Introducción

El objetivo del siguiente artículo es evidenciar la doble dinámica que atraviesan las mujeres indígenas, campesinas y agricultoras del Ecuador: por un lado, el proceso de reproducción de la vida bajo condiciones precarias atravesadas por la desigualdad; y, por el otro lado, su participación y vinculación en el territorio rural. En ese sentido, interesa investigar ¿cómo se autodefinen las mujeres rurales de Ecuador? Y, si ¿las mujeres rurales del Ecuador lograron inclusión en las políticas públicas y mejorar sus condiciones de vida y de participación política? Este artículo, que parte de los estudios de la ruralidad, institucionalidad y la teoría de género, reflexiona las categorías de reproducción de la vida, política pública, género, participación y territorialidad, incluyendo autores como Nancy ^{Fraser (2013}), Susan ^{Paulson (2010}), Luciano ^{Martínez (2014}, 2015) y otros que analizan estos distintos aspectos.

En términos metodológicos se aplican la investigación cualitativa y cuantitativa de carácter bibliográfico, acompañada de entrevistas a varias lideresas del Encuentro Político de las mujeres rurales (Anexo 1 y 2, T5 y T6) diversas unidas por el ^{Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria (2011)}, promovido por la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (^{Copisa, 2011: 21-23}), en el contexto de la elaboración y presentación de propuesta para la discusión de la Ley de Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura, la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua en la Asamblea Nacional.

El contenido del artículo incluye temas como la reproducción de la vida, autoidentificación y la doble dinámica de las mujeres rurales; aspectos generales relacionados con las condiciones de vida de las mujeres rurales ecuatorianas en el lapso 2011-2015; el debate necesario de la relación entre las políticas públicas y las mujeres rurales; las mujeres rurales, el territorio y poder hilar la vida. Estos contenidos pretenden ubicar que existe un peso ineludible entre las dinámicas de la reproducción social de la vida que han implicado que las mujeres sean las más pobres y excluidas por ser indígenas, rurales, pobres y mujeres, y, a la vez, las que más impulsan procesos de resistencia social y defensa de la identidad y la participación territorial, en tanto las instituciones también participan en esta doble dinámica desde la políticas inclusivas de mínimo impacto, con la reproducción de formas de discriminación social.

En el año 2011 se realizó el Encuentro político de las mujeres rurales diversas unidas por el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria (EPMRDBVS), que tuvo como objetivo construir sus aportes para la Conferencia Plurinacional e Intercultural de la Soberanía Alimentaria (Copisa) que presentaría las leyes: la discusión de la Ley de Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura, la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales y la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua a la Asamblea Nacional. Participaron alrededor de 500 mujeres de todas las provincias del país. En este encuentro, el equipo de investigación para la tesis de maestría “Estrategias de reproducción de la vida y participación en la política pública de las mujeres indígenas y campesinas del Ecuador” dialogó con las mujeres rurales sobre varios aspectos relacionados con su forma de reproducción de la vida, las múltiples cargas de trabajo, el empobrecimiento, la discriminación, el débil acceso a la política pública y la participación. Posteriormente, el equipo de investigación de la Universidad Regional Amazónica Ikiam incluye en el presente artículo el análisis territorial desde su experiencia de trabajo en la Amazonía ecuatoriana. Para analizar las condiciones de reproducción de la vida de las mujeres rurales se entrevistó a 13 mujeres pertenecientes a las provincias de Quito, Azuay, Pichincha, Guayas y Loja, de quienes conservaremos su anonimato.

La reproducción de la vida, autoidentificación y la doble dinámica de las mujeres rurales

Para empezar, las mujeres rurales se autodefinieron como mujeres campesinas e indígenas, mujeres rurales, mujeres del campo, mujeres rurales diversas, pescadoras, manglareras y recolectoras de concha, cuidadoras de la familia y de la Pachamama, agricultoras, defensoras de la selva, de la soberanía alimentaria y defensoras de la vida (^{EPMRDBVS, 2011}). Mayoritariamente, las mujeres rurales se autoreconocen como mujeres campesinas e indígenas, pequeñas y medianas productoras, agricultoras. No reducen la manera de nombrarse a la producción agrícola, que es su fuente de alimento, recursos y fuerza de trabajo para el mercado y para la economía campesina local, sino que también se miran dentro y fuera del espacio familiar, en relación con la comunidad, la naturaleza, etc. Su autodenominación vincula la producción con las múltiples formas de trabajo remunerado y no remunerado, con la condición étnica, orientada al sustento de la economía familiar, reconociendo que tienen un impacto local y nacional (^{EPMRDBVS, 2011}).

Las mujeres rurales somos todas las que cualquiera sea nuestra cultura, etnia, color de piel, lengua u otra condición, desarrollamos actividades productivas en espacios rurales, sean estas remuneradas o no remuneradas, estén dirigidas a la conformación del ingreso familiar o al cuidado de la familia, que tienen un impacto en la economía familiar, local y nacional (^{Entrevista a mujer rural durante la EPMRDBVS, 2011}).

Estos aspectos indicarían que podría existir una doble dinámica en la vida de las mujeres rurales, por un lado, la imposición de una forma de reproducción de la vida que incluye procesos de dominación, y, por otro lado, un proceso de lucha por el reconocimiento de su participación y las estrategias concretas en el ámbito público y privado en defensa de la vida.

Las mujeres rurales somos pequeñas y medianas productoras, no solo agrícolas, sino pescadoras comunitarias y manglareras; las mujeres rurales pobres somos diversas: indígenas, afroecuatorianas, mestizas; las mujeres rurales violentadas por los esposos; trabajadoras en mayor medida que los hombres, en la casa, en el campo y realizando otras actividades económicas-financieras; las mujeres rurales cuidadoras del medioambiente; mujeres sabías y conocedoras; las mujeres que no quieren el extractivismo ni la explotación minera. Las mujeres rurales diversas que se vinculan por el Buen Vivir-Sumak Kawsay (^{Entrevista a mujer rural durante el EPMRDBVS, 2011}).

Como señala ^{Gutiérrez (2011}), para Bourdieu la reproducción de la vida puede ser analizada como el conjunto de estrategias por las cuales los individuos o familias tienden, consciente o inconscientemente, a ubicarse dentro de una estructura social, sean o no parte de una clase social, su lucha constante mejora o cambia de posición, se transforma, o la van modificando con su acción política. La reproducción de la vida desde las prácticas concretas de las mujeres rurales muestra sujetos sociales que generan, al mismo tiempo, prácticas de sostenibilidad de la vida y prácticas estructurales que condicionan su propia existencia étnica y social.

La lógica capitalista y patriarcal, la división occidental del trabajo y la vida, en el cual los hombres se ubican en la producción y las mujeres en la reproducción siguen presente en la ruralidad del Ecuador, matizada en construcciones desde las diferentes formas de ejercer la participación y la vida. Si se observa, la reproducción dominante de la vida en el marco del análisis de las dinámicas territoriales de ^{Paulson y Equipo Lund (2011}) y se conceptualiza el enfoque de género, este sería:

Un sistema socio-cultural que norma, estructura y da significado y poder a los roles y relaciones de hombres y mujeres en cada territorio. Influye en la construcción de actores y coaliciones sociales; en la composición y el funcionamiento de las instituciones; y en el desarrollo, distribución y uso de activos tangibles e intangibles en el territorio (^{Paulson y Equipo Lund, 2011}: 5).

Para ^{Paulson (2010}), el enfoque de género y el territorio permanecen juntos como fenómenos históricos y geográficos, fenómenos en constante movimiento en el tiempo y en los espacios que van cambiando y crean diversidades humanas y ambientales que son esenciales para la sostenibilidad y la regeneración de nuevas formas de vida. En ese contexto social, la mujer rural no cae en la tentación del mundo mercantil y, en tal sentido, es más sólida “la fuerza de inercia” que la “fuerza de atracción” (citado en ^{Martínez, 2005}: 89). En ese marco se construye una feminidad contradictoria, las mujeres rurales viven en la tensión constante entre la reproducción dominante y el deseo de sostener la vida.

Un debate necesario: Las políticas públicas y las mujeres rurales

Débil inclusión de las mujeres rurales en la política institucional

Para ^{Fraser (2013}), la política pública orientada para promover procesos de redistribución de la riqueza e impartir derechos muchas veces expresa los mismos límites que el Estado, frente a la población: la cooptación, separación entre lo formal y lo real, límites de reconocimientos de los sujetos sociales y de grandes segmentos de la población que entran en un circuito contradictorio de aplicaciones que se contraponen con aspectos logrados en las constituciones más avanzadas, y promoción de políticas que finalmente terminan siendo condicionadas.

Según ^{Roth (2014}), la política pública son acciones políticas que tensionan las formas de inclusión y exclusión que el Estado aplica en la población; igualmente, la política pública es un espacio de exigencia y resistencia que permite que los sectores sociales evidencien los límites del Estado, su incapacidad de permitir un acceso digno a los derechos humanos, a la redistribución de riqueza y de poder. Los ejercicios de resistencia y empoderamiento también se miden desde las tensiones entre el sujeto y la política pública.

Una forma de participación de las mujeres ha sido en el acceso débil a la política pública dentro de una racionalidad estatal. Como bien lo plantea ^{Roth (2014}), se generan varios tipos de intentos o variedades de acciones por construir política pública. Por decir, la investigación de la política pública como una forma de racionalizar, volver eficiente la política social y democratizar las decisiones y los recursos del Estado; la política pública orientada a la resolución de los problemas sociales; y, la política pública interdisciplinar, o sea que incluye demandas de sectores y voces distintas, lo que permitía darle un sentido particular a las demandas sociales.

^{Roth (2014}) evidencia varios problemas no resueltos en torno a las políticas públicas, sea que exista un mayor o menor presupuesto, que afecta el desenvolvimiento de la relación entre el Estado y los sujetos: a) la relación entre el Estado, el mercado y las presiones constantes del mercado por obtener los recursos públicos, lo que impide que la “racionalidad y la eficiencia” sean difíciles de cumplir, porque la prioridad está establecida desde quienes gobiernan el mercado -la competencia de recursos; b) la imposibilidad del Estado de cubrir la demanda social, aún más cuando hay un impacto de la crisis, siendo países con economías dependientes; c) los propios intereses del Estado, es decir, la política pública influye directamente sobre los sectores sociales, por otro lado, el nivel burocrático, la difícil capacidad de las instituciones de ser evaluadas y el monitoreo constante por tratar de mostrar que los indicadores se cumplen frente a la demanda social; y, la presión de los actores sociales no satisfechos.

Es evidente que todos estos aspectos limitan la capacidad de intervención del Estado en relación con las mujeres indígenas y campesinas, su lucha constante por obtener recursos del Estado o de sustituir su ausencia con procesos de autogestión y empoderamiento por fuera del mismo. Y aunque en la política pública aún hay una combinación muy mínima del acceso a todos los derechos, en las organizaciones de base las agendas muchas veces incorporan elementos diversos a veces más significativos que lo que se puede encontrar en el Estado en muchos casos.

Desde el movimiento indígena se pueden observar esfuerzos por levantar una agenda de las mujeres, en el marco de sus luchas por el reconocimiento como pueblos y nacionalidades. Los movimientos indígenas, si bien no desarrollan una agenda particular orientada a modificar directamente las relaciones de género, propician prácticas orientadas a la equidad de género. Aún más, en muchos casos, las lideresas rechazan de manera explícita una agenda centrada solo en las mujeres o en las relaciones de género, pues aducen una intromisión externa e imperialista (^{Prieto et al., 2006: 2}).

En la tabla 1 se evidencia las normativas nacionales institucionales y los derechos incluidos que dan cuenta sobre los derechos de las mujeres rurales que se incluyen en Ecuador. Para ello, hemos tomado por referencia la Constitución de la República del Ecuador, el Catálogo Orientador de Gasto en las Políticas de Igualdad de Género, el Plan de la Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las mujeres ecuatorianas, el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) y la Agenda regulatoria para la Transformación Productiva.

Tabla 1 Mujeres rurales e inclusión en normativa de la institucional estatal 

Fuente: Elaboración de Alba Margarita Aguinaga Barragán (2018)

Según ^{Estrella (2014}), en el reporte 2016 de equidad del Ministerio de Economía y Finanzas, de los Clasificadores Orientadores del Gasto en Políticas de Igualdad, desde el año 2011 hasta el 2014, en los indicadores para la inversión pública nacional, se incluyó indicadores específicos de género e interculturalidad. No se visibiliza de forma tácita a las mujeres rurales, pero se sobrentiende que estaban incluidas. Estos clasificadores iban a influir en el gasto público y en el destino de los recursos financieros para grupos sociales, como las mujeres rurales.

La información de la tabla 1 muestra la débil inclusión de las demandas y del reconocimiento de las mujeres indígenas y campesinas frente a la política pública y ante las instituciones estatales. Según ^{Aguinaga (2016}), del 2010 al 2015, el margen de inclusión se deteriora por la falta de recursos, pero también por la dificultad de diálogo entre el Gobierno y los sectores rurales indígenas y campesinos (tabla 2). Al mismo tiempo, el impacto de la política social que se mantiene no reconoce de manera directa a las mujeres indígenas y campesinas. Una muestra visible son las más de 80 leyes aprobadas, en que el reconocimiento a las demandas de este sector es casi nulo.

Tabla 2 Recursos por orientación de gasto en políticas de igualdad de género por categorías e instituciones, cifras en dólares 

* Año fiscal 2013, los recursos por orientación de gasto en políticas de igualdad de género, alto porcentaje del presupuesto asignado, destinado a gasto corriente. **La asignación presupuestaria crece de manera significativa respecto al año 2010. No así la ejecución presupuestaria. Para el año 2013 es relativamente baja, considerando que es medio año. Fuente:^{Estrella (2014})

De igual manera, dentro de los planes de acción gubernamental para asistencia técnica a territorios rurales, el Programa del Buen Vivir Rural, que forma parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) y se ejecuta con el apoyo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Este tiene como objetivo “mejorar los medios de vida de 25 000 familias rurales pobres en 8 territorios (165 Juntas Parroquiales Rurales), mediante el fortalecimiento de capacidades de gestión territorial de las organizaciones sociales y Gobiernos Autónomos Descentralizados; la consolidación de iniciativas económicas y de viabilidad relacionadas con la soberanía alimentaria” (Magap, s/f). Uno de los principales indicadores del desempeño de este programa es posibilitar que al menos el 30% de los emprendimientos sea de mujeres, pero considerando que las mismas cumplen con labores multifacéticas, tanto familiares como de emprendimiento (^{Logroño et al., 2018}).

Además, el Estado, al considerar el papel clave de las mujeres rurales, en el año 2011 el Magap establece en su Estatuto Orgánico la “construcción e implementación de la Política Nacional Prioritaria para Mujeres Rurales en el Ecuador” (^{Cepal, 2014: 9}). Así, en el momento en que se trata de relacionar política pública con interculturalidad y género, en relación con las mujeres rurales, desde hace varios años se habla constantemente de la necesidad de generar estrategias que deben ser transformadas en política pública, inversión social, normativa jurídica o la creación de instancias gubernamentales y sociales para crear igualdad de género y empoderar progresivamente a las mujeres del campo por medio del acceso a los derechos humanos frente al Estado y la sociedad. Es preciso ampliar la participación de las mujeres rurales, incluyendo, por medio del reconocimiento político, la representación política porcentual femenina en los proyectos y programas gubernamentales (^{Aguinaga, 2016}).

Al mismo tiempo que ocurre este proceso de débil inclusión de las mujeres rurales en estos ámbitos de las instituciones gubernamentales, se produce la transversalización del enfoque de género dentro del Gobierno, sea como propuesta cultural, que se evidencie en política pública, planes y oportunidades que transforma ámbitos jurídicos y políticos, bajo los mismos criterios: inclusión, enfoque y aspectos mínimos. Los instrumentos para inclusión de género son las normas jurídicas, la reorganización de instituciones, la generación de planes estatales y la generación de política pública con perspectiva de género, como la base del reconocimiento de las mujeres como ciudadanas (^{Aguinaga, 2016}).

Sin embargo, como muestra ^{Fraser (2013}), las identidades culturales, por más que denoten la opresión de género como estructural y coloquen el debate de la reproducción dominante como un problema cultural, tienen un límite en el momento en que son propuestas cuya finalidad es la inclusión por medio de planes y de política pública, y no de la transformación. Para ^{Fraser (2013}), incluir en las políticas públicas las demandas de género no es transformar integralmente el Estado. Incluir género en política pública, aun reconociendo el problema de género como estructural, en el ámbito económico refuerza limitadamente la feminización con o sin derechos económicos e integra a las mujeres a la estructura de clases en condiciones de desventaja con los hombres. Incluso evitando debatir y actuar sobre la causalidad de la dominación, se refuerza la presencia de las mujeres en el acceso al ingreso, en el acceso al salario y en el ámbito productivo, pero no elimina las brechas no solo de género. Las mujeres quedan integradas al sistema productivo del mercado capitalista. Se feminiza la acumulación de capital, sobre todo en lo relativo al capital variable o masa salarial, pero el capital amplia la dominación de género y absorbe la mano de obra masculina y femenina, sin lograr una paridad real. Tampoco la mayoría de mujeres ocupa el lugar de dueñas de lo que se llama capital constante, ni logra poder real sobre el mercado capitalista. Alcanza ciertas oportunidades dentro del mercado laboral.

Esto incluye los aspectos de la interculturalidad que, bajo la presión de organismos internacionales y la lucha de los pueblos indígenas y en gran medida de las mujeres, están presentes en el Estado, al igual que ciertos derechos laborales y de género.

Una de las contribuciones al neoliberalismo desde el feminismo fue la crítica del “salario familiar”: del ideal de familia de un hombre que gana el pan y la mujer ama de casa que fue central en el capitalismo con un Estado regulador. La crítica feminista de ese ideal sirve para legitimar el capitalismo flexible. Después de todo, la forma actual del capitalismo se apoya fuertemente sobre el trabajo asalariado de las mujeres. Especialmente sobre el trabajo con salarios más bajos de los servicios y las manufacturas, llevados a cabo no solo por las mujeres jóvenes sino también por la casadas y las mujeres con hijos; no solo por mujeres discriminadas racialmente, sino también por las mujeres, prácticamente de todas las nacionalidades y etnias. […] la familia formada por dos salarios (^{Fraser, 2013}, página web).

[…] criticábamos, con razón, la estrecha visión política, que intencionalmente se focalizaba en la desigualdad de clases y que era incapaz de fijarse en otro tipo de injusticias “no económicas”, como la violencia doméstica, las agresiones sexuales y opresión reproductiva. […] las feministas ampliaron la agenda política para desafiar las jerarquías de status basadas en las construcciones culturales sobre las diferencias de género. El resultado debía haber conducido a la ampliación de la lucha por la justicia, para que abarcara tanto lo cultural como lo económico. Pero el resultado ha sido un enfoque “sesgado hacia la identidad de género” (^{Fraser, 2013}: página web).

Respecto a los procesos de identidad cultural, hay ciertos roles que se reconocen, sin embargo, desde la política pública, todavía una mujer indígena o afro será menos valorada que una mujer mestiza y una mujer mestiza, indígena y afro, menos valorada que una mujer blanca. Tampoco permiten un adecuado proceso de desconstrucción de las identidades oprimidas y de la asignación de las mujeres a un reducido rol reproductivo de los cuidados y de la extensión de la doble y triple jornada de trabajo.

Mujeres rurales y tratados internacionales de derechos humanos: del discurso a las acciones y resultados

Las mujeres rurales son actoras imprescindibles en la soberanía alimentaria, el cuidado del agua y los territorios, en la preservación de las semillas, el cuidado y recuperación de técnicas ancestrales para la siembra y el cultivo de alimentos: “Las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial” (^{Logroño, et al., 2018}: 71). Aunque se han dado iniciativas en políticas públicas nacionales para el empoderamiento de las mujeres, la mismas no han logrado cambios integrales para las mujeres rurales, ya que “hasta ahora la visión de la mujer rural continúa inscrita en roles tradicionales de la economía campesina” (^{Martínez, 2014}: 5).

Tanto la CRE del 2008, como los marcos normativos internacionales, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Convenio 169 de la OIT, la Convención de Belém Do Pará, entre otros, de los que Ecuador forma parte, buscan garantizar los derechos humanos de las mujeres en general, incluidas las mujeres rurales. En este contexto, es importante destacar el principio 20 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), en el cual se reconoce que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la Conservación para el Desarrollo Sostenible y la Declaración y Plataforma de acción de Beijing (1995), la cual plantea trabajar la política global con igualdad de género y apuntalar a las mujeres rurales como agentes vitales del desarrollo, instando a los Gobiernos a garantizar la igualdad de género y acceso a recursos, oportunidades y servicios públicos en una población, tomando en cuenta que las desigualdades y la pobrezas afectan de manera especial a las mujeres rurales. Entre las metas de Beijing (1995) está el terminar con todas las formas de discriminación y violencia en contra de las mujeres, reconocer y valorar el trabajo doméstico no remunerado, igualdad de derechos económicos y acceso a la propiedad y al control de la tierra, acceso a salud sexual y reproductiva, así como mejorar el uso de la tecnología instrumental.

Respecto a las normativas nacionales y las mujeres rurales, hay que destacar que de una y otra manera se han estructurado instrumentos técnico-políticos para superar las brechas de inequidad y desigualdad. Con el fin de construir un modelo de gestión coherente a las políticas públicas de género, de acuerdo con la Ley Orgánica para los Consejos Nacionales de la Igualdad (2014), se encargarían de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana. Entre los logros y resultados de este consejo está el considerar a la mujer rural como eje de la economía popular y solidaria.

Mujeres rurales, territorio e hilar la vida

En una pequeña comunidad de la parroquia Turi, en la provincia de Azuay, existe una amplia población de mujeres de la tercera edad: usan pollera y todavía hilan lana en un carrete mientras caminan por las montañas y tierras que tiempo atrás producía el sustento para sus familias. Ahora están solas. Sus hijos han migrado a Estados Unidos o países de Europa y una gran mayoría son viudas que han sobrevivido a sus esposos por años y hasta por décadas (^{Municipio de Cuenca, 2016}).

Ñucanchik Sumak Allpa Mama es la definición de territorio de la nacionalidad kichwa de Pastaza y más ampliamente Ñucanchik Sumak Allpa Mama, como madre generadora de vida (la madre que da todas las vidas) (^{Ortiz, 2012}: 10), desde una construcción de la vida y el territorio alrededor de la vida y la posibilidad de la reproducción social, a partir de las otras vidas, los animales, los ríos, los árboles, la selva.

Por nuestra causa, por nuestra vida, por nuestro territorio, por los derechos de las mujeres, para que no haya daños a la selva, al monte, al río que nosotras cuidamos. Las mujeres nos alimentamos de nuestra selva, por eso nos hemos movilizado las mujeres amazónicas, […] para decir ya basta a las empresas petroleras (^{Castillo, 2013}).

Es posible leer la situación del movimiento de los territorios a partir de la historia de estas mujeres de pollera y rebozo, entre la migración de sus familias por una vida mejor, la soledad y ante la imposibilidad de trabajar la tierra por su edad, todas tienen más de 70 años y caminan por las montañas aferrándose a la antigua práctica de hilar, asisten a los talleres artísticos, de atención médica del gobierno parroquial y el Ministerio de Salud, como una forma también de encontrarse entre ellas, de recordar y de seguir viviendo (^{Municipio de Cuenca, 2016}).

Al tener presentes a estas mujeres y considerar las estructuras sociales y políticas que han conformado sus espacios de vida, también se puede considerar la enorme diversidad de las mujeres que habitan la ruralidad, las líderes comunitarias que accedieron a los cargos de representación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las juntas parroquiales a lo largo de todo el país, las mujeres amazónicas organizadas en función de la defensa de sus territorios frente a los proyectos de explotación petrolera en la “Caminata por la Vida” del año 2013, en la cual las mujeres de diferentes nacionalidades indígenas amazónicas caminaron hasta Quito con sus hijos en brazos en forma de protesta, junto con las estudiantes y las profesionales.

En estas historias, es fácil imaginar a las miles de mujeres que habitan la ruralidad abandonando sus hogares y comunidades para estudiar, para trabajar; unas accediendo a espacios profesionales, el servicio doméstico o a formar parte del trabajo informal, en el cual el mayor porcentaje lo ocupan las mujeres en Ecuador. Las mujeres en estos territorios transitan en diferentes mundos y de esta forma expresan su gran diversidad; “la identidad de mujer rural no debemos verlo como algo monolítico, unitario y compacto” (^{Maya, 2008}: 29).

A lo largo de todo Ecuador, las mujeres que habitan la ruralidad, campesinas, indígenas, agricultoras, profesionales, mayoritariamente se identifican desde el trabajo en la producción de la tierra y, sin embargo, las identidades de las mujeres rurales no se construyen únicamente desde el tema agrario, hay otra identidad de la mujer rural no agraria, que tiene como centro la sociabilidad específica del pueblo, vivir en él (^{Maya, 2008}). Identidades que se diversifican y enriquecen en un país pluricultural como Ecuador, en este habitar de las mujeres el espacio rural se manifiesta en todos los sistemas de conocimientos de las mujeres en el manejo de los recursos naturales, las prácticas culturales y el construir colectividad desde las nacionalidades y pueblos indígenas y también desde otras formas de autoidentificación, y no solo en el manejo de la tierra, espacio en el cual son vinculadas de forma común. “Las lideresas indígenas expresan que la mujer está activamente en el manejo integrado del agua, la tierra, los animales y las plantas de manera holística” (Pacari, 1998, citado en ^{Radcliffe, 2014}: 16).

En el caso de las mujeres indígenas, han formado parte de las organizaciones sociales en todos los procesos organizativos de defensa del Ecuador, como un Estado pluricultural y multiétnico mucho antes de las movilizaciones de la década de 1990, conformando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones como la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) (^{Janson, 2012}). Dicha organización existe desde el año 1977 y fue creada como una respuesta a las condiciones de pobreza, discriminación y racismo que sufría la mayor parte de población indígena del cantón Cotacachi, contando al año 2012 con 43 comunidades y organizaciones heterogéneas de base campesinas y mestizas, con su objetivo central de lograr una participación amplia de campesinos e indígenas para la construcción de una sociedad más justa para hombres y mujeres (^{Janson, 2012}).

La organización de las mujeres se estuvo fraguando incluso antes de la legalización de la organización para formar lo que se conoce como el Comité Central de Mujeres finalmente en el año de 1995. Las lideresas del comité apuntan que las mujeres, sus fortalezas y su forma de organización fueron centrales para consolidar el proceso, empezaron involucrándose a partir de los centros de cuidado infantil y al año 2012 ya contaban con actividades en las áreas de salud, las actividades productivas y el fortalecimiento de la cultura (^{Janson, 2012}).

Además, dentro de las acciones fundamentales para la Soberanía Alimentaria en el territorio, el Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (Unornac) realiza la feria “La Pachamama nos alimenta”, con la participación de 80 a 150 familias de comunidades rurales; en la feria las mujeres intercambian semillas nativas con el fin de salvaguardar la biodiversidad de las mismas (IPRDS, s/f). Desde una visión de la territorialidad, en la cual las mujeres rurales e indígenas mantienen una relación con su territorio en función de la vida en comunidad, Nina Pacari plantea que:

Nuestra lucha no es solamente por respeto al concepto de género, sino también por la convivencia y respeto de los derechos de las mujeres en la comunidad. El enfoque de género gira en torno a la mujer dentro de la comunidad. En este sentido, el conflicto no gira solamente alrededor de lo privado, sino más bien de la comunidad en relación con el Estado, con la exclusión y opresión, con la carencia de tierras y con el desconocimiento de la autoridad (^{Da Fonte, 2014: 135}).

En esta visión del enfoque de género desde la comunidad y las dinámicas territoriales se construye la posibilidad de analizar bajo otra perspectiva los espacios de socialización, de construcción y de vida, en los cuales las mujeres presionan por temas inherentes a la vida comunitaria y de forma creciente por los temas inherentes a las condiciones de vida de las mujeres.

Las mujeres indígenas se enfrentan a las jerarquías de género y etnia simultáneamente, desde sus posiciones particulares como sujetas indígenas, mujeres y pobres. Estas negociaciones diarias les llevan a una posición política y epistemológica que las distingue de los movimientos indígenas y los movimientos de mujeres per se. Para las lideresas indígenas del Ecuador, no existe una división clara entre los derechos individuales y colectivos o una preferencia de unos sobre otros (^{Radcliffe, 2004: 29}).

La líder indígena kichwa Nina Pacari, al ser consultada acerca de los derechos de las mujeres indígenas para una vida libre de violencia en el contexto del pluralismo jurídico, indica que “el Estado, en mi concepción, debería garantizar el territorio, el respeto y fortaleza a la autonomía de pueblos” (^{Da Fonte, 2014: 135}). En este sentido, la historia de las mujeres que habitan lo rural desde sus propias identidades culturales, sociales, sus tránsitos, migraciones, su economía se cuenta y se teje a partir de la historia de esta vivencia suya en el territorio.

Aunque los niveles de desigualdad de género son representados en barreras estructurales, sociales, económicas que limitan la participación de las mujeres, podemos encontrar que la participación de las mujeres que habitan la ruralidad presenta un ligero crecimiento entre los años 2011 y 2014. Según datos de ^{Indicadores de Participación Política de la Mujer Ecuatoriana (2014}) del Consejo Nacional Electoral, a partir del año 2011, las mujeres electas en cargos electorales subieron del 33,9% al 38,7%, es decir, un 4,8% hasta el año 2014, con las normas de paridad y alternabilidad en 50% y 50%. Las entidades en las cuales se registra la mayor participación de mujeres son las concejalías urbanas, con un 33,7%, seguidas por las concejalías rurales y vocalías de juntas parroquiales, con 24% y 25%, respectivamente. En el caso de las concejalías rurales, de 2465 candidaturas inscritas, 1055 fueron mujeres, lo que representa el 42,8% con el 44% de los votos válidos a escala nacional. Se obtuvieron 109 de 438 concejalías rurales. Para estas dignidades el Código de la Democracia exige la presentación de candidaturas de forma alternada y paritaria.

Para las vocalías de las juntas parroquiales, de un total de 18 653 candidaturas inscritas, 8037 fueron mujeres, representando un 43,1%. Además, las candidatas mujeres recibieron el 41,5% de los votos válidos a escala nacional. En los resultados 1023 de 4079 vocalías de juntas parroquiales fueron ocupadas por mujeres. Esta situación es diferente respecto a las dignidades de prefecturas y alcaldías, en las cuales 1 de cada 10 es representada por una mujer (^{Indicadores de Participación Política de la Mujer Ecuatoriana, 2014}). A partir de estos datos, se evidencia la creciente participación que tienen las mujeres rurales en las juntas parroquiales, consideradas como uno de los espacios en el cual ellas han ido ocupando lugares de decisión para sus comunidades.

Las mujeres rurales queremos desempeñarnos en algo productivo, tener crédito para negocios propios que fortalezcan la pequeña producción o los sembríos para el Buen Vivir, la perspectiva es trabajar para adquirir más fondos, tener más fuentes de trabajo, obtener fomento productivo, saber elaborar proyectos, hacer estudios de mercado y promover las iniciativas productivas de las mujeres rurales (^{Entrevista a mujeres rurales durante el EPMRDBVS, 2011}).

La asociatividad, basada en la autogestión entre mujeres, se ve como una alternativa para mejorar la producción y poder competir en el mercado local y para incrementar las posibilidades de acceso a la producción o migrar eventualmente al sector urbano. Esto ocurre en gran parte de la sierra, de la costa y de la Amazonía, según manifiestan las organizaciones de mujeres.

Aspiramos que en el proceso de compras públicas se favorezca la adquisición de lo que producimos las mujeres rurales organizadas, valorizando el trabajo en la conservación de la biodiversidad y la explotación sustentable de los manglares […] Las leyes procurarán una justa distribución de la riqueza y las políticas promoverán una planificación estratégica, democrática y participativa en cuanto a la tenencia de la tierra, al desarrollo de la actividad agraria, a la protección de la biodiversidad, la vigencia efectiva de los derechos de la naturaleza y la seguridad alimentaria para las presentes y futuras generaciones (Copisa, 2011: 4).

Entonces, el Sumak Kawsay, la agrobiodiversidad, reforma agraria, soberanía alimentaria, reconocimiento del trabajo, derechos colectivos y de género, no tiene un solo sentido, sino que se configuran en exigencias de lucha por la vida entre los años 2011 y 2015 (^{Aguinaga, 2016}). En la tabla 3 se observan las problemáticas que enfrentan las mujeres indígenas y campesinas con respecto al territorio, su cultura, justicia, economía y procesos políticos.

Tabla 3 Problemáticas promovidas por las mujeres indígenas y campesinas, 2011-2014 

Fuente:^{Aguinaga (2016})

Aún, a pesar de las condiciones de producción y reproducción que estructuralmente son parte de la vida de las mujeres indígenas, campesinas del área rural del Ecuador, este factor parece no ser el limitante para una activa participación y lucha emprendida por la vida y, más bien, con el paso del tiempo ha ido concentrado fuerza. Como sujetas políticas denotan la capacidad de generar estrategias de sostenibilidad. Si alguien ha manifestado la necesidad del Sumak Kawsay son las mujeres, unas desde el propuesto por el Gobierno, así, exigiendo el Sumak Kawsay como el sentido de recuperación de la vida y de relación equilibrada entre el sujeto y la naturaleza que incluso incluyen aspectos de la reproducción de la vida desde el feminismo comunitario, que se expresa en las comunidades indígenas de la sierra, la costa y la Amazonía (^{Vega, 2014}).

Demandamos que las leyes se hagan desde abajo, debemos estar en los espacios de decisiones, en la movilidad social, mayor participación política de las mujeres en el poder […] exigir la paridad de género en todos los espacios, en las juntas parroquiales, con voz propia y directa. Que se escuche lo que piensa y siente las mujeres rurales y el pueblo en general (^{Entrevista a mujeres rurales durante el EPMRDBVS, 2011}).

En la tabla 4 sintetizamos las demandas de carácter urgente que fueron expuestas por las mujeres rurales indígenas durante el Encuentro Político de Mujeres Rurales Diversas por el ^{Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria del año 2011}. Llama la atención que, para las mujeres rurales, los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de su diversidad son demandas de compromiso activo que están en equilibrio con la naturaleza y la humanidad. Zoila Castillo, actualmente vicepresidenta del Parlamento Amazónico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y una de las líderes de la “Caminata por la Vida” en el año 2013, vincula los derechos de la naturaleza y el territorio con los derechos de las mujeres, en un sentido extendido por la comprensión de la reproducción de la vida y la conservación de la selva, por un entender el territorio desde esa mirada, en la cual lo que se destruye también te destruye y te atraviesa el cuerpo. En la que el territorio es el espacio material y simbólico, pero también político de su existencia como pueblo en un contexto plurinacional (^{CARE Ecuador, 2016}).

Tabla 4 Demandas urgentes del Encuentro Político de Mujeres Rurales Diversas por el Buen Vivir y la Soberanía Alimentaria, 2011 

Fuente:^{Aguinaga (2016}).

Como se ha indicado a lo largo de este artículo, existe una fortaleza organizativa de las mujeres rurales con una fuerza predominante de mujeres indígenas y campesinas. La función reproductiva de las mujeres por enfrentarse a la dominación sobre la vida, como se ha dicho, es la base de una propuesta de sostenibilidad. La tendencia muestra que las mujeres, frente a la tensión entre integración al desarrollo y búsqueda de alternativas por el Buen Vivir, han decidido asumir la necesidad de exigir la redistribución y a la vez exigir cambios de los modelos de desarrollo para un Buen Vivir (^{Vega, 2014}). Las críticas a los procesos de reproducción dominante en que la defensa de la vida se convierte en demandas nacionales.

A decir de ^{Méndez (2009}), las mujeres indígenas tienen y han tenido una importante participación social no solo en los espacios locales, sino que, además, con el tiempo están presentes también en escenarios regionales, nacionales e internacionales en los cuales se destacan temas de trabajo de su interés, como “la supervivencia de sus comunidades, de su identidad cultural y el reconocimiento del papel fundamental que desempeña la mujer en los esfuerzos que realizan por promover los intereses de las poblaciones indígenas” (^{Reed, 1995, citado en Méndez, 2009: 55}).

En el caso de la población afrodescendiente, se ha reivindicado la noción de derecho ancestral sobre el territorio en las últimas décadas (^{CARE Ecuador, 2016}), “por la necesidad de garantizar nuestra permanencia y nuestro futuro como pueblo culturalmente distinto de los pueblos y nacionalidades indígenas” (^{García, 2009: 65, citado en CARE Ecuador, 2016: 213}), pues de acuerdo con la memoria colectiva afrodescendiente, Esmeraldas habría sido un territorio libre para los esclavos que lograron escapar de un barco que viajaba desde Panamá hasta Puerto El Callao en Perú (^{Consejos Comunitarios Alto y Bajo Mira-Municipio de Tumaco, 2011, citado en CARE Ecuador, 2016}).

En Ecuador, las mujeres indígenas han participado activamente de la movilización y organización de los levantamientos, en las tomas de las calles, en la intermediación para la resolución de los conflictos (^{Méndez, 2009}). Según Susan ^{Paulson (2010}), las instituciones de género son fundamentales para las dinámicas territoriales exitosas, en las que la capacidad de sustentabilidad y regeneración depende de la riqueza y diversidad de habilidades y recursos y las instituciones y coaliciones que puedan generar tejido social a partir de la colaboración y dependencia. Justo allí radican sus propias limitaciones (^{Fraser, 2013}).

Poseer una mirada desde el enfoque género permite encontrar estas formas de tejido de lo social, entre diferentes actores y en sus instituciones como las creencias, la salud, la forma de compartir la propiedad, el cuidado de sus huertas y sembríos, hasta otros espacios como la participación política y social, en el que han intervenido las mujeres que habitan la ruralidad en procesos colectivos y también en los que se han dado transiciones a otros espacios en los cuales habitar y construir el territorio.

Conclusiones

No existe una sola forma de autodefinición de ser mujer indígena y rural; al contrario, existe una diversidad de formas de autonombrarse que no se restringe a la denominación de mujeres rurales, vinculadas con las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales. Además, son formas de autodenominación histórica que manifiesta los distintos procesos de lucha que han atravesado las mujeres indígenas y campesinas, rurales. Existe un mejoramiento leve de las condiciones de vida de las mujeres rurales entre el 2011-2015, por la aplicación de pequeños procesos de inclusión intercultural y de género en varios instrumentos normativos, de acción pública, en proyectos de desarrollo rural y en la inversión pública.

Sin embargo, es evidente que la política pública no logra ser trastocada por estos mínimos cambios y, más bien, se mantienen las formas dominantes de reproducción de la vida en el campo: incremento del tiempo de trabajo mayoritariamente femenino, ampliación de la feminización no solo del empobrecimiento rural, débil acceso a educación secundaria y universitaria, acceso a ingresos y salarios bajos, limitaciones para potenciar procesos de comercialización de los productos del campo, falta de reconocimiento de los saberes ancestrales. En el ámbito de la política pública, aun con la inclusión leve, la mayor parte de las mujeres rurales no son sujetas políticas plenamente reconocidas por el Estado, lo que no significa que en el ámbito de la participación y de la economía rural no sean sujetos estratégicos para la reproducción de la vida.

Las mujeres indígenas, campesinas y rurales del Ecuador se han mantenido en un estado de resistencia frente a la explotación de los recursos naturales en el país, en el período analizado en el presente artículo, condición que se han repetido con el actual Gobierno frente al avance de la explotación petrolera y minera. La compresión con respecto al territorio y la vida, entendido por parte de las mujeres indígenas, campesinas y rurales, desde la reproducción de la vida, se contrapone a los planes de desarrollo que se trabajan en las ciudades. Las mujeres campesinas y rurales han disputado un espacio de reconocimiento a su labor en el trabajo en el manejo de los recursos naturales a escala del país y las organizaciones sociales y políticas, a pesar de la lógica capitalista, patriarcal y la división occidental del trabajo que todavía se mantiene en sus espacios de vida. Han encontrado formas de participación social y de la vida que se reflejan en su participación en la política formal pero también en espacios no formales de debate social, político y cultural.

Los derechos de las mujeres indígenas, campesinas y rurales representan grandes brechas aun con respecto al resto del país; la mayor parte no accede a beneficios labores y sociales por su trabajo, muchas veces no remunerado. Siendo su mayor ocupación la agricultora, se encuentran en amplias desventajas, pues la mayor parte no cuenta con la propiedad de las tierras, esto se suma a la falta de acceso al agua y otros recursos naturales y el no acceso a créditos. La educación es un derecho pendiente, aún existen cifras importantes de analfabetismo y tienen muchos problemas para pasar de la educación básica.