Introducción

El siguiente artículo se propone compartir algunos aspectos del recorrido que desde la Facultad de Ciencias Sociales, y en particular desde la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se viene realizando durante los últimos veinte años respecto a la formación de profesionales de las ciencias sociales en lo referente a la violencia de género, en la ciudad de Córdoba, segunda ciudad más importante del país argentino. También es importante señalar algunos avances planteados en estos procesos, atendiendo al actual contexto normativo (leyes nacionales y provinciales de los últimos diez años). Si bien, nos centraremos en una propuesta de formación de posgrado reciente (2017/2018), pretendemos recuperar algunos aspectos claves que permitan realizar una lectura en torno a tres cuestiones:

La reflexión que se propone, en definitiva, pone de relieve la recuperación de las experiencias transitadas desde un espacio académico, como aporte a la lectura histórica del problema de la violencia y, por tanto, a la comprensión de los procesos que subyacen en todas las prácticas definidas como novedosas, en este caso, las universitarias. “[...] se trata de aprehender las realidades sociales como construcciones históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos, construcciones que tienden a substraerse a la voluntad clara y al control de estos mismos actores” (^{Corcuff, 1995}: 17).

Los recorridos y trayectorias que se plantean se vinculan claramente con los procesos y contextos históricos situados en la provincia de Córdoba, en la República Argentina, reconociendo la problemática de la violencia de género y las normativas que se instalan a escala provincial y nacional¹ y que habilitan instancias de formación e intervención. Pero también, es importante mencionar las apuestas y el involucramiento de la UNC por medio de lo que fuera un colectivo de docentes de la Escuela de Trabajo Social, hoy parte de la Facultad de Ciencias Sociales, que se fue forjando a esta institución como un/a actor/a social en la instalación de los debates y propuestas de nuevos abordajes de la problemática de género desde el feminismo. Analizando y disputando sentidos, desde la década de 1990, con las primeras herramientas normativas nacionales e internaciónales en torno al reconocimiento de la violencia de género como problema social y político en el medio social cordobés.

En este contexto es que las ciencias sociales, y en ella el trabajo social y la UNC, vienen planteado diversos tipos de instancias de estudio, investigación, extensión y formación, en todos los casos liderada por una pequeña comunidad de docentes, que fue recuperando de las propias acciones de militancia y proyectos barriales particulares el abordaje de la problemática de la violencia, y también accionando desde los incipientes movimientos de mujeres y de articulación feminista de la época de los que además formaron parte (desde la década de 1980 y hasta el momento).

Hoy, la inquietud está centrada en recuperar una experiencia que se lleva adelante desde el año 2017 y que aporta de manera particular a la formación de profesionales del ámbito de la justicia cordobesa, en torno a la problemática de la violencia de género y desde una propuesta de posgrado inédita respecto a la formación profesional, que es de autoría de quienes suscriben este trabajo y cuyo rasgo principal es la convocatoria a replantear las propias intervenciones profesionales. La propuesta cobra particulares rasgos por varios motivos: el abordaje desde la intervención profesional de disciplinas diversas que operan juntas ante el problema de la violencia, la inserción en un área de la política específica que tiene a su cargo las respuestas que plantean tanto las legislaciones provinciales como nacionales y, por otra parte, por la incorporación de la virtualidad en el desarrollo metodológico.

La noción de intervención profesional es fundamental para imaginar prácticas en el cual las ciencias sociales -en este caso- accionan en orden a un problema social complejo, desde la propia formación, contribuyendo a superarlo en orden a mejorar la calidad de vida. Estas construcciones plantean un sustento teórico, ético, epistemológico y metodológico desde el campo del que se trate (psico, social, legal, entre otras). Al respecto, se podría citar como referencia sobre intervención a autores como ^{Soldevila (2009}), ^{Rozas (2003}), Ocampo (2015), ^{Rotondi (2016}) y ^{Rotondi, Gaitán, Giordano (2009}), entre otros, en quienes la intervención tiene relación con la idea de construcción disciplinar, procesos complejos e incorporación de dimensiones que involucran el “ver” la problemática, diagnosticar, el “comprender” explicándola desde los marcos teóricos, éticos, epistemológicos y el “dar respuesta” junto a quien padece el problema, buscando salidas viables.

Nos interesa comentar esta experiencia por varios motivos. En primer lugar, por la reciente creación de la Facultad de Ciencias Sociales (12/12/2015). Anteriormente la Universidad Nacional de Córdoba contaba con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en cuyo interior se encontraban las Escuelas de Trabajo Social y de Ciencias de la Comunicación. En el marco de la celebración de los cuatrocientos años de la universidad, se crea la nueva Facultad de Ciencias Sociales, que incluye a la Escuela de Trabajo Social, el Centro de Estudios Avanzados y el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública. Hoy se abre camino a nuevas lecturas, propuestas interventivas y acuerdos para desarrollar aportes específicos desde las ciencias sociales.

En segundo lugar, por la posibilidad que brinda la celebración de un convenio de formación entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, desde el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y específicamente con la Oficina de la Mujer perteneciente al mismo, a fines de consolidar una línea de estudio y formación en el tema violencia de género en la universidad. Convenio que, junto con la mirada institucional de quienes se articulan (universidad pública y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), plantea una oportunidad de incidencia en las políticas públicas formativas respecto a la problemática, instalando como claves del asunto: marcos teóricos actualizados y nuevas lecturas de las prácticas interdisciplinarias llevadas adelante por las políticas de la justicia en la provincia de Córdoba.

Nos planteamos realizar un recorrido de formación especializada de posgrado con profesionales del derecho, ciencias sociales, comunicación y los encargados de administrar justicia, comunicando algunos aspectos que devienen de la historia de la Escuela de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Sociales, en tanto, son instituciones que construyen los antecedentes del abordaje de esta cuestión² en la universidad. También se consideran algunos aspectos del contexto que nos fueron allanando el camino a la hora de proponer este trabajo de posgrado en una temática compleja y que presenta desafíos permanentes para su abordaje. Los debates de género en nuestro país llevan aproximadamente unos treinta años y podríamos señalar a la década de 1980 como el inicio de los mismos, atendiendo al surgimiento de diversos espacios de debate, organizaciones en el marco de la sociedad civil y cambios en las normas y legislaciones entre otras cuestiones³. En relación con esto último, nos referimos al avance normativo en torno a la temática en Argentina (con la ^{Ley n.º 26.485}, Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Sancionada: 11/3/2009. Promulgada de Hecho: 1/4/2009 y ^{Ley provincial n.º 9283} de Violencia Familiar desde el 1/3/2006).

Normativas y prácticas profesionales en la luchas por el reconocimiento de derechos a una vida sin violencia

Una de las novedades fue el desarrollo de este curso a partir de un convenio específico,⁷ que posibilitó el desarrollo de una propuesta en la que la Facultad de Ciencias Sociales asume, por intermedio de las profesoras responsables el diseño del curso, sus objetivos, perspectivas, contenidos y la conformación del equipo docente con funciones vinculadas al dictado de temas y otras de acompañamiento tutorial. Este hecho habilita de manera concreta la incidencia en una política pública específica. Las/os docentes que lo conforman tienen en sus trayectorias prácticas académicas y de producción científica junto a una militancia feminista y de sexualidades disidentes con la heteronorma. Esto permite articular un equipo académico en diálogo con diversas experiencias sociales y políticas.

La línea de capacitación, especialmente con la modalidad a distancia, se fue desarrollando a partir de la cooperación interinstitucional,⁸ que habilitó una estrategia para la formación de las/os profesionales con un bajo nivel de exposición en su contexto laboral y de resguardo para la reflexión, ya que el diálogo e intercambio se plantea con docentes universitarios y mediante una plataforma virtual. Concretamente la virtualidad del desarrollo del curso provee a cada estudiante una situación y contexto protegido y de resguardo para la reflexión, en el que el intercambio y expresión de sus opiniones se realiza de manera directa con su docente tutor y en un foro virtual con un grupo de colegas acotado.

Otra cuestión estratégica (por lo oportuna y necesaria) ha sido el anclaje de la propuesta, en los procesos históricos de visibilización del problema de la violencia de género (en el año 2017 se produjeron casi dos femicidios por mes, según los registrados por la prensa local en la provincia de Córdoba,⁹ mientras que al Poder Judicial se presentan 125 denuncias de violencia familiar por día).¹⁰ Cuestión que contrasta con las herramientas que hicimos nuestras, particularmente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Cedaw) conocida también como Convención de Belém do Pará,¹¹ que tiene fuerza de ley en Argentina desde 1996. Este instrumento político normativo es de central importancia, dado que reconoce por primera vez la necesidad de desarrollar desde los Estados los mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres para la lucha contra la violencia física, psicológica, sexual, tanto en el espacio público como en el privado.

Dicha ley también nos permite involucrar a las universidades estatales en el asunto bajo una mirada interdisciplinaria que convoca a diversos centros de formación. Es preciso recordar que las actas asamblearias de los encuentros nacionales y de la Comisión Encuentro de Córdoba¹² no eran recibidas por la universidad, ni valoradas como lecturas diagnósticas para el desarrollo de propuestas y temáticas visibilizadas a nivel social y articuladas a los debates de género.¹³ De allí la necesidad de un anclaje normativo que las expresa y habilita.

La Convención de Belem do Pará reconoce en su preámbulo que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, siendo su origen histórico la desigualdad estructural entre varones y mujeres. No es un problema individual ni privado, no es una patología: es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres como ciudadanas y humanas, por lo que compromete al Estado en su garantía y protección. Esta cuestión facilita, desde la mirada de las ciencias sociales, una lectura que avanza en explicaciones estructurales de la problemática, involucra nuevas lecturas sobre el sistema social y sus responsabilidades en el asunto y compromete a una formación de profesionales del área respecto del abordaje interventivo en el cual el Trabajo Social aporta sus nuevas lecturas.

Otro de los anclajes normativos del posgrado fueron la ^{Ley Provincial n.° 9283 de Violencia Familiar} (2006) y la ^{Ley Nacional n.º 26.485} de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009). Esta última constituye un instrumento fundamental para el diseño de políticas públicas con un enfoque más amplio del problema que recupera en algún sentido discusiones y debates propios del movimiento feminista y movimiento de mujeres.

El avance en las legislaciones, que de manera más integral o más fragmentada van incorporando una perspectiva de género, pone de relieve la dimensión histórica y dinámica de las luchas sociales y el papel que diferentes movimientos sociales, entre ellos el feminismo y movimiento de mujeres, han tenido en las disputas por establecer como legítimas ciertas necesidades sociales antes no reconocidas y derechos específicos. A nivel de los espacios universitarios, los aportes de los marcos teóricos y documentales de aquellas cátedras, proyectos de investigación y de extensión, que eran alentados por mujeres militantes feministas, hoy se expresan en propuestas como las que estamos comentado del posgrado. Debemos reconocer que aquellas preocupaciones propias de la intervención profesional desde diversas ciencias tiene su raíz, en particular, en la disciplina de Trabajo Social que se vuelve clave en el momento en que se instalan contenidos relativos al asunto en cátedras que hacen a la formación troncal de la disciplina y cuando alientan propuestas de formación en el grado y el posgrado, pero además en los entrenamientos de las prácticas preprofesionales de las y los estudiantes universitarios.

Asimismo la lectura respecto de las necesidades sociales que expresan las mujeres que padecen violencia, especialmente desde sus posiciones e intersecciones sexo genérico, étnico, de clase y raza, se construye desde los debates en torno al objeto de intervención profesional de la disciplina Trabajo Social. Los mismos involucran una lectura de las necesidades, relaciones y representaciones sociales, promoviendo reflexiones críticas que permitan comprender y explicar las razones estructurales de la violencia, y sus anclajes en la vida cotidiana de las mujeres, el sostenimiento de la violencia desde las tramas de relaciones sociales y los discursos, todas cuestiones abordadas en el marco del posgrado.

La presencia del Estado en las relaciones interpersonales, familiares, sociales, mediante los instrumentos jurídicos, es compleja y contradictoria, en tanto que el Estado moderno, como lo plantean muchas feministas, nació patriarcal, es decir, su ADN y genealogía es de carácter patriarcal (^{Pateman, 1995}; ^{Lerner, 1990}; ^{Hartmann, 1981}; ^{Segato, 2017}), por tanto, produce y reproduce la violencia y discriminación interseccional en sus instituciones y en sus prácticas; y a la vez las normativas constituyen instrumentos conquistados en la lucha que nos posibilitan avanzar en el largo proceso de la afirmación y defensa de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres. Pero además implica identificar las complicidades presentes con relación a la problemática de género y de la violencia, en particular, entre los diversos actores sociales, políticos, culturales y aún académicos que, sosteniendo pautas propias del capitalismo patriarcal, ofrecen a las mujeres una “ciudadanía fragilizada” (^{Rotondi, 2003}).¹⁴

Esta idea también se vincula con el concepto de relaciones desiguales de poder, poniendo de relieve al género como categoría relacional de análisis con “una historicidad propia, cuyo eje motor son las relaciones de poder, entendida no como una fuerza coherente, unificadora y central, sino como relaciones desiguales construidas discursivamente y como campo de fuerzas sociales” (^{Ramírez, 2005}: 40-41). Perspectiva que potencia una mirada articuladora de los diferentes actores sociales comprometidos (en el sostenimiento o en la transformación de la violencia), en el que se incluye también al Estado y sus agentes a los espacios públicos y privados, así como la afectación a las mujeres a nivel individual y como grupo social, reconociendo la discriminación como práctica social vinculada con la violencia de género.

Ahora bien, ¿por qué hacerse cargo de esta problemática desde la universidad pública y junto a otros actores/as?

En estos contextos, ¿qué argumentos priorizar a la hora de aludir a los compromisos que la universidad pública debe asumir con esta cuestión? ¿Todo empieza y termina en un posgrado? En una primera respuesta se destaca los aportes que la universidad pública puede realizar en la comprensión del problema de la violencia de género y que tiene su anclaje en la misma misión de la universidad y sus vinculaciones con el conocimiento de una problemática social, política y cultural que demanda diversas aristas de lecturas y de transferencia a la escena social. Sin embargo, la salida a la realidad propone tanto acciones de extensión como de formación de aquellos profesionales que pasaron por los claustros universitarios y esa tarea no puede eludirse si apostamos a un posicionamiento claro sobre el problema.

En este sentido deberá debatirse en los claustros universitarios, no solo la problemática, sino la posición de la universidad como actora social y el posicionamiento o toma de posición, como plantearía ^{Bourdieu (1988}) respecto del asunto.¹⁵ Habrá que reconocer, además, que los abordajes de la violencia de género aún están en construcción y la difusión de las iniciativas de formación como las que se está socializando. Del mismo modo, que las acciones a nivel social y político son claves en el fortalecimiento de la toma de posición de la universidad.

Por otra parte, desde esta institución, como espacio de formación y desde la presente perspectiva, debe señalarse que pensar la violencia implica pensar un problema social, histórico, pero también político y cultural. Esta mirada conduce a los/las sujetos a estudiar aquellas raíces estructurales y los anclajes que el problema plantea en las diversas formas de organización social y política de nuestra sociedad (capitalismo, patriarcado, colonialismo y los juegos de poder de estos sistemas). Comprender cómo la violencia se expresa y reproduce en todas las instituciones entre las cuales está el poder judicial, afectando los derechos de ciudadanía, implica analizar aquellas contradicciones propias del debate entre democracia como sistema político, en el marco de un esquema capitalista, patriarcal y colonial.

Esta lectura pone en evidencia la necesidad de construir un horizonte de análisis y reconocer las implicancias que tiene este problema social, ya que no se trata de un problema individual de los/ las sujetos, ni tampoco un problema de instancia privada, y requiere analizarse a la luz del sistema social vigente, en un momento histórico, reconociendo las diversas relaciones sociales de subordinación y sus asimetrías, tanto como identificar las formas de producción, reproducción y naturalización del problema de la violencia en el marco del mismo sistema.

Ahora bien, si se identifica una trama social que plantea mecanismos particulares de reproducción de la violencia, habrá que considerar algunos interrogantes: ¿la universidad y el poder judicial, como instituciones del sistema social y político, no reproducen la violencia de género? ¿No construyen un habitus, como plantearía ^{Bourdieu (1985}), en el cual se ven reflejadas las pautas del sistema? La autoevidencia de la violencia, sus construcciones, los estereotipos de género, los sujetos de conocimiento hegemónico, los métodos correctivos y aún las estrategias de intervención, ¿acaso están exentas de estos rasgos de naturalización de la violencia de género?

Estos interrogantes tal vez sean los que han llevado a plantear propuestas concretas en las cuales se ponen a disposición una serie de nociones, enfoques, metodologías y herramientas que faciliten la construcción de miradas que aporten a la modificación de prácticas, representaciones y acciones de los profesionales que operan ante este grave problema, al menos desde las disciplinas con foco en las ciencias sociales. Y tal vez, lo que lleva a conformar un equipo altamente interdisciplinario, integrado casi en su totalidad por especialistas de la UNC de disciplinas distintas a la abogacía.

Por otra parte, el desarrollo de una propuesta de formación de posgrado, universitaria, asentada en el ámbito de la justicia, identifica y visibiliza actores institucionales claves, por lo cual un objetivo fue mostrar de manera concreta la necesidad de toma de posición frente al problema de la violencia de género y la preocupación por instalar en la escena universitaria estrategias de acción junto a instituciones que aportan en las respuestas desde la política pública. Interdisciplinariedad y mirada de la política pública dan nominación al curso “Violencia de género desde un enfoque interdisciplinario: de las palabras a los hechos”.

¿Qué aporta el curso de posgrado?

Una de las claves de los fundamentos del curso de posgrado se enmarca en una propuesta general de sensibilización y capacitación dirigida a las/los agentes que desempeñan diferentes funciones en el poder judicial de la provincia de Córdoba, en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país a partir de la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), que en su artículo 8c) plantea adoptar medidas para “[…] fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley […]”. Asimismo, en la Recomendación General n.º 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1992) se establece, en el artículo 24b), que “es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención”.

Las acciones de sensibilización operan en ámbitos de política compleja, como lo es la justicia, como una acción de apertura y aliento al desarrollo de una política pública que recupera el abordaje de una problemáticas de múltiples aristas. Y si bien reconocemos que se han planteado diversas experiencias en torno a ello, el desarrollo de un curso de posgrado, que propone la vinculación con temáticas y marcos teóricos específicos y novedosos para este colectivo, aporta enfáticamente a la sensibilización y motivación en torno al tema, desde un colectivo interdisciplinario. En ese contexto, la categoría violencia de género expresa un proceso colectivo y sociohistórico de debates, que pone en la esfera de lo público un tipo de violencia estructural y específica en la que “el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer [...]” (^{Rico, 1996}: 5).

Diversas conceptualizaciones (violencia familiar, violencia doméstica, violencia hacia la mujer, géneros y violencias, violencia de género en contra de las mujeres, entre otros) van expresando algunas de las transformaciones que se han ido presentando en concepciones, explicaciones, legislaciones y tratamientos del problema; involucrando a la sociedad y de manera medular al Estado y sus instituciones. De allí que sea central la articulación de contenidos centrales que estructuramos en cinco módulos, iniciando el recorrido en el primer módulo, introduciéndonos en los estudios de género y sexualidades disidentes de la heteronorma y sus aportes a la justicia, analizando historia/origen, sentidos y campos de estudios; además de las categorías claves de género, sexo y las raíces estructurales de la violencia.

Las nociones de patriarcado, androcentrismo y diversidad cuestionan el por qué estudiar hoy la problemática social y política de la violencia desde un enfoque de género feminista. Esta lectura nos conduce a un segundo módulo que nos demanda analizar la construcción de sujetos y subjetividades, las cuales expresan implicaciones en la cultura. Género e interseccionalidades surgen como categorías claves, pero además contribuyen a la lectura de las diversas y múltiples implicancias en las relaciones entre las categorías de género, sexo, clase, etnias, raza, generaciones, sexualidades. Los conceptos de igualdad, diversidad, diferencia nos acercan a los sujetos y los derechos, entendidos estos como derechos humanos y de ciudadanía.

Pero la perspectiva no puede detenerse solo en el análisis categorial, ya que es clave para el abordaje la mirada de la violencia de género y las políticas públicas, cuestión que se aborda en el tercer módulo del curso. La construcción sociohistórica y las interpretaciones de la violencia de género nos permiten acercarnos a conceptos que fueron definiendo perspectivas sobre el asunto, tales como violencia familiar, violencia doméstica, violencia contra la mujer y violencia de género. Estas formas diferentes de denominar el problema dan cuenta de las transformaciones que se han venido produciendo en las perspectivas de análisis, fruto de las luchas por la interpretación de la violencia de género y sus modos de abordarla, entendiendo que “las interpretaciones no son simplemente representaciones […] Son, más bien, actos e intervenciones” (^{Fraser, 1989}: 11).

En estos procesos los problemas expresados como nuevas demandas sociales salen de la instancia de “lo privado”, desprivatizándose, e ingresan a la esfera de lo público; es decir, se politizan (^{Fraser, 2010}), posibilitando así el acceso al campo de la política de figuras como el femicidio o feminicidio, que hoy se encuentran reconocidas como un agravante de la figura de asesinato en el código penal argentino. El análisis de las políticas públicas y el necesario enfoque de derechos es clave en este momento de la propuesta.

Los dos últimos módulos de trabajo nos acercaron a una lectura de los nuevos marcos normativos, principales leyes, instrumentos y acuerdos internacionales y regionales que establecen las obligaciones de los Estados respecto de los derechos de la mujer y la eliminación de la violencia contra la misma. Y la visibilización de las diversas expresiones de la violencia que hoy se reconocen en la ley nacional y que facilitan el diseño de nuevas estrategias de intervención, entendiendo la violencia no solo como proceso sino también como instrumento presente en la cultura patriarcal. Se aborda, además, las formas que asume el ciclo de la violencia, sus impactos y huellas en la subjetividad; asimismo, las distintas formas de violencia, los diversos espacios involucrados (comunicación, obstétrica) tan ocultos y tan centrales en la reproducción continua de la misma.

El abordaje que se realiza se considera introductorio al estudio y análisis del problema de la violencia de género para su tratamiento en el campo de los derechos y sus prácticas en el poder judicial, como actor clave en el asunto. El curso pretende ser un aporte para la interpretación de las normativas, la elaboración de respuestas para el resguardo de las mujeres y para la problematización de sus propias prácticas en clave de género e interseccionalidad. Identificar un actor institucional, como el Poder Judicial y sus prácticas, así como los caminos que viene recorriendo este ámbito a partir de las nuevas normativas y leyes ha sido un aspecto clave para iniciar un proceso que instala, desde marcos teóricos complejos e interdisciplinarios, una nueva mirada.

En este punto debemos señalar que asumimos la interdisciplinariedad, tomando los aportes de Alicia ^{Stolkiner (2005}), quien plantea:

La interdisciplinariedad es un posicionamiento, no una teoría unívoca. Ese posicionamiento obliga a reconocer la incompletud de las herramientas de cada disciplina. Legitima algo que existía previamente: las importaciones de un campo a otro, la multirreferencialidad teórica en el abordaje de los problemas y la existencia de corrientes de pensamiento subterráneas -de época- atravesando distintos saberes disciplinarios. La actividad interdisciplinaria, sea de la índole que sea, se inscribe en la acción cooperativa de los sujetos, requiere de ello […] (^{Stolkiner, 2005}:5)

Desde este enfoque, asumir un posicionamiento interdisciplinario implica una necesaria multirreferencialidad teórica epistemológica y metodológica en el abordaje de los problemas, así como la acción reflexiva y cooperativa que nos constituye como actores/agentes en el campo jurídico. La violencia de género, como todo problema social, necesita de los aportes de todas las disciplinas para su estudio, análisis e intervención.

En el caso del poder judicial, la planta profesional está constituida en una amplia mayoría por abogadas/os; los equipos técnicos lo conforman un sector menos numeroso, como psicólogas/os y trabajadoras/os sociales. También cuenta con médicos y psiquiatras en áreas específicas. Por ello, esta iniciativa conlleva una lectura de la violencia de género desde distintas miradas disciplinares y dimensiones de análisis del problema, con el fin de sumar mayor complejidad en las interpretaciones y las respuestas a este problema multidimensional. Especialmente porque en el campo del poder judicial predomina un enfoque jurídico normativo, en muchos casos reproductor de una lógica social tradicional en tensión con los planteos de las nuevas legislaciones.

Las implicaciones que esto tiene nos llevan a un desafío importante en el diseño de propuestas que aporten a la problematización de las lógicas hegemónicas naturalizadas y en ocasiones no cuestionadas. La incorporación del enfoque de género feminista e interdisciplinario es estratégico y necesario en todo proceso de formación que busque problematizar la realidad social, desnaturalizar las desigualdades y opresiones (género, clase, generación, raza, etnias, etc.) y trasformar las prácticas cotidianas. El enfoque o perspectiva de género feminista,¹⁶ que consiste en la “crítica de la concepción androcéntrica de la humanidad que dejó fuera a la mitad del género humano: las mujeres” (^{Lagarde, 1996}: 13), ofrece un lugar valioso desde el cual leer y comprender las relaciones de géneros, las cuales -como se viene diciendo- reproducen el conjunto de las relaciones sociales en nuestra sociedad. Las desigualdades, injusticias y jerarquías sociales, basadas en la posición de género, se plasman en relaciones de poder asimétricas, que afectan la constitución de las mujeres como sujetos de derechos y naturalizan la imposición violenta de este poder mediante la fuerza física, económica y simbólica.

En este sentido, el enfoque de género propone la construcción de una visión acerca de las relaciones sociales de género en términos de relaciones desiguales de poder, las cuales se han ido -y se van- construyendo en sociedades concretas y momentos históricos precisos. Estas miradas contribuyen al reconocimiento de las asimetrías de géneros presentes en los diferentes espacios sociales, sacándolas del ámbito de lo privado -desprivatizándolas- y situándolas en el espacio de lo público, es decir, politizándolas. Perspectiva que considera la capacidad de “agencia” de los sujetos/agentes sociales tanto en la producción como en la recreación de sus prácticas (de acuerdo con los contextos y relaciones existentes entre lo opresivo y lo emancipatorio) y no solo como un sujeto determinado y mero reproductor de lo dado. La perspectiva de género feminista contribuye así a develar una parte importante de la realidad que ha estado invisibilizada, lo que conlleva modificar la ya conocida, es decir, que establece una práctica transformadora. El feminismo instituye así una nueva realidad y, al hacerlo, plantea nuevos problemas y nuevas alternativas.

La consigna contenida en el título del curso de posgrado “de la palabra a los hechos”, ha sido una invitación a la participación y articulación en las reflexiones individuales y colectivas de las miradas y prácticas cotidianas y profesionales, entendiendo que aportan a su análisis y transformación. Pero también una convocatoria a la producción de nuevas propuestas de intervención, validadas nuevamente por una actora habilitada para evaluar los ensayos de las intervenciones que se producen en el marco del posgrado.

En el desarrollo de la propuesta participan docentes de diferentes disciplinas y trayectorias vinculadas con los estudios de géneros, feminismos y violencias, pertenecientes al campo del trabajo social, la psicología, filosofía, educación, abogacía, que aportan en la construcción de estrategias de intervención complejas. La propuesta de formación se estructura, como ya comentamos, en cinco módulos que aparecen como abordando de manera progresiva el tratamiento de la temática, cuyos contenidos articulan en un análisis estructural del problema un abordaje específico del asunto.

Cada módulo, desarrollado en el curso de posgrado, ha implicado una instancia específica de estudio y análisis de este problema y a la vez conlleva su articulación con la totalidad del recorrido planteado. La propuesta intenta interpelar las propias miradas y prácticas cotidianas en cada cursante, a fin de problematizar y deconstruirlas en un proceso individual pero que es también colectivo. Es decir, la producción de reflexiones individuales sobre las propias prácticas, espacios cotidianos de trabajo así como el contexto social y socio histórico más amplio en el que se desarrolla y del que forma parte, y propuestas interventivas específicas en las que se traducen nuevos fundamentos y acciones en el marco de nuevos marcos teóricos. La propuesta se instala como desafiante a procesos de transformación e intervenciones en el campo judicial, contribuyendo a la modificación de las prácticas discriminatorias y reproductivas de la violencia de género.

La violencia de género se presenta muchas veces oculta, difícil de develar y no reconocida como problema social interclasista, es decir, posible de existir en todos los espacios sociales que por lo tanto incluye el ámbito judicial, produciéndose una invisibilización que se sostiene y alimenta -entre otras cosas- por medio de los mitos que ubican a la violencia contra la mujer en sectores de pobreza y escasa trayectoria educativa. Por otra parte, y retomando a Parisi, en Domínguez y Soldevila, diremos que

La invisibilización, que impide que salga a la luz pública lo que se mantiene en ámbito privado, es producto de una larga cultura del silencio, la represión y su naturalización. Recordando las reflexiones luminosas de Boaventura de Sousa Santos, se trata de una monocultura de invisibilización de las diferencias, frente a la cual deben oponerse distintas ecologías emancipatorias; no solo hacer público y político lo que se ha mantenido como privado y en silencio, sino hacer ver, en lo conceptual y en las prácticas concretas, que lo que está en juego son derechos humanos. Para esta finalidad, la perspectiva de género es esencial y sin ella nos moveríamos en un progresismo mutilado (Parisi, en ^{Domínguez y Soldevila, 2004: 12}).

Nos planteamos contribuir a problematizar miradas pero también prácticas cotidianas desde instancias colectivas y esto demanda acciones en diversas direcciones, la formación es una de ellas, pero esa instancia demanda además una difusión de los productos y de las nuevas tomas de posiciones necesarias para la visibilidad a nivel de la sociedad y de las políticas públicas que se van comprometiendo o no con esta compleja problemática. Este proceso fue acompañado semanalmente por medio de diversos espacios e instancias acompañada por tutores, como los foros de debates y trabajos prácticos escritos individuales y finales en los que la reflexión convocaba a problematizar las propias miradas e intervenciones.

La perspectiva de género feminista y el análisis interseccional de la violencia de género enriquece los marcos interpretativos, en la medida que interpela y convoca al estudio crítico y estructural del sistema productor/reproductor de las opresiones e injusticias sociales de género, ampliando y complejizando las lecturas de sujetos en las que las posiciones de género, generación, etnias, clase, raza, etc., se articulan en diferentes estructuras de poder y dominación, profundizándose las exclusiones y violencias. El feminismo, además de constituir una crítica a los sistemas de opresión, de producir una revolución en el campo de las ciencias sociales y humanas, constituye también una práctica política que busca transformar a partir de sus discursos y acciones las relaciones de subordinación.

La mirada y revisión del patriarcado, el androcentrismo, el colonialismo como matrices culturales e ideológicas que naturalizan la desigualdad en las relaciones de género, están articuladas al capitalismo y la noción de propiedad privada, expresadas en lógicas binarias y asimétricas desde la cuales se construyen y reproducen las relaciones sociales en nuestra sociedad. Y estas lógicas demandan ser interpeladas, reconstruidas y comprendidas para realizar un abordaje de esta problemática. Pero, nuevamente, la construcción de estas categorías y su expresión en propuestas interventivas requieren toma de posición y decisión al respecto.

La categoría de interseccionalidad aporta complejidad al tratamiento del problema. En la década de 1980 se aludía a la complejidad de la clase social y el género. En la actualidad, aporta entrecruzando las relaciones de género con otras formas de dominación social (etarias, raciales, étnicas, disidencias sexuales). Este enfoque introduce al debate de la “diversidad”, la “diferencia” y la “pluralidad” presente en cada situación que analizamos. Al mismo tiempo, producen diferentes categorías de identidad, percepción y acción que contribuyen a estructurar y definir posiciones en el ordenamiento social y que son cruciales para comprender las desigualdades y dificultades presentes en la violencia de género, en su tratamiento y transformación.

Cabe tener presente que la Recomendación General n.° 28 del Comité de la Cedaw, en su apartado 18, señala que la interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados, ya que la discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, las sexualidades y la identidad de género. La interseccionalidad es, además de herramienta para el análisis, un elemento para la elaboración de políticas y la transferencia de las herramientas. Aborda las diversas discriminaciones y nos aporta a la comprensión de las relaciones entre identidades y derechos.

Concluyendo transitoriamente

La convocatoria a compartir instancias de transferencia sobre la problemática de la violencia de género por medio del posgrado que analizamos instala una invitación a seguir revisando y accionando, pero en esta ocasión recuperando algunos hitos de la propia historia del medio cordobés y de las instituciones cordobesas, en este caso universidad y justicia. La lectura del problema de la violencia como problema estructural, social, político y cultural, además de ser marco, aporta en procesos de visibilización de la problemática y en la búsqueda de respuestas analíticas vinculadas con la intervención social y formación.

Comprender y explicar, analizar y leer el sistema no se podría decir que sea tarea sencilla sin un posicionamiento que acompañe desde la comprensión de las propias responsabilidades que algunas instituciones tienen en nuestro medio y los compromisos para accionar como actores sociales concretos con mayores responsabilidades de transformar los problemas sociales. Por este motivo, es necesario dar a conocer y valorar los diversos espacios educativos que desde la universidad pública se vienen construyendo. Debatir y construir propuestas es una vía de aporte a este problema social tan contundente.

Resta aún un amplio camino por transitar especialmente en la construcción y consolidación de propuestas educativas en los niveles de grado y posgrado. Desde el Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Sociales se han instalado procesos asociando diferentes instituciones y agrupaciones de nuestro medio, que consideramos que es una estrategia oportuna para el presente momento histórico, pero además de enriquecimiento mutuo. El anclaje en el feminismo aporta al sostenimiento y diseño de propuestas desde una mirada compleja de los problemas multidimensionales, por lo que recuperar argumentos y fundamentos construidos en la colectiva feminista dan sentido a discusiones y debates permeando a las instituciones responsables de dar respuestas.

Poner en diálogo es aquí el foco de la reflexión, diálogos en diferentes sentidos, disciplinares, institucionales, intersectoriales y con un fluido vínculo hacia la comunidad y sus organizaciones, los movimientos sociales, de mujeres y feministas. El enfoque integral y el tratamiento interdisciplinario del asunto, así como los saltos cualitativos que aportaron las leyes en nuestro país, son un elemento clave a la hora de nuevas lecturas y abordajes en la intervención de los diversos profesionales que hoy accionan y que demandan formación. Cuestión esta que la universidad no podrá desarrollar sin una toma de posición que se va compartiendo en la medida que se acciona. Por ello la perspectiva de género, la mirada de la violencia estructural, la categoría de la interseccionalidad, entre otras, se vuelven asuntos claves en la academia a la hora de comprender y transferir herramientas para el abordaje de este complejo problema.

La importancia que cobra para la factibilidad de las transferencias la conformación de equipos y de recorridos conjuntos al interior de nuestro movimiento de mujeres y feministas cordobesas es, sin duda, una estrategia ineludible que habrá que profundizar, reafirmándola como estrategia colectiva de incidencia desde la sociedad civil en las políticas públicas en general y en las políticas universitarias y judiciales en particular.