Introducción

Ecuador es uno de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) desde el año 1992. Su compromiso con el desarrollo sostenible se ratificó con la firma del Protocolo de Kioto, en 1998, y el Acuerdo de París, en 2015. Sin embargo, los esfuerzos de la política pública en el país no han logrado reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ni parar otras causantes antropogénicas del cambio climático (^{Estenssoro y Vásquez 2018}).

^{Pérez (2015}, 310) sostiene que, “el cambio climático, no puede ser abordado en las negociaciones internacionales como un pro blema más; ya se están sufriendo las consecuencias de la negligencia de los Estados”. Para estudiar “la manera como el clima afectará a las comunidades y cómo las comunidades afectarán al clima” (^{Sánchez 2013}, 13), se ha insistido a las naciones sobre la necesidad de asumir con franca reciprocidad las “decisiones respecto al uso eficiente y duración de los materiales, potencial reducción de los usos excesivos de equipamientos y aparatos, aplicación del marco normativo y accionar de los tomadores de decisiones respecto a temas ambientales” (^{Romero, Qin y Borbor-Cordova 2013}, 11). Se apuesta por el desarrollo sostenible en tanto ruta que asegura la conservación de los recursos naturales para el disfrute de las próximas generaciones (ONU 2015; ^{Martínez 2015}).

Las comunidades de Chumundé, Playa de Oro y San Miguel asumieron el reto de articular iniciativas de emprendimiento con el enfoque de desarrollo sostenible (^{Cabanilla 2014}). Pretenden generar empleo directo e indirecto para aportar al aceleramiento de las dinámicas socioeconómicas comunitarias (^{Coloma 2015}) y ejercer el derecho a mejorar sus condiciones de vida (^{García 2016}; ^{Andrade 2017}). Con base en ello, en este artículo se responden los siguientes cuestionamientos: ¿cuáles son los impactos socioeconómicos ambientales que los emprendimientos de turismo comunitario han generado en Chumundé, Playa de Oro y San Miguel?; ¿cómo influye el ingreso económico en la adaptación al cambio climático?; ¿cuál es el nivel de avance del proceso de adaptación autónoma al cambio climático iniciado en estas comunidades? El objetivo es aportar al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades rurales para la adaptación autónoma ante el cambio climático, mediante la socialización de las experiencias de Chumundé, Playa de Oro y San Miguel, en la provincia de Esmeraldas, Ecuador.

La política pública ecuatoriana para la adaptación al cambio climático

En Ecuador se logró incluir esta problemática en la Constitución del año 2008. Así, se enfatiza la protección del patrimonio natural del país y se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. La Carta Magna incluye el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Su artículo 413 promueve la “eficiencia energética; el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas; las energías renovables, diversificadas, de bajo impacto para evitar poner en riesgo la soberanía alimentaria; el equilibrio ecológico de los ecosistemas; y el derecho al agua”. El artículo 414 norma la adopción de “medidas de mitigación del cambio climático mediante la limitación de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), la deforestación y la contaminación atmosférica; se adoptan medidas para la protección de la población en riesgo, conservación de bosques y vegetación”.

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, en la visión hacia 2030, indica con respecto al ambiente:

Ecuador asumirá plenamente su protección y la garantía de los derechos de la naturaleza. Esto incluye: el manejo responsable de los recursos naturales para beneficio colectivo de la sociedad, la protección de la diversidad biológica, la prevención de la degradación del suelo y la implementación de una respuesta adecuada al cambio climático, que promueva la resiliencia de las comunidades (^{SENPLADES 2017}, 33).

Los asuntos que tienen relación directa con el cambio climático están plasmados en el eje 1: “Derechos para todos durante toda la vida”, objetivo 3: “Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”. En cuanto a políticas, se establece en el 3.4: “Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global”. En el 3.6, “impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad” (^{SENPLADES 2017}, 66 y 67).

La Estrategia Nacional de Cambio Climático procura aplicar un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural. Se añade que el Programa para el Desarrollo del Sistema Económico de Ecuador está compuesto por los sectores: “agricultura, ganadería soberanía alimentaria; pesca y acuacultura; turismo, infraestructura; y asentamientos humanos” (^{Ministerio del Ambiente 2012}, 86). La línea Estratégica Nacional del Cambio Climático tiene el propósito de reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente al cambio climático. Su objetivo general es “crear y fortalecer la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para afrontar los impactos del cambio climático” (^{Ministerio del Ambiente 2012}, 6). En 2018 se presentó la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad (ANIB) de Ecuador (^{Senescyt 2018}). Esta procura la reducir actividades extractivas e impulsar la economía basada en el bioconocimiento y la bioeconomía.

La capacidad emprendedora de las comunidades rurales de Esmeraldas

Los emprendedores se han convertido en agentes de cambio, cuyo éxito es fruto de su capacidad creativa (^{Benítez y Villafuerte 2014}). Aportan al crecimiento económico del colectivo social (^{Oyarvide et al. 2016}). El turismo comunitario procura la conservación de la biodiversidad de las comunidades para el disfrute de sus miembros y de visitantes (^{Jiménez 2013}). Es una actividad responsable y organizada, que permite dar a conocer la biodiversidad de un sitio determinado (^{Cabanilla 2014}). Su práctica permite obtener un beneficio económico moderado, a cambio de que los recursos naturales y culturales sean conservados para el disfrute de las siguientes generaciones (^{Coloma 2015}; ^{Andrade 2017}). Esto es posible mediante un sistema educativo que promueva el cambio mental en el profesorado y alumnado, para aportar a la sustentabilidad como resultado común (^{Villafuerte 2015}).

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas (GADPE) ha trabajado para establecer estrategias con actores clave de los sectores productivos público y privado, enfocadas a superar problemas estructurales y transversales que afectan las cadenas productivas (Gobierno Autónomo de la Provincia de Esmeraldas 2012). Las iniciativas emprendedoras en la zona rural se han diversificado; el turismo comunitario y la producción asociativa del cacao son dos de los sectores destacados. El giro estratégico alcanzado aporta al aceleramiento de la economía local y a la diversificación de los ingresos familiares (^{Benítez y Villafuerte 2014}).

Son siete las leyes que promueven y amparan la administración y operatividad de los negocios que emergen. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala de forma clara la ruta que deben seguir la inversión pública y las instancias de participación ciudadana (Ministerio de Finanzas del ^{Ecuador 2010}). El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece el nuevo modelo de organización territorial (Gobierno de la República del ^{Ecuador 2010}a). El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones regula el proceso productivo y facilita a los Gobiernos provinciales asumir las competencias de fomento productivo (Gobierno de la República del ^{Ecuador 2011}a).

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria valoriza la multifuncionalidad de la agricultura campesina de pequeños y medianos agricultores rurales (Gobierno de la República del ^{Ecuador 2010}b). La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria promueve el equilibrio territorial, plurinacional e intercultural en un sistema económico, social, solidario y sostenible (Gobierno de la República del ^{Ecuador 2011}b). La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social (Gobierno de República del ^{Ecuador 2018}) garantiza la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, en sus diferentes niveles de Gobierno. La Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales regula la posesión, la propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción. Reconoce la necesidad de propiciar un ambiente sustentable y equilibrado (Gobierno de la República del ^{Ecuador 2016}).

Competencias para la adaptación autónoma al cambio climático

El término “adaptación al cambio climático” alude al conjunto de mecanismos de mitigación y desarrollo limpio, y a su respectivo instrumento de implementación (^{IPCC 2014}). Las actividades de mitigación, que oscilan entre 60 y 240 billones de dólares (^{IPCC 2007}) resultan ser más costosas que las de adaptación. Según la Comisión de las Comunidades Europeas (2009), el concepto de “adaptación autónoma al cambio climático” plantea que las personas y empresas (agricultura, turismo, pesca, etc.) son capaces de responder por sí mismas a los cambios medioambientales inducidos por el cambio climático, por razones antropogénicas.

^{Douglas et al. (2008}, 189) propusieron las siguientes estrategias de adaptación:

(I) Reforzar el rol de la gestión en mitigar los impactos de inundaciones; (II) Enfatizar la necesidad de incorporar a las comunidades más afectadas en sus propios planes de acción; y (III) Apoyar a las autoridades locales y otras agencias de asistencia para concretar las acciones de adaptación y mitigación.

La adaptación al cambio climático, lejos de ser una meta, es un proceso que sufre mutaciones en la medida en que el ambiente circundante presenta nuevas características (^{Hofmann, Hilkel y Wrobel 2011}). Así, se procura que las infraestructuras de las naciones respondan de forma eficiente ante los potenciales incrementos de las temperaturas (^{ONU Habitat 2011}). Los procesos para la toma de decisiones requieren competencias respecto al procesamiento de información con técnicas confiables (^{Engle y Lemos 2010}). También demandan competencias para ejecutar una planificación participativa, amplia y democrática. Como enfoque transversal de trabajo, se necesitan capacidades locales para poner en marcha los procesos necesarios (^{Blanco et al. 2009}).

Al articular la acción mitigadora y adaptadora al cambio climático (^{Calvo 2010}), las comunidades deben incorporar en sus planes de desarrollo la ciencia del clima, estrategias y acciones de mitigación (^{Rosenzweig et al. 2011}). Las técnicas para la acción preventiva y remediadora del calentamiento global y la planificación son las respuestas más pertinentes y eficaces (^{Hoornweg et al. 2012}; ^{Dodman 2012}). Su aplicación en el tiempo requiere coordinar esfuerzos para reducir al máximo los potenciales efectos nocivos (^{Abhas, Miner y Stanton-Geddes 2013}). Factores a considerar son: “vida útil de las construcciones, acceso al conocimiento, uso de la información y comunicación, y procesos de evaluación” (^{Sánchez 2013}, 11). Los emprendimientos de tipo turístico tienen las potencialidades para trabajar en la conservación de los recursos naturales y la adaptación de la población a los efectos nocivos del cambio climático (^{García 2016}).

Contextualización de las comunidades rurales participantes

Las poblaciones del estudio se ubican en la zona norte de la provincia de Esmeraldas, que corresponde a los cantones de Rioverde (Chumundé) y Eloy Alfaro (San Miguel y Playa de Oro). La parroquia Chumundé tiene 3.515 habitantes (1.909 hombres y 1.606 mujeres). En Luis Vargas Torres (Playa de Oro) existe una población de 365 habitantes (200 hombres y 163 mujeres); en San Miguel se registran 5.720 habitantes (2.889 hombres y 2.731 mujeres) (^{INEC 2010}).

Las principales actividades productivas de estas comunidades están relacionadas con agricultura, ganadería, extracción de madera y pesca. ^{Granados (2017}, 274) sostiene que los factores de la vulnerabilidad social son “ingresos, salud, educación, vivienda, factores de la población y dependencia agrícola (…) Las mujeres son más vulnerables en términos de ingresos y los hombres por su alta participación en la agricultura, lo cual desfavorece la adaptación y resiliencia al cambio climático”. El turismo y el comercio son actividades secundarias e incipientes para estas poblaciones (Gobierno Autónomo Parroquial Descentralizado de la Parroquia Telembí 2012; Gobierno Autónomo Parroquial Descentralizado de la Parroquia Luis Vargas Torres 2012; Gobierno Autónomo Parroquial Descentralizado de la Parroquia Chumundé 2012).

En la provincia de Esmeraldas se identifican diferentes zonas climáticas, relacionadas con la ubicación geográfica, el factor hídrico, la temperatura y la precipitación del monzón tropical, con una temperatura promedio de 21ºC, y tropical húmedo, en las cuencas centrales y costa externa septentrional, cuya temperatura promedio es de 25°C. El extremo norte presenta un clima tropical muy húmedo. Desde la boca del río Santiago hacia el sur, se presenta un clima tropical, con menos humedad, por la presencia de la brisa marina. En cambio, en las estribaciones desde el pie de la cordillera hacia el este, las montañas son húmedas y su clima va temperándose con el aumento de altitud hasta el subtropical subandino.

Los principales problemas de la zona corresponden a cambio de uso del suelo, deforestación, contaminación, expansión urbana, entre otros. Están vinculados principalmente a sus motores económicos, como producción agropecuaria, explotación forestal, minería aluvial, infraestructura petrolera, actividad turística y extracción de aceite de palma (^{Minda 2013}). Para contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales, es importante remarcar la biodiversidad biológica presente en ocho áreas protegidas. La Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas es compartida con provincias vecinas.

Metodología

Este estudio describe el entorno y procesos de adaptación al cambio climático que han puesto en marcha los emprendimientos turísticos de las comunidades Chumundé, Playa de Oro y San Miguel. Se orienta a partir de las teorías del desarrollo humano sustentable (^{Elizalde 2003}) y está enmarcado en la Agenda 30 para el desarrollo sostenible ( ^{ONU 2015}), con énfasis en los elementos socioeducativos. Se aplican el Modelo de Medición de Impactos de ^{Echavarren (2007}) y el Modelo de Adaptación Climática de la Comunidad Europea (^{Comisión de las Comunidades Europeas 2009}).

Se parte de las afirmaciones de ^{Aguirre y Jaramillo (2015}) respecto a que los enfoques mixtos (cualitativos y cuantitativos) permiten interpretar los hechos observados durante las visitas de campo. Considerando la importancia del colectivo como grupo social, se aborda la realidad comunitaria a partir del estudio de sus emprendimientos, que son realidades concretas y específicas (^{Bonilla y Rodríguez 2013}).

Muestra

La integran 200 comuneros (100 personas de Chumundé, 35 personas de San Miguel y 65 personas de Playa de Oro). Es una muestra heterogénea, compuesta por 97 mujeres y 103 hombres, cuya edad promedio es de 37 años (desviación típica: 4,2). El 90% de los participantes pertenece al grupo étnico afroecuatoriano y 10%, al mestizo.

Mediante las visitas de observación de campo se constataron las características sociales de la población, las actividades productivas, el tipo y número de emprendimientos e involucramiento de los pobladores. Se organizó a la población para trabajar en grupos focales, seleccionando a informantes clave como líderes comunitarios, comuneros, maestros y grupos de mujeres, para obtener la información primaria. Los criterios de selección de los participantes son: tener como residencia principal una las comunidades estudiadas, haber participado de forma directa o indirecta en los emprendimientos y haber expresado interés en participar en este estudio. La tabla 1 refleja la composición de la muestra.

Instrumentos

El primer instrumento utilizado fue la encuesta. El equipo investigador adaptó a este formato el Modelo de Medición de Impactos del Turismo de ^{Echavarren (2007}), de acuerdo con las condiciones socioeducativas y el contexto de las comunidades estudiadas. La versión aplicada consiste en 20 preguntas que integran las categorías: capacitación para el trabajo en turismo, implicación de los participantes en las operaciones turísticas, flujo de ingresos económicos y uso de recursos naturales en la actividad turística. El instrumento fue validado mediante un proceso de triangulación por expertos, en el que participaron docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas (PUCE-SE), la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, de Esmeraldas (UTLVT) y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).

El segundo instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada. Se elaboró a partir del Modelo de Medición de Impactos del Turismo de ^{Echavarren (2007}), para recoger información de diez dirigentes (directivas de las comunas, dirigentes de grupos de mujeres, etc.). Incluyó las categorías: impacto socioeconómico, impacto ambiental e impacto cultural.

El tercer instrumento fue el Modelo de Adaptación Climática de la Comunidad Europea (Comisión de las Comunidades Europeas 2009). De este, se adaptaron a las condiciones de una comunidad latinoamericana las siguientes categorías:

Las categorías fueron aplicadas a partir de la observación contextualizada y validadas mediante talleres participativos con líderes y lideresas de las comunidades.

Resultados

La exposición de los resultados de esta investigación se organiza a partir de los cuestionamientos planteados en la introducción. El primero de ellos es: ¿cuáles son los impactos socioeconómicos y ambientales que los emprendimientos han generado en las comunidades estudiadas? La encuesta permite observar que la participación directa de los comuneros en el emprendimiento comunitario, en general, es media, con el 40%. El 38% no participa. La tabla 2 desagrega estos datos.

En la tabla 3 se reflejan los ingresos económicos de los comuneros que participan en los emprendimientos comunitarios.

La tabla 4 expone las percepciones de los comuneros respecto al beneficio económico producto del turismo comunitario. Muestra que los participantes tienen ingresos por la actividad turística que oscilan entre 10 y 30 dólares en los días en que participan en dichas actividades. Ese valor no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias.

En las comunidades estudiadas, los ingresos económicos por actividades productivas locales (agricultura, comercio, pesca, etc.) están entre los 100 y 200 dólares mensuales. Mientras tanto, por la gestión del turismo comunitario (en alojamiento y alimentación) los ingresos diarios oscilan entre 10 y 30 dólares diarios, en especial los fines de semana. Viernes, sábado y domingo se dinamiza el turismo: se puede estimar que el rango de ingresos por turismo de los cuatro fines de semana del mes oscila entre 40 y 120 dólares.

Impactos de los emprendimientos sobre los recursos naturales de las comunidades estudiadas

A continuación, se exponen los datos obtenidos mediante las entrevistas a dirigentes de las comunidades participantes (tabla 5). Los cambios sobre los recursos naturales están relacionados con la contaminación del agua, causada por actividades extractivistas como cultivo de palma africana, quema de bosques, extracción aurífera y descargas de aguas residuales sin tratamiento (^{Correa et al. 2015}). La deforestación, por la expansión agrícola y la venta de madera, es un problema más evidente (^{Minda 2013}). Se refleja en la baja productividad de los ecosistemas naturales, la migración de los habitantes y la pérdida de especies de flora y fauna nativa. Por ello, escasea el alimento de las poblaciones locales que viven de los recursos bosque, agua y suelo, tanto para alimentarse como para la comercialización (a baja escala), que representa el sustento de la canasta básica familiar.

Análisis multi-categorial de impactos de los emprendimientos estudiados

La tabla 6 resultados de la encuesta aplicada a los comuneros mediante el modelo de ^{Echavarren (2007}), en cuanto a impactos positivos de los emprendimientos.

Se observa una tendencia hacia el impacto favorable en el cuidado de los recursos naturales en Playa de Oro y Chumundé; mientras que en San Miguel la tendencia favorece al beneficio socioeconómico de los comuneros.

Discusión y conclusiones

Los emprendimientos turísticos y productivos ejecutados en las comunidades rurales estudiadas son de tamaño medio, lo que garantiza un impacto controlado y remediable sobre los recursos naturales presentes en ellas. La retribución del beneficio económico hacia las familias se limita a un valor promedio de 20 a 40 por fin de semana, por persona que trabaja en los emprendimientos. Al respetarse la capacidad de carga de visitantes en las comunidades turísticas, se reducen las amenazas sobre los recursos río, flora y fauna. Por tanto, se ratifican los principios de solidaridad comunitaria, al mismo tiempo que se fortalece la iniciativa de sostenibilidad ambiental. En ese sentido, hay una contribución al disfrute de los recursos naturales por parte de todos los miembros de las comunidades (^{Martínez 2015}).

En Ecuador, la erradicación de la pobreza se basa en el objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 (^{SENPLADES 2017}). El buen vivir permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. En relación con el beneficio económico de los emprendimientos, llama la atención que no todas las familias se benefician de ellos. Esta es, por lo tanto, una debilidad a superar.

De las 25 variables aplicadas al estudio de las comunidades, se evidencia que en San Miguel el 24% tiene indicadores altos relacionados con la salud, las orientaciones y los mecanismos de vigilancia sobre los impactos sanitarios del cambio climático, al igual que la integración de medidas de adaptación y de gestión de recursos hídricos. El 28% tiene indicadores medios. Con las variables relacionadas se han calculado los costes de adaptación en los ámbitos políticos pertinentes, para poder tenerlos en cuenta en futuras decisiones financieras. El 16% de las variables refleja indicadores bajos, relacionados con garantizar la integración de medidas de adaptación y de gestión de recursos hídricos y adoptar las medidas necesarias para crear un mecanismo de intercambio de información. Finalmente, el 32% tiene indicadores nulos; el porcentaje más alto guarda relación con las medidas para el intercambio de información, el uso potencial de medidas de financiación innovadoras, en el contexto de la adaptación y los impactos del cambio climático en el proceso de revisión estratégica del sector de Energía.

En términos generales, es necesario adoptar medidas para crear un mecanismo de intercambio de información, estudiar con detenimiento el uso potencial de medidas de financiación innovadoras y elaborar orientaciones para garantizar el trabajo con los impactos climáticos en las directivas de la comunidad. Los resultados evidencian que la población procura mantener los recursos naturales limpios y reducir los riesgos del cambio climático. Sin embargo, esta experiencia ratifica la posición de ^{Pérez (2015}) cuando sostiene que existe desconocimiento de los procedimientos necesarios para avanzar hacia la formulación de planes técnicamente diseñados. Es trascendental, entonces, seguir discutiendo el grado de participación de las organizaciones que apoyan esta propuesta, mediante el acompañamiento oportuno de los emprendimientos comunitarios y procesos que transfieren los conocimientos requeridos por los líderes, lideresas, promotores, entre otros.

Existe una fuerte presencia de actividades extractivistas en la zona. La frontera agrícola se ha expandido a través del cultivo de palma africana y la extracción maderera, lo cual produce deforestación y pone en riesgo el aseguramiento de la alimentación y calidad ambiental de las localidades. También ocasiona el desplazamiento y la migración de la población. Los emprendimientos de las comunidades ayudan a los pobladores a obtener ingresos mínimos a partir de la actividad turística, pero sobre todo, fortalecen las formas de producción mediante la conservación del territorio y sus recursos.

La mayor fortaleza se centra en la protección del ser humano de la amenaza de enfermedades resultantes del cambio climático. La principal debilidad radica en la carencia de gestión del conocimiento legal y técnico, para desarrollar normativas locales de mitigación y resiliencia ante este. A ello se agrega la carencia de financiamiento dirigido a la generación de capacidades, lo cual limita la acción local.

Agradecimientos

A los pobladores y grupos de mujeres de las comunas Chumundé, Playa de Oro y San Miguel, por la disposición para facilitar la información requerida. Este trabajo es fruto de la red de cooperación universitaria “Educación y Patrimonio”, conformada por las universidades ULEAM, PUCESE y UTLVT.