Introducción

La integración regional en América Latina y el Caribe (ALC) es uno de los procesos de las relaciones internacionales más discutidas, pero, al mismo tiempo, más esquivas para los Estados nacionales. Es la experiencia que marca el contexto latinoamericano internacional (^{Briceño-Ruiz, 2019}). Tal integración había surgido a mediados del siglo XX desde una mirada economicista que imitaba al funcionalismo-neofuncionalismo europeo, teorías que apuntan al efecto derrame (spillover) de funciones y necesidades que llevan a una comunidad política a conformarse (^{Schmitter, 1970}). La integración regional latinoamericana tuvo una fuerte influencia europea en sus orígenes: fue el trasfondo bajo el cual los Estados de ALC cedieron soberanía y competencias (^{Briceño, 2018}). Pese a sus bases eurocéntricas, el regionalismo en la región no ha logrado tener instituciones políticas fuertes.

Por tanto, los Estados de ALC se han alineado hacia un trabajo cooperativo y de coordinación desde las necesidades propias e intereses nacionales que marcan sus agendas. Este proceso partió del regionalismo desarrollista y proteccionista cepalino de 1960 y pasó en las décadas de 1980-2000 a un regionalismo abierto, capaz de competir con la economía global bajo dinámicas de integración política y comercial (^{Mittelman, 1996}, citado por ^{Morales, 2007}). Esta segunda ola buscó respuesta a las demandas de la interdependencia, a las crisis y crecimiento económico que, sin embargo, dejó a los países de ALC en una posición subsidiaria frente a Estados Unidos. Posteriormente, en la primera década del 2000 se dio una tercera ola de la integración regional marcada por la llegada y liderazgo de varios Gobiernos nacionales que dieron prioridad a la redistribución de los ingresos y servicios sociales, antes que a la integración de las élites a los mercados internacionales o cumplimiento de requerimientos hegemónicos, ya sean de Estados Unidos o del Norte Global (^{Riggirozzi, 2012}). Este regionalismo posliberal o poshegemónico “[…] desafía patrones tradicionales de comercio y poder hegemónico que tradicionalmente se identificaron con el poder desproporcionado de EE. UU. en la región” (Ibid., p. 131).

Esta tercera ola de la integración regional, que se centra en los intereses regionales, más que globales (^{Riggirozzi & Tussie, 2012}), partió del fracaso neoliberal de la década de 1990 y la estructuración de los regímenes de bienestar social que dieron paso a nuevas formas de convivencia y soberanía, como fueron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), centrada en la cooperación, solidaridad y recursos humanos bajo una economía popular y proyectos de asistencia social, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que, pactando compromisos de desarrollo, buscó que el Mercado del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que data del Pacto Andino de 1969, convergieran en un solo organismo de integración (^{Riggirozzi, 2012}).

Al finalizar la década de 2010, la llegada de Gobiernos de derecha y centro-derecha y la partida hacia el nativismo determinaron un quiebre en estos esfuerzos de integración y se inicia, entonces, una cuarta ola de la integración. ^{Sanahuja y López (2020)} denominaron a estas experiencias de “derechas neopatriotas” que son contrarias a la globalización y al multilateralismo. Brasil es un ejemplo claro de esta nueva tendencia. De ser el país anfitrión en la creación de la Unasur, la salida de Lula da Silva del poder en 2011 y la entrada de la ola conservadora y ultranacionalista de Jair Bolsonaro en 2019 trajo consigo una posición contraria a las organizaciones internacionales e integración regional. Bajo esta tendencia, se creó en 2011 otra instancia de trabajo integrador, la Alianza del Pacífico, cuya premisa era ser un eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente mediante el trabajo de sus miembros (Chile, Colombia, México y Perú), con una posición claramente comercial (^{Alianza del Pacífico, 2023}).¹

Lo que se observa a lo largo de estas cuatro olas de la integración es que son cuatro los ejes o “instituciones primarias”, siguiendo a ^{Buzan (2015)}, que han tenido importancia en las agendas de los países: 1) el económico, industrializado y desarrollista; 2) financiero, con canales de interdependencia y mercado; 3) un momento posliberal y poshegemónico con una nueva fórmula de integración fuera de los modelos europeos (^{Riggirozzi & Tussie, 2012}); y 4) un regionalismo pospandémico y de competencia hegemónica (ver anexo 1). Por tanto, las dinámicas comerciales, económicas y desarrollistas han sido las instituciones primarias que han captado el interés de los Estados.

Según el enfoque de la escuela inglesa (EI) de las relaciones internacionales, existe una comunidad política internacional que, conformada por países miembros, se identifican por ciertas prácticas comunes que le otorgan legitimidad y compromiso a su organización. ^{Buzan (2015)} denomina a estas prácticas como “instituciones primarias”, que no son más que valores que comparten los países y que hacen parte de su agenda, de sus discusiones y compromisos. Estas instituciones primarias pueden ser la soberanía, el equilibrio de poder, la territorialidad, la guerra, el derecho internacional, diplomacia, el nacionalismo, gestión de grandes potencias, igualdad humana, desarrollo y mercado. Son estas instituciones las que definen la pertenencia y el comportamiento legítimo de un Estado dentro de una sociedad internacional.

Bajo estos antecedentes, este artículo explora por qué la seguridad no ha sido una institución primaria importante dentro de los organismos de integración regional en ALC, teniendo en cuenta que es uno de los temas que más se discute en el ámbito académico y que mayor interés ha cobrado en las políticas públicas de los Estados nacionales. Para esto se ha tomado como unidad de análisis a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que ha sido una de las comunidades políticas que ha atravesado por las cuatro olas del regionalismo ya descritas. Desde su concepción en 1969 ha trabajado en la regionalización comercial, ha sido testigo de la “neoliberalización” del regionalismo (modernización y comercialización del Pacto Andino de 1991 hacia la CAN) y en la actualidad busca el desarrollo bajo un marco común de equidad, cooperación, generación de empleo, mejoramiento del nivel de vida de las personas, entre otras (CAN, s/f.). Para ^{Elías (2015)}, el escenario está dominado por la ofensiva del capital, lo cual atenta contra el desarrollo autónomo e independiente de los “países de la periferia”.

El período de análisis escogido es 2006-2020, que coincide con la tercera ola de la integración regional, que tiene sus particularidades. Por ejemplo, 2006 fue un momento clave para la CAN, marcada por la salida de Venezuela de dicho organismo (tras aducir que la firma de los tratados de libre comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos eran una amenaza para la integración regional [^{Malamud, 2006}]) y la incorporación de Chile como miembro asociado. La pandemia de la covid-19 como emergencia sanitaria global a principios de 2020 precipitó la desintegración de la tercera y el inicio de una cuarta ola.

El enfoque metodológico de este trabajo se fundamenta en la escuela inglesa de las relaciones internacionales, que estudia los valores e instituciones primarias que legitiman las decisiones de una comunidad política (^{Buzan, 2001}). Por ende, este artículo se centra en la mirada constructivista de la EI, aunque toma referentes normativos, históricos y políticos (adicionalmente). Se considera el concepto de instituciones primarias de ^{Buzan (2015)}, que se refiere a los principios que las sociedades internacionales valoran y protegen, lo que consideran seguro. Se entiende a la seguridad, como señala Balwin (1997, p. 13), como “el bajar la probabilidad de daño de valores adquiridos”.

Se escogieron 342 decisiones adoptadas por la CAN entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2020, resoluciones que fueron gestionadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina, órganos de decisión y dirección de la CAN. En estas decisiones, que constan en la página web de la CAN,² las instituciones primarias pueden rastrearse con facilidad en estos documentos que contienen los acuerdos a los que llegan los países miembros. Con las decisiones encontradas se realizó un análisis de los contenidos en una dinámica deductiva en la que se operacionalizó a las instituciones primarias tomando la clasificación de ^{Buzan (2015)}, conforme a su enraizamiento o frecuencia por cada año.

Esto no descarta, por supuesto, una codificación inductiva de observarse otra idea orgánica profunda que construye las relaciones del sistema de la CAN, la llamada “razón de sistema” (^{Buzan, 2015}; ^{Elo & Kyngäs, 2008)}. Para finalizar, se tomaron a los códigos o instituciones que tienen un enraizamiento mayor a 10 con la herramienta de ATLAS.Ti.³ Es necesario indicar que se ha elegido solo el texto de las decisiones (en las que se pueden notar las instituciones de la CAN) y no los anexos técnicos. Así, se logró determinar el rol que ocupa la institución de la seguridad y las inferencias que existen sobre el tema en cada una de las decisiones adoptadas por la CAN. En últimas, se busca conocer por qué para la CAN el tema de la seguridad no es una institución importante en sus decisiones adoptadas.

En relación con la estructura, este artículo se compone de cuatro partes. En el primero, se estudia la importancia que han tenido los valores comerciales para los organismos de integración latinoamericana, en detrimento de la seguridad. En la segunda parte, se debaten algunos elementos de la EI como base teórica y metodológica que nos permiten visualizar el lugar de las instituciones primarias. Posteriormente, se presentan los resultados y análisis de las frecuencias y codificaciones de estas instituciones en la CAN. Se expone que en 2007 y 2009 existieron los únicos intentos políticos de seguridad en este organismo. Por último, se presentan las conclusiones y dos cuadros anexos que ilustran las cuatro olas de la integración (junto a sus características) y la importancia que cada uno de los organismos de integración latinoamericanos le otorga a la institución de la seguridad.

Seguridad y regionalismo latinoamericano

El interés de la integración latinoamericana no se ha dirigido hacia las potencialidades securitarias, sino hacia el funcionalismo comercial. De hecho, al realizar un recorrido por las organizaciones más fuertes y desde hace poco activas de la región (anexo 2),⁴ se puede evidenciar que los esfuerzos de estos organismos (llámense Unasur, Celac,⁵ Mercosur, CAN), se orientan hacia una independencia económica/comercial y, en algunos casos, hacia el empuje contrahegemónico. Cabe anotar que la seguridad en el plano de las relaciones internacionales es entendida en este artículo, desde la propuesta de ^{Buzan (1991}, en ^{Stone, 2009}), como la búsqueda de la libertad frente a las amenazas y la capacidad de los Estados y las sociedades para mantener su identidad independiente e integridad funcional frente a las fuerzas hostiles. Las amenazas existenciales justifican medidas excepcionales, como el uso de la fuerza por parte de los Estados.

Así, se han evidenciado posiciones de concertación política con una mirada hacia el desarrollo integral y la autonomía frente a Estados Unidos, sin planes de seguridad claros para la región, como es el caso de la ALBA y la Celac. Para la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), por el contrario, la seguridad multidimensional resulta clave en temas como el medioambiente y la soberanía alimentaria. Para la Comunidad del Caribe (Caricom) hay planes y programas más explícitos de derechos humanos y justicia social, como el Plan Estratégico de la Comunidad del Caribe para 2015-2019, que busca prevenir el delito, facilitar la seguridad ciudadana, fortalecer las fronteras, mejorar la capacidad de los recursos humanos, entre otros (^{Caricom, 2023}). La Unasur, con su Consejo de Defensa que data de 2002, se alza como la única estructura de seguridad y defensa regional dentro de un organismo de integración latinoamericano.

Por ende, en las experiencias de integración regional se observan picos y valles de la planificación sobre seguridad. La CAN, en este contexto, es un caso paradigmático de este fenómeno ya que, pese a haber atravesado por tres olas de integración, no ha planteado una integración alrededor de lo securitario de manera consistente, es decir, la seguridad no ha sido una institución primaria relevante. Entre 2006 y 2020 (bajo el panorama del aumento del crimen organizado transnacional, el tráfico de armas, el narcotráfico, entre otros) solo se ha tomado una decisión de seguridad: la n.° 742 de julio de 2010, referida a soberanía alimentaria y nutricional.

Para antes del período de estudio se registra un mayor número de decisiones sobre el tema de la seguridad. Es el caso de la decisión n.° 583 sobre seguridad social, la n.° 547 de salud y seguridad laboral, la n.° 525 de características del pasaporte andino, la n.° 252 de seguridad alimentaria, la n.° 182 de seguridad alimentaria y medioambiental. En la década de 1970 hubo también instrumentos de seguridad social, como la decisión n.° 113. Solo los Lineamientos de Política de Seguridad Externa Común, decisión n.° 587 de julio de 2004, buscaron enfrentar de manera frontal las amenazas con objetivos, principios, fundamentos, criterios, mecanismos institucionales, instrumentos, modalidades y una agenda clara. Se buscaba que ALC fuera una zona de paz, libre de armas nucleares, químicas y biológicas; promover la confianza recíproca entre países. Se trata de una seguridad hemisférica que, casi veinte años después, aún no se materializa para los países miembros (CAN, 2023).

Las organizaciones de integración en ALC se centran en el desarrollo económico (tradicional modernizante/comercial o alternativo socialista) y empuje a la democracia y libre movilidad. No obstante, no hay una mirada clara, efectiva y directa hacia la seguridad, con excepción de algunos pocos planes con propósitos poco asentados en la práctica en la actualidad. La CAN es un caso que repite lo dicho a pesar de varias décadas de fundada. ¿Por qué la institución primaria de la seguridad no es valiosa en la región? Esta pregunta se trabajará desde la escuela inglesa (EI) de las relaciones internacionales, pese a que es una “agenda de investigación poco explorada” (^{Buzan, 2015}).

La escuela inglesa y la CAN

Para entender la relación entre el regionalismo sudamericano y la CAN se acude a la EI de las relaciones internacionales, la cual posee una línea discursiva que determina aquellos elementos que contiene valor, qué es lo que se cuida, qué es lo seguro e inseguro. Es decir, la EI deja entrever a las instituciones primarias que construyen lo que se protege en una sociedad internacional (^{Buzan, 2015}). Estas instituciones son los valores de una sociedad internacional (^{Wilson, 2012}), los cuales detienen o extienden la cooperación y sugieren los espacios de acción, incluyendo o excluyendo actores. Para ^{Buzan (2015)}, las instituciones crean comunidades o constelaciones de seguridad; en este sentido, se busca conocer cuáles son las instituciones primarias de la CAN y cuál es el lugar que ocupa la seguridad entre los países miembros de dicha comunidad política.

Antes de remitirse a las instituciones primarias per se, se parte del debate de la EI: la distinción entre los aportes solidaristas y pluralistas. Los aportes solidaristas se centran en la “inseguridad de la seguridad”, se refieren a que la práctica tradicional de la seguridad es negligente sobre los individuos. En cambio, los pluralistas no priorizan a la seguridad individual, la cual puede acabar con el orden internacional (^{Bellamy & McDonald, 2010}). Afirman Bellamy y McDonald (2010) que ha prevalecido la presencia de una mirada más solidarista de la seguridad humana y comunidades de seguridad. En este trabajo se discute la posibilidad de que la CAN tenga intereses intenciones y valores comunes que llaman a esa dinámica, pero que no se han logrado determinar, politizar y concretar.

Todo proceso de integración apunta al desvanecimiento de la soberanía. Incluso, la perspectiva poshegemónica latinoamericana tiende a plantear no solo a la transferencia de soberanía, sino a una institucionalidad para establecer políticas redistributivas, estándares sociales y derechos. Se trataría, entonces, de una comunidad mucho más amplia que el mismo Estado (Briceño, 2013). Para esto, se necesitan valores comunes y una legitimidad compartida en la que la EI funciona para entender ese propósito. En primera instancia, ^{Buzan (2015}) plantea que la EI es irrelevante para los tradicionalistas de la seguridad, ya que este tema se ha tomado más en la escuela de los “ampliadores” de la seguridad, es decir, en analistas capaces de introducir temas no estatales en su trabajo, tales como la percepción individual, el dilema de la seguridad o estudios críticos/históricos. ^{Bellamy y McDonald (2010)} señalan que no se ha prestado suficiente interés en los estudios de la seguridad bajo esta línea.

La diferencia con la EI se encuentra en el nivel de conformación de una sociedad regional internacional. Es decir, la comunidad posee instituciones diferentes de las que ya existen a escala global, o discrimina instituciones globales que decide no tomar. Son esas instituciones las que permiten a los Estados conformar una región frente a lo que ^{Buzan (2015)} llama “políticas mundiales”. Por tanto, existe en la EI una mirada clara sobre qué es una región, cómo entender a la seguridad en contextos determinados, qué proteger y cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se procede? De acuerdo con ^{Buzan y Waever (2003)}, una región surge gracias a los miedos y aspiraciones de las unidades políticas que conforman el complejo regional de seguridad. Estas unidades filtran los elementos globales y nacionales en una estructura regional, con interdependencia y en contacto con la gran sociedad internacional.

Esta condición de sociedad internacional con valores específicos es perceptible, en perspectiva histórica, en el caso de la CAN. La región estuvo influenciada desde la segunda mitad del siglo XX por las agendas estadounidenses de seguridad hemisférica y el modelo de desarrollo cepalino (^{Pérez, 2020}). Entonces, el Pacto Andino y luego la CAN tuvieron valores o intereses securitarios marcados por los ritmos de la seguridad global hasta 1991. Un sistema westfaliano hobbesiano primaba sobre una sociedad internacional grociana de acuerdos y cooperación (Ibid.; ^{Buzan, 2001}).

Así, la “razón de sistema” de la CAN fue imposible en la década de 1970 debido a las dictaduras del Cono Sur, el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos insurgentes, la dependencia hacia Estados Unidos (con medidas comerciales, de seguridad y defensa) y las lentas transiciones democráticas (^{Pérez, 2020}). La identidad común estaba centrada en el devenir económico como una zona de indiferencia, pero unificadora. La región tendría que esperar hasta 2004 para que la CAN desarrollara los Lineamientos de Política de Seguridad Externa Común, no obstante, estos instrumentos fueron declarativos y sin acciones conexas (^{Pérez, 2020}). Es decir, parecería que un sistema hobbesiano impidió la formación de una sociedad kantiana de valores compartidos en la que la presión hegemónica y el manejo bilateral de la seguridad no dejaron crear una sociedad regional internacional y una constelación de seguridad. Los valores no llegan a cristalizarse, incluso, el fortalecimiento de la institución primaria del mercado del regionalismo abierto fue sostenido por fuerzas sistémicas externas antes que autónomas de la CAN. La razón de sistema fue foránea.

Resultados y análisis

Entre 2006 y 2020 la CAN desarrolló varios valores o instituciones primarias dentro de su organización. En 2006 era una entidad orientada a producir información estadística, normalizar y codificar productos, lograr liberalización de mercado. Se trata de un espacio técnico por excelencia (es su valor). La seguridad no se menciona más allá de lo normativo, jurídico y alimentario, de modo que la tendencia de la organización en 2006 se dirige hacia la búsqueda de la integración mediante el mercado, la reducción arancelaria, creación de jurisprudencia. La institución “desarrollo” se liga al elemento económico.

No obstante, en 2007 las decisiones de la CAN se orientan hacia el Plan Andino de cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos, y las normas andinas para el control de sustancias químicas. El Plan Andino se formula para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, búsqueda de cooperación judicial, legal y policial, así como una política común de las migraciones. Se promueve la ampliación de tratados de extradición, la recuperación de activos por delitos de corrupción y el control, contrabando y desvío de precursores químicos y drogas sintéticas, así como la detención del consumo de drogas ilícitas. Es un año de ideas securitarias que no vuelven a desarrollar.

En 2008 el interés se centra en el mercado, mientras que los valores adicionales serían la integración regional, la propiedad intelectual y los servicios financieros. Para 2009 los temas sociales aparecen y no logran convertirse en instituciones primarias al no tener el carácter de elemento a ser protegido por todos los miembros, tales como el mercado y los instrumentos jurídicos de integración. En este año se suscribe el Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la CAN para ejecutar el “Programa Anti-Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina". También se previene y persigue el tráfico de armas, mercancías pertenecientes al patrimonio cultural de los miembros, al tráfico de flora y fauna, residuos tóxicos, mercancías que violan la propiedad intelectual, de mercancías adquiridas con recursos provenientes de actividades ilícitas y prohibidas por normas comunitarias y nacionales. Es decir, la seguridad ligada al mercado.

En 2010 y 2011 la CAN se aleja de los grandes planes políticos y securitarios que caracterizaron a 2007 y 2009. La CAN se percibe en varias ocasiones como un espacio técnico hacia la cooperación e integración. Los temas con enfoque de género y juventudes se mencionan, pero no se profundizan. De 2012 a 2017 surge un “desgrane” de los valores de la integración: se trabajan temas diversos como la minería ilegal respeto a los derechos sociales y hasta una política no ofensiva de seguridad externa, pero sin una estructura y convenciones. La CAN es un espacio meramente consultivo, pero no político, ese es el valor presente. La técnica es la institución de buena parte de la década de 2010. En 2018 las decisiones fueron escasas, en 2019 hay varias menciones al mercado como principal valor de la CAN. En 2020 las decisiones vuelven a ser escasas y, paradójicamente, no hay decisiones de gran alcance sobre la pandemia de la covid-19 como amenaza a la región, siendo el ambiente, la cooperación, cultura y la gestión de potencias con la asociación de Marruecos los temas más recurrentes. En definitiva, entre 2012 y 2020 los valores no con consistentes y no hay instituciones primarias. Los resultados siguen en la tabla 1.

Tabla 1 Tabla de codificación de análisis de contenido con estos elementos básicos 

Fuente y elaboración: propia de la autora, sobre la base de las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (2006-2020).

Retomando la pregunta de investigación, hasta 2018 las tres grandes instituciones primarias que señala ^{Buzan (2015}) como paradigmáticas de una sociedad internacional son, en el caso de la CAN: el mercado, el derecho internacional y el desarrollo. Luego, estos elementos, que desde lo teórico darían legitimidad y valor a cualquier estructura regional, se vuelven difusos. No obstante, la integración en sí misma es la gran institución de esta sociedad: cada decisión está determinada hacia la unión y acuerdo de los países miembros u asociados, como Chile y Marruecos. Hay acercamientos con la Unión Europea. En cada una de las decisiones se expresa en contenido la profundización de los acuerdos entre los miembros (lo que haría más difícil a las decisiones y más fácil el encapsulamiento, tomando un término neofuncionalista).

La idea de que la CAN es una entidad técnica es otro valor que se sostiene en las decisiones a partir de la institucionalidad, normalización, gestión de aranceles e intentos de crearse como espacio técnico-estadístico. Lo que más se protege es la idea del mercado común al fortalecerlo con la normativa, calidad, infraestructura, transporte libre, tecnología y normas ambientales. La seguridad, incluso, como indica la decisión 587, apunta hacia la productividad y comercio. Si bien, hay acuerdos para planificar acciones conjuntas frente al tráfico de armas, drogas, patrimonio, animales, la minería ilegal y migración, no existe la posibilidad de un pooling de soberanía hacia una estructura, consejo u organismo securitarios. De igual forma, el número de funciones se vuelve menos frecuente, siendo el período 2006-2008 el más rico en formación de identidades y valores. La seguridad está alineada a temas de minería ilegal, seguridad alimentaria y seguridad en el cultivo (medidas fitosanitarias y prevención de enfermedades).

Conclusiones

¿Cuál es la “razón de sistema” de la CAN bajo los indicios presentados? De acuerdo con los hallazgos, la CAN se caracteriza por ser una estructura dedicada al fortalecimiento del mercado común como base de la integración, con una gran agencia técnica en el período 2006-2020. Su incursión en políticas de género, pueblos indígenas y afrodescendientes es espaciada, lo que deja en evidencia que la organización está muy alineada al regionalismo abierto y nuevo regionalismo de inicios de los 2000. La estructura comercial e integración a la globalidad ponían a un costado las preocupaciones identitarias, la igualdad humana y el desarrollo.

Por lo tanto, las instituciones primarias, que señala Buzan como funcionales para el fortalecimiento de una sociedad internacional, están poco trabajadas en la última década de la CAN. Este organismo no tomó grandes medidas durante el 2020 frente a la pandemia de la covid-19, momento en el que las estructuras no pudieron sostener esta emergencia pese a los distintos planes que muestran las decisiones de la CAN. Sobre el tema securitario, las decisiones no son muchas. Se puede decir que la razón de sistema y la naturaleza de la CAN no han permitido que las Estados trabajen de la mano. La institución primaria de la soberanía no es visible ante la necesidad discursiva de sostener más bien a la región.

Al no existir una comunidad política fuerte, fin último del proceso regional, la sociedad internacional está incompleta, no están claras las subjetividades y el conjunto de valores. El desarrollo, la creación de derecho, infraestructura, el comercio y los insumos técnicos son vistos como la base de lo integrador, dejando de lado a la democracia y la igualdad humana, con políticas de diversidad poco trabajadas. La CAN no se vislumbra como un polo de poder o autonomía latinoamericana, como sucede con la Unasur o la Celac. La gestión de las potencias y los poderes no son una institución y, si fuese así, la seguridad común estaría muy lejos de la experiencia regional.

Por último, la CAN se ha centrado en su supervivencia como sistema, sin una causa dirigida hacia la autonomía de sus miembros. El motivo de Estado clásico de cada país ha primado sobre la seguridad. La razón de sistema aún no se ha creado ya que la CAN es una estructura técnica que no ha podido lograr su total potencial. Sería necesario enfocar a la CAN hacia las necesidades de sus miembros, salir de las presiones sistémicas hacia una alineación de intereses y, sobre todo, de valores compartidos. Si bien, las necesidades arancelarias, mercantiles y jurídicas deben ser instituciones primarias, también se debe “incomodar” a las soberanías mediante una constelación securitaria.

De acuerdo con Buzan, hay que salir de la tendencia maquiavélica/hobbesiana (wesfaliana) hacia una matriz realmente grociana de cooperación, socialización y diálogo profundos, que implique la voluntad política y acciones que sean no solo declarativas, sino constitutivas, con planes y programas que conecten con las naciones y con la sociedad civil. Queda por recomendación validar estos resultados con entrevistas a funcionarios de la CAN y retomar en la academia discusiones sobre la organización de los experimentos regionales en ALC, espacios de alta potencialidad y de valores compartidos aún débiles. La EI y su caja de herramientas pueden ser útiles para esta conversación académica.