Introducción

Las consideraciones en torno a la ubicación de un determinado país dentro del esquema conocido como sistema-mundo ¹ por lo general son aplicadas a un grupo de países o, en su defecto, a países con diferentes grados de desarrollo económico. Sin embargo, existen dos aspectos que no han sido abordados dentro de la perspectiva en mención: la ubicación de dos naciones con similares características en sus modelos de producción y cómo ellos se visualizan, al tiempo que son percibidos dentro del esquema en cuestión. De ahí que el presente documento se centrará en el caso de Chile y Perú en el transcurso del siglo XXI, concretamente a partir del año 2000. Se han escogido estos dos Estados debido a las similitudes de sus economías y porque en las últimas décadas han desarrollado modelos de producción que les han permitido posicionarse de mejor manera en la arena internacional.

El objeto de estudio se enfoca en establecer las relaciones que se dan, tanto desde el punto de vista de Chile como de Perú, dentro de la estructura espacial centro, semiperiferia y periferia establecida por Immanuel ^{Wallerstein (2005}), en torno a los procesos de producción de estos países, y su vinculación con el poder en un sentido político-económico. En tal contexto, se establece como una novedad, así como una dificultad, el posicionamiento que dichos países esgrimen hacia sus eventuales pares (Estados), y hacia ellos mismos, como una forma de justificar la ampliación de sus modelos de producción, dentro de los cuales también opera como argumento a favor un discurso derivado de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquello no solo que genera una serie de problemas teóricos y conceptuales para localizar a los países que son objeto del presente análisis dentro de la perspectiva espacial de Wallerstein, sino que además produce una vinculación compleja entre el discurso y los hechos, de tal modo que establece parámetros analíticos que van más allá de una eventual clasificación dentro de un determinado esquema. Por tal razón se utilizará el método de carácter analítico-descriptivo, a fin de ubicar espacialmente a Chile y Perú en el modelo tripartita de Wallerstein, utilizando complementariamente la perspectiva de economía política internacional y su trasfondo geopolítico.

En este punto, se deduce que si bien los modelos de producción y desarrollo que se visualizan tanto en Chile como en Perú dan cuenta de la existencia de un esquema de periferia, lo cierto es que dentro del discurso político, tanto interno como externo, y por directa consecuencia en la generación de diversos mecanismos de vinculación con países del centro, el pronunciamiento oficial a nivel de Gobiernos y de organismos internacionales, tanto en un sentido interno como externo, ha generado un autoposicionamiento de ambos países en un ámbito de semiperiferia, estableciendo con ello una justificación para la mantención y profundización del modelo de desarrollo imperante en los mismos. Y pese a que dicha condición se traduce en un discurso oficial, aquello no necesariamente se coindice con las realidades sociales experimentadas en ambos Estados.

Seguidamente se explicará el abordaje teórico del caso de estudio del presente documento, partiendo de la perspectiva geopolítica de Peter ^{Taylor y Colin Flint (2011}), para posteriormente revisar el funcionamiento de la estructura tripartita acuñada por ^{Wallerstein (2005}), estableciendo un vínculo conceptual entre ambos preceptos, con el fin de establecer el posicionamiento actual de Chile y Perú en la mencionada estructura, que reviste la condición de semiperiferia. Posteriormente se presentará la evolución de los modelos de desarrollo y la política exterior de Chile y Perú, para finalmente definir si, efectivamente, los países en cuestión podrían ser consideradas como naciones semiperiféricas o si más bien se mantiene al margen del sistema-mundo contemporáneo.

Economía-mundo y la estructura tripartita centro, periferia y semiperiferia

Es fundamental realizar una precisión teórica que permita comprender el enfoque desde el cual se aborda el objeto de estudio del presente documento. Se utiliza ciertos preceptos de la economía política internacional, tomando como referencia a autores como John ^{Agnew (1994}), quien plantea la necesidad de romper con la visión Estadocentrista de la geopolítica clásica y no comprender a los Estados en términos de soberanía territorial, sino más bien desde el posicionamiento espacial y el comportamiento internacional de los diversos actores (^{Kelly, 2006}), puesto que “el concepto de territorio, producto de las consecuencias del fenómeno de la globalización, no es el más apto para entender las actuales problemáticas de la geopolítica” (^{Hassner, 2006}).

Por tanto, el concepto de espacio deviene en una alternativa pertinente y dinámica para comprender las fluctuaciones de los procesos de diversa índole, que va más allá de la unidad de análisis clásica: el Estado (entendido como un ente racional y estático), que considera la agencia de otros actores y factores (materiales y simbólicos) que rebasan los límites de lo territorial y que permiten comprender los fenómenos transnacionales. En resumen, y siguiendo a Taylor y Flint:

[…] los países establecen un posicionamiento geopolítico no solo de acuerdo a los procesos de producción que imperaban dentro de su geografía, sino también por el grado de influencia política que pueden tener, a través de los mismos, en el sistema internacional (Taylor y Flint, en ^{Cabrera, 2017}: 118).

En definitiva, los postulados geopolíticos que esgrimen autores como Peter Taylor y Colin Flint poseen una base en la economía política internacional, tomando la noción de los códigos geopolíticos bajo la aplicación desde el punto de vista de Immanuel Wallerstein sobre el sistema-mundo y su estructura tripartita de centro, semiperiferia y periferia (^{Wallerstein, 2007}). Mientras que, por otro lado, la visión relacionada con la economía política internacional tiene como elemento conceptual a tomar en consideración a los denominados códigos geopolíticos, los cuales, a su vez, establecen una “imagen” en torno a la propia proyección de los países al mundo, los actores que lo componen y la evaluación de las amenazas y riesgos que presuponen los mismos para sus intereses.

Ahora bien, frente a la existencia de aspectos que buscan identificar un determinado posicionamiento, tanto de las sociedades como de los Estados, se obtiene como consecuencia una esquematización de aquellos objetos en una tipología definida. En tal sentido, la interpretación de sistema-mundo, establecida por ^{Wallerstein (2005}), busca conceptualizar el cambio social; su alcance y análisis tiene una dimensión global, tal como lo puntualizan ^{Taylor y Flint (2011}). No obstante, y como bien lo señalan dichos autores, Wallerstein conjugó el pensamiento de la escuela francesa de historia, principalmente de la mano de Fernand Braudel en la vinculación económica y social de la historia, y la visión crítica del marxismo en las teorías del desarrollo, por intermedio de las ciencias sociales (^{Taylor y Flint, 2011}).

Cabe destacar que uno de los aspectos para el entendimiento del mencionado punto de vista, y en particular de la evolución del mismo, radica en la comprensión y evolución del modelo capitalista de producción, generándose como consecuencia un sistema de economía-mundo. En tal sentido se destaca lo señalado por Dos Santos:

El enfoque del Sistema-Mundo busca analizar la formación y la evolución del modo capitalista de producción como un sistema de relaciones económico-sociales, políticas y culturales que nace a finales de la Edad Media europea y que evoluciona en dirección a convertirse en un sistema planetario y confundirse con la economía mundial (^{Dos Santos, 1998}: p. 18).

El mencionado sistema de economía-mundo se caracteriza por una organización institucional, definiéndose esta última por las prioridades a mediano plazo que se poseen dentro de una determinada sociedad, siendo la acumulación incesante de capital el motor del sistema, al mismo tiempo que se descartan otras prioridades que no vayan en aquella dirección (^{Wallerstein, 2005}). Lo anterior se relaciona con lo que señalan Taylor y Flint, en el sentido de que no se visualiza una estructura política que ayude a supervigilar las diferentes actividades que se realicen, sino que se deja el control y la competencia entre las diferentes unidades de producción a lo que dicten las reglas del mercado. En otras palabras, “[…] en este sistema, la eficiencia prospera y se destruye al menos eficiente, a través de los precios que se establecen en el mercado” (^{Taylor y Flint, 2011: 11}). Por tanto, serían las actividades económicas, y de manera particular la acumulación de riquezas, las que determinan la estructura del eventual sistema político.

Uno de los elementos que otorgan relevancia a la categorización y análisis realizados desde la perspectiva del sistema-mundo es el hecho de que abandona la clásica dicotomía establecida en el período de la Guerra Fría, en el cual coexistían dos maneras de percibir el mundo. En estricto sentido, y de acuerdo con el argumento de ^{Dos Santos (1998}), hubo, en los años del conflicto bipolar, una hegemonía económica establecida por Estados Unidos, siempre tomando en cuenta el carácter capitalista de la misma. Incluso, la misma economía soviética, así como los países de su zona de influencia, no habían podido desligarse de la estructura determinada por el sistema mundial capitalista en auge.

Siguiendo el planteamiento de Dos Santos, “[…] este enfoque, aún en elaboración, destaca la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguir, entre las economías centrales, una economía hegemónica que articula el conjunto del sistema” (^{Dos Santos, 1998: p. 18}). Se podría argüir que la concepción de lo mencionado con respecto a las categorizaciones de centro, periferia y semiperiferia no solo establece una ubicación definida dentro del sistema de economía-mundo, sino que también otorga una sistematización vinculada al posicionamiento de una sociedad determinada, frente a las estructuras de poder que se visualizan en el sistema. En este punto, cabe destacar lo que señalan Taylor y Flint, con respecto a que los procesos de centro y periferia no necesariamente se aplican a la condición de un país o Estado en cuestión, ya que es posible encontrar espacios tanto de centro en países que pueden catalogarse como periferia, y viceversa. Por tanto, aquella calificación aplicaría principalmente, y visto desde un punto de vista desestructurado, a las sociedades desde una mirada particular y atomizada (^{Taylor y Flint, 2011: p. 21}).

Pero sin perjuicio de lo anterior, y reconociendo las múltiples aplicaciones de los conceptos relativos al centro y la periferia, se destaca que aquella dicotomía se conceptualiza, en términos generales, a las realidades que poseen los países, entendiendo estos como una estructura que posee un modo de producción relativamente homogéneo. Así, es posible destacar que una de las características de relevancia de la mencionada categorización es la conexión que se da entre los países de centro con los de periferia. De acuerdo con ^{Prebisch (1996}), la vinculación de un país de periferia con otro de centro depende principalmente de la capacidad que tiene el primer país respecto a sus recursos, así como también de la posibilidad de movilizarlos para obtener sus objetivos. Desde dicho punto de vista, se establecía un condicionamiento estructural directo por parte de los países de centro hacia los de la periferia en los sistemas de producción como de desarrollo, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, siendo esta última caracterización la que se vincula al aspecto tecnológico y que, por consiguiente, aumentaría o disminuiría el progreso técnico para un mejor desenvolvimiento económico. Incluso el mencionado autor señala, de manera explícita, que dicha relación ha afianzado un verdadero proceso de “hegemonía histórica de los centros sobre la periferia” (^{Prebisch, 1996: p. 1095}).

Derivado de lo anterior, tanto el centro como la periferia son principalmente denominaciones de procesos y realidades, al interior de una determinada sociedad, es decir que esta dicotomía no responde necesariamente a una cuestión espacial si no a los procesos ligados a la división internacional del trabajo. Pero en estricto rigor, siguiendo los planteamientos de Taylor y Flint:

[…] los procesos de centro consisten en relaciones que incorporan relativamente altos salarios, una tecnología avanzada, y un sistema de producción diversificado; mientras que los procesos de periferia involucran bajas remuneraciones, una tecnología más rudimentaria en la producción de bienes, así como también un sistema simple de producción (^{Taylor y Flint, 2011}: 23).

Una posición relativamente diferente es la que expresa Barry ^{Buzan (1991}), ya que, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, el concepto periferia ha sido utilizado como una opción respecto al término “tercer mundo”. Pero incluso el autor va más allá, estableciendo una definición para cada concepto. En tal sentido, el centro puede conceptualizarse como una estructura, relativamente definida, que se encuentra bajo el dominio de economías que comparten un criterio de desarrollo capitalista; mientras que la periferia se entiende como un conjunto de países con una débil institucionalidad política y que no poseen ni un marco industrial ni uno financiero sólido. Pero lo más relevante es el hecho de que la periferia se desenvuelve dentro de una estructura que ha sido previamente definida bajo los parámetros e intereses de los Estados del denominado centro (^{Buzan, 1991}).

Por otro lado, también es posible situar a los procesos de centro y periferia en un punto de vista del poder y la influencia. En tal contexto, se destaca que los países que poseen esquemas de producción de centro se encuentran en una fase constante de obtención de algún grado de hegemonía, siempre ponderando los factores económicos por sobre el resto; en tanto que en los Estados que se encuentran inmersos en procesos de periferia se visualiza una relación de cooperación/conflicto, tomando en cuenta el papel que desempeña la burguesía al interior de los mismos. En tal sentido, y muy en línea con lo que plantea ^{Dos Santos (1998}), las clases dominantes buscan aumentar su capital mediante una estrecha vinculación con aquellos países que poseen una posición de centro, mientras que mantienen y aumentan las relaciones de explotación en su misma sociedad, con respecto a otras clases sociales (^{Cairo y Pastor, 2006}).

De acuerdo con Armando ^{Di Filipo (1998}), la división entre centro y periferia se entiende dentro de un plano macroeconómico, estableciéndose diferentes niveles de análisis que encuentran una directa relación con la institucionalidad que genere un Estado determinado, aunque este último actor solo poseería un rol “regulador” desde el punto de vista económico, dejando de lado la perspectiva política (^{Di Filipo, 1998}). No obstante, el citado autor destaca que el papel del Estado radica en la capacidad que posee de redistribuir los excedentes de la productividad, como consecuencia de los procesos de producción institucionalizados. En el caso de los países de centro, esto se traduce en tecnología y productos con valor agregado, mientras que en la periferia lo anterior radica en la capacidad de producir mayores vinculaciones con el centro, por medio de la movilización de diversos productos demandados por estos últimos países. Sin embargo, el mencionado autor destaca un punto de relevancia, tomando en consideración el panorama establecido por la globalización: las diferenciaciones entre el centro y la periferia vienen dadas por la capacidad que tendrían los países en generar, capacitar y posteriormente retener a los trabajadores, lo que daría como directa consecuencia un aumento en las ventajas competitivas de las empresas, tanto a escala nacional como internacional (^{Di Filipo, 1998}).

Derivado de lo planteado por los autores previamente citados, es posible encontrar puntos similares entre los mismos, que van desde la óptica económica sobre los cuales radican sus análisis, hasta las consecuencias políticas y sociales que implican los procesos en cuestión. En este plano, además de los medios de producción y la utilización de tecnología avanzada para lograr productos con cada vez mayor valor agregado, los países de centro poseen el denominado know-how, lo que se traduciría en la aplicación de conocimiento a la técnica en el proceso en sí; mientras que la periferia carece de lo anterior, y requeriría la capacitación derivada de los países de centro, traduciéndose aquello no solo en el plano económico, sino también en el educacional. Pero todos los autores mencionados visualizan que la categorización centro-periferia no podría ser cabalmente comprendida y analizada si es que no se tiene en consideración las relaciones de dominio, influencia y poder que existe desde el centro a la periferia.

A juicio de ^{Taylor y Flint (2011}), y siguiendo los planteamientos de Wallerstein, la mencionada esquematización no es absoluta en términos de clasificación para los países, debido al constante cambio y al devenir histórico que se visualizan en los mismos. Así, es posible encontrar una mixtura entre el centro y la periferia, que se denomina semiperiferia, la cual tiene una especial vinculación con los procesos políticos que se generen para subir a una categorización de centro o, en su defecto, para desplomar a la condición de periferia. Esto se vincula especialmente con los momentos de cooperación y conflicto que se evidencian dentro de las mismas sociedades; es en este punto en el cual Wallerstein comprende a la semiperiferia, especialmente en su relevancia política por sobre la cuestión económica (^{Taylor y Flint, 2011}).

El anterior planteamiento encuentra eco, de acuerdo con lo esbozado por ^{Cairo y Pastor (2006}), en lo relativo a que en los espacios que se pueden distinguir como semiperiferia, el grado de conflictividad es mayor que en otros, producto del cambio que se evidencia en las sociedades. No obstante, los mencionados autores señalan que para encontrar mejores condiciones, tanto para la generación del cambio de modelo de producción como para disminuir la conflictividad, los países tenderán a aliarse con otros de similares condiciones, con el principal objetivo de poder acrecentar sus posibilidades de éxito en el logro de sus objetivos y mejorar su posicionamiento en la arena internacional (^{Cairo y Pastor, 2006}).

Una apreciación más vinculada a la realidad política es la que plantea Barry Buzan, desde el punto de vista de la semiperiferia. El autor en cuestión esboza su posicionamiento hacia la semiperiferia en términos ligados al Estado, y cómo aquellos países que se encuentran en una posición de superioridad dentro del proceso de periferia aumentan gradualmente su vinculación con las naciones de centro. Esta relación para Buzan no se traduce en una ubicación especial para un país determinado, sino que se sitúa en un plano de aspiraciones y deseos de convertirse de un Estado con procesos de periferia a otro con procesos de centro (^{Buzan, 1991}).

Lo planteado se vincula directamente con las realidades visualizadas en países como Chile y Perú, los cuales históricamente han tenido un posicionamiento de periferia, no solo en el plano de la tipología de Wallerstein, sino también en un plano geográfico. Esto sería consecuencia de su lejanía con respecto a los principales polos de desarrollo, así como la gran distancia que los ha separado de las principales rutas comerciales a lo largo de la historia del sistema-mundo capitalista. Pero, en la actualidad, y producto del cambio de las estructuras económicas tanto a escala internacional como también en el ámbito nacional (tomando como ejemplo la importancia de la zona de Asia-Pacífico, como también el ascenso de economías como China e India) (^{Shenkar, 2005}), la ubicación geográfica de los mismos ha dado paso a una “nueva imagen” de estos Estados en el sistema internacional contemporáneo, generándose un espacio de oportunidad para el cambio de los procesos productivos, la firma de acuerdos de cooperación económica y la conformación de nuevas alianzas como el Grupo de Lima o la Alianza para el Pacífico. O, en otros términos, el traspaso de un modelo de desarrollo de periferia a una posible ubicación en la semiperiferia.

La evolución de los modelos de desarrollo y la política exterior en Chile y Perú

Existe una amplia cantidad de estudios en torno al origen del actual modelo de desarrollo económico que posee Chile, el cual tiene como común denominador el posicionamiento y aplicación de los postulados de Milton Friedman y sus discípulos de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, los denominados Chicago Boys, en la época del Gobierno militar (^{Muñoz, 1986}). Sin embargo, aquellos estudios son directamente proporcionales con respecto a la vinculación que ha tenido el país en su política exterior y el sistema económico (^{Wilhelmy y Durán, 2003}). En tal sentido, la elección de un modelo determinado desde el punto de vista del desarrollo económico se vincula con la forma de realizar la política exterior del país, en el sentido de que, si bien en temas políticos la dictadura de Augusto Pinochet estuvo aislada, aquello no se cristalizó en el plano comercial. En otras palabras, la forma de hacer política exterior en el período 1973-1990 se caracterizó por una bifurcación desde el punto de vista político y económico, en el sentido de que se buscaba el desbloqueo político mediante el aumento de las relaciones comerciales (^{Ross, 2007}).

El advenimiento de la democracia en Chile no solo llevó automáticamente a un proceso de reinserción internacional en términos políticos, sino que también permitió a los diferentes Gobiernos de la denominada Concertación² administrar el modelo económico dejado por la dictadura. Así, el Gobierno de Patricio Aylwin tuvo la característica de establecer las bases institucionales desde un punto de vista político, buscando principalmente acercamientos de carácter diplomático con aquellos países que el régimen de Pinochet había perdido o deteriorado (^{Witker, 2001}). Pero fue en la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en la que se dio un giro a la forma de llevar a cabo la denominada “diplomacia presidencial”, en la cual se visualizó que la vinculación política iba de la mano con la forma de orientar el comercio exterior, otorgando un énfasis cada vez mayor a esta última. Pero aquello también estuvo acompañado por una serie de procesos institucionales, de características internas, que solidificaron las bases del modelo de desarrollo establecido. Las privatizaciones de diversos servicios y bienes de carácter público, en conjunto con una mayor cantidad de alianzas público-privadas mediante concesiones, generaron una visión de una estructura estatal cada vez más reducida, al tiempo que se incentivaba la participación privada, incluso en el plano internacional (^{Milet, 2003}), reforzando así los principios de la escuela de Chicago.

Pero tal vez la ejemplificación más plausible, desde la visión de la política exterior y la importancia del ámbito comercial, fue la manera en la cual el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su sucesor Ricardo Lagos promovieron la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con un número significativo de países, los cuales tenían una ubicación exclusiva en el eje económico del Asia-Pacífico, o en su defecto con socios considerados estratégicos, como es el caso de la Unión Europea (UE). Pero si bien aquellos fueron logros que se enmarcaban en la política exterior del país, la incorporación de Chile a determinados foros ha sido considerada como un verdadero hito en lo relativo a la imagen internacional del país. Al respecto se ejemplifica la incorporación de Chile a Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), como posteriormente a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (^{Rodríguez, 2010}; ^{Wilhelmy y Durán, 2003}).

El anterior comportamiento exterior, si bien se ha visto más difuminado en los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en términos concretos la estructura misma del modelo de producción se ha mantenido, sin perjuicio del cambio de coalición de Gobierno con el segundo mandatario. No obstante, y a partir del nuevo siglo, los sucesivos regímenes han comenzado a evidenciar que a pesar del modelo económico en cuestión ha persistido la desigualdad en la sociedad, por lo que la noción de igualdad ha tratado de ser aplicada mediante una serie de planes sociales y políticas públicas, en las cuales el común denominador es la inclusión. Pero la política exterior del país hacia el Asia-Pacífico, por medio del aumento del libre comercio, se ha visto impulsada por diferentes medidas, como lo son la continuación de la política de firma de TLC, y la adopción de acuerdos comerciales con grupos de países que poseen un modelo económico similar, en detrimento de otros acuerdos comerciales de características regionales, como el Mercosur y la Comunidad Andina.³

Uno de los puntos más relevantes, tanto en lo que respecta al modelo económico chileno como también a la forma de realizar la política exterior como directa consecuencia del modelo señalado, es el hecho de que la democracia no varió el rumbo económico-comercial establecido por Pinochet. Incluso, en un análisis de la totalidad de los elementos que se vinculan al modelo en sí, los diferentes Gobiernos democráticos, sin perjuicio de la visión político-ideológica que posean, han aumentado y fortalecido las bases estructurales del modelo, lo cual evidencia una preeminencia del aspecto económico por sobre el político; por lo que se podría argüir que Chile le ha apostado a un regionalismo abierto, el cual podría definirse como: “un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración, como por otras políticas en un contexto de creciente apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en la medida de los posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente” (^{Cepal, 2011}).

En el caso de Perú, luego de los Fobiernos militares de los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, el país comenzó a evidenciar las consecuencias negativas del elevado gasto público, principalmente en lo relativo a la adquisición de material bélico a países como la entonces Unión Soviética (URSS). Es así como en el retorno a la democracia en 1980, tanto los Gobiernos de los presidentes Fernando Belaunde Terry como Alan García, y principalmente el segundo, experimentaron un decaimiento de la economía, producto tanto de la crisis internacional como también del endeudamiento internacional y la inflación (^{Peñaherrera, 2010}). Aquello no solo que desencadenó una crisis política a fines de la década mencionada, sino que además produjo un clima interno en el cual grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru encontraron un espacio de fortalecimiento de sus posturas y reivindicaciones (^{Calvo y Declerq, 1994}).

El anterior panorama, que generó a comienzos de la década de 1990 la incorporación en los análisis sobre el Perú del vocablo “libanización”, como consecuencia del poco o nulo control que tenía el Estado peruano en determinadas zonas de su territorio (^{Burt, 2006}), llevó a la elección de un outsider dentro del espectro político peruano como presidente de la República: Alberto Fujimori. El mencionado mandatario tuvo una serie de problemas a la hora de encontrar acuerdos parlamentarios para llevar a cabo su plan de gobierno, por lo que en el año 1992 generó las condiciones para un autogolpe de Estado, convocando a nuevas elecciones y estableciendo las pautas para tener más control y poder político, siendo el principal ejemplo de ello la conformación de una nueva Constitución. En aquel cuerpo legal, no solo se disminuyó el poder de la función legislativa y se aumentó la autoridad presidencial, sino que además configuró un nuevo modelo de desarrollo en el cual se apostaba directamente por el libre comercio y la apertura del país hacia mercados internacionales. No obstante lo anterior, y de acuerdo con diversos autores (^{Barnechea, 2013}; ^{Ferrero, 2001}), la institucionalidad peruana tuvo un retroceso considerable, no solo por el hecho de las formas que empleaba el Estado, y en particular el Gobierno de Fujimori en obtener sus objetivos, sino también en la categorización y calificación de democracia que el país tenía, considerando en este último punto el autogolpe del mencionado mandatario y la cooptación de las estructuras estatales que poseía por parte del Gobierno.

Luego de casi diez años en el poder, Fujimori se fugó al Japón en noviembre del año 2000, generando como consecuencia una crisis política e institucional en las diferentes estructuras y niveles de decisión del Estado peruano (^{Rodríguez, 2004}). Sin embargo, y pese a los problemas que evidenció el país a comienzos del siglo XXI, los sucesores de Fujimori, especialmente Alejandro Toledo y Alan García, este último en un segundo mandato, han mantenido y profundizado las bases económicas y comerciales dejadas por la administración del fugado mandatario, posicionando a escala internacional al país, mediante la suscripción de TLC con diversos Estados, y concentrándose en aumentar la presencia del Perú en espacios económicos y comerciales a escala mundial, como la APEC. Es relevante considerar que a pesar de que el modelo de desarrollo económico de esta nación tiene un componente derivado de la característica que ostenta el país con relación a la posesión de grandes cantidades de recursos naturales, se ha establecido como factor de relevancia la importante cantidad de pobladores, como una forma de generación de mano de obra sin grandes costos, en comparación con otros países de la región (^{Barnechea, 2013}).

En este sentido, se ha producido una continuidad en lo que respecta la mantención y proyección de las bases del modelo de desarrollo económico. Así, si bien la elección de Ollanta Humala generó una gran cantidad de preocupaciones en los inversionistas como en el sector privado peruano, producto de su pasado como también de sus declaraciones previas a la elección,⁴ su administración ha procurado el mantenimiento de la política comercial peruana hacia el exterior, siguiendo los mismos parámetros que sus antecesores. En tal sentido, se destaca la aprobación de diversos TLC, como también el propio deseo, expresado por el mandatario señalado, de que el Perú sea en el mediano plazo un país perteneciente a la OCDE.⁵

Lo anterior, vinculando tanto las realidades que son propias de Chile y Perú, ha generado una serie de espacios en los cuales las congruencias y similitudes comerciales son cada vez mayores. En este sentido, no solo que se destaca el hecho de que ambos países sean miembros de la APEC o hayan suscrito TLC con países similares, sino que además ha creado una institucionalidad en la cual se promueve y posiciona la forma de obtener mejores niveles de comercio y, por ende (basado en una lógica de pensamiento económico determinado), de desarrollo: la Alianza del Pacífico, de la cual además son países miembros Colombia y México. Así, este bloque se institucionaliza como una manera de obtener mayores beneficios económicos y comerciales, pensando tanto a un nivel de transacciones de bienes y servicios entre los países miembros, como también de posicionarse como una plataforma hacia las economías del Asia-Pacífico, tal y como expresa de manera explícita la Declaración de Lima del año 2011 (^{Prado, 2016}).

Otro ejemplo relacionado es la decisión de ambos países de ser parte del entonces acuerdo conocido como Trans Pacific Partnership (TPP), que agrupa a otros diez países que buscan liberalizar sus economías, con el fin de aumentar los márgenes de comercio entre los países miembros del mencionado acuerdo (^{Roldán y Castro, 2013}). Pese a que este acuerdo no se concentró debido a la falta de aprobación por parte de algunos de sus principales miembros, se estableció la conformación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP 11, del cual Chile y Perú son países signatarios.

Otra de las características que se observa en la evolución de los procesos de desarrollo económico, tanto en Chile como en Perú, es la adopción misma del modelo, y en particular en las condiciones políticas en que se originaron. En ambos casos, se visualiza que para implementar un proceso de desarrollo económico sobre la base del libre comercio, los Gobiernos emplearon una serie de mecanismos que se alejaban de los parámetros democráticos comúnmente conocidos. En otro sentido, el alto grado de control del Estado sobre las libertades sociales, así como el papel de la mencionada institución en el establecimiento de los lineamientos económicos, serían claves para la adecuada implementación del modelo. Como un dato anecdótico no menor, al presidente Fujimori le gustaba que le trataran con el apodo de “chinochet”, una mezcla entre su evidente origen asiático (japonés en este caso), y una directa alusión a Augusto Pinochet (^{Rodríguez, 2004}).

Una de las principales características que se observan en los mencionados procesos de desarrollo económico es el hecho de la adopción de diversos patrones asociados al Consenso de Washington (^{Williamson, 1995}), aunque con diversos matices, dependiendo de la cultura organizacional de cada Estado, como también de los momentos políticos en los mismos. En este plano, tanto las privatizaciones como la institucionalización del papel del Estado en la economía fueron aplicados en concordancia con lo establecido en el Consenso, pero determinado principalmente por la coyuntura política. Así, en el caso de Chile es posible observar una profundización de los lineamientos generados por el Consenso en las décadas de 1980 y 1990; mientras que para la realidad peruana, la década de l990 fue de generación de las condiciones internas para la aplicación del modelo (producto principalmente del conflicto interno), continuando en el siguiente siglo con la implementación y ampliación del mismo.

Otro de los aspectos que se destacan en ambas realidades es la adopción de diferentes instituciones que, de alguna forma u otra, van en línea con lo impuesto por el modelo económico descrito. En este aspecto, resaltan principalmente el sistema de Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Instituciones de Salud Previsional (Isapre). Ambas instituciones fueron creadas en Chile en la década de 1980, como una forma de reducir (o eliminar) el papel del Estado en determinados sectores de la economía, y en este aspecto en particular, dejando al sector privado un amplio grado de libertad. En estricto rigor, este sistema tuvo su justificación en el hecho de que le restaba un peso y una responsabilidad no menor a la institución estatal, principalmente en lo que respecta a las utilidades negativas que dicho sistema establecía, estableciendo una lógica de mercado en el cual el sector privado podía generar utilidades (^{Fazio, 2000}). Este sistema se institucionalizó en Chile y se ha mantenido hasta la actualidad; producto del nivel de ganancias obtenidas por las empresas vinculadas a los mencionados rubros, se evidenció la oportunidad de exportar dicho modelo, el cual fue replicado en Perú dentro de la década de 1990, gracias a las reformas institucionales efectuadas por Fujimori (^{Rodríguez Elizondo, 2004}).

Cabe indicar que si bien los mencionados modelos de desarrollo económico cuentan con una estructura definida por el libre mercado y requieren de un aumento constante en los niveles de comercio e inversión extranjera, han establecido un parámetro en la política exterior diferente, sobre el cual tanto Chile como Perú se identifican. Así, es posible evidenciar un cambio en los discursos nacionales e internacionales sobre estos países, particularmente desde la perspectiva económica, y su inserción en espacios en los cuales se debaten temas de importancia mundial. Aquello no solo que puede evidenciar una imagen diferente de estas naciones con respecto a la región, que mantienen procesos de periferia, sino que además puede significar el posicionamiento de los mismos en un ámbito de semiperiferia. No obstante, existen una serie de elementos a analizar para esgrimir lo anterior como una afirmación y no en características condicionales.

Realidad y discurso: ¿Chile y Perú en la semiperiferia?

Como se evidenció en su momento, especialmente dentro del análisis conceptual que reviste la condición de semiperiferia, el elemento político ocupa un lugar preponderante para la clasificación de un determinado país en este espacio. Pero aquello no deja de lado la necesidad de una vinculación económica; es decir, si bien se puede estar en un proceso de desarrollo basado en lineamientos de periferia, se puede tener al mismo tiempo una influencia política que permita a un país situarse en la semiperiferia. No obstante, la aceptación de aquella realidad estaría visualizada en un sentido negativo, debido a que la probabilidad de situarse en un real proceso de cambio desde la periferia hacia el centro viene determinada específicamente en términos económicos.

Por tanto, y para establecer una evaluación de la ubicación tanto de Chile como de Perú en el esquema tripartito de centro, semiperiferia y periferia, se analizarán indicadores económicos y sociales como el PIB per cápita, principales exportaciones e importaciones, así como sus respectivos destinos, y; por otro lado, se considerarán los discursos gubernamentales y de organismos internacionales, existiendo una preeminencia de estos últimos por sobre los primeros, en torno a la realidad de Chile como de Perú. Finalmente, se analizará el grado de influencia política que ambos países poseen en el contexto del sistema de economía-mundo.

El PIB per cápita es uno de los indicadores que si bien demuestra el grado de ingresos que poseen los habitantes de determinado país, este se encuentra determinado en su real alcance por la eventual desigualdad que exista en dicha nación. Expresado de otra forma, dicho indicador buscaría demostrar el grado de avance que tienen los ingresos en una economía. Para este caso, cabe destacar que el promedio de los países de la OCDE en su PIB per cápita es de 42 469 dólares para el año 2016, los cuales se consideran como los países más ricos.⁶ Mientras que en el caso de Chile el PIB per cápita ascendía a 13 960 dólares en el 2016; y Perú tenía un PIB per cápita de 6031 dólares para el mismo año señalado.⁷ De lo mencionado, es posible establecer que ambos países, pese a que han aumentado progresivamente su crecimiento económico, de acuerdo con el indicador observado, se encuentran aún lejos del promedio de los países de la OCDE, lo que demuestra que, en términos reales, tanto Chile como Perú no podrían ser catalogados como “países desarrollados”.

De las comparaciones entre los dos países se pueden extraer algunas consideraciones. En primer lugar, se puede observar que tanto Chile como Perú poseen una matriz de productos excedentes que son, en su mayoría, commodities o productos sin valor agregado. Y los principales destinos de aquellas exportaciones son, para ambos casos, países exportadores de productos con valor agregado. En segundo lugar, se debe considerar la naturaleza de las principales importaciones que ambos países reciben, las cuales se caracterizan por su alto grado de tecnología y los mercados de las cuales estas son mayoritariamente originarias.

Pasando al plano de la evaluación de los discursos, desde el ámbito gubernamental se observa que tanto Chile como Perú apuestan a un posicionamiento cada vez mayor en determinados segmentos de la economía mundial. Así, se destaca especialmente la conexión que ambos países poseen en torno al bloque de países del Asia-Pacífico, y en particular a la relevancia que le han dado a la Alianza del Pacífico, tomando en cuenta tanto la importancia que el bloque ha tenido en el plano de los discursos multilaterales, como en el hecho de considerar una eventual ampliación del mismo hacia otros países de la región (^{Prado, 2016}).

En un aspecto más específico, los discursos oficiales, en el caso de Chile, indican que si bien el país se encuentra situado en una perspectiva en la que afloran las oportunidades, principalmente desde la óptica económica y su cada vez mayor conexión con los mercados de Asia-Pacífico, no se pueden invisibilizar los problemas de desigualdad, así como las fluctuaciones que se generen en el sistema económico internacional, las cuales podrían impactar negativamente en el desarrollo del país. Lo anterior se ha visualizado principalmente en la administración de Sebastián Piñera y, en mayor medida, en la segunda administración de Michelle Bachelet. Un ejemplo de la anterior situación se aprecia en la mesura de los mandatarios a la hora de proyectar los lineamientos económicos del país hacia el futuro. No obstante, en la gran mayoría de las intervenciones a nivel de Gobierno se destaca la solvencia institucional del país, así como también la estabilidad jurídica y política que presenta, como una forma de generación de confianza en las inversiones extranjeras.⁸

El discurso que se visualiza hacia Chile desde organismos internacionales vinculados al comercio, como lo son el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), da cuenta de una percepción positiva hacia el país, desde el punto de vista económico. En este plano, se destaca la intervención que realizó en el año 2013 el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, respecto a que “[…] Chile ha entrado en la categoría de ingresos altos. Esto es el resultado de las políticas del gobierno del presidente Piñera y de las administraciones anteriores”.⁹ En línea con lo anterior, la directora del FMI, Christine Lagarde, pese a los cuestionamientos que han recibido algunas de las medidas económicas impulsadas por Michelle Bachelet, ha apoyado la gestión de la mandataria en materia económica, sosteniendo al respecto que “[…] en la medida en que hay un grado de desigualdad mayor que en otros países, en la medida en que la desigualdad excesiva no es buena para el crecimiento sostenible, las políticas que abordan la desigualdad ayudan, y una vez que se llega a esa conclusión, hay que decidir cuáles son las prioridades en términos de políticas”,¹⁰ estableciendo al mismo tiempo el papel positivo que posee Chile en materia económica.

Con respecto al caso peruano, se aprecia un panorama con algún grado de diferenciación, en el sentido de que se pondera un contexto más optimista relativo al crecimiento económico, lo que genera como consecuencia un discurso, tanto interno como externo, con un mayor grado de elogios y proyecciones a futuro. En este plano, las expresiones presidenciales presentan de manera lógica un eco en lo que respecta al planteamiento de diferentes secretarios de Estado. Un ejemplo de lo anterior son las expresiones del ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Segura, quien señaló que “[…] el camino para que el Perú se convierta en un país del primer mundo, integrando la OCDE, ya se inició”.¹¹

Y desde la óptica y expresión de organismos internacionales, el discurso se encuentra en una línea similar. Un ejemplo es lo planteado por Alejandro Santos, representante del FMI en Perú, con respecto a que para el año 2015 “[…] habrá un repunte en el crecimiento de la economía peruana y esta será la más alta en la región”.¹² Pero incluso yendo más allá, la presidenta del FMI destacó la cada vez mayor importancia de Perú dentro la economía mundial, expresando que “[…] el próximo mes de octubre (2015), Lima se convertirá en el centro del mundo económico”, al acoger a los líderes económicos de los 188 países miembros de la institución internacional con sede en Washington.¹³ Este acontecimiento reviste una especial importancia, ya que será la primera vez que el FMI celebre su principal evento en América latina, suceso que no acontecía desde hace más de 40 años.

Siendo así, y respondiendo a la pregunta generada al inicio del presente apartado, es posible establecer que tanto Chile como Perú, pese a la cercanía a aquellos países que poseen procesos de desarrollo de centro, y que eventualmente los podría situar en un ámbito de semiperiferia, se posicionan en la periferia en términos económicos. Es cierto que ambos Estados son parte de una serie de foros e instituciones en los cuales comparten con los países más desarrollados del mundo, pero sus estructuras y procesos de producción siguen siendo comparables con los países situados en la periferia. Esto último queda refrendado por las características de las relaciones comerciales que mantienen en el ámbito internacional, particularmente como exportadores de bienes sin valor agregado. Además, y tomando en cuenta el factor político, ambos países no poseen los niveles suficientes de influencia para liderar o establecer algún grado de hegemonía en la región. Por tanto, la estructura política no acompaña al discurso, principalmente gubernamental, en el caso de ambos países. Con relación al discurso internacional, si bien alaba a los citados Estados, también da cuenta de una cercanía ideológica, derivado en gran medida por los modelos de desarrollo adoptados, los que se encuentran alineados con los principios y las recomendaciones de organismos como el BM y el FMI (^{López y Muñoz, 2011}).

Derivado de los modelos de producción que poseen Chile y Perú, así como también de la misma estructura de productos con los cuales se sitúan con más fuerza en el comercio internacional, generan a primera vista la idea de que ambos países se ubican en la zona de periferia. Y aunque se observa que dichos Estados se tratan de autosituar en un esquema que iría más allá de la mencionada clasificación, principalmente en un ámbito de semiperiferia, su influencia política y económica en el sistema de economía-mundo es mínima. E incluso considerando que Chile es el principal exportador de cobre a escala mundial y Perú posee una gran cantidad de materias primas que lo sitúan en un plano relativamente similar, los países mencionados no van más allá de la exportación de commodities sin un valor agregado considerable. La tecnología que se adquiere no es nativa, ni tampoco una adaptación propia de otras tecnologías, sino que deriva directamente de los países que poseen procesos económicos de centro. Con relación a los TLC, de alguna u otra forma, serían una forma contemporánea de mantención y aumento de la hegemonía, que en su momento habló Prebisch y se reafirma con lo planteado por Raj Bhala, en torno al papel de países hegemónicos de centro, especialmente Estados Unidos, en la denominada “liberalización competitiva” (^{Bhala, 2007}).

Pero incluso considerando aquella forma de estructuración económica, el condicionamiento de periferia se observa al interior de las sociedades en sí, principalmente por la desigualdad que el modelo ha generado, llegando incluso a niveles de constante fracturación, lo que ha llevado a propugnar que aquello es uno de los principales problemas en la generación y constitución de un proceso de integración de carácter regional (^{Ruiz, 2006}). En el caso de Chile, y como bien se observó en su momento, la desigualdad que existe entre los más ricos y los más pobres lo sitúan como el segundo país más desigual de Suramérica, después de Brasil. Pero incluso aquella situación permite concluir en aquella nación que el acercamiento a los países de centro, desde el punto de vista de la política comercial, se corresponde únicamente con una estructura específica dentro de la sociedad chilena, en la cual un reducido grupo adquiere la mayor cantidad de beneficios de la mencionada vinculación, mientras que el resto de la sociedad percibe beneficios mínimos o, en su defecto, sufre las consecuencias negativas del modelo implantado. Las manifestaciones sociales de los últimos años darían cuenta de una incipiente fracturación en la sociedad chilena.

En el caso de Perú, la inversión extranjera, especialmente en temas vinculados con la explotación de recursos naturales, le ha dado al país una importante fuente de recursos económicos que le permiten financiar diferentes obras y proyectos de características públicas. Sin embargo, y pese al discurso proveniente tanto de organismos internacionales como de las mismas autoridades gubernamentales, el país evidencia una creciente pugna entre aquellos sectores beneficiados frente a los que deben ceder en beneficio del denominado “progreso”. En términos particulares, aquella conflictividad se observa entre las empresas transnacionales que buscan realizar tareas de explotación, con apoyo gubernamental, y las diversas poblaciones indígenas y campesinas del país que defienden sus territorios ancestrales y sus recursos. Esto ha derivado tanto en enfrentamientos armados, como también en la paralización de obras como consecuencia de la inseguridad para los empleados y la obra en general. Pero es en este último aspecto en el cual se puede visualizar un apoyo irrestricto desde la entidad gubernamental hacia la inversión extranjera, en detrimento de los reclamos efectuados por los indígenas.¹⁴ En definitiva, en Perú existe una gran diferenciación en la sociedad, tanto en términos étnicos, como también geográficos (costa frente a sierra/amazonía) y económicos, lo cual deviene en un continuo contexto de desigualdad y conflicto social.

Conclusiones

Como se ha apreciado a lo largo del presente documento, la visión tripartita centro, semiperiferia y periferia, en conjunción con la perspectiva de economía política internacional, permiten comprender el posicionamiento espacial de las naciones, más allá de la concentración clásica Estadocéntrica. Es decir, se supera la idea de soberanía medida en términos territoriales y se analizan otros elementos que permitan definir la ubicación espacial en el sistema internacional contemporáneo. De ahí que se pueda analizar el rol de otros actores y factores que no necesariamente están ligados a la concepción realista del Estado.

Si bien la dicotomía teórica centro-periferia planteada en la década de 1960 por los teóricos de la dependencia todavía permite comprender la división internacional del trabajo, no abarca en su totalidad los nuevos procesos geopolíticos a escala global, por lo que la categoría de semiperiferia es de gran importancia para comprender el posicionamiento espacial de aquellos Estados que juegan un rol político relevante pero no hegemónico y que en términos económicos están en una mejor situación que las naciones periféricas.

Por otro lado, los elementos analizados, tanto desde la visión teórico-conceptual de lo que implica la estructura tripartita de Wallerstein en la concepción de economía-mundo, así como también la evolución de los modelos de desarrollo en Chile y Perú y el discurso a nivel gubernamental, permiten entrever el interés de los tomadores de decisiones de los Gobiernos de turno por difundir la imagen de ser Estados semiperiféricos; no obstante, en términos reales existe un panorama disímil y complejo, principalmente por las consecuencias que se visualizan en las respectivas sociedades, por lo que se concluye que en términos concretos estas naciones aún se mantienen como periferias, pues, a pesar de las mejoras económicas de las últimas décadas, no han logrado poder político para liderar o convertirse en hegemones regionales.

A pesar de que puede argumentarse que en ambos países se evidencia una posición de conflicto entre diferentes estamentos de la sociedad, como producto del traspaso de una condición de periferia a la ubicación en la semiperiferia, aquello no tendría un real sustento, tanto desde el punto de vista teórico como en los hechos. Los conflictos, si bien pueden ser tratados como una manera de aumentar los niveles de desarrollo de los países, su común denominador radica en la exigencia ciudadana al Estado para disminuir los márgenes de desigualdad existentes y que el modelo de desarrollo establecido promueve e intensifica. Por tanto, la conflictividad no viene dada por un eventual cambio en la forma de la producción, sino que es el resultado de las relaciones sociales que se generan al interior de los países, como consecuencia de la carencia de igualdad de oportunidades y de la desigualdad en la repartición de los excedentes económicos.

Lo relevante dentro de lo analizado radica en la excesiva diferencia entre el discurso y la realidad observada, desde un aspecto de desarrollo e igualdad en los países en cuestión. La adopción del modelo en cuestión no solo establece una constante de dominio dentro de la estructura centro-periferia, sino que además permite la institucionalización de un discurso sobre el cual se justifica la adopción de dicho modelo de desarrollo. La autoubicación en un eventual ámbito de semiperiferia es totalmente discursivo, e incluso reforzado por las estructuras de centro; es decir que únicamente refleja códigos geopolíticos que buscan proyectar una determinada imagen a escala internacional pero que no se conjuga con las realidades locales. Esto último solo vendría a fortalecer lo esbozado en su momento, en el sentido de que la periferia se mueve bajo los parámetros y designios del centro. Pero tal vez lo más notable es la observación interna de los países en cuestión, en los cuales los procesos de producción de centro son solamente una minoría y es aquella base social minoritaria la que, de alguna forma u otra, determinaría los caminos a seguir a nivel de Estado. Las consecuencias de aquella instrumentalización se comienzan a apreciar en las sociedades estudiadas, en las cuales gran parte de la población no tiene acceso a los medios de producción, por lo que las diferencias sociales se perpetúan.