El Estado y el utilitarismo de la naturaleza

Las políticas del desarrollo en México han estado impregnadas de diversos discursos influenciados y determinados por las dinámicas de las retóricas de la comunidad internacional. Ello genera implicaciones profundas en la práctica política y en las relaciones de poder, originando contradicciones, tensiones y paradojas.El papel del Estado en México se redefine en sus políticas al considerar elementos que pueden ser analizados desde perspectivas estadocéntricas-sociocéntricas.Un enfoque estadocéntrico que parte de considerarlaspolíticas construidas desde arriba, como “eje articulador en los estudios de teoría política, privilegiando el accionar del Estado concibiéndolo como un actor independiente de la sociedad que funciona como un selector de peticiones y abastecedor de servicios” (^{Vallejo 2010}, 29). Así, el poder político se impone más allá de los intereses de individuos, grupos y clases en nombre del bien de todos, de nación o una parte de esta (^{Sanz 2010}, 5).

A diferencia de lo anterior,el enfoque sociocéntrico, implica considerar políticas construidas desde abajo,en las que“se defiende la independencia y preponderancia de las personas sobre el Estado” (^Sanz2010, 5), basándose en cuatro principios: primero, la agencia de las personas impera sobre la forma y estructura del Estado; segundo, el Estado es el instrumento del que se sirven los grupos o personas dominantes en la sociedad para lograr sus fines; tercero, el poder político no reside en las instituciones estatales en sí mismas, sino en las personas que operan a través de ellas; y por último, no existe un grupo de poder, sino que se encuentran fragmentados.Dados estos enfoques se advierten conflictos y luchas en tornola distribución y las formas de apropiación de los recursos económicos, naturales y culturales.La explotación inmoderada de recursos naturales, los efectos contaminantes de la industrialización que caracterizan al sistema capitalista y la presión pública, conduce los discursos gubernamentales a una posición ecologista en el sentido de la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, el vacío que genera la exclusión de las prácticas y saberes de las poblaciones, puede llevar a que las acciones o resulten ajenas a algunas realidades sociales.

En estos términos,las estrategias de desarrollo, si bien reconocen que existen problemas entre el desarrollo capitalista y el medio ambiente, también plantea que con políticas específicas esposibleaminorarlos o eliminarlos. Discursivamente, es una propuestahegemónica de desarrollo sustentable con crecimiento económico y límites para la conservación de los entornos y recursos naturales. Es decir, con características antropocéntricas en las que “sitúa al hombre como centro de todo el sistema natural y se asienta al mismo tiempo una cultura de recuperación y conservación del medio ambiente” (^{Balbuena 2012}, 5). Lo que implicaque el hombre siga contando con los elementos naturales que satisfacen sus necesidades humanas, otorgándole un valor utilitario a la naturaleza.

En una contraparte, obligada en términos de que el valor utilitario de la naturaleza puede conducir a la explotación inmoderada de recursos, se visualiza la crisis ambiental de forma ecocéntristaen función de que las obligaciones carecen de significado si no hay conciencia social; enfrentando políticamente el problema de cómo ampliarla desde las personas hasta la naturaleza (Foladori 2005). De tal forma que “la naturaleza existe por su valor en sí, y no fundamentalmente para que el hombre la transforme” (^{Balbuena 2012}, 42); si esto es así, los árboles, las plantas no tienen un valor por la utilidad que pueda restar al hombre sino por ser un bien natural.Bajo los términos expuestos, el modelo de desarrollo capitalista ha adoptado un discurso ecologista del deber serteniendo implícito un proceso dominante y extractivistade la naturaleza.

Entender en estas condiciones un proceso de desarrollo, según Maritza ^{Rosales Reyes (2014}), puede darse bajo dos vertientes, primero, aquella que puede conducir a la sobreexplotación o utilización inadecuada de los recursos naturales dada una planeación de arriba hacia abajo (estadocéntrico). En la segunda vertiente, el desarrollo es fruto de la participación activa de los actores locales, una planificación de abajo hacia arriba de un territorio (sociocéntrico).En este sentido, se confluye en un juego de poder. Por un lado, los actores endógenos con sus estructuras y normas formales e informales fuertemente arraigadas que delinean sus interacciones con los ecosistemas y la toma de decisiones por todos los medios hasta la corrupción. Por otro, existen otros actores exógenos que están vinculados a las estructuras de un orden de poder económico y político, aunque no necesariamente responden a intereses del Estado, que desempeñan un papel clave para la articulación social y económica en la región, como lo son las iglesias, asociaciones productivas, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones públicas o privadas.

Lo hasta aquí expuesto, se percibe y demarca en los planes nacionales de desarrollo de los periodos de gobierno federal de México y el gobierno del estado de Chiapas, por lo que para fines de este manuscrito se exponen elementos fundamentales con la advertencia de que se trata de un análisis general de actores, acciones y lógicas predominantes o distintivas de cada periodo de gobierno.

Desarrollo social y humano-cultura ambiental

En el periodo de gobierno 2001-2006, se establecieron políticas de desarrollo social y humano.Es decir, para “mejorar los niveles de bienestar de la población, elevar la competitividad económica y un desarrollo incluyente equilibrado y sustentable” (Presidencia de la República 2001, 1). El gobierno federal tuvo una visión estadocéntrica,puesto que el Estado fue concebido como un actor independiente de la sociedad y que funciona como “selector de peticiones y abastecedor de servicios” (^{Vallejo 2010}, 29). Aunque los argumentos tenían un carácter sociocéntrico, el orden se mantenía lineal, a manera de garantizar condiciones que permitiera al Estado cumplir con las condiciones de una economía de mercado hegemónica dictadas por un modelo neoliberal.

En tanto el gobierno del estado de Chiapas, en su Plan de desarrollo,asumió una visión sociocéntrica, dado que se intentó negociar el accionar del Estado, abriendo la participación de los pueblos indígenas, para hacer que coincidieran lo deseado con lo que se pretendía realizar; además, de otros temas como la participación de los grupos de interés y la administración y gestión públicas (^{Ejea 2006}, 10).En este marco se planteó impulsar el desarrollo económico de las comunidades indígenas y el desarrollo sustentable con el fin de “mejorar los niveles de alimentación, ocupación e ingresos, mediante la promoción e incorporación de nuevas tecnologías, la adaptación de procesos que recuperen el conocimiento y experiencia de los pueblos indios y la articulación de la producción primaria en los procesos de transformación para otorgarle valor agregado, teniendo como elemento fundamental el diseño de proyectos a partir de diagnósticos hechos con la participación de los mismos beneficiarios” (Gobierno del Estado de Chiapas 2003, 90).

Los Pueblos Indios fueron considerados el foco central de la política gubernamental, haciendo hincapié en la conservación de los recursos naturales, con accionesque impulsarán una cultura a favor del medio ambiente y el patrimonio cultural, biótico y social(Gobierno del Estado de Chiapas 2003, 266). El gobierno federal considero que para favorecer los niveles de bienestar era necesario impulsar la competitividad a través de la educación. Sin embargo, la aplicación tecnocrática de las políticas, estaban por encima de las culturas y políticas locales en el que se ejecutaban políticas diseñadas desde las instituciones y organismos gubernamentales por el cumplimiento de objetivos que podrían o no estar fuera de contexto.

Bienestar social-sustentabilidad

Los planes de desarrollo nacional y estatal, 2007-2012, plantearon una política al servicio de la sociedad. Es decir, una visión sociocéntrica, en la que al desarrollo le otorgaran un carácter de humano, pero con inversión privada como política para cumplir las expectativas internacionales y financiamiento externo por lo fue necesario fortalecer los mecanismos que respondieran a un bienestar social, colectivo y del medio ambiente. Se planteaba una política al servicio de la sociedad en que “el interés superior de la nación debe estar por encima de cualquier interés partidista, económico o de grupo” (Presidencia de la República 2007, 13), para lo cual expresa, que la sustentabilidad ambiental como tal, debía ser considerada como el eje transversal de las tomas de decisiones económicas y políticas.

Se enfatizó en las regiones rurales y semirurales, en nuevas actividades económicasque favorecieran el desarrollo humano sustentable, con la finalidad de “liberar a algunos ecosistemas o reservas de la biosfera del efecto de la depredación ocasionada por las actividades de subsistencia propias de las comunidades” (Presidencia de la República 2007, 238). En este sentido se establecieron como estrategias: el fomento de la modernización tecnológica, el uso de tecnologías limpias en los sectores productivos y el fomento al desarrollo de empresas ecoturísticas comunitarias como fuentes de desarrollo para la población local, especialmente en zonas marginadas y comunidades indígenas, capacitando a las poblaciones anfitrionas e involucrándolas en la planificación y desarrollo de los proyectos e impulsar el manejo sustentable de los recursos naturales a través de proyectos productivos rurales (Presidencia de la República 2007, 251).

Este Plan de Estatal de Desarrollo puso especial atención a la región Selva para impulsar el desarrollo turístico sostenible elevando la calidad, competitividad y el cuidado del medio ambiente. Se consideró a esta industria como potencial para las comunidades dado los beneficios directos que pudiesen obtener, convirtiéndose también en el motivopara la protección y conservación de la naturaleza la cual constituye por su biodiversidad y escenarios naturales un atractivo para los turistas (Gobierno del Estado de Chiapas2007, 29).

Modernidad-bienestar y progreso

El caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea la necesidad de construir una sociedad culturalmente desarrollada a través de la implementación de programas culturales y aprovechar las potencialidades para que sean catalizadoras del desarrollo. Para las comunidades indígenas esto implicaría aprovechamiento óptimo del capital natural y de los bienes y servicios ambientales (Presidencia de la República 2013, 63). Se planteó como estratégica la política de fomento a la transformación productiva y la política sobre sectores estratégicos como la minería, la agricultura y el turismo (Presidencia de la República 2013, 80), para beneficios de otros, cayendo en una dinámica de contradicciones.

En cuanto a este último sector, se intentó fomentar financiamientos accesibles para promover las inversiones, encaminada a consolidar el modelo de desarrollo turístico sustentable en el que se guarde una armonía entre el crecimiento turístico y los recursos naturales y proyectar una imagen de confiabilidad y modernidad. Se consideraron criterios enfocados a reducir la pobreza y la inclusión social (Presidencia de la República2013, 83), con estrategias de promoción económica, turística y cultural; para ello, era primordial la colaboración del sector privado para la inversión.

Aún con estas consideraciones, el Plan Nacional de Desarrollo atiendelas formas de prevenir conflictos, lo cual plantea acciones para “establecer acciones coordinadas para la identificación y monitoreo de posibles conflictos sociales, fiando criterios y mecanismos para el seguimiento de variables y el mapeo de actores y conflictos” (Presidencia de la República 2013, 106), para lo cual impulsó el Programa Especial de los Pueblos Indígenas, 2014-2018. Se requería promover un clima de confianza y corresponsabilidad y desarrollar mecanismos culturalmente pertinentes para la atención de la población indígena.

Otro elemento en términos de inclusión que contempla el Plan Nacional de Desarrollo es la planeación integral del territorio, en términos de la conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para generar beneficios en comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental (Presidencia de la República 2013, 143). A la par del gobierno federal, al estado de Chiapas, le resulta relevante el comercio global por lo que se conduce con acciones para promover los productos chiapanecos fortaleciendo la comercialización y mecanismos de mercado que otorguen mayores oportunidades, a través del fomento a las inversiones. Predomina el interés por la industria del turismo, enfocando las acciones a mejorar la competitividad de sus servicios. Como estrategia se estableció el aprovechamiento de la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, la gastronomía, turismo alternativo, de sol y playa, negocios y cruceros (Gobierno del Estado de Chiapas2013a, 152).

En cuanto al medio ambiente, el objetivo es el ordenamiento ecológico y la integración del territorio de manera sustentable y la prevención y reversión del deterioro ambiental (Gobierno del Estado de Chiapas 2013a,161). Se planteó un programa educación ambiental dirigido a las mujeres rurales e indígenas para “que rescaten los saberes tradicionales para un manejo integral de los recursos naturales, gestión ambiental y prevención de riesgos de desastres” a manera de incorporar la perspectiva de género en el cuidado de la biodiversidad (Gobierno del Estado de Chiapas 2013a, 169).

Sin embargo, la degradación y la fragmentación de los ecosistemas continúan, poniendo en riesgo la biodiversidad. Por lo que se plantean acciones regulatorias en “obras y actividades y establecimientos públicos, sociales y privados para que apliquen sin excepción medidas de prevención y mitigación de daños al medio ambiente” (Gobierno del Estado de Chiapas 2013b, 12). Basado en las políticas de Cultura Ambiental para la Sustentabilidad y la de Conservación y Protección del Capital Natural del Estado (Gobierno del Estado de Chiapas 2013b, 79), el gobierno estatal pretende elevar la eficacia de los programas de cultura ambiental y de conservación de la biodiversidad.

Las políticas de desarrollo,2013-2018, siguieron respondiendo a un modelo neoliberal, con la retórica del desarrollo y crecimiento. El gobierno estatal mantuvo las prioridades del sexenio anterior: el desarrollo humano y social. La visión sociocéntrica se refleja en las políticas de desarrollo 2013-2018, las cuales se determinaron en miras de alcanzar una productividad democratizada, mayores ingresos y calidad de vida de los pueblos originarios, dándoles relevancia a los indicadores sociales para atender necesidades reales.

Análisis comparativo

Estas generalidades de los tres periodos de gobiernos descritas a nivel federal y estatal coinciden en mantener un modelo neoliberal, con tendencia a discursos de equidad y derechos sociales, ambientales, territoriales, económicos y políticos por lo que las políticas de desarrollo generalmente están dirigidas retóricamente a un bienestar colectivo.El enfoque de estas políticas, adoptadas por los niveles de gobierno federal y estatal en el periodo 2001-2006, resulta contradictorio, dado que a nivel federal denota ser disposiciones construidas y diseñadas para responder a las exigencias de un mercado globalizado y asegurar el derecho a la inversión de capital trasnacional. A nivel estatal se asume un enfoque sociocéntrico, como una estrategia de legitimización del gobierno, considerando elementos de los Acuerdos de San Andrés Larraínza por el movimiento insurgente zapatista, dando cabida a la voz de las poblaciones indígenas en la construcción de políticas para el desarrollo. Este periodo pretendió combinar las exigencias de un mercado globalizado con las acciones del Estado para el control de la colectividad social, combinando la iniciativa empresarial con iniciativa privada, así como establecer una estrecha relación entre el sector público, el sector privado y las comunidades (^{Saavedra et al. 2001}, 51).

Los objetivos de las políticas de desarrollo señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establecen como un desarrollo incluyente, equilibrado y sustentable. En este caso pondría a discusión el término incluyente, dado las políticas son construidas desde arriba, la inclusión es considera en términos de que existen elementos donde se incluyen políticas para atender las necesidades de la población indígena, pero no significa que necesariamente su voz haya tenido cabida en la construcción de dichas políticas. El equilibrio y la sustentabilidad parecieran ir de la mano, y se pone especial atención a las formas de producción sin considerar las formas de vida de las poblaciones indígenas, teniendo como factor determinante la competitividad dada las exigencias de los mercados internacionales, esta misma exigencia obligó a mantener como eje trasversal la sustentabilidad.

En cuanto al gobierno estatal de ese periodo, estuvo influenciado por los ámbitos internacionales.Su mirada hacia las comunidades indígenas o Pueblos Indios, representó el mecanismo facilitador para atraer apoyos económicos de organismos internacionales, como la Unión Europea. Las alianzas y los acuerdos en torno a estos temas fueron la estrategia de desarrollo de este gobierno estatal, focalizado a atender las necesidades dealimentación, ocupación y formas de generar ingresos para mejores niveles de bienestar alcanzables en la medida de la competitividad. Así que mientras la política del gobierno federal 2001-2006 era entendida como mecanismo de reproducción social, las implementadas por el gobierno del Estado de Chiapas fueron entendidas como la realización del derecho social de la ciudadanía. A manera de aplicar una estrategia de educación y una cultural que demarcaba el gobierno federal para generar competitividad en el Estado Chiapas se resaltó la importancia del patrimonio cultural, biótico y social, volviéndose el centro sobre el que giraronla educación, capacitación y cultura ambiental, así como el ecoturismo el motor económico que se procuró impulsar en poblaciones indígenas favorecidas por sus escenarios naturales y un ordenamiento ecológico comunitario a manera de ejercer un control sobre el uso y manejo de recursos naturales.

A pesar de las políticas de desarrollogobierno federal 2001-2006,los diputados consideraron que fue un gobierno que desaprovechó la década de mayor crecimiento impulsada por las principales economías del mundo y un gasto público improductivo (^{Méndez 2009}).Aunque el gobierno reconoció el grave rezago y la inequidad social, argumentó la insuficiencia de recursos para impulsar y fortalecer los programas sociales. Para solventar los programas de desarrollo social, promovió en el 2001 una reforma fiscal considerándola de carácter regresivo en términos de derechos sociales básicos, pues dicha reforma gravó con el 15 por ciento de Impuesto al Valor Agregado medicinas, alimentos, libros, colegiaturas, transportes y rentas. Esta situación dejó en evidencia la necesidad de replantear la política económica pues contravino a los derechos económicos, sociales y culturales de la población mexicana (^{Sandoval 2015}).

El periodo de gobierno federal, 2007-2012, partió del hecho de que la economía nacional no contaba con recursos para satisfacer las necesidades básicas, cuando lo que acontecía era “la carencia de una política económica que potencie su utilización y desarrollo para satisfacer las necesidades de la población” (^{Huerta 2015}). Puso hincapié en la seguridad jurídica para la inversión privada cuando lo que se requería era mayor rentabilidad en la esfera productiva, se requería de una producción más competitiva, y no necesariamente la inversión privada se traduciría a una mayor capacidad productiva. Se cimentó las inversiones en el potencial humano y generar las condiciones para el aprovechamiento de la capacidad humana, pretendiendo alcanzar un crecimiento que beneficiara a las poblacionesgeneradoras del mismo, pretendiendo con ello establecer las condiciones de un desarrollo humano sostenible.

En este periodo de gobierno se pretendió impulsar la participación de la población indígena a través de un desarrollo humano y sustentable, considerando fundamental la transformación de los procesos productivos y de consumo. Las políticas del gobierno federal adquieren un carácter asistencial a manera de que estas transformaciones se generaran. Las políticas asistencialistas pretendieron la integralidad y la atención de las necesidades para el bienestar de los pueblos indígenas, a diferencia del sexenio anterior, se consideró la participación activa para el diseño de políticas considerando el conocimiento de los pueblos y de su territorio.

Ante esto el gobierno estatal, 2007-2012, le dio relevancia a los dos discursos y a la participación activa de los pueblos indígenas para procurar, un proceso de integralidad y pluralidad. Sin embargo, se considera que dicho proceso fue un monitoreo de información para organizar y poner el orden desde arriba. Ante la evidente importancia de la selva lacandona, dado las alianzas con organismos internacionales del gobierno anterior, obliga al gobierno federal a considerar estrategias de conservación y cuidado de la zona. Esta organización llegó a los pueblos indígenas de la selva lacandona en forma de ordenamiento ecológico y de espacios que buscaban el cuidado del medio ambiente y la disminución de la presión sobre los recursos naturales. Estos fueron la vía por la que se introdujeron los procesos de transformación en los patrones de producción y consumo de las comunidades indígenas, apostándole a la actividad turística a manera de aprovechar el territorio y los escenarios naturales, acorralándolas sin considerar las implicaciones que tendrían sobre la estructura social, económica, política y cultural de estos pueblos.

El gobierno federal, 2013-2018, se inicia con miras a alcanzar un desarrollo con crecimiento y un crecimiento con desarrollo. Se pone especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, intentando cubrir las necesidades de educación y servicios. Sin embargo, las formas en que se implementan pasan por alto las especificidades de las comunidades indígenas, lo que puede traer consigo conflictos locales, y contradicciones, partiendo del eje transversal que rige esta política: la igualdad y equidad de género, lo cual es un tema complejo cuando existen patrones culturales enraizados en las poblaciones indígenas.

El gobierno estatal, en la misma línea del gobierno federal, planteó sus objetivos en términos de desarrollo humano y social, procuraban la calidad de vida atendiendo derechos sociales y en términos de establecer mecanismos para la generación de ingresos principalmente a las poblaciones desfavorecidas. Como una forma de fomentar valores se considera a la familia como el principal núcleo sobre el que se tejerán las políticas con respeto a la diversidad cultural, biodiversidad y recursos naturales. Para estos dos niveles de gobierno del periodo 2013-2018, la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente parecieran elementos ya implícitos en las políticas, vertiendo el diseño de estas a la procuración de las poblaciones desfavorecidas, que si bien considera es una prioridad también es cierto que las políticas sociales son formas de legitimización de los gobiernos, que pueden o no operar dependiendo de su espacio de aplicación, cuestión que se viene arrastrando de los gobiernos anteriores aunque con mecanismos diferentes. Así también la aplicación de las políticas de desarrollo no dimensiona sus implicaciones y efectos sobre las formas de vida y bioculturalidad de las poblaciones. Aun con las políticas planteadas predominó la atención hacia un sistema de mercado globalizado, fortaleciendo al sector privado, y reduciendo la injerencia del Estado en la economía.

El predomino de un enfoque antropocéntrico intenta balancearse con la procuración de los recursos naturales y medio ambiente. Las políticas de desarrollo estatal, en el caso de Chiapas, aunque pareciera atender elementos en el que los recursos naturales, el patrimonio natural, y el medio ambiente, con supuesto predominio de un enfoque ecocéntrico, en realidad no dejan de ser mecanismos de conveniencia y legitimización gubernamental, y como comentó Martín Iñiguez Ramos, respecto a que el cambio real sólo se podría ver “solo para ciertos sectores económicos y políticos pero eso no refleja el bien común” (Santacruz 2014). Elpredominio de una estrategia de ordenamiento territorial y ecológico, plasma el poder de zonificar y de disponer lo que se puede hacer y no hacer en cada espacio territorial, siendo esto complejo dado los intereses hegemónicos de abastecer a un mercado globalizado, ajeno a las necesidades locales.

Por ello, se plantea que existe una deficiencia brutal en definir que “aquí se puede hacer esto, allá se puede hacer lo otro, pero acá no se puede hacer nada, etc.” (^{Sunkel 2008}, 10). Se puede considerar que si la decisiones se derivan de un funcionamiento de mercado, éste se impone al Estado, pasando con ello de una condición estadocéntrica, a una Mercadocéntrica, en la medida que el mercado determine las acciones del Estado, sin embargo, el Estado intenta una organización que le permita establecer las condiciones necesarias para la inversión y condiciones requeridas para cumplir con normatividades internacionales que fomente las mismas. No obstante, lo anterior implica el declive de la autoridad del Estado ante la autoridad creciente de otros organismos empoderados.

Grosso modo, el gobierno federal ha venido conjugando enfoques pero manteniendo su inclinación ante una postura estadocéntrica con visión antropocéntrica. Aunque el gobierno federal ha pretendido una participación democratizadaa través de la consulta ciudadana, no implica necesariamente una tendencia sociocéntrica, pues no conlleva mayores implicaciones.Las estrategias en cada periodo de gobierno han tratado de fomentar la participación desde lo local, aunque al mismo tiempo han respondido a las necesidades de un mercado capitalista globalizado, más que propiamente a las necesidades locales, justificando estas estrategias que con el devenir, acarrearían beneficios económicos y sociales locales (gráfico 1).

De tal forma que se fortalece la inversión privada, y las condiciones para la inserción internacional. Los planes de desarrollo consideraron proyectos de infraestructura, productivos y de reformas políticas, y estrategias de continuidad y aceptacióna través de la participación de actores locales, a manera de eliminar barreras que faciliten alianzas con agentes privados y trasnacionales que buscan beneficiarse de los recursos locales, poniendo el acento en indicadores económicos para establecer los niveles requeridos por agentes externos, y desatendiendo los aspectos de utilidad realmente útiles a nivel local.

Gráfico 1 Tendencias de las políticas de desarrollo en México. 

En cuanto al gobierno del Estado de Chiapas, si bien las estrategias estatales de desarrollo tienen que estar alineadas a los objetivos nacionales, no necesariamente le darán el mismo peso en cuanto a la postura del Estado y al enfoque, pues las características y condiciones específicas, y que se generen situaciones más complejas de las que pudiesensurgir por las lógicas aplicadas. Ante esto, las políticas de desarrollo del gobierno del Estado de Chiapas han tendido a una postura sociocéntrica y a una visión ecocéntrica dado el contexto histórico, social y cultural, así como las características geográficas del territorio del estado de Chiapas, sin embargo, en el último periodo de gobierno (2013-2018), las estrategias y sus formas de aplicación han tendido a respaldar la postura estadocéntrica del gobierno federal, y la visión antropocéntrica intentado reproducir y responder a un modelo neoliberal, en el que los patrones de producción y formas tradicionales de vida parecieran no tener cabida, en tanto que el medio ambiente y la participación de la sociedad, son rebasados, volviéndose intereses en disputa (gráfico 2).

Este escenario refleja el debilitamiento y reconfiguración del Estado en un sentido restrictivo, en un manto de políticas condicionadas a un bajo perfil democrático para responder a las demandas sociales, económicas y ambientales de la sociedad; pretendiendo con ello la legitimidad de su acción basado en políticas con origen supuestamente democrático, cuando lo que han venido realizado es ceder “poder social a los expertos, privilegiar un enfoque tecnocrático de los problemas sociales e imponer la creencia tendente inevitable a la homogeneidad y desaparición de la diversidad cultural” (^{Basail 2005}, 75). La tecnocracia latente justifica las transformaciones en las formas de vida locales en función de intereses de racionalidades ajenas a las necesidades locales, imponiendo una interpretación local modulada desde arriba.

Gráfico 2 Tendencias de las políticas de desarrollo del Estado de Chiapas a nivel discursivo. 

A manera de conclusión

El Estado tiene que permear sus políticas entre lo antropocéntrico y lo sociocéntrico, a manera de que la toma de decisiones no resulten ajenas a los contextos locales y con ello legitimar su presencia. Sin embargo, el Estado no le ha dado peso a los actores sociales, limitándose a un acompañamiento de tipo antropocéntrico negándose a un enfoque ecocéntrico.Por otra parte, las relaciones entre Estado y sociedad en los periodos expuestos demarcan una complejidad antropocéntrica con características mercadocéntricas, por una baja capacidad regulatoria del estado y la apertura al capital privado, lo que hace latente la necesidad de fortalecer un enfoque sociocéntrico y deja en evidencia que combinar estos enfoques requiere de la habilidad del Estado para su modelación de orden institucional que podría fluctuar entre perspectivas agregativas e integrativas.