Transiciones profundas

La noción de transición profunda es acuñada por Johan Schot (2016) como una categoría emparentada con el concepto de “gran transformación” de Polanyi, en el sentido de que se trata de procesos a largo plazo y a gran escala. Además, implican cambios que no impactan únicamente a niveles económicos y técnicos, sino también culturales y sociales. Los cambios de patrones de producción, distribución y consumo tienen sus causas e implicancias a diferentes escalas y repercuten en la organización social, así como en los sistemas educativos, de transporte, de electricidad, de vivienda, etc.

La idea de profunda se plantea sobre la base de pensar una segunda transición energética (Schot 2016), que no es otra que la que se nos impone en este momento histórico, con problemáticas globales como el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación y la desigualdad, consecuencias de la era industrial del siglo XIX y XX, período que el propio autor entiende como primera transición energética. Schot y Kanger (2018, 1046) lo explican así:

Por un lado, la histórica expansión y globalización de la Primera Transición Profunda tuvo niveles de riqueza y bienestar sin precedentes en Occidente. Sin embargo y en segundo lugar todo el proceso se estropeó con problemas recurrentes tales como el cambio climático (causado por el uso de combustibles fósiles), polución, desperdicio de recursos (causado por las suposiciones de que los recursos y la capacidad para absorber desperdicios era ilimitada), desigualdad (causada por la innovación del sistema dirigida principalmente a los mercados más ricos) y el desempleo persistente (causado por un énfasis incesante en el crecimiento de la productividad). A medida que estos resultados nocivos se producían, volvían a producirse, se acumulaban y se amplificaban, se empezó a expresar una seria preocupación por la sostenibilidad de esta trayectoria (Meadows et al., 1972; Brown, 1984). Quedó claro que el reto de la sostenibilidad requiere un cambio fundamental de los modelos de producción, distribución y consumo.

Schot (2016) deja claro que las transiciones profundas se diferencian de otras ideas similares, como las “grandes olas de desarrollo” de Pérez (2002) -Great Surges of Development-, porque implican un análisis complejo de la articulación entre los sistemas socio-técnicos que interactúan en una sociedad. Esa articulación, argumentan Schot y Kanger (2018), no se vuelca ni solo por lo tecnológico ni solo por los procesos sociales. Por tal razón, las transiciones profundas son consideradas a partir de la combinación de dos matrices teóricas: el paradigma tecno-económico de Pérez (2002) y la perspectiva multinivel de Frank Geels.

El esquema planteado por Schot (2016) para considerar transiciones los procesos a largo plazo y a gran escala es compatible con la idea de una transición socio-ecológica (Svampa y Viale 2020). Ciertamente, se trata de corrientes teóricas disímiles y de puntos de partida distintos. Schot (2016) basa sus planteos en la historia y la sociología de la tecnología y de la energía, mientras que Svampa y Viale (2020) parten de la filosofía, la sociología ambiental y las ciencias jurídicas. Sin embargo, la “transición socio-ecológica” bien puede pensarse en calidad de transición profunda, con implicancias a múltiples escalas y en diferentes ámbitos: económico, tecnológico, social y cultural.

Proponemos el enfoque de los derechos humanos para ensamblar las innovaciones tecnológicas en energías renovables y no convencionales con los patrones de producción, distribución y consumo de un mundo descarbonizado y sustentable. Pensar el acceso a la energía como un derecho nos permite ver en la transición una oportunidad para generar modificaciones en la organización social en su conjunto. El enfoque de derechos humanos tiene que ver con los sistemas de protección y los instrumentos jurídicos, y también con la tradición teórica de la justicia energética, en constante reformulación para ampliar sus alcances, al abarcar las nociones de justicia energética distributiva, de reconocimiento, cosmopolita, entre otras (Bustos s/a).

Desde dónde entender los derechos humanos

Se considera a los derechos humanos una construcción constante, que se encarna en variados discursos (Douzinas 2008), pero también embandera prácticas sociales por la igualdad y la emancipación. Son una gramática y a su vez procesos de lucha (Gallardo 2008; Herrera Flores 2008). Son, además y principalmente, sistemas jurídicos con vinculación concreta para los Estados que suscriben ciertos instrumentos internacionales -tratados, convenciones, convenios, etc-. Existen cuatro sistemas jurídicos de protección de los derechos humanos: el universal, el europeo, el africano y el interamericano. El primero de ellos es preeminente a los otros y el más declamatorio, mientras que los sistemas regionales tienen, además de declamaciones, sus propios tribunales -judiciales- y/o comisiones -procuraciones-. Los sistemas regionales son más fértiles que el universal en fallos y dictámenes que comprometan directamente a los Estados.

En la concepción de los derechos humanos como sistemas jurídicos que generan vinculación en los Estados, el derecho a la energía tiene poco desarrollo doctrinario. En el plano declamatorio ya entró en la gramática del sistema universal. Este se ha reconocido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU 2015). El séptimo de los 17 ODS es “energía asequible y no contaminante” y, como admite su denominación, es un propósito que se cumple progresivamente, puesto que requiere de la acción directa de los Estados (ONU 2015).

Apareció recientemente en la gramática de los sistemas regionales de derechos humanos y no forma parte, explícitamente, de ningún instrumento marco. La escasa doctrina lo circunscribe al derecho a la vivienda y a una vida adecuadas, enunciado ya desde la primigenia Asamblea General de Naciones Unidas (1948). Es, por tanto, un derecho instrumental de la vivienda y vida adecuadas, igual que el ambiente sano y el agua (Hessling Herrera 2023; Hessling Herrera y Belmont Colombres 2022).

Del Guayo Castiella (2020) se ahorra los problemas para definir los alcances y contenidos del derecho “a la” energía y opta por hablar del “derecho de la energía”. El autor español se refiere a un ámbito de regulación, el energético, en el que hay legislación y política pública en todos los países. Lo que este autor sugiere es que el derecho “de la” energía es el acervo sobre energía que se produce mientras se regulan los sistemas de gas natural, electricidad e I+D en energías limpias y no convencionales. Desde nuestra óptica, el derecho a la energía no es solo acervo, norma o programa de investigación (Lakatos 1989), sino también, y fundamentalmente, una atribución de todas las personas y una obligación de todas las administraciones de Gobierno.

Derecho a la energía

El derecho a la energía ha sido reconocido como instrumental del derecho humano a una vida y vivienda adecuadas. Ya mencionamos que había sido tempranamente reconocido en la Asamblea General de Naciones Unidas (1948, art. 25):

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Ese pasaje no solo reconoce el nivel de vida adecuado, la vivienda y el bienestar como derechos, sino, además, puntualiza los “servicios sociales necesarios”. Mencionarlo no es un asunto menor: en Estados como el argentino, el rango de “servicio público” -homólogo a la idea de “servicios sociales necesarios”- ofrece marcos regulatorios particulares para la inversión, la prestación, los subsidios y las tarifas de los servicios de energía.

Tomando la clasificación en generaciones, el derecho a la vivienda que precede al derecho a la energía está visto como de segunda generación (Durán y Condorí 2015). La argumentación cronológica sobre las “generaciones” de los derechos humanos, elaborada a finales de los 70 por Karel Vasak, ha sido severamente criticada, entre otras cosas, porque los pactos internacionales que los dividen se sancionaron el mismo día de diciembre de 1966, y porque en la secuenciación de las generaciones se hace predominar una perspectiva liberal (Rabossi 1998). La clasificación por generaciones cobra cierto valor cuando se dice que algunos derechos humanos, no digamos si primeros o segundos, son de cumplimiento inmediato y establecen obligaciones de omisión para los Estados, mientras que otros son de cumplimiento progresivo y obligaciones de hacer. La vivienda, por ejemplo, se encuentra en este último grupo.

Así lo reconoció el sistema universal, ya que fue el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el que lo enunció:

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (Asamblea Nacional de Naciones Unidas 1966, art. 11)

Con el propósito de ampliar la explicación de su contenido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió, a principios de los 90, la Observación General N°4 sobre el derecho a una vivienda adecuada. En ese instrumento se declama, explícitamente, el derecho a la energía vinculado a los servicios:

Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. (Red-DESC s/a, art.11)

En 2002, en Johannesburgo, se celebró la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en la que se adoptó una declaración política y un plan de aplicaciones que subrayaban con especificidad que el acceso a la energía es un elemento central para combatir la pobreza y, por lo tanto, también central para garantizar la dignidad humana.

El panorama descripto se constituye softlaw del derecho a la energía. A partir de aquí este se convirtió en evocación de sentencias, opiniones consultivas e informes técnicos y de situación de los sistemas regionales. En tanto softlaw, tal encuadre impone cierta vinculación entre una vida y vivienda adecuadas con determinados “servicios sociales necesarios”, como la energía eléctrica, indispensable para, entre otras cosas, la calefacción y el almacenamiento de alimentos.

El ODS número 7: “Energía asequible y no contaminante”

La idea de desarrollo está en el eje de la gramática de los derechos humanos porque los sistemas internacionales están anclados en los instrumentos que produce y actualiza la ONU. Desde Rist (2002) a Svampa (2010) hay innumerables trabajos que reconstruyen las discusiones en torno a la idea de desarrollo en las últimas décadas, y la forma en que esta opera como muletilla predilecta de la comunidad internacional nucleada en la ONU. Ello también ocurre en el caso específico de la energía (Hessling Herrera 2023).

En ese recorrido la idea de la sostenibilidad se ha impuesto como la más actual e íntegra para acompañar al epigrama clásico de “desarrollo” (Gudynas 2009). Dio lugar a la más reciente agenda de la mancomunidad internacional de la ONU. En 2015, el mismo año en que se firmó el Acuerdo de París (Naciones Unidas 2015) -que vino a actualizar buenas intenciones tras el fenecimiento y fracaso del Protocolo de Kyoto- se suscribió la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, integrada por 17 objetivos.

Entre ellos, el séptimo hace referencia, específicamente, al acceso a la energía y la necesidad de mitigar el impacto ambiental que provoca la matriz energética fósil, arista fundamental del “trilema energético” (Hessling Herrera, González y Cadena 2021)¹. Ello ha dado pie a que se acuñe la idea de una transición energética, que los debates empezaron a renombrar como “transición socio-ecológica” (Svampa y Viale 2020), “transición sustentable” (Guzowski, Ibáñez Martín y Zabaloy 2020) o “transición justa” (Bertinat 2016).

La propia ONU admite que la energía debe ser pensada en transición, tanto por motivos ambientales como por necesidad económica, para lograr abastecer a todas las personas y poblaciones. El 13% de la población mundial no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, mientras 3 mil millones de personas dependen de la biomasa combustible para la cocina y la calefacción. Los datos actuales se completan al decir que “la energía es el factor que contribuye, principalmente, al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. (…) En 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías renovables” (ONU 2015, párr.3-5).

Uno de los desafíos más grandes es avanzar hacia una transición energética que permita mitigar el impacto ambiental asociado al sistema vigente, sin recortar los plenos alcances de un uso y consumo razonables de energía. No es posible pensar un proceso de sustitución tecnológica que contemple las pautas culturales de uso y consumo. Estas deben ajustarse a principios de reutilización, reciclado y protección del medioambiente. Por eso es importante recordar que el derecho a la energía instrumenta otros derechos: a una vida y vivienda adecuadas.

El derecho a la energía no tiene que confundirse con la aceptación del despilfarro consumista de los modelos de vida de los países del Norte Global (Svampa y Viale 2020; Svampa y Bertinat 2022). En ese sentido, la transición energética dentro de una transición profunda está orientada a reducir el impacto ambiental, al mismo tiempo que a garantizar el acceso a la energía y el uso eficiente y responsable de ella.

Transiciones y derechos humanos

El trabajo sobre transiciones energéticas tiene varias décadas en los debates sociales, en especial del ámbito norteamericano -por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos en la década del 80 se empezó a hablar de “justicia energética”, y a mediados de los 90 ya se adoptó la idea de “transición energética justa” (Rosemberg 2020; Svampa y Bertinat 2022). En esa práctica, la transición energética se asume, principalmente, a partir de las fuentes de generación, aunque cada vez se incorpora más la perspectiva de la eficiencia y la asequibilidad, otras de las aristas del ya mencionado trilema energético. Basados en un enfoque amplio sobre los sistemas de energía (Newell 2021)², desde la Revolución Industrial, las transiciones energéticas de la humanidad van del carbón al petróleo y del petróleo al gas. Ahora asistimos a una tercera transición hacia la descarbonización, con el empleo de energías menos contaminantes (Del Valle Guerrero 2016). La transición energética actual es también un imperativo medioambiental para mitigar la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y moderar el calentamiento global y el cambio climático (Guadagni y Cuervo 2017).

Las transiciones implican cambios en los sistemas tecnológicos con los que se montan los circuitos de energía. El desarrollo tecnológico supone una carrera por maximizar el aprovechamiento de la energía, tanto en los modos de exploración y generación como en las vías de distribución y venta. La eficiencia se impone como la “fuente oculta” (Bouille et al. 2019) que las energías renovables necesitan para sobrevivir como modelo de transición. Si los usos y consumos no se moderan, el éxito de las energías renovables dependerá demasiado de innovaciones tecnológicas todavía por desarrollar -qué hacer con los paneles fotovoltaicos que agotan su capacidad de captación y cómo abaratar el costo y mejorar el rendimiento de las baterías de litio, entre otras cosas-.

El acceso a la energía bien puede pensarse con viviendas y ciudades sustentables, que combinen energías renovables, eficiencia energética y asequibilidad tarifaria. Ello no implica descuidar el desarrollo tecnológico, sino ponerlo al servicio de esas planificaciones, diseños e implementaciones para garantizar el derecho a la vivienda y a la energía, y también a la ciudad (Harvey 2013). La espacialidad fue uno de los puntos centrales en el desarrollo de los debates sobre transición energética (Truffer, Murphy y Raven 2015).

Pensar la transición en clave socio-histórica permite complementar la perspectiva socio-técnica, al añadirle un horizonte de transformaciones en la estructura social y, por tanto, pensar la transición profunda desde la perspectiva de los derechos humanos. El desarrollo tecnológico no tendría por qué ser desalentado ni negado por los movimientos ambientalistas o locales que resisten a ciertos modos extractivistas de aprovechamiento de los recursos naturales (Gudynas 2009). Al contrario, esos movimientos podrían adoptar las innovaciones tecnológicas como parte importante para que sus procesos localizados tengan potencial de “globalización desde abajo” (Santos 2002). Así se propugnará la modificación de la racionalidad en el vínculo con la naturaleza, así como en las relaciones de intercambio económico y los lazos de solidaridad entre humanos. Es decir, pasar de una racionalidad neoliberal a una racionalidad cooperativa. En esa línea Svampa y Viale (2020) proponen un pacto eco-social y una transición socio-ecológica, que se ha definido en este artículo como transición profunda.

Aunque parezca una posición radical, dicha línea tiene mucho en común con las vertientes que abogan por la “transición energética justa” (Jakob y Steckel 2016; Goldthau y Sovacool 2012). Retomando los estudios sobre justicia energética, que guardan relación con esta arista, aunque diferente de la justicia ambiental y de la justicia climática (Bravo s/a), hay que subrayar que los derechos humanos son el sustento de esas perspectivas de justicia en torno a la transición energética. Tal como han sugerido Jenkins, Sovacool y McCauley (2018) se requiere “humanizar” las transiciones energéticas a partir de pensarlas desde una perspectiva de justicia. Esa humanización entra en diálogo con la citada idea de transición profunda de Schot (2016).

El asunto de la transición energética se integra con los derechos humanos en proyectos de transformación más ambiciosos que el reemplazo de las fuentes de generación y la carrera tecnológica por maximizar el aprovechamiento de las inversiones. Requiere cambiar fuentes de generación -energías renovables-, cambiar usos y consumos -eficiencia energética y desarrollo tecnológico-, pero demanda también modificar la racionalidad predominante y, consecuentemente, la estructura social, a partir de un nuevo sistema tecnológico de energía, de vivienda, de ciudad, todo ello en clave de derechos asequibles -no progresivos, como los llamados “derechos de segunda generación”.

No cualquier transición implicará necesariamente la ampliación de derechos. Por eso, la transición energética con perspectiva profunda tiene potencial para convertirse en un resorte que habilite cambios en diversos órdenes. Para que esto resulte, advierte Gutiérrez Escudero (2021), los proyectos de energías renovables necesitan eludir el Greenwashing, y orientarse hacia los derechos humanos antes que al auditaje del ecologismo ingenuo que aplaude el Green New Deal, o a la tutela de la racionalidad del lucro incesante. La eficiencia energética tiene que ir acompañada de cambios en las políticas fiscales y tarifarias que tiendan a igualar incluyendo. Además, al potenciar la eficiencia energética se va forjando una conciencia crítica sobre el cuidado ambiental. Este artículo propone que la brújula de ese sentido crítico sea la perspectiva de los derechos humanos. De ahí que se sostenga que -sea energética, justa, sustentable o socioecológica- la transición profunda que venga sirva para introducir cambios en los modos de organización y estructuración social.

El derecho a la energía en los sistemas regionales de DDHH

Ya se anticipó que el derecho a la energía ha sido acogido, en tiempos recientes, dentro de la doctrina de los derechos humanos. En el softlaw que repasamos en los apartados anteriores, queda detallado que el antecedente más próximo data de principios de los 90, con la Observación General N°4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y, por supuesto, el séptimo de los 17 ODS de la agenda acordada en 2015.

Entre los sistemas regionales, el interamericano y el europeo tienen cierto desarrollo, quizá por tratarse de mecanismos establecidos desde hace varias décadas. En cambio, el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, que lleva menos tiempo vigente, tiene menor producción escrita, es decir, menos de cuantolos juristas mencionan como “derecho positivo”. Los dos primeros tienen mayor desarrollo doctrinario.

Sistema Interamericano: derecho al agua y a la energía

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) los derechos al agua y a la energía han sido reconocidos en fallos de la Corte IDH como elementos centrales para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Ello sentó doctrina y bajo esa noción se considera el acceso al agua y a la energía derechos instrumentales del derecho humano a una vida y vivienda adecuadas (Asamblea Nacional de Naciones Unidas 1966, art. 11).

En particular sobre el derecho al agua, las consideraciones de derechos humanos lo relacionan con una vivienda y vida adecuadas, pero también con una existencia sana, productiva, digna y con una nutrición correcta. Para alcanzar esas metas se necesita acceder al agua. En su más reciente sentencia al respecto, la Corte IDH ha llegado a emparentar la provisión de este recurso con derechos culturales: “El derecho al agua puede vincularse con otros derechos, inclusive el derecho a participar en la vida cultural, también tratado en esta Sentencia” (Corte IDH 2020).

El derecho a la energía también se ha enunciado hace poco en las sentencias de la Corte IDH. El fallo en el caso Río Negro vs. Guatemala (Corte IDH 2012, párr. 284) establece como medida de reparación que el Estado guatemalteco “deberá garantizar la provisión de energía eléctrica a los habitantes de la colonia Pacux a precios asequibles”. En un informe de revisión del cumplimiento de esa sentencia, la misma Corte Interamericana avanza en su concepción sobre este derecho, al considerar que como “el Estado los desplazó de sus tierras en Río Negro para inundarlas y construir la central Chixoy que genera energía eléctrica (…) lo adecuado es que les garantice la energía eléctrica de forma gratuita”.

Sistema Europeo: derecho de la energía

El derecho a la energía aparece, asimismo, vinculado al derecho a la vivienda en el ámbito europeo; se manifiesta puntualmente como “domicilio” y se encuentra dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2010, art. 8), que dice: “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. Los servicios domiciliarios de energía, se deduce, forman parte de ese respeto por el domicilio.

Algunas de las referencias recientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con respecto a la energía permiten observar que en el viejo continente tiene acogida la diferenciación que Del Guayo Castiella (2020) hace sobre derecho a la energía y derecho de la energía. En el caso Fagerskiold c. Suecia, de febrero de 2008, el TEDH

subraya que el funcionamiento del molino de viento satisface el interés general al constituir una fuente de energía limpia que contribuye al desarrollo sostenible de los recursos naturales. Subraya, también, que el molino de viento es apto para producir suficiente energía para proporcionar calefacción a unos 40 ó 50 hogares durante un año, lo que beneficia al medio ambiente y a la sociedad. (Bouazza Ariño 2008, 307)

El señor y la señora Fagerskiold denunciaron los perjuicios padecidos por la cercanía de unos molinos de viento que la comuna había puesto para abastecer con energía eólica a unas 40-50 familias. El matrimonio poseía una casa de vacaciones que tenía a estos molinos cerca, a poco más de 300 metros el más próximo. Los Fagerskiold reclamaron vulnerado su derecho a la “vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia” (Bouazza Ariño 2008, 307). En ese caso, la producción de energía limpia a gran escala se puso por encima del derecho evocado por los Fagerskiold, por ello, la demanda fue desestimada por el TEDH.

Otro caso inadmitido por el TEDH fue el de Calancea y otros c. Moldavia, de febrero de 2018. Un grupo de vecinos reclamó que un tendido eléctrico de alta tensión había afectado su derecho a la salud y al ambiente sano. Argumentaron, entre otras cosas, que el paso cercano de alta tensión les causó enfermedades. El TEDH consideró que este caso no acumulaba un “umbral mínimo de gravedad”, ya que no se podía probar, de manera fehaciente, que la cercanía del circuito eléctrico de alta tensión fuese causa de perjuicios a la salud de los vecinos denunciantes. Para que esa posición no suene desinteresada de estos últimos, el TEDH justificó, además, que el tendido eléctrico databa de mucho tiempo antes de que los vecinos se hubiesen radicado allí. En otras palabras, el tribunal fundamentó que ellos ya sabían a dónde se metían (Tribunal Europeo de Derechos Humanos 2018).

En el Sistema Europeo parece primar la mirada a la energía en calidad de materia de discusión, como ámbito para generar acervo y normas, pero no como atribución para una vida adecuada de las personas. A nivel de “domicilio”, vivienda, la infraestructura de energía es menos deficiente que en América Latina y África, y eso hace que las discusiones vinculadas a este asunto no estén centradas en el acceso residencial, sino en la energía como servicio que debe mejorar su eficiencia y bajar su nivel de impacto ambiental.

Sistema Africano: derecho a la energía y derechos de los pueblos

La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Organización de la Unidad Africana 1981) es la más tardía de todas las convenciones matriciales de cada sistema regional. América Latina tuvo su prístina declaración en el 48 y luego su Pacto de San José, a fines de los sesenta. El Convenio Europeo data de 1950, aunque su entrada en vigor fue en el 53 y recibió modificaciones, aclaraciones o ampliaciones a través de protocolos. La Carta Africana es de 1981 (aunque hay un antecedente en la Carta de la OUA del 63) y ni siquiera dispone la creación de un tribunal con jurisdicción contenciosa-administrativa en los Estados parte.

El Sistema Africano está compuesto solo por una “Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos” que no emite fallos ni sentencias. Se reúne dos veces al año y produce informes de su actividad. El principal enemigo sobre el que se erigió es el apartheid, un modelo de segregación racial. De allí que el añadido “los pueblos” que introduce este ordenamiento se considere un aporte fresco para todos los debates y gramáticas de derechos humanos (Organización de la Unidad Africana 1981).

No se hallaron referencias específicas al derecho a la energía ni evocaciones al derecho a la vivienda dentro de la doctrina del Sistema Africano. El citado caso Río Negro vs. Guatemala (Corte IDH 2012) es un vivo ejemplo de cómo el derecho a la energía encaja perfecto con los de los pueblos del Sistema Africano. Hay todo un campo por explorar a partir de esa simbiosis de derechos entre ambos sistemas.