Los humedales de Argentina en clave de conflictividad social

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina(2016), el 23% de la superficie del país está ocupada por humedales.De acuerdo con los datos del año 2016, se reconocieron 22 Sitios Ramsar, cubriendo una superficie de5.622.281 de hectáreas (ha).¹ Más allá del número y el áreaque abarcan, los humedales del país tienen una gran diversidad biológica y climática por estar ubicados en diferentes regiones. Los primeros humedales de Argentina reconocidos como Sitios Ramsar, que datan del año de 1992, son la Laguna de los Pozuelos (provincia de Jujuy), Laguna Blanca (provincia del Neuquén) y Río Pilcomayo (provincia de Formosa).

El interés por este tipo de espacios geográficos fue creciendo tanto dentro de la comunidad científica como en la agenda pública y política global. La valorización internacional de estos ecosistemas tiene como hito el año de 1971, cuando se firma la Convención Internacional sobre Humedales, conocida como “Convención Ramsar”, que entró en vigencia en 1975. Esta convención es un acuerdo intergubernamental sobre el medio ambiente, en la cual se realiza un acuerdo respecto a la definición de los mismos, los pasos a seguir para determinar estos sitios Ramsar y su inventario, así como la evaluación y monitoreo de los humedales como “herramienta para su conservación y uso racional”.En la “Convención Ramsar” se acordó que“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de origen natural o artificial, permanentes o temporales, incluida las extensiones de agua marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” son entendidas como Sitios Ramsar (Ramsar 2017).

En Argentina, a partir del ingreso a la Convención de Humedales, se registra un impulso entre los académicos y ambientalistas, dado que se han ido generando debates y consensos respecto a las funciones biogeoquímicas, hidrológicas, geológicas (^{Kalesnik y Quintana 2006}). Es decir, se pudo avanzar en la definición sobre las funciones ecosistémicas de los humedales y en su registro, valorizándolos aún más en el marco de los debates sobre la noción de crisis ecológica y cambio climático.²Sin embargo, este interés se ha ido desplazando y adquiriendo importancia para otros actores. Como indica Inés Malvárez, ecóloga pionera en definir el Delta del Paraná como humedal:

El interés por los humedales es cada vez mayor en la Argentina, y su crecimiento en la última década ha sido especialmente marcado. Esta temática dejó de ser patrimonio exclusivo de académicos y de naturalistas para pasar al dominio del público en general (^{Malvárez 2004}, 13).

Una dimensión ligada a estos espacios, que si bien es tenida en cuenta ha sido escasamente abordada, se refiere a la conflictividad social que en ellos se desencadena. En nuestro país la mayor parte de los Sitios Ramsar, actualmente declarados, presentan algún tipo de conflicto relacionado con el uso o tenencia de los bienes de la naturaleza (tierra, nacientes de agua, ríos, minerales e hidrocarburos del subsuelo, biodiversidad, material genético, etc.) o del ecosistema en su conjunto. La existencia de una conflictividad extendida en los humedales de Argentina, reconocidos internacionalmente, plantea un desafío socio-económico y político, si se piensa en la preservación de estos ecosistemas, incluidos los modos de vida que -no sin tensiones- co-evolucionan con ellos en una sustentabilidad entrelazada: pescadores artesanales, cazadores/recolectores, campesinos de autoabasto y mercados locales, pequeños ganaderos, habitantes ancestrales, entre otros. Se trata de múltiples poblaciones locales habitantes de los humedales, diferenciadas cultural, socio-económica y políticamente, que reaccionan ante las agresiones producidas por alguna actividad empresarial o estatal de gran escala que se apropia de los bienes naturales, o que produce impactos ambientales negativos.

En este artículopresentamos algunos elementos para aportar a una ecología política de los humedales de Argentina. Cabe señalar que en las últimas décadas la cuestión ambiental viene siendo incorporada por diferentes campos científicos. La ecología política como campo teórico-práctico propone comprender la relación entre sociedad y naturaleza a lo largo de la historia, dando cuenta de las apropiaciones y significaciones sociales sobre esta relación (^{Leff 2006}). El análisis de conflictos con eje en los bienes de la naturaleza nos permite observar y describir los procesos de apropiación y significación que construyen los sujetos sociales involucrados, las dimensiones distributivas y reproductivas de los conflictos, así como sus re-elaboraciones en el despliegue de la disputa e incluso la emergencia de sujetos colectivos en las arenas públicas de deliberación.

Para alcanzar este objetivo, proponemoslocalizar y describir los conflictos sociales en los humedales de Argentina reconocidos como Sitios Ramsar. Para ello hemos consultado distintas fuentes, rastreando aquellos que han tenido presencia en los medios de comunicación local o nacional, atentos a la identificación de los actores sociales implicados en los conflictos, las razones de las disputas, los tipos de acción que se observan, el año de emergencia de cada conflicto y la presencia de hechos de violencia. Luego,establecimoslas características principales de cada uno de los conflictos en humedales para finalmente cartografiarlos.Hacemos en la parte final una problematización conceptual de estas realidades.

Registro de los conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina

El tratamiento gubernamental respecto a los humedales del país tiene una trayectoria reciente. En 1992 se realiza el ingreso a la Convención Ramsar, a través de la sanción de la Ley Nacional Nº 23.919 donde fueron designados los primeros tres humedales de importancia internacional (Parque Nacional Laguna Blanca, Parque Nacional Río Pilcomayo y Laguna de los Pozuelos), como parte del proceso de ratificación de la Convención. Dos años más tarde se crea el Comité Nacional Ramsar por Resolución ex SRNyAH N° 555/94 (modificada por Resolución ex SRNyAH 437/96 y ex SDSyPA 276/2000) para coordinar y asesorar en torno a la aplicación de la Convención sobre los Humedales en la Argentina.

Los 22 Sitios Ramsar declarados en el país cuentan -según la Secretaría de la Convención Ramsar- con una superficie de 5.625.407 ha, mientras a nivel global existen 1.758 humedales con más de 161 millones de ha. Entre ellos se encuentran la península Valdés, en la provincia de Chubut, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO; la Laguna de los Pozuelos, en la provincia de Jujuy; el Palmar de Yatay, en la provincia de Entre Ríos; los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes; la Reserva Ecológica Costanera Sur, que se localiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o la Reserva de Biósfera Delta del Paraná por UNESCO, en el Municipio de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como señalamos, en Argentina cerca del 23% de la superficie está representada por humedales de gran diversidad y riqueza; abundan en el noreste, por estar ligados a los ríos de la Cuenca del Plata, pero también pueden encontrarse en zonas áridas y semiáridas, como la Puna o la estepa patagónica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 2016).

Si bien Argentina se adscribe a la Convención Ramsar,³ la definición que allí se acordó sobre estos ecosistemas no ha resultado ser exhaustiva para dar cuenta de la diversidad de tipos presentes a nivel nacional. Habría dos razones principales. En primer lugar, porque se encuentran en diversos tipos de climas y condiciones hidrológicas presentando diferentes grupos de fauna y flora adaptados a esas condiciones, lo que ha generado problemas para su definición científica. En segundo lugar, existen diversas definiciones basadas en criterios principalmente ecológicos y otras más orientadas a aspectos vinculados a su manejo. Coexisten definiciones realizadas desde un punto de vista de su manejo en relación con las normativas legales y administrativas de distintas instituciones y países, como ejemplo, las definiciones norteamericana y canadiense que involucran las tierras con agua sobre la superficie o cercana a la misma (^{Kalesnik y Quintana 2006}).

Desde hace una década, diferentes investigadores del país han comenzado a elaborar una propuesta de “Inventario de Humedales de Argentina”.Antecedentesde este trabajo fue el documento “Avances sobre la propuesta metodológica para un Sistema Nacional de Clasificación e Inventario de los Humedales de la Argentina” del año 2009, resultado de varios talleres de trabajo y en base al “Marco para el Inventario de Humedales” de la Convención de Ramsar⁴ (Benzaquén etal. 2013). A partir de entonces, se han consensuado las características compartidas por la mayoría de estos sistemas: permanecen saturados de agua en algún momento del año; presencia de especies vegetales adaptadas a condiciones de anegamiento y ausencia de aquellas no tolerantes a los pulsos de inundación. Poseen propiedades únicas que los diferencian de los ambientes terrestres y acuáticos debido a que son sistemas donde el régimen hidrológico es el principal condicionante de la estructura y las funciones ecológicas (^{Kalesnik y Quintana 2006}).

Los investigadores coinciden en definir las siguientes funciones ecológicas fundamentales: control de inundaciones a través de su capacidad de absorber, retener y distribuir flujos pluviales de corta duración; depuración de las aguas; regulación del flujo de agua: sus excesos y deficiencias hídricas, lo que incurre en favorecer la mitigación de crecidas; en cuanto a la zona de la Primera sección de islas, estas (las crecidas) son consecuencia de mareas, repuntes, sudestadas y excesos de agua en el río Paraná. Otras funciones son recarga y descarga del agua dulce subterránea; estabilización de costas; protección contra tormentas; retención y exportación de sedimentos formando suelo y reciclando nutrientes; reservorio de biodiversidad; absorción de dióxido de carbono; fijación de energía solar; descomposición de materia orgánica; control del balance de poblaciones de animales y plantas evitando la explosión de plagas; atemperación de los extremos climáticos a niveles micro o meso climáticos generando la mitigación del cambio climático (Morello 1996; ^{Kandus 1997}, Mateucci y Morello 2006; Kalesnik 1997; Fernández 2002; Kalesnik y Quintana 2006; Herrero y Fernández 2008).

En el año de 2016 se realiza el taller para coronar el inventario nacional de humedales, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Allí se acordó una definición: “humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Los rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo” (^{Benzaquénet al. 2016}).

En Argentina, históricamente las áreas que hoy podemos denominar humedales, no eran reconocidas como tales. Durante el siglo pasado los humedales eran considerados zonas improductivas y focos de generación de enfermedades(^Kandus1997). Esta visión fue usada como justificación para drenar, rellenar o derivar cursos de agua, ganando así tierras para usos urbanos, agropecuarios o forestales o, en otros casos, permitiendo su inundación completa como consecuencia de la creación de represas hidroeléctricas. Socialmente eran, y aún son, llamados “bañados”, “pajonales”, “yuyales”, imágenes que invocabana lugares sin utilidad. En las últimas décadas, estos ecosistemas han comenzado a ser revalorizados económicamente, dadas las transformaciones y reconfiguraciones productivas y territoriales a nivel nacional, provincial y local. Se convirtieronen áreas plausibles de ser modificadas para instalar diferentes actividades productivas. Siguiendo a Malvaréz (2004),“al interés por los valores de los humedales y a la preocupación por su conservación, se opone una tendencia a interferir en su funcionamiento o, directamente, a reemplazarlos. Se generan así conflictos de distinta escala e intensidad que, atendiendo a la experiencia de otros países, demandarían la elaboración de una política específica a nivel nacional” (Malvaréz 2004, 11).

En la actualidad, de los 22 Sitios Ramsar se observa que en 14 de ellos (64%) se ha desplegado algún tipo de conflicto relacionado con su uso y/o tenencia, total o parcial.Los Sitios Ramsar de Argentina, como parte de los ecosistemas del país, no han estado al margen de procesos históricos de apropiación material y simbólica, su existencia y configuración está mediada por relaciones de poder y disputas por su control (Alimonda 2011). Es pues un dato significativo que en la actualidad se registren conflictos en más de la mitad de los Sitios Ramsar. Son conflictos que, al igual que otros tipos de conflictividad social,se configuran a partir de la emergencia de antagonismos que confrontan en arenas públicas, con alterados reclamos, con base a diversos repertorios de acción colectiva, y ligados a procesos de subjetivación y producción de identidades colectivas (^{Giarracca 2001}).

Los autores que abordan conflictos -como los que aquí interesan- con eje en los bienes de la naturaleza, reclaman el status sistémico para estas realidades, al igual que lo tiene la conflictividad capital-trabajo, característica de las formas capitalistas de organización social. Incluso los conflictos ecológicos o ambientales vienen siendo interpretados, para los casos Latinoamericanos, en relación directa con la sobre-determinación de los procesos de “acumulación por desposesión” o del “modelo extractivista” propios del capitalismo en su fase neoliberal, aunque también en sus variantes neo-desarrollistas (^{Latorre, Farrell y Martínez Alier 2015}; Svampa, y Viale 2014). Para algunos autores, como Joan Martínez Alier (2004), los conflictos ecológicos tienen un carácter sistémico y distributivo, en tanto disputas que confrontan intereses antagónicos alrededor de los recursos y externalidades naturales.

Otros autores que también se ocupan de los conflictos ambientales y ecológicos, proponen incorporar también conflictos donde lo distributivo sede paso a la dimensión de la reproducción social, es decir, donde el antagonismo no solo opone interese, sino que pone en jaque la pervivencia de modos de uso de los bienes naturales, y por ende modalidades de existencia social (^{Soto Fernándezet. al. 2007}). En este tipo de conflictos sociales ocurre, como señala Hannah ^{Arendt (1998}) para la acción política, que la intervención directa de los sujetos se sostiene en el discurso. Es a través del discurso que se revela el sentido y el sujeto de las acciones que se desenvuelven en los conflictos. En el caso de la conflictividad que abarca la disputa por los bienes de la naturaleza, se ha hecho hincapié en la importancia y heterogeneidad de los “lenguajes de valoración” que se utilizan (^{Martínez Alier 2004}).En el caso de los conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina, observamos que es un tipo de conflictividad vinculada con los intentos de su apropiación privada y con los impactos ambientales ocasionados como consecuencia de la explotación intensiva de estos ecosistemas o por las actividades industriales y agropecuarias que vierten allí sus desechos/residuos sin tratamiento. Presentamos a continuación en la tabla1 cada uno de los humedales, en el que se destacan los rasgos generales de los casos donde hay presencia de conflictos.

Tabla 1 Sitios Ramsar de Argentina según: ubicación, superficie y conflictos registrados durante las décadas de 2000 y 2010. 

Análisis de los conflictos en humedales (Sitios Ramsar) de Argentina

En primer lugar,destacamos que el conjunto de conflictos registrados en Sitios Ramsar afecta total o parcialmente una superficie de 4.682.137 ha, en 13 provincias. En el mapa 1 se puede observar la ubicación y registro de conflictos durante el periodo analizado. Las denuncias judiciales y/o mediáticas, las acciones directas, las presiones y gestiones administrativas, entre otras, que buscan defender algún derecho vulnerado y acaban instalando el conflicto en la arena pública, son protagonizadas por un conjunto heterogéneo de actores: vecinos/as, población local, comunidades o pueblos indígenas, pequeños productores y ONG ambientalistas.⁵

A su vez, en los registros de conflictos se señala como responsables del daño, o como agentes apropiadores, a empresas o empresarios, y en menor medida al Estado. En todos los conflictos se observa el involucramiento de las poblaciones locales que se perciben como afectadas por los daños ambientales, así como por la depredación de ecosistemas que definen vitales para sí mismos. En algunos de los conflictos (por ejemplo: los casos 10, 11, 13) las poblaciones locales expresan que los daños las afectan, a la sociedad en su conjunto, y a las generaciones futuras, adquiriendo una escala ambiental global en la percepción del conflicto así como en el impacto que denuncian. La presencia de las poblaciones locales se expresa de diversos modos. En algunos casos lo hacen a partir de organizaciones ambientalistas del lugar, asambleas de vecinos o ciudadanos, comunidades indígenas, asociaciones de productores familiares o de campesinos. Estas poblaciones confrontan mayormente con el Estado y con empresas y, excepcionalmente, con ONG ambientalistas extra-locales o reparticiones públicas de preservación del ambiente como Administración de Parques Nacionales (APN).

Mapa 1 Sitios Ramsar de Argentina: ubicación (22) y registro de conflictos (14), durante las décadas de 2000 y 2010. 

En todos los conflictos se registra, como disputa central o secundaria, la pretensión de las diversas poblaciones de preservar los bienes naturales en tanto hacen a su reproducción socio-económica. Además, en algunos casos registramos la percepción-definición de estos ecosistemas como fundamentales para la vida en general, ya sea que su uso sea para su reproducción, recreación o como reservorio de biodiversidad y mantenimiento de funciones ecológicas. Esto vale tanto para aquellos conflictos en torno de la propiedad de los bienes naturales o de la contaminación ambiental o el impacto de mega-emprendimientos e infraestructura (represas, trazas de caminos, etc.). En este punto no difieren entre sí los conflictos protagonizados por los productores familiares que intentó desalojar la ONG de Douglas Tompkins, en los Esteros del Iberá, de los que implican a las comunidades mapuches que habitan las cercanías de la Laguna de Llancanelo contaminada por empresas petroleras, o de aquellos de los vecinos de las pequeñas poblaciones que reclaman participar en la definición de las trazas de las vías de comunicación o de consultas públicas frente a los proyectos de emprendimientos privados o de organismos estatales que incluso asumen sus posiciones en términos del derecho ambiental, del desarrollo sostenible o de la activación económica (como en El Palmar o Reserva Natural Otamendi). Cabe destacar que son comunes a varios conflictos las manifestaciones de las diversas poblaciones locales sobre la necesidad de que se tengan en cuenta alos habitantes de los territorios en los cuales se asentaba el proyecto (^{D´Amico 2012}).

El repertorio de acciones que llevan adelante los actores y poblaciones locales se desenvuelve entre modalidades jurídico-institucionales,tales como denuncias legales o audiencias públicas y acciones directas tales como cortes ruta, acampes, movilizaciones,entre otras. La respuesta del Estado y de las empresas, que en general se constituyen en el despliegue delos conflictoscomo los actores que antagonizan con las poblaciones locales, se desliza entre acciones legales civiles y penales, hasta la violencia estatal o particular.Así ocurrió en casos extremos como los asesinatos de indígenas realizados por la policía provincial en la comunidad La Primavera, en la provincia de Formosa (Sitio Ramsar Río Pilcomayo), o bien en varios casos donde se registran intentos o efectivos desalojos violentos por parte de fuerzas de seguridad o guardias privadas sobre pobladores (como en los Sitios Ramsar de los Esteros del Iberá, Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita, Delta del Paraná).

Las acciones colectivas de las poblaciones locales, en numerosos casos, son respuesta al inicio o avance de obras-actividades y proyectos en contravención a las normativas locales, provinciales y nacionales: por carecer de estudios de impacto ambiental aprobados, omitir la consulta pública obligatoria, contar con títulos de propiedad imperfectos, ejecutar desalojos extra-judiciales, entre otras formas de operar bajo la lógica del hecho consumado(Pugliese y Sgroi 2012). En los conflictos se enarbolan reclamos y derechos referidos a los bienes de la naturaleza en torno de la propiedad pública/privada/comunitaria de la tierra, el acceso al agua, la destrucción o cambios en el paisaje, la contaminación animal, vegetal, humana (en muchos casos se trata de contaminación de especies animales y vegetales directamente vinculadas con la reproducción socio-económica de las poblaciones) y ambiental en general (del agua, del suelo, etc.). Si bien en algunos casos se han realizado solicitudes o se ha compensado de forma económica por los daños ambientales causados, este no es un elemento que sustituya la exigencia por el reconocimiento de las prácticas socio-económicas que se verían o se han visto vulneradascon los nuevos emprendimientos o actividades.

Los lenguajes utilizados son múltiples y varían de acuerdo a las expresiones organizativas de las poblaciones locales que hemos señalado anteriormente. En los casos de las comunidades indígenas (Mapuches, Kollas y Huarpes) se enarbola el derecho al territorio ancestral. En los casos de familias campesinas o pequeños productores se destaca la necesidad de respetar modos de uso de los bienes acordes con la producción local. Los vecinos autoconvocados y asamblearios hacen hincapié en el rechazo a la alteración del propio ambiente, con usos que dudosamente pueden aportar una ventaja o “progreso”. Las ONG ambientalistas (con base local) sostienen un lenguaje más estrictamente ecológico, aunque en los conflictos donde participan poblaciones locales hacen suyo el reclamo de estas.

A modo de conclusión: algunos aportes para el debate sobre la ecología política de los humedales

En este artículo se describieron los Sitios Ramsar en Argentina. También se identificaron y analizaron los conflictos que registran. En este apartado se harán algunas problematizaciones desde la ecología política que aporten a la cuestión más general de la conflictividad en torno de los bienes comunes de la naturaleza. En línea con la tesis principal del “ecologismo de los pobres” de Joan Martínez Alier (2010), las diferentes poblaciones locales que participan de los conflictos registrados comparten el hecho de tener parcial o totalmente ligada su reproducción social (material y simbólica) a la sustentabilidad de un recurso o ecosistema. Ahora bien, esa ligazón entre poblaciones locales y bienes de la naturaleza está mediada por algún modo de uso y significación de los mismos. Son “modos” o “regímenes” que emergen en los conflictos en oposición a las “modalidades” o “regímenes” capitalista-industrial de uso de la naturaleza. Según autores como ^{Soto Fernándezet al. (2007}) los modos de uso se distinguen según una tipología que va desde la modalidad orgánica, basada en la energía solar y formas comunales de acceso y manejo, hasta una modalidad industrial basada en combustibles fósiles y la mercantilización de las relaciones de apropiación. De modo similar Arturo ^{Escobar propone hablar de distintos tipos de “regímenes de naturaleza” (1999}).⁶

Justamente los conflictos, que registramos en los humedales Sitios Ramsar de Argentina, se presentan en gran medida como una confrontación entre diferentes modalidades de uso o manejo de los bienes de la naturaleza, lo quese ha denominado “carácter intermodal del conflicto” (^{Soto Fernándezet al.2007}, 293). Es decir, en esta conflictividadla disputa por el acceso o tenencia de los bienes naturales o por la distribución de los impactos ambientales, supone también de manera explícita o subrepticia el enfrentamiento sobre un mismo espacio geográfico entre diferentes paradigmas agronómicos, de técnicas o infraestructuras de provisión de agua, de actividades productivas o económicas, de formas de acceso o tenencia, de significaciones sobre la naturaleza y el ambiente, de formas de concebir y producir territorio, etc.

Señalar el carácter intermodal de los conflictos analizados refiere a la observación de que en todos ellos el patrón de base energética industrial y mercantil de uso de recursos naturales (que buscan implementar los emprendimientos vía mercado o políticas públicas), se topa con unas poblaciones que esgrimen otros modos de uso, es decir, que contraponen otras prácticas tecnológicas y relaciones sociales de apropiación de la naturaleza. En algunos casos, cuando se trata de comunidades campesinas o indígenas o incluso de productores familiares con bajo nivel de dependencia técnica, lo que se destaca es el uso de base energética solar u orgánicao “régimen orgánico” que exige cierto grado de preservación ambiental y manejo comunitario para la reproducción social.

En otros casos, cuando se trata de organizaciones ambientalistas o vecinos de pequeñas ciudades, el modo de uso que mayormente se expresa en contraposición al industrial es el de la conservación o bien la preservaciónecológica estrictamente, que puede suponer en algunos casos dejar fuera del mercado porciones de la naturaleza, o no, como en los casos donde se apela ala preservación para el “turismo sustentable”. Son estos sujetos los que mayormente ponen en juego un tipo de valoración social sobre los humedales en tanto sostenimiento de funciones ecosistémicas cruciales para la vida en general, contraponiéndose en este sentido a las modalidades de uso industrial e inmobiliario, así como a la racionalidad económica y la valoración mercantil imbricadas en estas.

Por todo ello, cuando decimos que la conflictividadregistrada en los humedales declarados Sitios Ramsar de Argentina tiene un carácter intermodal─pues supone la disputa entre modalidades de uso o manejo─,significa reconocer que hay al menos dos cuestiones implicadas: la sustentabilidad ambiental y la reproducción social.Por un lado, los conflictos analizados presentan posiciones antagónicas entre la destrucciónoconservación de un recurso naturaly/oecosistema (independientemente de que los lenguajes de la conservación ─como diría Joan Martínez Alier─ no sean “ecologistas”). Por otro, en los conflictos se juega la posibilidad de la descomposiciónoreproducción social de un grupo humano concreto, pues sus prácticas de existencia material y simbólica se definen en co-evolución con los bienes naturales o ecosistema que utilizan y habitan.

Finalmente, queremos señalar que en estas disputas por la sustentabilidad ambiental y la reproducción social en los Sitios Ramsar, se ponen en juego diferentes maneras de significación social de la naturaleza por parte de los sujetos involucrados. En otras palabras, las diferentes modalidades que se despliegan en los conflictos dan cuenta de las múltiples e inconmensurables significaciones y apropiaciones históricasde la naturaleza, así como de sus transformaciones y reelaboraciones a lo largo del conflicto.Los conflictos antes descriptos permanecen abiertos por lo que su análisis se torna fundamental para comprender estas realidades y establecer escenarios futuros. Consideramos que su emergencia en la arena pública ha contribuido con la instalación de prácticas y discursos -de los diferentes sujetos sociales- en tanto legítimos-válidos. Con ello se han visibilizado modos de vida, lenguajes de valoración, sentidos y percepciones, así como se ha abonado al reconocimiento de ecosistemas tales como los “pajonales” o “bañados”. Estamos frente a una conflictividad que ha acentuado la importancia económica, cultural y políticade los humedales.