Introducción

El estudio en torno a las mujeres dentro de la esfera política es uno de los campos que ha cobrado relevancia en las dos últimas décadas, dado el reconocimiento que ha recibido su representación históricamente excluida de los espacios de poder. La representación femenina en los espacios de poder es un debate que no se supera bajo los preceptos de una democracia que proclama igualdad de derechos. Hasta la fecha, la participación femenina en espacios en los que se toman decisiones políticas y se manejan recursos estatales es minoritaria (^{Cobo, 2004}: 20). Si bien, se estima que algunas barreras se han superado por medio de la modificación de reglas institucionales que amparan la inclusión femenina, su relevancia se sigue considerando inferior a la de los políticos varones. Por tanto, el análisis de la presencia y del trabajo de las legisladoras es importante para proporcionar elementos que permitan observar si la incorporación de la mujer en la vida política se ha dado de forma plena (^{Rodríguez, 2005}: 55).

Al analizar este tema se reconoce que la lucha de las mujeres por alcanzar una representación más efectiva en los regímenes democráticos ha modificado las reglas institucionales con las que se promueve su participación. La Ley de Cuotas ha sido una de las políticas de acción afirmativa más efectivas para promover la equidad de género (^{Ojeda, 2006}: 49), al exigir que los partidos políticos cumplan con un porcentaje mínimo de cargos destinados a mujeres dentro de listas pluripersonales en elecciones nacionales y seccionales, del 30% según la Ley Orgánica de Elecciones (^{Peralta, 2005}: 382). Sin embargo, existen condiciones que aún se debaten, como la representación femenina mediante una agenda de género o la inclusión necesaria, que reconoce a las mujeres como políticas, pero no como actoras decisivas, siendo ellas relegadas a puestos de menor jerarquía dentro de las instituciones.

Los temas de género y política siguen siendo una agenda pendiente, pese a los avances dados desde la academia y la esfera pública. Las mujeres siguen enfrentando una lucha desigual por integrarse a espacios que por años se consideraron exclusivos para los varones. En 2007, el 83% de los parlamentarios nacionales del mundo era integrado por varones y la participación de mujeres en los más altos cargos ejecutivos resultaba ínfima (^{Caminotti, 2008}: 13; ^{Fernández, 2008}: 58), lo que demuestra que la legislatura como espacio de poder aún sigue siendo un terreno de difícil acceso para las mujeres, quienes deben enfrentar brechas de desigualdad dentro de los partidos políticos que se manejan a la sombra de figuras dominantes de hombres y prácticas “masculinizadas” que las obliga a asumir un espacio político con menores oportunidades y menos relevantes, ajustando su trabajo a la lógica masculina del espacio político (^{Mosquera, 2006}: 3).

En Ecuador, el ingreso de las mujeres en el espacio legislativo ha sido notablemente lento. En el año 1984, por primera vez en la historia del país ingresa una mujer a la legislatura, sin que logre mantenerse esta tendencia en los años siguientes. En los dos períodos posteriores, la legislatura vuelve a conformarse con integrantes varones todos. Fue hasta las elecciones del año 1998, con las reformas electorales, que logra mantenerse la línea ascendente a favor de la participación de las mujeres a este espacio político, con el ingreso de dieciséis mujeres.

La paridad en la participación política, como un resultado de la democracia y el derecho a la igualdad, sigue siendo un tema pendiente en el país. Las reformas legales a favor de la inclusión femenina dentro de las listas y las instituciones públicas han logrado disminuir la discriminación social de la que han sido víctimas las mujeres para consolidar sus derechos políticos y alcanzar una presencia real en los espacios de decisión de forma descriptiva (^{Albaine, 2010}: 110). Sin embargo, las condiciones sociales asociadas con la violencia o la discriminación siguen obstaculizando la inclusión de la mujer de forma real y efectiva a causa de variables electorales y sociales que no pueden alejarse de una visión poco inclusiva (^{Albaine, 2015: 14}).

Atendiendo el anterior panorama, el objetivo de este estudio es ofrecer una descripción de las condiciones sociales y políticas de las mujeres que ingresan a una de las instituciones políticas de más alto impacto dentro del país, como es la Asamblea Nacional entre 1979 y 2010. Surge la inquietud de conocer cuál es el comportamiento político en relación con las mujeres desde el retorno de la democracia en el país, antes y después de la aplicación de políticas de acción afirmativa a favor de la igualdad de género. Este tema es importante, en tanto que nos permite analizar las condiciones de igualdad en las que se da la participación política de las mujeres, así como los factores sociales e institucionales que las caracterizan por medio de las siguientes variables: circunscripción electoral, período legislativo, nivel de representación (provincial o nacional), partido político, edad, adscripción y experiencia política, carrera política y comisión legislativa a las cuales pertenecen. Los resultados se han obtenido mediante una estadística descriptiva aplicada a bases de datos que recogen a las integrantes de quince períodos legislativos.

Desde lo metodológico, se construyó una base de datos tomando en cuenta todos los integrantes de la Asamblea Nacional en el período señalado, la misma que observó variables de género, pertenencia partidaria, características sociales como familia política, estado civil, nivel de educación a partir de las hojas de vida de cada uno de los legisladores disponibles en el archivo de la Asamblea Nacional o instituciones públicas. Además, se revisaron las páginas oficiales/web del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y diarios nacionales o locales, entre ellos Diario La Hora, El Telégrafo, El Comercio. Con la información sustraída, se determinó la carrera política a partir de los cargos ocupados por las mujeres asambleístas.

Teniendo en cuenta que los trabajos académicos que se han desarrollado en Ecuador aún son escasos, este artículo propone una revisión histórica de la participación de las mujeres en la legislatura, tomando como referencia el retorno a la democracia, en el año 1979, cuando se dan las elecciones en las que asume la presidencia Jaime Roldós Aguilera como resultado de la transición a la democracia que se daba en el país, después de la dictadura del General Rodríguez Lara y que se mantienen periódicamente estables hasta la actualidad (^{Freidenberg y Pachano, 2016}: 9). Este trabajo ofrece una mirada global de la presencia de las mujeres en el espacio de poder político más importante del país, que por su organización unitaria mantiene el poder político concentrado en instituciones nacionales, es decir, existe una sola Asamblea Nacional, encargada de legislar para todo el territorio.

Este artículo contiene la siguiente estructura, con el fin de facilitar su lectura: la primera sección presenta una revisión de la literatura que trabaja la incorporación de la mujer en los estamentos del Estado en América Latina, especialmente en Ecuador. Esto es fundamental para así conocer cuál es la discusión actual y el debate teórico que orienta la participación política de las mujeres; el segundo acápite -que es el más extenso de todos- comprende los resultados obtenidos tanto en la descripción de las legisladoras ecuatorianas (gráfico 3) por período legislativo, circunscripción electoral, carrera política, edad, experiencia previa, familia con experiencia política y comisión legislativa. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Las mujeres en la política: debate teórico

El interés por el estudio de la presencia de las mujeres dentro de los espacios públicos ha crecido en los últimos veinte años, lo que ha permitido reconocer las diferencias que tiene la participación política por género y, a la vez, visibilizar a un sector de la población que incursionó en un espacio en el cual la participación de los hombres era dominante. Los trabajos que abordan este tema se preocupan por analizar los recursos políticos y sociales que permiten a las mujeres alcanzar los cargos de representación y las formas en la que los ejercen (^{Freidenberg y Caminotti, 2014}: 2). Uno de los objetivos de este tipo de estudios es discutir sobre la igualdad política y civil de las mujeres a partir del análisis crítico sobre la posición que ellas han adoptado en el escenario político (^{Johnson, 2001}: 69).

Desde la década de 1970, la presencia de las mujeres como actoras y decisoras políticas se incrementó (^{Barbieri y Oliveira, 1986}: 2; ^{Htun, 2000}: 2). En América Latina se estima que en el último decenio la presencia de las mujeres en la legislatura creció del 8% al 15% (^{Massolo, 2007}: 12). México es uno de los países en los cuales la participación de las mujeres se ha visto notablemente favorecida por las políticas afirmativas. Actualmente todas las legislaturas estatales están integradas por mujeres, siendo las circunscripciones más grandes las que mejor responden al desafío de reducir la brecha de género en el espacio de la representación política (^{Reynoso y D’Ángelo, 2006}: 6). En países como Costa Rica y Argentina se observó igual resultado: el incremento de las mujeres en el espacio legislativo en el 2010 representó el 38% de escaños, aproximadamente (^{Archenti, 2014}: 317-320). Sin embargo, la discusión sobre la igualdad política reconoce nuevas aristas que condicionan la participación a la calidad de la misma o a los resultados que esta arroja. En países como España, Argentina, Uruguay y Ecuador, en los cuales se reconoce la creciente participación de las mujeres en la política, los nuevos estudios retoman las agendas legislativas propuestas y su correspondencia con una agenda de género (^{Archenti y Tula, 2012: 57}).

Gran parte de la literatura que se ha interesado en conocer el tema de la participación de las mujeres en la política se ha enfocado en herramientas institucionales como la Ley de Cuotas y sus efectos en la inclusión de las legisladoras que cada vez es más representativo. Algunos trabajos empíricos han logrado determinar que si bien esta modificación de las reglas mejoró las condiciones de participación de las mujeres, no necesariamente tiene una relación causal a favor de políticas feministas (^{Mackay, 2008}: 130; ^{Johnson, 2014}: 148). Así, se abre la discusión en torno al reconocimiento de las mujeres como actoras políticas, analizando la calidad de su participación y los resultados que ellas logran.

Otros estudios sostienen que la segregación que reciben las mujeres en los espacios políticos las lleva a ocupar cargos menos influyentes, lo que ocasiona que su participación, además de ser minoritaria, sea poco efectiva. En países como Uruguay, se ha establecido que no hay paridad de género en las comisiones legislativas, pues los varones tienen mayor influencia en ciertas comisiones, mientras que a las mujeres se les relega a otras, como por ejemplo, las comisiones de asuntos sociales (^{Chasquetti y Pérez, 2012: 385}). Las comisiones en las que se integran a las mujeres son las relacionadas con los temas de política social, familiar, salud, educación, de vivienda, medioambiente y cultura. Mientras que en las comisiones que abordan temas sobre reformas políticas, administración pública, política exterior y defensa, la presencia de mujeres se reduce considerablemente y hay sobrerrepresentación masculina (^{Martínez y Garrido, 2013}: 421).

Respecto a los temas de ambición política se estima que las mujeres tienen pocas aspiraciones de ingresar a la política. En varios estudios se advierte que son los hombres quienes más incluyen entre sus proyectos de vida la participación política en las esferas del Estado (^{Fox, 2003}: 4; ^{Astelarra, 1986}: 13; ^{Burt-Way y Mae, 1992}: 15). En esta misma línea se ha debatido también la permanencia de las mujeres en los cargos de poder: las mujeres que se postulan como legisladoras abandonan con mayor frecuencia su cargo para continuar su vida laboral en espacios locales, por considerar estos como los menos competitivos y asociados al trabajo comunitario, principalmente (^{Martínez, 2009}: 143; ^{Arévalo 2017}: 78).

^{Freidenberg y Caminotti (2014}) observan la presencia de las mujeres en países federales, Argentina y México; las autoras sostienen que el acceso de las mujeres a cargos políticos es mucho más accesible a escala subnacional. Algunas de las reformas legales han logrado mejorar las condiciones bajo las cuales compiten las mujeres, sin embargo, las élites políticas integradas en su mayoría por políticos varones continúan controlando los cargos de mayor poder (^{Freidenberg y Caminotti, 2014: 3}). Este mismo fenómeno ha sido explicado por ^{Massolo (1998}), quien sostiene que la participación política de las mujeres se concentra en los espacios subnacionales, por ser los de menor competencia y estar destinados en mayor medida al trabajo social.

Otra de las condiciones que se debate es la aceptación de las mujeres dentro de los partidos políticos y su inclusión en los cargos de elección popular (Valiente, Ramiro y Morales, 2003: 181). El proceso de reclutamiento y nominación de candidaturas que realizan los partidos políticos es más favorable a los militantes varones. Se estima que, al interior de las organizaciones, las mujeres se ven obligadas a demostrar una mayor capacidad para lograr su nominación (^{Buvinic y Roza, 2004}: 38). La selección en igualdad de condiciones es un problema que dificulta a las mujeres alcanzar posiciones de liderazgo dentro de los partidos políticos, los mismos que se han consolidado como “estructuras sexistas” resistentes a la inclusión femenina (^{Htun, 2002}: 27).

Temas como la carrera política y la circunscripción electoral condicionan la representación política de las mujeres. Esta relación permite asegurar que a carreras políticas más largas y circunscripciones electorales más grandes es más probable que las legisladoras integren comisiones más importantes (^{Chasquetti y Pérez, 2012: 385}). En esta misma línea, se afirma que cuando más escaños obtiene un partido o una provincia, la posibilidad de incluir mujeres aumenta (^{Jones, Alles y Tchintian, 2012}: 334).

Por otra parte la presencia de mujeres en los espacios políticos se promueve con mayor fuerza por los partidos políticos que se declaran socialistas (Martínez y Calvo, 2010: 20; ^{Barbieri y Oliveira, 1986}: 15). Esta asociación entre mujeres y los partidos de izquierda se sostiene por temas ideológicos de igualdad y por preferencias personales (^{Poncela, 2006}: 132).

Sin embargo, también se considera que el apoyo declarado por determinados partidos políticos de izquierda hacia la integración de las mujeres en la política no siempre se traduce en una representación sustantiva en la legislatura. De manera más general, se descubre que la incorporación de las mujeres obedece a una ampliación del concepto de democracia igualitaria y a políticas de acción afirmativa, sin que exista una condición ideológica específica que promueva la paridad. Es así, que la condición de partido político no representa una característica de la participación de mujeres en los espacios políticos, así que los partidos de izquierda tienen la misma ausencia de mujeres que los partidos de derecha (^{Zaremberg, 2009}: 2).

En los trabajos señalados se aprecia que el estudio sobre la participación de las mujeres en la política se enfoca en una distinción histórica que ha limitado su presencia dentro de los espacios de poder político. Estas condiciones de exclusión femenina en el campo legislativo han encontrado explicación por medio de variables sociales, como la división sexual del trabajo, y otras políticas o electorales relacionadas con el tipo de lista, circunscripción, democracia interna en las organizaciones políticas, principalmente. Este artículo prueba estas teorías mediante el estudio en Ecuador, el cual se caracteriza por ser un país unitario y centralizado, en un espacio de tiempo que permite observar la influencia de las políticas afirmativas.

Las mujeres en la legislatura ecuatoriana y resultados estadísticos de su participación

Ecuador es uno de los países de América Latina en los que la política se maneja de forma centralizada y concentrada. La legislatura es unicameral desde 1979 y se ha integrado por legisladores provinciales y nacionales en la gran parte de los períodos legislativos. La diferencia numérica, entre los escaños que ocupan los hombres con respecto a las mujeres, marcan diferencias sustantivas que se refleja en las iniciativas de ley, la conformación de comisiones y carrera legislativa en la cual los políticos varones logran mayor protagonismo. Bajo estas condiciones de desigualdad, la política en Ecuador continúa siendo un escenario en el cual la presencia de las mujeres enfrenta desigualdades numéricas y sustantivas.

En este trabajo se muestra la descripción del perfil de las mujeres legisladoras, considerando que la Asamblea Nacional es uno de los espacios de mayor decisión política a escala nacional y en el cual sus integrantes son resultado de las decisiones políticas y reglas electorales. Si bien, se trata de uno de los sectores en los que las políticas de acción afirmativa, es decir, las reformas legales que condicionan la participación política al cumplimiento de requisitos de paridad y alternancia a favor de las mujeres que han generado mayores efectos, el estudio de esta institución permite analizar el contexto histórico y social al que se enfrentan las mujeres que desarrollan actividades políticas. La Ley de Cuotas, que se aplica desde las elecciones de 1998, incrementa significativamente el número de asambleístas; sin embargo, la brecha de desigualdad es difícil de borrar.

Como se observa en el gráfico 1, las mujeres que se integraron a la Asamblea Nacional a lo largo de estos quince períodos que se abordan en este estudio representan tan solo el 9%. Es decir, a lo largo de los quince períodos legislativos desde que Ecuador retorna a la democracia, tan solo 81 mujeres fueron electas como asambleístas, frente a un total de 857 políticos varones que ocuparon un curul en esta institución.

El gráfico 1 pone en evidencia la lenta incorporación de las mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. La posibilidad de ser elegidas como asambleístas es uno de los resultados de la discriminación que por condición de género se impone en la esfera política. Lo que ocurre en la Asamblea Nacional es reflejo de un problema social que ocurre también en otras esferas de la política, según datos presentados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2017): la presencia de mujeres en gobiernos locales y organismos de justicia en Ecuador hasta el 2010 se hallaba cerca del 10%.

Otro resultado interesante es reconocer que sin las reformas legales que vuelven obligatoria la incorporación de mujeres en las listas de candidatos a asambleístas este problema toma mayores dimensiones. Antes de 1997, año en que se aprueban las primeras políticas afirmativas que se reconocen como La Ley de Cuotas, las mujeres habían representado tan solo el 3% del total de la legislatura.

En el gráfico 2 se detalla la presencia de las mujeres en cada período legislativo. Como se observa, las legisladoras de forma histórica se han encontrado excluidas de integrar la legislatura. Sin embargo, desde 1998 se registra una línea de ascenso que se ubica hasta el 27%, como límite máximo.

Una de las condiciones a tomar en cuenta en estos resultados es la aprobación de la Ley de Cuotas que se da en 1997, lo que obliga a los partidos políticos a que incluyan entre sus candidatos a mujeres de forma paritaria y alterna. Esto hace más accesible los cargos de los asambleístas para las mujeres ecuatorianas. Por primera vez, en el período legislativo de 1998-2003, el 13% de los escaños le pertenecen a las mujeres. Mientras que en los dos períodos siguientes (2003-2007 y 2007-2010) este porcentaje aumentó en un 16% y un 27%, respectivamente.

La Ley de Cuotas en Ecuador hizo posible el incremento de las mujeres en la política ecuatoriana. Algunos estudios comparados ratifican esta tendencia. Para el 2008 se afirmaba que en aquellos países en los que se aprobó la Ley de Cuotas la presencia de las mujeres en los cargos de elección superaba el 30%, mientras que en aquellos en los que no se había aprobado dicha ley, el margen de participación femenina solo oscilaba entre el 11% y 14%, ya que no contaban con una norma de acción afirmativa a favor de la participación política de las mujeres (^{Fernández, 2008}: 59).

Desde 1997, cuando se promulgó por Ley de Cuotas, las políticas públicas posteriores han permitido que se proteja el derecho de la mujer a acceder a cargos públicos. El acceso a la participación política de las mujeres ha sido una de las batallas más significativas en el momento en que en la Constitución de 1997-1998 se reconoció este derecho, lo que incluye la cuota electoral del 20% para las mujeres (^{Peralta, 2005}: 379). En febrero del 2000 el Congreso Nacional aprueba la Ley Orgánica de Elecciones, la cual favorece la participación de las mujeres en procesos electorales. Se señala que al menos 30% de las candidaturas de cada partido político deberán ser ocupadas por mujeres, mientras que el 30% corresponderá a candidaturas suplentes (^{Peralta, 2005: 380}).

Este tipo de reformas se incrementaron con los cambios planteados en los años posteriores a la Constitución de la República y a los cuerpos legales que controlan la participación política en el país, como es el Código de la Democracia (2009) en la actualidad, por lo que la probabilidad de que el porcentaje de mujeres en la Asamblea Nacional se haya incrementado en las elecciones 2010-2013 y 2013-2017 sea de un 40%, aproximadamente.

En la tabla 1 se detalla la presencia de las mujeres que llegaron a la Asamblea Nacional por circunscripción electoral a lo largo de todo el período analizado. Se observa que las provincias con un electorado más grande son aquellas en las que se eligieron más mujeres. Los primeros lugares los ocupan las provincias de Guayas y Pichincha, con el 28% y 37%, respectivamente, ya que son las circunscripciones electorales de mayor tamaño en Ecuador, lo que significa que eligen un mayor número de asambleístas. En las elecciones de 1979 la provincia del Guayas tenía ocho escaños mientras que la provincia de Pichincha seis. Estas cifras han sido progresivas hasta alcanzar en el 2010 un total de dieciocho legisladores que representan a Guayas y catorce a Pichincha.

Este resultado ratifica lo que ya han observado trabajos previos, en el momento en que los escaños para una provincia aumentan las barreras de la participación femenina disminuyen (^{Matland 1993}: 741; Matland y Taylor, 1997: 192; ^{Norris 2004}: 84; ^{Rule, 1987}: 478), lo que explicaría los casos de Guayas y Pichincha, en que el porcentaje de mujeres electas es mayor. Por otro lado, de las provincias de Bolívar, Cañar, Carchi, Santa Elena, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas no se registra ninguna mujer asambleísta en el período de 1979 a 2010. El caso de esta última provincia puede explicarse por la reciente provincialización en el año 2006 y escaños reducidos.

^{Matland (2002}) sostiene que la relación entre tamaño de la circunscripción electoral y mayor participación femenina se explica por la conformación de estructuras políticas más grandes que incluye una lista de candidatos más diversa. Por otro lado, se afirma que una condición asociada a este resultado es la fragmentación partidaria que afecta elecciones en distritos grandes (^{Cox, 1997}), lo que favorece el triunfo de algunas minorías. Esto nos permite asegurar que el ingreso de las mujeres a la legislatura ecuatoriana depende en buena medida del éxito que se tengan en las circunscripciones electorales más grandes (^{Alles, 2014}: 71).

En varios períodos se eligieron legisladores de circunscripción nacional (1984- 1988, 1988-1992, 1992-1996). Estos, a diferencia de las circunscripciones provinciales, se eligen por votación de todo el país. Los asambleístas nacionales a su vez son los que encabezan las listas de los partidos políticos y se asume que por ocupar un espacio como legislador nacional se requiere de mayor exigencia que los provinciales. En esta clasificación surge otra de las barreras en las que la diferencia por género es marcada. De las mujeres ecuatorianas que han integrado la Asamblea Nacional, tan solo el 6% de ellas ocupó el cargo de asambleísta nacional, mientras que el 94% restante se eligió como representante provincial.

Con los resultados expuestos en el párrafo precedente se determina que han sido pocas las mujeres que han ocupado cargos de legisladores nacionales, esto significa que pocas mujeres han encabezado las listas de candidatos propuestas por los partidos políticos. Es decir que las candidaturas que se consideran de más difícil acceso son destinadas a contendientes varones, lo que puede obedecer de una selección interna del partido político.

A continuación, se analiza la pertenencia de las legisladoras a los partidos políticos. Parte de la literatura señala que los partidos de izquierda son los que han dado mayor apertura a candidaturas femeninas, ya que, siendo coherentes con un discurso de igualdad, están dispuestos a integrar mujeres como candidatas (^{Caul, 1999}: 82). En algunos países europeos, como España, Portugal y Francia, se estima que la consolidación de partidos políticos de izquierda, laboristas, socialdemócratas, comunistas y verdes diversificó a la élite política incluyendo mujeres entre sus representantes (^{Uriarte y Ruiz, 1999}: 211).

Contrario a lo que afirma gran parte de la literatura clásica, en relación con los partidos de izquierda como espacios más favorables para la participación de las mujeres, los datos sobre asambleístas ecuatorianas indican que, hasta el 2010, el 53% de legisladoras representó a partidos de derecha y centro. Destaca el Partido Social Cristiano (PSC), seguido del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), este último identificado como un partido de centro (^{Freidenberg, 2006}: 258) y el Partido Renovación Institucional Acción Nacional (Prian). Por el contrario, los partidos que promueven ideología de izquierda, como Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik, alcanzan un 15%.

Para algunos investigadores este comportamiento se explica por la identificación que sienten las mujeres con discursos conservadores, que defienden el rol de la mujer frente a la familia, y que son rescatados por los partidos de derecha. Se considera, además, que este tipo de partidos son las que tienen un poder de convocatoria mucho más efectivo, lo que provoca que las mujeres den preferencia a agrupaciones más sólidas y con una estructura política más grande (^{Mires, 1993}: 6).

Sobre este mismo tema, ^{Altman (2004}) observa que el acceso de las mujeres a los cargos políticos de elección se ve condicionado por el apoyo que las mujeres brindan a los mismos, lo que responde en mayor medida a una solidaridad de género antes que a una postura ideológica (^{Altman, 2004: 51}). Esto podría ser un factor determinante en la decisión que tienen los partidos políticos de incluir en sus listas a mujeres con miras a capturar el voto femenino. Sin embargo, lo intuitivo de esta idea puede resultar interesante ya que pone en escena las estructuras políticas de derecha como el principal apoyo para la participación política femenina del país.

En el gráfico 4 se presenta la edad con la cual ingresaron a la Asamblea las legisladoras mediante un cuadro comparativo con respecto a la edad de los hombres. Como se puede observar, el comportamiento en este caso muestra pequeñas diferencias frente a la edad en la que ingresan los políticos varones. Principalmente, las mujeres forman parte de la legislatura en una edad de 35 a 40 años, mientras que los varones lo hacen en un margen de 41 a 45 años.

Al observar la edad de los legisladores y compararla por género, se observa que, con pequeñas diferencias, las mujeres ingresan más jóvenes a la legislatura. Esta condición es frecuente en la mayoría de las legisladoras no solo en América Latina sino además en Europa (^{Coller y Santana, 2009}: 39). El cuadro también pone en evidencia que las legisladoras abandonan sus cargos de forma más temprana, a los sesenta y cinco años de edad, mientras que los legisladores permanecen hasta los setenta años.

La principal hipótesis que se suma a esta condición estaría asociada con las reformas legales a favor de la inclusión e igualdad femenina que se dio de forma más tardía, favoreciendo así a las mujeres de más corta edad (^{Uriarte y Ruiz, 1999}: 215). Si bien en Ecuador este dato no arroja marcadas diferencias entre el comportamiento de hombres y mujeres, sí permite comprender las características sociales de las mujeres que ingresan a la Asamblea Nacional.

Sobre el tema de la familia política se considera el parentesco que las legisladoras han tenido con miembros de su familia (conyugal y consanguínea) que han incursionado en la política. Se parte de la idea de que la gran mayoría, el 68% de las legisladoras, no registra antecedente familiar con trayectoria política. La clasificación que se representa en el gráfico 5 corresponde al 32% de legisladoras a quienes se les registró un antecedente político familiar y se lo clasifica por padres, hermanos y esposos.

Estudios académicos sobre este tema sostienen que las mujeres candidatas a cargos políticos registran con mayor frecuencia un capital político familiar, sobresaliendo el adquirido por medio de vínculo matrimonial (^{Joignant, 2013}: 26). En menor proporción se evidencia la relación familiar con un hermano o padre que la antecedió en la práctica política; se trata de un capital electoral y político heredado por un predecesor de sexo masculino. Contar con un antecedente político familiar, en muchos casos, es percibido como una condición positiva que asegura el éxito en la candidatura.

Si bien el legado familiar no se trata de una condición predominante en las actuales democracias latinoamericanas, se reconoce que el parentesco político familiar confiere beneficios para el candidato, otorgándole vínculos electorales heredados del integrante familiar que le ha precedido en la política (^{Joignant, 2013}: 33). Por otra parte, se afirma que los vínculos familiares aumentan las posibilidades para la candidatura de un político, ya que se establecen nexos al interior de los partidos políticos que hacen que el ingreso a la vida política sea más fácil entre aquellos que pertenecen a familias reconocidas en este campo (^{Camp, 1986}: 353). El análisis de los factores políticos familiares, si bien no es predominante actualmente, permite analizar los factores sociales que promueven la candidatura de determinadas personas.

Del total de las mujeres que ingresaron a la legislatura ecuatoriana, el 31% de ellas tenía experiencia previa en el campo de la política, entendiéndola como experiencia previa en el ejercicio de cargos de elección popular y de designación del Ejecutivo para ocupar instituciones de poder político. Como se aprecia en el gráfico 6, gran parte de ellas se destacó a nivel subnacional mediante cargos legislativos, tales como las concejalías.

Dentro de los estudios sobre reclutamiento político, son los espacios locales los que más destacan, ya que gran parte de los legisladores provienen de cargos de representación local (^{Verner, 1974}: 599; ^{Lodola, 2009}: 250). En el caso de Ecuador, las concejalías representan a los cargos que dan la posibilidad de fiscalizar y legislar a los gobiernos cantonales y que se transforman en escenarios para ganar reconocimiento y respaldo electoral. ^{Archenti y Albaine (2012}) afirman que lo espacios locales tienen algunas condiciones que son más favorables para las mujeres, circunstancias que facilitan el acceso en los espacios legislativos, lo que aumenta en la esfera subnacional la condición utilizada como un peldaño para ascender políticamente a espacios legislativos nacionales, principalmente, ya que los Ejecutivos son en su mayoría ocupados por políticos varones (^{Archenti y Albaine, 2012: 229}). Los cargos legislativos a escala local se destacan por ser más accesibles y encargarse de realizar un trabajo social que facilita la incursión pública de las mujeres que desean iniciar su carrera política.

Para analizar la carrera política se tomó en cuenta la trayectoria de las mujeres asambleístas, aplicando la tipología clásica de ^{Schlesinger (1966}: 15), que contempla la carrera ascendente, estática y discreta. Se define como ascendente aquella carrera en la que los legisladores abandonan su cargo para ocupar otros de mayor importancia; estática en el momento en que el político se reelige en su cargo; y, discreta cuando luego de un período abandona la carrera política. Se agregó en esta clasificación la trayectoria de aquellas mujeres que luego de su período como legisladoras ocuparon cargos locales a alguna carrera conocida como “regresiva” (^{Samuels, 2003}: 5). Para esta clasificación se observó la trayectoria de cada una de las asambleístas en los diez años siguientes en los que salió de la legislatura.

Como se observa, más del 50% de las mujeres ha desarrollado una carrera de tipo discreta, eso quiere decir que luego de haber ocupado su cargo de asambleístas por un período no siguió con el desarrollo de su carrera política. Tan solo el 38% de las mujeres continuó con una carrera política luego de haber dejado la Asamblea; el 18% optó por la reelección en la Asamblea; el 14% prefirió cargos subnacionales y tan solo el 6% logró ocupar cargos en otras esferas de poder a escala nacional, como ministerios.

En América Latina la carrera legislativa ha sido considerada deficiente, siendo la causa de esto el poco interés de los políticos por permanecer en este espacio de poder (^{Botero, 2011}: 169). En Ecuador esta tendencia ha sido notable, ya que la legislatura desde 1979 hasta 2010 se ha integrado por el 50% de políticos con carrera discreta, esto quiere decir que no manifestaron ambición de permanecer en espacios de poder político (Basabe, 2018: 1)). En lo que concierne a las mujeres, este fenómeno es aún más notorio ya que menos de la mitad de las legisladoras optaron por mantener cargos en la esfera política.

Las barreras para la permanencia de las mujeres dentro del campo político van desde el ámbito profesional hasta el personal. Se considera que una de ellas es la dificultad en conciliar el desarrollo familiar con el profesional (^{Bernal, 2006}: 6), existe una marcada tendencia a preferir el rol de madres sobre la continuidad política (^{Uriarte y Ruiz, 1999}: 227). Otro límite para la participación femenina tiene que ver con la participación de la mujer en los partidos políticos, la cual desde sus inicios ha sido escasa (^{Mires, 1993}: 6) y además se ha determina que en varias agrupaciones se da preferencia a los militantes varones para asumir cargos de elección popular (^{Coller y Santana, 2009}: 36).

A continuación, se detalla la pertenencia de las legisladoras a las comisiones legislativas. Los estudios sobre este tema manifiestan una fuerte inclinación en la designación de las mujeres asambleístas en las comisiones que abordan temas sociales como educación, cultura y salud. Las comisiones consideradas fuertes, como son las económicas y de defensa o relaciones internacionales, son conocidas por tener una sobrerrepresentación masculina. Por ende, hay un sistema de marginación interna que recorre a América Latina (^{Marx, Borner y Caminotti, 2007}: 53; ^{Martínez y Garrido, 2013}: 421). En el gráfico 8 se detalla las comisiones legislativas a las que han pertenecido las legisladoras ecuatorianas.

En el caso ecuatoriano, las mujeres legisladoras integran principalmente las comisiones sobre temas sociales como cultura, educación y salud. Áreas de justicia, economía y administración pública son, por el contrario, las de menos participación. Lo que para algunos autores es parte de una exclusión interna, para ^{Chasquetti y Pérez (2012: 384}) es resultado de las condiciones de profesionalización política. Las comisiones de mayor impacto o importancia, que son las de economía, defensa y justicia, acogen a políticos de mayor trayectoria, no siendo la variable género una condición explicativa.

Con base en lo expuesto, se demuestra que las mujeres en la legislatura tienen una presencia no solo minoritaria, sino que, además, se caracterizan por ocupar espacios no estratégicos. Si bien esto puede darse por un criterio de discriminación -lo cual no ha sido explicado aun de forma directa por ningún estudio- también puede darse por el tema de la profesionalización de la mujer, lo que genera la lenta incorporación en algunos campos de la política.

Conclusiones

Este artículo abordó el rol que han desempeñado las mujeres ecuatorianas dentro de la Asamblea Nacional. Los resultados obtenidos revelan que durante el período comprendido entre 1979 y 2010, la presencia de las mujeres fue residual, pues alcanzó el 9% del total de la legislatura. Sin embargo, a partir de las elecciones de 1998 la presencia de las legisladoras se incrementó notablemente debido a la aprobación de la Ley de Cuotas que buscaba que las mujeres tuvieran mayor participación en los distintos órganos del Estado. Esto repercute favorablemente, ocasionando un aumento de las representaciones de las mujeres en la Asamblea con un 13%. Este porcentaje fue aumentando en los períodos siguientes.

La aprobación de la Ley de Cuotas ha sido una de las reformas más importantes para asegurar la participación de las mujeres en el escenario político. Los países que cuentan con este tipo de normas tienen una mayor representación femenina, como es el caso de Ecuador (^{Jones, Alles y Tchintian, 2012}: 354). A partir de la década de 1990, en América Latina estas reformas provocaron un incremento en la actividad política para las mujeres (^{Reynoso y Ángelo, 2006}: 3). Sin embargo, es necesario proponer un análisis detallado sobre este tema hasta conocer lo que sucede al interior de los partidos políticos y de la Asamblea Nacional en el desempeño diario de las mujeres que deciden hacer política. María Inés ^{Tula (2015}) advierte que en algunos países el cumplimiento de esta norma no solo se ha transformado en una obligación, ya que, además, se ha convertido en un techo que se cumple para evitar sanciones.

Sobre la circunscripción electoral en Ecuador, las provincias de Guayas y Pichincha son las que reportan un mayor número de representantes mujeres en la Asamblea Nacional. Esto contrasta con algunas provincias, de manera especial, en las que no se integró ninguna representante mujer. La clasificación por nivel de representación determinó también que las mujeres en su mayoría son electas como legisladoras provinciales, esto quiere decir que requerían en voto favorable de su provincia. Tan sólo el 6% de ellas accedió a la legislatura como representante nacional, lo que significa que ganaban con el voto favorable de todo el país. Por ello, encabezaron las listas de sus partidos políticos.

En el tema de partido político, los resultados obtenidos son llamativos ya que contradicen lo hipótesis de que hay mayor apertura para las mujeres en los partidos de izquierda. Para el caso ecuatoriano esto no opera, ya que el 53% de las legisladoras pertenecen al Partido Social Cristiano (PSC), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), identificados con una ideología conservadora de derecha. Sobre el tipo de carrera, se concluye que la gran mayoría de las legisladoras (62%) desarrollaron una carrera de tipo discreta, esto significa que ocuparon su curul por un período y luego de eso no accedieron a otro cargo político (^{Schlesinger, 1966}: 23). Sin embargo, entre las que sí eligieron darle continuidad a su carrera política lo siguieron haciendo por medio de la legislatura y los gobiernos locales. El 18% de las mujeres asambleístas se reeligió más de una vez.

Se considera además que las mujeres ingresan a la legislatura en una edad más temprana que los hombres, la mayoría de ellas entre los 35 y 40 años de edad. Sobre su vinculación previa con la política se analizaron dos variables: el parentesco familiar y la experiencia previa. Estas condiciones permiten analizar el conocimiento previo que tenían sobre la política al momento de ingresar en la legislatura. Sobre el parentesco familiar se concluye que el 32% de las legisladoras ecuatorianas pertenece a una familia con trayectoria política, siendo la mayoría de ellas esposas de representantes políticos. Se destaca, además, que más de la mitad de las legisladoras ecuatorianas (56%) tenía experiencia política previa por medio del espacio legislativo subnacional, principalmente, en las legislaturas cantonales o concejalías.

Adicional a la participación minoritaria de las mujeres dentro de la Asamblea Nacional, su relevancia se ve afectada por el espacio que ocupan en las comisiones legislativas. Dentro de estas se destaca que el 50% de las legisladoras ha integrado a las relacionadas con temas de educación, cultura y salud. De otro lado, las comisiones calificadas como importantes, que son aquellas que tratan temas de economía, justicia o defensa, se integran con un 4% de legisladoras. Finalmente, la inclusión y la participación política de las mujeres hacen parte de una agenda de interés, al igual que los temas relacionados con el rol que juega el partido político y la familia en ellas. Las próximas investigaciones deben dar cuenta del rol de las mujeres en las agendas legislativas y dentro de las propuestas de ley. Así como las alianzas políticas que ellos sostienen con sus pares políticos para lograr más efectividad en su participación.