Tecnologías digitales y seguridad en América Latina

La incorporación de tecnologías digitales por parte de las fuerzas de seguridad ha propiciado dos tipos diferentes de literatura. Por un lado, algunas investigaciones han examinado su contribución a la modernización de las fuerzas de seguridad, así como a la transformación del vínculo entre estas y la ciudadanía. Por ejemplo, hay autores que sostienen que este tipo de tecnologías es clave para aumentar las capacidades de las Policías Nacionales y de los sistemas de justicia para enfrentar el crimen y el delito (^{Brey 2017}). Así, se ha analizado dónde es más efectiva la instalación de circuitos cerrados de televisión (^{Welsh, Farrington y Taheri 2015}) y cómo las tecnologías digitales pueden contribuir a prevenir el delito, por ejemplo, mediante la georreferenciación de las zonas de mayor criminalidad en una ciudad, para administrar la respuesta policial (^{Aguirre Sala 2016}).

Por otro lado, el estudio crítico de las tecnologías digitales y de las prácticas de vigilancia se ha vuelto una línea de investigación muy dinámica en América del Norte y en Europa (^{Ball, Haggerty y Lyon 2014}; Lyon 2006). Después de los ataques terroristas de 1993 en Londres, muchas cámaras fueron instaladas, principalmente en avenidas y edificios considerados estratégicos (^{Arteaga Botello 2016}, 194). En EEUU, después del 11 de septiembre de 2001, las tecnologías de seguridad fueron implementadas masivamente para mejorar la seguridad del país (^{Jasso López 2020}). El uso de sistemas de vigilancia causó preocupación en varios círculos académicos, lo cual explica el aumento de investigaciones dedicadas a examinar sus costos sociales, la amenaza que representan para el derecho a la privacidad, las libertades individuales y el funcionamiento de las democracias liberales.

En contraste, los estudios sobre los sistemas de vigilancia en América Latina aún son muy incipientes y poco relevantes, por varias razones (^{Arteaga Botello 2012}). En primer lugar, en comparación con América del Norte y Europa, las tecnologías de seguridad han sido incorporadas de forma masiva recién a partir de la primera década del siglo XXI (^{Jasso López 2020}; ^{Lio 2015}). Durante esos años, Ciudad de México y Buenos Aires estuvieron entre las primeras grandes ciudades en incorporar la videovigilancia (aproximadamente 8100 cámaras fueron instaladas en la primera y 3200 en la segunda) (Jasso López 2020; Lio 2015, 293). En Ecuador, las cámaras de videovigilancia también comenzaron a instalarse a inicios de los años 2000, pero en una escala mucho menor. Las primeras instalaciones se hicieron en las ciudades más grandes, como Quito, que en 2008 tenía solo 136 (^{Löfberg 2008}), y Guayaquil, que en 2005 apenas contaba con 205 (El Universo 2005).

La segunda diferencia importante es que, mientras en América del Norte y en Europa la implementación de sistemas de videovigilancia fue motivada y justificada por los ataques terroristas, en América Latina se presentó como una solución de los gobiernos locales (principalmente municipales) para responder a las demandas de mayor seguridad, ante los altos niveles de violencia y delincuencia (^{Jasso López 2020}; ^{Arteaga Botello 2012}). Ello explica que varios políticos consideren la incorporación de más tecnologías digitales en las fuerzas de seguridad como una forma de responder a las solicitudes ciudadanas. Por ende, la implementación de los sistemas de vigilancia no ha sido tan cuestionada como en otras regiones, hecho que deriva en un menor análisis crítico (Arteaga Botello 2012).

Las referidas diferencias en la literatura son importantes al momento de investigar la adquisición e implementación de tecnologías para fines de seguridad en países latinoamericanos, ya que el contexto de aplicación y percepción ciudadana difiere de otras latitudes.

Marco analítico para estudiar la adquisición de sistemas tecnológicos de China

En esta sección se presentan aportes de dos corrientes que, de manera complementaria, permiten comprender por qué los Estados de América Latina compran tecnología a empresas de China. Es necesario considerar el modelo de política exterior de los Estados que adquieren las tecnologías de videovigilancia, ya que permite entender las razones por las que toman la decisión de procurar dispositivos de seguridad fabricados por socios no occidentales. El concepto de alianza socio-técnica es una lente analítica para investigar empíricamente cómo actores de América Latina adquieren y, potencialmente, adaptan tecnología producida por proveedores externos.

La complacencia y la divergencia en el comportamiento de los Estados

Para comprender el vínculo de Ecuador con China en el desarrollo del ECU 911, se consideran los aportes de la literatura de las Relaciones Internacionales sobre el vínculo entre una gran potencia y un Estado pequeño. Si bien no existe un consenso en torno a la definición de Estados pequeños, sus características y principales patrones de comportamiento, en la corriente teórica realista, los Estados pequeños suelen ser considerados actores carentes de agencia, fuertemente limitados por la estructura del sistema internacional (^{Waltz 1979}), que difícilmente tienen la capacidad de alterar el ordenamiento o de introducir temas en la agenda. Su debilidad hace que se encuentren sometidos a la voluntad de los Estados más grandes, pero que también se beneficien de su protección, mediante la estrategia de “subirse a la camioneta” (bandwagoning en inglés), lo que quiere decir, aliarse con el más fuerte y sumarse al proyecto hegemónico (Walt 1990; G^{valia et al. 2013}).

Las grandes potencias establecen vínculos con los Estados pequeños por diferentes motivos. Por ejemplo, por su valor intrínseco (como la capacidad de afectar de manera directa el equilibrio de poder del sistema internacional), o cuando existe el interés de una potencia de negar a sus adversarios la posibilidad de influir sobre ciertas regiones (^{Desch 1993}). Esas explicaciones se fundamentaron en el estudio de las dos grandes potencias de la Guerra Fría: EEUU y la extinta URSS, que mantuvieron un activo interés en los Estados pequeños y recurrieron regularmente a alianzas estratégicas o incluso a intervenciones militares para garantizar sus objetivos nacionales y mantener un equilibrio de poder beneficioso para sus propios intereses. Por consiguiente, en el contexto actual de competencia entre EEUU y China, es esperable encontrar patrones similares de comportamiento, que justifican el interés de ambas potencias en los Estados pequeños.

Por su parte, los vínculos de los Estados pequeños con las grandes potencias pueden ser explicados por su política exterior. Jeanne ^{Hey (1993}, 1997), pionera en los estudios sobre política exterior de Ecuador, planteó dos modelos para explicar su comportamiento en el entorno internacional: a) el modelo de “alineamiento”; y b) el modelo de política exterior “divergente”. El primero resalta la influencia de los factores externos sobre el comportamiento de los Estados pequeños en el sistema internacional. Sostiene que estos tienden a actuar de manera complaciente con las grandes potencias, cuando aquellas aplican políticas de premio o castigo o cuando los líderes políticos de los Estados pequeños buscan ganarse su favor. En consecuencia, su accionar refleja los intereses de los poderes globales más que los suyos propios (Hey 1992, 22). Por el contrario, el modelo de política exterior divergente sostiene que, cuando se ha generado un sentimiento de desconfianza, vulnerabilidad y/o descontento en los Estados pequeños hacia los Estados grandes, tiene lugar un comportamiento confrontativo y autárquico como estrategia de supervivencia. No obstante, ante la posibilidad de recibir una respuesta recíproca por parte de la potencia, la divergencia tiende a expresarse en el ámbito diplomático (Hey 1992).

A partir de ambos modelos, es posible describir cómo una política exterior “divergente” con el hegemón regional generó las condiciones propicias para el desarrollo de un proyecto emblemático como el ECU 911, con un socio diferente a Estados Unidos. También se puede entender cómo el retorno de la política exterior de Ecuador a la “alineación” hegemónica incidió en el decaimiento del ECU 911. Ahora bien, para el análisis de este proyecto, es preciso introducir un enfoque complementario, proveniente de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Las alianzas socio-técnicas

Varios estudios sobre sistemas de vigilancia han postulado que es necesaria una perspectiva socio-técnica para examinar los sistemas de vigilancia, porque los elementos técnicos y los sociales interactúan en el diseño y la implementación de tales tecnologías (^{Ball 2002}; ^{Introna y Wood 2004}). En esa línea, esta sección introduce los conceptos de alianza socio-técnica y adecuación socio-técnica como herramientas analíticas para investigar los sistemas de vigilancia en la región.

Dentro del campo de los estudios latinoamericanos de ciencia y tecnología, el concepto de alianza socio-técnica es un recurso para mapear las relaciones entre un número heterogéneo de elementos que intervienen en la operación, o no, de cierta tecnología (^{Thomas, Becerra y Bidinost 2019}). Estas alianzas pueden estar compuestas por actores sociales no humanos, ideologías, regulaciones, instituciones, etc., los cuales están relacionados en tiempo y espacio en procesos de co-construcción de tecnologías (Thomas 2008; Thomas, Becerra y Bidinost 2019).

En contraste con la literatura anglosajona de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que usualmente se centra en los procesos de desarrollo de tecnologías, la literatura latinoamericana se ha focalizado en los procesos de adecuación (^{Novaes y Dagnino 2006}; ^{Thomas 2008}, 200). Eso significa que, a pesar de que las tecnologías son de origen extranjero, sus formas de uso pueden variar considerablemente con respecto a los propósitos con los que fueron diseñadas, basados en prácticas creativas de reapropiación. En la literatura anglosajona se pueden encontrar conceptos que enfatizan que las tecnologías no son neutrales, que pueden ser interpretadas de diferentes maneras y estar sesgadas de acuerdo con los valores implícitos en su diseño (^{Feenberg 2002}, 15; ^{Pinch y Bijker 2012}, 33). Sin embargo, a los fines de este trabajo, el concepto de adecuación socio-técnica es superior, por centrarse en el análisis de las formas en las cuales las tecnologías que ya están “cerradas” son adecuadas a un contexto histórico situado, en este caso, en los países latinoamericanos. El estudio de los procesos de adecuación socio-técnica permite corregir las lecturas simplistas de los modelos lineales y deterministas de transferencia y difusión de tecnologías (Thomas 2008, 255), ya que indaga si el uso local de tecnología extranjera diverge o no de las formas de aplicación pensadas o practicadas en su contexto de origen.

En conclusión, a partir de los modelos de política exterior de Ecuador, se caracterizará el entorno en el cual se desarrolló el ECU 911. Los conceptos de alianza y adecuación socio-técnica se emplearán para presentar y ordenar el material empírico recolectado sobre los vínculos entre actores ecuatorianos y chinos en el diseño e implementación del ECU 911.

El contexto: la seguridad integral y la política exterior durante la presidencia de Correa (2007-2017)

La instalación del ECU 911 debe ser enmarcada en la transformación política, legal e institucional que tuvo lugar en Ecuador durante el gobierno de la coalición Alianza País, liderada por Rafael Correa (2007-2017). En 2008, con la proclamación de una nueva Constitución, el gobierno de Correa inició un profundo proceso de reforma, que trajo consigo numerosos cambios en temas de política exterior y de seguridad.

En términos de política exterior, el gobierno de Correa adoptó una postura que teóricamente podríamos clasificar como “divergente”, ya que priorizó el fortalecimiento de las alianzas políticas y comerciales tanto dentro como fuera de la región latinoamericana, con el objetivo de disminuir la dependencia de Ecuador hacia EEUU. Buscó un acercamiento estratégico a China, con el objetivo de incrementar las exportaciones nacionales a la nación asiática, así como de acceder a su financiamiento. Esto llevó a la intensificación de los vínculos políticos entre ambos Estados (^{Herrera-Vinelli y Bonilla 2019}), y a que China se convirtiera en uno de los 20 destinos de exportaciones más importantes para los productos ecuatorianos, y en su principal fuente de financiamiento (Herrera-Vinelli 2017, 102-103). A ello hay que añadir que, a partir del año 2008, el gobierno implementó una política exterior que claramente podríamos clasificar como disidente. Por poner un ejemplo, con la Constitución de 2008, se prohibió la instalación de bases militares en Ecuador. En consecuencia, no se renovó el acuerdo de 10 años que el país mantenía con las Fuerzas Armadas de EEUU. En 2009 se cerró la base de operaciones de avanzada en la ciudad costera de Manta, conocida como la Base de Manta (^{Álvarez 2014}).

En cuanto a las políticas públicas para el sector de seguridad, una de las principales innovaciones del gobierno de Correa fue la introducción del concepto de seguridad integral. Esta acción se justificó en la necesidad de superar la vigencia del concepto de seguridad nacional, que guio el accionar del Estado ecuatoriano a partir de la Guerra Fría, y que estuvo orientado hacia la lucha anticomunista y la defensa de la nación (^{Lucio Vásquez 2020}, 182). En cambio, el nuevo concepto estuvo más centrado en el ser humano y, por tanto, más cercano a la idea de seguridad humana formulada en 1994 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Adicionalmente, el concepto de seguridad integral buscaba incluir como objetos referentes de la seguridad a la naturaleza y sus derechos. Es así que la seguridad integral se convirtió en una idea guía para repensar la arquitectura seguritaria de Ecuador (^{Cabrera 2019}; Lucio Vásquez 2020), y en el eje articulador de dos Planes de Seguridad Integral. El primero fue publicado en 2011 y, como se detalla en la sección siguiente, fue clave para el inicio del caso de estudio.

ECU 911: establecimiento de la alianza socio-técnica sino-ecuatoriana

Tras una crisis de inseguridad nacional, en 2011, el Plan Nacional de Seguridad Integral 2011-2013 anunció la creación de un sistema integrado de seguridad, denominado ECU 911. Según el documento, el ECU 911 fue propuesto para resolver la “ausencia de un sistema integrado de asistencia de emergencia para los ciudadanos, y la existencia de varios números de emergencia con respuestas parciales y precarias, que generen confusión y desconfianza a la ciudadanía” (Ministerio de Coordinación de Seguridad 2011, 34). Una de las especificidades más importantes del proyecto es que proponía construir una red de centros de alcance nacional, regional y local, conectados entre sí, que articulase a todas las instituciones con responsabilidades vinculadas al concepto de seguridad integral, como la Policía, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los gobiernos locales, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la Agencia Nacional de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Defensa Nacional. El proyecto planeaba que cada uno de los nodos del ECU 911 contaría con capacidades de videovigilancia para reducir la violencia en espacios públicos y responder a emergencias, así como con capacidades de generar datos de interés público.

Aunque el ECU 911 se anunció en 2011, las fuentes consultadas indicaron que el interés del gobierno de Ecuador por un sistema con esas características se remonta a 2008. En ese año, el gobierno organizó una comisión técnica, integrada por funcionarios públicos del Ministerio Coordinador de Seguridad y de la Armada de Ecuador (Entrevista 2), que estudió proyectos de ciudades inteligentes en varios países, como Argentina, Brasil, China, Inglaterra, España y EEUU (Entrevistas 3 y 5). El objetivo de la comisión fue aprender de las fortalezas y debilidades de otros proyectos, para poder diseñar un sistema que atendiera las necesidades de Ecuador (Entrevista 3). Desde el origen del proyecto, los funcionarios a cargo pensaron en adecuar al contexto ecuatoriano las tecnologías y las prácticas de ciudades inteligentes disponibles en otros países.

La alianza socio-técnica entre actores de China y Ecuador para diseñar e implementar el ECU 911 tiene su origen en la visita de funcionarios ecuatorianos a la ciudad inteligente empleada en Beijing durante los Juegos Olímpicos de 2008. La visita derivó en una expresión de interés de los funcionarios ecuatorianos en la solución china, y en una oferta de China de financiar en Ecuador un proyecto similar, adaptado a los requerimientos del país sudamericano, a condición de que fuera implementado por una empresa pública china: China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC). Esa empresa, que tiene su base en Beijing y fue fundada en 1980, contaba en su momento con una división internacional de ingeniería, con experiencia en la integración de proyectos en numerosos sectores de África y Asia, y también tenía una división de integración de sistemas electrónicos de defensa (CEIEC 2011). Ecuador se interesó en avanzar con la propuesta. En enero de 2011, una nueva comisión técnica visitó Beijing para definir los términos de la cooperación. Poco tiempo después, el ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, vicealmirante Homero Arellano, firmó un acuerdo con CEIEC para desarrollar el proyecto. Finalmente, el Banco de Desarrollo de China financió la iniciativa a través de un préstamo estimado en 240 000 000 de dólares (Aid Data s.f.).

El 6 de febrero de 2012, el presidente Correa inauguró el primer centro nacional del ECU 911 en la ciudad de Samborondón, junto a Guayaquil. A partir de entonces, se instalaron otros centros en todo el país, hasta completar 16. Cada uno de estos articula los servicios prestados por las diferentes instituciones encargadas de operativizar el concepto de seguridad integral. En 2016, el ECU 911 contaba con dos centros nacionales, cinco centros zonales y nueve centros locales, y administraba un total aproximado de 4600 cámaras, número que se incrementaría en los años siguientes, hasta llegar a unas 6400. Entre 2012 y 2016, el ECU 911 recibió alrededor de 62 000 000 de llamadas, de las cuales 10 000 000 fueron emergencias que requirieron respuesta de las instituciones involucradas (^{Corral-De-Witt et al. 2018}).

Desde el diseño hasta la implementación del ECU 911, funcionarios públicos ecuatorianos cooperaron con CEIEC, definiendo los requerimientos para el diseño técnico del ECU 911, a partir de los conocimientos adquiridos en las visitas a proyectos de ciudades inteligentes de otros países. En conversación con los autores, el 12 de julio, el exdirector del ECU 911 aseguró que “el estudio de estas experiencias nos permitió conocer las potencialidades de otros países y de sus debilidades también; además, hizo posible diseñar un sistema que vaya más allá de la función de vigilancia” (Entrevista 2). Por ejemplo, para el componente de videovigilancia, se copiaron las prácticas del Reino Unido, mientras que, para la sección de auxilio inmediato, 911, se replicó la experiencia estadounidense (Entrevista 5). Es decir, hubo una clara intención de adecuar las tecnologías a las necesidades que los decisores de políticas públicas habían identificado para Ecuador.

Por otra parte, la implementación del ECU 911 tuvo dos segmentos: uno correspondiente a la obra civil y otro, a la integración y el desarrollo tecnológico. En la obra civil participaron una contraparte china y una ecuatoriana. La adecuación socio-técnica también fue considerada en el diseño de la arquitectura. De hecho, según una de las fuentes consultadas, se buscó que “no se vea como una típica central cerrada de seguridad. A través de la infraestructura se buscó promover una idea de seguridad amigable, abierta a la gente. Por esta razón, las instalaciones, en las distintas ciudades, están rodeadas de parques que la gente puede utilizar sin temor y con total accesibilidad y libertad” (Entrevista 5).

La integración y el desarrollo tecnológico de los nodos del ECU 911 estuvieron a cargo de CEIEC, que integró los distintos componentes tecnológicos del sistema, la mayoría provenientes de empresas chinas, aunque también se adquirieron componentes de proveedores de otros países. Por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento de datos fueron adquiridos de Hewlett Packard (HP), una empresa estadounidense (Entrevista 4). Los proveedores ecuatorianos participaron muy poco en la implementación de la parte tecnológica del ECU 911 (Entrevista 5).

La parte más importante que desarrolló íntegramente CEIEC fue la plataforma de software que incorpora los componentes y coordina el sistema de cada uno de los nodos del ECU 911. Sin embargo, las fuentes consultadas afirmaron que el código fuente del software fue entregado a los funcionarios del ECU 911, quienes, en principio, podían seguir desarrollándolo por su cuenta (Entrevista 5). No obstante, los técnicos ecuatorianos nunca modificaron el código fuente por sí mismos, en su lugar, los cambios fueron implementados por técnicos de CEIEC, a demanda y bajo la supervisión de los técnicos ecuatorianos (Entrevista 4). En caso de mal funcionamiento o roturas de componentes del ECU 911, CEIEC estuvo encargada del soporte técnico hasta diciembre de 2018 (Entrevista 4). En otras palabras, la transferencia de tecnología y conocimiento de CEIEC a contrapartes del Ecuador, para actualizar el software o hardware por su cuenta, fue escasa o nula.

La gestión y operación del ECU 911 siempre ha estado a cargo de ecuatorianos. Es cierto que, para conocer el funcionamiento del sistema, un pequeño grupo de técnicos del país fue capacitado en China, y luego replicaron el entrenamiento en Ecuador. No obstante, las fuentes consultadas enfatizaron que el entrenamiento se limitó al desarrollo de capacidades locales para operar las tecnologías del ECU 911 (Entrevista 3, 5). De hecho, los operadores del ECU 911 también recibieron capacitación de otros Estados democráticos. Por ejemplo, las autoridades firmaron un convenio de cooperación con el gobierno del Reino Unido, que envió especialistas del College of Policing para capacitar a los operadores locales en procesos de videovigilancia (Embajada Británica ^{Quito 2014}). Por ende, las prácticas de operación del ECU 911 son una síntesis original de lo aprendido de proyectos de distintas partes del mundo, y no solo de China.

Otro aspecto importante relacionado con la adecuación del sistema a Ecuador fue la definición de normas y procedimientos para su operación, los cuales fueron desarrollados de manera participativa por diferentes actores involucrados en el concepto de seguridad integral (Entrevista 5). Por ejemplo, un entrevistado mencionó que el ECU 911 es un proyecto que fue diseñado como un

traje a medida, para atender las necesidades específicas del Ecuador. Las regulaciones y protocolos creados sirvieron para garantizar el uso apropiado de la información generada por el sistema, lo que contempló la existencia de una cadena de custodia sobre los vídeos y un protocolo de confidencialidad en las llamadas de emergencia. Estas normas fueron desarrolladas por todos los miembros del sistema de seguridad de forma participativa, lo que garantizó su éxito (Entrevista 5).

En efecto, se establecieron medidas para salvaguardar la información captada por los nodos del ECU 911, como videovigilancia, audio y otros tipos de datos, con el fin de que sean analizados y evaluados por las instituciones judiciales de acuerdo con la legislación nacional (ECU 911 2015, 21). Por lo tanto, las directrices locales redujeron las preocupaciones sobre cómo se utilizan los datos obtenidos por los sistemas instalados con tecnologías de China. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos cuestionaron que, en ese momento, Ecuador aún careciera de una ley de protección de datos (Access ^{Now 2021}, 53).

Otra prueba del proceso de adecuación socio-técnica de las tecnologías chinas es la transparencia con la que opera el ECU 911. Desde 2014, están disponibles en su página web resoluciones, informes y otros documentos administrativos (ECU 911 2015), lo que en cierto modo refuta la presunción de que los sistemas de vigilancia de origen chino operan de forma opaca.

Según los directivos del ECU 911, las adecuaciones relacionadas con la definición de normas y procedimientos fueron una de las razones por la cuales han obtenido prestigiosas certificaciones y premios de diferentes organizaciones occidentales relacionadas con la seguridad pública (Entrevista 2). Por ejemplo, la certificación de la Asociación Europea de Números de Emergencia (EENA) y el primer premio en el concurso A la Seguridad en Latinoamérica y el Caribe 2017. Las fuentes consultadas reconocieron que, en el camino para lograr este reconocimiento, los diálogos para homogeneizar y articular procesos fueron probablemente la parte más desafiante de todo el proyecto (Entrevista 3, 5).

En definitiva, los testimonios indican que el ECU 911 fue producto de la cooperación entre un grupo variado de actores de China y de Ecuador, en la que estos últimos fueron centrales en varios procesos de adecuación del sistema. De hecho, por su envergadura y sus logros, el ECU 911 se convirtió en un proyecto emblemático de la cooperación entre China y Ecuador. En noviembre de 2016, el presidente de China, Xi Jinping, visitó las instalaciones del ECU 911 en Quito, donde conversó con trabajadores del nodo, que contaron lo útil que fue el proyecto para dar respuesta a las víctimas del terremoto que padeció la región costera ecuatoriana en abril del mismo año (Xinhua ^{Español 2016}). Asimismo, durante aquellos años, CEIEC empleó este caso de éxito para ofrecer -y en algunos casos vender- proyectos de seguridad ciudadana similares, aunque de menor escala, en otros países de la región, como Bolivia y Venezuela. A pesar de que la cooperación entre China y Ecuador en el ECU 911 parecía promisoria, como se detalla en la próxima sección, el cambio de gobierno en Ecuador provocó un quiebre de la alianza socio-técnica.

ECU 911: política exterior complaciente y declive de la alianza socio-técnica sino-ecuatoriana

Si el auge de la alianza socio-técnica sino-ecuatoriana detrás del ECU 911 coincide con el período de gobierno de Correa, su posterior declive debe contextualizarse en el período correspondiente a los gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2022 ).

A pesar de que Moreno llegó a la presidencia con el apoyo de Correa, poco después de su investidura, el nuevo presidente rompió con su mentor, al que denunció como autoritario y corrupto, e inició un proceso de persecución en su contra. Ello provocó un profundo clivaje, que modificó de manera significativa numerosas políticas públicas en Ecuador. En el plano económico, el presidente Moreno distanció su administración del Socialismo del Siglo XXI, y adoptó un modelo de desarrollo de índole neoliberal, con ajustes importantes al gasto público, que derivaron en una reducción de los fondos destinados al sector de la seguridad. La pandemia de COVID-19, que obligó al gobierno a priorizar la atención sanitaria por encima de otros sectores, agravó los recortes. Además, la administración de Moreno optó por degradar el concepto de seguridad integral, y volver a priorizar estrategias de seguridad más militarizadas. En términos de política exterior, el presidente realineó a Ecuador con EEUU (^{Jepson 2022}). Además, en 2021 se suscribió un convenio de financiamiento con el gobierno de EEUU, que concedió un préstamo preferencial de 3500 000 000 de dólares, a condición de que Ecuador dejara fuera del mercado local la tecnología 5G de Huawei, empresa de origen chino (^{Pallares 2021}).

El gobierno de Moreno retomó un modelo de política exterior complaciente con EEUU, aunque sin que la influencia china haya declinado completamente. Ecuador volvió a ser deudor del FMI, y en 2018, el gobierno aceptó nuevamente la ejecución de operaciones militares estadounidenses en su territorio. También es cierto que ese mismo año se oficializó el ingreso a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto emblemático del presidente Xi.

Los giros en la política nacional polarizaron a la ciudadanía ecuatoriana y tuvieron incidencia directa en el declive del ECU 911, y en la ruptura de la alianza socio-técnica sino-ecuatoriana para el desarrollo del sistema. Por un lado, las restricciones presupuestarias impactaron en los planes para actualizar la tecnología del ECU 911. Independientemente de sus logros en los años anteriores, de 2017 en adelante, el sistema sufrió un deterioro en su infraestructura tecnológica. El declive se acentuó más por dos tipos de críticas. A nivel nacional, la más importante fue el presunto sobreprecio que implicó la negociación de Ecuador con CEIEC durante la construcción del ECU 911 (El Comercio 2018). A nivel internacional, el New York Times publicó un artículo en el que afirmaba que el ECU 911 era parte de la expansión del estado de vigilancia chino en Ecuador (^{Mozur, Kessel y Chan 2019}). Ese artículo ha tenido gran influencia. Según Google Scholar, hasta diciembre de 2022, fue citado 87 veces. Además, analistas y académicos lo han referenciado como fuente fiable de la expansión peligrosa de las prácticas de vigilancia chinas hacia América Latina (Access ^{Now 2021}; ^{Berg 2021}; ^{Ellis 2022}). El gobierno de Moreno se hizo eco de ese informe para reforzar sus críticas al expresidente Correa. Por último, y en la misma línea, los políticos estadounidenses han utilizado el texto del New York Times para demonizar al ECU 911 y, en términos más generales, para oponerse a la cooperación entre Ecuador y China (Democratic Staff Report 2020; ^{Menéndez et al. 2022}, 202).

Sin embargo, el artículo es problemático por al menos tres razones. En primer lugar, fue realizado y publicado durante el gobierno de Moreno, sin consultar fuentes vinculadas al gobierno de Correa, aunque este fuera el blanco de las críticas. Por lo tanto, reprodujo la visión de la administración de Moreno sobre su predecesor, en medio de la disputa política pública entre ambos. En consecuencia, no es sorprendente que la visión fuese negativa y exagerada. En segundo lugar, ignoró los factores locales que impulsaron al ECU 911, como el concepto de seguridad integral y las demandas ciudadanas por mayor seguridad. Del mismo modo, las fuentes pasaron por alto que el sistema fue gestionado y operado principalmente por actores locales. Por último, funcionarios de la agencia de inteligencia de Ecuador rechazaron las afirmaciones de que el ECU 911 se utilizó para la vigilancia ciudadana (Entrevista 1). Aunque reconocen que tenían acceso a las secuencias de video, remarcaron que se utilizaban raramente y no eran un insumo útil para la institución responsable de la inteligencia en Ecuador, porque no generaban información estratégica, que es la principal misión de esa entidad (Entrevista 1). Para el análisis diario de datos estratégicos, se utiliza la tecnología de inteligencia artificial IBM Watson (Entrevista 1). En definitiva, el artículo es segado porque prioriza una narrativa distorsionada y crítica del ECU 911, en línea con una representación maliciosa de China, realizada por la diplomacia estadounidense, y porque propaga la demonización del gobierno de Correa, auspiciada por su adversario político.

Lo importante a resaltar de esa cobertura crítica del ECU 911 es que incidió negativamente en la alianza socio-técnica sino-ecuatoriana. En medio de un contexto adverso, a partir de enero de 2019, el ECU 911 no renovó el apoyo técnico que CEIEC le ofrecía al sistema porque los funcionarios públicos de Ecuador consideraron que el costo exigido por CEIEC no era razonable (Entrevista 4), ya que, a su juicio, la empresa china incrementó el precio de los servicios de forma arbitraria. Esa información sugiere que CEIEC habría intentado sacar provecho de la dependencia ecuatoriana hacia su software. En noviembre de 2020, EEUU sancionó a CEIEC por una presunta cooperación con el gobierno venezolano para socavar la democracia en ese país (U.S. Department of the Treasury 2020). Dado que la economía ecuatoriana se encuentra dolarizada, ello dificultó aún más las negociaciones entre CEIEC y el gobierno de Ecuador para lograr la renovación del contrato. La principal consecuencia es que la actualización del ECU 911 sin CEIEC requerirá renovar la totalidad del equipamiento del sistema con equipos de otras empresas y de otros países, lo que es técnicamente posible (Entrevista 4), aunque en extremo costoso.

Durante el gobierno de Guillermo Lasso (desde 2021), se registra una continuidad con respecto al modelo económico neoliberal, a la alineación de política exterior con EEUU, y a la incidencia de ambas en las políticas de funcionamiento del ECU 911. Según la asambleísta Pamela Aguirre, en una denuncia realizada el 28 de mayo de 2021 en su cuenta de Twitter (@pameaguirre1), 17% de las cámaras del sistema (unas 1000) están fuera de su periodo de vida útil. Si bien los funcionarios públicos del ECU 911 están planificando y presupuestando la actualización del hardware y software del sistema (Entrevista 4), al momento de finalizar este artículo, no se había concretado.

Los datos recabados indican que el declive ha sido más pronunciado para la alianza sino-ecuatoriana en el desarrollo del ECU 911, que para el sistema en sí. A pesar del deterioro tecnológico, ni el gobierno de Lenin Moreno ni el de Guillermo Lasso buscaron dejar fuera de funcionamiento al sistema, porque brinda un servicio de gran utilidad a la ciudadanía y al país, en especial en momentos críticos. Ese juicio de valor fue reiterado por casi todas las fuentes consultadas, como ilustra la siguiente cita:

Ha sido protagonista en momentos bastante complicados en la vida nacional, como en el terremoto de 2016, como las manifestaciones de octubre de 2019, ha sido clave en procesos como en enfrentar la pandemia de COVID-19, ha tenido un rol protagónico también en el proceso de vacunación, iniciado con Moreno y concluido con Lasso. Ha sido clave en el proceso de reapertura de playas, de reapertura económica. Entonces el ECU ha estado a la altura de los grandes desafíos que como país hemos enfrentado en distintos momentos, más allá de la atención y coordinación de emergencias (Entrevista 4).

En conclusión, la forma en que el ECU 911 pueda desarrollarse en el futuro sigue abierta y condicionada a la conducción política local e internacional del gobierno de turno.