Introducción

Narváez Ricaurte y ^{Narváez Rivadeneira (2014}: 2-10) plantean que el nacimiento de las normas imperativas para los sujetos que conforman actualmente la Comunidad Internacional, como aquella “sociedad compuesta por sujetos y actores internacionales de derecho público” (estados, asociaciones, organizaciones, colectividades), surgen inicialmente mediante los tratados de paz de Osnabrück y Münster denominados Paz de Westfalia, en el año 1648. Después de 30 años de conflictos armados debido las ideologías religiosas en el continente europeo, los actores involucrados acordaron el cese de la violencia. En aquel entonces, los Estados cristianos importantes de Europa se referían a la soberanía e igualdad estatal, no obstante, los derechos humanos como agenda dentro de los tratados de paz no llegaron a abordarse.

Para principios del siglo XX, y a diferencia de aquel entonces, los Estados nacionales se enfrentaban a conflictos bélicos como consecuencia de los nacionalismos exacerbados, el control y adhesión de los nuevos territorios en Asia y África y las políticas de alianzas internacionales. Estas y otras razones más, generaron la Primera Guerra Mundial que tuvo como epicentro a Europa occidental (1914-1919).

Finalizada la Primera Guerra Mundial, en el período de entreguerras en el año de 1924, la recién fundada Sociedad de las Naciones (1919) emite el primer instrumento internacional, y primer documento histórico que se conoce, además, para la protección de los derechos de la infancia conocida como Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Inclusive, en el año 1934 la Sociedad de las Naciones al aprobar el nuevo texto de la Declaración de Ginebra, obliga a los Estados a incorporar dentro de sus legislaciones los principios consagrados respecto a la protección de niños y niñas (^{Humanium, 2016}).

Por otro lado, en el año 1939 varios Estados entran en conflicto provocando la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Una de las consecuencias que dejó esta guerra es que los Estados debían trabajar en la búsqueda de la paz internacional, pensamiento que se consolidó con la creación en el año de 1945 de la Organización de Naciones Unidas (ONU- organización internacional que reemplazó a la Sociedad de las Naciones). La ONU convino con los Estados con el fin de velar por la paz, la convivencia pacífica el cese a los conflictos bélicos que habían ocasionado graves violaciones en contra de la vida de millones de seres humanos alrededor del mundo.

Nick Danziger (2003) considera que durante la II Guerra Mundial el número de bajas civiles igualó al de los combatientes y que, además, más de la mitad de ellos eran niños/as, siendo los más vulnerables a los estragos de la guerra. Tal como lo menciona Claudio ^{Nash (2006}:173) la consagración internacional de los derechos humanos surge con el objetivo de dar una respuesta al fracaso de los Estados respecto a la protección de los derechos humanos, y ante las “violaciones masivas de los derechos individuales” alrededor del mundo (^{Nash, 2006}: 172).

Como respuesta a ello, en 1948 la ONU emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento internacional que consagra derechos fundamentales que protegen a todas las personas en especial a las minorías “como es el caso de la infancia, derechos de los trabajadores, protección de los refugiados, entre otros” (^{Nash, 2006}: 173). En especial, se proclama la libertad individual y se rechaza todo tipo de discriminación en razón de rango etario, etnia, religión, género o nacionalidad ^{(Asamblea General de Naciones Unidas, 1948}: arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7).

Cabe anotar que, sobre los derechos de la infancia, Francia fue el primer Estado que a mediados del siglo XIX consagró la protección especial de los/as niños/as denominándolos como “adultos pequeños” cuando en el año 1841 se promulga una serie de leyes con el fin de proteger los derechos de los niños trabajadores y en 1881 se le otorga el derecho a su educación. Esto forma parte de una serie de conquistas políticas, sociales y económicas del pueblo francés, a favor de la inclusión de ciertos sectores de la sociedad carentes de derechos jurídicos y excluidos de la esfera pública ante la hegemonía del Absolutismo. Su influencia fue tan notoria que, “este nuevo desarrollo, que comenzó en Francia, se extendió más adelante por toda Europa” (^{Corominal, 2016}: 33).

Más de un siglo después, en el año 1989 los Estados miembros de la ONU deciden adoptar la denominada Convención sobre los Derechos del Niño (1989), instrumento internacional que al ser vinculante constituye un instrumento obligatorio en los Estados que lo han ratificado para la protección de todas las personas menores de 18 años de edad (Humanium, 2016). La Convención sobre los Derechos del Niño (^{Asamblea General de Naciones Unidas, 1989:} arts. 35, 39) solicita a los Estados que adopten “todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma” además de que se estable la “recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”. En el año 2000, la ONU crea la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional junto al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, denominado Protocolo de Palermo, el mismo que define el delito de trata de personas y caracteriza sus diversas formas de explotación.

Los instrumentos jurídicos citados, se crean con el fin de velar por los derechos de los niños especialmente por la existencia de cifras alarmantes sobre niños, niñas y adolescentes que son víctimas de trata infantil alrededor del mundo, según Humanium (2016) cada día aproximadamente 4.000 niños/as son víctimas de la trata infantil, por su parte la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2014) destaca que la trata de niños en el mundo está aumentando, en el periodo de 2004-2011 “el porcentaje de niños se ha ido incrementando. En todo el mundo, los niños representan actualmente casi una tercera parte de las víctimas de trata detectadas. De cada tres víctimas menores, dos son niñas y una es niño”.

Según comunicado de prensa del 7 de octubre de 2015 del Banco Mundial, la población infantil es de aproximadamente dos mil millones (Banco Mundial, 2015), de ellos:

[…] cerca de 1,2 millones de niños son objeto de trata todos los años. En Asia oriental y el Pacífico, la mayor parte de la trata está dirigida a la prostitución infantil, aunque se recluta también a algunos niños y niñas para trabajos agrícolas e industriales. En Asia meridional, la trata está vinculada a menudo con la servidumbre por deudas. En Europa, la dirección de la trata es sobre todo de este a oeste, lo que refleja la demanda de mano de obra barata y prostitución infantil (^{Unicef, 2006}).

En relación con niños, niñas y adolescentes víctimas de trata infantil en América Latina Estefanía ^{Calderón (2014}: 27), al realizar un análisis de la información estadística emitida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2007-2010) apunta a que el país que reporta mayor número de víctimas de trata de personas “menores de edad es Perú (51%)”, mientras que Argentina posee las cifras más alta de víctimas adultas (46%), siendo las mujeres y niñas con el 70% las más vulneradas. Cabe resaltar que la forma de explotación laboral de la trata de personas en América Latina en comparación con otras regiones del mundo es las más alta, “representa el 73%” de los casos reportados de trata de personas.

Añade Calderón que durante los años 2007-2010 en América Latina se registró la clasificación por edad de 1884 víctimas de trata de personas: 38% correspondieron a menores de edad y 43% a adultos, mientras que del 19% de víctimas restante su edad no fue registrada oportunamente. Asimismo, se obtuvo el género de 1414 víctimas, el 72% de estas eran mujeres. Acerca del tipo de trata, se obtuvo que la trata con fines de explotación laboral es la más común en Latinoamérica. De 402 víctimas la forma de explotación determinada fue la laboral con el 47%. Esto indica que la trata de personas en América Latina afecta a menores de edad significativamente y que los fines de la explotación mayoritariamente es con fines laborales (^{Calderón, 2014}: 28).

El Estado Ecuatoriano consciente de su obligación frente a la delincuencia transnacional ha organizado su política pública con el fin de garantizar la seguridad jurídica a todas las personas que se encuentren dentro de su jurisdicción el pleno ejercicio de sus derechos, especialmente desde el año 2002 momento en el que se suscribe el Protocolo de Palermo. (^{Buitrón, 2011}: 26).

Entendiendo que frente a la trata de personas los niños, niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable se hace substancial realizar un análisis de las acciones políticas que el Estado ecuatoriano ha adoptado mediante la implementación y ratificación de legislación nacional e internacional como la Convención de los Derechos del Niño (1989), el Protocolo Facultativo de la Convención los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía (2000), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), el ^{Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia de Ecuador (2003)}, el Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes (2006), así como el ^{Código Orgánico Integral Penal (2014)} y Ley orgánica de movilidad humana junto a su reglamento (2017).

En Ecuador con la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 se ha incluido dentro de los grupos de atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes (NNA), que frente a factores endógenos y exógenos son víctimas del delito de la trata de personas al caer en manos de las redes delictivas, explotados y llevados muchas veces al extranjero (^{Buitrón, 2011}: 15-21). Es necesario resaltar, que el Estado junto con la familia y la sociedad son los actores encargados de velar y garantizar los derechos de los NNA frente a este tipo de delitos. En especial, por el principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia mediante la adopción de medidas políticas, administrativas, sociales, legislativas y económicas que garanticen el pleno goce de sus derechos.

De este modo, el objetivo del presente artículo es analizar las acciones políticas que ha venido realizando el Estado ecuatoriano para la prevención del delito de trata infantil con fines de explotación laboral durante el año de 2017, paso previo para entender a la política pública creada como respuesta de los factores y causas que originan y repercuten en el delito de trata infantil con fines de explotación laboral en Ecuador. La pregunta que guía este análisis es entender qué tipo de acciones ha tomado el Estado ecuatoriano con el fin de prevenir el delito de la trata infantil con fines de explotación laboral durante el año 2017. Nuestro argumento de trabajo considera que las acciones políticas creadas por parte del Estado ecuatoriano para la prevención de la trata infantil con fines de explotación laboral resultan insuficientes para su erradicación por la invisibilidad y naturalización del fenómeno social.

Este análisis se desarrolló desde la teoría migratoria denominada sistema mundial-histórico estructuralista propuesta por ^{Sassen (1998)} y ^{Wallerstein (2006}), la misma que permite comprender la mercantilización de la economía global que penetra dentro de la sociedad y produce la permanencia de la explotación de la mano de obra barata, el trabajo forzoso, la explotación laboral y el trabajo infantil; así como desde la perspectiva multidimensional de los derechos humanos, sobre el eje de prevención del delito de trata infantil, como la acción política estatal que permita la protección de las víctimas, la sensibilización de los derechos humanos hacia las víctimas, la familia y sociedad.

La metodología utilizada en el siguiente análisis fue la recopilación bibliográfica, la misma se basó en la legislación ecuatoriana, libros, folletos, papers, revistas y páginas de internet especializadas para investigar las acciones políticas emprendidas por el Estado ecuatoriano para combatir el delito de la trata de personas especialmente la infantil. También se utilizan algunos elementos iconográficos que evidencian las campañas de prevención lideradas por el Estado. De igual modo, se empleó el método analítico para observar la problemática bajo el enfoque de derechos humanos. La unidad de estudio fueron los derechos de los niños en el Sistema Internacional de los derechos humanos y el estudio del delito de la trata infantil. Asimismo, la unidad de análisis fueron las acciones políticas con el fin de prevenirla trata infantil por parte del Estado ecuatoriano.

La estructura del artículo se desarrolla de la siguiente manera: en un primer momento, se aborda el fenómeno de la trata de personas dentro de la teoría migratoria denominada sistema mundial en la que se vincula la mano de obra barata y la mercantilización de las personas como objetos de explotación. En un segundo momento, se aborda al fenómeno de la trata infantil y su definición, misma que se caracteriza por tres elementos: el tráfico, el consentimiento viciado o ausencia de él y sus diversas formas de explotación. En un tercer momento, se analiza la política pública del Estado ecuatoriano con el fin de erradicar la trata infantil con fines de explotación laboral y las acciones políticas que el Estado ecuatoriano ha desarrollado hasta el año 2017. Finalmente, las conclusiones de este artículo.

La trata de personas desde la teoría migratoria sistema mundial

La teoría migratoria, denominada como sistema mundial-histórico estructuralista por ^{Sassen (1988}) caracteriza a la sociedad como una estructura social que mantienen un desequilibrio por la distribución desigual del poder económico y político que influye en sus individuos y sociedad. ^{Wallerstein (2011: 1-9)}, retomando a Sassen considera que la teoría sistema-mundo divide al mundo en dos niveles: centro (grandes potencias) y periferia (países en desarrollo).

Wallerstein propone dentro de su teoría que el sistema capitalista ha venido desarrollándose desde principios de la historia social, en el caso de la trata de personas se considera que la situación socioeconómica de las personas los vuelve vulnerables ante los grupos criminales, situación que se agudiza en los grupos sociales proletariados quienes mantienen ingresos mínimos para su subsistencia bajo los sistemas de unidades domésticas en los cuales las personas que conforman el grupo familiar aporta para su subsistencia con mano de obra barata (^{Wallerstein, 2006}: 21-35).

^{Calderón (2014}: 37-39) citando a ^{Bravo (2007}: 238) considera, respecto al fenómeno de la trata de personas con fines de explotación laboral, que con la multiplicidad de contextos sociales, políticos y culturales de los Estados, el mercado laboral se beneficia del negocio de la mano de obra barata caracterizado por la desregularización e inaplicabilidad de instrumentos legales que sancionen la explotación laboral y la trata de personas. Wallerstein con esta teoría nos permite entender la estructura social y económica desarrollada mediante la historia y el origen y la permanencia de la explotación laboral por los contextos socioeconómicos en los cuales se desenvuelven las víctimas más propensas a caer en las redes delictivas de la trata de personas.

Es así que, dicha teoría explica la contextualización de la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI detallada por Wilkinson:

La esclavitud no es un horror felizmente relegado al olvido, sino que sigue existiendo en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Francia y Estados Unidos. A lo largo y ancho del planeta, los esclavos trabajan, sudan y sufren. Probablemente, los zapatos que llevas puestos y la alfombra que estás pisando han sido fabricados por esclavos en Pakistán. Probablemente, los esclavos del Caribe han puesto el azúcar en tu cocina y los juguetes en las manos de tus hijos. En la India, probablemente han confeccionado la camisa que luces y han pulido el anillo que llevas en el dedo. Su trabajo no es remunerado. Los esclavos influyen también indirectamente en tu vida. En Brasil, los esclavos que elaboraron el carbón vegetal que templó el acero que se utilizó para fabricar los amortiguadores de tu coche y las cuchillas de tu corta césped. Los esclavos cultivaron el arroz con el que se alimentó la mujer que tejió la hermosa tela de tus cortinas. Tu cartera de valores y tu fondo de pensiones poseen acciones en compañías que utilizan esclavos en los países en vías de desarrollo. Los esclavos hacen posible que tus gastos se reduzcan y que aumente el valor de tus inversiones. La esclavitud es un negocio floreciente y el número de esclavos va en aumento. La gente se hace rica utilizando esclavos. Y, cuando ya no les hacen falta, los echan a la calle. Esta es la nueva esclavitud, que se basa en los grandes beneficios y las vidas baratas. No se trata de poseer personas en el sentido tradicional de la antigua esclavitud, sino de controlarlos por completo. Las personas se convierten en herramientas desechables para hacer dinero (^{Wilkinson, 2010}: 476).

Trata infantil en Ecuador

Conforme a la información proporcionada por UNODC:

Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la trata. […] La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años. Del 15 a 20% de las víctimas son niños; al 2009 se calcula que las 2 terceras partes de las victimas detectadas por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación sexual seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral, trabajos o servicios forzados. El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa Central y occidental provienen de países de América del Sur. El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños. […] En los últimos años de las víctimas de trata de personas que son trasladadas desde Suramérica hacia Europa se ha identificado un incremento significativo en el número de mujeres que provienen de Brasil. El mercado ilícito se estima en 32 billones de dólares. Según Información de la Iniciativa Global contra la Trata de Personas UNGIFT de las ganancias globales que se mueven detrás del mercado ilícito de la trata de personas 1.3 billones de dólares que equivalen al 4.1% son generados en América Latina. El 49% se genera en países industrializados caracterizados por ser los principales destinos de las víctimas que provienen de Latinoamérica.

^{Calderón (2014}: 69-71) citando a las estadísticas de UNODC, señala que en América Latina al año 2010 el porcentaje de 87.9% de víctimas de trata de personas fueron niños/as y mujeres, en el cual el 73% de los casos se identificaron como trata de personas con fines de explotación laboral. Se conoce del Informe Mundial sobre Trata de Personas de Naciones Unidas (^{Buitrón, 2011}: 18) que las personas ecuatorianas ocupan el segundo lugar con más víctimas de la trata en Colombia y, que entre los años 2005-2007 se logró sancionar la explotación sexual a niños de los cuales existieron únicamente 18 sentencias (10 en Pichincha y 8 en Machala) con penas entre los 6 a 12 años. Un factor que dificulta la problemática (^{Supliguicha, Vásquez y Jácome, 2008}: 266-273) es que en el país no existen cifras exactas sobre el número de víctimas de trata de personas a nivel local, y mucho menos nacional.

Según ^{Supliguicha et al., (2008}: 269) Ecuador envía y recibe víctimas de trata de personas desde y hacia todos los países, las víctimas provienen mayoritariamente de países como “Colombia y Perú por ser fronterizos, y se dirigen hacia Perú, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos”, es así que, Ecuador es considerado como país de origen, destino y tránsito de trata de personas. ^{Subía (2018}: 55) citando a ^{Pontón y Santillán (2008}: 284-287), y a ^{Buitrón (2011}: 15-18), destaca que a Ecuador se le considera como país mayoritariamente de origen ya que niños, niñas y adolescentes provenientes de zonas rurales, de familias pobres, sin educación son reclutados para ser expuestos a explotación laboral y mendicidad, además de la sexual por medio del reclutamiento de mujeres adolescentes provenientes de las regiones de la costa y oriente ecuatoriano; siendo los países de destino, generalmente, Colombia, Perú y Brasil.

^{Supliguicha et al., (2008}: 268) mencionan que Ecuador no solo es considerado como país de origen, tránsito y destino, sino que al interior existe trata de personas en la que ciudades poseen igual caracterización ya que se “puede observar cómo un alto número de adolescentes de la región costa son trasladadas a diferentes ciudades para ser explotadas sexualmente, mientras que los NNA de la sierra centro son utilizadas para la explotación laboral y mendicidad”.

Conforme a la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura ecuatoriano (CJE, 2016), y citando el informe mundial de la Organización de Naciones Unidas del año 2014,se subraya que el porcentaje de víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral fue del 40% seguido de la explotación sexual con el 53%, además de que no existen estadísticas oficiales que permitan avizorar rangos de edad, género y condición socio-económica de las víctimas de trata de personas en Ecuador, especialmente del grupo de NNA.

Al año 2013 alrededor de 380 víctimas de trata de personas fueron rescatadas por la Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior, mientras que entre los años 2004 al 2017, Ecuador ha emitido 81 sentencias condenatorias con más de 200 personas sentenciadas por este delito (^{El Comercio, 2017}). Esto evidencia que el 80% de casos de trata de personas corresponden a trata interna (sin cruce de fronteras) y que en el 66% de los casos las víctimas son reinsertadas en su núcleo familiar.

En el mismo sentido, y de acuerdo con los datos proporcionados por la Unidad contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional (2017), entre enero y junio de 2017 se rescataron a 47 víctimas y se detuvieron a 32 personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y pornografía infantil. A continuación, algunos datos oficiales sobre trata de personas hasta entre 2012 y 2017 (^{Subía, 2018}: 61). Detallado en la Tabla 1

Tabla 1 Datos oficiales sobre trata de personas entre 2017 y 2017 

Fuente: ^{Subía (2018}), citando a la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ministerio del Interior en Ecuador (2017).

Política pública ecuatoriana para la prevención de la trata de personas especialmente la infantil

Ecuador ha ratificado, desde el 2002, varios instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes de aplicación obligatoria en relación con el delito de trata de personas (^{Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Cultos, 2010:} 23-33) como, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional junto a sus dos protocolos (^{Hidalgo, 2017}: 41). En consecuencia, en el año 2006, se emite el Decreto Ejecutivo n.º 1821 que permite la creación del Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes.

La política pública según ^{Méndez (1993}: 118) consiste en “la ejecución, por medio de ciertos incentivos, de un “paquete” estratégico de acciones realizadas consciente y específicamente con una solución u objetivo general”, es decir, la política pública pretende alcanzar objetivos de interés nacional, mediante una serie de acciones políticas específicas y estratégicas. Actualmente, el gobierno ecuatoriano ha plasmado su política pública en el Plan de Desarrollo “Plan toda una vida” 2017-2021, dentro del eje 1 pretende como objetivo nacional erradicar todo tipo de violencia incluida la trata de personas, especialmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres, las acciones políticas creadas por parte del Estado ecuatoriano se enfocan en la prevención, protección de víctimas y sanción de casos judicializados.

Sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la vigencia del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2003, art. 1 y 11) se implementa la doctrina de la protección integral y el principio del interés superior del niño y se eliminó el término “menor” por niño, niña y adolescente (^{Subía, 2018}: 74). Igualmente, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) los agrupa como personas de atención prioritaria cuyos derechos y protección prevalecen sobre otros grupos. También se garantiza en el artículo 66, numeral 29:

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad (CRE, 2008: art. 66, num. 29).

Sobre los instrumentos creados como políticas públicas de protección para los niños, niñas y adolescentes en relación con el trabajo infantil se encuentran:

El Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2008-2013, así como el Plan de erradicación progresiva del trabajo infantil del 2005, el Reglamento de Trabajo Prohibidos para Adolescentes en capacidad legal para trabajar bajo relación de dependencia, el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2005-2014, la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010 y la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2009-2011 (MCDS 2010), al igual que el Protocolo de atención integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias; desde el año 2008, se creó la mesa de Trabajo Indígena como una instancia del Conepti […]como instancia de consulta y ejecución de políticas públicas, principalmente con el fin de establecer delimitaciones sobre el trabajo infantil permitido y que no violente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (^{Subía, 2018}: 76 citando a ^{García, 2009}: 8).

Sobre la tipificación del delito hasta el año 2014 con el ^{Código Orgánico Integral Penal (2014}: art. 91) se tipifica al delito de trata de personas como:

[…] captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación. Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: 1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos. 2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. 3. La explotación laboral, incluida el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. 4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación. 5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes. 6. La mendicidad. 7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley. 8. Cualquier otra modalidad de explotación.

El artículo 92 del mismo cuerpo legal establece la sanción de prisión de 16 a los 40 años por acumulación de penas para los tratantes y se incluye agravantes en el caso de que el agresor sea miembro del núcleo familiar de la víctima. No obstante, ^{Subía (2018}: 77) considera que se omitió el inciso sobre que el consentimiento de los padres y de las niñas, niños y adolescentes en casos de trata infantil considerada no importante.

En este punto, cabe señalar lo que dice ^{Supliguicha et al., (2008}: 268) a pesar de que las víctimas o su familia hayan consentido voluntariamente ser trasladadas, vendidas y explotadas “esto no será considerado como cierto debido a que una característica de las víctimas es que pasan en un primer momento por una fase de “seducción, engaño y promesas falsas”, lo cual después les hacer sentir “culpables” de haber aceptado la explotación voluntariamente”. Inciso que en nuestra legislación requiere de atención con el fin de que en los casos judicializados no exista impunidad, que se sancione a los agresores, y no se revictimice a la víctima y su familia por haberlo consentido. Además, cabe señalar que produce un inadecuado control de convencionalidad entre lo establecido por el Protocolo de Palermo y la legislación ecuatoriana, ya que en el momento en que un Estado es parte de tratados internacionales ello obliga a todos sus órganos, a velar porque los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin (^{Subía, 2018}: 79).

De modo que, se intenta trabajar en los ejes de “prevención, protección y persecución” (PPP) y que existe una normativa internacional ratificada por el Estado con el fin de prevenir vacíos legales y conflictos de leyes que permitan la existencia de impunidad normativa; así como se han firmado acuerdos y convenios internacionales para la protección de las víctimas y testigos del delito.

Acciones políticas para la prevención de trata infantil

La acción política para Hanna Arendt según Vargas (2009: 83) es la actividad por medio de la cual es posible la construcción y transformación social. La acción es sinónimo de praxis, misma que no genera un producto, sino que su fin “coincide con su propia realización” (Vargas, 2009: 85). En el caso de las acciones políticas que realiza el Estado ecuatoriano se advierte que su fin prioritario es la prevención del delito de trata de personas. La prevención se traduce en la implementación de estrategias entre las que se encuentran la promoción, la investigación, recolección de información, promoción de la equidad de género y el apoyo a víctimas de los delitos. Algunos autores consideran que la prevención consiste en la sensibilización de los jóvenes respecto a la problemática de la violencia social en general. (^{Pick, Leenen, Givaudan & Prado, 2010}: 155).

Desde la ratificación del Protocolo de Palermo se han creado instrumentos jurídicos a nivel nacional y la firma de acuerdos internacionales que permiten construir un marco jurídico lo que incluye la investigación (a cargo del Ministerio del Interior y Fiscalía) y sanción (sistema judicial). Tenemos que, acerca de la tipificación de delito de trata de personas se encuentra el Código Orgánico Integral de Procesos (2014),la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) y su reglamento que otorga la rectoría al Ministerio del Interior y a las demás entidades públicas inmersas en la solución de la prevención y protección de personas víctimas, entre ellas, el Ministerio del Interior, la Policía Judicial, Unidad Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, la Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (Dinapen), el grupo Antitrata, la Secretaría Nacional del Plan Toda una vida, los ministerios de Educación, Inclusión Económica y Social, de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de Relaciones Laborales, de Salud Pública, de Turismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado (^{Ministerio del Interior, 2014}).

El Estado ecuatoriano ha creado el programa de protección de víctimas y testigos a nivel nacional como respuesta a esta problemática a medida que se van incrementando las campañas de prevención en los diferentes medios de comunicación. Con un enfoque de derechos humanos la Unidad contra la Trata de Personas y Tráfico de migrantes del Ministerio del Interior en Ecuador en su informe del Plan Nacional para la Prevención de la Trata de Personas y Protección Integral a las Víctimas del año 2014, destaca que se ha venido trabajado en varias acciones políticas de prevención.

La Organización de Estados Americanos OEA (2014) en su estudio sobre los Planes Nacionales de Acción contra la explotación comercial de niñas, niños y adolescentes a nivel regional destaca ciertas acciones que al año 2012 el Estado ecuatoriano había realizado:

Elaboración de trípticos, afiches, cuadernillos informativos, plegables, roll ups, con mensajes de sensibilización e información de la temática de trata de personas que se entregaron a la ciudadanía en los diferentes programas de capacitación y sensibilización, así como en fronteras, puertos y aeropuertos del país. Instalación de cuatro cilindros y una valla que incluyen información para la prevención de la trata de personas en la salida internacional del Aeropuerto “Mariscal Antonio José de Sucre” de Quito en Tababela, con el financiamiento de la OIM y el apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Quiport. Desarrollo de la “Campaña Radial contra la Trata de Personas”, a cargo del Ministerio del Interior, con el objetivo de sensibilizar a la población de la zona de Frontera Norte y Sur y las provincias de Pichincha y Guayas. Difusión de la temática de trata de personas a través de redes sociales como Facebook y Twitter (Organización de Estados Americanos, 2014: 49).

El Ministerio de Interior como promotor de la lucha en contra de la tarta de personas ha liderado una serie de campañas de sensibilización a nivel nacional y cantonal en contra de la trata de personas. En el año 2014 algunas instituciones estatales, organizaciones internacionales y sociedad civil realizaron talleres, obras de teatro, cineforos, capacitación a nivel nacional de aproximadamente 1050 funcionarios del Estado, quienes se ven inmersos en esta problemática tanto a ciudadanos como a funcionarios de la policía nacional, aduana, migración, cancillería y la fiscalía en Quito, Huaquillas, Azuay, Guayas (^{Ministerio del Interior, 2014}). En la Imagen 1

Fuente: Ministerio del Interior (2014).

Imagen 1 Campaña “Abramos los ojos, la trata es un delito” inició en Manta  

Una de las campañas de sensibilización a escala nacional se denominó “Abramos los ojos, la Trata es un delito”, el brief creativo se enfocó en los tres elementos que caracterizan al delito: tráfico, ausencia de consentimiento y sus diversas formas de explotación. Para el ^{Ministerio del Interior (2014)} el enfoque de la misma estuvo dirigido a los niños, niñas, adolescentes a nivel nacional con la realización de las obras de teatro impartidas a 7000 estudiantes y 1400 ciudadanos en Quito, Santo Domingo, Cotacachi, Lago Agrio, Quevedo, Manta y Riobamba, la dirección de la campaña estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) (Ministerio del Interior, 2014). Imagen 2

Fuente: Ministerio del Interior (2015).

Imagen 2 Ecuador consolida acciones para combatir el delito de trata de personas 

Desde el año 2014, se han instalado alrededor de cinco vallas publicitarias en la salida internacional del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en el área de Migración y corredor de mangas internacional, la campaña gráfica tiene como objetivo “combatir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la trata de personas. […] educar, informar y promover la denuncia. Advertir que hay gente que engaña, crea sueños falsos y un mundo ideal en otros países y en el nuestro” (^{El ciudadano, 2014}). Imagen 3

Fuente: El Ciudadano (2014).

Imagen 3 Campaña gráfica para combatir el tráfico de personas en el Aeropuerto Internacional de Quito 

La OIM (2017) ha considerado que implementación del Plan Nacional en Ecuador respecto a la trata de personas ha sido una herramienta efectiva para combatir dicho problema, así mismo, destaca los logros cumplidos por parte del Estado como la estipulación del capítulo V de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento creados en el año 2017, además de que se han aprobado varias ordenanzas sobre la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y la Protección Integral de las Víctimas en cantones como Lago Agrio, Otavalo y Guamote en el año 2014.

Por otra parte, para el 2016 se elaboraron varios manuales operativos para la detección de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes orientados al personal que trabaja en las unidades de control migratorio, además de la creación de varios instrumentos que permiten la prevención, investigación y sanción del delito a nivel nacional como son:

Sin embargo, las acciones realizadas por parte del Estado se ven mermadas por la falta de continuidad de los programas públicos emprendidos, en parte a la falta de personal técnico, a un limitado presupuesto y a la centralización de instituciones del Estado que trabajan en la mesa interinstitucional en contra de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes liderada por el Ministerio del Interior (^{Subía, 2018}). En el caso de las casas de acogidas, las víctimas atendidas únicamente han sido explotadas sexualmente, a pesar de que existen varias formas de explotación que requieren de tratamiento adecuado y oportuno, específico (Subía, 2018: 114-115 entrevista realizada a Verónica Pólit, de la fundación Terra des Hommes, el 19 de octubre del 2017).

Conclusiones

La trata de personas infantil dentro de las relaciones internacionales constituye una característica de la sociedad internacional vinculada a la desigualdad del equilibrio en el poder económico, político y social. Existen estructuras que permiten la existencia del fenómeno social de la trata de personas, aunque su evolución normativa nace desde la esclavitud y su posterior abolición.

La trata de personas, que constituye un delito de naturaleza compleja y de difícil identificación al permitir la venta e intercambio de seres humanos, puede darse a nivel local sin salir de las fronteras de un Estado y a nivel internacional con el cruce de las mismas. Esta puede darse se forma lícita o ilícitamente al violentar los requisitos migratorios de los Estados. La trata de niños, niñas y adolescentes (trata infantil) cobra autonomía con base a lo estipulado en el artículo 3 del Protocolo de Palermo, instrumento obligatorio que obliga a los Estados suscriptores a la aplicación y cumplimiento de lo pactado. Sobre la tipificación del delito de la trata de personas, en especial de NNA, se considera que se ha omitido en la legislación ecuatoriana vigente el hecho de que no se considere relevante el consentimiento que haya dado la víctima o sus familiares.

Es importante resaltar que Ecuador ha ido implementado políticas a nivel nacional e internacional, planes de acción y programas con el fin de hacerle frente a este delito y fenómeno social; en el plano internacional se destacan acuerdos internacionales con países de la región, con los que Ecuador trabaja de forma conjunta ya que este delito transnacional requiere de la cooperación internacional de todos los Estados afectados.

Sobre las causas que permiten el surgimiento y continuidad de la trata infantil y sus diversas formas de explotación o servidumbre, especialmente con fines de explotación laboral, existen factores que predominan en el núcleo familiar y social, siendo los NNA los más vulnerables a caer en las redes delictivas de trata de personas por medio del engaño, coacción o consentimiento de la víctima y de su familia. Un factor que debe ser analizado a nivel nacional e internacional es la caracterización del trabajo infantil como fenómeno naturalizado e invisibilizado que repercute en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y que llega a ser nocivo porque afecta al desarrollo, salud, integridad y posterior bienestar.

El Estado ecuatoriano ha venido implementado una normativa y programas que le permiten trabajar a nivel nacional bajo los ejes de derechos humanos como acciones políticas para la prevención con campañas de promoción y sensibilización de derechos; la protección hacia las víctimas y testigos; y, la penalización y sanción mediante la investigación y judicialización de los casos denunciados. No obstante, las estadísticas o datos cuantificados podrían no identificar la magnitud del problema. Especialmente, el eje de prevención debe ser consolidado y difundido ampliamente y con continuidad, tomando en consideración que a pesar de que no existan denuncias de trata de personas, ello no responde a que la problemática ha sido debidamente combatida, el empoderamiento de los derechos humanos debe ser trabajado especialmente en sectores vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes, y sobre la base del principio de corresponsabilidad no solo el Estado debe tomar medidas de prevención y promoción de derechos humanos también la sociedad y la familia.

Las acciones políticas que desarrolla un Estado construyen al objetivo en sí mismo de prevención de derechos, al ser aplicadas permitirían que la promoción de derechos produzca un cambio estructural que desvincule al trabajo infantil como elemento consuetudinario o costumbre que vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de vulnerabilidad, así como, permita la prevención de casos de trata infantil por medio de la sensibilización social, especialmente de sectores precarios que requieren de mayor atención del Estado, ya que en los mismos se origina y desarrolla la trata de personas, que afecta especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ello también, produce especial énfasis en considerar que las acciones políticas requieren de continuidad temporal, mayor presupuesto para su ejecución, y la amplitud debe abarcar la territorialidad estatal.