II. Línea de exposición del autor

Nos referiremos a la línea de exposición de la tercera parte del capítulo primero de su obra, señalando los temas principales y el número del apartado correspondiente.

III. Las nociones de ley y de interpretación

Para Gény la interpretación se concreta en identificar el pensamiento del legislador contenido en el texto de la ley, sin dejar de distinguir la ratio legis entendida como la causa, fundamento o el principio de las relaciones objeto de la ley dictada. Reconocía las normas positivas del Código Napoleónico que incluían técnicas interpretativas como la analogía, que todavía constan en nuestros cuerpos legales¹. Por ejemplo, el Código Civil ecuatoriano (2005), considera a la analogía en el artículo 18: “Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley […]. 7. A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos”. Ello es en concordancia con el Código Civil español (1974), artículo 4.1: “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando estas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”.

Aunque las normas escritas aportan a la judicatura un set de soluciones interpretativas, el autor no creía que fueran suficientes y se pudieran emplear para cualquier caso que se presente en la vida social. Según entendía, la aplicación de la norma jurídica positiva rechazaba a la costumbre, a la equidad y a los principios del Derecho, por lo que su trabajo se avoca en recuperar dichas fuentes como parte de su método de interpretación.

Cabe comentar que esta opinión de Gény (1925, pp. 25-26), ampliamente difundida por los partidarios del activismo judicial, históricamente olvida que el Código Napoleónico en varias de sus disposiciones remitía a la costumbre, a los principios del Derecho y a la equidad, así como también desconoce la monumental obra de los comentaristas franceses del siglo XIX que incluyeron en sus interpretaciones de la ley los principios del Derecho, la equidad o la jurisprudencia, como advierte Halpérin (2017).

Sobre la noción de la ley, desde un punto de vista formal, consideraba que esta es un producto de la sociedad que comprende un poder conformado democráticamente con competencia excluyente para formular disposiciones generales de interés común y “obligatorias para todos mediante sanción social” (Gény, 1925, p. 113), encontrándose la razón de su obligatoriedad tanto en su finalidad-proteger el tejido social-como en su condición racional.

La racionalidad de la ley presenta dos caras. Por una parte, depende que sea el resultado de la legislatura según los términos de la Constitución y expresada en el mismo lenguaje de quienes deberán observarla. La ley se distingue por el modo de producción que la legitima y le confiere su poder de obligar a todos los habitantes de un territorio dado, lo que depende de cómo esté organizado el legislativo y la “idea de la representación de aquellos a quienes la ley debe aplicarse” (Gény, 1925, p. 234).

Por otra parte, el contenido racional de la ley exige que se presente en forma de enunciados abstractos o generales, resultado de la isonomía jurídica que impone la estructura lógica de cada norma positiva como medio de aplicación de la ley en una sociedad siempre diversa y cambiante. Esto evidencia contradicciones en la relación de lo abstracto y lo concreto, como también una diferencia temporal desde que se dicta la ley hasta que se aplica. En consecuencia, una norma abstracta, en su aplicación a casos concretos, está condenada a presentar lagunas, así la ley “será siempre incompleta" (Gény, 1925, pp. 114-115) tal como lo justifica al citar a Aristóteles (2014), quien observó:

«La razón es que la ley es toda general, y en algunos casos no es posible hablar correctamente en general. Pues bien, en aquellos casos en que hay que hablar necesariamente, pero no es posible hacerlo correctamente, la ley abarca lo máximo posible, aunque no ignora que ello es erróneo. Mas no por eso es menos recta, pues el error no reside en la ley, ni en el legislador, sino en la naturaleza de las cosas: tal es la materia de la conducta. Por consiguiente, cuando la ley habla en términos generales, y ocurre en relación con ella algo contrario a la generalidad, entonces es correcto-allí donde el legislador resulta incompleto o yerra por hablar en general-rectificar lo que falta y lo que el propio legislador diría de esta manera, si estuviera presente, y habría legislado de saberlo. […] Conque esta es la naturaleza de lo equitativo: una rectificación de la ley allí donde resulta defectuosa en razón de su generalidad» (p. 204).

Cabe matizar la afirmación de Gény sobre las lagunas del Derecho. Al respecto Kelsen (2013) señala cierta opinión sobre la existencia de las lagunas en el Derecho por causa de una conducta regulada negativamente, esto es, que en el plano normativo la conducta no forma parte de una condición a determinada consecuencia jurídica. Es una creencia errada en la medida que se sustenta en desconocer que cuando el orden jurídico no estatuye ninguna obligación a cargo de la conducta de un individuo, su conducta entonces está permitida (p. 255). Evidencia de esto lo encontramos en innumerables textos, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), en su artículo quinto: “La Ley tiene el derecho de prohibir solo acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede impedirse y nadie puede ser obligado a hacer lo que no ordena”. Con lo cual, si entendemos al orden jurídico como un sistema, las lagunas del Derecho automáticamente se convierten en una imposibilidad lógica².

Según Gény (1925) estas lagunas del Derecho cuando resultan de la insuficiencia de la letra de la ley o su ausencia, por causa de que los hechos de la realidad estaban fuera de la imaginación del legislador, no desdicen de que será la fórmula o texto de la ley la que “podrá dar la clave de soluciones nuevas, merced al empleo de los procedimientos que nos presta la lógica formal” (p. 31). Es claro que el autor no veía en las lagunas del Derecho un pretexto para desoír la ley. Por el contrario, consideraba que estas lagunas eran la oportunidad de extender los significados de la propia ley observando en ello su ratio legis y el conjunto del ordenamiento jurídico en los resultados de la interpretación.

Gény (1925) considera la interpretación de un texto legislativo semejante a la interpretación de un acto jurídico solemne, “cuyo contenido está encerrado en la fórmula auténtica que delinea claramente los contornos” (p. 258). Por ello interpretar es esclarecer la voluntad en el acto jurídico en cuestión, voluntad que se puede inferir de su contexto al tiempo en que se dictó la ley (ocassio legis) y su racionalidad, que se puede comprender en el marco constitucional de su producción, de su estructura lógica y principios (ratio legis).

No obstante, hay un factor adicional que explica su racionalidad, la cual se aprecia desde una perspectiva teleológica y que incidiría en la obligatoriedad misma de la ley, más allá de las percepciones individuales de bienestar o coacción. Lo que hace obligatoria a la ley es su racionalidad.

La racionalidad es un elemento basilar de su pensamiento y si bien distinguía como las principales cualidades de la ley otorgar “un máximum de seguridad y de certidumbre” (Gény, 1925, p. 232), pensaba que su fuerza obligatoria radica en su fundamento racional, cuando es coherente con sus fines declarados, que a su vez se pueden encontrar, según la escuela histórica, en los propósitos dictados por la conciencia popular expresada por el legislador. Según la tesis de Rousseau, su razón descansa al constituirse en expresión de la voluntad general. En cualquier caso, la racionalidad de la ley está marcada por su fin práctico, que busca alcanzar un cierto orden que la vida social exige.

Independientemente de la creencia de racionalidad que el intérprete estime como cierta en su fuero interno, la primera regla de la interpretación de Gény (1925) se concreta en una cuestión ética. Sin importar las convicciones personales de quien sea intérprete, la práctica y los resultados de su interpretación deben someterse a la “autocracia de la voluntad general” (p. 67). Así, la interpretación debe excluir a priori todo juicio personal que perjudique el cumplimiento de la ley. Por ello cita a Fenet (1836) quien observa que “le premier effet de la loi est de terminer tous les raisonnemens, et de fixer toutes les incertitudes sur les points qu’elle réglé” (p. 67).

La interpretación del texto de la ley no es ocasión para reabrir el debate de las posibles soluciones sociales que pudo considerar el legislador. Para Gény la ley no es una fuente de Derecho a subestimarse. Siguiendo a Fenet (1836), la ley es el fin a todos los razonamientos previos a la solución que la sociedad reconoce legítima y que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, nos impele a cumplirla de modo irresistible y esto incluye a la práctica como a los efectos de la interpretación.

Gény (1925) considera que “las leyes naturales del espíritu humano exigen suponer en toda volición reflexiva la serie de deducciones racionales que permite el acto psicológico” (p. 275) que luego explican el contenido de la ley. No obstante, cualquier interpretación debe atenerse al texto en función de la voluntad del legislador. La interpretación como fenómeno intelectual, comprende en primer lugar encontrar en el texto de la ley el contenido entero de la voluntad del legislador. Por ello la interpretación debe seguir “el alcance que ha dado a la fórmula legal, y no debe dudarse en incluir en una disposición cuanto esta lleva consigo” (p. 274). En segundo lugar, está en identificar cuándo el intérprete hace las veces de “intermediario obligado entre la fórmula legal y la vida jurídica” (p. 246)³, lo que significa que tiene competencia y sus interpretaciones son soluciones jurídicas vinculantes.

Especial consideración merecieron las concepciones jurídicas del legislador plasmadas en la letra de la ley o sobreentendida en esta. Según Gény (1925) “las concepciones formuladas en su texto legal, deben siempre entenderse como relacionadas en todo lo posible a reglas positivas y desarrollarse con gran moderación en cuanto a las consecuencias que se deduzcan” (pp. 271-272). En otras palabras, su aplicación no debe traspasar el evidente alcance que ha querido al incluirlas en la ley el legislador y en tanto normas jurídicas, dichas concepciones son tan obligatorias como las demás.

En un ordenamiento jurídico pueden coexistir normas que responden no sólo a ideologías políticas diversas, modos de producción diferentes sino también a una organización social distinta. El autor nos recuerda la experiencia de la Convención Nacional en Francia de 1792, indicando que “las prerrogativas de la soberanía nacional no exigen más que una cosa, la libertad de modificar la legislación anterior” (Gény, 1925, p. 261). Esta observación la podemos constatar en la técnica de redacción constitucional en el presente, como se lee en la Constitución ecuatoriana de 2008: “Disposición derogatoria. Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número uno del día once de agosto de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución”.

Por esta diversidad de contenidos que presentan las normas jurídicas, los cambios en la sociedad y la dinámica política siempre cambiante en el juego democrático, incide en que Gény (1925) se proponga averiguar “en qué momento debe colocarse el intérprete cuando pretende descubrir el pensamiento de la ley y las reglas que de ella se desprenden” (p. 260). En su respuesta solo hay dos posibilidades, o bien escogemos el tiempo de aplicación de la ley, o bien escogemos el tiempo en que se dictó la ley.

Si se prefiere interpretar la ley según la época de su aplicación, conllevaría a desconocer derechos adquiridos y se corre el riego de socapar, vía interpretación, el contenido de la ley a efectos de sustituir la voluntad de los interesados por extrañas consideraciones de un interés social superior al individuo o lo que en términos prosaicos actualmente entenderíamos refiere a las urgencias de la coyuntura política.

A efectos de interpretar adecuadamente la ley, nos atenemos a su fecha de expedición. Esto es, la interpretación “debe depender del momento de su origen, en todas sus partes” (Gény, 1925, p. 263), de tal modo que la judicatura solo debería considerar para fines interpretativos, al tiempo de su aplicación, los conceptos mudables y fugaces que tenga la ley como por ejemplo aquellos sometidos a un margen de apreciación tales como orden público. Al fijar el momento en que se dictó la ley, es factible estereotipar el carácter de ese momento con el propósito de lograr cierta permanencia en la interpretación que dependerá de alcanzar un “punto de observación estable” (Gény, 1925, p. 264).

IV. Reglas básicas de interpretación

Como una premonición del presente en que los métodos de interpretación se reproducen cuan amplio es el abanico político, un ejemplo de ello lo encontramos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en el artículo 3.8, luego de una lista de métodos y reglas de interpretación, dispone: “Otros métodos de interpretación.- La interpretación de las normas jurídicas, cuando fuere necesario, se realizará atendiendo los principios generales del Derecho y la equidad, así como los principios de unidad, concordancia práctica, eficacia integradora, fuerza normativa y adaptación”. Gény (1925) advertía con absoluto acierto que escoger el modo de interpretación de la ley determina los resultados de su aplicación y que los modos usados en la interpretación tienen distintos grados de autoridad. Por ello pensaba que ante un juez las interpretaciones alcanzadas vía analogía “gozan de un poder menor y distan mucho imponerse con la misma energía” (p. 307).

El autor reconoce dos sets de criterios para la interpretación de los textos legales, un grupo basado en brocardos latinos que expresan las relaciones lógicas que deberán observar la aplicación de los enunciados normativos al momento de su interpretación y un segundo grupo de reglas que apelan a los elementos extrínsecos de la letra de la ley que pretendía recoger en su método de la libre investigación científica.

Es posible que estas reglas interpretativas respondan a los dos modos como reconocía a la ley, entendida como objeto de interpretación, según lo hacía un sector de la doctrina de su tiempo, concibiéndola como un producto social “absolutamente desprendida de la voluntad subjetiva del legislador” (Gény, 1925, p. 306); o reconociéndola como el resultado de un acto de voluntad reflexiva de la legislatura, razón por la cual solo llegamos a la comprensión cabal del texto de la ley considerando las razones de las voluntades que le dieron contenido.

La principal limitación de la ley es su contenido abstracto. Esta, frente a la dinámica de la realidad social, “jamás englobará todos los casos posibles” (Gény, 1925, p. 115)⁴. Para este autor se trata de ocultar la insuficiencia de la ley cuando las nomas procedimentales exigen que las demandas, peticiones y recursos se funden en una ley o cuando se trata de controlar quién puede interpretar la ley con efectos vinculantes u obligatorios. Experiencias históricas como la interpretación legislativa-permanente en el tiempo de Justiniano-resultaron insuficientes⁵.

Las lagunas técnicas, tales como las antinomias o inconsistencias en la norma positiva provocadas por el legislador, liberan al intérprete de encontrar en el texto de la ley el parámetro de validez del resultado de su interpretación. Para Gény (1925) no se puede pretender que se respete y aplique una ley cuyo texto no es claro o es inconsistente, en este caso “la interpretación recobra su libertad” (p. 117). Conforme al principio legem potuit apertius dicere-que algunos autores lo refieren como contra eum qui legem dicere potuit apertius est interpretatio facienda-, en caso de duda toda interpretación debe ir en contra de quien debió haber hablado con claridad⁶. Este brocardo lo encontramos como norma positiva en el Código Civil ecuatoriano (2005), en el artículo 1.582:

«No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella».

Pero esta máxima se plantea como una solución interpretativa que no busca el sentido de la voluntad de las partes, sino el sentido de sus actos en orden a los principios llevados a normas positivas. En consecuencia, el dato racional se encuentra en otro grado de la relación jurídica. Para ello debemos apelar al conjunto del régimen legal. No perdamos de vista los contenidos expresados en normas positivas, tal como ya lo indicará el propio Gény, es el texto de la ley o del ordenamiento jurídico donde encontraremos las claves de las soluciones, incluso en estos casos.

De esta manera la solución del legislador observa el principio de autonomía de la voluntad, resultando que por vía interpretativa no se agraven las restricciones a las que voluntariamente se hubiere sometido el deudor y, por otra parte, en los casos que el deudor hubiere propuesto la redacción dudosa, se entenderán sus términos en sentido favorable a la otra parte para evitar que el deudor se beneficie de su propia culpa o dolo. De este modo, el aforismo “no implica necesariamente una búsqueda del sentido auténtico del contrato, de la voluntad de las partes, sino más bien, una solución para problemas de cláusulas de imposible inteligencia o de muy dudoso valor” (Larrea y Merino, 2004, p. 271).

Siguiendo a Aristóteles, para Gény (1925) la equidad opera como fuente subsidiaria del Derecho positivo, en tanto la ley implica la supremacía de principios ideales y autónomos. Nuestro autor reconoce que estos principios superiores son extrínsecos a la ley, sin tener con su letra “ninguna relación directa y demostrable” (p. 40), y reconociendo que estos principios superiores no resultan de la voluntad del legislador o del pueblo, sino de esas relaciones necesarias emanadas de la naturaleza de las cosas como indica, citando a Montesquieu (2002):

«Las leyes, en su significación más extendida, son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas; y en este sentido, todos los seres tienen sus leyes […]. Hay, por tanto, una razón originaria, y las leyes son las relaciones que se encuentran entre ella y los distintos seres, y las relaciones de estos seres distintos entre sí» (p. 87).

Gény (1925) pensaba que el proceso de interpretación debe alcanzar un punto de observación estable, a efectos de que refleje “con la mayor exactitud posible las relaciones de hecho que ha querido el legislador organizar jurídicamente, con todas las circunstancias que, determinándolas, ponen de relieve las exigencias morales, políticas, sociales, económicas y aún técnicas que el precepto debe dar satisfacción” (pp. 278-279), una vez organizadas las relaciones de hecho según sus principios y tomando en cuenta el fin de la ley buscado por el legislador, se podrá inferir la razón de la ley o ratio legis.

Para Gény (1925) alcanzar el punto de observación estable implica fijar los datos del medio social y jurídico en que la ley se promulgó, alinderados por los precedentes históricos, la influencia de legislaciones extranjeras y los trabajos preliminares de la ley (p. 279). En definitiva, el contexto ideológico por el cual nos aproximamos a los principios y conceptos no tanto por su valor intrínseco sino para indagar la medida en que “hayan podido ejercer influjo sobre el pensamiento subjetivo que ha elaborado la ley” (Gény, 1925, p. 282), de tal modo que podamos establecer el motivo preciso de la ley u ocassio legis según las ideas reinantes en la mente de sus autores.

V. Los criterios brocárdicos

Gény no acude directamente a las normas de interpretación previstas en el Código Civil de Francia-al menos en el capítulo materia de este trabajo. En lo que entiende como el proceso de interpretación lógica del Derecho parece preferir los criterios brocárdicos, que a continuación indicaremos, como un medio en la reconstrucción del sentido entre la estructura lógica de la ley y su razón, para acceder a una interpretación congruente con la voluntad que la expidió, planteamiento que por las indefiniciones a las que recurre ha merecido críticas, como podemos observar:

«Gény-autor proclive a la vaguedad terminológica y a la confusión conceptual-denominara “interpretación lógica”, a saber, la búsqueda, más allá de las palabras de la ley, de un misterioso “pensamiento de la ley” localizado en el espíritu de su autor, el legislador. Esto, claro está, nada tiene que ver con lógica alguna» (Vernengo, 1994, p. 115).

VI. El método de la libre investigación científica

Según Gény, el método de la libre investigación científica tiene su punto de encuentro con el método savigniano que frente a las lagunas acude a la analogía, pero se opone al método exegético ya que este carece de un método científico y no se ocupa de analizar las necesidades de la sociedad. Como representante de la escuela francesa de Derecho social, su método se caracteriza por una interpretación jurídica que acude a otras fuentes de Derecho y a otras ciencias o disciplinas para arribar a sus conclusiones, pero en el marco de su eclecticismo metodológico reconocía que la finalidad de la interpretación es descubrir el pensamiento del legislador para que se revelen las circunstancias dominantes de la época en la que se formuló y no sólo considerar las circunstancias del tiempo de aplicación de la ley, aunque reconozca que “el Derecho debe satisfacer las necesidades de la vida jurídica actual” (Gény, 1925, p. 259).

Gény (1925) consideró dos tendencias en la interpretación de la ley. Una la interpretación lógica en la que se incluye la gramatical y otra en que la ley aparece como “una entidad independiente, evolucionando con el medio social, y explicable según las transformaciones de este medio” (p. 284). Esta última tendencia nos orilla a considerar los medios extrínsecos a la letra de la ley, los cuales deben propender a descubrir la voluntad del legislador, bien porque falte, bien porque sea deficiente para imponerse, casos en los que la solución habrá de buscarse en otra fuente formal del Derecho u obtenerla con la libre investigación científica.

Otra creencia de Gény (1925) era considerar pueril oponer “la interpretación gramatical a la interpretación lógica” (p. 267). Según él se complementan, ambas se requieren para entender el desenvolvimiento de la voluntad del legislador. No obstante, señala que la dicotomía entre letra y espíritu no es inocente y que “el descubrimiento de la intención ha de predominar necesariamente, pero la letra interviene como manifestación auténtica y solmene del espíritu, inseparable de este, y cuyo objeto es ponerlo de manifiesto” (pp. 267-268).

Lo anterior es una clara influencia de la tradición romana en Gény, considerando que en la Ley de las XII Tablas (450 y 451 a.C.), se dispone: cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto (Tabla VI). En virtud de esta, cuando alguien hace un nexum o una mancipatio, como lo pronuncia solemnemente, será su ley, evidencia de una tradición jurídica respecto al uso de las palabras que se mantiene hasta nuestros días, por la cual el alcance de la ley y del contrato dependerá del contenido y medida de las palabras utilizadas en estos instrumentos.

En efecto, para Gény (1925) las condiciones sociales actuales solo merecen aplicarse como elementos interpretativos “en la medida en que ayudan a descubrir la voluntad soberana que constituye exclusivamente su esencia” (p. 292). Si bien reconocía el valor que pueden aportar en la interpretación los trabajos preliminares o preparatorios de la ley manifestados en documentos oficiales, no dejaba de reconocer que son difíciles de interpretar y los acogía como “ilustraciones autorizadas del texto” (p. 286) a condición de que no contradigan la ley.

Gény veía más fructífera la distinción que puede hacerse entre el texto y los elementos ajenos a este en el proceso intelectual de la interpretación. Dicha ajenidad corresponde a los elementos que ayudarían a explicar la voluntad del legislador que los encontramos, entre otros, en los ideales, valores o principios, así como en fenómenos de orden psicológico y social. Pero también alerta que recurrir a estos bien puede provocar una transformación del sentido de la ley querido por el legislador, cuando la interpretación debe buscar acaso la reafirmación o suplir del texto oficial y no su negación, debiendo para ello el intérprete considerar como límites, los impuestos por las palabras y los fines declarados de la ley.

El contenido del texto legal, como proposición lógica subordinada al cumplimiento de ciertos hechos, para que produzca una consecuencia, constituye a la ley en la premisa mayor de un silogismo que la judicatura completará con el caso que se le someta a su conocimiento y competencia. Pero es un silogismo que hace sentido en tanto quien administre justicia crea en dos supuestos: el primero la omnipotencia legislativa, según la cual las normas positivas son suficientes para ofrecer soluciones que resuelven todos los hechos de la vida en sociedad. El segundo es la racionalidad de la ley, por la cual esta no es un producto inmediato del entorno social. Aceptarlo implica confundirla con el Derecho consuetudinario, cuando lo que distingue la ley es la actividad reflexiva del legislador.

No obstante, sin dejar de reconocer la tensión entre la discreción judicial y el texto de la ley, Gény (1925) advertía que sería irracional propugnar en sede judicial un sistema de interpretación que usa el texto de la ley para justificar otra cosa, distinta a lo que en ella se quiso estatuir. La ley es un producto social, eso no lo negaba, pero además de ser un producto de la sociedad que la crea y a la cual regirá, reconocía que el legislador juega un papel activo en el proceso de construcción de su racionalidad de modo que interpretar la ley prescindiendo de su pensamiento y su voluntad, conllevaría a suprimir “la precisión y la estabilidad, que constituyen el mérito principal, al mismo tiempo que la ventaja más notable de la ley escrita” (p. 255).

Interpretar la ley sin considerar la voluntad subjetiva del legislador convierte a la ley en “una especie de saco vacío, que cada cual puede llenar a su antojo” (ibíd.). Esta era una tendencia que el propio Gény (1925) combatirá, pues sostenía que al sacrificar la voluntad del legislador que dictó la ley en cualquier proceso intelectual de interpretación desconocería en la ley “su esencia y razón de ser” (ibíd.):

«Esta es la mayor laguna de la escuela histórica, el descuidar, bajo el influjo sectario y de una especie de determinismo exclusivo, la parte incontestable que toma la actividad consciente y reflexiva del hombre, en la formación del derecho. Esta actividad prepondera exclusivamente en la ley escrita; ésta no es otra cosa, en su esencia, que la expresión de la voluntad inteligente; y es opuesto a su naturaleza el interpretarla de otro modo que como un acto de voluntad» (pp. 255-256).