Introducción

Este artículo intentará explicar de qué manera el territorio fronterizo que comparte Ecuador con Colombia está determinado por ciertas características socio-políticas que determinan disputas entre varios actores. En el transcurso del documento se explicarán variables que permitirán abrir el campo de discusión sobre cómo se gestiona la dinámica geopolítica de la apropiación del territorio, tanto de los actores legítimos, como lo son los Estados, así como también de los actores ilegales (crimen organizado), que se permean en el campo político de la soberanía y que mueven sus fichas para posicionar su presencia en una región, que por su complejidad presenta vulnerabilidades.

Para realizar el estudio se tomaron en cuenta algunos sucesos acaecidos en la subregión fronteriza de Mataje, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas: el secuestro de tres periodistas ecuatorianos, varios atentados con coches bombas a unidades policiales y emboscadas por parte del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “Oliver Sinisterra”, lo que evidenció y concretó que el Gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno ponga en marcha una realineación geopolítica estatal. La georreferenciación de la vida social de frontera nos remonta a comprender cómo se están moviendo las fichas del tablero geopolítico local y demarcar las coordenadas para referenciar la posición e intereses de los actores que son parte del juego fronterizo. Por tanto, el análisis de esta problemática debe realizarse de forma multidimensional.

El objetivo de este campo de estudio es explicar de manera integral, haciendo énfasis en el caso ecuatoriano -a partir de los ataques perpetrados por el grupo disidente mencionado anteriormente- cómo las fronteras se convierten en territorios de disputa, en los cuales el crimen organizado logra la apropiación de espacios simbólicos de la vida cotidiana de la población fronteriza, lo que da como resultado una correlación de fuerzas complejas, las mismas que están en constante movimiento dentro del tablero geopolítico local, regional y global.

Para entender de manera integral el modelo teórico que se está proponiendo en el presente artículo es necesario analizar, por un lado, cómo se entreteje la estructura del crimen organizado y la capacidad que tiene de operar dentro del sistema de manera conexa a la lógica del capital, pero también desde la marginalidad periférica territorial fronteriza; y, por otro lado, es importante entender cómo estas lógicas de producción ilegal forman redes transnacionales, lo cual expresa una división del trabajo internacional, redes en las que la actividad productiva delictiva se precariza en los países periféricos, concentrando la ganancias en los países hegemónicos.

Para anclar la idea principal del texto es importante mencionar que las fronteras poseen un espacio natural y político, una composición cultural y sus propios recursos, su biodiversidad y su clima, e, incluso, su institucionalidad; tienen características móviles, frente a eso podemos inferir que poseen una serie de dinámicas socio-espaciales que caracterizan la vida fronteriza, pues la construcción de la misma en los bordes del territorio nacional, fuera este cuál fuere, no es pasiva.

Así por ejemplo, ^{Roque Espinoza (2008, p. 23}) caracteriza a las fronteras como un concepto en permanente construcción en Ecuador, que ha dado vida a espacios territoriales desatendidos o ignorados. Para el autor, las fronteras se han presentado como espacios indefinidos y pueden ser entendidos como espacios ubicuos, lábiles, móviles en permanente construcción y desestructuración y en los que se han producido y se producen toda suerte de encuentros y desencuentros de estos espacios con el espacio nacional, así como de las sociedades fronterizas con la sociedad nacional.

La función del borde territorial es como la piel, que demarca la frontera del cuerpo, hace de estos espacios territoriales objetos de estudio políticos que permiten entender las lógicas de construcción y deconstrucción de lo que significa la pertenencia y ubicación del espacio fronterizo. Es importante abrir el campo de la conceptualización del territorio desde la concepción del Estado-nación moderno, como esa unidad territorial que depende de un espacio y de cierta ubicación. Para Federico Raztzel por ejemplo, la ubicación de un territorio se halla comprendida por la dimensión y la forma del mismo y se refiere a la extensión como la magnitud de espacio -es decir- a una ubicación de determinada dimensión y forma. La ubicación implica también pertenencia o vinculación (^{Raztzel et al., 1975}).

Para delimitar esta idea se intentará explicar el significado que tiene para el Ecuador el que, por su ubicación geográfica, comparta 586 km de cordón fronterizo con Colombia. Para empezar, se presentan algunos datos históricos sobre la demarcación fronteriza del Ecuador, pues en 1998, con la firma del Acta de Brasilia, se pone fin a la disputa y los conflictos territoriales con Perú; en tanto que el 9 de septiembre de 2016 se demarca la frontera marítima con Costa Rica y Colombia. Estas ideas pueden leerse muy simples, sin embargo, nos permiten entender que el Estado ecuatoriano logra consolidarse por completo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, a pesar de que la República se fundó en 1830, con la Primera Constituyente de Riobamba.

Pero, ¿por qué la referencia? En 189 años de vida republicana, Ecuador y la región latinoamericana han vivido diferentes procesos históricos, pero el que nos compete ahora es cómo la región y el país se posicionan frente a las actuales circunstancias del sistema internacional, en que lo local adquiere importancia geopolítica dentro de lo global en el quehacer del Estado y las fronteras son nodos importantes, en los cuales se desenvuelven lógicas muy específicas que valen la pena analizar.

En primer lugar, si se toma en cuenta desde lo que algunos autores (Giddens, 1990; Rosenau, 1997) han denominado glocalización, como la entremezcla de los fenómenos locales con la mundialización de los fenómenos productivos, o un proceso “fragmegrativo”, en el cual el mundo se ve desprovisto de distinciones claras entre asuntos domésticos y externos y en los cuales los problemas locales pueden volverse transnacionales y, por tanto, culturales y políticos, se podría entender que las dinámicas que se producen en la frontera colombo-ecuatoriana poseen varios rasgos de la vida que se genera a escala local, que, a su vez, tienen consecuencias a escala global. Para fortalecer esta idea se puede citar a la autora Silva Mantilla, quién propone que el análisis del conflicto colombiano es de carácter glocal:

Es necesario advertir que el concepto de la glocalización que aquí se privilegia tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, no se entiende como un sistema equitativo e indiscriminado de conexiones, sino como un proceso desigual que reproduce las reglas socioeconómicas del modo de producción del capitalismo contemporáneo, la relación entre los procesos económicos globales, las actividades productivas localizadas en distintas regiones del país [se refiere a Colombia] y el desarrollo de las economías de guerra (^{Cfr. Mantilla, 2014}.).

El vaivén de la vida y configuración fronteriza dan como resultado que la inserción internacional geopolítica de los dos Estados en análisis evidencie diferentes consecuencias y, de la mano de estos fenómenos políticos, económicos y sociales, también surjan estructuras exógenas: actores que buscan la recuperación del espacio regional, sobre todo del Pacífico latinoamericano; hegemonías tradicionales y no tradicionales, con intereses específicos sobre la región.

Este andamiaje conceptual terminará de ser explicado desde el análisis de la subregión fronteriza en cuestión, en donde se evidencia una pobre gestión gubernamental, tanto del lado ecuatoriano como del colombiano, situación que abre el campo y el margen de acción a actores exógenos, no solo a los ilegales, sino también a Estados hegemónicos que poseen intereses en la región. Por tanto, en el contexto de análisis se evidencia el regreso de reposicionamiento de actores hegemónicos que logran recuperar e imponer agendas sobre todo en materia de política de seguridad contra el crimen organizado.

Para entender este planteamiento se debe analizar que, en lo que va del año 2019, en la región latinoamericana se vive un proceso político distinto a lo que significó el bloque de los Gobiernos progresistas de la región en la década pasada, en la cual, y a pesar de errores estructurales -como no haber logrado cambios en las relaciones de producción-, la política exterior sí encarnó una realineación política con actores no tradicionales. Por ejemplo, la creación de nuevos regímenes internacionales de integración y cooperación Sur-Sur, como fueron: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) e incluso La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que expresaban la intención de un desarrollo integral que tomó distancia de los parámetros liberales de la democracia y sus representantes tradicionales.

Las estrategias geopolíticas de inserción de algunos países de la región, y sobre todo del Ecuador, derivaron en el período anterior en nuevas líneas de reconocimiento y empoderamiento de algunos de los Estados nacionales latinoamericanos, frente a los países hegemónicos que, históricamente, han demostrado intereses estratégicos sobre la región, y me refiero directamente a EE. UU.

Sin embargo, el entorno socio-político y el estatal no es estable, en tanto que está sujeto a cambios por diferentes factores, sean estos externos o coyunturales. Por lo que se hace imprescindible entender la complejidad del momento actual latinoamericano, en el cual está emergiendo un bloque de países antiprogresistas de características neoliberales (Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile), que ha desestructurado la noción y la idea material del Estado progresista.

Así, las élites hegemónicas económicas latinoamericanas emergen nuevamente para cooptar el direccionamiento estatal, por medio de las urnas (Jair Bolsonaro en Brasil, Mauricio Macri en Argentina, Iván Duque en Colombia) y la desinstitucionalización sistemática del “Estado del pasado”. Estas operan a favor de las élites internacionales, que recuperan margen de acción, y el período de transición provoca conflicto entre las demandas de los ciudadanos, los actores estratégicos y la acción gubernamental, lo que facilita el desequilibrio de la estructura anterior y sus dinámicas de funcionamiento. La nueva política de la región se consolida en torno a cerrar el círculo de la producción posfordista; es decir, con base en economías de escala de flexibilización laboral, ancladas al capital financiero y a la glocalización productiva expresada en la transnacionalización de la actividad productiva y formas de contracción tipo maquila, por ejemplo.

Pero también, con base en la implementación de nuevas reformas económicas estatales, políticas macroeconómicas de privatización y recorte estatal, ancladas en las recetas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), las mismas que están siendo aplicadas por los Gobiernos de Macri, Bolsonaro y Moreno en Argentina, Brasil y Ecuador, respectivamente. Este andamiaje político-económico se articula con actores que representan la hegemonía internacional, países como Estados Unidos, que requieren recuperar el control sobre el territorio y la apropiación de recursos naturales (elementos que se analizarán más adelante desde la lógica de la vida en frontera).

El orden actual internacional, territorios en disputa, el Estado y el crimen organizado

Hablar de fronteras no solo significa hacer alusión al territorio, la soberanía y la población. Las demarcaciones territoriales son elementos que, aunque impliquen limitación de las unidades territoriales, acontecen con base en distintos factores móviles, como son: la cultura, el intercambio comercial, la producción, el mercado legal e ilegal, etc. Sin embargo, la existencia del Estado sigue siendo la noción más relevante para entender la configuración territorial y normativa. Así, para Max Weber:

La naturaleza estatal parte del carácter legítimo del ejercicio de la violencia y la dominación; que se da por motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores administrados en base al cuidado racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la asociación, dentro de los límites de las normas jurídicas y según principios (Weber, 1946, p. 4).

Desde esta posición teórica, podríamos inferir que la gestión y administración pública se centra principalmente en la capacidad de los actores estatales para llevar a cabo sus propuestas de política pública, y que estará en función de la racionalidad la coordinación y el consenso con que se ejecuten las acciones gubernamentales, con el objetivo de procesar la cosa pública. En el bloque histórico actual¹ del sistema internacional, el concepto de lo que es el Estado ha experimentado variaciones importantes, pero, al final del día, aún mantiene su capacidad coercitiva y el monopolio de la fuerza.

Pero, ¿qué pasa en el momento en que el Estado ejecuta su gestión y administra el territorio asimétricamente, o cuando la gestión estatal no puede procesar la cosa pública en ciertas regiones del territorio nacional? “¿Cuándo las fronteras son tratadas desde el mismo aparato estatal como el borde marginal del territorio nacional, como mera zona de amortiguamiento, que no necesita la gestión, tanto como las ciudades centrales?” (^{Carrión, 2013}, p. 14)

En primer lugar, la frontera colombo-ecuatoriana carece de una presencia eficiente del Estado. Este postulado lo desarrollaremos más adelante. Pero en lo que sí podemos acotar es que en el territorio que intentamos analizar no solo existe una escaza presencia estatal y una población civil que habita en las líneas fronterizas; no solo hay comercio legal, no solo vitalidad “dentro de las normas estatales” y construcción de simbólicos movilizadores en la vida cotidiana de la población, sino también existe lo que ^{Schultze-Kraft (2016}, pp. 25-44) denomina como: regímenes de “crimilegalidad”, los cuales determinan la presencia de actores no estatales que han conseguido cierto poder político y que trastocan el ámbito de la legalidad; además, generan influencia, tanto en la creación de política pública estatal (desde la temática de la seguridad y defensa) como en la concepción de desarrollo social desde el mismo Estado (^{Schultze-Kraft, 2016}).

El Estado pierde influencia e incidencia en las relaciones y efectos del ejercicio del poder y también en la estructura sociopolítica. El ejercicio de la interrelación de actores estratégicos, formales e informales, con la autoridad -por tanto, el consenso de la coerción y los niveles de interlocución, frente a las condiciones explicadas anteriormente- desencadenan una serie de interrelaciones distintas, que van más allá de la presencia de actores tradicionales que componían la existencia estatal y que eran interlocutores legítimos del poder y con el poder.

Es decir, existe una correlación de fuerzas que dinamiza y articula espacios, lo que Fernando ^{Carrión (2013}, pp.17-46) denomina campos de fuerzas que se entretejen, directa y de manera proporcional, a la masa de atracción-separación de las distintas fuerzas que se encuentran en el territorio. El autor se refiere a la separación o fragmentación del territorio demarcado por la línea frontera que en el simbólico de la población demarca la presencia y los límites de un Estado y del otro, con una relación dialéctica a la dinámica de intercambio y relacionamiento cotidiano entre los actores presentes en el territorio transfronterizo. Ahora, el diseño y establecimiento de agendas, la política pública, la planificación, la ejecución y la evaluación de su pertinencia e impacto no pueden coexistir sin que se evalúen estas variables, que sí inciden en la vida social e, incluso, en la cosa púbica. Estos elementos recomponen, en primera instancia, posiciones e intereses en el tablero geopolítico del territorio frontera: 1) por la presencia y ubicación en territorio de los regímenes crimilegales, y; 2) por la urgencia que tiene el Estado de ampliar la capacidad de intervención, sin dejar de lado el hecho de que la toma de decisiones se hará en función de la existencia de estas redes criminales y que, incluso en muchos casos, es imperativo la negociación con ellas.

El marco jurídico e institucional, que trabaja bajo el consenso de la cohesión del Estado y la negociación de este con los diferentes niveles de interlocución con la sociedad local, nacional e internacional (por las condiciones globalizadoras actuales), hace que de esta realidad aflore un nuevo fenómeno que trae consigo de la mano al crimen organizado.

Este actor no es exógeno al orden político. La influencia de estos grupos ilegales en la sociedad ya no solo intenta fomentar ganancias económicas, sino que también ambiciona cooptar espacios en la estructura del Estado, que le permitan adquirir un margen de acción más holgado respecto a sus actividades delictivas. Casas-Zamora, citando a otros autores, lo refiere de la siguiente manera:

Estos procesos se manifiestan en una variedad de maneras, incluso mediante el establecimiento de mecanismos y procesos de “gobernanza criminal” (Arias, 2006) y de “mediación entre los intereses de las áreas dominadas por las instituciones del Estado y los intereses de los espacios sociales que son dominados por instituciones que surgen del narcotráfico” (Duncan, 2014b, 14); o el financiamiento de las máquinas electorales por las organizaciones de narcotráfico (Cfr. ^{Schultze-Kraft, 2016}).

Todos los elementos mencionados en esta lógica de operatividad del crimen organizado permitirán denominarlo como un actor conexo/marginal, pues es desde la dinámica del régimen de acumulación del narcotráfico que logra una inserción sistemática, tanto en el campo político, económico y social, desde una estructura ilegal y delincuencial, pero que, a su vez, crea polos marginales de la cadena de producción en los países de la periferia mundial, desde la localidades en las cuales se produce la materia prima, en el caso de la región de análisis, sobre todo, la producción de cocaína.

Conexos/marginales: geopolítica de los actores ilegales

Para comprender en qué términos se utiliza la categorización de actores conexos/ marginales, es importante recurrir a la geografía política contemporánea como esa disciplina que apuntala al estudio de la territorialidad y la espacialidad como objeto político, en el cual se desenvuelven sus actores y que, en el actual orden internacional, está atravesada por las variables de la globalización.

La territorialidad conlleva prácticas de apropiación y transformación de un espacio, el uso y dominio, el sentido de pertenencia, en el cual existe una serie de representaciones simbólicas y culturales que determinan tanto a lo individual como a lo colectivo. Así, los distintos actores ocupan este territorio intercalando, lo que el geógrafo político clásico Federico Raztzel denomina como “la constitución de nuevos espacios a través de continuos desplazamientos” (^{Cfr. Raztzel, 1975}).

En la actualidad, la espacialidad depende del modo de producción capitalista, el mismo que pone en práctica espacialidades interregionales de la producción. En la organización interregional del capitalismo posfordista los flujos de capital del sistema financiero están interconectados; el juego de la oferta y la demanda rige las condiciones de producción de la periferia para que el producto (estupefaciente) sea comercializado en los países centrales del sistema, en los cuales se producen las grandes ganancias y constituyen una economía global en expansión; esta es alimentada desde las fronteras, que dejan de ser espacios sin movilidad para convertirse en territorios de flujo, en una dinámica entrega y recepción permanente. Para Henri Lefebvre, por ejemplo:

El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso político (Lefebvre, 1976, p. 31).

Para fines de este artículo, la territorialidad no es tratada solo desde la ubicación material, sino también desde la expresión simbólica de la apropiación territorial de actores conexos/marginales que en el transcurso del tiempo han desplazado al Estado y su capacidad de intervención, y que forman parte de la lógica de acumulación del capital.

La lógica de producción, tanto del sistema capitalista que opera en la legalidad como de las actividades de producción, distribución y venta de estupefacientes, realizada desde la ilegalidad, funcionan bajo esquemas muy similares y cooptan los mismos escenarios internacionales que no podrían funcionar si el poder no tiene en sus manos tecnologías de punta y la virtualización de la banca, dando como resultado la regionalización productiva a escala mundial.

En este punto del análisis, es necesario explicar a qué se refiere lo conexo y lo marginal, lo que, de cierta forma, puede ayudar a entender la relación interconectada del Estado y su territorio, el crimen organizado, lo local y lo internacional. Al categorizar estos dos conceptos nos referimos a:

Si se analiza esta problemática desde el bloque histórico actual, se hace evidente la existencia de varios actores, estatales y no estatales, que se plantean a sí mismos objetivos políticos y económicos para posicionar e institucionalizar el cumplimiento y ejecución de sus intereses, los cuales pueden ser públicos o privados.

Por otro lado, el modo de producción capitalista clásico, cuya característica era la nacionalización de la producción, deriva en nuevas formas, hacia una producción localizada de carácter transnacional. La reestructuración global, con relación al proceso productivo de las sociedades de la economía flexible, que le concierne al mercado de libre competencia, dispone de llaves, elementos de transformación que encauzan a nuevas estructuras económicas emergentes, que incluyen los procesos de intercambio económico de las actividades delictivas; es decir, de la transnacionalización del crimen organizado, lo que posibilita que los componentes económicos se fragmenten desde el centro hacia la periferia, y que la base de la producción nacional se integre al capital internacional.

La división del trabajo internacional y de la producción globalizada se compone de divisiones territoriales que son aprovechadas por los grandes monopolios corporativos o los grandes carteles del narcotráfico, pues hay una línea muy fina si queremos diferenciar la lógica del mercado legal y el ilegal. Las redes a escala mundial que forman el andamiaje del crimen organizado también ponen empeño en las diferentes etapas del proceso productivo y de especialización. Para Fernando Carrión:

La nueva arquitectura productiva sustentada en empresas organizadas en redes de escala mundial, destinadas a manejar de manera más eficiente las diferentes etapas de la cadena de valor, trabajan a través de procesos económicos para la realización de tareas especializadas en ciertos tramos de las rutas o en la fase de comercialización denominada de micro tráfico, porque se busca especialización, conocimiento del lugar y, sobre todo, disminuir el riesgo (^{Carrión, 2013}, p. 24).

Por ejemplo: las ganancias que son depositadas en paraísos fiscales por intermedio de empresas offshore, y que, desde la legalidad, afectan directamente a los Estados y sus arcas fiscales, en tanto que desde la ilegalidad permiten el lavado de activos o las transacciones invisibles, que adquieren cada vez más relevancia y que son realizadas desde zonas francas del sistema financiero, como lo son las criptomonedas.

Los cárteles de las drogas mexicanos han encontrado un nuevo método para el lavado de dinero: adquirir monedas virtuales como el bitcoin, comprar grandes cantidades de productos en China y trasladarlos para su venta en América Latina. Así lo revela el informe Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2017, elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que detectó este tipo de operaciones desde hace dos años. Según el documento, las organizaciones criminales trasnacionales, entre ellas los cárteles mexicanos, reciben asesoría de brokers para moverse en la red profunda o deep web y usar las monedas virtuales para blanquear sus ganancias ilícitas en Estados Unidos y otras partes del mundo (^{Infobae, 2019; página web}).

Las dinámicas de intercambio económico del crimen organizado en territorios urbanos son escenarios tan importantes como las fronteras; estos territorios son aptos para llevar a cabo actividades delictivas desde otra parte de la cadena de producción. Es en la ciudad en donde el problema se radicaliza, pues las redes criminales renuevan constantemente sus prácticas y sus operaciones se enfocan en el control de territorios. Por tanto, nuevas dinámicas de narcomenudeo aparecen, y la urbe es el espacio per se más favorable para la venta, comercialización y consumo de estupefacientes.

A escala local, en las urbes, en los sectores en los cuales las condiciones de vida -de la población desplazada- se caracterizan por la degradación social (marginalidad) y la falta de políticas públicas de redistribución de recursos y generación de los mismos de forma legal, se forja, además, espacios de impunidad, en los cuales ni siquiera la fuerzas del control y el orden pueden entrar.

Por tanto, el crimen organizado ha trastocado el mundo, tanto el simbólico de la urbe (creando la idea del terror y el miedo), y también, como se explicó antes, del sistema global, con sus tentáculos desde la glocalidad trastocando espacios dentro de la soberanía del Estado y en el sistema internacional, como lo es el mundo especulativo del sistema financiero, lo que provoca que, en varios escenarios, los conexo/marginales entren en constante competencia y disputa con el Estado y en relación directa con el mercado.

No se puede dejar de lado que la comercialización de sustancias sujetas a fiscalización -que se genera en la región latinoamericana- sucede por varias razones, entre ellas: la asimetría económica, la frágil institucionalidad de las democracias, la falta de políticas económicas para la disminución de brechas sociales, la falta de generación de empleo que han provocado, por ejemplo, éxodo y movilidad humana desde las fronteras hacia la ciudad, y son variables importantes, que desde las organizaciones delictivas son aprovechadas, sobre todo, porque así se teje la red y la división del trabajo social del narcotráfico.

A continuación, se presenta el gráfico 1, en el que se exhibe cuánta ganancia genera el tráfico de drogas a escala mundial. Para el tema de análisis de este artículo se hace relevante el hecho de que la actividad que más genera ganancias en el crimen organizado es la compra y venta de drogas, si se hace la comparación con el siguiente ítem que genera más ganancias, que es el tráfico de humanos con 10 veces menos de ganancia aproximadamente.

Fuente: Transnational Crime in the Developing World (2011).

Gráfico 1 Valor estimado del mercado ilícito internacional 

El espacio vital de frontera, fuerzas sociales y el tablero geopolítico

La región fronteriza en los planes estratégicos de ordenamiento territorial del Ecuador está enmarcada en la llamada “Zona 1” y la componen las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos; sin embargo, esta región está sujeta a la toma de decisiones de carácter internacional por ser zona fronteriza. Según el Plan Nacional de Integración Fronteriza (2017-2022):

La pobreza y extrema pobreza son una de las consecuencias de la falta de acceso a educación, salud, vivienda y otros determinantes vinculados al desarrollo social y personal de las personas. En este sentido, la pobreza es uno de los factores de mayor afectación a nivel fronterizo respecto a la calidad de vida de la población. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU, 2012, p. 41), publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la incidencia de la pobreza por ingresos fue de 39,6 % en la zona fronteriza ecuatoriana, mientras que el promedio nacional fue de 27,21 %.

Para el Departamento de Nariño, Colombia, este porcentaje fue de 50,8 % en 2012. Por su parte la pobreza extrema por NBI presenta un promedio de incidencia de 18,7 % en la Zonal 1 de Ecuador, mientras que el promedio nacional fue de 11,18 %. En Nariño la extrema pobreza por ingresos alcanzó el 17,2 %. Esta incidencia se acentúa cuando miramos el problema a nivel rural. En el año 2012, la pobreza por NBI en el sector rural de la zona de frontera fue de 71,9 % mientras que el promedio nacional fue de 49,07 % en Ecuador (^{Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades] 2014, p. 41}).

Estas cifras demuestran la calidad de vida a la que está expuesta la población en frontera. Las cifras denotan vulnerabilidad social, en la cual la inequidad es uno de los principales factores que, como se explicó antes, permiten la emergencia de escenarios en los que los actores no estatales de corte criminal toman ventaja.

Los actores conexos/marginales ingresan el territorio para fortalecer su presencia. Incluso en el imaginario simbólico de la población actúan con base en el poder económico que ostentan, gracias a la venta ilegal de drogas. Las redes ilegales del crimen organizado, aunque son carecen de legalidad, dentro de la construcción simbólica de lo que significa el Estado-nación, ganan terreno al usar el amedrentamiento y la violencia, acciones que se derivan en una suerte de legitimidad ante la población de frontera, porque se han convertido en actores relevantes. Estos elementos complejizan la correlación de fuerzas en territorio. Para explicarlo podemos acudir a la tesis de Robert Cox, en la cual:

Las fuerzas sociales no deben ser consideradas exclusivamente dentro de los Estados. Ciertas fuerzas sociales pueden desbordar los limites estatales, y a la par configurar el poder estatal. El mundo puede ser representado como un modelo de fuerzas sociales en interacción, en el cual los Estados desempeñan un papel intermedio, si bien autónomo, entre la estructura global de las fuerzas sociales y las configuraciones locales de las fuerzas sociales, que buscan romper con el statu quo (^{Cox, 1985}, p. 156).

Frente a estos hechos es importante analizar algunos elementos para explicar cómo la posición e intereses del Gobierno ecuatoriano toman un nuevo giro para evidenciar un nuevo posicionamiento geopolítico, el cual se genera luego de la firma del 26 de septiembre de 2016 de los Acuerdos de la Habana, en los que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) pactan el fin del conflicto bélico.

Luego se harán rectificaciones a varios puntos del acuerdo de paz en noviembre del mismo año, debido al revés electoral del pueblo colombiano al no aceptar todas las condiciones de dichos acuerdos Y aunque esto no ha significado el fin de la guerra interna de Colombia, existen efectos importantes, como un cambio de correlación de fuerzas, que junto a la nueva institucionalidad creada con la finalidad de concretar los puntos acordados, provocan una suerte de caos en el statu quo dentro del país vecino.

La correlación de fuerzas sufre polarizaciones radicales y emergen focos de violencia, grupos disidentes que, más allá de lo ideológico, no quieren perder el control sobre el territorio. Las escalas espaciales como dispositivos de continuidad del statu quo se rompen y la problemática de la correlación de fuerzas posfirma de la paz, entra en crisis. Los diferentes actores intentan retomar nuevas posiciones y nuevos intereses, una suerte de actos geopolíticos locales y regionales que se disputan el empoderamiento.

Para Preciado Coronado, desde el análisis que hace de la geopolítica crítica de la región latinoamericana: “La construcción de imaginarios socio-espaciales y de específicas prácticas territoriales desde diversas experiencias locales, han hecho que el debate autonómico, la construcción de redes sociales transnacionales y de alianzas translocales de elites y oligarquías regionales, fortalezcan la capacidad de regulación socio-territorial por parte del lugar y de la localidad, lo que altera el rol del Estado en la definición estratégica de fronteras, territorios e identidades” (^{Preciado Coronado, 2010, p. 67}).

Por ejemplo, para el grupo disidente de las FARC-EP, el frente “Olivier Sinisterra”, dirigido por Walter Patricio Arízala, alias “Guacho” -que perpetró nueve atentados dirigidos contra miembros de las Fuerzas Públicas de Colombia y Ecuador y en contra de civiles y de infraestructura estratégica, entre enero y septiembre de 2018 en la zonas de Tumaco, San Lorenzo, Viche, Mataje, incluido el secuestro de tres trabajadores de la comunicación ecuatorianos y dos civiles- significó la búsqueda de un reequilibrio de poder para generar condiciones estratégicas, con el objetivo de imponer una lógica operativa a sus acciones delictivas.

El equilibrio del poder entre actores estatales y no estatales, en la región fronteriza, va más allá del balance que puedan tener Ecuador y Colombia como Estados. El juego geopolítico en la glocalidad está marcada por una serie de acontecimientos históricos, en los que en “cada cambio de ubicación, cada desplazamiento, genera cambios. Por eso solo se pueden materializar las fronteras generales para los espacios habitacionales y las áreas de influencia” (^{Raztzel, 1975}, p. 44-46).

Ecuador, mientras se negociaban los Acuerdos de Paz, vivió un proceso electoral que significa, aún al momento, la llegada de un nuevo Gobierno que, aunque corrió en las elecciones con la maquinaria partidista del movimiento Alianza País (que se mantuvo en el poder por 10 años), evidencia un cambio de la línea política en las relaciones internacionales del país, así como de gestión y administración pública, identificada con una nueva línea discursiva, desde la misma toma de mando del Gobierno de Lenín Moreno.

Así, la realineación del tablero geopolítico se da en varios niveles, en los cuales, según Preciado Coronado, las simultáneas demandas de espacialización a escalas múltiples originan diversas experiencias de territorialización internas, externas y transversales a la estructura de los Estados nacionales. Para el autor, la dinámica constitutiva de representaciones y prácticas conducen a la creación de discursos geopolíticos (^{Preciado Coronado, 2010, p. 68}).

Así por ejemplo, emergen nuevas necesidades de plantear una nueva agenda de seguridad y defensa del Gobierno ecuatoriano, la cual es desplegada desde una nueva política: la toma de decisiones estará, de ahora en adelante, alineada a los intereses de EE. UU. por intermedio de su principal socio en América Latina, el Estado colombiano. Se firman 5 convenios de carácter militar, del 14 de febrero de 2018 al 2 de noviembre del mismo año, en los que el Estado ecuatoriano adquiere corresponsabilidad de las secuelas pos conflicto con el Estado colombiano. Estos convenios de acuerdo pasan por acciones como:

Mientras que con la Oficina de Cooperación en Seguridad con Estados Unidos, el acuerdo se enfoca en diferentes temas, tales como:

El análisis de estos acuerdos nos lleva a analizar los intereses geopolíticos de Estados Unidos desde diferentes ángulos. Desde el lado histórico estructural vemos que, desde el siglo XIX, por ejemplo, las tesis de Nicholas ^{Spykman (1942}, p. 46) planteaban que la seguridad de este país dependía del equilibrio de poder basado en la idea de Mackinder sobre el pivote geográfico, también denominada teoría del “corazón continental”, que se refiere a la región euroasiática. Para Mackinder, quien domine esta zona o pivote tendrá el poder mundial.

Desde su posición teórica Spykman posiciona al Caribe como el “Mediterráneo americano”, haciendo un análisis metafórico de que Estado Unidos de América debe crearse su propio pivote geográfico. Este científico político consideraba a América Latina como una zona estratégica de contención y de defensa hemisférica para Estados Unidos, es decir, su propio pivote geográfico.

En lo referente a América Latina, los prototipos de dominación geopolítica se materializaban por medio de la militarización, estableciendo relaciones de sometimiento, instituyendo normas a escala continental que estandarizan la agenda a los intereses de la seguridad nacional estadounidense. Actualmente, se disfrazan de cooperación internacional y se implantan bajo mecanismos preventivos, mediante el desarrollo de una red simultánea de inteligencia militar.

La construcción de un Anillo de Seguridad Sudamericano, propuesto por el eje Washington-Bogotá, maximiza las tendencias de la regionalización militarizada y lleva por debajo la intensión de una administración internacional de:

La visión estadounidense está basada en el marco simbólico de lo civilizado-salvaje. La barbarie del narcotráfico, presentada desde una Latinoamérica criminalizada, está sujeta al tutelaje hegemónico. Los Estados tutelados, entonces, están sujetos a seguir modelos y diseños globales, tanto desde el ámbito de la gobernabilidad como de la estructura de gobernanza institucional. El quehacer político de los países periféricos debe regirse a modelos de gestión estatal apegados fielmente a los postulados de la doctrina de seguridad democrática impuesta en América Latina.

A partir de ese momento se vino una ofensiva de la “cooperación internacional” destinada a reformar el conjunto del sistema penal (policía, justicia y cárcel) y de las Fuerzas Armadas, en la dirección de enfrentar tres enemigos mundiales: el terrorismo, la migración y el narcotráfico; con lo cual, nuestros países perdieron la “soberanía del delito” porque las políticas se diseñaron para reducir las amenazas a la seguridad nacional de otros países y no para mejorar la seguridad ciudadana de los nuestros (^{Carrión, 2013}, p. 23).

La imposición del poder desde el hegemón regional (en el tablero político mundial juega un papel relevante) estratifica sus intereses según el territorio en el cual tiene específicos intereses, y es por medio de la implementación de agendas regionales que puede implementar mecanismos de control, generando bocetos globales, marcos regulatorios que le permiten implementar exitosamente el ejercicio del poder.

Conclusiones

A manera de conclusión, se podría inferir que el estudio de lo que se ha categorizado como actores conexos/marginales tiene particularidades con base en una dinámica operativa, generada dentro de una espacialidad ambivalente entre lo global y lo local. Desde este punto de inflexión, se puede además concluir que, mediante la regionalización de la división del trabajo internacional, la lógica del capital genera acumulación tanto desde las actividades legales como las ilegales. El crimen organizado utiliza las mismas lógicas de espacialidad geopolítica dentro de la división del trabajo internacional, en relación con la producción y venta de drogas.

También es importante mencionar que, desde el análisis de los ataques de grupo disidentes de las FARC en la subregión de Mataje, se evidencian fuerzas sociales que han demostrado una lucha incansable por la reapropiación de los territorios que controlaban antes de la Firma de Paz. Las lógicas de apropiación denotan posiciones “anti” el nuevo statu quo geopolítico, las cuales entran en disputa directa con los Estados. Los conexos/marginales originan sus operaciones de enriquecimiento ilícito y generan espacialidades territoriales que les permite un accionar desde la marginalidad de las fronteras para insertarse en el ámbito social y de los ejes simbólicos de la vida económica.

Por otro lado, se puede concluir que el escenario latinoamericano contemporáneo no ha logrado reestructurar su posición geopolítica frente a la hegemonía de Estados Unidos, luego de la firma de los Acuerdos de Paz de la Habana. Emerge una suerte de recuperación hegemónica tradicional de la región.

Las nuevas formas de tutelaje se enmarcan mediante la firma de convenios “sutiles” de cooperación internacional en materia de seguridad y defensa. Frente a esto, el Ecuador ha plegado a la nueva agenda regional de Estados Unidos. Su posición ha tenido un evidente giro hacia el involucramiento del escenario pos-firma de los Acuerdos de la Habana y los efectos dominó traen consigo una nueva correlación de fuerzas en frontera.

Frente a esto nuevos procesos en los que el Estado se encuentra en constante convivencia con actores delincuenciales, es necesario crear modelos de gestión y administración pública que respondan a una gestión eficiente, así como la construcción de políticas públicas tanto a nivel de desarrollo social y cultural de las poblaciones fronterizas, como también de prevención ante la avanzada del crimen organizado. El aparato estatal se encuentra como intermediario, entre la legalidad y la ilegalidad, en el sistema económico internacional. En lo que respecta al Ecuador y Colombia, es imperativo que se fortalezca la voluntad política de cumplir con estrategias de desarrollo binacional, que permitan a las poblaciones de frontera una reapropiación de su territorio fuera de las lógicas de violencia criminal.