a. Coyuntura histórica de emergencia del concepto

A partir de una revisión crítica de la literatura y los debates alrededor del concepto es posible señalar al menos tres factores como determinantes en el surgimiento del concepto “extractivismo”: a) el “giro a la izquierda latinoamericano” que acompañó al cambio de siglo más reciente; b) el casi paralelo “boom de los commodities” que se inicia en con el cambio de siglo y que concluye una década más tarde y c) la expansión de la frontera extractiva que resulta de la anterior dinámica, con los “conflictos socioambientales” (Ortiz 1999) derivados de aquella.

Empecemos por el llamado “giro a la izquierda latinoamericana” que caracteriza al siglo XXI. Fruto de la temprana implementación de las políticas neoliberales en América Latina, la región constituyó un temprano foco de oposición al modelo que las sustentaba (Seoane, Tadei y Algranati 2013). La confluencia del temprano descontento frente a las políticas neoliberales y la emergencia de una nueva izquierda en la región propiciaron una serie de victorias electorales de organizaciones políticas que recogieron varias de las reivindicaciones de las movilizaciones precedentes.

En un contexto global marcado por crecientes preocupaciones ambientales, los procesos constitucionales de Bolivia y Ecuador, desplegados bajo el liderazgo de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, incluyeron las nociones de sumak kawsay y sumak qamaña, lo que prometía no solo un reconocimiento del carácter plurinacional de sus respectivos Estados, sino sustanciales cambios en las formas de interacción sociedad-naturaleza. Sin embargo, como fue de manera temprana advertido por diversos autores (ver por ejemplo Acosta 2011; Gudynas 2009; Svampa 2011), los modelos de gestión de los gobiernos de Correa y Morales se vieron caracterizados por la continuación, e incluso la profundización de las actividades extractivas, con todos sus efectos negativos tanto en términos sociales como ambientales.

América Latina se verá atravesada por una aparente paradoja: a pesar del triunfo de fuerzas antineoliberales en el escenario electoral de varios países, emergían allí un conjunto de conflictos asociados a las dinámicas extractivas y sus efectos ambientales y sociales. Como señala Ríofrancos (2020, 39) a propósito del caso ecuatoriano, la victoria electoral de las fuerzas antineoliberales hizo posible que emergiera la fractura entre dos tipos de reivindicaciones relativas a las actividades extractivas, que hasta entonces parecían entrelazadas: demandas ecológico-territoriales, por un lado, y demandas de carácter económico-nacionalistas, por el otro -denominadas por la autora “proto-antiextractivismo” y “nacionalismo de recursos radical”. Mientras que las primeras impugnaban la presencia de proyectos extractivos en territorios cultural o ecológicamente sensibles, las segundas denunciaban la apropiación, por parte de multinacionales, de las millonarias rentas resultantes. Si bien las reformas del sector extractivo implementadas por estos gobiernos parecieron satisfacer a estas últimas, las mismas resultaban insuficientes para las primeras, lo que generaría una suerte de cisma entre las fuerzas de izquierda latinoamericanas, con implicaciones diversas y distintos grados de amplitud.

Este contexto requería la emergencia de una categoría conceptual capaz de capturar, de manera simultánea, la continuidad de las dinámicas del sector extractivo y las particularidades del ciclo progresista. El texto 10 tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo: Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual, de Eduardo Gudynas (2009), vendría a llenar este vacío. A partir de entonces, un importante número de publicaciones intentaron caracterizar y entender las contradicciones de aquella coyuntura, llenando de contenido la categoría de “neo-extractivismo” (Acosta 2011; Burchardt y Dietz 2014). Llama la atención que allí, el concepto extractivismo reciba, en cambio, muy poca atención y es casi dado por sentado. Serán necesarios cinco años para que el propio Gudynas (2013c) dedique un artículo conceptual en torno a la categoría.

Tanto Kauffer (2018) como Gudynas (2013c) afirman que la categoría tiene como origen la expresión portuguesa extrativismo, empleada originalmente para referirse a la extracción de caucho por parte de los siringueiros en la selva brasilera. La lucha despegada por estos en contra de los grandes propietarios durante los años setenta y ochenta permitió la creación de reservas extrativistas, en donde dichas actividades eran desarrolladas con un enfoque de conservación, de modo que la palabra pasó a referirse a distintas formas de aprovechamiento sustentable de la selva (Gudynas 2016, 2). Poco a poco el término pasó a designar actividades tanto sustentables como no sustentables, hasta que ya en la década de los noventa era empleado casi siempre para aludir a actividades depredadoras de extracción de recursos naturales (Kauffer 2018; Turner 1995).

Esto nos conduce a un segundo factor determinante para la configuración de la coyuntura histórica que nos ocupa. Como buena parte de la literatura sobre el neo-extractivismo ha señalado, el llamado boom de los commodities abrió una enorme fuente de ingresos, tanto para los sectores primario-exportadores como para los Estados con capacidad para capturar parte de la renta resultante. En efecto, entre el año 2004 y el 2014 el precio de las materias primas experimentó un incremento significativo, asociado a la creciente demanda global de materias primas, impulsada, a su vez, por la expansión de las nuevas economías emergentes, en especial de China (Sacher 2017).

Y es así como llegamos al tercer proceso que queremos resaltar aquí: la demanda creciente de materias primas conduce, de manera inevitable, a una expansión geográfica de las actividades dedicadas a su satisfacción. La mengua de la calidad de los yacimientos mineros en las últimas décadas ha conducido no solo a un incremento notable en el tamaño de las operaciones y de los desechos materiales generados en el proceso, sino la concesión de territorios cada vez mayores, lo que incluye aquellos destinados al desarrollo de las operaciones asociadas, como el transporte de los minerales extraídos (Sacher 2017, 162). Esto ha llevado, a su vez, a la destrucción creciente de ecosistemas hasta entonces a salvo de la actividad humana, así como a la expansión de esas actividades hacia territorios ocupados de manera tradicional por poblaciones indígenas y campesinas; así se amplía lo que Martínez-Alier (2015, 59) ha denominado, retomando a Moore (2000), “fronteras de extracción”. El incremento en los precios de crudo ha impulsado dinámicas similares de ampliación de la frontera petrolera hacia zonas ambiental y culturalmente sensibles, como es el caso del territorio Sarayaku y el Parque Nacional Yasuní en el Ecuador. Estas dinámicas han generado una serie de conflictos en los que la defensa de los territorios ha convergido con demandas de carácter ambiental, en lo que Svampa (2011) caracterizó, hace algunos años atrás, como “conflictos eco-territoriales”.

b. Fuentes analíticas de la literatura relativa a la cuestión

Así como estas tres dinámicas confluyeron en la configuración de la coyuntura histórica de emergencia de la categoría “extractivismo”, propiciaron también, de manera simultánea, la confluencia en torno a esta de tres grandes áreas de reflexión provenientes de las ciencias sociales. La primera tiene que ver con el estudio de los llamados movimientos sociales y los conflictos socioambientales, la segunda con el carácter primario-exportador de las economías latinoamericanas -y la continuidad de las dinámicas imperialistas-, y la tercera con la crítica a la “modernidad capitalista” y al concepto de desarrollo. Describimos a continuación esta confluencia.

Durante la segunda mitad del siglo XX los estudios en torno a la conflictividad social experimentaron un notable giro conceptual. La prevalencia de las dinámicas de protesta en los países de la Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo, a pesar de la consolidación de sus estados de bienestar y de la expansión de derechos económicos y sociales garantizados por estos, abrió la discusión en torno la existencia de demandas ciudadanas “postmaterialistas” (Ingelhart 1977). Paralelamente, el surgimiento de la tercera ola del feminismo, del movimiento ecologista europeo y del movimiento pacifista propiciaron la emergencia de la categoría de “nuevos movimientos sociales” -NMS-, que buscaba aprehender sus diferencias respecto a los llamados “movimientos sociales clásicos” -el movimiento campesino y el de los trabajadores-, estos últimos articulados en torno a “identidades de clase” y demandas de carácter económico-redistributivas.

La significativa batería conceptual y metodológica de la literatura en torno a los nuevos movimientos sociales proporcionaba, sin duda, importantes elementos para la comprensión de las dinámicas de resistencia latinoamericana en contra del neoliberalismo que emergieron al final del siglo. Estas últimas, sin embargo, no encajaban en la conceptualización que varios autores realizaban de los NMS: por un lado, no manifestaban el carácter postmaterialista que algunos autores atribuían a estos últimos, en tanto impugnaban de manera directa las lógicas de exclusión socioeconómica que caracterizan al neoliberalismo; por otro, los movimientos sociales latinoamericanos incluían en sus agendas, y no de manera marginal, reivindicaciones características de los NMS, incluido lo que Honneth (1997) caracterizó en su momento como “demandas de reconocimiento”.

Es así como desde Latinoamérica empezaron a señalarse las especificidades de las dinámicas de movilización regional de cambio de siglo, muchas de ellas en contra del extractivismo; las investigaciones resultantes resaltaban aspectos como sus “repertorios de movilización” (Merlinsky 2008), sus “marcos de acción colectiva” (Svampa 2011) y sus especificidades con respecto a los movimientos sociales latinoamericanos tradicionales (Svampa 2008; Zibechi 2003). Entre estas últimas, la búsqueda de nuevas relaciones con la naturaleza y con el territorio resultaban fundamentales (Leff 2005).

Y es que, en efecto, el cambio de siglo latinoamericano estuvo caracterizado por una creciente conflictividad en torno a ‘problemas ambientales’ que, a diferencia de aquellos que predominaban en los países europeos, no resultaban de externalidades como la polución del aire en las grandes ciudades, sino de actividades que ponían en riesgo las posibilidades de reproducción social de las comunidades, un fenómeno que propició el surgimiento de los estudios en torno a los llamados “conflictos socioambientales” (Fontaine 2004; Gudynas 2004; Ortiz 1999). En estas conflictividades comenzó a hacerse evidente el papel de las “dinámicas de capitalización de la naturaleza” que acompañaban a la globalización, a las que las comunidades respondieron con dinámicas de resistencia desde lo local, basadas en la reivindicación de identidades no hegemónicas y en la defensa de formas diversas de existencia y racionalidad (Leff 2005). Será alrededor de estas cuestiones que la reflexión sobre la conflictividad, la movilización social y las dinámicas institucionales se incorporará a la caracterización de las dinámicas de lucha contra el extractivismo (ver por ejemplo Svampa 2011 y Bebbington 2012).

Una segunda fuente de reflexión proviene de los análisis sobre el carácter primario-exportador de las economías latinoamericanas. Si las conflictividades socioambientales son la manifestación inmediata del extractivismo, las dinámicas transnacionales de acumulación son una de sus más importantes causas. La considerable presencia de este tipo de conflictividad en Latinoamérica resulta, sin duda, del tipo particular de inserción de esta en la dinámica económica global, fruto de la división internacional del trabajo. No sorprende, entonces, que desarrollos teóricos tempranos de autores como Prebisch, Singer y Hirschman hayan confluido con las discusiones en torno a la “maldición de los recursos”, generadas a partir del análisis de las dinámicas económicas y políticas del Oriente Medio y dedicadas a estudiar “los perversos efectos que la riqueza en recursos naturales genera en el bienestar político, social o económico de un país”² (Ross 2018, 1). Inspirada en esta perspectiva, Terry Lynn Karl (1997) caracterizó el caso venezolano a partir de lo que denominó la “paradoja de la abundancia”, perspectiva que sirvió de base para los análisis en torno a la “maldición de la abundancia” en América Latina y en el Ecuador desarrollados por Schuldt (2005), Acosta (2006; 2009; 2016) y Larrea (2016).

En esta misma línea, otros autores han propuesto entender las dinámicas del extractivismo y sus efectos a la luz de la categoría de “estados rentistas”, en donde la confluencia de factores económicos y políticos es estudiada a partir de los efectos de las llamadas “rentas ricardianas” o diferenciales en el Estado y en la sociedad en general (Alarcón y Peters 2020; Burchardt y Dietz 2014; Coronil 1997; Peters 2016).

Paralelamente, los desarrollos teóricos de autores como Lenin, Luxemburgo y Baran han sido fuente de inspiración para aproximaciones al extractivismo que reivindican la pertinencia, precisamente de la categoría de imperialismo, para entender las dinámicas económico-políticas en torno a este (Vega 2006; Veltmeyer 2012). Desde una perspectiva similar, la categoría de “acumulación por desposesión” -desarrollada por Harvey a partir de Luxemburgo- ha sido empleada de manera frecuente para caracterizar a las dinámicas de despojo territorial que constituyen una de sus principales características (Lander 2013; Ortega 2021).

Otra interesante veta de análisis que resulta de la convergencia de aportes del marxismo y de la teoría de la dependencia es aquella que interpreta el “intercambio desigual” entre centro y periferia ya no en términos monetarios, sino de materia y energía, lo que se conoce como “intercambio metabólico desigual” o “intercambio ecológico desigual”. Esta categoría retoma y amplía los análisis de Marx en torno al “metabolismo social” e incorpora componentes teóricos y metodológicos provenientes de la economía ecológica (Infante-Amate et al. 2021; Martínez-Alier 2015; Martínez-Alier y Walter 2015, Vega 2006).

Por último, una línea de análisis que hunde sus raíces en la teoría de la dependencia y que ha sido en particular fructífera para los análisis sobre el extractivismo es la reflexión en torno a la “dependencia histórico-estructural” y su vínculo con la “colonialidad del poder”, iniciada por Quijano (2014). La propuesta conceptual de Quijano converge con la crítica al concepto de desarrollo, que en la versión deconstructiva y genealógica de Arturo Escobar ha resultado influyente de manera creciente. Desde esta perspectiva, en torno a la noción de desarrollo se construye un “régimen de discurso y práctica”, en el que el crecimiento, la acumulación de capital y la industrialización -en suma, “la reproducción en los países pobres de las condiciones que caracterizaban a los países avanzados”- constituyen el único camino para la superación de la pobreza, lo que justifica la marginación y, a la postre, la erradicación de otras formas de organización social (Escobar 2007, 83)

Esta perspectiva de crítica a la modernidad y al concepto de desarrollo propició la identificación del régimen discursivo que justifica y legitima la realización de actividades extractivas, mediante la apelación a la potencial contribución de estas actividades al crecimiento económico del país en donde se llevan a cabo, directamente o mediante la eventual conversión de las rentas generadas hacia sectores secundarios o terciarios. Al mismo tiempo, mostró cómo este mismo régimen discursivo legitima la designación de “áreas de sacrificio” en las que deben realizarse las actividades extractivistas (Svampa 2008, 9; 2011, 203; Chávez 2019, 266), habitadas casi siempre por poblaciones racializadas, cuyas prácticas de producción y reproducción social son consideradas como premodernas y, por lo tanto, rezagos de un pasado a ser superado.

De manera más amplia, la crítica a la modernidad capitalista, colonial y eurocentrada ha permitido la caracterización de la dimensión “civilizatoria” del extractivismo, vinculándolo con elementos característicos de aquella, entre los que se destacan el privilegio de la racionalidad instrumental por sobre otras formas de racionalidad, el racismo y el antropocentrismo (Lander 2013; Lang, Machado y Rodríguez 2019; Leff 2005; Galafassi 2012). Esta aproximación teórica ha hecho evidente el choque entre proyectos civilizatorios que se presenta en los conflictos en torno al extractivismo e invita a la búsqueda de alternativas al desarrollo en estos otros paradigmas civilizatorios, el sumak kawsay y el sumak qamaña (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara 2014).

Finalmente, y en la misma línea, las contribuciones desde el ecofeminismo han visibilizado cómo la imposición de la modernidad-colonial implicó la instauración de desigualdades de género basadas en las dualidades naturaleza/cultura y hombre/mujer. De este modo, resaltan su carácter patriarcal y androcéntrico y visibilizan cómo el extractivismo pone en riesgo las condiciones de reproducción de la vida, tradicionalmente a cargo de las mujeres. Esta perspectiva ha contribuido también a la visibilización del rol de estas últimas en la lucha contra el extractivismo y en defensa de los territorios (Aliaga 2019; Arrazola et al. 2014; Ulloa 2016).

a. Tres acepciones del término extractivismo

Fruto de la confluencia de dichos enfoques analíticos, pueden distinguirse tres acepciones, o si se quiere tres dimensiones del fenómeno, que merecen ser distinguidas con objeto de una mayor claridad analítica: el extractivismo a) como un conjunto determinado de actividades económicas con efectos negativos en los ámbitos económicos, sociales y ambientales; b) como un patrón de acumulación; y c) como un modelo de desarrollo.

Empecemos por la primera acepción, en donde la expresión alude a un conjunto de actividades económicas específicas y a sus efectos. Esta es la adoptada por Gudynas (2013c) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y sistematizada por Wagner (2020, 523) en el Diccionario Iberoamericano del Agro. Allí,

[e]l extractivismo es definido como la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales, que se exportan como commodities y generan economías de enclave (localizadas, como pozos petroleros o minas, o espacialmente extendidas, como el monocultivo de soja o palma). Requiere grandes inversiones de capital intensivas, generalmente de corporaciones transnacionales. Presenta una dinámica de ocupación intensiva del territorio, generando el desplazamiento de otras formas de producción (economías locales/regionales) con impactos negativos para el ambiente y las formas de vida de poblaciones locales.

Como puede notarse, esta definición incorpora varios elementos señalados en las páginas precedentes. En primer lugar, la magnitud de las explotaciones; en segundo lugar, su articulación con el mercado internacional; en tercer lugar, su papel en las dinámicas globales de acumulación de capital y, por último, el carácter de reconfiguración territorial que implican, con los consecuentes efectos ambientales, económicos y sociales.

Una segunda acepción del concepto “extractivismo” es aquella que lo entiende como patrón de acumulación, una interpretación ligada a las reflexiones inspiradas en el estructuralismo cepalino y la teoría de la dependencia. Aquí el énfasis no está puesto tanto en la existencia de este tipo de actividades, sino en su preponderancia dentro de una determinada economía nacional o regional, lo que por tradición ha sido caracterizado como un “patrón de acumulación primario-exportador”, que implica a su vez una inserción específica dentro de la división internacional del trabajo (Acosta 2016, 27; Lang 2013, 8; Acosta, Martínez y Sacher 2013, 316).

Varios de los análisis que privilegian esta perspectiva, al incorporar los debates en torno a la “maldición de los recursos” y a los “estados rentistas”, suelen restringir el concepto de “extractivismo” -aunque no siempre de manera categórica- a los sectores minero y petrolero (Acosta 2009, 31). Tal restricción se justifica por el hecho de que los efectos económicos de la dependencia en la exportación del petróleo no son, de manera necesaria, los mismos que los de otras materias primas. Esto se debe a dos factores: primero, la relativa ausencia de encadenamientos productivos tanto hacia atrás como hacia adelante (Larrea 2016, 133), segundo, el tamaño de las rentas petroleras con relación a otras rentas extractivas (Ross 2018, 17).

Existe, por último, una tercera acepción en la que el término de extractivismo es empleado: se trata del extractivismo como “modelo de desarrollo” o como “proyecto de desarrollo” (Burchardt y Dietz 2014). Así, se le entiende como un conjunto de intervenciones estatales destinadas a reforzar un patrón de acumulación extractivista. El que las intervenciones estatales orientadas a la modificación de un patrón de acumulación no se traduzcan de manera inmediata en cambios perceptibles en este último, justificaría aquella distinción. En efecto, resulta perfectamente plausible la coexistencia de un determinado patrón de acumulación y un conjunto de intervenciones estatales destinada a modificarlo, pues este último puede verse frustrado por multitud de factores, tanto endógenos -resistencia por parte de actores políticos, sociales y económicos con capacidad de veto, ausencia de una base social que apoye el proceso, debilidad institucional, etc.- como exógenos -limitado espacio de acción política, coyuntura institucional adversa, retaliaciones económicas y jurídicas por parte de terceros, etc.- (Gudynas 2013a; 2013b; Veltmeyer 2012).

b. Algunos desafíos conceptuales

En torno a estas acepciones, quisiéramos señalar tres desafíos conceptuales, relacionados con, primero, aquellos recursos naturales que pueden ser considerados como objeto del extractivismo y segundo, la inclusión del destino de estos recursos extraídos como elemento definitorio del concepto.

Empecemos por la delimitación de aquello que puede ser considerado objeto del extractivismo, lo que guarda estrecha relación con el concepto de “recurso natural”. La definición estándar alude a “activos y flujos de bienes producidos por la naturaleza y no por los seres humanos, lo que incluye tanto materia como energía” (Markandya et al. 2002, 137). Esta definición permitiría la expansión del concepto “extractivismo” a actividades que van más allá de la minería y la explotación petrolera al incluir, por ejemplo, la explotación y comercialización del agua, en especial mediante la construcción de grandes hidroeléctricas: lo que hace poco ha sido caracterizado como “extractivismo hídrico” (ver por ejemplo Yacoub, Duarte y Boelens 2015; Honty 2018; Rojas-Bahamonde, Mellado y Blanco-Wells 2020; Kauffer 2018).

Un poco más compleja es la cuestión de si el denominado “agronegocio” podría también ser considerado como extractivismo. Son varios los autores que defienden esta posición (Burchardt y Dietz 2014; Lander 2013; Gudynas 2013c) aunque aquí es claro que, en este caso, se trata de bienes producidos por la actividad humana, lo que en principio contraviene la definición arriba citada de recursos naturales. Esta extensión es justificada bajo el argumento que las actividades características del agronegocio convierten a los bienes renovables en no renovables, como resultado de una “tasa de extracción” que excede la “tasa ecológica de renovación del recurso” (Acosta 2009, 34; ver también Martínez Alier 2015). Este mismo argumento permitiría extender el uso del concepto extractivismo a otros sectores, como en el caso de las prácticas pesqueras depredadoras, lo que ha sido, de hecho, la apuesta conceptual de algunos recientes trabajos en torno al tema (Ortega 2021; Gómez 2018; Márquez 2019).

El segundo desafío conceptual alude al destino del material extraído, es decir, su exportación como commodity. Kauffer (2018) ha sugerido no emplear este criterio y argumenta que el destino del recurso en poco o nada cambia los impactos sociales y ambientales generados in situ. Coloca como ejemplo la explotación de barita en la localidad de Grecia, en el municipio de Chicomuselo en Chiapas. Aunque la extracción fue desarrollada por una multinacional canadiense, el mineral estaba destinado a ser usado en las plataformas del sector petrolífero mexicano. Las operaciones condujeron a una fuerte resistencia por parte de la comunidad local, liderada por Mariano Abarca, quien fue asesinado como resultado (Kauffer 2018, 43). Un caso similar es el de la producción de caña de azúcar en el Cauca, Colombia, impuesta por grandes grupos económicos nacionales en el territorio ancestral de los indígenas nasa y de las comunidades afrodescendientes, práctica que ha constituido uno de los focos de disputa territorial más importantes de este país (Vélez-Torres et al. 2013); en este caso también poco cambia para las comunidades, el que la caña sea procesada y en buena medida consumida dentro del territorio colombiano.

La propuesta de eliminación del destino de los materiales extraídos como criterio definitorio del concepto, sugerida por Kauffer (2018) abriría por otro lado la posibilidad de considerar también como extractivismo a actividades similares, pero desarrolladas en países industrializados. Es lo que algunos investigadores han sugerido, por ejemplo, respecto el oleoducto Dakota-Access en EE. UU. (Bowles y Veltmeyer 2020; Kidd 2020; Flores, Bōhm y Misoczky 2020), que pretendía atravesar el territorio ancestral de la comunidad de Standing Rock Sioux, un proyecto que desencadenó intensas protestas y represión tanto estatal como paraestatal. La categoría de extractivismo ha sido también empleada por Braunbeck (2021) y Gerstenberg (2019) para describir el proyecto de expansión de una mina de lignito a cielo abierto -la más grande de Europa- sobre el bosque de Hambach en Colonia, Alemania -de alta biodiversidad y con cerca de 12 000 años de existencia-, iniciativa que desencadenó el movimiento ¡Hambi bleibt! Es evidente que dicha interpretación del concepto conduciría a nuevos desafíos conceptuales ligados a las dos últimas acepciones presentadas en esta sección, en las que el extractivismo se entiende como un “patrón de acumulación” o como un “modelo de desarrollo”.

c. Extractivismo y metabolismo social

En lo que resta de este artículo quisiéramos esbozar un abordaje alternativo a la cuestión, asociado a la categoría de metabolismo social, desarrollada por Marx para referirse a las distintas configuraciones históricas de la relación entre los seres humanos y su medioambiente. Hacia finales del siglo XX, la categoría de metabolismo social es retomada por la economía ecológica en un sentido similar. Un trabajo pionero en esta dirección es el de Marina Fischer-Kowalski (1997, 119), que inaugura una fructífera producción en torno a “los flujos materiales entre la sociedad (o su economía) y su ambiente natural”.

Gráfico 2 Uso global de materiales por tipos (1900-2007) 

Los hallazgos de Fischer-Kowalski et al. (2014) y Kraussmann et al. (2009) coinciden en identificar un incremento sostenido en el consumo global de materia y energía (ver gráfico 3), intensificado de manera notable a partir de la segunda mitad del siglo XX, en lo que Steffen et al. (2015) han denominado la “gran aceleración”. Diversas mediciones de este proceso indican una tendencia de carácter exponencial, que alcanza niveles alarmantes en las últimas tres décadas.

En esta misma dirección, existe un creciente número de trabajos que identifican, desde aproximaciones teóricas y metodológicas diversas, una notable correlación entre el crecimiento económico y el consumo de materia y energía (para revisiones de esta literatura, ver Haberl et al. 2020; Hickel y Kallis 2020).

Gráfico 3: Crecimiento global de la población y el PIB total real 1750-2010 

Como ha sido señalado por Saito (2017, 129-137), la categoría de metabolismo social ayuda no solo a capturar el proceso transhistórico de intercambio entre los seres humanos y su medioambiente, sino las formas concretas que este asume en contextos históricos específicos. Desde dicha perspectiva, el notable proceso de transformación del metabolismo social descrito por Fischer-Kowalski et al. (2014) y Kraussmann et al. (2009) es resultado de la propia dinámica de una economía organizada en torno al capital, cuya finalidad es no la satisfacción de necesidades de una creciente población, sino la autovalorización de aquel. Este proceso de autovalorización se manifiesta como dinámica de crecimiento acumulativa y exponencial (Harvey 2014, 219), que demanda incrementos semejantes en el consumo de materia y energía (Foster et al. 2010, 17).

Consideramos que el concepto de metabolismo social, así como la comprensión de los procesos que impulsan su aceleración, resultan determinantes al momento de entender el fenómeno que denominamos extractivismo. Toledo (2013, 47) ha sugerido que el metabolismo social puede representarse como constituido por cinco etapas “teórica y prácticamente distinguibles”: la apropiación, la transformación, la circulación, el consumo y la excreción. Es así que el extractivismo puede entenderse como una aceleración en la fase de “apropiación” (o input) del metabolismo social, que resulta de la dinámica acumulada y exponencial de la reproducción ampliada del capital. Si bien, como señalan diversos autores, los orígenes de esta dinámica pueden rastrearse hasta cuando menos el siglo XVI (Foster et al. 2010; Galafassi 2012; Machado 2020), es en décadas recientes que esta adquiere un incremento extraordinario: el gráfico 5 muestra el aumento de la extracción de materia y energía a partir de la década del noventa -y su relación con el PIB global- . Esta aceleración reciente explicaría el que, pese a referirse a un fenómeno de vieja data, la emergencia de la categoría como tal haya ocurrido de manera tan reciente.

Gráfico 4 PIB global y uso de materiales (1990-2013) 

Dicha aceleración en el uso global de materiales coincide con el posicionamiento de América Latina como principal exportadora neta de biomasa y minerales metálicos. De hecho, la “gran aceleración”, para el caso de esta región, ha ocurrido durante las últimas cuatro décadas (gráfico 6). La extracción de materiales en América Latina pasó de representar 115 Mt³ en 1980 a 1035 Mt en 2016, en un proceso apalancado por su papel en la división internacional del trabajo (Infante-Amate et al. 2021, 181-188). La diversa canasta de materias primas exportada en la región ha conducido de manera simultánea a una proliferación de conflictos socioambientales diversos, lo que ayuda a entender tanto la preeminencia que la categoría extractivismo ha tenido en el contexto latinoamericano, como la diversidad de contextos en los que ha sido empleada (Infante-Amate et al. 2021, 188).

Gráfico 5 Balance comercial físico (PTB) de América Latina (1900-2016)