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Romero-Espinosa S. F. y Herrera-Ortega K. C. (2022). Incidencia de las políticas públicas en la producción cinematográfica de Ecuador durante la década 2007-2017. Universitas-XXI, 37, pp. 201-221. https://doi.org/10.17163/uni.n37.2022.08
Introducción
En este estudio se aborda la incidencia de las políticas públicas para el desarrollo de la industria cinematográfica de Ecuador durante 2007-2017. En el país era muy difícil hacer cine debido a los elevados costos de recursos técnicos y falta de apoyo por parte de la empresa privada e instituciones públicas; aunque esta actividad es una fuente de ingresos económicos todavía no es priorizada por parte del gobierno; considerando que es una herramienta educativa eficaz para revitalizar la cultura, la identidad de los pueblos, así como la reconstrucción de la memoria colectiva.
Como afirma Alvarado (2020), el cine contribuye al desarrollo de la conciencia de las personas con los contenidos que se manejan, en ocasiones visibiliza problemas urgentes como el caso de discriminación y xenofobia. Aunque el discurso manejado se presenta en las salas de cine, la audiencia en su mayoría prefiere películas para entretenerse dejando de lado la parte sociocultural que incide en su cotidianidad. En la actualidad, el cine digital utiliza la tecnología para distribuir y proyectar imágenes en movimiento, donde en todo el proceso se involucran tres elementos fundamentales: producción, distribución y exhibición (Batlle y Doll, 2020).
Antecedentes del cine ecuatoriano
La historia del cine en el Ecuador se ha caracterizado por tener limitantes para su desarrollo integral, las escasas políticas públicas no han permitido una producción adecuada y competitiva a nivel internacional. En sus inicios, el cine fue un espacio de ocio que estuvo enfocado en las clases media y alta, muy poco para las clases bajas. En la ciudad de Quito, Jorge Córdovez fundó la compañía de cines, en 1914 construyó e inauguró cuatro salas, que para captar público se hacían sorteos de golosinas y también electrodomésticos. En 1920, algunos diarios como El Telégrafo publicaban secciones dominicales secciones sobre Hollywood. Además, en las ciudades de Cuenca y Guayaquil esta industria se desarrolló entre 1923 y 1925 respectivamente. En la primera, el sacerdote Carlos Crespi recolectó material cinematográfico en la selva amazónica; mientras que en la segunda Carlo Bocaccio y Augusto San Miguel fundaron una escuela para iniciar con un proceso de formación de actores mímicos (Loaiza y Gil, 2015).
A partir de 1970 se puede hablar de cine ecuatoriano, pues antes de este tiempo las producciones eran limitadas, en su mayoría correspondían al género documental, realizadas por directores extranjeros. Además, las obras de ficción tenían un alto contenido melodramático al estilo mexicano (Gavilondo y Mercado, 2017). Desde 1990 se inicia con la profesionalización de esta industria en las áreas de producción y distribución con el film de Sebastián Cordero “Ratas, ratones y rateros”. Se pueden establecer tres etapas para abordar los inicios de cine en el Ecuador; la primera (1999-2006) caracterizada por tener un nivel de voluntad de realizar películas considerando aspectos sociopolíticos de inestabilidad y de la misma forma la nueva era tecnológica permitió adquirir nuevos conocimientos para mejorar aspectos de producción. La segunda etapa (2007-2013) estuvo marcada por importantes cambios políticos y sociales; la creación del CNCINE fue un aspecto clave en la transformación de la industria cinematográfica. La tercera etapa surge a partir de 2013 en la que se cambia al director ejecutivo del CNCINE, reelección presidencial y también la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (Narváez, 2014).
Cine ecuatoriano en el contexto regional
Existe una realidad similar del cine ecuatoriano respecto a países de la región que también enfrentan importantes desafíos a nivel de producción y también distribución. La alta presencia en el mercado internacional de películas estadounidenses se convierte en un factor limitante de la producción nacional, añadiendo la falta de recursos materiales y técnicos adecuados para posicionarse en la mente del consumidor; como plantea Leal (2020) “la escasez de recursos económicos repercute en la baja calidad técnica de las producciones” (p.85). Países como Cuba, México, Argentina y Brasil hasta mediados del siglo XX se destacaron por la realización de largometrajes.
Becerra y Mastrini (2011) han clasificado en subconjuntos a diferentes países según el acceso relativo a bienes, servicios de la comunicación y cultura que se presentan a continuación:
Argentina, Chile y Uruguay son países que tienen mayores niveles comparativos de acceso social a medios, industrias culturales y telecomunicaciones.
Colombia, Venezuela y Perú tienen indicadores de acceso más bajos a las industrias respecto a los países señalados anteriormente; de esta manera se ubican por encima del promedio regional.
Brasil y México son países con alta densidad geográfica y mercados infocomunicacionales, pero a pesar de esta ventaja se encuentran por debajo del promedio.
Ecuador, Paraguay y Bolivia tienen acceso social muy limitado a la industria cultural, el promedio se encuentra muy por debajo del promedio regional.
Políticas públicas
Wilson (2018) define las políticas públicas como acciones ejecutadas por el gobierno en los diferentes ámbitos de su actividad. Se plantean con el fin de dar soluciones a problemas específicos que demanda la sociedad; estas políticas deben ser integrales, capaces de modificar la realidad actual en búsqueda del bienestar de la población. Durante el período de gobierno de Rafael Correa se diseñó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 en el cual se plantean doce objetivos específicos con políticas, lineamientos estratégicos y metas enfocados en mejorar la matriz productiva del país de forma sustentable. El apartado 5.4 establece:
Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz productiva), para cumplir con el objetivo de “impulsar a las industrias culturales con contenidos diversos e incluyentes”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –Senplades–, 2013)
En este sentido, la Ley de Fomento de cine nacional fue una normativa aprobada en el 2006 con el objetivo contribuir de manera positiva en la difusión y conocimiento de costumbres, historia y también expresiones culturales que forman parte de la identidad del pueblo ecuatoriano. Con esta ley se creó el Consejo Nacional de Cine (CNCINE) que permitió importantes avances en la industria incrementando el número de producciones nacionales.
Desde 2016 esta normativa fue reemplazada por la Ley Orgánica de Cultura en la cual se estableció el Instituto de Cine y creación audiovisual (ICCA) como un organismo encargado del fomento de esta industria y también para controlar la circulación de contenidos audiovisuales para la promoción y difusión nacional e internacional de diferentes producciones.
En el gobierno de Rafael Correa se invirtieron recursos en la producción audiovisual, no los suficientes, pero en comparación a años anteriores si fueron superiores. En estudios del 2013, se habían hecho alrededor de 40 festivales al año, en colegios, del cine ecuatoriano en París, New York, también de cine comunitario, documentales pequeños en la Costa, es decir, existieron producciones: largometrajes, animaciones, cortometrajes. Obras como la Tigra, Ratas, ratones y rateros siguen siendo los íconos porque antes se producía muy poco, una cada 5 años. En el gobierno de Lenin Moreno se redujo aún más este número. (Trujillo, comunicación personal, 2021).
Asimismo, en este cuerpo legal el artículo 139 señala la distribución de recursos, haciendo énfasis en lo siguiente:
Los fondos reembolsables y no reembolsables, así como toda ayuda o financiamiento en el sector cinematográfico y audiovisual deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas de concurso público de proyectos y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización.
Sin embargo, en 2017 debido a una débil gestión, muchos proyectos se paralizaron y no lograron estrenarse por los limitados recursos económicos existentes; además, al ser un año electoral se priorizaron otras áreas de interés dejando de lado la parte artística y cultural (Larrea, 2017). En este sentido, a partir de una comunicación personal, Trujillo (2021) establece que:
Las políticas públicas actuales son insuficientes, se debe considerar la creación de comisiones fílmicas que faciliten la creación de producciones; así como incentivos fiscales para todo el sistema cultural. Aunque existe un Ministerio de Cultura y Patrimonio y se han creado institutos todavía no hay una verdadera política de fomento, creación, promoción y difusión que permita entender que la cultura es un derecho humano que toda la ciudadanía merece tener.
En la actualidad, según el ICCA entre 2017-2019 existen 192 obras cinematográficas registradas en la Secretaría Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual (SENADI) entre las cuales el 64 % son largometrajes, el 34 % cortometrajes y el 2 % corresponde a mediometrajes (Sánchez, 2020). A partir de cifras estadísticas en el país hay 302 salas de cine en 21 ciudades, la mayoría se concentran en las ciudades más grandes: 108 en Guayaquil, 95 en Quito, el número restante, es decir 99 se localizan en 19 ciudades. Aproximadamente, un 87 % pertenecen a tres grandes cadenas: Supercines, Cinemark y Multicines (López et al., 2019).
Producción nacional
Para el diseño de una producción cinematográfica son necesarias algunas etapas entre las que se encuentran: la preproducción, producción y postproducción. En la primera se da forma a la idea, investigando y organizando elementos como: presupuesto, localizaciones, guiones, equipo técnico, artístico; en la segunda se procede con la realización del rodaje y, finalmente en la última etapa se realiza el montaje visual y sonoro del mismo donde se ordenan los planos y se construyen en las secuencias narrativas (Nodar, 2021). Algunos films que han logrado participar en festivales internacionales y se han convertido en referentes de esta industria son: “Ratas, ratones y rateros” (1999) y “Crónicas” (2004) de Sebastián Cordero, así como “Qué tan lejos” (2006) de Tania Hermida son los largometrajes que han roto fronteras y han llevado la cinematografía ecuatoriana a otros países. Además, “Con mi corazón en Yambo”, dirigida por la cineasta María Fernanda Restrepo en el 2011 ha sido ganadora de 16 premios internacionales con un exitoso estreno alcanzando 150 000 espectadores; hasta la actualidad sigue siendo presentada en espacios de carácter educativo y de defensa de derechos humanos.
“La muerte de Jaime Roldós” dirigida por Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera en el 2013 presenta un enfoque documental mediante el cual se hace un análisis de la historia nacional y una reconstrucción de hechos significativos que han permitido la formación de la identidad y cultura nacional. A nivel internacional, el cine ecuatoriano ha tenido importantes reconocimientos y premios, en 2017 la película “Alba” de Ana Cristina Barragán obtuvo el galardón de mejor película de ficción y mejor guion en el Festival Internacional de Cine de los países del Sur del Mundo más conocido como FIC SUR. Por otro lado, el cortometraje “Vida” de Daniel Yépez ganó la categoría de Mejor Documental corto en el sexto Festival Internacional de Film urbano (Universidad de las Artes, 2017).
La importancia del cine radica en evocar nuevos conocimientos y reactivar debates que en su tiempo se hicieron solo de manera subjetiva (León, 2019). Antes de la promulgación de la Ley de Cine en Ecuador se hicieron solo tres largometrajes, el primero “Dos para el camino” de 1981 dirigida por Jaime Cuesta y otro que fue “La Tigra” de Camilo Luzuriaga estrenada en 1990 y fue una de las cintas más taquilleras en ese año que inclusive le ganó a Batman con 250 000 espectadores y el tercer largometraje fue “Entre Marx y una mujer desnuda” basada en Jorge Riga. En veinte años se hicieron tres largometrajes, a raíz de la promulgación de la Ley de Cine en 2006 hubo un boom de producciones. El promedio se ha mantenido entre diez y doce largometrajes hasta la fecha (Ponce, 2021).
Materiales y método
El presente estudio es cualitativo, tiene un enfoque exploratorio pues “este tipo de investigación permite una primera aproximación al problema que se espera analizar y conocer, ayudan al investigador a adaptarse en una problemática que desconoce” (Cortez et al., 2018, p. 22). Se revisó literatura especializada en el tema de estudio, así como de la normativa legal que regula la industria cinematográfica en Ecuador entre las cuales se encuentran: la Ley de Cine Nacional de 2006, Ley Orgánica de Cultura de 2016 y la Ley Orgánica de Comunicación con su última modificación en el 2019 con la finalidad de analizar los impactos de estas en el desarrollo del cine.
Por otro lado, se aplicaron encuestas a actores clave con la finalidad de recopilar información acerca de su percepción sobre el tema de políticas públicas, los impactos de estas y si se deben hacer modificaciones para mejorar el cine nacional; además, conocer su criterio sobre la fusión de diferentes instituciones que actualmente rigen el tema de arte, cine y cultura. Se utilizó el muestreo no probabilístico intencional considerando aspectos acordes a juicios del investigador como expresan Hernández y Carpio (2019) “con este método se incluyen grupos que cumplen con características de interés del investigador, además de seleccionar intencionalmente a los individuos de la población a los que generalmente se tiene fácil acceso” (p.78); en total fueron encuestados 200 cineastas y productores quienes son miembros de la Cámara de Industria Audiovisual del Ecuador. El instrumento utilizado fue un cuestionario estructurado con seis preguntas cerradas.
Resultados
Rafael Correa gobernó desde 2007 hasta 2017, tiempo en el que se dieron varias transformaciones a nivel sociocultural, político, económico y también en la cinematografía con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura de 2016 que derogó y reemplazó a la Ley de Fomento de Cine Nacional de 2006 establecida en el gobierno de Alfredo Palacios y por otro lado, la Ley Orgánica de Comunicación con su última modificación en 2019. En 2007, en este gobierno además se reformó el Decreto Ejecutivo Nro. 5 del 15 de enero en el cual se creó el Ministerio de Cultura y Patrimonio mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1507 publicado en el Registro Oficial Suplemento 960 del 23 de mayo de 2013. Esta entidad ejerce rectoría del Sistema Nacional de Cultura con la finalidad de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; de esta manera salvaguarda la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos.
La Ley de Fomento de Cine Nacional tuvo el objetivo de contribuir de manera positiva en la difusión y conocimiento de costumbres, historia y también expresiones culturales que forman parte de la identidad del pueblo ecuatoriano. De la misma manera, con la aprobación de esta ley, se creó el Consejo Nacional de Cine (CNCINE) que permitió importantes avances en la industria incrementando el número de producciones nacionales; la existencia de este cuerpo legal y la institucionalidad de la industria cinematográfica se desarrolló por iniciativa y gestión de cineastas. Además, esta ley creó un Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) donde a través de recursos económicos del Estado ecuatoriano se puede impulsar el desarrollo del cine nacional en sus diferentes ámbitos: fomento a la producción, fomento a la circulación y a la cultura cinematográfica (El Telégrafo, 2016).
Desde 2016 esta normativa fue reemplazada por la Ley Orgánica de Cultura en la cual se estableció el Instituto de Cine y creación audiovisual (ICCA) como un organismo encargado del fomento de esta industria y también para controlar la circulación de contenidos audiovisuales para la promoción y difusión nacional e internacional de diferentes producciones. En el artículo 3 respecto a los fines, literales b, c, d de esta normativa legal se establece lo siguiente: b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación de productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales, c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de producción y gestión cultural y patrimonial, d) Reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas, y fortalecer sus dinámicas productivas, articulando la participación de los sectores públicos, privados, mixtos y de la economía popular y solidaria.
El artículo 8 de este cuerpo legal establece que las entidades, organismos e instituciones del Sistema Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento, mantenimiento, conservación y difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la producción y desarrollo de industrias culturales y creativas.
El artículo 9 señala la creación del Sistema Integral de Información Cultural cuyo objetivo es recopilar, sintetizar, difundir y poner en valor la información del ámbito cultural y patrimonial generada por entidades públicas, privadas o comunitarias, la comunidad artística y la ciudadanía en general. Asimismo, es una herramienta de visibilización y fortalecimiento del sector, es un medio para conseguir la mejora de la organización, la integración y la interrelación de los profesionales de la cultura y el arte.
La Ley Orgánica de Cultura en el artículo 110 expresa lo siguiente:
Créase el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, de conformidad con lo previsto en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Este fondo asignará recursos, de carácter no reembolsable, a los creadores, productores y gestores culturales de conformidad a la normativa que se emita para el efecto, buscando el fortalecimiento artístico, cultural y creativo de nuestra sociedad, con criterios de calidad, diversidad, equidad territorial e interculturalidad.
Asimismo, en este cuerpo legal el artículo 139 señala la distribución de recursos, haciendo énfasis en lo siguiente:
Los fondos reembolsables y no reembolsables, así como toda ayuda o financiamiento en el sector cinematográfico y audiovisual deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas de concurso público de proyectos y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización.
A partir de lo expuesto, se revisaron cifras del Instituto de Fomento a la creatividad y la innovación para identificar el monto anual que se ha otorgado en las convocatorias y de esta manera evidenciar el cumplimiento de la normativa legal y la existencia o no de un crecimiento en el número de producciones del período de gobierno de Rafael Correa.
Análisis
La tabla 1 muestra el monto anual otorgado a proyectos cinematográficos desde 2007 hasta 2016 mediante el Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. En esta década de gobierno, los años con mayor cantidad de producciones fueron el 2007 con 43 proyectos y con un monto considerable de $839 000 respecto a años anteriores donde el cine no era tomado en cuenta. Los años 2011 y 2012 con 45 y 42 proyectos respectivamente tuvieron un monto similar de $ 700 000. El 2014 con 61 producciones y el 2015 con 67 fueron años donde el monto fue mayor respecto a años anteriores con 1 980 000 y 1 646 338, respectivamente. Sin embargo, 2016 presentó el monto más bajo de toda la década de gobierno pues solo tuvo 20 producciones y un monto económico muy reducido.
En 2017, el ICCA a través de la línea del Fondo de Fomento otorga un monto de $756 000 el cual es mayor respecto al año anterior que corresponde a 33 proyectos. En este período de gobierno sí existió un avance a nivel de producciones cinematográficas significando un progreso importante.
Los fondos concursables son buenos, sin embargo, no hay un seguimiento del estado cuando se gana un premio o de lo que se está haciendo respecto a una producción audiovisual. Además, en los informes que se presentan no hay una medición estadística ni estudios sobre resultados tangibles: Debe existir un análisis socio cultural del trabajo que se desarrolla. (Trujillo, comunicación personal, 2021)
Los resultados de la encuesta se presentan a continuación. En la primera pregunta ¿Cree usted que las políticas públicas de la industria cinematográfica han favorecido el desarrollo del cine en Ecuador? Un porcentaje mayoritario representado por el 66 % señala que las políticas públicas no han favorecido el desarrollo del cine en Ecuador, mientras que un porcentaje minoritario del 34 % reflejan una respuesta afirmativa a esta pregunta. La legislación nacional no es suficiente en el país como se puede observar en la figura 1. Además, existen aún limitantes que favorezcan el desarrollo de esta industria; por lo tanto, es necesaria una participación activa de diferentes actores público privados para promover políticas que se ajusten a la realidad nacional. En este sentido, Trujillo (2021) señala que:
No se ha diseñado una política de circulación, de proyección y de muestra; e necesitan festivales pequeños a nivel local, aportes del estado donde se liberen los derechos, un marco jurídico fuerte que garantice los derechos de creación, fomento, circulación y de visualización.
Nota. Encuestas aplicadas a cineastas y productores audiovisuales del Ecuador, 2021.
Figura 1 Políticas públicas en el desarrollo del cine
La segunda pregunta ¿Considera que es suficiente la legislación nacional para desarrollar el cine? El 70 % de encuestados creen que la legislación nacional no es suficiente para el desarrollo del cine, mientras que un porcentaje representado por el 30 % muestran una respuesta afirmativa. La normativa legal vigente es necesaria para mejorar esta área, las leyes que rigen el cine nacional presentan aún fallas a nivel de aplicación. Algunas se cumplen en su totalidad mientras que otras no; esto genera desventajas para quienes se dedican a esta actividad limitando a su vez el desarrollo de producciones que permitan lograr competitividad en el mercado internacional. Es importante considerar que los incentivos desempeñan un papel importante en la cinematografía y en las actividades que están inmersas en una industria creativa. Mejorar las relaciones con el sector del conocimiento: universidades, institutos, centros de investigación debe ser un eje estratégico gubernamental donde a través de un trabajo coordinado se pueda lograr efectividad en el diseño de políticas con planes estratégicos viables a largo plazo (Benavente y Grazzi, 2017).
Nota. Encuestas aplicadas a cineastas y productores audiovisuales del Ecuador, 2021.
Figura 2 Consideraciones sobre la legislación nacional
La pregunta 3 ¿Cree usted que el Estado debe participar en la financiación de la producción cinematográfica o audiovisual? El 75 % de encuestados señalan que sí debe involucrarse el Estado en este aspecto, pues el cine es una actividad costosa en sus diferentes etapas. Por lo tanto, es necesaria una inversión estatal para apoyar el trabajo nacional de emprendedores que se dedican a esta actividad. Un porcentaje representado por el 25 % expresa que no es necesaria la participación del Estado, se deben buscar diferentes fuentes de financiamiento.
Los montos que se manejan son bajos, estímulos fiscales no existen. El mayor fondo que emplean dos categorías al año se puede conseguir hasta $80000 que da para dos películas al año, por otro lado, para ganar los fondos se debe tener una trayectoria. De la misma forma, si se logra obtener el dinero en una película económica equivale alrededor del 30% del presupuesto y es lo que más puede dar. Para otros proyectos entregan $10000 que no es suficiente. (Ponce, comunicación personal, 2021)
Nota. Encuestas aplicadas a cineastas y productores audiovisuales del Ecuador, 2021.
Figura 3 Participación del Estado en la financiación de la producción cinematográfica o audiovisual
La cuarta pregunta respecto a ¿Cómo calificaría el impacto de la Ley Orgánica de Cultura en el desarrollo de la industria cinematográfica? La mayoría de encuestados representados por un porcentaje del 47 % señalan un impacto medio de la Ley de Cultura en el desarrollo de la industria cinematográfica, el 44 % expresan un impacto bajo y solo el 9 % consideran que esta ley ha tenido un impacto alto en la industria. La ley debe garantizar que el Estado representado en el Ministerio de Cultura concentre su gestión en fomentar la producción del cine y el audiovisual acompañando estos procesos. El artículo 26 literal b de este cuerpo legal establece la importancia de “generar la política pública para la investigación, actualización, gestión, formación, producción, difusión y activación de la memoria social, el patrimonio cultural, las artes y la innovación”. Aunque se generen diferentes proyecciones, todavía existen deficiencias en el manejo estadístico de las audiencias. Se evidencia la falta de datos reales sobre reacciones y percepciones de las personas con respecto a una experiencia cinematográfica (López et al., 2019).
Nota. Encuestas aplicadas a cineastas y productores audiovisuales del Ecuador, 2021.
Figura 4 Impacto de la Ley Orgánica de Cultura
La quinta pregunta hace énfasis en el impacto de la Ley Orgánica de Comunicación en el desarrollo de la industria cinematográfica; la mayoría de encuestados representados por un porcentaje del 45 % señalan un impacto bajo de la Ley Orgánica de Comunicación en el desarrollo de la industria cinematográfica mientras que el 44 % y 11 % consideran un impacto medio y alto respectivamente. La Ley Orgánica de Comunicación contempla una cuota de pantalla para el cine nacional en canales nacionales; en el artículo 97 se establece lo siguiente: “los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera progresiva, al menos el 60 % de su programación diaria en horario apto para todo público; señala que en el contenido se debe incluir al menos un 10 % de producción nacional independiente”. Sin embargo, los canales prefieren pagar multas que comprar contenido nacional donde en la mayoría de ocasiones, las mejores compras son para directores con mayor trayectoria dejando de lado a cineastas jóvenes. Un aspecto positivo de esta normativa es la creación de los medios comunitarios, en los medios radiales también se puede hacer gestión cultural y permite incentivar, promocionar, difundir y crear productos.
Nota. Encuestas aplicadas a cineastas y productores audiovisuales del Ecuador, 2021.
Figura 5 Impacto de la Ley Orgánica de Comunicación
Pregunta 6 ¿Cuál de estos aspectos cree usted que es el mayor desafío del cine ecuatoriano? En primer lugar, con un porcentaje del 55 % corresponde a lograr rentabilidad.
No se puede depender económicamente del Estado para la realización de cortometrajes porque el cine nunca va a ser prioridad del gobierno. Lo ideal sería tener apoyo a la cultura porque el cine es el reflejo de la cultura de un país. Bajo este contexto es importante que el estado genere las condiciones para que un productor privado pueda crear obras cinematográficas. (Smolij, comunicación personal, 2021)
En segundo lugar, con el 21 % se encuentra el desarrollar una amplitud temática en las producciones. En tercer lugar, con el 13 %, lograr una diversidad estética y conceptual. Porcentajes minoritarios representados por el 7 % y 4 % corresponden a la internacionalización y la integración de procesos (distribución, exhibición y consumo) respectivamente. En Ecuador la distribución es una actividad realizada por los mismos productores o directores de un film. A nivel nacional, es necesario que las políticas públicas en esta industria sean integrales y holísticas enfocándose en la producción, comercialización y exhibición con la protección estatal en varios aspectos: reglamentación de cuotas de pantalla, impuestos preferenciales, fomentos en promoción y difusión, así como exoneración de impuestos en la exhibición y exportación de películas (Larrea, 2017).
En este contexto, existen entidades internacionales para lograr alianzas coproducción con otro país participando en sus fondos concursables; mientras hay trabajos audiovisuales que tienen coproducción con presupuestos de fondos del estado. Sin embargo, en el país el cine todavía no es una industria por lo que no representa nada para un extranjero sin la existencia de fondos fiscales, aún no es comercial el país para lograr una inversión. (Obando, comunicación personal, 2021)
Conclusiones y discusión
En Ecuador durante el período del gobierno de Rafael Correa; la Ley Orgánica de Cultura de 2016 estableció el Instituto de Cine y creación audiovisual (ICCA) con la finalidad de promover el desarrollo de producciones a nivel nacional e internacional. Además, la Ley Orgánica de Comunicación con su última modificación en el 2019 tiene lineamientos positivos ya que beneficia la producción audiovisual y musical promoviendo el talento nacional. Sin embargo, entre las desventajas de esta normativa se encuentran las siguientes: los dueños y productores de radio y televisión se han visto afectados ya que no pueden transmitir programación internacional en los horarios deseados.
La Industria cinematográfica en el Ecuador ha tenido importantes avances en los últimos diez años, en el 2018 se desarrollaron alrededor de 30 producciones y 18 largometrajes de gran impacto a nivel nacional e internacional destacando dos géneros: documental y ficción. Al identificar la transformación de la industria cinematográfica a partir del marco regulatorio ecuatoriano, las leyes existentes para esta área aún tienen deficiencias que no permiten lograr competitividad donde generar rentabilidad se convierte en un desafío del cine nacional que debe estar acompañado de incentivos estatales para favorecer la inversión privada y lograr fortalecer la institucionalidad.
En este período de gobierno el cine no fue un área prioritaria, según demuestran datos proporcionados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio la participación del sector audiovisual en el PIB del Ecuador hasta el 2010 fue solo del 0,36 %. Los años 2014 y 2015 tuvieron un presupuesto alto y desarrollaron alrededor de 67 proyectos; aunque el número de proyectos crecieron, los presupuestos destinados a la industria cinematográfica fueron bajos para lograr un posicionamiento de la producción nacional a nivel internacional.
A nivel nacional las investigaciones en el área de cine son limitadas, tampoco existen repositorios en los cuales se salvaguarde las memorias audiovisuales, además, no hay salas especiales que se destinen a la proyección de cine nacional. Es decir, no hay condiciones mínimas para el desarrollo de esta área que todavía no podría considerarse como industria pues respecto a países de la región como Argentina y Chile que en los últimos años han tenido importantes avances en el desarrollo de sus producciones.
Discusión
En el Ecuador existe una cultura limitada de la población respecto a la cinematografía, muchas audiencias prefieren el tema de películas de Hollywood, se debe considerar que la función de organismos estatales es realizar estudios sobre públicos, consumo y también recepción de bienes culturales; este proceso estadístico aún es incipiente considerando que aún no se da una verdadera importancia a esta área teniendo en cuenta indicadores apropiados para la difusión de productos culturales. Aunque se han generado esfuerzos para promover el desarrollo de la industria cinematográfica, la producción debe poner énfasis en la ampliación de su circulación es decir acceso, mercado y consumo. Existen todavía retos para captar la atención del espectador y lograr que este genere un pensamiento crítico respecto a la película y de la misma forma que se mantenga en su memoria.
Hollywood tiene un exceso de oferta de producciones en las salas de cine comerciales; cuentan con más de 100 largometrajes anuales respecto a 17 películas ecuatorianas en el mismo período de tiempo. Existe además una inversión muy alta en promoción de las películas de los seis estudios más grandes de cine que lideran las taquillas denominadas Six Majors entre los cuales se encuentran: Warner Bross. Pictures, Walt Disney Pictures, Universal Pictures, Columbia Pictures, 20th Century Fox y Paramount Pictures. A esto se añade la falta de políticas de exhibición en las salas de cine nacionales que se convierten en factores limitantes para lograr índices de recuperación de inversión por taquillas y éxito comercial en las producciones nacionales (Vaca, 2015).
Además, existen diferencias en el proceso de distribución desarrollada en países del viejo y nuevo mundo. En los primeros, las estrategias de marketing creadas son rígidas y se encuentran dirigidas hacia los grandes públicos. Tanto creadores como productores participan en este proceso haciendo pruebas y modificaciones necesarias acorde al comportamiento del mercado. Además, se aplican diferentes tecnologías disponibles de bajo costo comparadas con los medios tradicionales de publicidad. Por otro lado, en el nuevo mundo de la distribución las ventas se encuentran en la web, la distribución en tiendas minoristas, de esta manera obtienen beneficios por las campañas de publicidad creada por productores (Sayán, 2017). A partir de esto, surge la necesidad de generar espacios de trabajo en los cuales diferentes actores sociales de la empresa pública y privada puedan desarrollar proyectos con la aplicación de estrategias desde su perspectiva y necesidad real; considerando la importancia del rol del Estado en la generación de las condiciones para que el cine se desarrolle.
