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Introducción
En Ecuador, hasta la primera década del siglo en curso, la relación política y económica entre el Estado y los medios de comunicación privados fue muy estrecha, sobre todo porque a partir de 1969, con la Ley de Fomento Industrial, se reconoce al sector mediático como un actor social que cumple con una actividad de transformación industrial en beneficio del país (Ramos, 2012, p. 69). Otro elemento fue la aprobación de la Ley de Radiodifusión y Televisión emitida por el general Guillermo Rodríguez Lara en abril de 1975. En esta ley se establecía que la otorgación de frecuencias estaría a cargo del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), conformado por representantes del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, las cámaras de producción privadas y dos de las principales asociaciones de medios privados, como la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y Televisión (AER) y la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), que eran al mismo tiempo concesionarios de frecuencias y parte del órgano regulador.
Como efecto no existía una prohibición sobre el número de frecuencias concedido a una persona o grupo interesado. Por último, a partir de 1996 Conartel empezó a funcionar como la instancia encargada desde lo jurídico de autorizar las concesiones y regular la operación de las frecuencias de radio y televisión en todo el país. Estas competencias, de acuerdo con los historiadores Núñez y Gomezjurado (2014), fueron asumidas el 24 de agosto de 2009, cuando Conartel se fusionó mediante Decreto Ejecutivo con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El panorama anterior se trastocó con la llegada de Rafael Correa a la presidencia (2007-2017), en una época de profunda desconfianza popular hacia el sistema de partidos políticos. En la década de 1990 Ecuador era visto como uno de los países de la región con más dificultades para generar elementos de gobernabilidad, entendida como la capacidad política y sistemática de mantener el equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental, sobre todo después del retorno a la esfera democrática en 1978 (Freidenberg, 2009, p. 10).
Luego de la posesión presidencial de Correa, la disputa entre medios privados y el Gobierno formó parte del contexto nacional e internacional. En el año 2007 el diario La Hora informaba y desaprobaba la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso por la destitución de 57 diputados de la oposición como sanción emitida por el Tribunal Supremo (Reyes, 2010, p. 166). Por su parte, en el 2011 el enfrentamiento se dio alrededor de los diarios El Universo y el libro El Gran Hermano, “frente a lo cual se organizó un enorme lobbing internacional, que desembocó en cuestionamientos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)” (Reyes, 2014, p. 113).
El interés por intervenir en el ámbito de la comunicación por parte del Ejecutivo aumentó con el objetivo de contrarrestar la producción informativa correspondiente a los medios privados. La iniciativa gubernamental consolidó dos objetivos: por un lado, afianzar los medios estatales ya existentes; y por el otro, impulsar la creación de medios públicos (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos y Pieper, 2016, p. 12). De forma simultánea, en el contexto de la nueva Constitución de 2008 el Ejecutivo propone un proyecto de ley sobre la comunicación cuyo resultado no solo se relacionó con la oposición de algunos medios de comunicación, sino por un sector constituido de políticos y empresarios. El respaldo para la materialización del proyecto de ley provenía de medios de información públicos y diferentes colectivos sociales (Lalangui, 2020, p. 47).
Los medios privados se convirtieron en actores políticos opositores al expresidente Correa, no solo por la expedida Ley Orgánica de Comunicación (2013), sino porque durante su Gobierno se suprimieron las exenciones impositivas en el impuesto al valor agregado para el papel de periódico, preferencias arancelarias y descuentos en tarifas postales. Por consiguiente, los medios privados tuvieron que incorporar nuevos salarios para los trabajadores de la comunicación, entre otras medidas (Ramos, 2012, p. 69).
Los representantes de los medios públicos consideraban que la nueva normativa era un reflejo de la regulación y democratización de la comunicación, en especial porque ponía fin a una época de monopolios. También consideraban que se garantizaba la libertad de expresión y el acceso a la información, aspectos que en el pasado representaron un privilegio de las élites. De la misma manera significaba una oportunidad para que exista mayor inclusión, participación ciudadana y que se mejore la calidad periodística.
Bajo esta circunstancia, el diario El Comercio se convirtió en un actor antagónico en la construcción del discurso gubernamental de Correa, mientras que, en coalición con el Ejecutivo, el diario El Telégrafo se caracterizaría por todo lo contrario, ya que representaba los intereses del oficialismo al ser un medio público. Se pensaba que los antagonismos iban a continuar una vez que Lenín Moreno llegará a la presidencia, pero ocurrió lo contrario: su discurso de diálogo se direccionó hacia los medios privados. De hecho, una vez que asume la presidencia, afirmó que modificaría la Ley Orgánica de Comunicación (2013) (Labarthe y Saint, 2017, pp. 31-32). De este modo, se pasa del disenso político-mediático al consenso político-discursivo, este último entendido como ausencia de la lucha intertextual o discursiva entre diferentes medios de información y el accionar gubernamental o estatal en pos de la producción informativa (Reyes, 2014, p. 108).
Así, Moreno propuso acabar con el autoritarismo, refiriéndose a que en la anterior administración el acoso judicial, persecución y criminalización hacia los movimientos sociales y periodistas fue permanente. De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía para luchar contra la corrupción e impunidad, expresando que iba a transparentar toda la situación política y económica del anterior Gobierno (Ospina, 2018, p. 5) mediante la ejecución del referéndum constitucional y la consulta popular en febrero de 2018.
De las siete preguntas, dos de ellas formaron parte de la consulta popular. Se preguntaba si se estaba de acuerdo con: 1) la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación de Tributos (Ley de Plusvalía); y 2) si se incrementaba a 50 000 hectáreas de la zona intangible y reducía del área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1030 a 300 hectáreas.
En las otras cinco preguntas, que fueron inherentes al referéndum constitucional, se le preguntaba a la ciudadanía si estaba de acuerdo con: 1) sancionar, inhabilitar y dejar sin bienes a aquellos que cometan actos de corrupción; 2) dejar sin efecto la reelección indefinida de autoridades aprobada por la Asamblea Nacional en el 2015; 3) reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y terminar el período constitucional de sus miembros activos; 4) que los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes nunca prescriban; y 5) que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.
Bajo el anterior panorama, vale la pena preguntarnos: ¿Qué factores posibilitaron el consenso discursivo entre la prensa ecuatoriana y el Gobierno de Moreno en torno al referéndum y consulta popular de 2018? ¿Qué tipo de lenguaje se usó en las noticias, artículos de opinión y los editoriales como parte de la narrativa periodística? ¿Qué clase de actores se legitimaron o visualizaron en el consenso político-mediático? Las respuestas a lo anterior abarca tres momentos de análisis: 1) un puente teórico con el análisis crítico del discurso (ACD); 2) análisis y aplicación de las categorías transitividad intertextual con el marco teórico; y 3) conclusiones inherentes al proceso investigativo.
Metodología
Esta investigación implementa un enfoque cualitativo que pone énfasis en la visión de los actores y el análisis contextual de las relaciones socio-políticas, por lo que parte de la revisión y búsqueda bibliográfica de noticias, artículos de opinión y editoriales entre el 4 de enero y 4 de febrero de 2018, lapso en el que se realizó la campaña electoral. La elección de El Comercio para esta investigación obedece en razón de que pertenece al sector mediático privado, es de alcance nacional y, de modo particular, porque fue uno de los medios que más polarizó la relación con Rafael Correa durante su presidencia. Por su parte, El Telégrafo representa el sector mediático público, es de alcance nacional y en el contexto político fue el medio que se alineó con el Ejecutivo.
El motivo por el que se seleccionaron las noticias, artículos de opinión y editoriales se fundamenta, en primer lugar, porque las noticias contienen un valor menos subjetivo debido a que la redacción adopta un estilo impersonal para comunicar los hechos al lector. Contrario a ello, los artículos de opinión y editoriales expresan de manera abierta la postura ideológica del articulista y la línea política del diario. Por lo tanto, son géneros periodísticos distintos que pueden o no coincidir en el análisis coyuntural. De modo que de El Telégrafo se escogieron 5 noticias, 2 artículos de opinión y 1 editorial, mientras que de El Comercio se seleccionaron 5 noticias, 2 artículos de opinión y 1 editorial que tuvieron el mayor número de visitas en la plataforma digital (consultar anexos 1,2,3,4) durante la campaña electoral en febrero de 2018.2
Análisis crítico del discurso (ACD) o estudios críticos del discurso (ECD)
El análisis crítico del discurso se ha caracterizado por utilizar enfoques de investigadores europeos como Teun van Dijk (1995, 2002, 2011) y Norman Fairclough (1989, 1995). Situación que se repite en la mayoría de países latinoamericanos, con cierta diferencia en Colombia, Chile y Venezuela, en donde existen autores que en las dos últimas décadas se han involucrado con el discurso y evolución del ACD.3 A manera de ilustración, se puede considerar los aportes de Neyla Pardo (2013), Adriana Bolívar (2007), Carlos del Valle (2011), entre otros, cuyas referencias conceptuales toman la posta en el estudio del discurso como disciplina autónoma.
Teun van Dijk se ha convertido en uno de los precursores del ACD aplicado a la prensa. Según van Dijk (2015), el análisis sobre el discurso, que surge en la década de 1970, estuvo orientado al análisis de la conversación como unidad fundamental del uso del lenguaje, desplazando de esta manera el análisis sobre el nivel de las palabras y oraciones. Durante esta misma década, Dell Hymes introdujo desde la antropología el concepto de “evento comunicativo”, lo que implicó un cambio con la lingüística estructural y generativa de la época (van Dijk, 2015, p. 17).
Según van Dijk, el investigador que inició en Reino Unido el debate de la lingüística funcional y análisis de la literatura fue Halliday. Así, el nacimiento de los estudios del discurso se relacionó con el surgimiento de la semiótica, en especial en el escenario de la literatura. Por su parte, la década de 1980 albergó categorías analíticas y las nociones propias del discurso como cohesión, coherencia, macroestructuras, superestructuras y otros elementos que aparecen en un nivel de autonomía sobre la lingüística y la gramática oracional (van Dijk, 2015, p. 17).
Van Dijk explica que existieron dos situaciones que permitieron la creación del ACD a finales de la década de 1980 e inicios de la de 1990. La primera se relaciona con las estrategias de comprensión sobre el discurso, las cuales tienen que ver con los modelos mentales que representan la situación de referencia de los discursos. La segunda se sumerge en los estudios sobre el racismo de la prensa, como parte de la teoría discursiva sobre las noticias, área ignorada en su totalidad en los estudios de comunicación y periodismo hasta ese entonces.
Desde este contexto van Dijk contribuye a la fundación del ACD como una extensión de la lingüística crítica impulsada en 1979 por Roger Fowler, Gunther Kress, Bob Hodge y Tony Trew. Para la década de 1990 el paradigma del ACD se consolida con la publicación titulada Racism at the Top,4 trabajo que representaba un entramado de preocupaciones sobre el discurso como fenómeno social, cultural y cognitivo, de tal manera que desde allí se inician los estudios comparativos y oposicionales sobre las estrategias del discurso periodístico. En especial, se intenta divulgar los textos implícitos, la estructura periodística y las interacciones discursivas en todos los niveles: sintaxis, semántica, estilo, retórica, actos del habla, entre otros (van Dijk, 2015).
En la misma línea, Pardo (2013) considera que los estudios críticos del discurso (ECD) tienen origen en la década de 1990 cuando un grupo de intelectuales pertenecientes al grupo de Constanza y los teóricos del Simposio de Ámsterdam estaban interesados en explicar o descifrar la razón por la cual mediante el discurso público se pone de relieve la lucha entre el poder, la dominación y el conflicto de intereses. De igual forma, indica que la perspectiva crítica de los ECD se asoció con los principios de la escuela de Frankfurt. Por tal motivo, los conceptos más relevantes para la comprensión de la realidad social impulsados por este paradigma se relacionan con el poder y la ideología, cuyo mecanismo guarda relación con “la apropiación de la hermenéutica, la explicación de las estrategias discursivas, el reconocimiento de los factores contextuales en la interpretación y la adopción de un lugar político desde el cual se investiga” (Pardo, 2013, p. 67).
Van Dijk se caracteriza por proponer una posición histórica, social, cognitiva y lingüística frente a los datos. Esto implica descifrar las ideologías y las formas simbólicas del poder en el mundo social. Para Pardo, la fundamentación teórica de van Dijk se vincula con la articulación transdisciplinaria e interdisciplinaria a la que corresponde el ACD desde la década de 1970. El objetivo del ACD como lo plantea van Dijk (2002) es denunciar discursos relacionados con discriminación, legitimidad política, económica y mediática, desigualdad social o cultural y dominación a diferentes grupos sociales. Por tanto, los medios de comunicación, junto con otros grupos sociales, como los políticos o empresarios, son los que tienen una mayor influencia en la vida cotidiana de las personas, ya que “el discurso de los medios es la principal fuente de conocimiento de la gente” (van Dijk, 2000, p. 36). Por lo tanto, el ACD “facilita la comprensión y a veces la transformación de las relaciones sociales porque no solamente se describe o explica, sino que activamente toma una posición” (van Dijk, 2002, p. 20).
Otro de los autores que para Pardo es relevante en la reflexión sobre los ECD es Norman Fairclough, investigador inglés que propone el ACD como la unión entre los análisis lingüísticos y sociales. Así, su propuesta establecerá estructuras semióticas y eventos sociales en los cuales los textos estarán mediados por un orden discursivo. Para Fairclough los ECD abarcan todos los espacios sociales, culturales y discursivos en los que transita el ser humano en el marco de los estudios de las relaciones, identidades y representaciones sociales. Así, sus principios teóricos y metodológicos se relacionan con los hechos que ocurren y cómo se articulan a los procesos sociales. Toda expresión discursiva constituye un elemento de las prácticas sociales cuya semiosis abarca tres aspectos: discurso, género y estilo, según Fairclough.
El discurso es entendido como la representación de las prácticas sociales, mientras que el género es la expresión o la acción de dichas prácticas y el estilo es visto como marcadores de identificación (Stecher, 2009, p. 101). En esencia, los ECD rescatan “el carácter eminentemente semiótico del discurso y, en particular, su carácter lingüístico, ubica los estudios críticos del discurso más allá de un ejercicio disciplinar para desentrañar las luchas del poder, que se instauran en distintos ámbitos de la sociedad” (Pardo, 2013, p. 74).
Recopilando lo anterior, se entiende por ACD aquel planteamiento crítico que frente al acto discursivo intenta descubrir, revelar y divulgar todo aquello que es implícito en el uso del lenguaje “a partir de las contribuciones de la lingüística general, la sociolingüística, la pragmática, la psicología cognitiva, el análisis conversacional y discursivo y las teorías sociales” (Franquesa, 2002, p. 459). Por tanto, el ACD se relaciona con la ideología, los conocimientos y las creencias sobre la realidad a partir de las categorías de transitividad e intertextualidad.
Según Norman Fairclough (1989), la transitividad es el espacio en el cual se cruzan los eventos, las acciones y atribuciones. Los eventos se refieren a los sujetos que pueden ser animados (seres humanos) o inanimados (eventos, instituciones, objetos o cosas), por consiguiente, están acompañados de verbos que ilustran quién y cómo ejecuta la acción. En el caso de las acciones, estos elementos son los que reflejan un tipo de diálogo entre los protagonistas de la acción y el objeto/suceso. Por último, las atribuciones se refieren a las características o cualidades de los sujetos o instituciones que reciben mayor poder de enunciación o carga semántica en el texto (Franquesa, 2002, pp. 455-456).
Por su parte, la intertextualidad, de acuerdo con van Dijk (1997), representa en el texto el proceso de relación dialéctica entre una palabra y otra. En tal escenario, la intertextualidad busca identificar a partir de la transitividad de qué manera las noticias, artículos de opinión y editoriales mantienen una correlación discursiva (van Dijk, 2011, pp. 60-61). En otras palabras, la transitividad intertextual5 trasciende la frontera del texto o el valor expresivo para establecer conexiones semánticas y discursivas con otras oraciones, párrafos o discursos.
Transitividad intertextual de los diarios El Comercio y El Telégrafo
A continuación, veremos cómo el elemento que distingue a Lenín Moreno de Rafael Correa en el contexto de la consulta popular y el referéndum del año 2018 es la retórica del diálogo mediático y social. De la misma manera, se observará los mecanismos periodísticos que utilizan los diarios El Comercio y El Telégrafo para impulsar y apoyar de forma conjunta con la administración de Moreno el “Sí” en la campaña electoral.
3.1. Consulta popular
Si bien, la palabra “consulta “popular” se repite con mayor frecuencia en las publicaciones de El Comercio y El Telégrafo (ver anexos 1,2,3,4), para este último dicha palabra se convertirá en el evento más importante del país. “La consulta se aplicará de manera inmediata y obligatoria […]” (noticia 3, El Telégrafo). De igual manera, en el escenario de las atribuciones, la misma palabra aparece como extensión de cambio. “En la práctica, en caso de ganar el Sí, la parte intangible crecerá en 62.188 adicionales que se distribuirán en la zona norte del Parque, paralelo al ITT […]” (noticia 5, El Telégrafo).
En El Comercio la principal característica radica en no utilizar un nuevo sujeto para contrastar o deslegitimar las ventajas de la “consulta popular”. Al contrario, de forma explícita apelan a un actor político con la intención de resaltar o legitimar las atribuciones positivas de la misma. “La consulta es ciudadana, no le pertenece a ningún partido político, no tiene dueño, es una herramienta válida de democracia directa, que va a permitir el inicio de un proceso de democratización, refirió el legislador Henry Cucalón” (noticia 1, El Comercio).
A continuación, el artículo de opinión publicado por El Comercio propone reforzar los beneficios de la consulta, de forma particular en el horizonte de la participación ciudadana. Por lo tanto, las atribuciones que rodean al ítem “consulta popular” se basan en explicar y reforzar porqué se debe apoyar las siete preguntas:
Habrá más recursos para inversión social […] Más personas podrán aspirar a ser elegidas para cargos públicos. Nuestros hijos, hermanos, sobre todo los jóvenes, incluso cada votante, podrán ser elegidos, en vez de que vuelvan los mismos […] Por todo ello, aprovechar un espacio de participación y votar sí en la consulta es hacer lo que le conviene a la gente (artículo de opinión 2, El Comercio).
De modo contrario al artículo de opinión, la posición política que mantiene el editorial se caracteriza por ser ecuánime:
El Gobierno y varios actores políticos reivindican el derecho de la gente a expresar de modo directo y sin intermediarios sus pareceres sobre temas que varios actores políticos y sociales consideran cruciales y piden apoyar. Hay otros grupos menos numerosos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral que se oponen a las preguntas y abogan por el no (editorial 1, El Comercio).
De la misma manera, su contenido no apoya o defiende a ningún actor involucrado en la campaña electoral. De hecho, el editorial reclama que los actores políticos deben actuar con mayor seriedad en el debate para beneficiar a la ciudadanía: “La gente tiene derecho a conocer diversos puntos de vista y poder tomarse su tiempo para reflexionar sobre ellos” (editorial 1, El Comercio). Sin embargo, en ningún momento se desaprueba el contenido de las siete preguntas, lo que refleja que este es el único género periodístico utilizado por El Comercio para promover una posición equilibrada sobre la consulta.
En definitiva, tanto diario El Telégrafo y El Comercio no utilizan ningún género periodístico para deslegitimar o poner en tela de duda la efectividad de la consulta popular. Al contrario, se evidencia el interés por amplificar el espectro de las ventajas que poseen las siete preguntas6 a nivel económico y social.
3.1.2. “Correa” en el discurso periodístico
Para El Comercio no son trascendentales las palabras “Correa” o “correísmo”. No obstante, se convierte en el sujeto animado con mayor significado o valor potencial para El Telégrafo. Desde la configuración de los titulares7 se observa que la palabra “Correa” para El Telégrafo se asocia con el actor político que ha fragmentado a la sociedad durante la campaña electoral. “Los simpatizantes y opositores de Rafael Correa se enfrentan” (noticia 2, El Telégrafo); “En las provincias donde ha recorrido, Correa ha tenido protestas. La más importante fue en Machala” (noticia 2, El Telégrafo).
En consecuencia, la carga semántica que recibe no solo es negativa en los titulares, ya que también se extiende al contenido de las noticias publicadas, sobre todo porque las atribuciones son acompañadas de verbos y complementos (objetos) que lo incriminan de no haber cumplido con las obras que prometió cuando fue presidente. “‘Fuera corrupto’, ‘preso Correa, preso’, ‘la vía a Guayaquil, una mentira’, coreaban los protestantes” (noticia 1, El Telégrafo).
La palabra “Correa” también aparece de forma complementaria en el editorial y el artículo de opinión. En el caso del editorial, se califica a Correa de mentiroso, por ende, vuelve a ser el sujeto animado que recibe atribuciones negativas, en especial porque -para El Telégrafo- es el responsable de haber cuestionado el manejo editorial de los medios públicos ante la ausencia de cobertura relacionada con la campaña por el “No”. Campaña que se centralizó en la desaprobación de dos preguntas. La primera respecto a la reelección indefinida, argumentando que el principio de alternabilidad se debe producir en el momento en que los votantes deciden sufragar o no por el postulante a la reelección. Y la segunda relacionada con la reestructuración del CPCCS, en el sentido de que Moreno pretende entregarle a dicho poder del Estado la posibilidad de fiscalizar autoridades de control, competencia que es exclusiva de la Asamblea Nacional.
En tal sentido, la estrategia discursiva de El Telégrafo consistió en crear condiciones de reivindicación mediática por medio de su editorial. “Desmentimos con hechos y no con mentiras ni victimizaciones la tergiversación que ha montado el señor Correa respecto al manejo editorial de los Medios Públicos” (editorial 1, El Telégrafo). De la misma manera, en su artículo de opinión se desconfía que en la administración de Rafael Correa -o del correísmo- haya existido democracia. “El correísmo abogó por una supuesta democracia participativa, pero en la práctica terminó imponiendo un proyecto de cuño autoritario” (artículo 2, El Telégrafo). Ello significa que la palabra “correísmo” se convierte en un evento inanimado cuya atribución se relaciona con el haber desplazado a la participación ciudadana. El significado potencial de la palabra “correísmo” es interpretado de forma negativa,8 o sea, se convierte en sinónimo de régimen, caudillo o autoritario. En tal ruta, el “Sí” en la consulta popular se convierte en la respuesta que desplazará el pasado.
Por su parte, para El Comercio la palabra “Correa” no resulta relevante, ya que no existe un interés discursivo de asociarlo con calificativos despectivos. Mientras tanto, para El Telégrafo, la misma palabra no es utilizada para resaltar los aspectos positivos del expresidente ya que, al contrario, se lo menciona para recordar en los lectores que esta palabra se asocia con un “régimen autoritario y caudillista”.
3.1.3. “Moreno” en el discurso periodístico
El Comercio y El Telégrafo destacan de forma positiva la figura de “Moreno”. Es decir, no existen noticias que pongan en tela de juicio el accionar político de Moreno o que cuestionen su rol como presidente, pese a la estrecha relación política que mantuvo con Rafael Correa.9 “La segunda pregunta del referendo, planteada por el presidente Lenín Moreno, implica volver a ese principio de Montecristi (Noticia 2, El Comercio); “La consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno tampoco viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (noticia 3, El Telégrafo).
Para El Telégrafo, la palabra “Moreno” contiene atribuciones positivas, como el respeto a la normativa, lo que justificaría, en parte, la propuesta de un referéndum y una consulta popular, ya que Moreno ofrecía garantías en el cumplimiento de los derechos humanos.10 Es decir, a nivel periodístico estos mecanismos de participación se convierten en los eventos contrarios a la corrupción, la reelección indefinida y el desempleo. “En el ámbito económico el Mandatario ratificó su compromiso de crear 500 mil plazas de empleo en sus 4 años de Gobierno” (noticia 4, El Telégrafo).
Ninguna noticia en El Telégrafo utiliza un sujeto como fuente para contrastar el campo de acción (positivo) atribuido a Moreno debido a que el consenso discursivo está orientado a deslegitimar o cuestionar el campo de acción de Correa. En tal aspecto, el posicionamiento periodístico de El Telégrafo se basa en apoyar a Moreno mediante el esclarecimiento de los imaginarios sociales alrededor de la consulta popular. El presidente “negó rotundamente un supuesto ‘paquetazo’ económico después de la consulta popular porque existe un ‘manejo responsable’ de las cuentas públicas” (noticia 4, El Telégrafo).
Por su parte, la postura de El Comercio resulta más equilibrada e implícita en las noticias. Solo en el artículo de opinión se duda de Moreno respecto a su incapacidad de liderazgo. “Lejos de proyectar señales claras de un liderazgo que apuntale el respaldo de la población a la consulta, ha estado ausente, delegando en exceso ese protagonismo a sus colaboradores cercanos” (artículo de opinión 1, El Comercio).
Por último, El Telégrafo destaca en Moreno una atribución que fue difícil de lograr con Correa. Esta cualidad tiene que ver con la posibilidad de un diálogo y acercamiento con el sector mediático. Para este diario, la figura de Moreno representa el horizonte de la democracia y la alternabilidad, destacándolo como un actor político abierto a la sociedad, entre ellos, con los medios de comunicación privados, los mismos que durante años fueron antagónicos de Correa.11 “El presidente de la República, Lenín Moreno, tuvo su primera entrevista con los medios privados y públicos. El Primer Mandatario conversó una hora y 10 minutos con los periodistas Janet Hinostroza, de Teleamazonas; Estéfani Espín, de Ecuavisa, y Eduardo Khalifé, de Ecuador TV, de Gamavisión y de TC Televisión” (noticia 4, El Telégrafo).
La opinión y el contraste periodístico como intertextos12
En El Telégrafo se evidencia que esta transición (noticia-opinión) se caracteriza por la ausencia de un sujeto-fuente que respalde los textos:
El triunfo del Sí en la consulta se aplicará de manera inmediata y obligatoria (Noticia 3, El Telégrafo). En caso de ganar el Sí en la pregunta 7 de la consulta popular el área tendrá 62.188 hectáreas adicionales a las 758.778 […] La consulta popular propone aumentar la zona intangible en al menos 50.000 ha y reducir la actividad petrolera a 300 ha (noticia 5, El Telégrafo).
De manera sucesiva, las noticias no dejan de conjugar elementos de la opinión para reducir o deslegitimar el accionar político de Correa:
Eso eliminará la reelección indefinida e impedirá que el exmandatario vuelva al poder. En el tema para eliminar la reelección indefinida, por ejemplo, al ganar el Sí, eso significa que los ecuatorianos han decidido sepultar al expresidente Rafael Correa e impedir que llegue nuevamente al Palacio de Carondelet (noticia 3, El Telégrafo).
En cambio, cuando se redacta una noticia sobre el Gobierno, esta se fundamenta en la utilización de la palabra “Moreno” como fuente periodística: “La consulta propuesta por el presidente Lenín Moreno tampoco viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos para elegir y ser elegido, como aseguran Correa y sus defensores” (noticia 3, El Telégrafo). En suma, la credibilidad de las noticias pertenecientes a El Telégrafo se basa en utilizar de forma exclusiva el ítem “Moreno”, en consecuencia, las atribuciones que acompañan el accionar político de este sujeto no dejan de ser positivas.
Por su parte, El Comercio estructura las noticias utilizando sujetos animados, o sea, fuentes que se responsabilizan del texto. No obstante, el contenido -al igual que El Telégrafo- está orientado a resaltar de forma positiva las atribuciones del ítem “Moreno”, de modo concreto en aspectos de experiencia y gobernabilidad.
El presidente Lenín Moreno y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña saben cuán importante es Guayaquil, sin desmerecer ningún otro cantón, comentó Rommel Salazar (noticia 1, El Comercio).
La segunda pregunta del referendo, planteado por el presidente Lenín Moreno, implica volver a ese principio de Montecristi: prohibir la reelección indefinida, pues a sus ojos es una aberración política (noticia 2, El Comercio).
Con relación al contraste periodístico, en los dos diarios el equilibrio se asienta en la utilización de sujetos animados:
Para la legisladora de AP, Marcia Arregui, sus excompañeros tendrían que mostrar coherencia y dejar también la bancada y renunciar a los cargos directivos […] Esteban Melo reconoció que buscarán conformar una nueva bancada con reconocimiento legal dentro del Legislativo (noticia 3, El Comercio).
Tarsicio Granizo, quien está seguro de que el país respaldará el Sí en esta interrogante porque cree en una conciencia ambiental […] De su lado, Antonella Calle, vocera del colectivo Yasunidos, considera vital que los derechos de la naturaleza entren en debate nacional (noticia 5, El Telégrafo).
Sin embargo, la utilización del contraste periodístico o informativo para reflejar el equilibro informativo no significa que se invisibilice el apoyo -implícito o explícito- a un determinado sujeto o evento (van Dijk, 1997). Al contrario, el contraste en una noticia deja en evidencia la manera en la que un texto produce mayor carga semántica sobre un sujeto-evento que interesa resaltar en el imaginario social
El triunfo del Sí en la consulta se aplicará de manera inmediata y obligatoria. Eso eliminará la reelección indefinida e impedirá que el exmandatario vuelva al poder (Noticia 3, El Telégrafo).
La segunda pregunta del referendo, planteado por el presidente Lenín Moreno, implica volver a ese principio de Montecristi: prohibir la reelección indefinida, pues a sus ojos es una aberración política (Noticia 2, El Comercio).
Conclusiones
El ACD propuesto por algunos autores europeos se sustenta en la reflexión sobre el campo discursivo desde las prácticas ideológicas y sociales del lenguaje, por tanto, el análisis se orienta a identificar cómo se legitima el lenguaje de los actores que ostentan el poder político o mediático. Por el contrario, las propuestas de algunos autores latinoamericanos se caracterizan por la utilización del ACD como escenario teórico y metodológico para analizar las noticias en la prensa nacional e internacional.
Desde el año 2007 la relación entre los medios de comunicación privados y el Gobierno central en Ecuador se ha caracterizado por la polarización discursiva en torno al campo de la comunicación. En tal escenario surgen los diarios El Telégrafo y El Comercio. El primero de estos diarios formó parte de los medios de difusión que respaldaron el accionar político del Gobierno de Rafael Correa. Por su parte, la particularidad del segundo se relacionó con la adopción de una posición contraria a los medios públicos y el Ejecutivo. Sin embargo, esta polarización mediática desaparece a finales de 2017 con el ascenso a la presidencia de Lenín Moreno; sobre todo, ante la propuesta de llamar a referéndum y consulta popular en febrero de 2018.
La materialización de la consulta popular y referéndum permiten evidenciar que el objetivo de Moreno se focalizó en la obtención de legitimidad política y buscar consenso nacional mediante 3 líneas discursivas: 1) mencionó que acabaría con el autoritarismo, en alusión a que en el Gobierno de Correa el acoso judicial, persecución y criminalización fue permanente hacia los movimientos sociales y los periodistas; 2) hizo un llamado a la ciudadanía para luchar contra la corrupción e impunidad; y 3) expresó que transparentaría la situación económica que formó parte del anterior Gobierno.
La principal característica en las noticias, artículos de opinión y editoriales de El Comercio y El Telégrafo fue explicar y reforzar porqué se debe votar “Sí” en la consulta popular y el referéndum. Para ello, la estrategia periodística se basó en desplazar las atribuciones positivas del Gobierno de Rafael Correa en la medida en que se establecieron inferencias negativas sobre él. Como resultado, el discurso periodístico responsabilizó a su administración de la crisis económica, social y política. Por tanto, los dos diarios llegaron a considerar que los elementos derivados del “pasado” o “correísmo” desparecerían con el triunfo del “Sí” en el referéndum y la consulta popular de 2018.
