II. Concepto y características

Según el art. 79 del Código de la Niñez y Adolescencia, el acogimiento familiar es una medida de protección del menor en los casos de vulneración de derechos. Podemos definirlo como «una figura jurídica por la que se integra a un menor en una familia que no es la constituida por sus padres biológicos o tutor, sin crear vínculos de parentesco con ella» (Defensor del Pueblo Andaluz, 2001, p. 22). Además el Código Civil español señala que «el acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral» (art. 173.1). Para ^{Fernández (1997}, p. 247), desde el punto de vista netamente jurídico podemos hablar que el acogimiento es un negocio jurídico de derecho familiar que es suscrito entre la entidad pública y los acogedores bajo la observación del juez, en nuestro país esta observación va más allá pues esta medida únicamente será posible por decisión de la autoridad judicial, conforme se analizará más adelante.

En el Ecuador el art. 220 del Código de la Niñez y Adolescencia define la institución como «una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar, una familia idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones». Las personas sujetas a acogimiento son aquellas que son menores de edad (aquellos que aún no han cumplido 18 años).

Así, con la medida en estudio, el menor, sin dejar de ser jurídicamente miembro de su familia, es recibido en otra en la que se integra como un miembro más (^{Martín, 2005}, p. 109). Precisamos que esta medida no constituye un estado civil para nadie, aunque las obligaciones familiares del acogedor aumentarán indudablemente (^{García Cantero, 1992}, p. 307).

La pobreza de la familia biológica del menor no es suficiente causa para resolver un acogimiento de éste (cfr. art. 221 del Código), sino que debería considerarse como una señal de brindar apoyo necesario.

El acogimiento familiar, al provocar la separación del niño de su familia biológica, debe ser una medida de ultima ratio, la cual, en lo posible debe ser temporal y por el tiempo mínimo compatible con su bienestar. Las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de las Naciones Unidas recomiendan que la decisión de separar al menor de su familia biológica debe revisarse periódicamente, siempre bajo el lente del interés superior del menor. El Estado tiene un papel importante en la medida estudiada, pues con base en el interés superior del menor, regulará, controlará y acompañará todo el proceso.

El acogimiento familiar presenta las siguientes características:

(i) La provisionalidad. El acogimiento familiar subsiste mientras exista la situación que le dio origen y no crea un vínculo jurídico familiar entre la familia acogedora y el menor acogido; esto a pesar de aquellos acogimientos que han sido concebidos como provisionales y perduran hasta que la persona sujeta a acogimiento es mayor de edad o se ha emancipado (^{Moreno-Torres, 2003}, p. 47).

(ii) La temporalidad o transitoriedad es una de las características más importantes, porque el menor sale de su familia y entra en otra hasta que se solucionen los problemas que impiden que sus padres puedan ejercer correctamente la patria potestad (^{Lucas, 2010}, p. 2). El acogimiento finalizará por las causas establecidas en el art. 229 del Código ecuatoriano, que a saber son: a) la reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica; b) la adopción del niño, niña o adolescente; c) la emancipación legal del acogido, por matrimonio o por haber cumplido 18 años (cfr. Código Civil, art. 328); y, d) resolución de la autoridad que dispuso la medida.

Además de ello, como bien lo menciona ^{Martín (2005}, p. 121) el acogimiento puede terminar: a) por muerte o declaración de fallecimiento del menor acogido; o b) por muerte o incapacitación del acogedor. Si se trata de un matrimonio o pareja de hecho acogedora, este subsiste lógicamente respecto del supérstite o el conviviente capaz. En caso de que ocurra este hecho, el cese del acogimiento familiar podrá generar uno nuevo.

Si bien es cierto la temporalidad es un elemento primordial de la medida estudiada, esta no se encuentra escrita sobre piedra. Esta puede flexibilizarse en atención al interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo, incluida la reinserción del menor en su familia biológica. Los mencionados principios no siempre son concordantes, como bien nos muestra la Sentencia 565/2009 de 31 de julio, emitida por la Sala Civil del Tribunal Supremo de España³, que señala que las medidas sobre el menor son aquellas que más favorezcan su desarrollo físico, intelectual y social, las que además tiendan al retorno a la familia natural; esto no será aceptable cuando no sea compatible con el favor minoris o interés del menor como principio superior⁴. En vista a esta situación, ^{Díez García (2003}, p. 167) manifiesta la dificultad de que el menor retorne a su familia de origen pues, en base al principio de interés superior del menor, se aconsejará mantener al menor con la familia de acogida, lo que a toda vista es una falla de esta medida. Aun así, el acogimiento es temporal: es deseable que se dé por un periodo breve, es por ello que es recomendable que a la par de que se decida esta medida, se inicie un trabajo con su familia natural (Alkiza, Pérez & Urmenta, 1997, p.136).

(iii) La prescindibilidad se da porque no es necesaria la constitución del acogimiento familiar para la protección del menor. A la vista de la dificultad de retorno del menor a su familia de origen, la prescindibilidad del uso de esta medida ha de tenerla muy presente la autoridad judicial, pues deberán intentarse otras soluciones que permitan resolver el riesgo y el desamparo que sufre el menor sin que sea necesaria la separación de su familia natural.

Como señala ^{Martín (2005}, p. 111), si bien es cierto que el acogimiento familiar se asemeja a la patria potestad y la tutela, difiere de éstas en que en el acogimiento a la familia de acogida se le atribuye una misión similar a la de los padres en el aspecto personal (esta es la guarda); es decir, va más allá del ámbito patrimonial y de todo lo concerniente a la administración de los bienes del menor. Se entiende que los padres hacen una delegación del ejercicio de algunas de las funciones de carácter personalísimo que integran la patria potestad y que a partir de la constitución del acogimiento pasan a ser desempeñadas por el acogedor (^{Cárcaba, 2000}, p. 1490). Si los padres siguen ostentando la patria potestad, tienen derecho a visitar y relacionarse con sus hijos (^{López, Delgado, Carvalho & del Valle, 2014}, p. 278).

El orden de prelación que se sigue en el acogimiento familiar, según quien acogerá al menor, es: en primer lugar, la familia a la cual ambos progenitores, o el padre o la madre -según quien ejerza la patria potestad- haya entregado al niño, niña o adolescente para su cuidado y crianza. En segundo lugar, una familia que garantice la protección y desarrollo integral del niño, niña o adolescente, preferentemente de su etnia, pueblo o cultura (cfr. Código de la Niñez y Adolescencia, art. 225).

Por otro lado, es importante señalar que las personas que hayan tenido a un menor en acogimiento familiar, tendrán opción prioritaria para su adopción, siempre que cumplan con los requisitos legales.

En cuanto a los actores intervinientes en el acogimiento familiar se tiene: a) el menor (niño, niña o adolescente) que necesita ser acogido por una familia; b) la familia de acogida que recibe al menor, la cual debe cumplir los requisitos de idoneidad para ser considerada como tal; y, c) la familia biológica que por distintos motivos, no se encuentra apta para dar los cuidados necesarios al menor.

III. Finalidad

El acogimiento familiar tiene principalmente estas finalidades: apoyar los esfuerzos encaminados «a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre a ella o, en su defecto, a encontrar otra solución apropiada y permanente, incluidas la adopción y la kafala⁵ del derecho islámico» y velar por que, mientras se buscan soluciones permanentes, o cuando estas resulten inviables o contrarias al interés superior del niño, «se determinen y adopten, en condiciones que promuevan el desarrollo integral y armonioso del niño, las modalidades más idóneas de acogimiento alternativo» (Asamblea de las Naciones Unidas, 2010).

Así la familia de acogida deberá velar por el menor, procurándole un desarrollo físico y psicológico acorde a sus necesidades. Estas obligaciones son de carácter personal, pues la representación del menor, así como la administración y disposición de sus bienes siguen correspondiendo a los padres que no hayan sido privados de la patria potestad o, en su defecto, al tutor que se haya designado (Martín, 2005, p. 111).

En principio las obligaciones de guarda del menor pudieran ser comparables a las que genera la patria potestad, aunque en realidad difieren, pues el acogimiento busca darle al menor una vida familiar, sin que se traspasen a los acogedores los mismos derechos y obligaciones propias de la medida comparada (^{Beluche, 2017}, p. 144). De hecho, los acogedores carecen de ciertas prerrogativas que la ley atribuye a los padres, que incluso pueden mantener los padres si no han sido privados de la patria potestad (^{Ruiz-Rico, 1988}, p. 62).

Si bien es cierto el acogimiento familiar es entendido como la respuesta al desamparo del menor, a todas luces es insuficiente como medida de protección del menor, por lo que ésta no deberá ser contemplada como la única opción para una familia en crisis. De ser necesario, al acogimiento familiar deberán acompañar otras medidas, como la ayuda para que la situación emergente de la familia natural sea superada en la brevedad posible con el fin de que el menor se reintegre a ella (^{Gonzalez, 1993}, p. 90).

IV. El menor sujeto de acogimiento

Como ya se ha señalado, el menor es cualquier niño, niña o adolescente de hasta 17 años que no ha sido emancipado y el cual es necesario que sea acogido por una familia. Se trata de un menor que está en situación de desamparo. No hay una definición legal ni jurisprudencial en el Ecuador para definir esta situación como en otros países. Así, por ejemplo, el Código Civil español define esta situación como la que «se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material» (art. 172). Además el Tribunal Supremo de España ha señalado que se debe considerar a más de las circunstancias existentes en el momento de declarar el acogimiento, las posteriores, a fin de que se tome una decisión más ecuánime y conforme a derecho, teniendo en cuenta la trascendencia en este tipo de procesos y el interés superior del menor (cfr. sentencia 565/2009 de 31 de julio; ^{Benavente, 2009}, p. 16).

Es decir, los sujetos de acogimiento son menores que por algún motivo es el Estado quien se hace cargo: ya porque son abandonados, ya porque sus padres no quieren o pueden hacerse cargo de su crianza, ya por problemas graves de adicción a las drogas o al alcohol (^{Lucas, 2010}, p. 1).

Ha de precisarse que el acogimiento no abarca a menores privados de libertad por decisión judicial competente, como resultado de habérseles imputado un acto punible, o de haber sido acusados o reconocidos culpables de haberlo cometido, de acuerdo a la Constitución, tratados internacionales y demás normativa interna aplicable. Tampoco aplica a otros casos.

«El acogimiento por los padres adoptivos desde el momento en que el niño haya sido puesto efectivamente bajo su custodia en cumplimiento de una resolución judicial definitiva de adopción, pues a partir de ese momento, para efectos de acogimiento, se considera que el niño se encuentra bajo la guarda de sus padres. Sin perjuicio de lo anterior, sí se habla de un acogimiento preadoptivo o de prueba de un niño por sus eventuales padres adoptivos, conforme la normativa nacional e internacional». «Las modalidades informales por las cuales un niño permanece voluntariamente con parientes o amigos a efectos recreativos y por motivos no relacionados con la incapacidad o falta de voluntad general de los padres para cumplir los deberes que les incumben en relación con la guarda de su hijo» (Naciones Unidas, 2010).

V. Modalidades

El Código ecuatoriano no establece ninguna clasificación o tipología de acogimiento. Aquí analizaremos algunas clases, las más relevantes.

El acogimiento puede ser temporal o permanente. En el primer caso hablamos de un acogimiento de corta duración y con el fin de que el menor retorne a su familia una vez superada la causa que originó su salida en primer lugar. Al contrario, en el acogimiento permanente, nos referimos a casos de larga duración y sin posibilidad de retorno. Este tipo no está contemplado en el Ecuador, a pesar de que pueden ocurrir casos en que el menor finalmente acabe por no regresar a su hogar familiar, aun extinguiéndose el acogimiento, por haber cumplido la mayoría de edad o haberse emancipado. Además, se tiene el acogimiento preadoptivo⁶, el cual se da previo a una adopción, que como fue señalado anteriormente, cumple su objetivo en que el menor retorne a su familia; en esta modalidad no hay que confundir los requisitos propios del Acogimiento Familiar y otros serán los de la adopción.

Por la forma en que es otorgado o en que se constituye puede tratarse de un acogimiento administrativo o judicial. En nuestro país únicamente tenemos el acogimiento judicial, pues, tanto en el acogimiento familiar (cfr. Código de la Niñez y Adolescencia, arts. 220 y ss.) como el institucional (arts. 232 y ss.), es el juez quien dispone el acogimiento.

Además, tenemos al acogimiento profesionalizado, donde hablamos de familias de acogida que se dedican totalmente a esta actividad a cambio de percibir una remuneración. Esta modalidad ha sido concebida para disponer a acogedores en casos de niños y adolescentes que necesitan un especial cuidado (^{Del Valle, Bravo & López, 2009}, p. 35). Se procura que las personas acogedoras se encuentran debidamente cualificadas, con experiencia y formación necesaria para realizar el cuidado de menores con necesidades o circunstancias especiales; se crea además una relación laboral entre el Estado y los acogedores (López, 2016, p. 82). A pesar de la posible remuneración, el acogimiento es netamente extrapatrimonial (^{García Cantero, 1992}, p. 314). En nuestro país, el acogimiento profesionalizado se encuentra limitado por el art. 230 del Código que prohíbe la obtención de lucro como consecuencia del acogimiento familiar.

Es necesario también mencionar el acogimiento familiar de urgencia que se introdujo en España con la reforma realizada con la Ley 26/2015, de 28 de julio⁷. Esta modalidad de acogimiento es una medida principalmente aplicable a menores de hasta seis años, de manera inmediata y cuya duración será la que tome realizar un estudio sobre la situación del menor para tomar la medida de protección familiar más adecuada, que no será menor a seis, ni mayor a nueve meses. Será siempre remunerado (^{López, 2016}, p. 81).

Las Naciones Unidas menciona otro par de modalidades de acogimiento familiar. La primera clasificación atiende a la formalidad: el acogimiento formal e informal. El primero es todo acogimiento «en un entorno familiar que haya sido ordenado por la autoridad judicial o un órgano administrativo competente y todo acogimiento en un entorno residencial, incluidos los centros de acogida privados, resultante o no de medidas judiciales o administrativas» (Naciones Unidas, 2010). Como dijimos, en nuestro país únicamente se da por decisión judicial, mas no administrativa. El acogimiento informal se entiende como:

«Toda solución privada adoptada en un entorno familiar, en virtud de la cual el cuidado del niño es asumido con carácter permanente o indefinido por parientes o allegados (acogimiento informal por familiares) o por otras personas a título particular, por iniciativa del niño, de cualquiera de sus padres o de otra persona sin que esa solución haya sido ordenada por un órgano judicial o administrativo» (ibid.).

La segunda clasificación se hace atendiendo a quién la ejerza. Aquí tenemos el acogimiento por familiares, o también denominado de familia extensa y el acogimiento de familia ajena. El acogimiento por familia extensa es aquel realizado en el ámbito de la familia del niño, de carácter formal o informal; mientras que el acogimiento en familia ajena, en donde la autoridad competente confía el niño a efectos de acogimiento alternativo al entorno doméstico de una familia distinta de su propia familia, la misma que ha seguido el proceso para poder ejercer el acogimiento desde su selección, declaratoria de idoneidad, su aprobación y finalmente su supervisión.

VI. El Acogimiento familiar de familia extensa o ampliada

La Norma técnica de apoyo familiar, custodia familiar y acogimiento familiar (2019, p. 18) define el acogimiento de familia ampliada como «la convivencia e integración de una niña, niño o adolescente en su familia ampliada hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuando no gocen de un medio familiar nuclear por encontrarse ambos padres imposibilitados para el cuidado». El grado de parentesco difiere según el país o la región. En España, el régimen jurídico del acogimiento cambia de una comunidad autónoma a otra, en función de su normativa sobre los derechos sociales y de su derecho civil. Por ejemplo, el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre de la Junta de Andalucía del Acogimiento Familiar y la Adopción (BOJA 135, de 19/11/2002) entiende por familia extensa «aquella en la que existe un parentesco por consanguinidad o afinidad hasta de tercer grado, entre el menor y los solicitantes del acogimiento». Sin embargo, en Cataluña, según el artículo 54.2 del Reglamento de protección de menores desamparados y de la adopción no se atiende al grado de parentesco, sino que únicamente menciona que el acogimiento en familia extensa se da cuando entre la familia acogiente y el menor existe una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad⁸. Tienen un tratamiento similar a Cataluña, otras Comunidades Autónomas como Canarias y La Rioja.

Aunque el Código de menores ecuatoriano no habla expresamente del acogimiento familiar en familia extensa, de cierta manera el orden de prelación constante en el artículo 225 la favorece. Este orden de prelación se da en primer lugar a aquella familia a quienes los padres hayan confiado el cuidado y crianza, y luego una familia que garantice la protección y desarrollo integral del menor, preferentemente de su etnia, pueblo o cultura. Es deseable que se dé este tipo de acogimiento pues, permite 8que los niños y adolescentes acogidos puedan mantener sus raíces personales, evitando, en lo posible, que se alejen de su entorno familiar y social, para conservar, de esta manera, sus amistades. Todo esto facilita, considerablemente, la identidad cultural y étnica, refuerza las relaciones entre la fratría así como el establecimiento de lazos afectivos con los miembros de la familia extensa acogedora» (Balsells, Peláez-Nuria, Mateo, Mateos & Violant, 2010, p. 135).

Así, el acogimiento familiar de familia extensa se apoya en relaciones sociales ya existentes, facilitando un vínculo entre los padres biológicos y la familia acogedora, lo que genera un reducido impacto en el menor. De esta forma, el menor sujeto de acogimiento tendrá una menor afectación a su seguridad y su estigmatización social será reducida (Balsells et al., 2010, p. 135), permitiendo además que se mantengan, en lo posible, las relaciones afectivas del niño o adolescente (^{Gonzalez, 1993}, p. 76).

Las ventajas que ofrece el acogimiento familiar en familia extensa han favorecido el aumento de la difusión de esta forma de acogimiento familiar (^{Balsells et al., 2010}, p. 138).

VII. Condiciones

De acuerdo con lo hasta ahora señalado y según la normativa nacional, el acogimiento familiar se caracteriza por ser una medida temporal de protección al menor, dispuesta por la autoridad judicial, con la finalidad de reinsertar a un menor en un medio adecuado, en donde se preste un ambiente idóneo para su desarrollo y progreso. Por ello, el Estado ha previsto ciertas condiciones para dictar esta medida. Entre ellas podemos citar:

(i) La calificación de un hogar idóneo para este propósito, lo que deberá hacerlo la autoridad. La selección de la familia acogedora será muy importante para el desarrollo del menor acogido, es por ello que resulta necesario conocer su motivación y si esta es concordante con los intereses del menor (Alkiza, Pérez & Urmenta, 1997, p. 137).

(ii) La vivienda donde se realice este acogimiento familiar debe tener una ubicación que garantice la interacción del menor con todos los servicios que la comunidad brinda.

(iii) Se debe garantizar la seguridad y estabilidad emocional y afectiva del menor. Se ha de procurar que el menor se desarrolle en un contexto de familia, que generen relaciones personalizadas con el acogido, de forma que este trato coadyuve a la construcción de su identidad y su desarrollo personal.

En caso de que la familia del menor no pueda cubrir sus gastos, el Estado cubrirá su manutención, brindando una contribución económica, siendo ésta fijada semestralmente por el Juez de la Niñez y Adolescencia.

El registro de familias de acogida dentro de una entidad de atención autorizada faculta para que se pueda realizar el acogimiento familiar. Para acceder a dicho registro, la familia previamente debe realizar un programa de formación para las personas o familias acogedoras. Estas familias además reciben por parte del Estado, regulación, capacitación, asesoramiento, acompañamiento y control.

La familia extensa, entendida como los miembros de la familia del niño, niña y adolescente dentro del tercer grado de consanguinidad en línea recta o colateral, deberán: a) cooperar en las decisiones que afecten al niño, niña o adolescente acogido; b) participar en la determinación de los aspectos generales en los que la familia del niño, niña o adolescente se propone cambiar para mejorar las relaciones al interior de la familia, y contribuir para su cumplimiento; c) participar en la determinación y ejecución de los aspectos educativos, emocionales, físicos, psicológicos y afectivos que deben impulsarse para el crecimiento y desarrollo integral del niño, niña o adolescente y apoyar su cumplimiento; d) contribuir económicamente, según sus posibilidades, a la manutención del niño, niña o adolescente sujeto de acogimiento; y, e) mantener las referencias, vínculos, visitas y atenciones con relación a su hijo, hija o familiar acogido (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 227).

Según ^{Simon (2009}, p. 591), en la práctica no existen familias que estén registradas en una entidad de atención autorizada para realizar esta clase de programas. Por ello, en las Unidades Judiciales de familia de todo el país los trámites de acogimiento familiar son muy escasos.

Por otro lado, de conformidad con las directrices de las Naciones Unidas, el acogimiento familiar de los niños de temprana edad -en especial aquellos menores de 3 años- ha de procurarse que se dé en un ámbito familiar, es decir, en la familia extensa, entre otras razones porque, en tan corta edad, los vínculos que se crean con la familia acogedora son tan fuertes que podría complicarse enormemente un retorno a la familia natural con la que aquélla careciese de vínculos (Alkiza, Pérez & Urmenta, 1997, p. 138). Destacamos que se han previsto excepciones a este principio para evitar la separación de los hermanos y en los casos en que el acogimiento sea urgente por un tiempo predefinido y muy limitado, al finalizar del cual esté prevista la reintegración en la familia biológica u otra solución apropiada a largo plazo (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010).

VIII. Derechos y responsabilidades del menor acogido

El acogimiento familiar reafirma y no es disonante con el papel fundamental que tiene la familia tanto para la sociedad como para el menor, ya que esta es el medio natural para el desarrollo integral de los niños. Debido a ello es deseable y todos los esfuerzos deben ser tendientes a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la guarda de su familia biológica. Es así que éste es el derecho principal del niño como la obligación principal del Estado.

Es necesario recordar que los sujetos de acogimiento son niños total o parcialmente faltos del cuidado parental por lo que se encuentran en una situación de riesgo de verse privados de la crianza en un entorno adecuado que promueva todo su potencial; por tanto, obviamente, el primer derecho del menor acogido será el de disfrutar de ese ambiente adecuado para su crianza. Además, existen otros derechos que tienen una importancia primordial en los niños, niñas y adolescentes como la educación, salud y la protección de los derechos patrimoniales y de sucesión.

A los anteriores derechos, el artículo 228 del Código de la niñez y adolescencia, añade como derechos del niño, niña o adolescente acogido, los siguientes: 1) Ser informado de la naturaleza de la medida y expresar su opinión para el acogimiento, según su desarrollo evolutivo. Al respecto las Naciones Unidas (2010) puntualizan que debería respetarse plenamente el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y sobre la base de su acceso a toda la información necesaria; además, se debería poner el máximo empeño en que la audiencia y el suministro de información se efectuaran en el idioma de preferencia del niño. «Ese desarrollo evolutivo que ha de considerarse para atender a la opinión informada del menor debe ponderar no solo su edad, sino también su grado de madurez» (^{López, 2016}, p. 52). 2) Recibir de las personas que lo acogen cuidado y atención adecuados. Y, 3) participar en la ejecución del proyecto de vida que comprenda todas las áreas para su desarrollo integral.

Para cumplir el n° 1, se realiza un peritaje psicológico con el fin de determinar el nivel de desarrollo evolutivo el cual será valorado por el Juez según la sana crítica. Respecto a los nn° 2 y 3, estos no contienen actos formales de verificación por la naturaleza de los mismos.

El Código también ha contemplado una responsabilidad específica del menor: «Guardar respeto y colaborar con la familia acogiente y la entidad autorizada para el cumplimiento de los objetivos del acogimiento familiar», para lo cual es necesario que el menor entienda sus responsabilidades en función a su desarrollo biológico.

Finalmente, el interés superior del niño constituirá el criterio para determinar las medidas que hayan de adoptarse con relación a los niños que se encuentran o están en riesgo de encontrarse sujetos al acogimiento familiar con el fin de satisfacer sus necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos, tanto a corto, como a mediano y largo plazo (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010).