Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
Bolivia desafió tempranamente las definiciones de democracia y libertad planteadas por el establishment estadounidense de posguerra, que contrastaban con las nociones de soberanía y autodeterminación económica y política. Esas tensiones persisten hasta la actualidad; solo fueron resueltas o atenuadas cuando ocuparon el gobierno sectores que decidieron no enfrentarse (o subsumirse deliberadamente) a los lineamientos políticos y económicos postulados por Washington, desde la cooptación de la Revolución de 1952 en adelante (Tellería Escobar y González 2015; Field 2016).
A partir de la Guerra Fría y hasta inicios del siglo XXI, Bolivia fue uno de los principales receptores de la asistencia para el desarrollo provista por Estados Unidos (EE.UU.), a la vez que se posicionó como uno de los países con los indicadores de desarrollo más bajos de la región (Romano 2018). EE.UU. comenzó a otorgar asistencia (económica y militar) a Bolivia en 1946 y, desde entonces, esta superó los 5 mil millones de dólares (USAID Explorer 2020). Se trata de la única constante en el cumplimiento de los objetivos de la política exterior estadounidense, en un espectro que puede ser pensado desde la injerencia absoluta hasta la subversión política e ideológica contra el gobierno de Evo Morales (Tellería Escobar 2021).
La apertura democrática, en 1982, con la presidencia de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), coincidió con el lanzamiento oficial de la “guerra contra las drogas” por parte de Ronald Reagan, momento a partir del cual la instrumentalización de la hegemonía territorial de EE.UU. en Bolivia pasó a concretarse mediante tres mecanismos: neoliberalismo, democracia pactada y políticas antinarcóticos (Tellería Escobar y Gonzales 2015). Con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), la estabilidad política, la lucha contra las drogas y la ayuda económica se entrelazaron de manera definitiva con la reorganización del sistema de políticas antinarcóticos con base en convenios y acuerdos con EE.UU. (Ledebur 2005; Lehman 2010; Gillies 2018). De ahí que el fenómeno político de Evo Morales, víctima directa de la represión militar-policial en su condición de dirigente cocalero, no puede ser entendido sin considerar las políticas antidrogas como orientadoras de las relaciones bilaterales con EE.UU. durante más de dos décadas. El signo antiimperial, anticapitalista y anticolonial se expresa en los orígenes de la conformación del Estado plurinacional (Quintana Taborga 2016b, vol. VI).
Desde su llegada al gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS) impulsó la refundación del Estado. Ello dio lugar a un proyecto de nación pluricultural, más inclusivo en términos económicos, políticos, sociales y culturales. En el ámbito de la seguridad y la defensa, han existido avances invaluables, al distanciarse de un pasado cercano en el que las Fuerzas Armadas y policiales fueron utilizadas como instrumentos represivos contra las organizaciones sociales. Con base en la revisión de literatura especializada y documentos oficiales del gobierno boliviano, es posible sostener que el gobierno del MAS llevó a cabo una estrategia de carácter contrahegemónico reflejada en, por lo menos, dos ejes: la reorientación de las Fuerzas Armadas a los intereses del Estado plurinacional y la implementación de políticas soberanas para el control del narcotráfico. La reorientación de la política de seguridad y defensa a los intereses del Estado plurinacional dejó de lado la prioridad de la seguridad interna bajo dictámenes de Washington, característica del período neoliberal. Configuró, así, a las Fuerzas Armadas como actor clave de la implementación de políticas públicas y de la estabilidad y unidad del Estado (Mayorga 2009; Alda Mejías 2010; Bonifaz Moreno 2011; Campero 2012; Molina 2018; Tellería Escobar 2013; 2016; 2018).
A su vez, el proceso de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, que plantea una alternativa al prohibicionismo militarizado en América Latina y particularmente en la región andina, se ha centrado en definir una política antidroga propia del gobierno boliviano, en el marco de la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS, por sus siglas en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en ingles). Esa política se caracterizó por la revalorización de la hoja de coca, respetando las tradiciones culturales del Estado plurinacional, y por la concertación con los/as cocaleros/as como principal herramienta para la erradicación de hoja excedentaria (Ledebur y Youngers 2012; Tellería Escobar y Gonzáles 2015; Stippel y Serrano 2018).
Es importante señalar que se han producido investigaciones desde una perspectiva crítica sobre la incidencia estadounidense en Bolivia en los ámbitos económico, diplomático, asistencia para el desarrollo, seguridad, etc. (Tellería Escobar y González 2015; Quintana 2016a; 2016b; Romano 2018). Pese a lo imprescindible de estos trabajos, hay un vacío de investigaciones académicas que planteen, con base en datos oficiales, el modo en que operó la asistencia en seguridad de EE.UU. durante el gobierno del MAS. Para dimensionar la relevancia del tema, se puede observar que, hasta 2007, Bolivia fue el tercer principal receptor de la asistencia militar y policial en la región, luego de Perú y Colombia (Center for International Policy 2021). En 2003, era el cuarto país receptor de entrenamiento de EE.UU. a escala mundial, antecedido por Colombia, Irak y Afganistán (Isacson, Olson y Haugaard 2004). Estos datos permiten inferir que, si no fuera por las trabas que puso el gobierno del MAS, Bolivia probablemente seguiría figurando entre los principales receptores de América Latina. No obstante, en la segunda década de este siglo, aparece como sexto receptor regional y ha recibido más financiamiento que países como Honduras, Panamá y El Salvador (Lajtman 2022).
En función de lo anterior, el presente artículo pretende sumarse a la literatura orientada en la perspectiva crítica. Se plantea como objetivo indagar sobre el grado de incidencia de EE.UU. en el ámbito de la seguridad y la defensa, poniendo énfasis en la asistencia para la seguridad (security assistance, la denominación más utilizada en la literatura especializada y por las agencias del gobierno estadounidense) como dimensión estratégica de la política exterior de EE.UU. hacia la periferia, que evidencia su carácter militarista (Sweezy y Magdoff 1972; Chomsky y Herman 1981; Tellería Escobar 2019).
La estructura del artículo es la siguiente. Tras esta introducción, se describe la metodología empleada en la investigación. En la sección siguiente se presenta el análisis empírico sobre la asistencia militar y de seguridad de EE.UU. a Bolivia en el periodo 2001-2019. En el tercer apartado se profundiza en el entrenamiento militar a fuerzas de seguridad bolivianas, que se complementa, en el siguiente apartado, con el análisis sobre la capacitación en aplicación de la ley. En el quinto apartado se discuten algunas aristas del golpe de Estado, relacionadas directamente con las fuerzas de seguridad. Por último, se presentan reflexiones sobre un “rechazo parcial” de las políticas de seguridad estadounidenses, que siguieron teniendo influencia en distintas esferas del gobierno y las fuerzas de seguridad bolivianas.
Aclaraciones metodológicas
Este artículo recurre a una estrategia metodológica desarrollada en trabajos anteriores (Romano et al. 2020; Lajtman 2022; Lajtman y García Fernández 2022) que utiliza la base de datos oficial de la ayuda exterior estadounidense, USAID Explorer1, como fuente primaria principal. La clasificación oficial divide la asistencia exterior de EE.UU. en dos rubros: “asistencia económica” y “asistencia militar”, donde están incluidos en la categoría de “asistencia económica” a los programas de asistencia para la seguridad no militares, tales como programas de control de narcóticos administrados por agencias del Departamento de Estado, los programas de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, diversas actividades del Departamento de Suelo Patrio (Homeland Security) e incluso programas específicos relacionados con antiterrorismo.
Esta clasificación minimiza/edulcora el impacto de programas con contenido netamente de seguridad que, en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” y, más recientemente la “guerra contra la corrupción”, se erigen como herramienta fundamental de las políticas de seguridad de EE.UU. en América Latina y el Caribe. Ante ese diagnóstico se ha adoptado la estrategia de reorganizar los datos, trasladando los programas y actividades con contenido de seguridad a una nueva categoría denominada “asistencia militar y para la seguridad”.2
Ahora bien, para el caso de Bolivia, con el objetivo de realizar una interpretación aún más exhaustiva, se recurrió a la estrategia de triangular la información con los datos del Security Assistance Monitor (SAM) elaborados por el Center for International Policy (CIP),3 los informes anuales de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés),4 documentos de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés), entre otros.
Uno de los componentes clave de la asistencia al sector de seguridad es el entrenamiento realizado por militares estadounidenses a las fuerzas de seguridad extranjeras. Tal como ocurre con el rubro más amplio de la asistencia, la información oficial de acceso público es dispersa y confusa. Pero, en este caso, no existe una base de datos oficial que consolide toda la información sobre cantidad de entrenamientos por programa y que sea presentada de manera accesible,5 por lo que se ha decidido retomar los datos del SAM, pero triangulando la información con datos de capacitación policial y de aplicación de la ley recabados de los Informes de la estrategia internacional de control de estupefacientes (INCSR, por sus siglas en inglés), publicados anualmente por INL, que no se presentan de manera sistemática en ninguna fuente oficial.
Asistencia militar y para la seguridad de EE.UU. a Bolivia (2001-2019)
La sistematización de datos sobre la asistencia exterior estadounidense a partir de la metodología propia permite afirmar que la asistencia militar y para la seguridad de EE.UU. a Bolivia entre los años 2001 y 2019 fue de 973,9 millones de dólares. Entre el 2006 y 2019, años correspondientes a la administración del MAS, la asistencia fue de 428 millones de dólares (ver gráfico 1).
La principal agencia implementadora6 de la asistencia en seguridad es el Departamento de Estado que a través de INL como subagencia implementadora7 destinó 914,5 millones de dólares entre 2001 y 2019 para la implementación de los programas Iniciativa Andina Contra las drogas (ACI, por sus siglas en inglés) y Control internacional de narcóticos y aplicación de la ley (INCLE, por sus siglas en inglés). Este monto representa el 94% del total de la asistencia para la seguridad en Bolivia en el periodo analizado, lo que da cuenta del peso de los programas de asistencia antinarcóticos que son considerados oficialmente como asistencia económica.
Durante la administración del MAS, la asistencia de INL fue de 357,7 millones de dólares. Los únicos años en los que no se registra asignación de recursos de esta subagencia son 2016 y 2018. En 2017 y 2019 se implementaron programas, aunque con montos reducidos (ver gráfico 2).
A pesar del deterioro de las relaciones diplomáticas, según reporte de la GAO, entre 2006 a 2011, el Departamento de Estado asignó alrededor de 237 millones para asistencia antinarcóticos a Bolivia: “Esta asistencia apoyó los esfuerzos manuales de erradicación y un programa de aviación. Los aviones del programa se utilizan para proporcionar transporte para los equipos de erradicación manual y las operaciones de interdicción” (US Government Accountability Office 2012, 27). El informe de INL para el año 2009 sostiene que, a pesar del declive en la relación bilateral, el gobierno de EE.UU. continuó apoyando el desarrollo institucional tanto de la Policía Nacional de Bolivia (PNB) como de los fiscales antinarcóticos (US Department of State, INCSR 2009). Para el año 2012, INL plantea que el gobierno de EE.UU. continuó brindando apoyo administrativo, logístico, financiero y de capacitación a los programas de control de narcóticos de Bolivia en el marco de los compromisos suscritos en un acuerdo bilateral del 20068 y que, incluso con la expulsión de la DEA y la NAS, bajo coordinación de INL se mantuvo el apoyo logístico y administrativo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y a la academia de capacitación de la PNB (US Department of State, INCSR 2009; 2010).
En 2013, INL alienta “a las naciones más directamente afectadas por las exportaciones de cocaína boliviana” a que aumenten su apoyo a Bolivia a medida que EE.UU. pasa del apoyo operativo a la capacitación y la creación de capacidad para el cumplimiento de la ley (US Department of State, INCSR 2013); mientras que en 2014 destaca el trabajo conjunto con el gobierno boliviano para “aumentar la efectividad de las leyes antinarcóticos de Bolivia, para combatir el lavado de dinero, los precursores químicos y la confiscación de activos” (US Department of State, INCSR 2014). Para los años posteriores, los informes de INL señalan que la embajada de EE.UU. en Bolivia se reúne periódicamente con el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas y funcionarios de la FELCN para discutir los esfuerzos antinarcóticos de Bolivia (US Department of State, INCSR 2016; 2017; 2018; 2019; 2020).
Es llamativo y sospechoso el pico de más de 60 millones de dólares registrado en el 2015, año que antecede el del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016. Aunque el incremento de asistencia vía INL en 2015 se haya dado a nivel regional, en el caso de Bolivia, el pico de 2015 llama la atención considerando que tanto las agencias estadounidenses como el gobierno boliviano coinciden en afirmar que la asistencia antinarcóticos se interrumpió en el 2013. Según el informe de 2015, la ayuda formal antinarcóticos a Bolivia finalizó el 31 de diciembre de 2013 (US Department of State, INCSR 2015) mientras que el informe de 2016 afirma que “no hay programas de asistencia antinarcóticos estadounidenses en Bolivia, pero la cooperación boliviana antinarcóticos con otros países y en foros internacionales, junto con la participación boliviana en capacitaciones patrocinadas por EE.UU. es bienvenida” (US Department of State, INCSR 2016). Por su parte, la GAO afirma que en los años 2014 y 2015 no hubo ninguna actividad antinarcóticos realizadas por INL en Bolivia (US Government Accountability Office 2017), mientras que desde el gobierno boliviano tampoco se registra ayuda antinarcóticos estadounidense a partir del 2013 (CONALTID 2016).
La segunda principal agencia implementadora es el Departamento de Defensa con 59,3 millones entre 2001 y 2020. Durante el gobierno del MAS, la asistencia estrictamente militar fue de 12 millones de dólares y ha estado en progresiva disminución. Tan solo a partir del 2016 es que Bolivia deja de recibir cualquier tipo de asistencia del Departamento de Defensa (ver gráfico 3). La asistencia del Departamento de Defensa ha sido realizada a través de tres subagencias: (i) Oficina de Antinarcóticos, (ii) Defense Security Cooperation Agency (DSCA) y (iii) Programa de Prevención del HIV/SIDA.
La Oficina de Antinarcóticos ha implementado el In-Country Counternarcotics Program a través del Comando Sur de forma ininterrumpida entre 2001 y 2012 por el monto de 44,2 millones de dólares, equivalente al 74% de la asistencia del Departamento de Defensa a Bolivia en el período estudiado. Queda evidente el peso y la persistencia de la “guerra contra las drogas”. En lo que se refiere a la DSCA, brindó 14,9 millones de dólares para la implementación de tres programas: a) Programa de Becas para la Lucha contra el Terrorismo (CTFP, por sus siglas en inglés)9 en 2013; b) Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) entre 2001 y 2004, y c) Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés)10 entre 2001 y 2004, reanudado en el 2007 hasta el 2013. Durante el período del gobierno del MAS el monto destinado por IMET a Bolivia fue de 1 571 789 dólares. Por último, a través del Programa de Prevención del HIV/SIDA se han destinado 236 711 dólares en 2011, 2012, 2014 y 2015. En este caso, hay que destacar que, aunque sea un programa implementado con fondos del Departamento de Defensa, se considera en la base de datos oficial como asistencia económica.
Esta información permite visualizar la permanencia de los flujos de asistencia estrictamente militar, la permanencia de algunos programas del Departamento de Defensa y actividad de Comando Sur. Según la GAO, entre 2006 y 2011, el Departamento de Defensa asignó alrededor de nueve millones para asistencia de seguridad relacionada con la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, siendo la mayor parte de los fondos direccionados al envío de personal para recibir instrucción militar en EE.UU., que ha incluido capacitación en operaciones antidrogas y mantenimiento de equipos (US Government Accountability Office 2012, 27).
El Departamento de Justicia, a través del FBI, destinó 3087 dólares en el 2012 para el programa de Evaluación de intercambio biométrico extranjero. No obstante, es fundamental destacar que la base de datos de USAID Explorer no registra a la DEA como subagencia del Departamento de Justicia con programas en Bolivia. Sin embargo, a partir de la triangulación de fuentes y la revisión de literatura especializada, es evidente el peso que ha tenido la DEA en la guerra contra las drogas en Bolivia, así como su permanencia en los primeros años del gobierno del MAS. Diversas fuentes oficiales corroboran esta afirmación.
Por ejemplo, un informe de INL sugiere que antes de su expulsión, la DEA brindó asesoría operativa directa, enlace, inteligencia y apoyo financiero a las Unidades de Investigación Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés) de la FELCN (US Department of State, INCSR 2009). Según informe de la GAO, entre los años fiscales 2006 a 2011, la DEA asignó alrededor de dos millones para apoyar el programa de SIU en Bolivia, que contó con un equipo de expertos en inteligencia e investigación antidrogas. Ese mismo informe plantea, sin embargo, que los datos de desempeño de la DEA para Bolivia no están disponibles (US Government Accountability Office 2012, 28). Un informe de 2017, también de la GAO, reporta 683 000 de dólares destinados a Bolivia por la DEA en 2010 (US Government Accountability Office 2017).
Entrenamiento militar de EE.UU. a fuerzas de seguridad bolivianas
Entre 2000 y 2019 por lo menos 7239 militares bolivianos fueron entrenados en distintos programas de entrenamiento realizados por las Fuerzas Armadas estadounidenses (ver gráfico 4). Tal como ilustra el gráfico 4, el pico es en el año 2003 y coincide con el momento Bolivia figuraba como cuarto país receptor de entrenamiento militar realizado por EE.UU. a nivel mundial, antecedido por Colombia, Irak y Afganistán (Isacson, Olson y Haugaard 2004).
Los militares bolivianos han participado de 16 programas de entrenamiento, de los 22 realizados a nivel regional. El principal es IMET, seguido de FMF y Sección 1004. Como se puede visualizar en el gráfico 4, la cantidad de entrenamiento ha disminuido significativamente a partir de 2009 y mantenido una tendencia decreciente. Desde el EE.UU. se señala que en lo que se refiere a capacitación en antiterrorismo, el gobierno estadounidense ha ofrecido fondos para brindar capacitación a las fuerzas antiterroristas bolivianas, “pero como es el caso de otras oportunidades de capacitación ofrecidas por EE.UU., el gobierno de Bolivia se negó a enviar personal a dichos programas” (US Department of State, Bureau of Counterterrorism 2009).
Durante el gobierno del MAS, 836 miembros de las fuerzas de seguridad de Bolivia fueron entrenados por militares estadounidenses en nueve programas (ver gráfico 5). La mayoría asistió a cursos en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry (WJPC, por sus siglas en inglés) con sede en Washington. Hasta el 2012 se registran entrenamientos realizados en el marco de Sección 1004 -el principal programa militar antidrogas de EE.UU. 11- en las instalaciones de Fort Rucker (Alabama), Fort Eustis (Virginia), Lackland Air Force Base (Texas), Fort Benning (Georgia) y Stennis Space Center (Mississippi). En este período, las diversas unidades de la policía y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas entrenadas han sido: (i) Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y FELCN; (ii) Ejército: Fuerza de Tarea Conjunta Chapare, Escuela Militar de Inteligencia del Ejército (EMIE), Batallón de Ingeniería Federico Roman II, (Caranavi) Escuela de Cóndores Bolivianos; (iii) Armada: Batallón de Infantería de Marina VI “Independencia”, Centro de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA), Centro de Instrucción de Comandos Anfibios (CICA), Fuerza de Tarea Especial “Diablos Azules”, Escuela Naval Militar; y de la Fuerza Aérea: Fuerza de Tarea Aérea “Diablos Negros”; y (iv) la Fuerza de Tarea Aérea “Diablos Rojos”.
Capacitación policial y para el cumplimiento de la ley
La información sobre entrenamiento militar se complementa con los datos sobre capacitación en antinarcóticos y cumplimiento de la ley, recabados a partir del análisis de los informes de INL. En cada informe anual (y solo a partir del 2008) se brindan datos sobre cantidad de entrenamiento como parte de una descripción más general, lo que da cuenta de la dificultad de acceder de forma clara a este tipo de información. De esta maraña (información dispersa, difícil acceso) fue posible develar una suma abultada de 25 085 funcionarios/as bolivianos/as (entre policías, fiscales, jueces, etc.) capacitados/as entre 2008 y 2019 (ver tabla 1).
Tabla 1 Capacitación en antinarcóticos y aplicación de la ley durante el gobierno del MAS
*No especifica si incluye capacitación en otro país.
Fuente: elaboración propia en base a los informes INCSR (US Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 2008; 2009; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019).
La información presentada muestra que, luego de la expulsión de la DEA, hay un enfoque renovado de la capacitación auspiciada por INL destinada en especial para la policía y los fiscales. A partir de 2015, los cursos se llevaron a cabo fundamentalmente en la sede de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) en San Salvador, no habiendo registro de capacitaciones en territorio boliviano. Aunque en los informes abiertos al público de ILEA no esté el detalle de cantidad de personal entrenado, sino que solamente se indican los países de origen, es importante considerar la relevancia de este espacio institucional en la formación orientada a la “aplicación de la ley”.
Si a estos entrenamientos se le suman los 836 entrenamientos militares entre 2006 y 2019, el resultado es de por lo menos 25 921 miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas capacitadas por sus pares estadounidenses a lo largo de los gobiernos del MAS. Ahora bien, si por un lado estas cifras expresan la profundidad del arraigo institucional de la asistencia, también deben comprenderse en un marco de tensión permanente entre los esfuerzos de transformación de las fuerzas de seguridad bolivianas y las presiones por parte del gobierno estadounidense, tal como se puede ilustrar con el siguiente extracto del informe de INL de 2009:
El gobierno de Bolivia informó al gobierno de Estados Unidos que la formación patrocinada por Estados Unidos para el personal militar y de policía fuera del país ya no sería apoyado por el gobierno boliviano […] Esta nueva política tiene serios efectos perjudiciales sobre el continuo desarrollo y profesionalismo de la policía nacional y las fuerzas militares, debido a su incapacidad para asistir a cursos de capacitación patrocinados por Estados Unidos (US Department of State, INCSR 2009).
El rol de las fuerzas de seguridad en el Golpe de Estado de noviembre de 2019
El papel de las fuerzas de seguridad en el remate final que otorgaron al proceso de desestabilización culminado el 10 de noviembre de 2019 es la muestra más fehaciente de los impactos de la formación profesional/ideológica de militares y policías hecha a imagen y semejanza de las proyecciones de EE.UU. desde mediados del siglo XX. Es clave, por lo tanto, destacar los principales altos mandos militares y policiales que pasaron por academias e instituciones estadounidenses y cumplieron rol clave en la articulación del proceso golpista (Los Tiempos 2019; The Gray Zone 2019; Lajtman et al. 2020; Libya360 2020). Esta comprobada articulación no significa afirmar que dentro de las Fuerzas Armadas y la PNB no existan funcionarios patrióticos comprometidos con el proceso de cambio, pero sí demuestra que, a pesar de los intentos de transformación, ambas instituciones siguieron estando dirigidas por mandos afines a EE.UU.
Dentro de la policía boliviana, los principales comandantes que ayudaron a gestar el golpe han pasado por la Agrupación de Agregados Policiales de Latinoamérica (APALA) con sede en Washington que funciona para construir relaciones entre las autoridades estadounidenses y los oficiales de policía de los estados latinoamericanos. El General Rómulo Delgado (ex Comandante General de la PNB, reemplazado por Yuri Calderón) fue enlace de la CIA mientras trabajó como agregado policial de la embajada boliviana en Argentina. El General Vladimir Yuri Calderón, comandante general de la Policía en el momento del golpe, fue agregado policial en Washington hasta diciembre de 2018 y se mantuvo en buenos términos con la embajada de EE.UU. en Bolivia, especialmente, con Matthew Kenny Thompson, agregado militar de EE.UU.
En relación con los mandos militares, los principales protagonistas han pasado por la Escuela de las Américas y su heredera, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). El Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general de Brigada Sergio Orellana Centellas, asistió al curso de Operaciones cívico-militares en 2003; el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, agregado militar en EE.UU. entre 2013 y 2016, asistió al curso de Comando y Estado Mayor en 2003 y OPME-4 en 2004; Manfred Reyes Villa (ex alcalde de Cochabamba y ex candidato presidencial) asistió al curso de armas de combate en 1976; el General Remberto Siles Vásquez fue “graduado distinguido” del curso de Armas de combate en 1992; el Coronel Julio César Maldonado Leoni asistió al Curso de Comando y Estado Mayor de1998 y fue instructor de este mismo curso en 2003; el Coronel Óscar Pacello Aguirre fue “graduado de honor” del Curso de Inteligencia Militar para Oficiales en 1994 y asistió al Curso de Comando y Estado Mayor para Oficiales en 2000; el Coronel Teobaldo Cardozo Guevara asistió al Curso básico de preparación en 1974 (SOAw 2020).
Según información brindada por Juan Ramón Quintana,12 en entrevista con la autora, el ministro de defensa golpista, Luis Fernando López, ratificó que se realizaron conversaciones con miembros de las Fuerzas Armadas antes de la “renuncia” de Evo Morales, para establecer acuerdos y mantener el orden constitucional. López, quien fue encargado de realizar el acercamiento con efectivos de las Fuerzas Armadas, fue oficial e instructor de la Escuela de Cóndores Satinadores en Sanandita, entre 1986 y 1989. Este cuerpo fue creado en 1981 durante la dictadura de Luis García Meza y desde 1987 realiza ejercicios conjuntos con fuerzas especiales estadounidenses, recibiendo instrucción en lucha “antiterrorista”. Asimismo, López sirvió como elemento clave de enlace golpista desde un principio bajo el mando de Luis Fernando Camacho, y fue el que trasladó los mensajes y el dinero al General Kalimán (Juan Ramón Quintana, 12 de abril de 2020, en entrevista con la autora).
Un último ejemplo es la asistencia por el valor de 1 200 000 dólares que ha brindado la USAID a través de su Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (OFDA, por sus siglas en inglés) para combatir los incendios forestales en Región de Chiquitania en 2019. Aunque en esta investigación no se haya realizado un análisis sistemático de la asistencia a través de USAID, este caso puntual se relaciona directamente con fuerzas de seguridad bolivianas a vísperas de las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Entre el 27 de agosto y el 13 de septiembre se realizó asistencia técnica en campo con la presencia de 14 expertos de USAID, incluyendo cuatro miembros del Servicio Forestal de EE.UU. (USFS, por sus siglas en inglés) que han capacitado a funcionarios de la Fuerza Aérea boliviana sobre coordinación, táctica y seguridad de operaciones de fuego-tierra-aire (USAID 2019).
Reflexiones finales
Con base en el análisis de datos empíricos, esta investigación permite sostener que, pese a los esfuerzos por romper con la injerencia imperial en el sector de seguridad y defensa, EE.UU. logró adaptar sus políticas. Por tanto, se observan importantes (aunque poco perceptibles a simple vista) continuidades de la relación bilateral en distintas esferas del gobierno y las fuerzas de seguridad bolivianas. Asimismo, la significativa tendencia a la baja tanto en los flujos de asistencia como en las capacitaciones, durante los últimos años del gobierno del MAS, permite advertir significativas tensiones.
A modo de síntesis, durante el gobierno del MAS, se destinaron por lo menos 428 000 000 de dólares, a través del Departamento de Estado (INL), el Departamento de Defensa/Comando Sur (DSCA, Oficina de Antinarcóticos, Programa de Prevención del HIV/SIDA) y el Departamento de Justicia (FBI y DEA). La INL fue la subagencia que más recursos destinó, con la implementación de ACI e INCLE. La triangulación de fuentes permitió traer a la luz la cifra de por lo menos 25 921 funcionarios/as entrenados/as por EE.UU. en cursos militares y de aplicación de la ley, enfocados en antinarcóticos. Mediante el entrecruzamiento de fuentes, también se estableció que las contrapartes bolivianas han sido la PNB, la FELCC, la FELC, el Órgano Judicial de Bolivia, el Viceministerio de Justicia, la Unidad de Investigación Financiera, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
A pesar de las medidas concretas y los avances del gobierno del MAS, EE.UU. es un poder fáctico con fuerte influencia en Bolivia. El voluntarismo político del gobierno boliviano no ha sido suficiente para contrarrestar décadas de penetración institucional acompañada de condicionamientos ideológicos. En ese sentido, la participación probada de distintos actores del sector público y privado de EE.UU. en el golpe de Estado de noviembre de 2019 evidencia el rol de miembros de las fuerzas de seguridad bolivianas, muchos de ellos formados en EE.UU. Los límites de la autonomía están enmarcados justamente en el profundo arraigo institucional (en las Fuerzas Armadas tiene más 50 años; en política de drogas, más de 30) que es difícil de desmontar debido a su anclaje en condicionamientos ideológicos de una visión hegemónica que termina por definir qué es la seguridad y la defensa y quiénes están aptos para “asistir”. Ese condicionamiento hace que predomine la creencia, por ejemplo, de que la asistencia y los equipamientos de EE.UU. son “lo mejor”, y que la formación y los equipos que puedan venir de otros países como Rusia y China no son equiparables.
Para los aspectos metodológicos de esta investigación, ha sido clave la reorganización crítica de los datos provistos por USAID Explorer y el SAM, así como su triangulación con otras fuentes de información cualitativa. Ello permite complejizar la interpretación y el análisis. Por ejemplo, en el rubro de entrenamiento, hubiera sido un error tomar solo los datos del SAM, ya que no consideran una amplia variedad de cursos orientados a antinarcóticos y aplicación de la ley. Asimismo, en el rubro de asistencia militar y para la seguridad, si se hubiese considerado solo la información proporcionada por USAID Explorer y el SAM, no se tendría un registro de la DEA como una subagencia que ha realizado asistencia y entrenamiento a las fuerzas de seguridad bolivianas. En definitiva, tanto la base de datos oficial como el SAM permiten acceder a una información que se corresponde con determinada forma de acomodar y clasificar los datos y que, de modo deliberado o no, oculta/edulcora una parte de la información. Por tanto, más allá de los resultados de la presente investigación, los cuales revelan que la asistencia en seguridad persistió durante los gobiernos del MAS en Bolivia, el principal aporte al campo del conocimiento abordado es que se sienta un precedente sobre la necesidad de aplicar la triangulación de fuentes y discutir la construcción de indicadores.
