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Introducción
En junio de 2020, la administración de Alberto Fernández difundió un nuevo mapa de la República Argentina (mapa 1). En él se reivindica un país “oceánico y bicontinental”, cuyo límite exterior de la plataforma continental va más allá de las 200 millas marinas. El mapa había sido aprobado previamente por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en el año 2016, luego de un arduo trabajo científico que buscó reubicar el límite exterior de la plataforma continental. Es el establecido para utilizar de manera obligatoria en todos los niveles del sistema educativo, y refleja el modo en que se autodefine Argentina en relación con su territorio nacional efectivo.
Si miramos el escenario global y las relaciones de poder que atraviesan el Atlántico Sur, podemos reconocer fácilmente que el mapa que presenta Argentina se encuentra en las antípodas de lo que ocurre en la realidad. En la etapa cercana a la culminación de la Guerra de las Malvinas, era frecuente advertir el abordaje de este espacio marítimo en relación con el conflicto del Atlántico Sur (Fraga 1983). En un período posterior, el análisis estuvo ligado a la finalización del conflicto este-oeste y, en consecuencia, a la baja relevancia estratégica que el área tenía para los grandes poderes (Coutau-Bégarie 1988).
Sin embargo, en el presente, cada vez son más las investigaciones que documentan el retorno de una vigorosa actualidad del Atlántico Sur, como consecuencia del cambio en la distribución del poder mundial, por el ascenso de China y la declinación relativa de Estados Unidos (Abdenur y Souza Neto 2013; Eissa 2013; Altieri 2018). Si bien es cierto que la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) aún le asigna un rol periférico al Atlántico Sur, cabe esperar que, ante la emergencia de un nuevo ordenamiento mundial, se termine por trasladar el conflicto hacia la región del Cono Sur.
Con base en lo anterior, este artículo tiene el objetivo de redefinir el mapa presentado por Argentina (mapa 1), para introducir una mirada geopolítica que advierta cuáles son aquellas áreas del Atlántico Sur sobre las cuales el país aún no cuenta con plena soberanía. Realizamos un análisis descriptivo y explicativo, con un abordaje cualitativo, a partir de la revisión de fuentes bibliográficas, documentos oficiales y artículos periodísticos.
Estructuramos el artículo en tres secciones. En la primera, repasamos brevemente la ubicación espacial para abordar el Atlántico Sur; luego, su situación estratégica. Analizamos las proyecciones de las esferas de influencia de los grandes poderes y, principalmente, del actor que hegemoniza esta zona geoestratégica: Reino Unido. En la segunda sección, abordamos la situación geopolítica particular de Argentina y el rol que podrían ejercer Ushuaia y la Isla de los Estados como plataformas de proyección hacia la Antártida y el Atlántico, respectivamente. En la tercera sección, reflexionamos sobre el futuro del continente blanco como un eventual campo de la batalla que tendrá lugar en las próximas décadas. Para ello, nos centramos en el abordaje de hechos portadores de futuro, los cuales advierten que se avecina un claro escenario de competencia por este territorio. Finalmente, en las conclusiones reflexionamos sobre cuán lejos se encuentra Argentina de tener una soberanía plena sobre el territorio y los espacios marítimos circundantes, en relación con su mapa bicontinental.
Encuadre geoestratégico del Atlántico Sur
Ubicación espacial
Existen diversas cosmovisiones acerca de los alcances de este espacio marítimo. Las concepciones más clásicas están basadas en los criterios geográficos, con los siguientes límites: al norte con la línea del Ecuador; al oeste con el litoral sudamericano y el meridiano del cabo de Hornos; al este con las costas africanas y el meridiano del cabo de la Agujas y al sur con la Antártida. Sin embargo, Coutau-Bégarie (1988) destaca la existencia de nuevas alternativas sobre las formas de entender el encuadre geoestratégico del Atlántico Sur, principalmente entre las fronteras septentrionales y meridionales.
El objeto particular de nuestro análisis es el denominado Océano Atlántico Suroccidental Austral, esto es, el área de soberanía que reflejan los mapas de Argentina junto con sus áreas de influencia (mapa 2). En ese sentido, nuestra delimitación será desde la Antártida al sur (entre el paralelo de 60ºS y el Polo Sur a los 90ºS); al oeste, por las costas sudamericanas y el meridiano del cabo de Hornos; al norte, por el estuariodel río de la Plata y al este, por el mar Argentino, extendido hasta las 350 millas junto con el Arco de las Antillas Australes.
La influencia de los Grandes Poderes
El corrimiento del eje geoestratégico global del Atlántico al Pacífico es una realidad difícil de negar. La declinación tuvo origen a finales del siglo XIX, con la inauguración del Canal de Suez, un duro golpe a la ruta del Cabo. A esto se sumó la apertura del canal de Panamá, en 1914, que terminó asestando un golpe parecido a la ruta a través de Hornos. Así, el Atlántico Sur terminó siendo un océano excéntrico y alejado de los principales conflictos que atraviesa el tablero mundial.
Sin embargo, el paso del mundo unipolar hegemónico de la década de 1990 a uno en plena transición abrió el juego a un sinfín de debates respecto al nuevo ordenamiento mundial. Solo por mencionar algunas corrientes de pensamiento, podemos enumerar la propuesta de Haass (2008), con su lógica de un mundo apolar; la idea de un mundo multipolar cerrado regionalmente y competitivo, sostenida por Schweller (1999); uno multipolar abierto, basado en instituciones (Ikemberry 2001); un orden unimultipolar (Huntington 1999) o incluso el camino hacia el retorno de la bipolaridad (De Santibáñez 2020).
El Atlántico Sur continúa siendo un área geopolítica de baja prioridad estratégica, comparado con la importancia que la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Estados Unidos le atribuye al Asia-Pacífico o Medio Oriente. También es cierto que esa circunstancia ha generado las condiciones necesarias para que potencias revisionistas como China y Rusia busquen incluir el Atlántico Sur en su área de influencia. Incluso, ambos Estados han demostrado tener un fuerte interés por la Antártida, y han desplegado bases y equipos muy importantes en la zona. La presencia de Rusia tiene raíces profundas, ya que es uno de los Estados signatarios originales del Tratado Antártico. En lo que refiere a China, vemos un lento pero firme avance en la misma dirección.
Incluso aunque China no tenga la intención de dominar el Atlántico Sur, ya ha contribuido a redefinir la región como espacio geoestratégico, y se ha convertido en una fuerza que debería entrar en los cálculos de otros actores políticos de la zona (Abdenur y De Souza Neto 2013, 171).
Aunque podemos argumentar que desde esta óptica aún no se advierte una iniciativa concreta de proyección de poder militar, sí lo hace a través de inversiones y préstamos estatales (Llenderrozas 2018). Como resultado, China ha desplazado a Brasil y se ha convertido en el principal socio comercial de Argentina, avanzando cada vez con más determinación. Muestra de ello es una instalación de exploración espacial en el territorio de Neuquén, y el aumento exponencial de inversiones en materia de energía (la más relevante, el proceso de construcción de la Central Nuclear Atucha IV). La región antártica también ha emergido como un espacio de gran relevancia para China. Ello se advierte a partir del año 2005, con la modernización de sus dos primeras bases y la instalación de un tercer campamento (la base Kunlun), ubicado estratégicamente para recibir, enviar e interceptar señales de satélite. A esto se suma el establecimiento de una cuarta base en el año 2014, y el proceso de construcción de una quinta en los próximos años.
Esas cuestiones hacen de China un nuevo competidor para las potencias rectoras y statuquistas del Atlántico Sur. Así lo manifestó de manera explícita la ESN de Estados Unidos, durante la administración Trump: “Potencias revisionistas, como China y Rusia, utilizan la tecnología, la propaganda y la coerción para imponer un mundo que representa la antítesis de nuestros intereses y valores” (Departamento de Estado de los Estados Unidos 2017, 2).
Tampoco podemos perder de vista que Gran Bretaña no ha abandonado sus aspiraciones de mantenerse como una potencia naval; ese continúa siendo su eje fundamental en las estrategias de defensa y política exterior. Manteniendo un alineamiento irrenunciable con Estados Unidos, representa un miembro statuquista del sistema internacional, que apoya, ejerce y comparte la distribución de poder actual (Altieri 2018). Si añadimos las recientes creaciones de Áreas Marítimas Protegidas, no sorprende que el conjunto de posiciones de ultramar que domina Reino Unido en el Atlántico (Gibraltar, Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur) no solo cumplen la función de ser “portaviones” naturales, sino que tienen gran relevancia estratégica para la proyección de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La protección de los territorios de ultramar es considerada un punto clave para garantizar su bienestar futuro. Así lo establecen los documentos oficiales ingleses, como se puede advertir en el Libro Blanco de los Territorios de Ultramar, de junio de 2012.
En el Atlántico Sur los territorios de ultramar forman un sistema regional que ofrece nuevas oportunidades estratégicas y económicas para el futuro, incluso respecto a Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur y los Territorios Antárticos donde estas oportunidades son consistentes con nuestras obligaciones internacionales dentro del Sistema del Tratado Antártico (Foreign and Commonwealth Office 2012, 85).
Continuaremos asegurando nuestra soberanía sobre los territorios de ultramar (…) En el Atlántico Sur las fuerzas británicas mantendrán una postura militar defensiva para defender las Malvinas. No habrá debilitamiento de la resolución del gobierno (Foreign and Commonwealth Office 2012, 22).
Estos territorios cumplen dos funciones. La primera es asegurar un cinturón de seguridad, junto con canales de abastecimiento y comunicación que legitimen el reclamo territorial sobre el continente antártico. La segunda es garantizar el despliegue de estrategias Anti-Acceso y Negación de Área (A2/NA) de manera efectiva alrededor de las zonas en disputa con respecto a la República Argentina. Como señala Battaleme (2015), ese tipo de estrategias buscan limitar la libertad de movimiento de un competidor en espacios cercanos o contiguos al área de interés propia. A pesar de que no necesariamente implican proyectar poder, sí pretenden ocasionar una interrupción sostenida de las operaciones militares de un adversario o, en algún momento, incrementar sus costos de manera sensible. Esto, a su vez, permite la explotación exclusiva de recursos en un área determinada. Además, le proporciona a Reino Unido la capacidad de controlar, limitar y negar el acceso a ciertas áreas del Atlántico Sur y que, como resultado, sea prácticamente imposible para Argentina acercarse a las islas Malvinas y sus áreas contiguas sin que exista una detección, monitoreo y eventual intercepción (mapa 3)
Cabe destacar que, si bien Reino Unido hegemoniza su poder en el Atlántico Sur, es su socio, Estados Unidos, quien tiene la capacidad de proyectar la fuerza sobre él. No solo porque América Latina -junto con sus espacios marítimos- es su área natural de influencia, sino porque es la única unidad política del mundo capaz de desplegar 11 portaviones activos. Ello les permite desplazarse sobre casi el 70 % de la superficie del planeta, con gran velocidad estratégica; sostenerse en posiciones favorables por largos períodos de tiempo y maniobrar para mantenerse fuera del alcance del enemigo (Imperiale 2015). La proyección talasocrática se puede ver en su Estrategia Cooperativa para el Poder Marítimo del siglo XXI. En ella se destacan las cinco principales funciones de su armada: a) acceso a todos los dominios, b) disuasión, c) control del mar, d) proyección de poder y e) seguridad marítima en el Atlántico Sur (US Navy 2015).
Uno de los hechos más relevantes fue el que tuvo lugar en junio de 2020. Casi al mismo tiempo que Argentina presentaba su mapa bicontinental, el establishment norteamericano publicó un memorándum para “salvaguardar los intereses nacionales de los Estados Unidos en el Ártico y la Antártida” (The White House 2020). Como hemos visto, dada la creciente actividad de China en la región, el potencial escenario de competencia en el Atlántico Sur se vislumbra cada vez con más fuerza.
El hegemón de Occidente centró su documento en tres niveles. En el primero se hace referencia a un ambicioso programa de navíos, pues apunta a contar con una flota del tamaño adecuado para sus intereses. En el segundo se incluye una variable temporal, cuestión que no debe pasar inadvertida para las áreas de inteligencia argentina: “Una flota de seguridad polar lista, competente y disponible, operacionalmente testeada y con capacidad completa para ser desplegada hacia el año fiscal 2029” (The White House 2020, 1). En el tercer lugar, el Memorandum contempla la posibilidad de que dicha flota opere tanto desde bases antárticas propias como internacionales: “Identificación y evaluación de al menos dos locaciones para bases óptimas que pueda utilizar Estados Unidos, y de al menos dos locaciones para bases internacionales” (The White House 2020, 1).
En suma, podemos deducir que, respecto a las responsabilidades compartidas entre aliados y socios, Estados Unidos se presenta en el Atlántico Sur como potencia marítima dominante. Por su parte, Reino Unido constituye un eje fundamental en las estrategias de defensa. Esto se debe a que, como hemos visto, proporciona un conjunto de posiciones de ultramar de relevancia para la OTAN, y patrulla la seguridad de las líneas de comunicación y comercio en esa área, de manera subsidiaria a Estados Unidos (Altieri 2018).
Escenario geopolítico argentino
Luego de reconocer la influencia y los intereses de los grandes poderes en el Atlántico Suroccidental Austral, estamos en condiciones de considerar los posibles márgenes de maniobra de la República Argentina en relación con su posición geopolítica relativa en el tablero mundial. Si observamos el mapa 1, con sus distancias y espacios geográficos, no debería sorprendernos que la provincia de Tierra del Fuego represente el punto medio del territorio nacional. Este escenario deriva en la exigencia de materializar los esfuerzos necesarios para ejercer desde allí el control del amplio espacio marítimo que supone el ejercicio de la soberanía nacional. La clave de ese proceso, como señaló en una entrevista Bartolomé (Infobae 2019), está dada por la posibilidad de generar instalaciones permanentes y de cierta importancia en la isla de los Estados.
La isla es la última extensión continental de la Cordillera de los Andes, antes de hundirse en el Atlántico Sur, para volver a emerger en el Arco de las Antillas Australes y finalmente culminar en el extremo de la Península Antártica. Eso la convierte en una retaguardia natural del continente blanco, sin dejar de ser el punto más próximo de Argentina con respecto a Malvinas. Podemos ubicar el faro de San Juan de Salvamento a tan solo 544 km de Puerto Argentino y a poco más de 1000 km de la Base Marambio. En el mapa 4 advertimos las distancias relativas entre las principales ciudades más australes de Argentina, las islas Malvinas y la Antártida.
A pesar de que resulta evidente la proximidad de la isla de los Estados a Malvinas y la Antártida -y que este espacio debería representar un asentamiento militar de importancia-, en la actualidad no es más que uno de los vacíos anecuménicos más grandes de Argentina. Marini (1985) definió las regiones anecuménicas como zonas excesivamente inhóspitas y con mínimas posibilidades de asentamientos humanos masivos, determinadas por altas cumbres (como una cordillera), grandes desiertos (como el Sahara) o abundante vegetación (como el Amazonas). En ese sentido, aunque la isla de los Estados mantiene condiciones meteorológicas adversas, no se puede dejar de reconocer que -a excepción de la Península Antártica- representa el único fiordo natural del Atlántico Sur cuyo territorio nacional efectivo le pertenece a Argentina.
Sobre esta línea de pensamiento, debe decirse que la estrecha entrada costera de mar formada por la acción de los glaciares genera las condiciones necesarias para constituirse en refugio natural de una flota de fuerzas submarinas, capacidades que son propias de las estrategias A2/NA. Por ende, Battaleme (2015, 21) apuesta por esa capacidad para la República Argentina:
La necesidad de poseer una consistente capacidad de acción submarina y antisubmarina que ponga presión sobre aquellas líneas de comunicación navales que afecten directamente el interés nacional, será central en los próximos años, ya que puede servir como una carta más de consideración frente a un oponente con lógicas de acción unilaterales.
Luego de la tragedia del ARA San Juan, más temprano que tarde Argentina deberá plantearse seriamente la opción de recuperar esa capacidad, si es que tiene un verdadero interés por salvaguardar sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur. Bartolomé ha propuesto que todo el dispositivo antártico -incluyendo el rompehielos Irízar y el buque polar que está en proceso de ser adquirido- sean apostados en Ushuaia (Infobae 2019). Partiendo de la misma lógica, sería lícito pensar en hacer lo propio con el Comando de la Fuerzas de Submarinos, apostado en Mar del Plata, aprovechando los beneficios naturales que ofrece la geografía más austral del país. El camino hacia las estrategias A2/NA parece ser el más viable, de cara a los conflictos que se avecinan a partir del 2030.
Con las estrategias A2/NA se resuelven los problemas inmediatos que representa la proyección de poder, al mismo tiempo que se puede empezar a generar un espacio relativamente libre de intrusiones competitivas. De esta forma aun cuando -en un período de globalización- las líneas de comunicación navales o aéreas pueden ser protegidas mediante estrategias cooperativas, permiten a quienes tienen capacidades A2/NA reservarse la protección unilateral -de ser necesario- de sus líneas de comunicación frente a un cambio en la situación internacional (Battaleme 2015, 16).
En la actualidad, se han presentado algunas propuestas respecto a la posibilidad de reforzar posiciones en la isla de los Estados. Entre ellas, podemos mencionar la iniciativa de Bertotto (2014), quien ha sostenido la posibilidad de instalar un Sistema de Control Geovial (marítimo y aéreo) bajo jurisdicción de la Armada Argentina, con base en la isla Observatorio. Esta última es la mayor de las islas que integran el archipiélago y, como tal, genera las condiciones necesarias para ejercer una soberanía responsable, junto a la preservación y supervisión de los recursos naturales estratégicos de la navegación naval y aérea de la zona. Para el autor, el terreno de la isla genera buenas condiciones para el montaje de antenas y repetidoras, al igual que inmejorables condiciones de observación lateral y excelentes recursos de supervivencia. Todo esto sin mencionar que se encontraría sobre la ubicación más próxima a los mayores dilemas de seguridad que mantiene el país en el mediano y largo plazo. Battaleme (2015, 21-22) advierte lo siguiente:
La activación de capacidades tanto de vigilancia en materia de radares terrestres, así como de las capacidades de alerta aérea temprana, y la posibilidad de operar en el terreno de la detección de señales sería un salto cualitativo para el esquema de defensa defensivo que la República Argentina ha decidido tener como doctrina militar.
A pesar de esos esfuerzos intelectuales, y de considerar a la isla de los Estados como un accidente geográfico de relevancia para el país, hoy solo se encuentra habitada por cuatro efectivos de la Armada Argentina. Estos son relevados de sus puestos de vigilancia y control de tránsito marítimo (Puerto Parry) cada 45 días, lo que termina dificultando enormemente el ejercicio de la soberanía frente a los conflictos latentes en esa área del Atlántico y el escenario antártico. Altieri (2017) destaca que, aunque Argentina tiene un interés histórico y estratégico por el Atlántico Sur, en la actualidad no es ningún poder naval ni está desarrollando acciones que le permitan convertirse en uno. Más allá de sus iniciativas diplomáticas, de la ampliación de los límites marítimos y las reclamaciones respecto de la soberanía de las islas Malvinas, no se han ejecutado otras acciones tendientes a buscar algún grado de control del mar en la zona. Tampoco se han realizado las inversiones para desarrollar esas características en el futuro.
No se advierten iniciativas concretas por parte de Argentina para proyectarse en el Atlántico Sur. Sin embargo, esto no significa que sea un país irrelevante en el área. Koutoudjian (2011, 25) sostiene que el mar y la plataforma continental del país constituyen una “verdadera provincia marítima”.
Es el glacis defensivo del centro-sur de la Argentina, especialmente del principal núcleo geoeconómico y político del país situado en el Estuario del Plata y la gran península patagónica. El Mar Argentino, en el Atlántico Sud-Occidental es el nexo de proyección hacia la Antártida. Además, en el centro geográfico de nuestro mar, están situadas las Islas Malvinas, con su extensión jurídico-administrativa hacia las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur, que configuran el principal problema geopolítico estratégico de la República Argentina (Koutoudjian 2011, 25).
Destaca Altieri (2017) que, si bien Argentina no es un jugador geoestratégico, dado que no ha demostrado aspiraciones concretas de convertirse en un gran poder marítimo, sí es un pívot en el Atlántico Sur. Esto es, un “Estado cuya importancia se deriva no de su poder y de sus motivaciones sino más bien de su situación geográfica sensible y de las consecuencias que su condición de potencial vulnerabilidad provoca en el comportamiento de los jugadores geoestratégicos” (Brzezinski 1997, 48). La posición de pívot de Argentina está determinada por una geografía con capacidad de definir las condiciones de acceso y negación de área a jugadores estratégicos significativos, así como redoblar sus esfuerzos para explotar determinados recursos.
En ese sentido, si Argentina modifica su racionalidad, un eventual reposicionamiento de sus capacidades navales en Ushuaia -como línea de proyección a la Antártida- y en la ciudad de Río Grande -como proyección al Atlántico- subsidiado a su vez por la isla de los Estados -nexo entre ambas- podría impulsar un proceso de cohesión espacial que genere las fuerzas centrípetas necesarias para aumentar su margen de maniobra y avanzar sobre su reterritorialidad y proyección naval. En suma, como establece Witker (2012), ir situando piezas con antelación forma parte de las configuraciones geopolíticas que se avecinan. El Atlántico Sur y la Antártida tendrán una gravitación con claras líneas de interdependencia.
El futuro de la Antártida
En los estudios prospectivos, existen tres formas de abordar el futuro. La primera lo entiende como un fenómeno predeterminado, exógeno al hombre, y sin que exista posibilidad de influir o cambiar el curso de los acontecimientos. La segunda lo concibe como porvenir, relacionado con una situación que está por suceder y podemos imaginar. La tercera posibilidad está dada por aquellas cosmovisiones que ven al futuro como un devenir (Giavedoni Pita 2014). Los Estados pueden plantearse escenarios probables, posibles y deseables a partir de las acciones del presente. Precisamente, en esta última línea de pensamiento se centra nuestro análisis, por considerar que el futuro no existe, sino que se construye con nuestras decisiones.
Siguiendo esa lógica, si bien es cierto que el statu quo basado en la cooperación del continente blanco está atado al Tratado Antártico, firmado en 1959, también es lícito pensar que el comportamiento de otros actores estatales en dicha área permite reconocer hechos portadores de futuro, que nos obligan a pensar posibles escenarios de competencia.1 Eissa (2013) sostiene que la región debe construir una “postura estratégica defensiva regional”. Uno de sus ítems debe considerar al Atlántico Sur como escenario de empleo del instrumento militar, no solo por la presencia de la potencia militar extranjera que ocupa las islas Malvinas, sino por su proyección hacia el continente antártico. “Con respecto a este último aspecto, tampoco debe descartarse que el Tratado Antártico sea abandonado y que se inicie una carrera por los recursos en ese continente” (Eissa 2013, 59). Battaleme (2018, 24) arriba a conclusiones similares, luego de desarrollar su propia proyección de escenario:
Para el año 2040 todos los países que tienen intereses en este territorio comienzan a incrementar su presencia naval y aérea, y aun cuando hacen un esfuerzo por mantenerla desmilitarizada, son cada vez más los reportes que señalan que la infraestructura existente se amplía y en esas ampliaciones comienzan a existir indicios de fuerzas militares encubiertas.
¿Cuáles son los principales sucesos actuales que nos impulsan a pensar en estos escenarios? Hemos identificado cuatro hechos relevantes, que analizamos a continuación.
El cambio en la distribución del poder global
El tablero mundial está cambiado drásticamente. El ascenso de los polos revisionistas en la región Asia-Pacífico y la creciente determinación de China por proyectarse hacia el continente blanco ponen en alerta a los grandes poderes de Occidente. Como hemos visto, a medida que se involucran más Estados, las discrepancias se multiplican y la conceptualización geopolítica de la Antártida se vuelve aún más compleja y turbulenta.
En un mundo donde los recursos escasean, una de las cuestiones que más preocupa a las potencias es la competencia por los accesos. Teniendo en cuenta la colosal población China y la necesidad de mantener sus ritmos actuales de desarrollo económico e industrial, cabe especular que el gigante asiático esté asegurando su posicionamiento en la Antártida con el fin de que esta sea explotada en el futuro. Precisamente, en el año 2048, cuando los protocolos sobre los recursos naturales sean revisados.
Entre los movimientos tácticos de cara al futuro se advierte la quinta base, que se construirá para 2022 en el área del mar de Ross. Ese establecimiento se relaciona con los grandes bancos de peces que habitan la zona. Los estudios suponen que su fondo marino podría albergar una gran cantidad de recursos estratégicos. A ello se suma la mencionada estación de Kunlun, ubicada en el punto más alto del continente -a más de 4000 metros sobre el nivel del mar- muy próximo al núcleo del Polo Sur y a la estación norteamericana Amundsen-Scott.
También hay que destacar el considerable aumento del turismo. Después de Estados Unidos, China es el segundo Estado que lleva más viajeros a la Antártida. Herring Bazo (2020) advierte que en diciembre de 2017 tuvo lugar el primer vuelo comercial con turistas de China a la Antártida. La demanda es tan alta que los llevó a construir el primer aeropuerto permanente en el continente, a fin de obtener la independencia de las instalaciones rusas, que debían utilizar con autorización previa.
Ejercicios unilaterales de Reino Unido en el Atlántico Sur
En segundo lugar, no podemos pasar por alto los periódicos y constantes ejercicios militares unilaterales que realiza Reino Unido en Malvinas, militarizando el Atlántico Sur y vectorizando sus capacidades de proyección hacia la Antártida. En una entrevista, Lourdes Puente argumentó que
Malvinas es más que un espacio en disputa, es la proyección a la Antártida (…) la competencia por los recursos atlánticos y antárticos está latente. Con nuestros vecinos tenemos que trabajar juntos, porque el poder que nos compite es muy superior, en tecnología, sobre todo, pero también y evidentemente en capacidad militar (Zona Militar 2019, 2).
A ello se debe sumar la iniciativa de Reino Unido de crear una “reserva de vida silvestre antártica” sobre un área enorme de la península y el mar de Weddell. Esta cubre una gran franja reclamada por Argentina (The Guardian 2018). A simple vista, no parece ser una amenaza, más aún por tratarse de propuestas basadas en la protección del medio ambiente. Sin embargo, García Sánchez (2018) destaca que resulta curioso que el sector no reclamado de la Antártida no cuente con ninguna zona especialmente protegida ni administrada, cuestión que sí se repite en los restantes sectores del continente. Lo cierto es que quienes promueven estas zonas protegidas son sobre todo los Estados reclamantes de esos territorios. Eso deja en claro que el empleo de la agenda medioambiental es un elemento más de poder blando dentro del más puro juego del realismo político.
En un área geográfica donde las potencias pugnan por expandir sus esferas de influencia, espacios que no están sujetos al control soberano de ningún Estado cobran un valor estratégico cada vez mayor.
De aquí que amplias regiones como el Ártico y la Antártida están siendo sujetas a una velada carrera en la que se intercala el diplomático discurso de la supuesta neutralidad científica, con la bioprospección para el patentamiento de especies desconocidas y la proyección de zonas de influencia con el asentamiento de nuevas bases antárticas y redes marítimas de aprovisionamiento (Ji 2019, 92).
Este escenario evidencia el argumento de Battaleme (2017) que plantea que en la política exterior de los grandes poderes existe una regla no escrita: aunque actúen esperando lo mejor, en simultáneo se preparan para lo peor. Tal vez, sostiene Witker (2015), una debilidad de Reino Unido es su escasa densidad poblacional en las islas del Atlántico Sur, y la dificultad de ocupar de manera inmediata los espacios vacíos, para garantizar su proyección a la Antártida. Sin embargo, es difícil pensar que esa debilidad no sea advertida por los círculos de decisión política y militar de Londres.
Ejercicios combinados en regiones polares y semiantárticas
En tercer lugar, están los ejercicios combinados entre los actores que reclaman soberanía territorial en las áreas en disputa. Recordemos que Gran Bretaña y Argentina tienen pretensiones sobre el territorio antártico que se sobreponen casi totalmente entre sí, y parcialmente con Chile. Debemos destacar que los lazos de cooperación militar chilena-británica en la actualidad son tan completos, profundos e institucionalizados como los que existen entre Chile y Argentina. Esas acciones van desde operaciones de entrenamiento y adiestramiento en aspectos generales de las Fuerzas Armadas hasta lazos de cooperación en la paradiplomacia.
Podemos nombrar los ejercicios Cambrian Patrol, que tienen lugar en zonas semiantárticas y los ejercicios Snow & Ice Climbing Training, que se realizan junto a losRoyal Marinesde laRoyal Navy en las hostiles y extremas regiones del Ártico. Se advierten importantes lazos con las intendencias de las regiones australes de Chile y, de forma privada, con la Universidad Austral del país. Se han desarrollado estrechos vínculos en temas de defensa nacional con el Instituto Antártico Británico y con el Instituto de Investigación Ambiental del Atlántico Sur (Battaleme 2014).
En la lógica de mantener su proyección en el Atlántico Sur, China también se ha involucrado en la región. Firmó con Chile un comité conjunto para utilizar el puerto de Punta Arenas y estimular aún más sus actividades antárticas en 2019. Pese a que Chile ha ratificado su retórica de apoyo a la causa Malvinas, existen profundos niveles de cooperación y confianza entre sus gobiernos locales y la autoridad de las islas Malvinas, certificados con vuelos comerciales y asistencia en programas de suficiencia agrícola.
A esto se deben sumar dos elementos críticos. El primero es que la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile publicó un documento reciente que propone, entre otras cuestiones, una línea de acción geopolíticamente expansiva: la creación de una base en el punto del Polo Sur (Ipinza Mayor 2018). El segundo es que el Gobierno de Piñera no reconoció la decisión de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, que avaló la proyección de la nueva plataforma continental del país, por considerarla “una declaración unilateral de Argentina” (Dinatale 2020). Se añaden a lo anterior la aprobación de una nueva ley sobre la Antártida que reivindica el mapa bicontinental, y la reciente iniciativa de difundir con mayor determinación su propio mapa que, como vemos, se yuxtapone con las reclamaciones argentinas en el continente blanco (mapa 5).
El aumento de la dependencia del mar
Para finalizar, se hace cada vez más evidente que el siglo XXI será una era de retorno al mar, si continúa la tendencia que comenzó en el año 2010. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, desde entonces ha aumentado un 2,5 % la dependencia mundial hacia este recurso (Fosse 2019). Así lo evidencia el aumento de las infraestructuras e inversiones distribuidas en todo el espacio marítimo, que abarcan desde capacidades militares hasta complejos industriales orientados a la extracción de recursos naturales. En los documentos y las declaraciones oficiales de los países de la Unión Europea se aborda ese escenario con el concepto de “economía azul” (Comisión Europea 2012).
Es cada vez más evidente que los Estados están ansiosos por ampliar las expediciones oceánicas que realizan periódicamente a escala global. Una de las más destacadas fue la que desarrolló China en el año 2010. En aquella campaña, el gigante asiático cruzó los océanos Índico, Atlántico y Pacífico. Durante 369 días, recolectaron muestras de rocas y peces y descubrieron 16 nuevos depósitos hidrotermales, de los cuales cinco estaban en el Atlántico Sur (Abdenur y De Souza Neto 2013). El interés científico y la expansiva presencia en la Antártida no hacen más que señalar una creciente toma de conciencia sobre el potencial geoestratégico que tendrá la región en el futuro.
Una de las diferencias de la Antártida respecto al Polo Norte es la existencia de tierra continental. De acuerdo con Sepúlveda (2008), además de China, países como Rusia, Estados Unidos y Reino Unido ya han realizado investigaciones de potenciales yacimientos, y han encontrado petróleo en la plataforma submarina de las dos fragmentaciones antárticas: el mar de Ross y el mar de Weddell. Aunque el planeta parece achicarse cada vez más, se advierten espacios que todavía pueden ser ocupados. Ello refuerza la tesis de Klare (2003): aún falta luchar “la guerra por lo que queda”. Entre los espacios a ocupar, el autor considera la competencia geopolítica por los recursos naturales de áreas como los espacios marítimos, el Ártico y la Antártida, que se terminarán integrando al nuevo ciclo de expansión económica global. En suma, Argentina debe ser muy meticulosa respecto a las decisiones que tome, de cara a los próximos años. Es de esperar que, si las tendencias se exacerban, países como Chile y Reino Unido encuentren en el continente blanco un futuro campo de batalla.
Conclusiones
A primera vista, el Atlántico Suroccidental Austral parece ser un área de poca relevancia geoestratégica. Sin embargo, el actual comportamiento de los actores estatales revela una configuración de mayor competencia para los próximos años. En primer lugar, la influencia de los grandes poderes y las discrepancias de intereses entre los actores statuquistas y revisionistas del sistema internacional evidencian sus intenciones de proyectar o mantener sus propias esferas de influencia. En segundo lugar, a pesar de que Argentina no muestra claras intenciones de convertirse en una potencia naval, sigue siendo un actor importante. Por su posición geográfica -conscientemente o no-, es un Estado pívot en la región. En consecuencia, es imperiosa la necesidad de generar una presencia firme y de cierta importancia en la isla de los Estados, así como evaluar la posibilidad de trasladar el dispositivo antártico a Ushuaia.
Resulta curioso que, a principios del siglo XIX, en su libro El faro del fin del mundo, Julio Verne presentaba lo que entonces parecía una razonable predicción. En nombre del flamante Estado nacional, y consciente de reafirmar su soberanía, Argentina proyectaba su esfera de influencia avanzando con una lenta pero firme presencia sobre aquellos espacios que eran vitales para garantizar su supervivencia en el Atlántico Sur (Verne 2004).
Sin embargo, el siglo XXI encontró a Argentina con la mitad de su población concentrada en un solo espacio ecuménico: la gran megalópolis de Buenos Aires, rodeada por un cinturón de pobreza urbano que concentra más de 15 000 000 de personas por debajo de la línea de pobreza. Por el contrario, la península Patagónica no es más que un territorio semivacío de 1 000 000 de km², sin bases navales de importancia entre Puerto Belgrano y Ushuaia. Evidentemente, algo muy extraño -y muy negativo- le ha ocurrido a Argentina. Borrell (2019) sostiene que todo ello quizás sea un reflejo sintomático de una sociedad sin conciencia del espacio que ocupa, cuyo único dilema de seguridad es no perder un aceptable status social, además de la criminalidad rampante. El autor se pregunta: “¿Cuál es el dilema entonces si la superpotencia china instaló una base espacial militar en Neuquén a cambio de que nos sigan comprando porotos de soja, despojos de pollo y maní?” (Borrell 2019, 1).
El futuro del continente blanco es impredecible -como ocurre con los estudios de prospectiva-. El número de escenarios sobre los que se podría trabajar es ilimitado, y con una gama de situaciones y variantes muy amplias. Pero eso no es motivo para pensar que, por medio de los buenos oficios de fraternidad y cuidado medioambiental, se vislumbre un futuro cooperativo y armonioso. Es por ello que Argentina debe establecer un marco de seguridad y un buen trabajo de inteligencia para evitar que se le presenten sorpresas en el futuro. En primer lugar, porque ninguno de los Estados con los que mantiene discrepancias (Chile y Reino Unido) ha renunciado a sus reclamos soberanos sobre los territorios antárticos. Y, en segundo lugar, porque ejecutan acciones que no apuntan con precisión a un futuro basado en un orden liberal.
Pensar en el continente blanco como un eventual campo de batalla es un escenario posible. Si el siglo XXI es la era del retorno al mar, cabe esperar que Argentina avance en el mismo camino. Sus vecinos ya están desarrollando los medios para ocuparlo.
A modo de cierre, en esta investigación constatamos que el mapa presentado por la República Argentina, si bien es una importante iniciativa, se despliega sobre espacios que el país no controla. Por tanto, esas áreas no son más que una aspiración. Pese a que constituye un instrumento útil para generar una identidad nacional, que enfatiza la riqueza y la inmensidad del territorio argentino, dista de ser una realidad. Si abordamos el concepto clásico de soberanía legal que nos propone Krasner (2001), de los 10 524 884 km2 de territorio, y de las jurisdicciones marítimas que se reclaman como parte de Argentina, tan solo se ejerce soberanía plena sobre un 74 % del continente y un 38 % del espacio marítimo.
El resto de las áreas están sujetas a diversas limitaciones: a) la ocupación del territorio de las islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes por parte del Reino Unido; b) las dificultades para enfrentar la depredación de los recursos naturales producto de la pesca ilegal; c) las limitaciones derivadas del Tratado Antártico; d) el no reconocimiento de la extensión de la plataforma continental argentina por parte de otros actores estatales y e) la instalación espacial china en el territorio de Neuquén. En suma, y como establecen los principios básicos de la geopolítica realista, la lógica de los actores estatales nos demuestra que el territorio nacional efectivo de un Estado es el resultado de la lucha por el espacio, y no de su aspiración. Les corresponderá a los estadistas argentinos decidir qué posición desean ocupar en los próximos años para hacer efectiva la realidad de sus mapas.
