Introducción
Aysén es una región singular. Alejada del centro geográfico del poder político de Chile, el cual solo llegaba hasta Los Ríos y la Isla Grande de Chiloé (en Los Lagos), estuvo por mucho tiempo fuera de las miras del heartland conformado en torno a Santiago, cuyas preocupaciones apuntaban al norte y solo tenían en cuenta el sur austral por vía marítima, con referencia en Punta Arenas. Mientras tanto, Aysén conformaba un desatendido espacio de entremedio; una cadena de fiordos sin espesor territorial desconectados del centro, pese a ser la tercera región más grande del país. Cabe destacar que la historia moderna chilena se confunde con el intento geográfico de dilatar cuanto más fuese posible el poder del centro (Urrutia 2017).
La incorporación “material” de Aysén al Estado nacional se dio en tiempos recientes, sobre todo bajo el influjo geopolítico pinochetista, cuya razón geográfica lo llevaba a buscar irrigar las “atrofiadas extremidades” del país (Pinochet 1974). El planteo central del dictador, de pura inspiración geopolítica, giraba en torno a la idea ratzeliana del Estado como organismo viviente. Cuatro eran sus componentes: el heartland o núcleo vital, el hinterland sobre el cual avanza el núcleo, las comunicaciones, que son las nervaduras de conexión, y la expansión-contracción de las fronteras (“congeladas” en Chile, por falta de “irrigación”) (Fornillo 2016).
La dictadura impulsó el proyecto de la carretera Austral, gestado décadas antes, mediante el cual se procuró unir el centro con el sur. Al tiempo, “interiorizaba” Aysén, modificando su capital marítima, Puerto Aysén, por Coyhaique, adentrada en el continente. Entre ambas ciudades concentran el 75 % de un total de 128 000 habitantes. De manera relativa, Aysén se incorporó en términos geográficos a la forma moderna del Estado, y parte de su singularidad y potencia residen en su particular aislamiento natural.
Todo ese trasfondo de historia geográfica les otorga a las actuales dinámicas de política energética en Aysén dos registros centrales que han impactado en la cuestión ambiental. En primer lugar, su fuerte dependencia de la biomasa. Aysén está enclavada en el centro frío de la Patagonia, con temperaturas invernales extremadamente bajas. Esto, combinado con su mencionada condición de aislamiento relativo respecto del resto del país, limita su acceso a los principales gaseoductos. El inconveniente se suple por medio de la quema de leña, en su mayoría húmeda. El daño medioambiental en las ciudades es notable. Coyhaique, capital regional de casi 50 000 habitantes, exhibe una capa de aire contaminado a pocos metros de la superficie, que convierte a este centro urbano en el más contaminado de Chile y uno de los más irrespirables de América Latina (Ministerio de Energía 2018; Aysén Reserva de Vida 2018; Amigo Jorquera 2019; Rodríguez Torrent et al. 2020).
La biomasa explica el 20 % del consumo energético y la leña está presente en el 99 % de los hogares de Aysén, los cuales consumen 17,5 m3 anuales. El 67 % de la población compra este recurso por medio del comercio informal. Coyhaique supera “hasta cuatro veces el valor permitido por la norma primaria de calidad del aire para material particulado respirable menor o igual a 10 micrones (MP10). En el caso del contaminante MP2,5 se supera en seis veces el valor permitido” (entrevista a Nicolás Smith, seremi de Medio Ambiente de Aysén, Aysén, Chile, enero de 2019). Pese a ello, la leña está incorporada a la cultura térmica de la población (Ministerio de Energía 2018; Aysén Reserva de Vida 2018).
En segundo lugar, Aysén se caracteriza por la intensa movilización social asociada a la cuestión energética y ambiental. Dicho activismo evitó la instalación de las megarepresas que estaban prontas a ocupar parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, catalogado como Reserva de Biosfera por la UNESCO. El plan preveía inundar 5910 hectáreas (la mitad de la extensión del río Pascua y más de un cuarto del río Baker), relocalizar a los ciudadanos de esas tierras, que perderían su propiedad, interrumpir el ecosistema y el caudal de los ríos y producir cambios químicos y físicos en el agua, e impactos sobre los peces nativos. Asimismo, para volcar los 2750 megawatts (MW) proyectados al Sistema Interconectado Central (SIC), se iban a levantar 3800 torres de hasta 80 metros de altura por unos 1900 kilómetros de terrenos con actividad sísmica y volcánica, pasando por al menos seis reservas y parques nacionales y ocho territorios indígenas (CEME 2010; Broitman y Kreimer 2017).
En torno a ese proceso gira la preocupación del presente estudio. Ante la tentativa de la construcción de las megarepresas, Aysén ha tornado positivo el peso histórico de su autonomía. Detonó un intenso proceso de movilización y conflicto que, pese a sus casi 2000 km de distancia de Santiago, constituye un hito de alcance nacional, con repercusiones concretas en las agendas de política energética de los distintos Gobiernos que pasaron por el Palacio de la Moneda desde el surgimiento de las protestas, en 2007. Empero, pese a la férrea defensa del ambiente y la potencia de veto del movimiento “Patagonia sin represas”, este ha tenido serias dificultades para conseguir una agenda de carácter instituyente sobre la problemática energética. Por fuera de su innovadora, pero limitada red de cooperativas, se ve condicionado por los escasos recursos disponibles para explorar nuevas experiencias energéticas, en buena medida producto del mercantilizado marco legal chileno.
Para este análisis, primero se abordan las particulares condiciones geográficas que dieron lugar al eslogan “Aysén Reserva de Vida”, conceptualización difusa y en disputa. Luego, se analiza la historia reciente de la gramática energética de Aysén, el modo en el que se vinculó con el intento del poder ejecutivo de construir megarepresas en la región y sus resistencias. La tercera sección del texto se enfoca en el estudio de la cooperativa eléctrica EnercoopAysen, pequeña alternativa zonal a los monopolios privados, observando sus alcances y limitaciones.
La metodología que sustenta este trabajo es cualitativa, centrada en entrevistas semiestructuradas a informantes clave, realizadas durante el mes de enero de 2019 en Santiago de Chile y Aysén. El criterio de selección de las y los entrevistados se basó en su carácter representativo de distintos contingentes involucrados de manera directa o indirecta en el conflicto. Además, se realizó una revisión crítica de bibliografía secundaria y documentos oficiales y de la sociedad civil.
“Aysén Reserva de Vida” o la construcción de un significante en disputa
En fecha reciente, la cuestión energética en Aysén se tornó un problema, asumido por el conjunto de la sociedad civil. Esta última desplegó un antagonismo en todo el país que llegó a trastocar decididamente la política energética. Logró así una atención mucho más definida hacia las energías renovables (Romero Toledo 2014). La dimensión de esa radicalidad se debe a motivos diversos, que en un punto se aúnan en una suerte de significante vacío llamado “Aysén Reserva de Vida”. Esa idea se alimenta, en términos generales, de elementos clásicos que asocian a la Patagonia con un lugar prístino y descomunalmente bello, de una naturaleza inmaculada y extensa, no contaminada por los males actuales de la civilización occidental, omnipresente y destructiva (Romero Toledo, Romero Aravena y Toledo Olivares 2009). Desde posiciones ecologistas ancladas en el “culto a la vida silvestre” (Martínez Alier 2004), la minería, las megarepresas y las gigantes líneas de transmisión que verterían la fuerza del agua al sistema central eran vistas como un jaque para todo lo que entonces significaba la Patagonia.
La idea de “Aysén Reserva de Vida” surgió a fines de la década de 1980, vinculada precisamente a la problemática energética, cuando emergió un movimiento de oposición a la intención de Argentina de descartar, a pocos kilómetros de la frontera, los residuos nucleares de las centrales Atucha I y Embalse. Esto llevó a declarar a Coyhaique comuna “no nuclear, libre de residuos peligrosos y reserva de vida” (Hartmann 2018). En los años 90, al compás de una nueva fase del ideario neoliberal, la Patagonia chilena, y Aysén en particular, dejaron de considerarse una reserva de recursos a ser extraídos, como se los imaginaba durante el largo pinochetismo, para proyectarse como un espacio natural a ser resguardado. El propio Estado planteó las ideas y las políticas que impulsaban el “desarrollo verde”, con sus estrategias de fomento al ecoturismo, la riqueza “genética”, el bosque como colector de carbono, la explotación “sustentable” de los recursos y el aprovechamiento de las cuantiosas reservas de agua (Núñez, Aliste y Bello 2016).
Romero y Sambolín (2017) afirman que el discurso de la condición natural de la Patagonia fue promovido durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) a través de la “Estrategia de Desarrollo Región de Aysén 2000-2006”, para la cual los actores centrales serían pequeños y medianos empresarios. La iniciativa contó con el apoyo de agencias internacionales como GTZ de Alemania o ACCA de Francia. Sin embargo, esta visión no estaba exenta de promover la producción salmonera, la hidroelectricidad a gran escala y el turismo. El lema era directo: “La principal ventaja competitiva de la región está en su calidad medioambiental”.
El primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) continuaría con una visión estatal que incorporaba al desarrollo la idea de “Aysén Reserva de Vida”. Dicha concepción, surgida de la sociedad civil, no acompañaba la construcción de grandes represas que comenzaban a anunciarse, y advertía sobre el riesgo que implicaba la concentración de derechos de agua en manos de grandes compañías eléctricas.
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), se impulsó el “Plan Aysén”, que redujo la preocupación ambiental a su mínima expresión. Fue entonces que se aprobaron las cinco centrales (Romero y Sambolín 2017). La cosmovisión general que inundó Aysén fue de protección medioambientalista, algo que incluso fue fomentado desde el poder político central, pese a que luego fue un pilar para la radicalidad de la protesta frente a la instalación de las megarepresas.
Empero, en torno al sentido que posee la idea de “reserva de vida”, ideario de significaciones disímiles, es posible ver cómo se condensan visiones contrapuestas que conviven, en tanto campo privilegiado de disputa.
En primer lugar, hay quienes asocian de manera directa la idea fuerza de “reserva de vida” con una “nueva utopía capitalista”, en la que se articulan las lógicas del discurso del desarrollo verde y la vigente dinámica de acumulación. Para Núñez, Aliste y Bello (2016) se trata de un neoconservadurismo esbozado por la élite económica chilena, que ha comprendido dónde se encuentra la verdadera dinámica de valorización de la naturaleza en condiciones de crisis sistémica global. Por eso, dicha élite, que posee extensiones descomunales de tierra en Aysén, asume un “discurso verde”. Como inversión a futuro, controlan así múltiples y cuantiosas reservas de tierra “virgen” y agua dulce. Tal interpretación posee ribetes interesantes, y no apunta a los componentes discursivos de la idea de “Reserva de Vida”, sino a la expansión material y concreta del capital. Es cierto que los sectores dominantes chilenos han incorporado de manera decidida los lineamientos propios del desarrollo verde y sustentable, y que han sido promotores aventajados de la electromovilidad y la energía renovable, a escala regional (Romero Toledo 2014). Sin embargo, ese sentido no necesariamente es predominante.
En segundo lugar, la idea de “reserva de vida” interpela a quienes proyectan concepciones alternativas de las relaciones sociales. Para una parte importante de los habitantes de Aysén es mucho más que un mero eslogan y depositan en él una mirada que apunta a un “modelo de sociedad distinto” (Aysén Reserva de vida 2018, 8). A partir de esa afirmación, se podría hipotetizar que la idea también alimentó la discusión energética y el anhelo de democratizarla y desmercantilizarla. Y es que al calor de las movilizaciones y del conflicto frente a las megarepresas se formó una suerte de “ecopoder”, que encontró un denominador común en el leitmotiv bajo la necesidad de considerar el territorio en tanto bien común global (Núñez, Aliste y Bello 2016).
Elaborar una propuesta energética articulada a la idea de vida reviste singular importancia en las condiciones contemporáneas. Primero, porque reclama un cuidado especial de la naturaleza amenazada por el cambio ambiental. Segundo, porque se inscribe en una gramática que recorre buena parte del continente y que se resume en la consigna de “buen vivir”, de raíz andina y originaria (Honty y Gudynas 2014). La idea de vida, traducida en términos de biosfera común, se inclina cada vez más a fundirse con los antagonismos de clase, puesto que el capital agudiza y articula, hoy como nunca, la contradicción principal frente al trabajo y la amenaza contra la naturaleza, en un contexto global de militarización creciente (Fornillo 2016).
En ese sentido, parte de la vitalidad y potencia de la región de Aysén consiste en la posibilidad que brinda de pensar las políticas energéticas y las perspectivas de posdesarrollo para el conjunto de la Patagonia, sea argentina o chilena. La idea de vida en la Patagonia constituye, entonces, un concepto en disputa, en la vía de contribuir a la conformación de una ecología política de sur, con la potencia de alumbrar lenguajes de valoración alternativos a los mercantiles, asociados, esta vez, a horizontes más cercanos a los propuestos por los ecologismos de los pobres (Martínez Alier 2004). Pese la valoración positiva de las cualidades naturales de Aysén, no es posible deslindarla de la macrorealidad chilena, en la cual la cuestión energética reviste una especial sensibilidad.
El conflicto en torno al proyecto HidroAysén y el movimiento “Patagonia sin Represas”
Como resultado de la caída tendencial de la producción de gas natural en Argentina, y de la consecuente reducción del caudal de importaciones provenientes de ese país, desde 2004 Chile perdió de modo progresivo la capacidad de abastecerse del hidrocarburo. Frente a ello, las autoridades centrales apuntaron a los recursos naturales patagónicos para la incorporación de energía eléctrica.
El objetivo era construir cinco megarepresas y grandes sistemas de transmisión destinados a alimentar el sistema nacional, siempre bajo el signo del crecimiento productivista (Romero Toledo 2014). Cobraría forma así en 2006 el proyecto HidroAysén, impulsado por la compañía española Endesa en un 51 % y la chilena Colbún en un 49 %, con el propósito de suplir hasta el 20 % del total de la demanda eléctrica chilena de aquel período. Valuadas en un inicio en U$S 3 200 000 000, la puesta en marcha de las represas representaría la inversión de su tipo más grande hasta el momento en la historia chilena. Pese a la magnitud de los intereses en juego, la aprobación definitiva del proyecto se demoraría hasta mayo de 2011, debido a la resistencia social y sus repercusiones mediáticas y políticas (Broitman y Kreimer 2017).
Pese a ese panorama reactivo de una parte considerable de la sociedad civil, con la (re)asunción Michelle Bachelet, en 2014 se anunció la necesidad de darle lugar a una agenda energética a largo plazo, con vistas a diseñar una política hasta 2050, en la cual las centrales hidroeléctricas deberían tener un papel destacado. Ello se plasma en que Chile ha adoptado una estrategia de incorporación de energía renovable no convencional, que toma cuerpo en el proyecto Energía Chile 2050 y es sostenida en sus líneas maestras por las dos fuerzas políticas que se reparten el comando del país desde la posdictadura.
En el documento, haciéndose eco de las manifestaciones aiseninas, se propuso que las dos regiones que tenían sistemas eléctricos independientes del Interconectado Nacional, Aysén y Magallanes, llevasen adelante el diseño de una política energética estratégica, relativamente propias. En paralelo, el 10 de julio de 2014, el Comité de ministros de Bachelet rechazó el proyecto HidroAysén (aunque un año después dieron el visto bueno a otro megaproyecto en Río Cuervo, que en 2018 también fue paralizado). Con el paso del tiempo, HidroAysén tuvo hasta que devolver los derechos de agua que le resultaban demasiado onerosos para no ser utilizados. Es imprescindible recordar que, desde 1981, el agua es considerada en Chile un bien económico, lo cual convierte al país sudamericano en uno de los pocos del mundo en tener este recurso bajo un régimen privatizado (Reyes Herrera y Rodríguez Torrent 2015).
A fines de 2014 se creó el Consejo Consultivo del Diagnóstico Energético de Aysén (un año después llamado Comisión Regional de Desarrollo Energético de Aysén -CRDE-), donde participaron todos los actores del área energética, bajo una composición sectorial y transversal. Allí se pusieron en marcha talleres y encuentros comunales y provinciales, con discusiones cuyo tenor tornó intermitente la participación de algunas organizaciones sociales. Incluso se acercó el propio ministro de Energía, que alegó que si se proyectaba la demanda era necesario tomar la energía hidroeléctrica de Aysén y preguntó: “¿De dónde saco la energía si no? Necesito la energía de Aysén” (entrevista a Peter Hartmann, integrante de Aysén Reserva de Vida, Aysén, Chile, enero de 2019). Es decir, aun en el momento en el que el gobierno de Bachelet argumentaba haber desestimado utilizar las megarepresas, su posibilidad y necesidad seguían en agenda.
El diagnóstico del gobierno sobre la proyección de una matriz energética renovable a 2050, a partir renovables no convencionales, nacía de la combinación de una serie de factores tales como el alza del precio de los hidrocarburos, la baja de los costes de las renovables (en buena medida como resultado de la incorporación de China a ese mercado) y las grandes condiciones naturales del país para generar y acumular energía limpia. El impacto del movimiento antirepresas puede colegirse en el singular modo chileno de nominar a nivel oficial las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), desechando de manera explícita las megarepresas, las cuales son renovables pero convencionales (Ministerio de Energía 2018).
Pese a los desentendidos, los encuentros persistieron y en enero de 2018 se publicó Energía 2050. Política Energética Región de Aysén, texto en el cual se asumen los lineamientos de una política territorial basada en las energías renovables. Empero, uno de los resultados de la nueva política es que no atentó contra el monopolio eléctrico y el predominio del mercado. Solo hace referencias sutiles a la promoción de la democratización energética, la que contempla bajo una figura de generación distribuida, no necesariamente beneficiosa para los usuarios en términos económicos (Ministerio de Energía 2018).
Sin embargo, la singularidad de Aysén se asienta en haber elaborado una propuesta territorial, regional y democrática, la Propuesta ciudadana de política energética. El núcleo de sus gestores fueron la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Corporación Costa Carrera y EnercoopAysen. Con un perfil que contrasta contra los lineamientos oficiales, la propuesta presenta posiciones reivindicativas de las cooperativas energéticas, las actividades económicas sustentables (como la permacultura y la producción local en general). Reivindica la participación ciudadana y la descentralización de las decisiones, a la vez que es contraria a las lógicas íntegramente productivistas y mercantiles. También propone implementar entramados socioenergéticos colaborativos, en los que prime el “ahorro y la eficiencia energética al máximo, (por) un mundo de negawatts [es decir, de decrecimiento] (Aysén Reserva de vida 2018).
Resulta interesante observar la potencia del eslogan que aglutinó la lucha contra la instalación del proyecto HidroAysén, “Patagonia sin represas”. Su puesta en marcha solidificó lazos entre alrededor de 80 organizaciones que mantuvieron activo el conflicto socioambiental, que se expresó con fuerza en todo Chile durante 2011, a partir de que la Comisión Ambiental Regional aprobó el proyecto de construcción de las cinco centrales en los ríos Baker y Pascua (Romero Toledo 2014; Romero y Sambolín 2017).
El respaldo que recibió el movimiento a escala internacional fue muy amplio. Entre muchos otros, participaron Free Flowing Rivers, Natural Resources Defense Council, Tides Foundation, Weeden Foundation, y encumbrados empresarios nacionales, como Enrique Alcalde o Víctor Hugo Pucci. Según Peter Hartmann, integrante de la coalición Aysén Reserva de Vida, buena parte de esos vínculos ya existían antes del problema de las represas, y fueron construidos al oponerse a la instalación de los desechos nucleares argentinos. Hartmann resaltó el aporte de recursos por parte de Douglas Tompkins, un reconocido dueño de tierras de la Patagonia, que pregonó la constitución de reservas naturales en las tierras que fueron de su propiedad (entrevista a Peter Hartmann, integrante de Aysén Reserva de Vida, Aysén, Chile, enero de 2019).
La campaña contra la instalación de HidroAysén, sin embargo, nació en 2007, con la reunión de diversas organizaciones en el Consejo de Defensa de la Patagonia. Su objetivo consistía en “desarrollar una campaña que actúe como causa épica del país contra la destrucción ambiental de la Patagonia chilena, el monopolio eléctrico y el centralismo” (Salinas 2014, 120). Luego de cuatro años de informar sobre la importancia ambiental de la región del sur para el país, en mayo de 2011 se movilizaron 70 000 personas en la Alameda de Santiago para repudiar la aprobación del proyecto. Por entonces, se realizaron múltiples protestas en Chile, e incluso en ciudades fuera del país, hasta que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt dio lugar a uno de los siete recursos de protección presentados, y dejó en suspenso el proyecto. Según una encuesta de la Universidad Católica, el 56 % de los chilenos había participado o tenía conocimiento de la campaña “Patagonia sin represas” (Salinas 2014).
En 2012, el impacto mediático nacional que alcanzó el conflicto ocasionó que Sebastián Piñera, por entonces presidente, incorporara la temática energética en la agenda pública del poder ejecutivo y trasladara el problema al Parlamento. Esto colocó a Aysén dentro de las llamadas “leyes eléctricas”, y retrasó la reunión del comité de ministros que debía pronunciarse respecto de los reclamos frente a la instancia ambiental que aprobó HidroAysén. La construcción de las centrales eléctricas quedaría en franco suspenso.
En la región, en consonancia con lenguajes de valoración alternativos a los meramente económicos, el movimiento “Patagonia sin represas” fue conformando una suerte de “ecopoder”, que presentó al sur del país como una “tierra bendecida”: atentar contra Aysén era hacerlo contra la humanidad toda. Así lo consideró una apoyatura muy significativa del movimiento, monseñor Luis Infanti (CDP 2017).
Otra de las ideas fuerza fue que la Patagonia es propiedad del Estado y patrimonio de la nación, hecho sustentado en que el 50 % de la tierra de Aysén está bajo la figura de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y otro 25 % es de propiedad fiscal. En vistas de esas dos terceras partes de propiedad estatal del suelo, la región debía conservar la belleza, la biodiversidad, las reservas naturales y los recursos hídricos -reforzando su carácter estratégico a futuro- para las nuevas generaciones (Reyes Herrera y Rodríguez Torrent 2015).
De manera articulada, una tercera idea fuerza consistió en que la Patagonia aloja paisajes prístinos y sublimes -lo cual subrayaba la articulación entre naturaleza y patria-, que pertenecen a la sociedad chilena. De hecho, es un tema resignificado de la constante alusión a la Patagonia por parte de la fuerza pinochetista como componente propio, singular y rico de la patria.
Un elemento a subrayar, sin embargo, es la desconsideración de la población originaria y las formas de valorar a la comunidad indígena de la Patagonia, muy diezmada en el sur del país (sobre todo, grupos nómades canoeros como los Chonos y los Kawésqar, mal denominados Alacalufes). Al respecto, desde 2015 han sido las regiones de la Araucanía y de Los Ríos donde se han comenzado a proyectar nuevas represas, aunque de menor tamaño, lo que ha despertado resistencias, a raíz de la intromisión sobre el “territorio mapuche ancestral” (Jerez Henríquez 2015).
En suma, el movimiento logró apoyo político y forjó vínculos sobre los cuales se sostuvo desde el punto de vista financiero. Construyó la capacidad para impactar en el diseño de la política energética regional y nacional e ideó formas alternativas de pensar la energía, pero no pudo dar el salto hasta cimentar un poder instituyente, más allá de haber creado una herramienta específica. En cierto punto, esta impotencia propositiva guarda lazos de relación con la imposición de nuevas geografías del poder y sus lógicas profundas, en las cuales imperan métodos de acumulación por desposesión (Harvey 2003). Por otro lado, en este proceso también podría verse la habilidad de la élite política chilena para desactivar el conflicto. Cabe pensar allí al Estado chileno como una inmensa maquinaria, muy activa para llevar adelante una omnipresente y constante revolución pasiva, en términos de Antonio Gramsci (Portelli 2011).
Como quiera que se interprete el balance del conflicto, su historicidad y su capacidad de revocatoria y de establecer sólidas redes locales, nacionales e internacionales constituyen una acumulación del “fondo histórico”, una memoria colectiva que estableció una capacidad latente que puede ser reactivada y aprovechada.
Resulta interesante profundizar en el análisis de la composición de la oferta energética y, en particular, de uno de sus elementos más disruptivos: la cooperativa eléctrica EnercoopAysen.
EnercoopAysen y los límites impuestos por el mercado a las cooperativas eléctricas
Aysén no posee reservas de combustibles fósiles. Se abastece de ellos desde Magallanes, por vía terrestre, previo paso por Argentina, o vía marítima, desde la terminal chilena de Quintero. El programa “exploradores” del Ministerio de Energía, que ha recibido el apoyo financiero del GTZ (Cooperación Técnica Alemana, hoy GIZ), ha demostrado que Aysén posee un potencial amplio en casi todos recursos renovables, tanto en energía eólica, como hidráulica, mareomotriz, de biomasa, geotérmica e, incluso, solar. Asimismo, es una región que por su tamaño, geografía y densidad poblacional no carece de capacidades de generación (Ministerio de Energía 2018).
El sistema eléctrico de Aysén está considerado y tipificado como un sistema mediano, desprendido del SIC que cubre toda la extensión chilena a excepción de esta región y la de Magallanes/Antártica. Ese aislamiento tiene por ventaja cierto grado de independencia, una de las causas que dio vía libre a que el proceso de decisión sobre el proyecto energético nacional a largo plazo pudiese ser elaborado de manera territorial, participativa y, hasta cierto punto, autónoma. Empero, ese distanciamiento y pequeñas dimensiones fueron las razones esgrimidas para propiciar que la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía esté en manos de una sola empresa, Edelaysen.
Actor clave en Aysén, Edelaysen es propietaria de los 59 MW de capacidad instalada del territorio (posee un campo eólico de 4 MW realizado en 2001 y ampliado en 2015). Asimismo, la empresa forma parte del grupo Sociedad Austral de Electricidad (Saesa), de capitales canadienses, propietarios de la generación, transmisión y distribución de buena parte de la Patagonia chilena, y aun del norte del país. De hecho, cuenta con 862 613 clientes, distribuye 3151 Gigawatt hora (GWh) -de los cuales 641 son renovables- a través de 59 569 km de red (Grupo Saesa 2021). Saesa también ofrece kits de generación solar completos de hasta 5620 KWh conectados a la red. El usuario inyecta su producción a esa red y obtiene un descuento proporcional en su tarifa de consumos, pero sin tener una retribución. Ese modelo de prosumidor beneficia más a la empresa que a los clientes (Grupo Saesa 2021).
Las discusiones ciudadanas sobre la cuestión energética alumbraron experiencias alternativas al predominio evidente de la gestión centralizada de la energía, y de la electricidad en particular. Una de ellas consiste en la designación de Coyhaique como “comuna energética”. La localidad fue una de las primeras ocho del país que se sumaron en el año 2015; en 2017 fueron 35. En su puesta en práctica intervienen diferentes actores: municipios, Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, consultores y empresas privadas. Es coordinada por el Ministerio de Energía y ejecutada por los municipios. La designación de comuna energética (una práctica propiciada por el Estado chileno y originada en Suiza) supone, en primer lugar, la elaboración de una Estrategia Energética Local, que tendrá carácter participativo y ponderará los recursos locales y renovables, para luego buscar las vías de su implementación en una segunda instancia (Comuna Energética 2020a). Uno de los resultados más notorios es que Coyhaique consume 70 GWh de electricidad y 734 GWh de energía térmica, sobre todo para calefacción, compuesta por leña en un 90 %, y un 73 % a nivel residencial. De aquí parten algunas de las causas de la contaminación atmosférica, la cual se estima que podría remediarse en hasta un 80 % con la adecuación de las viviendas y la utilización de leña seca en lugar de húmeda (Ministerio de Energía 2018).
Para ello, existieron propuestas como la del diseño de un centro de acopio y secado en Coyhaique (Ministerio de Energía 2018), y el proyecto de utilizar generación térmica por medio de bombas de acopio, por parte del Centro de Geotermia de los Andes (Universidad de Chile). Este centro tiene experiencias con escuelas y centros de detención dependientes de Gendarmería. El primer proyecto fue financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de Aysén y el segundo por el Fondo de Acceso a la Energía 2016 (FAE), en concursos organizados por el Ministerio de Energía (entrevista a Mauricio Muñoz, Centro de Geotermia, Santiago de Chile, enero de 2019).
Asimismo, Coyhaique participa en iniciativas regionales organizadas por la ONU y el GIZ de Alemania, con eje en la energía térmica centralizada (entrevista a Pilar Lapuente, ONU Ambiente, Santiago de Chile, enero de 2019). El fomento del aislamiento térmico de lugares emblemas, así como el impulso a la comercialización de leña seca, se enmarcan en una serie de iniciativas agrupadas en el Plan de Descontaminación Ambiental del Gobierno Regional (entrevista a Pamela Cárdenas, integrante del Municipio de Coyhaique vinculada a cuestiones energéticas, Aysén, Chile, enero de 2019).
En ese marco, nutriéndose de experiencias como la de la Comuna Energética Chile Chico (Comuna Energética 2020b), y a tono con la política energética ciudadana de Aysén, se formó la mayor cooperativa eléctrica de Chile, EnercoopAysen. Con alrededor de 100 socios distribuidos por la región, la cooperativa nació en abril del año 2014. Algunos de sus objetivos fueron aumentar los niveles de información de la población sobre cuestiones energéticas, elevar los niveles de eficiencia y encarar proyectos de generación, los cuales no han podido llevarse a cabo aún. Tras el movimiento “Patagonia sin represas”, ha realizado sus elecciones internas y encarado múltiples talleres informativos, pero le ha resultado más difícil concretar las iniciativas de generación colectiva.
La regulación tampoco favorece este tipo de emprendimientos. En Chile en la generación distribuida se encuentra naturalizado que el usuario que vuelque energía a la red recibirá un pago menor que el abonado por la que consuma; no existe incentivo económico. En otras palabras, el sistema distribuido a miniescala está pensado para satisfacer el autoconsumo, de modo que la distribuidora indica en la unidad lo que es posible instalar y si en algún período de facturación específico se vuelca más a la red de lo que se consume se equiparará en otro que suceda lo contrario, y llegado el caso de que el saldo continúe siendo favorable a los seis meses se podrá obtener un rédito mínimo. Pero insistamos, la capacidad instalada permitida se restringe a una provisión para el autoconsumo indicada por la firma distribuidora, de modo que no se piensa en la microgeneración con una unidad generadora. Dificultades que, a su vez, ilustran sobre los obstáculos para consolidar un entramado público y democrático en el área energética, puesto que al carecer este de fines de lucro y mostrarse disruptivo posee respaldos más que relativos por parte de las instancias oficiales.
Muchos proyectos sufren la escasez del financiamiento. Para EnercoopAysen, la ausencia de capital es un obstáculo prioritario, lo mismo sucede con las tentativas de llevar adelante la generación térmica en base a geotermia, que están a la espera de inversiones privadas o de fondos estatales o regionales. La iniciativa propiciada por la ONU de generar energía térmica centralizada en Coyhaique se sostiene en base a solicitar al poder político central financiamiento a cambio de demostrar que, de concretarse, permitiría el ahorro de capital en rubros diversos. La estrategia de las comunas energéticas fue elaborada, pero los cambios que acarrea se dan de manera muy gradual y no son necesariamente de gran escala. Son conducidos por las instituciones públicas y la participación ciudadana es inducida (entrevista a Pilar Lapuente, ONU Ambiente, Santiago de Chile, enero de 2019). Un elemento que debe destacarse para comprender el funcionamiento de las cooperativas es que en Chile sus usuarios no son automáticamente socios, de modo que puede haber “pocos socios y muchos usuarios”. A su vez, aunque las cooperativas no pueden obtener ganancias, sí pueden obtener excedentes, una suerte de eufemismo para lo anterior.
Los obstáculos que han encontrado las cooperativas no han sido menores. En primer lugar, han tenido dificultades para obtener un reconocimiento legal y económico mínimo, dado que la figura de la cooperativa, aunque presente, no está extendida en Chile. El sistema financiero y bancario les ha puesto incontables obstáculos para llevar adelante el simple acto de habilitar cuentas.
En segundo lugar, la preeminencia de la distribuidora local dejaba poco margen de acción. Se concibe casi con naturalidad que en los regímenes de generación distribuida se pague a un potencial “prosumidor” precios inferiores por la electricidad que este vuelca a la red respecto de los que cobra la empresa por la misma acción. Eso desestimula en todo Chile la posibilidad de concretar redes inteligentes de alcance.
En tercer lugar, en medio de esas condiciones, no son inocuas las contrariedades que atraviesa la cooperativa, en términos políticos y organizativos, pues se debate entre diferentes visiones. Unas apuestan a que potencie la generación individual sobre la colectiva; otras promueven el carácter desmercantilizado de los proyectos, y algunas impulsan que se vuelque al mercado y genere beneficios para reinvertir. Aun en la propuesta más disruptiva, no dejan de aparecer aquellas visiones que creen imprescindible pasar por el circuito económico, lo cual no carece de realismo. El abanico de alternativas posibles no parecería tener una inclinación definitiva por una tecnología o rubro de acción (entrevista a Cristian Pailamilla, tesorero de EnercoopAysen, Aysén, Chile, enero de 2019).
En cuarto lugar, les es costoso lograr financiamiento. En palabras de su principal referente, Miriam Chible (entrevista a Miriam Chible, dirigente de Zoit Chelenko, Aysén, Chile, enero de 2019):
Actualmente EnercoopAysen no cuenta con proyectos de generación. Tenemos ideas, intereses, pero ha sido complejo por recursos involucrados y el aspecto técnico e institucional ha sido difícil. Se nos han acercado organizaciones internacionales y nacionales para llevar adelante iniciativas (incluso un parque eólico que está en evaluación ambiental hoy) o hacer alianzas estratégicas. Pero nada se ha podido concretar aún. Tenemos interés, pero debemos ver cómo lo llevamos adelante, además de ver algunos temas institucionales internos.
En suma, estos son los dilemas centrales que le impiden a la cooperativa concretar las posibilidades de desplegar sus iniciativas. El potencial de la organización reside en que responde a los valores propios de las comunidades, pero hasta ahora no fue suficiente para conseguir sus proyectos. Ello podría extenderse al conjunto de las iniciativas de esta índole, atravesadas por las tensiones de los marcos normativos neoliberales.
Reflexiones finales
Pese a lo polisémico de los significados del significante Patagonia, y su tradicional asociación con concepciones ecologistas que rinden culto a la vida silvestre, la movilización de Aysén en rechazo a la construcción de centrales hidroeléctricas demostró su potencialidad para articular fuerzas sociales divergentes. El movimiento “Patagonia sin represas”, centrado en la galvanización de alianzas entre la sociedad civil local, pueblos originarios y organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales y hasta internacionales, se colocó en un lugar protagónico de la agenda mediática nacional, pese a su distancia geográfica e histórica del centro del poder político chileno. Generó así una intensa presión sobre los designios del poder ejecutivo para los recursos aiseninos. Este no tuvo más remedio que postergar sus intenciones, pese a estar urgido por las carencias en los flujos de gas natural y sus propios horizontes de transición energética en clave mercantil.
Aunque el movimiento “Patagonia sin represas” no logró plasmar de manera evidente la miríada de iniciativas de generación alternativa y gestión local y comunitaria, ha sido estratégico para consolidar el paradigma de ERNC en Chile, al adquirir una dimensión nacional, de fuerte visibilidad social y política, que también insertó el problema energético en el corazón de la sociedad civil del país. Ejemplos de ello, pese a sus inmensas dificultades para consolidarse, pueden verse en experiencias como la de EnercoopAysen.
Sin obviar sus contribuciones al surgimiento de nuevos lenguajes de valoración, por parte de los sectores afectados por la depredación ambiental, cabe destacar que la élite política chilena parecería exhibir una capacidad constante de cambiar sus políticas en función de los reclamos de la sociedad civil, pero sin alterar el curso general de las relaciones de poder. Todo ello podría considerarse, en términos gramscianos, una constante revolución pasiva. En efecto, la clase dominante se reagrupa y reorganiza, produce reformas, reacomoda su visión del mundo y logra transformaciones importantes, pero reduciendo al mínimo la capacidad popular en la producción de esos cambios. Es, si se quiere, una constante fuerza que opera dentro de la contradicción de inhibir la novedad, produciendo una restauración innovadora.
Lo que permanece en el subsuelo político es la premisa pinochetista del Estado subsidiario. Esto es, un Estado que no debe entrometerse, bajo ninguna circunstancia, en las fuerzas del mercado (claro que para lograr ese cometido es necesario que lo haga, aunque no lo quiera, porque así evita el llano llamamiento a la fuerza). La situación torna muy problemáticas las posibilidades estratégicas de los sectores populares, puesto que el Estado chileno es muy hábil para resignificar todo terreno fértil. Quizás parte de la inercia pueda ser torcida por el desenlace del proceso constitucional en ciernes por la fecha en que se escribe este artículo, nacido de los reclamos visibilizados por las masivas protestas sociales iniciadas en octubre de 2019.
Por último, la pregunta evidente es ¿cómo transformar en instituyente el poder destituyente de las aristas más radicales del ecopoder que se ha desplegado en Aysén? La interrogante se puede extender para todo Chile. La respuesta trasciende los límites de esta investigación, que ha constatado que el movimiento en Aysén se ha desmovilizado, sobre todo porque triunfó en su objetivo medular, porque sus propuestas han sido canalizadas por las instituciones públicas y porque la oportunidad de plasmar las iniciativas autónomas de las organizaciones sociales en el campo energético no son amplias.
Puede vislumbrarse que en Chile resulta prioritario trabajar para considerar la energía como un derecho, antes que como una mercancía. Desmercantilizar la energía debería ser un punto significativo. Vale proveerles visibilidad a las propuestas que existan, puesto que es agobiante la hegemonía del patrón económico como ideología de valoración. En ese marco, la experiencia de lucha contra las megarepresas de Aysén y las conclusiones emanadas de ella podrían ser una punta de lanza para parir nuevas lógicas de gestión de la energía, así como visiones del desarrollo en Chile y sus vecinos sudamericanos.
Agradecimientos
Agradecemos los detallados comentarios de los/as evaluadores/as anónimos/as, quienes contribuyeron a enriquecer este texto.