Introducción:

El departamento de Potosí se encuentra situado en la región suroeste del Estado de Bolivia. En este departamento de histórica tradición minera se ubica el salar más grande del mundo, el salar de Uyuni, que involucra a su vez el mayor porcentaje de reservas de litio en salmuera del denominado “triángulo del litio”, comprendido por los salares sudamericanos de Chile, Bolivia y Argentina. Es dichos salares se halla más del 80% de reservas en salmuera de litio, un mineral que es altamente codiciado por su rol clave en la mayoría de los dispositivos electrónicos de uso masivo actual, pero que a su vez tiene un rol estratégico en tanto que potencial acumulador de energías renovables de cara a la agenda de transición energética mundial (^{Argento y Zícari, 2017}).

De los tres países que comprenden este triángulo del litio, a diferencia de Chile y Argentina, que son exportadores mundiales de carbonato de litio y en los que predominan los capitales trasnacionales,¹ fue en Bolivia donde de manera pionera el Gobierno del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) afirmó su intención de mantener control estatal en todas las etapas del proceso de extracción e industrialización que van desde el salar hasta la batería.² Así, el 1 de abril de 2008 el presidente Evo Morales anunció por decreto el inicio del proyecto de extracción e industrialización del litio en este territorio y la edificación de tres plantas: una para la producción de carbonato de litio,³ situada en el salar de Uyuni; una semindustrial para producir cloruro de potasio situada, en Llipi; y una experimental para fabricar baterías de ion litio (que se encuentra en La Palca en el municipio de Yokalla).

El presente artículo analiza las formas de integración del proyecto boliviano de extracción e industrialización del litio con las estructuras de la acción colectiva sindicales y comunidades indígenas-campesinas que habitan la región del salar. El desarrollo del texto se divide en tres partes. En primer lugar, se describen las características geográficas, climáticas y socioproductivas del territorio; en un segundo momento analizaremos las estructuras de la acción colectiva que están en la génesis del proyecto de industrialización del litio, vinculada con los imaginarios sociales sobre el territorio y sus recursos naturales. En la tercera parte abordaremos las formas de articulación de las comunidades y estructuras sindicales con el proyecto del litio en la actualidad y las demandas emergentes en torno a la distribución de los beneficios económicos del proyecto industrial y minero del litio.

A lo largo del texto se presentan y analizan dos hipótesis de investigación. La primera sostiene que las características que asume la integración del proyecto boliviano de exploración, explotación e industrialización estatal del litio, en el territorio potosino, se apoya en las demandas históricas en torno a la industrialización de los recursos de la región potosina y, de manera más general, a la agenda de nacionalización de los recursos naturales que, impulsada desde el ciclo de protestas y movilizaciones precedente a la llegada del MAS, formó parte de la agenda inicial de Gobierno. La segunda hipótesis expresa que son las estructuras de la acción colectiva (comunitarias, sindicales) las que potencian la integración virtuosa de ciertas comunidades al proyecto nacional en torno al litio.

Salar de Uyuni o Tunupa: una región minera, indígena-campesina y turística

En este apartado realizamos una descripción de la zona geográfica analizada, a fin de situar la problemática de estudio. El departamento de Potosí y sus 16 provincias⁹ posee una variada riqueza de paisajes, que van desde sus montañas y cerros hasta volcanes, lagunas, ríos y salares. De histórica tradición minera, actualmente los ojos del mundo se posan sobre el inmenso espejo de sal que comprende el Salar de Uyuni. Este salar, de 10 582 km² y una altura media de 3665 msnm, se encuentra en el territorio del sudoeste potosino comprendido por cinco provincias: Daniel Campos, Nor Lípez, Sur Lípez, Enrique Baldivieso y Antonio Quijarro. Las comunidades más cercanas al salar son Colchani, (provincia de Aníbal Quijarro y cercana a la ciudad de Uyuni¹⁰), Tahua y Llica (provincia de Daniel Campos) y Río Grande (provincia de Nor Lípez).

La división del territorio de Lípez en provincias y municipios se estableció luego de la conformación del Estado Nación boliviano, a lo largo del siglo XIX y XX, pero en rigor el conjunto del sudoeste potosino comprende una unidad territorial habitada por población indígena campesina, mayoritariamente quechua y aymara, aunque en menor proporción se encuentran presentes otras etnias de las 36 reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia. Al mismo tiempo, en estos territorios existen grupos que reivindican la identidad y dialecto de los “Lipi”, o “Lípez”, identificación que si bien se reivindica como parte de los pueblos atacamas, no hablaban el kunsa,¹¹ sino un dialecto propio.

Antonio Quijarro, Nor y Sur Lípez y Enrique Baldivieso y Daniel Campos era todo “Los Lípez” y el Estado llega y lo fragmenta. Se crean diferentes municipios, Tagua, Llica, Colcha K, etc., entonces los alcaldes ya empiezan a tener pugnas sobre cuál o cuál era su territorio (entrevista a representante de relaciones comunitarias de Uyuni, febrero 2017).

En este territorio, las y los habitantes de las comunidades practican actividades económicas de agricultura y ganadería (sembradíos de quinua, cría de ganado como vicuña, llamas, alpacas), actividades de confección y comercialización de artesanías. Muchos de los pobladores están también vinculados económicamente al turismo, debido al gran atractivo tanto del salar como del circuito de lagunas que conecta a Bolivia con el país vecino de Chile, atrayendo importantes contingentes de turismo internacional hacia Laguna Colorada, Laguna Verde, Laguna Blanca y el área denominada Sol de Mañana. Finalmente, por sus características geológicas, la región potosina es y ha sido minera, dado que contiene yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. En la zona de altiplano existen depósitos de cobre en roca sedimentaria, pero predominan los de plata, plomo, zinc y azufre. En el conjunto de salares que consta además de Uyuni, de Coipasa, Chiguana, Laguáni, Ollague, Chalviri existen yacimientos de cloruro de sodio, yeso, carbonato de sodio, sulfato de sodio y los depósitos de boro y litio entre otros.¹² Debido a esto las comunidades situadas a la vera del salar extraen, envasan o comercializan por medio de pequeños emprendimientos familiares o cooperativas, la sal iodada (^{FARN, 2012}).

El clima en la región presenta una enorme amplitud térmica, en las provincias occidentales que abarcan una superficie del 50% del departamento habita solo un 3,4% de la población, mientras que la mayor proporción poblacional se encuentra al lado oriental, en el que los climas son menos hostiles. El salar es precisamente una de las zonas más frías (la temperatura puede llegar en invierno hasta 20 grados bajo cero y variar ampliamente a lo largo del día). En relación con los afluentes hídricos el departamento tiene ríos que fluyen hacia diversas cuencas del país: los ríos Caine, Chayanta Guadalupe, los ríos Pilcomayo, Motaca, Tumusla y a la cuenca cerrada del altiplano, con el río Márquez, que desemboca en el Lago Poopó, y el río Grande de Lípez, que desemboca en el Salar de Uyuni (Prefectura de Potosí, 2009). En general, debido a la altura la zona es árida y el problema de la escasez de agua en período de bajas precipitaciones impacta sobre la producción de quinua como sobre la ganadería y la extracción artesanal de la sal (^{Greenberg, 2016}). Mapa 1

Fuente: Elaboración propia de la autora con base a captura de Google maps. Recuperado 14 de abril de 2018. Mapa 1 Territorio Salar de Uyuni, Departamento de Potosí, Bolivia 

Estructuras de la acción colectiva y génesis social del proyecto del litio

La dinámica y estructuras organizativas de los poblados y comunidades en la región sudoeste de Bolivia configuran un mapa de actores que se expresa en la propia génesis social del proyecto de industrialización de las riquezas del salar. Es por esto que en dicho apartado analizaremos la relación entre las estructuras de la acción colectiva (formas sindicato y comunidad) en su vinculación con la emergencia del proyecto del litio.

Para finales del siglo XX, existían en la región cuatro tipos de unidades o formas de organización: los ayllus, las comunidades originarias, las comunidades reconstituidas y las propiedades privadas de tipo hacienda, fincas o parcelas. El antropólogo ^{Ricardo Calla (2014)} destaca que la particularidad del sudoeste potosino sería la presencia de ayllus y de comunidades originarias, mientras que en el resto de la región estas se encontrarían (más bien se habrían ido diluyendo) en coexistencia con comunidades reconstituidas y tierras de propiedad privada.¹³ Así, a comienzo de los años 2000, ayllu y comunidad originaria se caracterizaba en la región de Potosí y en el entorno del salar de Uyuni por la vigencia de los sistemas de autoridades de raíz prehispánica y colonial temprana que se combinaba o coexistía con las autoridades estatales.

En las áreas donde el ayllu y los sistemas de cargos propios de los ayllus como cargos de autoridad se mantenían con vigencia fuerte, una relación de complementariedad y pugna entre mallkus, kurakas o caciques, por un lado, y los corregidores, por el otro, se había ido instalando de modo desigual dependiendo del caso (^{Calla, 2014}).

El proceso de sindicalización en Bolivia abierto a partir de la revolución nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en el año 1952, se combina en la región con el fortalecimiento sindical campesino posterior a la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979, cuando las federaciones regionales y sindicatos regionales se expanden sobre el territorio.¹⁴ La Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (Frutcas) es la organización sindical de campesinos de las cinco provincias del sudeste del departamento de Potosí y agrupa alrededor de trescientas comunidades campesinas (^{FARN, 2012}). Durante la década de 1990 la Frutcas expande su labor en estos territorios e inicia las demandas en torno a los procesos de saneamiento y titulación de las llamadas Tierras Comunitarias de Origen que fueron posibilitados en el año 1996 por medio de la Ley n.º 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria.

Por ese entonces, hacia los años 1989-1990, la empresa Lithium Corporation of America (LITHCO-FMC) había llegado en el marco del mandato de Paz Zamora a explotar el salar de Uyuni. La posibilidad de que la LITHCO explotara durante cuarenta años el salar, y fundamentalmente el rechazo de dicha empresa a pagar el mínimo porcentaje de impuestos (10%) que le demandaba el Estado de Bolivia, exacerbó los ánimos de los potosinos (^{FARN, 2012}; ^{Nacif, 2012}). La Frutcas, el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) impulsaron una movilización en la que participaron, además de potosinos y habitantes de Uyuni, muchas de las comunidades en la defensa del salar (fundamentalmente Colchani, Colcha K, Candelaria, Llica, Tagua, Vinto K), logrando luego de un período de resistencia que la LITHCO se retirara hacia Argentina.¹⁵

Un conjunto de explicaciones de esta decisión se encuentra, al decir de Nacif, en el avance de las negociaciones e investigaciones que desde 1991 tenía la empresa en esa provincia argentina, que le garantizaba a la LITHCO una estabilidad extractiva de diez años, que la provincia vecina de Catamarca no exigía la participación de ninguna empresa pública ni la existencia de un consejo industrial o instituto de control y que además en el año 1993 se había sancionado en Argentina la Ley de Inversiones mineras n.º 24196 que aseguraba todas las facilidades impositivas y arancelarias a las empresas. A su vez, quizás fue decisivo el hecho de que la región potosina se encontraba movilizada y sumida en un debate público y existían organizaciones sociales e instituciones preocupadas por el destino de los recursos de este salar (^{Nacif, 2012}).

Para 2006 y 2007, y ante el cambio de oportunidades políticas que supuso la llegada del MAS al poder, algunas de las figuras históricas y representativas de Frutcas que habían formado parte de esta gesta de defensa al salar acceden a cargos o puestos gubernamentales. Son varios de estos dirigentes los que elevan las demandas de sus bases organizacionales (entrevista al exresponsable de Relaciones Comunitarias de GNRE-Comibol, Uyuni, 2017), e impulsan una articulación con círculos empresariales y científicos para la presentación de un proyecto de industrialización del salar y desarrollo para la región potosina. En dicha articulación resalta la temprana colaboración de Guillermo Roellants, (un empresario e ingeniero belga) con Frutcas.

[…] es como que la historia les dio la oportunidad en el marco de la nueva Constitución, ejercieron como “relaciones comunitarias” el control del proyecto. Los que le presentaron el Proyecto al Evo fueron Eloy Calizaya Mamani, que ahora es asambleísta departamental, el ejecutivo del sindicato que era don Teodoro Alí y que llegó a ser diputado plurinacional por la región, oriundo él de Río Grande. Otros fueron propiciando el espacio […] Don Froilán Condori, que fue también ejecutivo del Frutcas cuando la lucha contra la LITHCO (de la provincia Quijarro), y don Francisco Quisbert. Estos hombres en representación del conjunto de la población (entrevista a extrabajadora de la planta de Uyuni/GNR, Uyuni, 2017).

En el año 2008 el Gobierno Nacional del MAS, mediante el decreto n.º 29496, crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos de Bolivia (Memoria GNRE, 2010: 14) como unidad ejecutora que, desde la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)¹⁶ sería la encargada de los trabajos de exploración, explotación, industrialización y comercialización de los productos derivados de las salmueras, asignándole un presupuesto inicial de 5 700 000 dólares para la ejecución del proyecto piloto (^{Fornillo, 2017}; Memoria GNRE, 2010). En el año 2009 se crea el Comité de Científicos, integrado por un conjunto de esos hombres que habían formado parte de la revisión del proyecto original y que ahora asesorarían en las tareas a la Comibol. Científicos nacionales y referentes territoriales campesinos quedaban articulados desde sus orígenes al proyecto de extracción e industrialización del litio con control estatal. Las tareas iniciales comienzan a realizarse precisamente en parte de estos territorios en los que Frutcas venía sosteniendo desde hacía más de una década las demandas de titulación de la TCO de Nor Lípez.

La Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos decide, en el marco de la planificación estatal para los recursos evaporíticos,¹⁷ acelerar la adjudicación de títulos y de derechos de propiedad demandados desde Frutcas por las comunidades. La negociación finaliza en el año 2010, definiendo de una parte la entrega de tres macros TCO y de otra parte el resguardo del Estado de su dominio pleno sobre el salar. A su vez, Frutcas logró obtener además del TCO, históricamente demandado de Nor Lípez, otras dos gigantes titulaciones (la Central Única Provincial de Comunidades Originarias Enrique Baldivieso y de las Comunidades Indígenas Jatun Ayllu, Juchuy Ayllu, Chawpi Ayllu de sur Lípez). Estas enormes TCO¹⁸ fueron otorgadas en este contexto a Frutcas, en una acción que no tenía precedentes dado que era la primera vez que se otorgaban a organizaciones étnico-sindicales (^{Calla, 2014}) y no a pueblos y nacionalidades indígenas.

La titulación de TCO y la delimitación sobre la propiedad pública sobre el salar planteó un nuevo escenario para las comunidades, dado que con esta se producía la cesión de derechos de las comunidades (sean ayllus o comunidades originarias o incluso reconstituidas) a Frutcas como canal único para demandar su derecho a la Consulta Previa Libre e Informada. A su vez, quedaban legalmente establecidos los límites de dominio estatal sobre este como reserva fiscal, pudiendo los habitantes utilizar solo hasta 50 cm de profundidad de los suelos para actividades productivas.¹⁹ Hacía noviembre del año 2008 la Frutcas y sus centrales provinciales definían: “Ratificar nuestro total apoyo a la iniciativa del presidente Evo Morales de realizar un proyecto piloto para la explotación del litio, proyecto 100% estatal, a cargo de la Comibol. Consideramos que este proyecto es de nosotros, por lo que somos los guardianes y fiscalizadores del buen desarrollo de este proyecto estratégico, para la región, el departamento y el país” ^{(Frutcas, 2008}).

Luego, en articulación con la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud Bartolinas Sisas (Fsumcas-BS) y las centrales provinciales, afirmaban la histórica defensa de una explotación racional de los recursos estratégicos de la región, para el desarrollo una industria química y minera a escala nacional, en beneficio del país y su población y rechazaban cualquier tentativa de división o privatización del “Gran Salar de Uyuni, que es propiedad del Estado y custodiado por el conjunto de las comunidades del altiplano sur” (^{Frutcas, 2008}). De otra parte, la entrega de títulos de TCO se dejó al margen a la región de Daniel Campos, cuestión que se encuentra en la raíz de la disconformidad de algunas comunidades con Frutcas y la articulación con la oposición potosinista por la exigencia del salar que consideran de su legítima propiedad.

Entre la integración y el regionalismo: demandas territoriales en torno a los recursos del salar

A la creación de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) se propone como objetivo del Estado boliviano iniciar un proyecto que alcance, en el momento en que este se encuentre en su total capacidad, la producción anual de 30 000 t de carbonato de litio y de 700 000 t de cloruro de potasio (Memoria GNRE, 2010: 72). De esta forma se comienzan las obras de construcción de las plantas pilotos de carbonato de litio y cloruro de potasio, y los campamentos de vivienda para los cientos de obreros que forman parte de la etapa inicial.²⁰

Ese es el período que podemos plantear como de la articulación más virtuosa entre GNRE, Comibol, Frutcas-Fsumcas²¹ y las comunidades. En los primeros años de la articulación fue central la figura del representante de relaciones comunitarias, como nexo de comunicación entre las partes. A su vez, en este período la mayoría de los trabajadores obreros provenían de las comunidades cercanas, propiciando un crecimiento económico que coincidió con el momento del alza del precio de la quinua, dando como resultante un ciclo de retorno de muchos jóvenes que habían migrado desde sus comunidades de orígenes hacia los núcleos urbanos de Oruro, Potosí y La Paz.²² En líneas generales se puede decir que el período de inicio del proyecto aglutinó a todas las expectativas de los actores que habían encabezado la lucha contra la trasnacional minera LITHCO (tanto en las comunidades como en la ciudad de Potosí) y la propuesta de Evo Morales de realizar al cien por ciento la industrialización del litio en suelo nacional cuajó con las esperanzas de soberanía nacional y el imaginario vinculado a la autoestima boliviana de un proyecto de raíz filosófica campesina. En palabras del primer representante de relaciones comunitarias:

Bolivia nunca ha tenido una autoestima, porque nunca se ha identificado con sus propios esfuerzos por darle valor agregado. Entonces, cuando inicia Frutcas, la idea fue que los campesinos sean la vanguardia política y filosófica del proyecto, porque ellos ya tenían una línea política de lo que eran los recursos naturales (entrevista a exrepresentante de relaciones comunitarias GNRE/Comibol, La Paz, 2017).

La GNRE/Comibol se planteó una política de “sensibilización del proyecto” que consistía (a decir de los encargados de dicha tarea) en una total transparencia sobre los objetivos, técnicas y expectativas de los beneficios en el mediano y corto plazo, todo esto vinculado con cierta mediatización política de la “cuestión litio”, dado que, a la llegada de Evo Morales y el MAS IPSP al poder, fue tempranamente en el año 2006 y en el marco del horizonte de sentido por la nacionalización de los recursos naturales que Evo comenzó a hablar de las promisorias reservas bolivianas de este mineral que hoy es tan codiciado. Así las estructuras sindicales permitieron una aceitada política de comunicación que incluyó desde plenarios y reuniones hasta la convocatoria de la Comibol a las comunidades y representantes sindicales-campesinos para conocer las plantas.

A su vez, se encadenó productivamente a las comunidades que contaban con una infraestructura y una dinámica organizativa. Es el caso de la comunidad de Río Grande. Las formas organizativas internas de dicha comunidad comprenden una gestión que cambia de año a año, consta de un corregidor y un cúmulo de responsables de los comités de agua, electrificación, deporte, cívico, agrario, salud, que tienen la facultad de solicitar auditorías en las que despejan las dudas referidas al uso de agua, toxico y posibles impactos medioambientales o solicitan visitas a la planta y pedidos de informe para elevar a la comunidad, con la cual se reúnen periódicamente en asamblea comunitaria. Cada gestión anual se reúne a su vez con Comibol y la GNRE para planificar las actividades anuales de vinculación comunitaria. Tal articulación tan estrecha con Río Grande se explica por la cercanía de la misma a la planta de carbonato de litio y la vinculación laboral de los habitantes que, reunidos en una cooperativa comunitaria de transporte denominada “Delta”, trabajan para la Comibol en las tareas de transporte de carga.

De esta forma es Río Grande donde más se puede percibir una estrecha articulación territorial que redunda en consecuentes trasformaciones socio-espaciales. Así, los comederos de la zona y la oferta de hotelería reciben diariamente a los trabajadores mineros, tanto es así que uno de los hoteles lleva el nombre de “Lithium”; además, por las noches se puede observar un gran número de camiones que son propiedad de la gente de la comunidad. Más allá del dato observable, lo cierto es que Río Grande ha podido articularse laboralmente y aprovechar del impacto de los beneficios económicos por su propia capacidad productiva existente con anterioridad. Allí, tres empresas (Sociedad Minera de Río Grande [Socomirg], Coop. Estrella del Sur y Delta Río Grande) se dedican o dedicaban al transporte de bórax y extracción de ulexita de la zona, con lo cual es posible pensar que la diversificación hacía el proyecto del litio resultó más sencilla que en el resto de las comunidades. Si bien las tres empresas pueden ser subcontratadas, es Delta como empresa comunitaria (es decir que son sus socios los habitantes de Río Grande reconocidos como miembros de la comunidad originaria o descendientes de los mismos) la que está vinculada directamente al proyecto por medio de Comibol.

En el otro extremo de espectro de articulación se encuentra la comunidad de Colchani, situada al este del salar. Las actividades productivas de sus habitantes son variadas y van desde la producción de la quinua, hasta el trabajo de amontonamiento, extracción, envasado y comercialización de sal yodada; casi todas las unidades productivas son de tipo familiar o cooperativo. Un conjunto de los habitantes de Colchani son socios en la empresa cooperativa El Rosario, que trabaja en el envasado y comercialización de la sal. Finalmente, lo que resulta ser el mayor ingreso económico de la zona es que Colchani está situada a una pequeña distancia del Hotel de Sal y el Centro Artesanal de la sal, con lo cual esta pequeña comunidad (junto con otras como San Juan, Santiago, Chuvica, etc.) son incorporadas al circuito turístico que (desde Uyuni o el lado chileno) involucra el avistaje de los bellos flamencos, la visita al salar y al recorrido de las lagunas. Así, muchos de los habitantes de Colchani viven de la venta de artesanías y la comida para cientos de visitantes.

Escasamente integrada al proyecto del litio en el salar, Colchani es más bien una comunidad en la que los habitantes observan tres transformaciones (presentes o potenciales) que se vinculan con los riesgos de la explotación del salar: la desaparición de los flamencos (aunque en las oficinas gubernamentales los estudios de la GNRE tanto como en el negocio de turismo afirman que esto no es una amenaza); la merma de atractivo turístico, no tanto por el salar en sí, porque mide más de 10 mil hectáreas y el proyecto se encuentra alejado, sino por las posibles transformaciones ambientales; y, por último, el problema de la escasez del agua. En Colchani no hay agua potable, quienes viven allí deben trasladarse hacia los escasos pozos distribuidos en la comunidad en la búsqueda de ella, y la utilizan solo para cocinar y beber, mientras que se valen de aguas salobres para higienizarse. Las escasas precipitaciones cuyos motivos se desconocen aún han impactado tanto sobre la cosecha de la quinua como la cosecha de sal. En este sentido los trabajadores plantean una concreta demanda hacia el Gobierno nacional en la distribución de los beneficios que pueda comportar la minería del litio y exigen que parte de esos beneficios les sean otorgados en formas de subsidios para sus actividades productivas.

En la zona norte del salar, específicamente en las comunidades de Tahua y Llica, las demandas son de otro tipo, dado que estas expresan un rechazo a la forma de titulación en TCO que las ha dejado por fuera y exigen la propiedad sobre el salar de Tunupa (Uyuni), demandando al Estado una participación directa sobre el ingreso y los beneficio en la actualidad. En Llica, un movimiento de articulación entre la comunidad con algunos de los miembros del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) son quienes tienen una demanda más fuertemente regionalista que, de manera inversa a la política de recursos naturales que se sostiene en la propia Constitución, reclaman que los beneficios económicos que se obtengan de la exportación de los recursos del salar se distribuyan en un 70% para el departamento de Potosí y un 30% para el Estado nación.

El articulo 23²³ prácticamente nos mata a los actores del desarrollo de los salares. Primero porque la Constitución política del Estado lo declara recurso estratégico tanto al azufre como a los evaporíticos. Eso significa que solo el Estado lo puede trabajar, nadie más, ni el departamento de Potosí, ni los municipios y comunidades de Llica y Tagua. Entonces, imagínate que nosotros no podemos desarrollar ninguna empresa, ¿adónde vamos a ir a trabajar? Prácticamente la Constitución del Estado de Bolivia y el Código de Minería nos expulsan. A eso se suma que ningún banco nos da un crédito para la minería (entrevista a miembro de Comcipo oriundo de Llica).

El Comcipo²⁴ ha articulado esta exigencia con un conjunto de demandas que son presentadas bajo una premisa de “federalismo”. Así, desde el año 2010 Comcipo ha sido la estructura de movilización de protestas tanto en la ciudad de Potosí, como marchas hacia la ciudad de La Paz. La relación entre Comcipo y el Gobierno se tensó de manera particular en el momento en que en el año 2010 este movimiento en defensa del “pueblo potosino” sostuvo una medida de lucha de 19 días (julio/agosto de 2010) que incluyó el paro total de la ciudad de Potosí, y la presentación al presidente Evo Morales de un pliego petitorio que incluía demandas como la fabricación de un aeropuerto, la creación de carreteras conectoras con los centros urbanos más importantes, la apertura de una fábrica de cemento, la preservación del Cerro Rico, entre otros (^{Alemán Vargas, 2013}). En el año 2010 se firmaron actas de acuerdos mediante las cuales el Gobierno se comprometía a dar atención a estos puntos, entre ellos el más urgente para el Gobierno era el estudio de relevamiento de la situación del Cerro Rico. Las marchas y movilizaciones se repetirían en el año 2013 y 2015.²⁵

La oposición de Comcipo caló y se expandió en el seno de un grupo de las comunidades potosinas cuando en el año 2010 el Gobierno anunció, por medio del decreto n.º 444, la creación de la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), con sede en la ciudad de La Paz. Allí el argumento central de Comcipo era que se atentaba contra el artículo 371 de la Constitución, en el que se indica que el domicilio legal de las empresas mineras debe ser establecido en la jurisdicción local en la que se realice la mayor explotación minera. Al rechazo de la instalación de EBRE en La Paz, la demanda regionalista de Potosí encabezada por Comcipo y el pedido desde las oficinas de Uyuni de que la EBRE se instalara en esta localidad, se le sumaron las denuncias por obstrucciones o irregularidades del proceso administrativo comandado por Comibol desde la capital del país, que reflejaban obstáculos burocráticos en la propia gestión del proyecto.

Así, las oficinas de administración de la GNRE de Uyuni y los campamentos mineros iniciaron una protesta a raíz de la falta de partidas para remesas, las precarias condiciones de contratación que tenían los cada vez menos obreros provenientes de la zona y la llegada de trabajadores provenientes de otras ciudades contratados por la Comibol. Si bien el avance del proceso exigía cada vez más tecnificación en el proceso productivo y calificación del trabajo en laboratorios y plantas, no se correspondía con la oferta y fundamentalmente la formación y conocimientos locales; este proceso fue percibido por las comunidades como un “acomodo” desde la Comibol de trabajadores de La Paz y demás centros urbanos en desmedro de los habitantes del lugar. Hacía el año 2012 estalló un conflicto que finalizó con la creación de un sindicato mixto que se mantuvo en huelga exigiendo a la GNRE las mejoras de las condiciones laborales y culminó con el desplazamiento de una decena de trabajadores miembros de Frutcas como habitantes de las comunidades aledañas al salar.

A pesar de que estos sucesos tensaron particularmente la relación Frutcas / Comibol / GNRE y comunidades, todas en su conjunto continúan manifestando un concreto apoyo al proyecto de control estatal de los recursos evaporíticos. Las demandas territoriales de las comunidades ligadas a Comcipo no son reconocidas por Frutcas, pero permiten avizorar que a futuro (en el momento en que las plantas estén en estado de producción industrial) esta integración dependerá de la capilaridad organizativa real que tenga Frutcas en el territorio, y de la capacidad que tengan las estructuras de la acción colectiva sindicales y comunitarias para contener la expansión de las demandas más regionalistas.

Asociado con esto, existe un riesgo potencial respecto a las demandas comunitarias por el uso del agua. Si bien los habitantes de las comunidades de Colchani, Llica, Rio Grande manifiestan una preocupación vinculada con la baja de las precipitaciones (entrevista a habitante de Colchani, entrevista a presidente de la comunidad de Río Grande y representante del Comité del Agua de Río Grande, 2017), no cuentan con información precisa respecto de cuál sería el impacto sobre su consumo humano y sobre sus cosechas y ganados. Consultados sobre el problema que podría ocasionar la minera para la disponibilidad del agua, responden con una mayor preocupación relativa a las cantidades estimadas en 500 litros/segundos que consume la empresa minera privada instalada en San Cristóbal que, por lo demás, no deja ningún beneficio al pueblo boliviano. Es decir que, en condiciones de producción piloto, el agua no emerge como una problemática directamente asociada a la minería del litio en las comunidades aledañas al Salar de Uyuni, a diferencia de las comunidades situadas en territorio argentino y chileno. Por su parte, desde el área de geología de la GNRE reconocen este riesgo potencial y dedican sus labores a los estudios de las tasas de recuperación del agua, al tiempo que investigan nuevas fuentes acuíferas por fuera de la actual del Río Grande (entrevista a responsable de la dirección de geología, GNRE, La Paz, 2017).

Los caminos sinuosos del control estatal

Con resultados aún inciertos respecto de la real concreción de las metas propuestas para el proyecto de extracción e industrialización del litio, lo cierto es que el Estado plurinacional de Bolivia ha tenido que enfrentar obstáculos no menores. Si bien no es objeto de este trabajo, es menester mencionar que el primero de ellos tiene que ver con la reiterada presión que, desde el año 2008, ha percibido desde diversos actores económico-empresariales, que no han aceptado los términos de la negociación política impuesta (Memoria GNRE, 2010: 59). Así, las transnacionales japonesas Mitsubishi (con acciones en yacimientos argentinos) y Sumitomo (concesionaria de Mina San Cristóbal en el salar), la francesa Bolloré, la surcoreana Kores, entre otras, han intentado participar del procesamiento del mineral en alguna de sus fases. La forma en que el Gobierno boliviano ha priorizado la participación ha sido la firma de convenios solo para la tercera fase, es decir, la producción de materiales catódicos (con la surcoreana Kores-Posco) y “compra llave en mano” de una planta piloto de baterías recargables por la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials (^{Nacif, 2012}).

El segundo obstáculo está relacionado con la dinámica interna de la política pública y los diversos actores que la han cuestionado. En la Memoria anual del año 2012 de la GNRE se anunciaba la utilización en las plantas de Lipi de la técnica de “encalado” para la primera etapa de los procesos de evaporación de las salmueras y producción de carbonato de litio (Memoria GNRE, 2012: 21). A partir de esto se inició la construcción de piscinas de encalado, halita, silvinita y concentrados de litio. Paralelamente al comité de científicos que asesoraban a Comibol, desde a Universidad Tomás Frías de la ciudad de Potosí, en articulación académico-científica con la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg” de Alemania, se impulsaron estudios sobre la no conveniencia de la técnica de encalado y la propuesta de una técnica alternativa de “conos de evaporación intensiva”, que permitirían velocidades de evaporación superiores (en torno a las diez veces) y resultados de mayor pureza, método ya patentado en el órgano de Registro de Patentes de Alemania (^{Fornillo, 2017}).

Entre los cuestionamientos que se hacían estaba presente el problema de los deshechos de cal que constituían graves pasivos ambientales para la región. Es así que en el año 2012 el Cedla encargó a un grupo de profesionales un estudio exhaustivo acerca de las técnicas alternativas, impactos ambientales y socioculturales en la región del departamento de Potosí, expectativa de plazos y deterioro del salar, cuyos resultados se plasmaron en un informe denominado “Un presente sin futuro”. Como su nombre indica, el informe era concluyente respecto de rasgos negativos en torno a que: a) los plazos estimados para la obtención de metas previstas no se estaban cumpliendo,²⁶ b) la técnica utilizada hasta ese momento produciría una cantidad riesgosa de desechos de cal que suponían la necesidad de ser transportados para su posterior tratamiento y c) no existían informes científicos que registraran los riesgos medioambientales fundamentalmente remitidos a la cuenca hídrica del Río Grande de Lípez y a la problemática del agua que impactaría sobre las formas de reproducción de la vida en estas comunidades (^{Calla, 2014}; ^{Montenegro y Montenegro, 2014}).

Por esas épocas el Gerente de la GNRE oficializaba que la técnica del “encalado” utilizada para la primera etapa no era la mejor opción para el tratamiento de las salmueras de Uyuni, y establecía el pasaje posterior hacia técnicas alternativas. Es a partir de aquí que se comienza a impulsar el remplazo por una tecnología superior basada en “la línea de los sulfatos”, que presentaba, a más de una conveniencia económica, una considerable reducción de riesgo ambiental (entrevista GNRE, La Paz, 2017). La adaptación de las técnicas y construcción de piscinas habrían entonces influido de manera considerable en cierto retraso respecto de las metas planteadas. El efectivizado pasaje hacia la línea de los sulfatos redundaría positivamente en dos cuestiones: el aprovechamiento de la exportación del sulfato de sodio (que en el corto plazo remitiría más beneficios) y la reducción de la utilización de la cal y por ende de los deshechos de la misma.²⁷

A modo de cierre

Desde el año 2008 hasta la fecha, no pocas han sido las presiones económicas y las voces científicas y técnicas que han criticado el proyecto de control estatal de extracción e industrialización del litio en Bolivia (Echazú, 2011). Los argumentos van desde que este país carece de los recursos tecnológicos disponibles para lograr los insumos más complejos de la batería (las celdas que solo se confeccionan en Japón es quizás el mayor ejemplo), hasta que en rigor el auge del litio puede llegar a ser efímero si el avance tecnológico impulsa la utilización de otro mineral para la confección de las tan deseadas baterías para el mercado del transporte eléctrico. En todos los casos, se persiste en la hipótesis de que Bolivia pierde una “ventana de oportunidad” del mercado al no exportar este mineral o se enfatiza en las desigualdades estructurales que posee este país como obstáculo para el aprovechamiento de dicho recurso (^{Ströbele- Gregor, 2015}). Lo cierto es que el Gobierno boliviano continúa ensayando caminos alternativos no exentos de ambivalencias, dado que mientras se ha impulsado una relativa apertura a los capitales foráneos, en el año 2017 se creó Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) con el objetivo de mantener control estatal sobre el mineral.²⁸

Más allá de los límites y potencialidades que supone la industrialización del litio, los resultados principales de este trabajo han sido el demostrar el modelo de integración territorial del proyecto de extracción e industrialización del litio en Bolivia, que impulsa una estrecha articulación estatal con las dinámicas territoriales y las estructuras de la acción colectiva como los sindicatos mineros (Comibol), campesinos (Frutcas) y ciertas comunidades. En este sentido, la implementación del proyecto del litio en Bolivia se distancia largamente de las características que asume la profundización extractivista y la reprimarización de las materias primas en nuestra región. El ciclo actual de expansión del capital y de la actividad minero-exportadora en América Latina (Seoane, Taddei y Algranati, 2013; ^{Svampa y Viale}, 2013; Alimonda, 2005; ^{Teubal et al., 2013}) está signado por las formas de apropiación e intervención territorial que tienen las empresas y capitales trasnacionales de la mano de la figura de la Responsabilidad Social Empresarial.²⁹

A su vez, la integración o articulación de las estructuras de la acción colectiva con el proyecto del litio presenta características específicas. La primera de ellas es que existe un alto grado de apoyo y aceptación al proyecto de extracción e industrialización del litio en los territorios, en la que destacan los sentidos ligados a la defensa territorial, la soberanía nacional, el rechazo a la privatización y el apoyo a la Comibol como actor estatal de control. Esta aceptación se observa también en la ausencia de procesos de resistencia antiextractivista, la ausencia de actores territoriales u organizaciones no gubernamentales (ONG) que impulsen los debates en torno a la cuestión ambiental y el escaso nivel de permeabilidad que tienen la demandas por la realización de la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI). Si bien las comunidades y sindicatos son debidamente informados y pueden solicitar instancias consultivas o de auditorías o demás mecanismos de control social, no se han implementado los mecanismos de CPLI regulados en la legislación y tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT (^{FARN, 2012}) y en rigor, para una gran parte del territorio comprendido en las TCO, el único actor que puede solicitar este procedimiento es Frutcas.

En segundo lugar, observamos que existen relaciones diferenciales en los territorios que van desde un mayor margen de integración de la comunidad de Río Grande,³⁰ posible, a su vez, por la tradición fuertemente cooperativista y las características mineras del municipio y una escasa integración de las comunidades productoras de quinua o de sal, que demandan hacia el Estado mayores beneficios para emprendimientos productivos y oportunidades laborales. Para ello, desde Frutcas y la alcaldía de Uyuni se impulsan formas de inserción comunitaria, entienden que en la actualidad la etapa de prueba implica la necesidad de organización y fundamentalmente de fuerte inversión para obtener los resultados o metas productivas esperadas (entrevista a ejecutivo de Frutcas, Uyuni, 2017) o gestionan desde el poder local proyectos para políticas públicas que favorezcan la creación de unidades académicas o de formación técnica en la ciudad de Uyuni, de cara a una futura inserción profesional (entrevista al alcalde municipal de Uyuni, Uyuni, 2017).

En tercer lugar, el proyecto del litio se liga largamente a los postulados plasmados en la agenda de nacionalización de recursos naturales como horizontes de sentidos emergentes del ciclo de movilización desplegado entre 2000 y 2005, pero en la región de Potosí y específicamente en el caso de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni encuentra sus raíces tanto en los repertorios de movilización de las protestas de la década de 1990 contra la LITHCO, como en las estructuras de la acción colectiva presentes en ese conflicto (comunidades, sindicatos Frutcas y Comcipo, Universidad Tomás Frías, Central Obrera, entre otros ). El protagonismo compartido en aquella ocasión se quiebra ahora en torno a los beneficios económicos futuros que tenga la actividad industrial a escala masiva (aun no concretada) y configura un clivaje oficialismo masista Frutcas-Comibol frente a fuerzas de oposición regional, siendo uno de los escenarios protagónicos la ciudad de Potosí. La fortaleza que tuvo la articulación de Comcipo en la oposición a la privatización del salar a fines de la década de 1980 e inicio de la de 1990 impacta en la actualidad en la articulación de una fuerza de oposición al MAS, que no parece incorporar a escala territorial más comunidades que aquellas en la que este comité tiene presencia. Desde dicha demanda regional impulsan lo que podría ser un contraproyecto de extracción, industrialización y comercialización del litio que debería articularse con los actores locales (universidad, comité, municipios, etc.) y, fundamentalmente, recaudar impuestos y beneficios de manera regional. Esta tensión nación/región, en el marco de que aún el proyecto nacional no está percibiendo los beneficios de una producción a escala masiva, comporta riesgos relativos en el mapa de apoyos que tiene actualmente el proyecto.