Un primer retazo: la contradicción existente entre los mecanismos de arbitraje internacional para los inversores y los Estados

Esta modalidad de resolución de conflictos se encuentra regulada en el contenido de los acuerdos internacionales bilaterales, multilaterales o de libre comercio, estableciendo como obligatorio en sus cláusulas que las posibles contradicciones se llevarán a estas instancias. La experiencia, tal como lo señala el experto independiente Alfred-Maurice de Zayas al referirse al resultado de estos procedimientos entre inversores y Estados, es que existen serias dificultades para que los Estados ejerzan su función de garantes del interés público, especialmente cuando estos adoptan normas sobre la protección del medioambiente, la seguridad alimentaria y el acceso a medicamentos genéricos (^{Maurice de Zayas, 2015}).

Las resoluciones dadas por estos mecanismos no contemplan la ponderación de los hechos, incluyendo los estándares de los derechos humanos. En muchos casos hay evidentemente contradicción con el orden público; inclusive, se vinculan con la regresión en la protección de derechos, tales como a la vida, cuando se obstaculiza el suministro de medicamentos por la actuación de los monopolios farmacéuticos o la perpetuación de las patentes que impiden la introducción de medicamentos genéricos, la afectación a las normas laborales, al agua o al saneamiento, entre otros (^{Alfred-Maurice de Zayas, 2015: 7}).

Estas instancias configuran verdaderos sistemas que se encuentran al margen de los sistemas internos y están sobre ellos. Esto resulta ser una contradicción con los principios planteados por la comunidad internacional en tanto que estos convenios no son exclusivamente comerciales. En este sentido, es importante someter los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio a los estándares de las normas de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, especialmente en lo referente a las cláusulas de nulidad. Más aun, si encontramos la violación de normas constitucionales, errores en el consentimiento, conducta fraudulenta de alguna parte negociadora, engaño liberado o afirmaciones falsas, corrupción o conflictos con normas imperativas de derecho internacional; en este sentido, en la medida que estos tratados configuren violaciones de los derechos humanos esto podría ser causa de una modificación o terminación de dichos acuerdos.

Algunos de estos casos evidencian dichas contradicciones: como la Empresa Petrolera Chevron Texaco y su contaminación en la amazonía ecuatoriana,¹ donde un tribunal ecuatoriano impuso sanciones a la empresa por daños ambientales causados por sus actividades; esta se negó a pagar y acudió a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)² para exigir al Ecuador daños y perjuicios por los beneficios perdidos. Otro caso emblemático fue el Philip Morris entre Suiza y Uruguay (2010). Esta multinacional presentó una demanda apelando al tratado bilateral de inversiones entre Suiza y el Uruguay, alegando que la legislación interna uruguaya de lucha contra el tabaquismo afectaba su inversión, ignorando el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud.

Un segundo retazo: la criminalización de los movimientos, los procesos extractivistas

En América Latina la defensa de estos derechos ha significado en muchas ocasiones la criminalización de la protesta del movimiento social y el detrimento de los derechos humanos, en especial cuando las acciones están dirigidas a enfrentar a las empresas extractivas. Al analizar el actuar de los Estados se destaca la falta de la protección adecuada frente a posibles acciones de estas empresas, configurándose una responsabilidad por omisión en su quehacer o, en caso contrario, por acción directa en el supuesto de la promulgación de normativas que no permiten la movilización y la protesta.

Tal como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose a las personas defensoras de los derechos humanos y la obligación de carácter positivo como negativo de parte de los Estados, ”además de existir una prohibición absoluta de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, los Estados se encuentran obligados a desarrollar acciones positivas que se traduzcan en la erradicación de ambientes incompatibles o peligrosos para la protección de los derechos humanos” (^{CIDH, 2011: 24}).

Estas empresas, en diversas circunstancias, actúan al margen de lo que establece el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipula la necesidad de contar con “un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan efectivamente”. Este derecho, que a su vez se constituye en un principio, se desarrolla y profundiza en los principales pactos y convenciones del Sistema Universal, las innumerables resoluciones y declaraciones de la Asamblea General y los convenios de la OIT y OMS. Se podría afirmar que estamos frente al surgimiento de un derecho consuetudinario internacional que establece la primacía de los derechos humanos y la consolidación de una opinio juris en relación con estos acuerdos.

Este abordaje interpretativo de los marcos normativos de protección de los derechos humanos a escala universal y las posibles contradicciones con los acuerdos comerciales se traslada a los sistemas regionales, como es el caso del Sistema de OEA, que frente a la realidad de la implementación de los TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-RD), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), van surgiendo nuevas contradicciones por las evidentes asimetrías existentes entre las naciones pactantes (^{Mejía, 2009}).

Lo logrado a escala de la comunidad internacional a partir de las reivindicaciones de los movimientos sociales se constituyen en verdaderos espacios en disputa por parte de los inversores y los Estados, los cuales deben pactar un entorno en que los derechos humanos sean efectivos y donde el Estado siga siendo el garante de estos y no que los acuerdos internacionales usurpen funciones de los Estados e instauren sistemas en los que los únicos derechos sean los que responden a la lógica de hacer negocios e invertir.

Vale citar el caso de Honduras con el asesinato de Berta Cáceres, lideresa perteneciente al pueblo lenca, activista contra la explotación medioambiental de las transnacionales, quien expresaba claramente esta contradicción al afirmar que "los que rechazamos estos proyectos somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia" (^{eldiario.es, 2015}).³

Asimismo, la activista destacaba la dificultad de llevar adelante su lucha, por el hecho de ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas, en sociedades patriarcales donde se enfrentan circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas. El 3 de marzo del 2016 Cáceres fue asesinada en su comunidad. Inmediatamente, la CIDH otorgó una serie de medidas cautelares⁴ a su familia y a Gustavo Castro, por ser testigo del asesinato. Con anterioridad, se registraron claras amenazas en contra de la integridad de Cáceres, debido a la oposición que realizaba desde la Coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) contra la transnacional Sinohydro, que operaba en los territorios de la comunidad del río Blanco.

Esta tendencia se mantiene claramente en muchos países donde la presencia de empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en convivencia con los poderes políticos y financieros. Como lo señala el relator especial James Anaya, “se conocen muchos casos en que se reprime a personas o comunidades indígenas que se oponen y han sido objeto de actos de intimidación o violencia, hasta tener como resultado la muerte” (^{Anaya, 2013: 7}).

No se puede obviar que los Estados tanto de origen como de acogida tienen la responsabilidad de regular las actuaciones de estas empresas para prevenir violaciones de los derechos humanos, además de garantizar la no utilización del uso abusivo de la fuerza o represalias directas por parte de las empresas extractivas o agentes del Estado para obligar a los pueblos indígenas a aceptar estos proyectos o condicionar los servicios básicos para manipular la toma de decisiones (^{Anaya, 2013: 8}). En el cuadro que sigue a continuación se revela la gravedad de los hechos que sufren las personas activistas por ejercer los derechos a la participación y a la libertad de expresión al oponerse activamente a los proyectos extractivos, de acuerdo con el reporte emitido por Global Witness (2015).

Cuadro n.° 1. Asesinatos a quienes defienden la tierra y el medioambiente, según informe de Global Witness (2015)”⁵  

Fuente: Global Witness (2015). Elaboración de la autora.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos se ve agudizada por la criminalización por parte de los Estados cuando se cometen detenciones, amenazas e inclusive uso de acciones penales en su contra por su participación en protestas sociales. La existencia de una normativa penal, con falta de precisiones y vaguedad en tipos penales en algunos países y no ajustadas a los estándares internacionales, permite las detenciones y obstaculiza derechos tales como la libre expresión y organización de la sociedad, produciendo un efecto negativo, tal como lo señala la ONU y la CIDH en su informe del 2011. “Así, el efecto amedrentador que tiene la vulneración del derecho a la vida en la actividad de defensores organizados para la defensa de una misma causa ha sido analizado desde la afectación que produce a la libertad de asociación” (^{CIDH, 2011: 27}).

En los territorios que son considerados ancestrales o en la lucha contra el desarrollo de megaproyectos, como las explotaciones mineras, hidroeléctricas o forestales, se aplican tipos penales como […] “asociación ilícita, obstrucción de la vía pública, incitación al delito, desobediencia, amenaza a la seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o moral públicas, difamación, calumnia”, así como acusaciones falsas “como tipos penales utilizados en los Estados” (^{CIDH, 2011: 93}).

Este escenario se ve agravado por la procuración de los procesos que no garantizan el debido proceso y las posibles estigmatizaciones que sufren los y las defensoras en la sociedad, aspecto que es de preocupación en ambos sistemas de protección, como lo expresa la relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos en su informe 2004: “[…] la multitud de arrestos y detenciones de defensores contribuye también a la estigmatización, ya que la población los percibe y califica de perturbadores” (^{Hina, 2004: 55}).

2.3 Un tercer retazo: las asimetrías de género que provocan fenómenos como la segregación genérica del mercado laboral o la feminización de la pobreza

Es indudable que la restructuración global del mercado se produce en un terreno marcado por el género y que estos procesos de globalización neoliberal no se pueden entender si no incluimos esta variable (^{Cobo, 2007}) que no se puede obviar en los estudios que se realizan. Un ejemplo de este fenómeno es el trabajo doméstico, que pone de manifiesto las vinculaciones existentes entre el sistema patriarcal y el sistema capitalista, pues no examina que la reproducción de la fuerza laboral involucra un proceso productivo basado en el trabajo no remunerado que se gestiona desde la división sexual del trabajo y cuyo valor se transfiere al sistema económico mercantil sin considerar su costo.

Esta división sexual del trabajo profundiza patrones socioculturales que ahondan en la discriminación y la violencia, pero lo más grave de esto es que el sistema requiere que sea así, ignorando que este cuidado supone tiempos, espacios y relaciones en los que se desarrollan trabajos y actividades que producen bienes, servicios y atención necesarios para la reproducción cotidiana y generacional de la gente, de las colectividades y no solo de la fuerza de trabajo.

El problema de las desigualdades y su impacto diferenciado por género fue aceptado como un problema por la comunidad internacional durante la realización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en Beijing entre el 4 y 15 de septiembre de 1995. Allí los 189 Estados miembros aprobaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde se reconoció la urgencia de abordar la relación entre pobreza y mujeres convirtiéndola en una de las 12 áreas de atención.

Los gobiernos acordaron cambiar políticas económicas para ofrecer más oportunidades a las mujeres, mejorar la legislación para respetar los derechos económicos e impulsar el acceso al crédito. Se comprometieron a recabar mejor información para hacer un seguimiento de cómo afecta la pobreza a las mujeres de manera diferente.

Pero la realidad es que muchos de estos Estados, en aras de una retórica sobre las “oportunidades y el desarrollo”, firmaron los TLC o acuerdos de inversión sin medir o ignorando el impacto que estos tienen sobre los derechos, en especial los DESC, sin tomar en cuenta que las mujeres no acceden a los mercados con los mismos recursos y las mismas oportunidades y movilidad que los hombres, por tanto, no pueden competir en igualdad de condiciones.

Las consecuencias de estos acuerdos en muchos ámbitos se contraponen con el avance del logro de la igualdad sustantiva tal y como lo plantea la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) (1979). Esto nos recuerda que el surgimiento de los pactos sociales tiene su fundamento en pactos patriarcales (^{Amorós, 1990}), o como diría ^{Paterman (1995}), todo contrato social descansa sobre un contrato sexual.

Hoy más que nunca es indispensable recordar que la igualdad es la idea que posibilitó un cambio que colocó, por lo menos en teoría, a las personas en situación de equivalencia. Estableció que, cuando a determinados sujetos, por motivos de raza sexo, condición de discapacidad o etaria, diversidad sexual, identidad de género, entre otras, se les obstaculiza o niega el goce de sus derechos, esto resulta ser una discriminación y, por consecuencia, en una violación del principio de igualdad; resaltando así la estrecha vinculación que existe entre igualdad sustantiva y el principio de no discriminación.

El caso histórico de las mujeres ejemplifica lo mencionado; sus luchas y vindicaciones pusieron en evidencia que el fundamento que subyacía en los derechos humanos se había construido desde un paradigma androcéntrico, antropocéntrico, colonialista, clasista, denunciando que el requisito impuesto para el disfrute de estos derechos era la mismidad o semejanza con el hombre; situación que era en principio materialmente inalcanzable para las mujeres (^{Arroyo, 2015: 89-91}).

El resultado fue la exclusión bajo argumentaciones esencialistas, biologicistas y naturalistas, asegurando así que el varón acapare lo genéricamente humano. Cuando se trata de comprender la igualdad es imposible avanzar sin tomar en cuenta los aportes de las mujeres, expresados en las luchas por sus derechos, lo que ha implicado, entre otras cosas, la profundización y la crítica de la igualdad androcéntrica hasta lograr establecer que somos iguales en dignidad y equivalencia, y no en la exigencia de la semejanza.

Esta nueva lectura de la igualdad, que llamamos sustantiva o real, se transforma en elemento articulador y transversal de los instrumentos internacionales que surgieron después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convirtiéndose en el paradigma de cómo deben ser tratados los seres humanos en las diferentes sociedades y culturas. Otro aporte que no se puede dejar de mencionar en este análisis es el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos surge como producto de las relaciones de poder que marcan las asimetrías de género. Cronológicamente podríamos ubicar como momento importante para este nuevo abordaje de la violencia a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. Es en esta conferencia donde se instituye la violencia como una violación de los derechos humanos y se la considera una forma de discriminación.

Para llegar a este punto encontramos un importante antecedente en la recomendación general del Comité de la ^{Cedaw de 1992}, que determina que la discriminación es una forma de violencia. Otro hecho importante fue la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” (^{ONU/A.G., 1994}). En ese mismo año, en el ámbito americano se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que establece el “derecho a vivir una vida libre de violencia”. Estas dos convenciones obligan a los Estados a eliminar los patrones sociocultu rales que reproducen tanto la violencia como la discriminación en nuestras so ciedades y establecen que la violación al principio de igualdad y al derecho a vivir una vida libre de violencia se vuelven obstáculos fundamentales para el goce, ejercicio de los derechos humanos y sus implicaciones en los DESC.

En este contexto la justicia de género se torna un requisito indispensable para la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres. Asimismo, es imperativa la judicialización adecuada a la violación de los derechos como consecuencia de los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión y acuerdos de tratado de libre comercio, así como las desigualdades que se producen en los diferentes ámbitos de la sociedad (por mencionar algunos: la familia, la comunidad, el mercado, el Estado), se requiere, por tanto, que las instituciones, entre estas, las encargadas de administrar justicia, profundicen en el servicio que brindan a las mujeres y afectados por la injusticia y la discriminación.

2.4. Un cuarto retazo: el derecho al acceso a una justicia de género

El acceso a la justicia implica que las mujeres tengan la posibilidad de una adecuada tutela de sus derechos. Pero, además, es un asunto de fortalecimiento y construcción de las democracias; por tanto, la justicia de género es un estándar de medición para el quehacer del Estado (^{Villarán, 2004}).

Entendemos por acceso a la justicia la existencia de facilidades para que todas las personas, sin discriminación alguna, puedan gozar de todos los recursos y servicios que garanticen su seguridad, movilidad, comunicación y comprensión de los servicios judiciales que, a su vez, garanticen una justicia pronta y cumplida (^{CIDH, 2011}); esta debe ser entendida como un servició público que el Estado debe garantizar a todos y todas los habitantes de su territorio

En la actualidad, se considera el derecho al acceso a la justicia como una norma jus cogens⁶ que genera la obligación en los Estados de adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo.⁷ En la misma condición se encuentra el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo,⁸ constituyéndose ambos en estándares máximos de tutela propersona, en este caso promujeres (^{Cebada Romero, 2002}).

Es así como el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo o identidad de genero se convierte en consustancial al derecho al acceso a la justicia, y de ahí se deriva un marco jurídico que establece los derechos que deben garantizar la administración de justicia. Nos referimos, entre otros, al derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser arrestada conforme a los principios de ley, el derecho a la defensa, el derecho a ser juzgada por tribunales competentes, el derecho a un proceso justo, el derecho a ser protegida como víctima, el derecho a no ser revictimizada en el sistema de administración de justicia y el derecho a ser protegida cuando se es testigo.

Asimismo, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece una serie de obligaciones para los Estados relacionadas con la función judicial y los derechos de las mujeres, como la de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a todas las personas que se encuentren en su territorio, que incluye: a) garantizar un debido proceso -para lo cual el Estado debe tomar en cuenta las desigualdades que hay entre ellas debidas al género, la etnia, la edad, la discapacidad, etc.- y b) establecer garantías judiciales que tomen en cuenta las necesidades de todas las personas, que les permitan, entre otros: i) ser parte del proceso judicial en condiciones de igualdad, ii) no ser revictimizadas en el proceso judicial, iii) ser aceptadas y protegidas como testigos, iv) participar y comprender el proceso, v) gozar de servicios de administración justos en igualdad, y vi) gozar de información judicial que oriente a la usuaria y facilite la toma de decisiones sin sesgos sexistas.

La necesidad de contar con recursos efectivos como requisito para el acceso a la justicia está establecida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁹ del 10 de diciembre de 1948 que posteriormente se desarrolla en los tratados. Es de suma relevancia comprender que el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo se convierte en requisito para garantizar que los recursos en la realidad lleguen a ser efectivos, como bien lo evidencian textos tales como el del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2, que establece que los Estados se comprometen:

[...] a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Reconoce, además, el derecho de contar con recursos jurídicos y con una justicia pronta y cumplida en condiciones de igualdad. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala en su artículo segundo, inciso c) “el compromiso de los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres, y a garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas” (1979).

En el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 establece en su artículo 13 que:

[T]oda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De igual manera, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

La ^{Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra dicar la Violencia contra la Mujer (1994}) señala en su artículo 7:

[...] f) la obligación de establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, así como el establecimiento de los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y no una simple declaración de carácter discrecional; al contrario, involucra tanto el deber estatal de proveer un servicio público especializado, como el ejercicio de un derecho (^{Facio, 2010}) que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio. El relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver de Shutter, establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 2 que el acceso a la justicia debe cumplirse “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole; origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (^{ONU/A.G., 1948}).

Este servicio público debe garantizar la eliminación de todas las barreras físicas, económicas, culturales, lingüísticas, etc., que obstaculizan o impiden el acceso a la justicia a la diversidad de las víctimas, entendiendo la igualdad como un trato diferente cuando se requiera, como lo señalan las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en condiciones vulnerables¹⁰. Estas nos aportan una mirada sobre la diversidad de las víctimas y la necesidad de su tutela, son principios y directrices para las y los operadores de justicia cuando las y los usuarios pertenecen a algún grupo discriminado (vulnerable).

La violación a los DESC en el caso de las mujeres en sus diferentes ámbitos: trabajo, educación, salud, tiempo libre, trabajo doméstico, tenencia de la tierra y formas de discriminación/violencia, violencia patrimonial, no pago de pensiones alimentarias, pensiones de vejez y de viudedad, la negación a los servicios de salud, educación, entre otros, deben ser judicializadas y analizadas desde una perspectiva de género.

En especial, se debe garantizar el principio de igualdad y no discriminación y, por supuesto, incluir en el análisis los posibles factores interseccionales de discriminaciones que pueden afectar en diferente grado o forma a algunas mujeres en relación con los hombres y a otras mujeres. Estas causas de discriminación, llamadas compuestas, pueden incluir la etnia y la raza, la condición de minoría o indígena, el color, la situación socioeconómica o las castas, el idioma, la religión o las creencias, la opinión política, el origen nacional, el estado civil o maternal, la localización urbana o rural, el estado de la salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales, constituyéndose en factores que pueden obstaculizar el acceso a la justicia si no son valorados (^{Comité Cedaw, 2015}).

2.5. Un quinto retazo: la soberanía alimentaria

Entendiendo que el derecho a la alimentación adecuada debe cumplir ciertos estándares, como lo indica la recomendación 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al establecer que las personas, individualmente o en colectivo, deben tener acceso físico y económico en todo momento a la alimentación suficiente adecuada y culturalmente aceptable que se produce y consume en forma sostenible, manteniendo el acceso a la alimentación para las generaciones futuras. Desde esta perspectiva, este derecho debe ser garantizado por los Estados y por la comunidad internacional, pues tiene un impacto directo en la posibilidad de la calidad de vida y desarrollo social. En este sentido, el empoderamiento de las comunidades a escala local es fundamental, para lo cual se requiere de políticas a escala nacional e internacional dirigidas a los diferentes sectores pertinentes involucrados, como lo son la agricultura, el desarrollo rural, la salud, la educación y la protección social (^{Comité DESC,1992}).

Estas políticas a escala local y nacional requieren necesariamente de un entorno internacional favorable, en donde las políticas que afectan la capacidad de los países para garantizar el derecho a la alimentación en el ámbito del comercio, la cooperación al desarrollo, se adecuen a los estándares de los derechos humanos para alcanzar la seguridad alimentaria de los países, que se constituye en requisito para las democracias (de ^{Shutter; 2014}).

Los acuerdos bilaterales de inversión y los Tratados de Libre Comercio, como el El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos y Republica Dominicana (Cafta-DR) en sus cláusulas incluyen requisitos que impactan directamente en el derecho a la soberanía alimentaria. Una de estas cláusulas se refiere a las prohibiciones de mantener barreras que protejan a las economías nacionales, disminuyendo así los aranceles impuestos que pagan los exportadores; esta situación genera desigualdades entre las partes colocando en desventaja al campesinado y, en especial, a la pequeña producción. Ejemplo de ello ocurre en El Salvador, donde el porcentaje entre las partes no es el mismo ya que en el sector agrícola se estableció que se eliminaría el 13,1 % de los aranceles en un período de 5 años, mientras que en Estados Unidos un 0,3 % en 20 años. Además, tenía la posibilidad de subsidiar los costos de producción relacionados con la agricultura (^{Góchez, 2008}).

Estas desigualdades pactadas tienen consecuencias en relación con los precios que no pueden competir y provocan detrimento de la pequeña producción campesina, constituyéndose en una práctica conocida como el dumping, o sea, vender a precios inferiores al costo. Una de las graves consecuencias de esto es que el país no produce suficientes alimentos y depende de las compras de afuera; este escenario de desigualdades se profundiza con la importación de semillas transgénicas que ponen en riesgo las nativas y las formas ancestrales de producción de alimentos.

La ecologista Vandana ^{Shiva (2014}) considera que empresas como Monsanto imponen los monopolios y actúan como parte de la industria biotecnológica, destruyen e impactan la soberanía alimentaria de los pueblos y afectan los ecosistemas. Estas empresas crean la propiedad sobre las semillas utilizando patentes y derechos de propiedad intelectual; además, con estas prácticas instauran lógicas que imperan en el mercado donde venden y cobran regalías en materia de controles y equilibrios sobre seguridad. Esto destruye sistemáticamente leyes nacionales e internacionales relativas a la bioseguridad (^{Shiva, 2014}).

Es claro que este campo representa otro espacio en disputa entre los acuerdos analizados y los derechos humanos y las reivindicaciones de los movimientos sociales. La bioseguridad es un derecho internacional consagrado en el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad Biotecnológica del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (Montreal 2000) y el artículo 19, inciso 3, de la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que establece que “las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica” (CDB,1992).