La perspectiva realista del balance de poder

La teoría realista de las relaciones internacionales es la tradición de pensamiento más influyente en el campo de estudio dedicado al comportamiento de los Estados y de la seguridad nacional (^{Dougherthy y Platzgraff 1993}, 91; ^{Walker 1993}, 104; ^{Wohlforth et al. 2007}, 35). Sus postulados han servido como una guía para el arte de gobernar. Si bien el papel de las armas de fuego en la política internacional fue objeto de escasas reflexiones dentro de esta teoría, sus planteamientos sirvieron como fundamento y justificación para utilizar las transferencias de armas de fuego como un instrumento de relacionamiento entre Estados en condiciones de asimetría de poder.

Para el realismo, los Estados interactúan en un ambiente anárquico, entendido como un entorno que no cuenta con una autoridad capaz de imponer el orden (^{Waltz 1979}). En esas circunstancias, las relaciones entre Estados serían propensas a la conflictividad, tanto por la ausencia de una autoridad legítima como por el hecho de que estos son entidades egoístas, competitivas, agresivas y hostiles al momento de conseguir sus objetivos (Waltz 1979).

A fin de explicar con mayor precisión el comportamiento de los Estados, los teóricos del realismo crearon el concepto de balance de poder (^{Waltz 1979}, 164-180; Walt 1987; ^{Wohlforth et al. 2007}). Esa definición, que no está exenta de debates, señala que existe un interés natural de los Estados por mantener un sistema de pesos y contrapesos en la distribución del poder internacional, para evitar la dominación o la hegemonía de algún actor en particular; incluso, para evitar la propia subordinación. En palabras de ^{Schweller (2016}, 1):

Un sistema de equilibrio de poder es aquel donde el poder que detentan y ejercen los Estados dentro del sistema está controlado y equilibrado por el poder de los demás. De esta forma, cuando el poder de una nación crece hasta presentar una amenaza para otras potencias, surge una coalición que frena a la potencia emergente, de modo que cualquier intento de lograr hegemonía mundial terminaría fracasando.

Los teóricos del realismo asumen que la anarquía es la condición determinante del balance de poder, porque el establecimiento de cierto equilibrio de fuerzas en el contexto internacional es capaz de generar un orden en medio del caos. Ello facilita la consecución de intereses nacionales y mejora las condiciones para alcanzar la seguridad nacional (^{Waltz 1979}).

Al igual que el concepto de balance de poder, el de seguridad nacional resulta controvertido.³ Sin embargo, constituye una noción orientadora de las situaciones que pueden beneficiar o perjudicar a un Estado. Desde la perspectiva realista, la noción alude al conjunto de estrategias que pueden ser utilizadas por los Estados para mantener o recuperar el balance de poder en el entorno internacional. Esas recomendaciones se dirigen principalmente a las grandes potencias, que serían los actores con mayor capacidad de alterar el equilibrio de fuerzas. Las principales recomendaciones son: 1) dividir para gobernar, 2) crear Estados valla, 3) consolidar esferas de influencia, 4) formar alianzas estratégicas, 5) arreglar pacífica y legalmente todas las disputas posibles, 6) intervenir militar o políticamente cuando sea necesario, 7) controlar quién puede acceder y quién no a las armas de destrucción masiva, 8) ser parte de la carrera armamentista, 9) ir a la guerra cuando sea necesario y 10) ejecutar compensaciones territoriales después de una confrontación bélica (^{Dougherthy y Platzgraff 1993}, 45).

Aunque esa guía de acción no lo expresa de manera explícita, justifica la transferencia de armas para garantizar la seguridad nacional y para mantener o alterar el balance de poder. De hecho, se podría decir que las transferencias de armas y el equilibrio de poder tienen una relación mutuamente incluyente. Las primeras no se entienden fuera de un esquema determinado del segundo, y este último no es concebible sin la adecuada atención a los flujos de armas (^{DerGhougassian 2010}, 73).

Esto es especialmente claro en relación con el armamento convencional y de destrucción masiva, pero ha sido menos evidente en relación con las armas de fuego. En efecto, la acumulación de armas tradicionales y/o el acceso a armas de destrucción masiva por parte de determinados actores siempre han sido percibidos como una amenaza al statu quo internacional. De manera contraria, la producción o compra de armas pequeñas o municiones de un Estado -aun cuando fuera innecesariamente excesiva- ha sido vista como una condición insuficiente para alterar la distribución de poder en el mundo. Desde esa lógica, las armas de fuego constituyen instrumentos de segundo orden o “armas parias” (^{Cooper 2011}).

Sin embargo, pese a su supuesta inocuidad, cumplieron un papel relevante en la política internacional durante la Guerra Fría. Durante el período de confrontación ideológica, las potencias intervinieron política y/o militarmente en los denominados países valla, para mantener o para disputar áreas de influencia. Como parte de la estrategia de intervención, dotaron a esos Estados de importantes stocks de armas de fuego, para fortalecer las facciones internas afines a sus ideologías, y que estas -una vez equipadas- pudieran enfrentar directamente a sus enemigos (^{Westad 2005}). Las dotaciones por lo general se realizaron con la etiqueta de “ayuda militar”, como un asunto de política exterior, más que como una actividad comercial, aunque eran pagadas por los países receptores. Esos flujos constituyeron la mayor fuente de abastecimiento de armas pequeñas en América Latina (^{Klare y Andersen 1996}, 27), al menos hasta que terminó la Guerra Fría.

Con el fin de la confrontación bipolar, sobrevino una expectativa generalizada respecto al advenimiento de una era definida por la gobernanza mundial y por la ausencia de ideologías, prácticas y estructuras militaristas (Stavrianakis y Selvy 2012, 6). En ese momento, hubo mucha confianza en que la humanidad lograría eliminar el autoritarismo como forma de gobierno, y en que alcanzaría mayores niveles de crecimiento y de desarrollo debido al establecimiento de un contexto favorable para el comercio y las finanzas. También se pensó que se reduciría la conflictividad en el mundo, tanto a escala interestatal como intraestatal.

Con tales expectativas, las potencias perdieron interés en consolidar zonas de influencia, en crear Estados valla y en intervenirlos militarmente. Como resultado, las transferencias de armas de fuego dejaron de tener utilidad como un instrumento de relacionamiento entre Estados grandes y pequeños.

Sin duda, los cambios en el equilibrio de poder en la postguerra fría repercutieron de manera significativa en las transferencias de armas de fuego. Durante la Guerra Fría, estos dispositivos estuvieron al servicio de los más altos intereses de la política mundial, pese a que su papel en el mantenimiento del equilibrio de poder nunca tuvo un lugar explícito en la reflexión teórica. Con el fin del orden bipolar, el estado de cosas cambió. Aunque los flujos de armas de fuego en distintas magnitudes mantuvieron su afluencia hacia las diferentes regiones del planeta, pasaron a ser un instrumento de importancia marginal en la diplomacia internacional. No obstante, ganaron un espacio teórico mucho más explícito, ya no desde la perspectiva realista, sino más bien desde otras entradas analíticas, interesadas en comprender mejor los impactos de su proliferación y difusión, en términos violencia, de criminalidad y de seguridad humana. Incluso, respecto a la importancia de generar una estructura internacional para controlar su tráfico, tanto legal como ilegal.

La Guerra Fría y la proliferación de armas de fuego

Desde finales del siglo XIX, las transferencias de armas de fuego entre países grandes y pequeños fueron utilizadas como una estrategia de política internacional, que en ese momento buscaba limitar la independencia de las colonias⁴ (^{Eide 1976}, 308). Sin embargo, fue la Segunda Guerra Mundial la que dio el primer gran impulso a la militarización del Tercer Mundo, debido al interés de los países industrializados en utilizar la mano de obra de las colonias en el enfrentamiento masivo. Una vez superado el conflicto, la militarización de las periferias se intensificó cuando Occidente buscó construir un sistema de seguridad colectiva que consistía en una cadena de alianzas militares que limitaban a la Unión Soviética y a China. La lógica política de funcionamiento de las transferencias desde el centro hacia la periferia era sencilla: la entrega de dispositivos se activaba cuando era necesario mantener en el poder o respaldar a una facción aliada, y se restringía cuando algún grupo antagónico alcanzaba el poder y/o cuando se requería su remoción (Eide 1976, 309).

Para la segunda mitad del siglo XX, durante la Guerra Fría, se produjeron constantes intervenciones políticas y militares en Estados periféricos de África, Asia y América Latina (Ayoob 1998, 36; ^{Westad 2005}). En muchos casos, se intervinieron países que estaban en medio de un proceso de descolonización y de lucha por su independencia, como ocurrió en África y Asia, o que estaban enfrentando algún tipo de conflictividad política interna, como en América Latina. En ese momento de la historia, las transferencias mantuvieron la misma lógica que durante la Segunda Guerra Mundial: apoyar a los bandos aliados dentro de países ubicados en sus zonas de influencia. Sin duda, esa forma de asistencia fue una manifestación más de las relaciones coloniales.

América Latina cumplió entonces la función de ser una región valla para contener la entrada del comunismo en los Estados Unidos. Pero los acontecimientos que desembocaron en la Revolución Cubana (1959) y en la posterior Crisis de los Misiles (1962) mostraron que la valla tenía grietas. En consecuencia, el intento de cualquier régimen de izquierda de establecerse en el hemisferio occidental fue visto como una amenaza para la seguridad nacional norteamericana y para el equilibrio de poder (^{Smith 1996}, 393).

La Crisis de los Misiles convirtió a las armas nucleares y a las armas de destrucción masiva, durante las tres décadas siguientes, en un tema prioritario en la agenda de política exterior de las grandes potencias (^{Nye 1991}, 146). Incentivó también la conformación de una comunidad de expertos en este tipo de dispositivos. Es así que, durante las décadas de 1960 y 1970, se iniciaron largos diálogos diplomáticos y militares entre Estados Unidos y la URSS, para limitar la producción de armas de destrucción masiva y frenar la carrera armamentística.^. Entre 1969 y 1979 tuvieron lugar dos rondas de “Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas” (Strategic Arms Limitation Talk, SALT por sus siglas en inglés), conocidas como SALT I (1969-1972) y SALT II (1972-1979).

Además, se suscribieron varios instrumentos internacionales como el Tratado de Tlatelolco (abierto para la firma en 1967 y vigente desde 1969), de alcance regional, mediante el cual los países latinoamericanos se comprometieron a proscribir el desarrollo de armas nucleares en la región. También se suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear, de alcance global, que buscaba restringir la posesión de armas nucleares e impedir la proliferación de armas de destrucción masiva en el mundo (abierto para la firma desde 1968 y vigente desde 1970).

Sin embargo, esas iniciativas no contuvieron el flujo de armamento pesado y de armas pequeñas y livianas hacia la región latinoamericana. Por el contrario, de forma paralela se activaron una serie de mecanismos de ayuda o cooperación militar y de transferencias de armas tanto desde la URSS como desde Estados Unidos hacia todos los países ubicados al sur del Río Bravo. Ello dinamizó los flujos de armamento pequeño y liviano dirigido a las facciones prosoviéticas o pronorteamericanas que buscaban hacerse con el poder en los diferentes países. Esta especie de diplomacia de las armas fue una actividad más dentro de la agenda de seguridad de las potencias, a pesar de haber contribuido a la represión, a la violación de derechos humanos, a la inestabilidad política interna y a la violencia social.

Después de la instalación de misiles en Cuba, la Unión Soviética transfirió armas hacia al menos 15 países (Barbados, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granda, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana). No obstante, es importante mencionar que Cuba, Nicaragua y Perú fueron los principales receptores. De hecho, en el período comprendido entre 1964 y 1988, los tres países sumaron una cifra aproximada de 15 000 000 000 de dólares, tanto en forma de armamento pesado como de armas pequeñas y livianas (tipo rifles, ametralladoras, granadas, morteros, etc.) como de equipo y servicios militares (^{Klare y Andersen 1996}, 34-36).

Además, a lo largo de toda la Guerra Fría, la Unión Soviética hizo transferencias a Cuba para ser distribuidas a los grupos de izquierda de los diferentes países (^{Godnick, Muggah y Waszinki 2002}). Desde ahí también salieron apoyos a las operaciones militares en países de otros continentes, como Angola y Etiopía (^{Klare y Andersen 1996}, 35).

Las transferencias desde el bloque soviético hacia América Latina se redujeron notablemente con la desintegración de la URSS. Se mantuvieron contraídas durante la década de los años 90. Sin embargo, en el nuevo milenio, Rusia buscó una mayor participación de la venta de armas hacia el tercer mundo, lo cual ha impulsado el incremento de sus ventas (^{Grimmett 1995}; 2001).

Una lectura desde el lado norteamericano muestra que la asistencia militar de los Estados Unidos hacia América Latina comenzó en la década de 1950. Primero, con el objetivo de garantizar el acceso a las materias primas de la región. Después de la Crisis de los Misiles, con la intención de apoyar a las facciones anticomunistas. A tal fin, Washington proveyó a estas fuerzas grandes cantidades de armas livianas y de material contrainsurgente (carabinas, pistolas, rifles, ametralladoras y subametralladoras, morteros y lanzagranadas). Entre 1950 y 1979, las transferencias estuvieron acompañadas de armamento pesado y de créditos para la compra de equipamiento militar (excluyendo la venta comercial de armas). Sumaron un total de 1860 000 000 de dólares. Este tipo de asistencia se distribuyó de manera dispar entre al menos 22 países de la región, con El Salvador, Brasil y Venezuela como los principales receptores (^{Klare y Andersen 1996}, 28-29).

Los flujos de ayuda norteamericana sufrieron una contracción importante durante el gobierno del presidente Jimmy Carter (1977-1981), debido a que se evidenció su relación con múltiples violaciones de derechos humanos. No obstante, el grifo de la ayuda se volvió a abrir con la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989), quien focalizó su atención en Centroamérica, donde llegó a transferir 1 100 000 000 de dólares entre 1982 y 1987 (^{Klare y Andersen 1996}, 32). Durante ese quinquenio, los principales receptores fueron El Salvador y Honduras. En el primer caso, el apoyo tenía como finalidad fortalecer a los grupos opositores al Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, para evitar que tomara el poder. En el segundo caso, se buscaba fortalecer a los grupos contrarrevolucionarios enfrentados al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en ese momento gobernaba (^{Smith 1996}, 409-455; ^{Godnick, Muggah y Wazsinki 2002}, 5-6).

Una vez terminada la Guerra Fría, fue imposible hacer un balance claro de la cantidad exacta de armas pequeñas y ligeras transferidas por la Unión Soviética y Estados Unidos hacia Latinoamérica. No obstante, los montos citados, pese a ser incompletos, revelan un abundante flujo de dispositivos, que no pudo ser completamente retirado de circulación. Por ejemplo, después de la firma de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, en El Salvador quedaron unas 360 000 armas militares en circulación. En Guatemala solo se logró recuperar un pequeño número (1824) del total existente. En Nicaragua la situación fue similar, considerando que, de 91 000 hombres desarmados, solo se recuperaron unas 17 000 armas (^{Aguirre, Peters y Espinoza 2021}).

El fin de la bipolaridad estuvo lejos de desincentivar la demanda de armas en América Latina. Nuevos actores, tanto legales como ilegales, entraron en escena. Con un enfoque menos geopolítico, pero más comercial, el flujo de armas de fuego siguió activando las crisis internas de ciertos Estados. Continuó abasteciendo a grupos del crimen organizado y a la delincuencia común, potenció la búsqueda de autoprotección y fomentó la violencia armada. Esa dinámica ha tenido lugar en un contexto de violencia estructural y cultural. Ello ha contribuido a que América Latina se convierta en una región sin conflictos declarados, pero que no tiene paz.

Sociedades sin conflicto, pero sin paz

El fin de la Guerra Fría tuvo múltiples e importantes implicaciones para América Latina. Por una parte, la región perdió su relevancia geopolítica como área estratégica para mantener el antiguo equilibrio de poder bipolar, lo que significó un freno en las intervenciones militares y políticas externas, con motivos ideológicos. Por otra, las transferencias de armas de todo tipo perdieron importancia como herramienta de la diplomacia de las grandes potencias hacia la región.

Es así que durante el período 1997-2000, Washington hizo acuerdos de transferencias de armas convencionales hacia el mundo en desarrollo por 33 300 000 000 de dólares, mientras que los acuerdos rusos sumaron 5 800 000 000 (^{Grimmett 2001},26). De estos montos, los países latinoamericanos apenas recibieron 3 500 000 000 de dólares, lo cual representa menos del 10 % del total de ventas acordadas por ambos países. Con altos y bajos, la importación de armas en la región ha seguido una tendencia decreciente. En la actualidad, apenas representa el 5,4 % del comercio global (^{Wezeman, Kuimova y Vezeman 2021}).

Paradójicamente, el mercado global de armas pequeñas ha seguido el camino contrario. En 2017, el comercio total registró intercambios por unos 6 500 000 000 de dólares. Si bien el monto registra una ligera disminución del 1,35 %, en comparación con 2016, el valor de las exportaciones mundiales se ha duplicado desde 2001. Dentro de este mercado, las municiones representan el rubro más grande, por un valor de 2700 000 000 de dólares, durante 2017 (^{Florquin, Hainard y Jongleux 2020}, 25). La participación del continente americano en las importaciones de armas de fuego fue de 2500 000 000 de dólares. De ellos, el 82 % correspondió a compras realizadas por Estados Unidos, mientras que el 18 % fueron adquisiciones del resto de países (Florquin, Hainard y Jongleux 2020).

Estas cifras muestran que América Latina tiene una participación reducida en la compra de armamento convencional y de armas pequeñas y livianas. Pese a lo dicho, no es menos cierto que la región ha tenido que lidiar tanto con las armas nuevas que ingresan a su territorio anualmente como con las remanentes de la Guerra Fría. En la región podrían circular más de 83 000 000 de armas de fuego legales e ilegales en la actualidad. El 84,6% estaría en manos de civiles.⁵ El resto se distribuiría entre las Fuerzas Armadas y las Policías Nacionales (^{Karp 2018}).

Con esa disponibilidad, Latinoamérica se ha convertido en un mercado de armas nuevas y de segunda mano, legales e ilegales, que atiende las necesidades de usuarios con fines ilegítimos y legítimos. Entre los primeros, se encuentran grupos insurgentes como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (^{Aguirre, Peters, Espinoza 2021}, 133). También se incluyen las pandillas, los carteles del narcotráfico y otras organizaciones del crimen transnacional (UNODC 2010, vi; UNODC 2020c, 23) las cuales son responsables de al menos un tercio (32 %) de la violencia armada de la región (UNODC 2019b, 22). La delincuencia común es otra usuaria asidua de las armas y de la violencia armada. Genera el 8 % del total de muertes violentas en todo el continente, el porcentaje más alto del mundo (UNODC 2019b, 36). Por otra parte, entre los usuarios con fines legítimos se encuentran las empresas de seguridad privada, que ofrecen servicios de vigilancia y protección, y también los ciudadanos que desean autoprotegerse de la inseguridad.

La diversidad de usuarios también ha multiplicado las formas de abastecimiento. A grandes rasgos, en el mercado pueden encontrarse con facilidad armas de manera legal e ilegal. Las primeras son aquellas que se producen y comercian dentro del marco de la ley. Representan aproximadamente el 95 % de las transacciones. Este mercado se abastece sobre todo de los grandes productores mundiales, como Estados Unidos, Brasil, Italia y Alemania (UNODC 2020c, 12).

Es importante mencionar que un elevado número de armas legales termina en el mercado ilegal, al servicio de intereses ilegítimos y criminales. Ello implica que las armas ilegales nacen lícitas, pero terminan en la ilegalidad a través de múltiples mecanismos, como el desvío, el robo de puntos de producción y de las reservas estatales (militares o policiales), los acuerdos de exportaciones falsas, la reexportación no autorizada a terceros países, las capturas en zonas de conflicto, el reciclaje de excedentes de armas, el robo o la pérdida de comerciantes legales o ciudadanos particulares, el fraude por parte de propietarios privados, la destrucción simulada de armas, la reactivación ilícita de armas desactivadas y la conversión de armas de fuego no letales (UNODC 2020a).

Una parte de las armas legales que han entrado en el mercado negro se trafican en países y regiones muy distantes de su lugar de producción. No obstante, un segmento importante del tráfico ilícito de armas tiene lugar a escala regional. En otras palabras, las armas que circulan de manera ilegal en una determinada región generalmente fueron fabricadas de manera legal por un productor de la misma región. Esto es visible en Europa Occidental, en el medio Oriente y, de manera significativa, en América Latina. El mapa 1 muestra el tráfico transaccional de armas de fuego, correspondiente a los flujos de 2016 a 2017.

Mapa 1 Principales flujos de tráfico de armas (definidos por rutas de incautaciones de armas de fuego), 2016-2017 

Las armas ilícitas también pueden nacer en la ilegalidad. Esa categoría se refiere a aquellos dispositivos que han sido fabricados sin autorización, de manera artesanal o casera (armas hechizas); a los que han sido fabricados sin ningún marcaje (armas fantasmas), y a los que son producto del montaje de piezas y componentes traficados ilícitamente (armas frankenstein) (UNODC 2020a). Dado el bajo costo de este tipo de armas, podría crecer su disponibilidad en el mercado negro. Ello resulta problemático, debido a la dificultad de rastrear la propiedad y el origen de los dispositivos, así como de vincularlos con otros delitos. Estas armas representan un porcentaje mínimo del mercado ilegal transnacional, y no son objeto de tráfico entre países (UNODC 2020c).

Aunque todavía no existe información exacta al respecto, es posible que la disponibilidad de armas en la región se haya incrementado desde el inicio de la pandemia de COVID-19, debido a la capacidad adaptativa del mercado negro para seguir operando pese a las restricciones impuestas por los distintos gobiernos. A lo largo de la crisis sanitaria, los organismos de control de la mayoría de los países se vieron sobresaturados en sus funciones, porque debieron asumir la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad y los confinamientos. En tales circunstancias, es esperable que las transacciones ilícitas fluyan con más libertad, al menos mientras se reestablecen los controles y las actividades de seguimiento, lo cual representa un enorme desafío para los Estados.

Por otra parte, la sociedad latinoamericana, además de estar armada, ha debido enfrentar graves problemas de pobreza e inequidad, agravados por la pandemia. Grandes segmentos de población no pueden satisfacer sus necesidades básicas y existe una gran desigualdad en los ingresos y en las oportunidades, incluso en materia de acceso a la salud. Tanto la pobreza como la inequidad constituyen formas de violencia estructural (Galtung 2006). Esta reduce las posibilidades de que un gobierno pueda ejercer el control social formal, socava la aplicación del estado de derecho, y disminuye la efectividad del sistema de justicia y la confianza en él. Además, se alimenta y es alimentada por otras manifestaciones de violencia, como la violencia directa, expresada en homicidios, asesinatos y femicidios. Como sostiene Galtung (2006, 155), “la violencia engendra violencia”. Cuando las condiciones estructurales impiden la satisfacción de los derechos fundamentales, se genera un sentimiento de desesperanza, un síndrome de frustración que puede venir acompañado de la violencia directa.

Este es el caso de América Latina. Como se ha insistido, a pesar de no tener conflictos bélicos declarados, es la región más violenta del mundo. En 2017, registró el 36 % de las 440 328⁶ muertes violentas a escala global (UNODC 2019a,14) (gráfico 1). Gran parte de esa violencia se cometió con armas de fuego.

Gráfico 1 Tasa de homicidio por país o territorio, 2017 

De hecho, en 2017, 54 % de las muertes violentas en el mundo fueron causadas por armas de fuego. El resto se cometió con armas cortopuzantes (22 %) y con otros instrumentos (24 %) (UNODC 2019b, 77). En el continente americano, al menos el 75 % de las muertes ocurrieron por el uso de estos dispositivos (UNODC 2019b, 78). En casi todos los países de la región, con muy pocas excepciones,⁷ las armas fueron el principal instrumento para matar (UNODC 2019a, 17). Adicionalmente, los 10 países del mundo con mayores porcentajes de homicidios cometidos con armas se encuentran ubicados al sur del Río Bravo: Puerto Rico (92 %), El Salvador (83 %), Trinidad y Tobago (81 %), Jamaica (81 %), Honduras (73 %), Colombia (73 %), Brasil (72 %), Uruguay (67 %), Panamá (65 %) y Paraguay (65 %) (UNODC 2019b, 45).

Además de la violencia letal, la violencia armada produce víctimas no letales: aquellas que sobreviven al impacto de un disparo. Si bien no existe información suficiente sobre el número de personas en estas condiciones, en 2013 se estimó que podían existir entre 2 000 000 y 7 000 000 de personas en el mundo que han sobrevivido al impacto de una bala, en contextos ajenos a los conflictos armados (^{Alvazzi del Frate y De Martino 2013}, 3). Esas lesiones generan elevados costos a los sistemas sanitarios estatales y aumentan el temor y la inseguridad de la población (^{Álvarez Velasco 2020}). En América Latina no hay cifras sobre la violencia armada no letal; sin embargo, la cantidad de armas de fuego que circulan permite suponer que constituye una problemática significativa, aunque invisible.

La violencia armada y la criminalidad asociada con las armas han instaurado una percepción generalizada de inseguridad.⁸ Esta se vincula a la falta de control social formal por parte del Estado. De manera paralela, fomenta los discursos de autoprotección y legitima el uso de la fuerza para resolver conflictos. En otras palabras, esta percepción ha logrado promover la existencia de una cultura individualista, con mayor confianza en la autodefensa que en la función protectora del Estado, y que justifica el uso de las armas para proteger la propiedad privada o la vida. Esos discursos, equiparables a la violencia cultural, han impulsado la contratación de empresas de seguridad privada y la compra de armas de fuego de uso personal. En consecuencia, se ha registrado un importante crecimiento del sector de la seguridad privada, que a su vez constituye un gran dinamizador del mercado legal e ilegal de armas pequeñas y ligeras. Los servicios de seguridad privada en América Latina tienen un gran volumen de armamento, con un promedio de armas por empleado casi diez veces superior al permitido en Europa Occidental (Small Arms Survey 2011).

Vale la pena mencionar que la seguridad privada es también una fuente de inequidad. Solo el 20 % más rico de la población tiene acceso a los mejores servicios públicos de seguridad. Ese mismo grupo, por lo general, es el único con la capacidad económica para pagar servicios privados de vigilancia y protección (^{Busso y Mesina 2020}). En este sentido, la inequidad en el acceso a la seguridad se ha convertido en un fenómeno social que expresa tanto la violencia estructural como la violencia cultural.

En cuanto a la compra de armas para autoprotección en América Latina, aunque la situación puede variar de forma significativa de un país a otro, un indicador aproximado es el hecho de que varios países se encuentran en la lista de los 25 con más armas pequeñas por cabeza (Brasil, México, Venezuela y Colombia). Otro indicador, mencionado previamente, es que el mayor porcentaje de armas disponibles esté en manos de civiles (^{Karp 2018}).

Finalmente, el período posterior a la Guerra Fría muestra varios cambios en el comportamiento de las transferencias de armas. Por una parte, estas evidencian el reemplazo de la lógica del balance de poder bipolar por una lógica de mercado. Por otra, es visible la diversificación de los actores involucrados en el mercado de las armas. Estos pueden ser legales o ilegales, con fines legítimos o ilegítimos. Independientemente de su situación o de sus propósitos, han impulsado un mercado dinámico y versátil, de difícil control y regulación. Esas condiciones han propiciado la proliferación y difusión de armas fuego en manos de la sociedad, que vive y se desarrolla en un entorno marcado por la violencia estructural y cultural. Todo lo anterior ha generado un entorno beneficioso para la producción y reproducción de la violencia en general y de la violencia armada en particular.