24 no se pre- sentaron y 17 habían fallecido, representando el 87%. (Consejo Nacional Electoral, 2014).

Por último, para las elecciones generales ce- lebradas en 2017, el proyecto “Voto en casa” abarcó las 24 provincias del país, se dispusieron 110 Juntas Receptoras del Voto Móviles y el número de beneficiarios empadronados subió a 883, de los cuales fueron 778 quienes votaron en la primera vuelta (Consejo Nacional Electoral, 2017) y 798 en la segunda (Consejo Nacional Electoral, 2017). Con estas cifras, el CNE alcanzaba su meta proyectada: 89% y 90%, respectivamente.

DISCUSIÓN

Ecuador, un país que se convirtió en referente: réplicas internacionales

El CNE, a través de su proyecto “Voto en casa”, y el constante trabajo que este ha significado para dejar de ser un plan piloto y convertirse en un proyecto emblemático de alcance nacional, ha logrado una participación política activa de las personas con discapacidad. En este camino se ha mostrado la evolución del mencionado proyecto con el acompañamiento y recomendaciones de la observación electoral internacional, convirtiéndose este proceso en referente a nivel de otros países. De ahí que, el Ecuador ha sido invitado a colaborar con instituciones pares de la región, para mostrar la experiencia de participación y democracia inclusiva con to- dos los medios posibles y al alcance de la institución electoral (P. Salazar, comunicación personal, 4 de junio de 2018).

Producto de esta evolución, el CNE ha brindado asistencia técnica para que este programa se replique en elecciones de países de la región como Paraguay, República Dominicana y Honduras. En cada uno de estos países la experiencia ha sido novedosa y enriquecedora. Como país, Ecuador ha tenido la oportunidad de evidenciar, por un lado, los avances en política electoral y, al mismo tiempo, la problemática de la invisibilización de las personas con discapacidad y la complejidad que demanda la inclusión de este grupo social en los procesos electorales, que pasa por buscar los mecanismos constitucionales, reglamentarios y económicos; lograr el apoyo efectivo de la misma sociedad y del Estado como ejecutor de políticas públicas.

Por otra parte, este proyecto también ha significado para el país el reconocimiento internacional. En el 2017, el Consejo Nacional Electoral ganó el Premio a la Accesibilidad que otorga el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Comisión Electoral Independiente de Jordania (IEC, por sus siglas en inglés) y el Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE). (Internacional Centre for Parlamentary Studies, 2017).

Matt Gokhool, Director General del ICPS, afirmó que “esta fue una competencia muy dura y aquellos que ganaron un premio fue- ron de clase mundial y dignos de establecer estándares globales. Felicitamos al Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE-Ecuador) por su sobresaliente trabajo”. (Consejo Nacional Electoral, 2017, p.1).

Paraguay

Paraguay fue la primera experiencia inter- nacional del “Voto en casa”, donde las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia Electoral de ese país se interesaron en conocer el proceso ecuatoriano, con el fin de replicarlo y considerarlo como un mecanismo del “Voto Accesible”. En este caso, se buscaba facilitar el ejercicio del sufragio activo de las personas con discapacidad y asegurar con ello, el cumplimiento de los beneficios otorgados por el Código Electoral también a las embaraza- das y a los adultos mayores de setenta y cinco años de edad. Para el efecto, se contemplaron diversos mecanismos como: Mesa accesible, voto en orden preferente, voto asistido y mesa de consulta.

Con esto en marcha, para las elecciones municipales de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia Electoral paraguayo desarrolló un programa piloto que implementó en Asunción y otros cinco municipios del Departamento Central (Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, San Lorenzo y Capiatá), beneficiando a 197 personas (Tribunal Supremo de Justicia Electoral, 2015), que por su discapacidad física severa o por disfuncionalidad motora severa, no podían acudir al local de votación. En estas elecciones en Paraguay fueron convocados aproximadamente cuatro millones de electores para elegir a los intendentes y concejales de 250 municipios.

En la actualidad, el Voto en Casa sigue en vigencia en Paraguay. Recientemente fue ejecutado en las elecciones generales de 2018, en el que se incorporaron cinco distritos electorales (Mariano Roque Alonso, Ñemby, Coronel Oviedo, Encarnación y Ciudad del Este). Con ello, se llegó a un total de 11 distritos, beneficiando a 380 electores, de los cuales el 92,36 % ejercieron su derecho al voto (Tribunal Supremo de Justicia Electoral, 2018).

República Dominicana

República Dominicana fue la segunda experiencia internacional liderada por el CNE ecuatoriano, gracias a la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Junta Central Electoral de República Dominicana (Junta Central Electoral, 2016). La Junta Central Electoral siguió de cerca el “Voto en casa” en los procesos electorales de 2013 y 2014 en el Ecuador, en calidad de observador internacional, y de allí surgió la motivación para solicitar la asistencia técnica al Consejo Nacional Electoral.

En República Dominicana se aplicó el “Voto en casa” en las elecciones ordinarias generales presidenciales, congresuales y municipales del 15 de mayo de 2016. Estuvo dirigido a personas con discapacidad física mayor a un 75%, siempre que no implicara discapacidad intelectual. Esta iniciativa contó con el acompañamiento de organismos internacionales, y se desarrolló como piloto en 11 Municipios, alcanzando un total de 105 empadronados (72 eran mujeres), de los cuales el 96,19% ejerció el derecho al voto.

Representantes de todos los sectores económicos y sociales, así como las organizaciones de personas con discapacidad fueron parte del proceso. De su lado, la Junta Central Electoral de República Dominicana evaluó positivamente este piloto y adelantó que se volverá a implementar en las siguientes elecciones que se realizarán en el año 2020 (Cam- pos, 2018, párr.1-2).

Honduras

Honduras fue el último ejemplo de ejecución del plan “Voto en casa” fuera de Ecuador. Se lo aplicó en el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), Francisco Morazán, en las elecciones generales de 2017 y se lo denominó “Voto domiciliario” o “Voto en casa”. Fue posible gracias a un convenio de cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) de Ecuador y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en el marco de la XXXI Conferencia de TIKAL, que se desarrolló en Honduras el 2 y 3 de agosto 2017 y del que se desprendieron acuerdos específicos y acciones a implementarse con el apoyo técnico del CNE y CONADIS.

El piloto en Tegucigalpa se concentró en las personas adultas mayores con discapacidad, que, en el transcurso de la historia democrática, por motivos de su condición, habían tenido complicada su movilidad hasta una mesa receptora del voto para ejercer su derecho a sufragar. basados en este principio, se implementaron las denominadas MRM (Mesa Receptora Móvil), así como mecanismos técnicos para el desarrollo de las rutas de éstas.

Previo a la jornada electoral, la lista de personas empadronadas era de 24, pero este número se redujo a 17 debido a que se enfermaron y fueron hospitalizados y/o sus familiares interfirieron en la participación en dicho proceso. Finalmente quedó una lista de 17 beneficiarios habilitados (Presidencia de la República de Honduras, 2017).

CONCLUSIONES

Los avances que el Estado ecuatoriano ha tenido en materia de derechos de las personas con discapacidad son significativos y re- conocidos; pero, muchos de esos avances no habrían sido posibles sin el reconocimiento que han tenido dentro de la Constitución aprobada en el año 2008. A partir de ahí, instituciones como el CNE asumieron con determinación el mandato constitucional y desde su misión y competencias, llevó la inclusión a un aspecto fundamental para los ciudadanos: el democrático electoral.

Durante estas páginas se ha demostrado cómo un derecho es plenamente ejercido cuando se disponen herramientas y mecanismos para ello. El caso tratado aquí, el del proyecto “Voto en casa”, es un ejemplo. El organismo electoral aceptó el reto de llegar a todas las provincias del país con un biombo y una urna para tomar el voto de los ciudadanos que por motivos diversos no pueden acercarse a los recintos electorales a sufragar.

El proyecto, que inició siendo un pi- loto en una ciudad del país, luego de tres elecciones, ha superado las expectativas. Y aunque aún hay mucho camino por recorrer, la ruta está iniciada y las experiencias cada vez son mayores. Para alcanzar una verdadera democracia incluyente, es necesario que el proyecto “Voto en casa” llegue también a las ciudades rurales; que se amplíe el espectro de atención considerando que, aunque las personas con discapacidad comparten su condición, tienen particularidades que deben ser tomadas en cuenta.

El proyecto “Voto en casa” se ha con- vertido en un referente internacional de las buenas prácticas electorales a nivel regional, siendo observado, a través de sus diferentes procesos electorales, por las misiones inter- nacionales, denotando organización y ejecución eficiente de las diferentes fases electorales a lo largo del territorio ecuatoriano.

El trabajo realizado en conjunto con las instituciones del Estado para llevar a cabo, de manera efectiva, el proyecto emblemático “Voto en Casa”, ha sido reconocido fuera del territorio nacional. Por ello, Paraguay, Re- pública Dominicana y Honduras decidieron replicarlo y convertirlo en algo propio de sus Estados. Por ello, es importante que también el diálogo y el intercambio de experiencias sean continuos.

Finalmente, es importante seguir trabajando en el nivel simbólico para lograr un verdadero reconocimiento de los grupos más vulnerables; sin lecturas reducidas ni compasivas. Este debe ser un trabajo de todo el Estado, pero también de la sociedad civil y de los medios de comunicación.