Introducción: ¿sociedad y ambiente? ¿Sociedad o ambiente?
El principal motor histórico del problema ambiental es la relación entre el ambiente y la sociedad. Ya sea que tanto al ambiente como al propio concepto de problema ambiental se los defina desde una visión antropocéntrica o ecocéntrica,1 la idea central es que este problema existe porque influye e impacta en la vida de las sociedades humanas a lo largo de la historia.
Desde la revolución industrial, estos problemas comenzaron a evidenciar una tendencia creciente (Ehrlich 1968; Ehrlich y Ehrlich 2009; Hardin 1968), que aumentó considerablemente en el último medio siglo (Worster 1977), planteando diferentes desafíos a los Estados y a sus sociedades. Pueden encontrarse en todas las escalas: globales o internacionales (el calentamiento global), nacionales (la producción energética y la gestión de recursos naturales tales como los bosques, los humedales y los glaciares) y locales (la gestión de los residuos, el uso de agroquímicos, entre otros).
Como respuesta a esas problemáticas, desde 1972, con la Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas, la comunidad internacional y los distintos Estados elaboraron normativas para enfrentar los problemas ambientales. Dentro de ellas, destacan el informe de las Naciones Unidas “Nuestro futuro común” (Brundtland 1987) y la Declaración de las Naciones Unidas de Río, de 1992 (Ksentini 1994) que sentaron las bases del concepto de “desarrollo sustentable” y dieron origen a la expansión global de la agenda de gobernanza ambiental. Siguiendo a De Castro, Hogenboom y Baud (2016), entendemos por gobernanza ambiental al proceso de formular, disputar e implementar imágenes, diseños, procedimientos y prácticas que dan forma al acceso, el control y el uso de los recursos naturales entre diferentes actores.2
En paralelo con esos procesos, la cuestión ambiental fue incrementando su presencia en las agendas, lo que dio lugar a diferentes visiones sobre los conflictos y las políticas ambientales. En relación con los estudios ambientales, este trabajo pretende caracterizarlos y ordenarlos en perspectivas teóricas para analizar el origen de las problemáticas ambientales y el surgimiento de las políticas que pretenden darles respuesta, en especial en América Latina.
El objetivo de este artículo es, en primer lugar, analizar los debates metodológicos y teóricos y las agendas de investigación de las diferentes áreas de estudios. En segundo lugar, con base en un análisis de cuatro dimensiones centrales de la explicación (su punto de partida, su tipo, las variables utilizadas y la noción de los sujetos participantes) construimos tres tipos ideales de abordajes. Por último, clasificamos los diferentes trabajos según su cercanía a los tipos ideales, marcando, a su vez, la fortaleza y las debilidades de cada uno de los enfoques teóricos construidos. Es menester aclarar que no se trata de una revisión exhaustiva de todo lo publicado, sino, más bien, de una selección de lo que consideramos más representativo de ciertos enfoques o temas.
En síntesis, argumentamos que, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones, es posible construir tres tipos ideales, que ordenan las principales discusiones sobre problemáticas y políticas ambientales. Pretendemos encontrar mecanismos metodológicos que nos permitan organizar la gran cantidad de estudios sobre sociedad, política y ambiente.
Los tipos ideales que aportamos son el sistémico, el racionalista y el intencional-estratégico. El tipo sistémico posee un punto de partida holístico3 y pone el eje en lo macrosocial o en las características que conforman y autorreproducen un sistema. Esto implica que presenta un tipo de explicación funcional con variables estructurales-económicas y considera que los sujetos intervinientes en los procesos a explicar son agentes sin capacidad estratégica para definir sus acciones. Dentro del enfoque sistémico, sostenemos que los estudios englobados bajo el ecomarxismo o ecosocialismo (Galafassi 2013; Alimonda 2007; Alimonda, Pérez, y Martín 2017; Leff 2017; Lowy 2011) y el ecologismo de los pobres (Martínez Allier 2007; Acosta y Martínez 2009) son los que se ubican más próximos.
El tipo racionalista parte del individualismo metodológico4 (Elster 1986), poniendo el foco en lo microsocial o la acción individual de los actores. A su vez, presenta un tipo de explicación causal con variables estructurales-económicas y considera que los sujetos intervinientes son actores con racionalidad completa. Cercanos al enfoque racionalista, se encuentran los estudios de la ecología política, el maldesarrollo y el neoextractivismo (Gudynas 2009; Svampa 2012; Ceppi 2016; Svampa y Viale 2018).
Por último, el tipo intencional-estratégico puede partir desde ambos enfoques (holismo e individualismo metodológico) y presenta explicaciones causales o intencionales (subtipo de las causales), con la posibilidad de que las variables puedan ser distintas: estructurales-económicas, pero también ideológicas-culturales y político-institucionales. Al poner el foco en lo microsocial (Christel y Gutiérrez 2017; Gutiérrez 2018), el centro de la explicación se basa en comprender los incentivos, estímulos e intereses de los diferentes actores que, con capacidad estratégica, pero racionalidad limitada, pueden orientar sus acciones hacia diferentes fines. Dentro de estos estudios pueden ubicarse diferentes trabajos: Delamata 2013; Gutiérrez 2018; Christel y Novas 2018; Christel 2020).
En este estudio nos ocupamos de una tarea que hasta el momento no ha sido realizada: ordenar en abordajes teóricos-metodológicos la compleja y variada discusión sobre las problemáticas y las políticas ambientales. Identificar las fortalezas y debilidades de estos enfoques puede ser de utilidad para futuras investigaciones, considerando las dimensiones presentadas.
Resumir el amplio abanico de enfoques y corrientes doctrinarias que articulan el debate es una tarea difícil, no exenta de sesgos y limitaciones. Por ello, este trabajo debe ser entendido como una visión parcial.
El artículo está organizado en dos grandes secciones. En la primera parte, construimos, a partir de las cuatro dimensiones presentadas (puntos de partida de las explicaciones, tipo de explicación, variables utilizadas y noción de los sujetos participantes), tres tipos ideales (sistémico, racionalista e intencional-estratégico), que son los abordajes teórico-metodológicos que utilizamos para ordenar los diferentes estudios. En la segunda parte, desarrollamos el análisis central del artículo, al caracterizar y clasificar los diferentes estudios ambientales según su cercanía a los tipos ideales presentados. Por último, recapitulamos los hallazgos y presentamos agendas de investigación futuras.
¿Qué estamos explicando sobre problemáticas y políticas ambientales?
En este apartado presentamos cuatro características que conforman los principales rasgos de las corrientes teóricas que analizamos: a) puntos de partida de la explicación, b) tipo de explicación, c) sujetos intervinientes y d) relación entre variables. A partir de cada una, construimos tres tipos ideales de explicación: sistémica, racionalista e intencional-estratégica y, al mismo tiempo, analizamos la relación entre ellas. Decidimos abordarlos mediante la noción de “tipos ideales” de Max Weber (1993), ya que nos proponemos un aporte preliminar a estos abordajes teóricos-metodológicos.
Punto de partida
La primera característica es el punto de partida de la explicación, que expone el objeto de estudio y las unidades de análisis. En términos generales, la diferenciación más importante se da entre dos puntos de partida: el holismo (visión macrosocial) y el individualismo metodológico (visión microsocial). Por holismo entendemos a la postura que asume que los factores causales en toda explicación social se encuentran en el nivel de los macrofenómenos. Desde esta visión, los sujetos intervinientes no poseen una acción estratégica independiente, sino que se explican como reflejo del comportamiento de la estructura de la cual forman parte. Eso los convierte en meros agentes (Castiglioni y Fuentes 2015).
Por otro lado, por individualismo metodológico comprendemos a la postura que asume que el nivel en el que se encuentran las causas de todo fenómeno social es el microsocial. Los actores, a partir de acciones estratégicas, son quienes generan y producen las estructuras macro o micro. Por lo tanto, es importante explicar la acción de los sujetos (devenidos en actores) y cuáles son las causas y consecuencias de ese accionar (Elster 1986).
Tipos de explicación
La segunda característica refiere a los tipos de explicación. Hay tres tipos posibles: funcionalista, causal e intencional. La explicación funcional se caracteriza por entender que todo fenómeno social forma parte de un sistema que engloba al conjunto de los fenómenos político-sociales. En ese sentido, hay un sistema, entendido como estructura económica-social que direcciona las acciones de los sujetos, es decir, que la dinámica de su funcionamiento es independiente de las preferencias de los sujetos que lo componen. En este tipo de explicación resulta crucial comprender si el proceso o la relación bajo estudio contribuye a la reproducción del sistema. Tiene un punto de partida que, por definición, es holístico, ya que se posiciona en un nivel macrosocial, al analizar las funciones necesarias para que el sistema continúe su reproducción.
La explicación causal presupone la existencia de una serie de condiciones iniciales que son necesarias y suficientes para que ocurra algo en un segundo momento. A diferencia de la anterior, la configuración causal de los factores intervinientes, más que la trayectoria sistémica, hace a la explicación de los fenómenos estudiados.
Por último, la explicación intencional es un subconjunto de la causal, porque también establece una relación causal. La diferencia fundamental es que busca analizar las motivaciones, los incentivos y los objetivos particulares que definen las acciones de los actores. Por lo tanto, es aquella explicación que presupone un sujeto o entidad consiente, el cual persigue un objetivo que explica la conducta del sujeto.
Tipos y relación entre variables
La tercera característica está referida a los tipos y la relación entre variables. En ese sentido, identificamos tres grandes tipos de variables que abarcan el conjunto del estudio político-social (Castiglioni y Fuentes 2015): la estructural-económica, la ideológico-cultural y la política-institucional. Las variables estructurales-económicas se refieren a los aspectos técnicos-económicos de los procesos de producción, distribución y redistribución. A su vez, las condiciones estructurales de estas variables suelen imponer límites de factibilidad a los sujetos que intervienen en un proceso. Determinan el modo en que analizan el contexto en el que operan.
Las variables ideológicas-culturales están relacionadas con la forma en que los actores creen que los procesos sociales funcionan y deberían funcionar. Funcionan como el mapa cognitivo y normativo que los actores tienen sobre los fenómenos sociales. Así, los sujetos no solamente encuentran en el plano ideológico la explicación de porqué suceden los distintos acontecimientos, sino también los aspectos normativos que les permiten valorar como positivo o negativo algún fenómeno. Por lo tanto, entender el mapa cognitivo es un trabajo científico, ya que interesa explicar los factores ideológicos que moldean el comportamiento de los sujetos.
La tercera de las variables son las político-institucionales, que están relacionadas principalmente con el funcionamiento de las instituciones políticas. En este caso, las instituciones importan porque cumplen una función central en la reproducción social y en la producción de un orden público y, al mismo tiempo, distribuyen poder incentivando comportamientos en un sentido predecible, reduciendo la incertidumbre de los intercambios sociales, multiplicando su eficiencia y reduciendo la posibilidad del desorden social. Existen distintos tipos de instituciones y su forma de operar es a través de reglas formales (aquellas que están definidas en términos positivos, y escritas) e informales (el entendimiento compartido sobre cómo funcionan las cosas). Es importante comprender cómo operan las diferentes instituciones en el comportamiento de los diferentes actores (Acuña y Chudnosvky 2013).
Sujetos participantes
La última característica está relacionada con la noción de los sujetos participantes en la dinámica de los fenómenos bajo estudio. En este caso, es posible identificar dos posibles tipos: sujeto-agente y sujeto-actor. La noción de agente refiere a que los sujetos (individuales o colectivos) no cuentan con capacidad de acción propia, sino que responden a estímulos externos que orientan sus comportamientos (puede ser otro sujeto, un elemento, un proceso, una estructura…). En consecuencia, se busca estudiar los factores que producen el comportamiento del individuo.
Por su parte, la noción de actor refiere a un
sujeto individual o colectivo cuya identidad le permite reconocerse como colectividad o como parte de ella y con capacidad de acción estratégica, esto es, con capacidad de identificar/definir sus intereses y traducirlos en objetivos, diseñar un curso de acción (estrategia) para alcanzarlos y relativa autonomía para implementar ese curso de acción (Acuña y Chudnovsky 2013, 36).
En este caso, el principal desafío es reconocer y fundamentar las motivaciones y acciones que guían el rol de los diferentes actores que intervienen en un proceso a analizar.
En síntesis, se han presentado cuatro características que consideramos fundamentales para desglosar los aspectos más importantes al momento de analizar los enfoques teóricos que pretenden explicar las problemáticas y las políticas ambientales. Es a partir de la interacción entre estas cuatro características que construimos tres tipos ideales que ayudan a agrupar las investigaciones.
Principales abordajes de la teoría política: sistémico, racionalista e intencional-estratégico
Hasta aquí, hemos detallado las características teóricas y metodológicas principales de las posibles explicaciones desde diversos enfoques. En esta sección, nos centramos en los abordajes que son el aporte central del estudio: el sistémico, b) el racionalista y c) el intencional-estratégico, los cuales consideramos tipos ideales.
Las corrientes sistémicas parten de una posición holística, según la cual las explicaciones se centran en el análisis de macrofenómenos sociales. Estudian cómo el funcionamiento de determinados sistemas determina la acción de las partes que los integran (Przeworski 2007). Dada su base holística, el tipo de explicación que más se ajusta a este tipo ideal es el funcionalista.
Al segundo tipo ideal lo llamamos racionalista. A diferencia del enfoque sistémico, el punto de partida de la explicación es el individualismo metodológico y el tipo de explicación es causal. Siguiendo a Zurbriggen (2006), en esta corriente los resultados son explicados por el comportamiento racional de los actores. El centro de la explicación está en el análisis de las motivaciones que guían el accionar estratégico de los actores para perseguir sus intereses y fines.
Al tercer tipo ideal lo denominamos intencional-estratégico. El punto de partida, de manera más integral que en las teorías anteriores, es que los actores y las instituciones son relevantes porque importa la interacción entre ellos. En consecuencia, es necesario desagregar el nivel de análisis a las arenas en donde se articulan la estructura institucional y su dinámica (Acuña y Chudnosvky 2013, 63), para entender esa interacción. A diferencia de los enfoques que plantean el nivel de análisis en los macrofenómenos, el análisis estratégico centra su análisis en los microfenómenos, ya que es el lugar donde se despliegan los intereses, los comportamientos y las estrategias de los actores (Acuña y Chudnosvky 2013, 43). En este caso, las variables intervinientes pueden ser estructurales-económicas, culturales-ideológicas y político-institucionales, porque las motivaciones de los actores pueden responder a distintos estímulos del entorno social.
La relación entre variables se define mediante una matriz política (Acuña y Chudnosvky 2013, 29) que articula las variables socioestructurales, político-institucionales e ideológico-culturales. Dependiendo del objeto de estudio, tendrán distintas formas de articulación, sin que necesariamente una variable presente mayor peso que otra.
La tabla 1 resume los tipos ideales, teniendo en cuenta las dimensiones propuestas.
Tipos ideales aplicados al análisis de la política ambiental: una dinámica en funcionamiento
En esta sección relacionamos, por un lado, los abordajes que construimos en la anterior y, por otro, analizamos las distintas maneras de analizar los fenómenos que vinculan a las problemáticas y las políticas ambientales en América Latina. Proponemos una combinación matizada de estas formas ya que, al ser tipos ideales, sus fronteras explicativas no son necesariamente estáticas ni fijas. Por el contrario, estas explicaciones se entremezclan y no se encasillan totalmente en tipos ideales separados.
Sistémico: la estructura económica y el ambiente.
Los trabajos sobre ecomarxismo o ecosocialismo (Kovel 2002; Leff 2008; Lowy 2011) y el ecologismo de los pobres (i. e. (Martínez Allier 2007; 2008) se aproximan a la perspectiva denominada sistémica. Estos trabajos parten de un supuesto general que sostiene que entre el capital y la naturaleza hay una contradicción inherente. En pocas palabras, se argumenta que el capitalismo tiene una función principal: la acumulación económica y, en vistas de esta, los componentes del ambiente son potencialmente destruibles (Kovel 2002; Leff 2008; Lowy 2011). La contaminación de los alimentos, el aire, el agua y el suelo, el aumento del calentamiento global, la reducción de la biodiversidad, entre otras cosas, son producto de “la lógica productivista y mercantil de la civilización capitalista” (Lowy 2011, 25).
Así mismo, estos estudios sostienen que las poblaciones de más bajos recursos son las que mayormente sufren las consecuencias de la degradación y destrucción de la naturaleza. Como respuesta a ello, han surgido diversos grupos o movimientos socioambientales que cuestionan que el avance constante del capitalismo (con sus innovaciones tecnológicas) refuerza y aumenta las desigualdades socioeconómicas, a la vez que reclaman una salida por fuera del sistema (Kovel 2002; Martínez Alier 2007).
Desde un plano latinoamericanista, Martínez Allier (2007; Acosta y Martínez 2009) es quien más ha problematizado acerca de los movimientos de resistencia contra las actividades productivas nocivas para el ambiente y las sociedades, desde un plano sistémico. Para el autor, las comunidades afectadas se defienden y resisten “contra el avance de las actividades extractivas de las empresas multinacionales” (Martínez Alier 2009, 623). A diferencia de los ecomarxistas, Martínez Allier pone el foco en la manera en que los conflictos sociales distributivos, generados a partir de la explotación ambiental, configuran movimientos de resistencia que se oponen a las actividades extractivas. En medio de esos conflictos sociales entre las actividades extractivas y los movimientos socioambientales, el Estado es definido como un agente reproductor del sistema capitalista, que tiene el fin de asegurar la producción y acumulación del capital, mediante la destrucción de la naturaleza (Lowy 2011).
En esa línea, la dinámica del conflicto político, la estructura de poder capitalista y las acciones del Estado, a través de sus políticas, están relacionadas a partir de un vínculo sistémico. Por lo tanto, las políticas públicas están siempre orientadas a garantizar el crecimiento económico, en desmedro de la protección ambiental (Lowy 2011). A modo de ejemplo, O´Connor (1988, 23) argumenta que
[los bienes públicos] no son producidos o reproducidos en forma capitalista, pero dado que son comprados y vendidos y utilizados como si fueran mercancías, las condiciones de suministro (cantidad y calidad, lugar y tiempo) deben ser reguladas por el Estado o por los actores capitalistas como si ellos fueran el Estado. Aunque la capitalización de la naturaleza implica el aumento de la penetración del capital en las condiciones de producción, el Estado se instala entre el capital y la naturaleza, o media entre el capital y la naturaleza, con el resultado inmediato de que las condiciones de producción capitalistas se politizan.
Como podemos observar, los autores englobados en la perspectiva sistémica parten de un enfoque holístico, que explica las causas de los fenómenos sociales (en este caso, las problemáticas ambientales, las políticas ambientales y el surgimiento de movimientos de resistencia) a partir de macrofenómenos y por medio de variables estructurales-económicas. Al operar desde una lógica funcionalista, estos autores cuentan una historia sin actores, por lo que es más preciso hablar de agentes. Lo relevante en la explicación sistémica son las fuerzas o estructuras que constriñen, orientan o direccionan los comportamientos de los individuos, más que las metas o el accionar estratégico de los sujetos (Przeworski 2007).
Con respeto a esta perspectiva, es posible reconocer dos puntos fuertes. En primera instancia, demuestra que las variables estructurales-económicas son fundamentales para comprender los procesos sociales, en este caso, las problemáticas y políticas ambientales. Ayuda a reconocer que en una sociedad capitalista hay una minoría privilegiada (los capitalistas, los burgueses o el mercado), consciente de su posición dominante, que desarrolla estrategias y logra que el Estado genere las condiciones necesarias y suficientes para continuar con la acumulación capitalista, en perjuicio de la destrucción del ambiente. En segunda instancia, a pesar del dominio de los sujetos capitalistas, se reconoce que los conflictos sociales son centrales en las explicaciones (Skocpol 2005).
A su vez, reconocemos tres debilidades de esta perspectiva que, a nuestro entender, no permite comprender las complejidades de las problemáticas y políticas ambientales. En primer lugar, los conflictos que explican las dinámicas políticas en relación con las políticas ambientales se producen tan solo entre dos facciones: los capitalistas y el resto de la sociedad civil, que sufre las consecuencias de la explotación ambiental. Como analizan algunos autores, estos estudios no reparan en que “los capitalistas” suelen ser grupos heterogéneos de individuos que, en algunos contextos, pueden tener intereses y objetivos contradictorios y, por ello, confrontar entre sí (i.e. Elster 1986; Fairfield 2010; Christel 2020).
En segundo lugar, supone que el Estado es un agente que siempre beneficia la acumulación del capital. En esa línea, los estudios mencionados no consideran que, en varias oportunidades, el Estado tiene una mayor autonomía porque elabora políticas públicas (en este caso, ambientales) que van en contra de los intereses de la acumulación del capital, como también lo demuestran distintos trabajos (Acuña 2007; Acuña y Chudnosvky 2013; Acuña 2016, Gutiérrez 2018).
En último lugar, desconocer la noción de actor y analizar a los individuos como agentes que funcionan acorde a las dinámicas de la estructura socioeconómica no les permite a estos estudios explicar qué motivaciones e incentivos poseen los sujetos, por ejemplo, para organizarse (Przeworski 2007, 254) y resistir la expansión del capital en desmedro del ambiente. Por lo tanto, al no ofrecer los microfundamentos que explican la realidad política y social (Elster 1986), consideramos que estos estudios no logran analizar exhaustivamente las problemáticas y las políticas ambientales.
Racionalista: los agentes y el ambiente
Los estudios sobre neoextractivismo, maldesarrollo y ecología política5 se acercan al tipo ideal racionalista (i.e. Gudynas 2009; Svampa y Viale 2014; Reboratti 2000). Suelen centrarse en la relación entre el modo de desarrollo económico y su impacto en el ambiente, en los tiempos de los gobiernos de la primera y media década del siglo XXI en América Latina (principalmente, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina). Los autores que integran este grupo de estudios comparten que el Estado se abastece de recursos económicos a partir de la explotación de los recursos naturales y, por lo tanto, suele priorizar el crecimiento económico sobre la protección ambiental (Gudynas 2009; Richardson 2009; Svampa y Viale 2014).
Nuevamente, aparece como presupuesto de base la incompatibilidad entre el crecimiento económico y la conservación del ambiente. Aunque, en este caso, el Estado es quien determina de manera estratégica la orientación de las políticas económicas (y ambientales). Al mismo tiempo, busca legitimarse a partir de la redistribución de algunos excedentes generados por las actividades extractivas (Gudynas 2009; Richardson 2009).
Al igual que en la perspectiva anterior, los conflictos distributivos tienen una relevancia determinante, ya que los impactos negativos en el ambiente y en las poblaciones de más bajos recursos tienden a generar la activación de movimientos socioambientales que pueden operar en diferentes escalas (internacional, nacional y subnacional) e intentan poner un freno al avance extractivo.
A diferencia de las teorías sistémicas, el punto de partida de la explicación es el individualismo metodológico y el tipo de explicación es causal. Siguiendo a Zurbriggen (2006), los resultados políticos (en este caso, el alcance de las políticas ambientales) son explicados por el comportamiento racional de los actores. El Estado tiene capacidad racional y suficiente autonomía para elegir la mejor línea de acción que maximice sus utilidades. Al igual que en el enfoque anterior, las variables explicativas que determinan la orientación de las políticas públicas de los Estados son estructurales-económicas, ya que los resultados de todo fenómeno social, las problemáticas y políticas públicas ambientales, suelen ser explicados por macrofenómenos económicos. Es esperable que la posición que ocupa un Estado en el mercado mundial cause directamente la orientación de su política económica y ambiental. Así, los países de América Latina suelen ser extractivistas, por su potencial para exportar materias primas.
En cuanto a la noción de sujetos participantes, ambas perspectivas vuelven a un desacuerdo. En este enfoque, el papel racional del Estado es central y su autonomía resulta una condición necesaria y suficiente para promover la producción y exportación de las materias primas (Gudynas 2004; 2009). Por lo tanto, los intereses y las preferencias estatales en materia económica son claves para explicar la orientación de las políticas económicas y ambientales.
Las fortalezas del enfoque racionalista incluyen, en primer lugar, que los conflictos entre los sujetos son un aspecto central para entender los procesos políticos, al igual que lo consideraba el enfoque anterior. En segundo lugar, una de las premisas básicas es que el Estado es un actor con autonomía para fijar la orientación de sus políticas públicas. Tiene la capacidad para desarrollar estrategias (Acuña y Chudnovsky, 2013) siguiendo una racionalidad dependiente del contexto económico mundial. Por ese motivo, la orientación de las políticas que desarrolla deja de estar directamente relacionada con los intereses del capitalismo y se coloca como un actor que puede entrar en contradicción o cooperación con los capitalistas (y otros actores sociales), siguiendo su racionalidad estratégica.
Más allá de las virtudes, este enfoque presenta al menos dos debilidades que consideramos sustantivas. La primera está relacionada con el abordaje de las estructuras del Estado y la segunda se refiere al alcance de los conflictos sociales distributivos en torno a una política pública ambiental (Gutiérrez 2018).
Los estudios englobados en la perspectiva racionalista parten de una visión unificada sobre las estructuras del Estado, dando por entendido que es una unidad monolítica y racionalmente coherente en sus metas y fines. Por el contrario, Repetto (2014) sostiene que en el proceso de elaboración de una política pública (definición del problema e instrumentos elegidos para atenderlo) intervienen grupos sociales y funcionarios públicos, quienes (entre ellos y dentro de ellos) tienen diferentes opciones y preferencias en la elección de políticas a seguir.
Puntualizando en las estructuras del Estado, sostenemos que debe ser visto como un actor complejo y diferenciado, en cuanto se presenta a través de múltiples organizaciones que intentan resolver, a partir de políticas públicas, una parte de los problemas sociales. Los estudios citados previamente no reparan en que el Estado está compuesto por múltiples burocracias que, a su vez, pueden entrar en conflicto porque persiguen objetivos distintos o tienen intereses que entran en contradicción (Acuña 2007; Gutiérrez 2018). Las políticas públicas ambientales implican conflictos distributivos, que pueden poner en contradicción a diferentes actores. Los capitalistas no son un actor homogéneo, sino que pueden entrar en contradicción dependiendo de sus intereses y preferencias. El Estado tampoco es un actor monolítico en cuanto a su posición en los conflictos distributivos, sino que sus organizaciones pueden entablar relaciones conflictivas, por la orientación de las políticas públicas (Gutiérrez 2018).
Teniendo en cuenta lo desarrollado, argumentamos que este enfoque tampoco logra analizar exhaustivamente las problemáticas y las políticas ambientales.
Intencional-estratégico: las instituciones, los agentes y el ambiente
Por último, proponemos englobar diferentes estudios que, si bien no forman parte de una etiqueta teórica, los denominamos análisis estratégico y se encuentran cerca del tipo ideal intencional-estratégico (i.e. Gutiérrez 2018; Figueroa y Gutiérrez 2018; Christel y Novas 2018; Christel 2020).
Este enfoque enfatiza dos puntos centrales. Por un lado, sostiene que las políticas públicas implican conflictos distributivos y que el Estado no es un actor monolítico, sino que está compuesto por múltiples burocracias que pueden tener intereses contrapuestos entre sí, lo que da lugar a posibles tensiones interestatales (Gutiérrez 2018).
Con respecto a los conflictos sociales distributivos, estos estudios reparan en que, tanto las problemáticas como las políticas ambientales, tienden a afectar y beneficiar a unos grupos más que a otros (Repetto 2014). De allí que, en vez de considerar los cambios como bienes, algunos sectores pueden considerarlos como males. En ese sentido, sostienen que el costo de las políticas públicas ambientales será mayor para algunos individuos u organizaciones (por ejemplo, grupos empresariales) y no para otros, y los beneficios recaerán más en unos (grupos que padecen la degradación o destrucción ambiental) que en otros (Gutiérrez 2018). Del mismo modo, las problemáticas y las políticas ambientales pueden afectar a los funcionarios estatales, lo cual genera tensiones interestatales.
En el análisis sobre las políticas ambientales, es necesario estudiar detalladamente tanto las tensiones estatales mencionadas como los conflictos distributivos que se presentan en cada caso. Asimismo, hay que tener presente la intención de los actores (estatales y sociales) para incidir en los alcances de una política pública (en este caso ambiental) (Acuña y Chudnosvky 2013; Repetto 2014). En general, los individuos que intervienen en el proceso de discusión de una política ambiental desarrollan estrategias para incidir en la orientación de las políticas en cuestión. Aprovechando las tensiones estatales, los actores sociales que sufren las consecuencias de la explotación ambiental, y que se beneficiarían por una regulación, tienden a interactuar con los actores estatales que están a favor de dicha regulación.
Conforman así una coalición Estado-sociedad que entra en disputa y contradicción con una coalición contraria, constituida por la interacción de actores sociales y estatales que se perjudicarían con la política ambiental (Gutiérrez 2018; Azerrat 2018; Figueroa y Gutiérrez 2018). Este enfoque pone el lente en el análisis micropolítico, al sostener que las políticas de regulación ambiental suelen ser resultado de la interacción y confrontación de coaliciones Estado-sociedad (Gutiérrez 2018).
Desde un enfoque de análisis estratégico, los sujetos intervinientes son considerados actores con autonomía relativa. El Estado se observa en su momento de acción: en las acciones que despliegan los actores estatales y en las políticas públicas.6 En tal sentido, cabe remarcar que la naturaleza emergente de las políticas ambientales es bilateral: se refiere no solo a los orígenes de los derechos ambientales, sino también a su aplicación (Christel y Gutiérrez 2017). En efecto, existen demandas por derechos ambientales que no consiguen respuestas estatales y por eso, generan conflictos socioambientales.
Los actores que protagonizan estos conflictos se organizan a partir de múltiples formas de acción colectiva: movimientos ambientalistas,7 coaliciones, asambleas comunitarias, entre otras. La participación puede ser tanto contenciosa como institucional, la que consideramos de gran relevancia, ya que es el mecanismo clave a través del cual los derechos y las políticas ambientales logran ser sancionados (Christel y Gutiérrez 2017). A su vez, es el mecanismo mediante el cual se establece la relación con la formulación de las políticas públicas ambientales.
El individualismo metodológico es el punto de partida de este enfoque, mientras que el tipo de explicación es intencional. Al igual que en el enfoque anterior, los alcances de las políticas públicas son explicados por los cálculos estratégicos y racionales que realizan los actores en el intento de incidencia con respecto a otros actores y al contexto en que operan. Pero a diferencia del anterior, el enfoque intencional-estratégico no considera la racionalidad y las preferencias como estables y perfectas, sino más bien como variables, limitadas (Zurbriggen 2006) y relativas. Son variables porque la capacidad de incidir de los actores (individuales o colectivos) depende del contexto y del área de política pública ambiental que se analice. Son limitadas porque los actores desarrollan su comportamiento en una situación de incertidumbre y son relativas porque las preferencias dependen siempre del poder de los otros actores con los que se confronta y, por ello, las estrategias elaboradas siempre se despliegan teniendo en cuenta esas percepciones.
En resumen, este enfoque entiende que los actores se mueven en un contexto de incertidumbre y que estratégicamente establecen alianzas con otros actores para aumentar los recursos disponibles para la acción, con el objetivo de incidir en los alcances de las políticas ambientales. Las variables que explican los resultados pueden ser ideológicas, político-institucionales y estructurales-económicas. Ideológicas porque el comportamiento responde, en principio, a los marcos cognitivos con que cuentan los actores, por ejemplo: un sujeto que forme parte de una organización socioambiental tendrá un marco cognitivo diferente a otro sujeto que esté a la cabeza de una industria extractiva.
Las variables político-institucionales responden a que las instituciones, al distribuir el poder en la sociedad, fijan probabilidades diferenciadas de éxito entre los actores. Por último, las variables estructurales-económicas son importantes, ya que hay actores privilegiados por la posición que ocupan en la estructura económica y, por ello, pueden tener mayor probabilidad de incidencia. Tener presentes las posibles variables que pueden explicar el comportamiento de los actores es importante para analizar el alcance de las políticas ambientales.
Este enfoque cuenta con varias fortalezas. En primer lugar, al igual que el racionalista, comienza con el supuesto de que los actores importan en las explicaciones. En segundo lugar, a diferencia de la perspectiva mencionada, no cree que los sujetos busquen solamente maximizar utilidades ni que su racionalidad sea perfecta. En ese sentido, a los actores pueden movilizarlos diferentes intereses, que pueden ser económicos, pero también pueden ser políticos y/o ideológicos. De la segunda fortaleza surge la tercera, ya que no se asume que hay variables más determinantes que otras. En este caso, las tres mencionadas a lo largo del trabajo (estructurales-económicas, político-institucionales e ideológicas) pueden incidir en el resultado.
En último lugar, la claridad explicativa de este enfoque es central porque, al poner el foco en los microprocesos, permite entender de una mejor manera los mecanismos causales que conectan las variables explicativas. Por tal motivo, al estar dotado de una profundidad mayor que los enfoques desarrollados previamente, sostenemos que es el que permite comprender el origen de las problemáticas y las políticas ambientales.
Sin embargo, puede marcarse una debilidad metodológica al intentar descifrar las causas y los mecanismos causales que explican los microprocesos, dado que estos tipos de estudios no permiten amplias generalizaciones, por lo que quedan enmarcados en investigaciones con un número pequeño de casos.
Reflexiones finales y futuras agendas
El principal motor histórico del problema ambiental es la relación entre el ambiente y la sociedad. Si esa afirmación de Reboratti (2000) es cierta, resulta esencial profundizar sobre la mencionada relación. Con ese fin, hemos trabajado sobre una propuesta teórico-metodológica enmarcada en la Ciencia Política.
Reconocemos que, con este aporte, no estamos sintetizando los debates ni pretendemos hacerlo. Al contrario, buscamos proponer una aproximación para sistematizar la enorme cantidad de información y estudios que las ciencias, en general, y las sociales en particular vienen desarrollando sobre este tema. Los puntos faltantes y las falencias de los tipos ideales propuestos son parte de futuros trabajos.
Hemos abordado desde la teoría política una problemática metodológica a la hora de estudiar los fenómenos sociales que interactúan entre el ambiente y la sociedad. Para ello, hemos trabajado sobre las características principales para explicar fenómenos sociales en general: a) puntos de partida de la explicación, b) tipo de explicación, c) sujetos intervinientes y d) relación entre variables. Estas características las hemos descripto en los tres abordajes principales (pero no los únicos) de la teoría política: el sistémico, el racionalista y el intencional-estratégico. Luego hemos relacionado estos abordajes con las cuatro características explicativas que fueron sistematizadas en la tabla 1.
Con base en el análisis de la teoría general de la disciplina, propusimos tres tipos ideales, que lejos de poseer fronteras fijas o constituir entes fijos y estáticos, son dinámicos e integrados. Estos pueden superponerse, de manera que ciertos temas u objetos de estudio pueden compartir una o más de las cuatro características explicativas que describimos, a pesar de posicionarse desde distintas teorías.
Entonces, ¿son los tipos ideales que proponemos excluyentes entre sí o, en realidad, depende del objeto de estudio? La primera aproximación a la respuesta es que el abordaje y, por lo tanto, las características explicativas a usar, dependen profundamente del objeto de estudio y de la pregunta de investigación, que marca cuál es el abordaje a utilizar. Aunque el análisis sea de tipo sistémico, racionalista o intencional-estratégico, comprendiendo las características explicativas del tipo ideal que se utiliza, es posible sistematizar la literatura disponible, con el objetivo de integrar la gran cantidad de trabajos que existe.
Hacemos un aporte inicial a la tarea que todavía está pendiente de integrar las teorías y las metodologías para abordar los fenómenos sociales en temas ambientales. Es fundamental avanzar sobre el detalle y la focalización tanto de cada visión teórica como también, y más importante, de la intersección entre ellas. La integración de enfoques y visiones puede ser un motor para explicaciones más integrales, que nos permitan ahondar la sistematización extensa y detallada de los estudios sobre la relación entre el ambiente y la sociedad.