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URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

On-line version ISSN 1390-4299Print version ISSN 1390-3691

URVIO  n.29 Quito Jan./Apr. 2021

https://doi.org/10.17141/urvio.29.2021.4415 

Articles

Desecuritización y securitización del narcotráfico en el marco del Acuerdo de Paz en Colombia1

Desecuritization and Securitization of Drug Trafficking within the Framework of the Peace Agreement in Colombia

Desecuritização e securitização do Tráfico de Drogas no âmbito do Acordo de Paz na Colômbia

René Guerra-Molina* 
http://orcid.org/0000-0001-7998-5137

Reynell Badillo-Sarmiento** 
http://orcid.org/0000-0002-3576-8533

*Universidad del Norte / Fuerza Aérea Colombiana, Colombia, reneg@uninorte.edu.co,

**Universidad del Norte/ Universidad de Los Andes, Colombia, ra.badillo@uniandes.edu.co,


Resumen

El artículo analiza el proceso de desecuritización y securitización del narcotráfico en Colombia y la influencia del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en este proceso. Para ello, se utiliza como enfoque teórico el concepto de securitización desarrollado por la Escuela de Copenhague. A través del método de Análisis Político del Discurso (APD), se contemplan los actos de habla de las administraciones Santos y Duque, a fin de identificar las justificaciones para las decisiones que tomaron y los cambios de enfoque de estas en la lucha contra las drogas ilícitas. Se concluye que el Acuerdo de Paz fue un intento de desecuritización de la estrategia de lucha contra el narcotráfico en Colombia, dado que intentó resaltar la dimensión política de un mercado ilegal como este e instó al Estado a propender por una solución integral más allá del combate militar y la amenaza a la seguridad nacional.

Palabras clave: Acuerdo de Paz; Colombia; desecuritización; discurso; narcotráfico; securitización

Abstract

The article analyzes the process of de-securitization and securitization of drug trafficking in Colombia and the influence of the Peace Agreement between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC-EP) on this process. To this end, the concept of “securitization”, developed by the Copenhagen School, is used as a theoretical approach. Through the Political Discourse Analysis (PDA) method, the speech acts of the administrations of Santos and Duque are analyzed, in order to identify the justifications for the decisions they made and changes in their approach to the fight against illicit drugs. It is concluded that the Peace Agreement was an attempt to de-securitize the strategy to fight drug trafficking in Colombia, given that it highlighted the political dimension of that illegal market and urged the State to promote a comprehensive solution beyond the military strategy and the threat to national security.

Keywords: Colombia; de-securitization; drug trafficking; Peace Agreement; securitization; speech act

Resumo

O artigo analisa o processo de dessecuritização e securitização do narcotráfico na Colômbia e a influência do Acordo de Paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC-EP) sobre este processo. Para isso, o conceito de “securitização” desenvolvido pela Escola de Copenhague é usado como uma abordagem teórica. Através do método da Análise do Discurso Político (APD), os "atos de fala" das administrações Santos e Duque, a fim de identificar as justificações das decisões que tomaram e as mudanças na sua abordagem na luta contra as drogas ilícitas. Os autores concluem que o Acordo de Paz foi uma tentativa de dessecuritizar a estratégia de combate ao narcotráfico na Colômbia, destacando a dimensão política de um mercado ilegal como esse e instando o Estado a promover uma solução abrangente além do combate militar e da ameaça à segurança nacional.

Palavras-chave: Acordo de paz; Colômbia; dessecuritização; discurso; securitização; tráfico de drogas

Introducción

El Estado colombiano ha estado envuelto desde hace más de cuatro décadas en una guerra contra las drogas. Pese a la desarticulación de grandes carteles y de constantes programas de cooperación internacional -como el Plan Colombia y los de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos-, no han logrado acabar con los problemas derivados de la actividad ilícita del narcotráfico.

En el 2016, la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) puso sobre la mesa nuevos elementos que también resultaban necesarios para abordar la lucha contra el narcotráfico, tales como planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en los programas de sustitución y recuperación ambiental; tratamiento del consumo de drogas dentro de una perspectiva de salud pública; generación de políticas o acuerdos para reconocer los usos ancestrales de las plantas de coca y marihuana para fines terapéuticos y científicos, entre otros (UNcaribe 2020).

Sin embargo, esto no significó el fin del fenómeno, sino que, por el contrario, durante el lustro siguiente ha habido un aumento de cultivos ilícitos, Estados Unidos ha amenazado con descertificar al Estado colombiano y se presenta un auge de organizaciones del crimen transnacional organizado que mantienen vivo ese negocio ilegal. Todo esto se da en el contexto de la llegada al poder de Iván Duque como presidente de Colombia para el periodo 2018-2022. Duque ha expresado en varias ocasiones sus divergencias frente al Acuerdo de Paz y propuesto una política antidrogas más represiva hacia los cultivadores de coca, a través de más erradicación que sustitución, así como el retorno de la fumigación aérea (Crisis Group 2018). El presente artículo busca identificar la forma en que tanto el expresidente Juan Manuel Santos como el presidente Iván Duque se acercaron al fenómeno del narcotráfico y la manera en que su discurso reflejó visiones particulares sobre la necesidad de militarizar o no esa lucha. Para ello, se utiliza la teoría de la securitización propuesta por la Escuela de Copenhague (Wæver 2011) y la técnica de análisis del discurso político (ADP), con el objetivo de identificar los procesos de desecuritización y securitización que hubo durante la última década y determinar si el Acuerdo de Paz influyó o no sobre la estrategia de lucha contra el narcotráfico.

Enfoque teórico: securitización del narcotráfico en Colombia

Pastrana y Vera (2018) consideran que el narcotráfico es una amenaza compleja que debe ser tratada en perspectiva integral, aludiendo a los niveles de análisis propuestos por Buzan (2007) para estudiar fenómenos de seguridad. Esto tiene sentido debido a su naturaleza transnacional y, en consecuencia, quienes formulan políticas en ese campo deberían considerar las articulaciones que trascienden el orden doméstico. Sin embargo, el objetivo de esta investigación es centrarse en la política de lucha contra el narcotráfico de un Estado particular, por lo que se sitúa la mirada en la respuesta gubernamental y no en las consecuencias y orígenes transnacionales del fenómeno.

Así, este trabajo se aleja de aquellos que buscan evaluar la respuesta de Colombia a escala regional (Cadena y Devia 2013), de los que buscan estudiar el impacto del narcotráfico en el regionalismo (Castillo y Brocate 2013; Sanahuja y Verdes-Montenegro 2014) y de los que buscan entender el efecto de la lucha contra las drogas en la formulación de la política exterior (Borda 2007; Tickner 2007; Tokatlian 2010).

Otra aproximación común para analizar el narcotráfico es aquella que se centra en los grupos del crimen organizado que participan en la cadena de producción, transporte y comercialización de sustancias psicoactivas (Shelley 2005; Espach et al. 2011; Bagley y Rosen 2015). Esas perspectivas buscan entender la llamada “economía de la sombra” y, por ende, el foco es ofrecer explicaciones sobre las motivaciones y formas de actuación en este tipo de organizaciones. No obstante, nuestra preocupación es entender las respuestas estatales y no a los actores que participan, por lo que este enfoque tampoco nos resulta conveniente.

Finalmente, la lucha contra el narcotráfico también ha sido abordada a partir de las acciones que los Estados ejercen para combatirla. En esa lógica están los trabajos de Gaviria y Mejía (2011), Sánchez y Rodríguez (2018), y Martínez, Cabrera y Rosanía (2018). En esta investigación no se pretende evaluar el éxito o el fracaso de las políticas, sino explicar la incidencia de un evento político particular (el Acuerdo de Paz) en un asunto que, como Cadena y Devia (2013) mencionan, ha sido considerado una “política de Estado” compartida por distintos mandatarios durante ya casi cinco décadas.

Para lograr esto, se hace uso del concepto de securitización, desarrollado por la Escuela de Copenhague. Este es utilizado para aludir a la presentación de un asunto como amenaza, con el objetivo de legitimar la implementación de medidas excepcionales. Desde esa perspectiva, ningún fenómeno es naturalmente relativo a la esfera de la seguridad (Buzan Wæver y de Wilde 1998), sino que discursivamente se enmarca allí mediante actos de habla, capacidades materiales para securitizar, autoridad para convencer a la audiencia y contextos particulares que permiten la securitización (Sanahuja y Schünemann 2012; Montero 2017).

El éxito de la securitización depende de que haya condiciones tales como la existencia de un capital social y político bajo la figura de emprendedores normativos (Finnemore y Sikkink 1998), quienes contribuyen a convencer a la audiencia de que efectivamente ese asunto posee el nivel de amenaza, y a la asociación por parte de la audiencia de condiciones históricas de daño con respecto al fenómeno. El proceso de securitización, entonces, es un continuo con tres puntos específicos: la no politización, la politización y, finalmente, la securitización. El paso desde los dos primeros puntos del espectro al último es conocido como securitización y el movimiento contrario como desecuritización (Wæver 1995; 1998; 2000; Buzan, Wæver y de Wilde 1998; Stritzel 2007; McDonald 2008).

En este trabajo se considera que lo que algunos autores han entendido como “militarización” del narcotráfico (Tokatlian 2001; Leal Buitrago 2011; Puentes 2017) podría considerarse como el resultado de la securitización del fenómeno por parte del Estado colombiano. Al haber justificado discursivamente la consideración del narcotráfico como un asunto relativo a la seguridad nacional, la militarización de su lucha apareció como una estrategia plausible, en especial en el marco de las administraciones de los expresidentes Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-2010). La hipótesis de la que parten los autores en este texto es que el Acuerdo de Paz fue un intento de desecuritización de la estrategia de lucha contra el narcotráfico en Colombia. Lo anterior en cuanto se intentaba dejar de observar todo el conjunto de la práctica como un asunto de seguridad y, por el contrario, se buscaba una solución integral, que involucrara mayor participación de la sociedad, así como alternativas al enfoque netamente militar. Es decir, en el Acuerdo se resalta la dimensión política del narcotráfico y se insta al Estado a actuar bajo ese presupuesto.

Metodología: análisis político del discurso (APD) para el caso colombiano y la lucha contra las drogas

El concepto de securitización enfatiza en el discurso empleado por los Estados para justificar cursos de acción y considera el uso de actos de habla para justificar la toma de medidas y estrategias extraordinarias para combatir un fenómeno particular (Lipschutz 1995; Wæver 1995; Cepeda y Tickner 2017).Entendemos a los actos de habla en la teoría de la securitización como una “práctica estratégica dirigida a convencer a una audiencia para que acepte, basada en lo que sabe acerca del mundo, la idea de que un fenómeno específico (…) es suficientemente amenazante como para justificar una política de acción inmediata” (Balzacq 2005, 173). En ese sentido, nuestro foco está en identificar aquellos procesos de securitización que, a través de la asociación del narcotráfico con connotaciones históricas de daño, buscaron justificar políticas de combate militar al fenómeno.

En ese marco, se analiza el proceso de securitización y los intentos de desecuritización de la lucha contra el narcotráfico en Colombia a través de las herramientas del análisis político del discurso y de la identificación de políticas que evidencien su securitización o desecuritización.

El discurso constituye un acontecimiento comunicativo, lo que quiere decir que no es solamente un conjunto de palabras con sentido lógico, sino una interacción social, por lo que su dimensión práctica, política y social no puede ser omitida (Van Dijk 2003). Se parte de la idea de que el discurso tiene un trasfondo con intencionalidades que deben ser abordadas por los investigadores (Páez y Fagua 2018). Se utiliza el análisis crítico del discurso (ACD), propuesto por Van Dijk (2005) y Fairclough (2012), para develar las intencionalidades relacionadas con la securitización de un fenómeno particular.

Dentro del ACD, el texto aborda una de sus vertientes: el análisis político del discurso (APD), propuesto por Fairclough y Fairclough (2012). Ello obedece a que el lenguaje político tiene intencionalidades pragmáticas distintas a las que podría tener cualquier otro discurso en el que siguen existiendo relaciones de poder que deben ser analizadas mediante el ACD.

Desde la perspectiva del APD, quien argumenta busca justificar formas particulares de actuación a través de premisas que convenzan a su auditorio. En ese sentido, lo que Fairclough y Fairclough (2012) consideran es que la originalidad del enfoque reside en observar la dimensión de la toma de decisiones en el ejercicio político. Los discursos que se analizan en este texto son políticos en cuanto: a) están inmiscuidos en contextos institucionales; b) quienes los ofrecen son actores políticos (entendidos como miembros de esas instituciones -no solo gubernamentales-), y c) están dirigidos a políticos, instituciones políticas, gobiernos, medios de comunicación con intereses políticos o votantes (Wilson 2005).

El hecho de que se intente observar un proceso de desecuritización y securitización justifica estos criterios de selección, en cuanto quien ejerce esos actos de habla debe ser un actor con autoridad suficiente para tomar medidas excepcionales y, por ende, solo pueden entenderse en el marco de interacciones institucionales.

Los discursos analizados son los seleccionados por la página de la Presidencia de la República como “discursos memorables”, que incluyen los de posesión de los mandatarios, alocuciones televisadas, actos de instalación de eventos y presentaciones en foros internacionales. En ellos, buscamos identificar argumentos (en los términos de Fairclough y Fairclough 2012) sobre el narcotráfico, con el fin de evidenciar qué tan importante es el fenómeno en el discurso de los actores (¿qué tanto aparece en los discursos?), por un lado, y por otro, cuál es el plan de acción propuesto por el actor (demandas de acción) y cuáles son las ideas que se asocian con el narcotráfico para justificar esa demanda (valores). Asimismo, se hace una revisión de las políticas de seguridad, para contrastar el discurso con las decisiones tomadas.

La técnica de análisis se centra en la estructura de la argumentación, a fin de identificar el propósito del discurso. Lo importante es entender el argumento en el que se enmarca una idea y no tanto lo que se dice de forma textual. Se entenderán como argumentos aquellos enunciados que contengan: a) demandas de acción (lo que el argumentador espera que se haga); b) objetivos (el resultado esperado si se cumple con a); c) circunstancias (el contexto, los hechos que justifican la demanda de acción) y d) valores (las razones que utiliza un agente para justificar el curso de acción desde sus preocupaciones).

De esta forma, (a) debe ser entendida como la conclusión del argumento -que no siempre es explícita- y (b) y (c) como las premisas que justifican la conclusión. Los valores (d) no se entienden como una premisa independiente, sino como un elemento que incide en los objetivos (b). La figura 1 sintetiza gráficamente esa estructura.2

Figura 1 Estructura del análisis político del discurso 

Finalmente, se utilizan las ideas de Mbisike (2008) para justificar el análisis, en un mismo trabajo, de varios discursos que no necesariamente están relacionados de manera explícita. La autora plantea que varios discursos están relacionados entre ellos siempre que todos sean actos de habla dirigidos a un mismo objetivo. En este caso, lo que vincula todos esos discursos es la inclusión del narcotráfico o el fenómeno de las drogas como parte de la argumentación. Además, se contrasta luego el proceso a través del discurso con la securitización de las políticas contra el narcotráfico adoptadas durante los dos periodos presidenciales.

De esta forma, se busca demostrar que lo que sucedía a nivel discursivo (la transformación del enfoque de lucha contra el narcotráfico y las ideas y valoraciones que se hacen sobre él) también tenía un reflejo en la realidad.

Juan Manuel Santos: entre la securitización y la desecuritización del narcotráfico

Entre los 16 discursos analizados del expresidente argumentos en los que se menciona al narcotráfico. Por tanto, se observa que sí constituía un asunto importante para la administración. Si bien hubo varios elementos que se tocaron, algunos resultaron recurrentes y otros aparecieron/desaparecieron con el tiempo, por lo que se puede inferir que no hubo una visión predominante durante todo su mandato, sino que existió espacio para la variación.

En primer lugar, hubo tres demandas de acción que ocuparon la mitad de los argumentos presentados: la necesidad de revisar el paradigma de la guerra contra las drogas, la importancia de continuar con el Acuerdo de Paz para combatir el narcotráfico y el robustecimiento de las herramientas Juan Manuel Santos durante su mandato (2010-2018), hay 22 de combate. Sobre el primer punto, varios autores han evidenciado, por un lado, el fracaso de esa estrategia para combatir el fenómeno (Rosen y Zepeda 2014; Coyne y Hall 2017); y por otro, la manera en que Santos se desvió de esa estrategia e intentó plantear a escala internacional la necesidad de revisar un paradigma fracasado (Rosen 2013; Linton 2015).

La primera vez que Santos planteó esta discusión en algún foro internacional fue en su discurso de instalación de la VI Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Cartagena. Allí, manifestó que

a pesar de todos los esfuerzos, inmensos esfuerzos, inmensos costos, -tenemos que reconocerlo-, el negocio de las drogas ilícitas sigue pujante, la drogadicción en la inmensa mayoría de países es un grave problema de salud pública, y el narcotráfico continúa siendo el principal financiador de la violencia y del terrorismo (Santos 2012a).

La premisa de la que partía era que, pese a lo mucho que se esforzara Colombia, si no se incluía a los países consumidores en la discusión, la oferta iba a seguir creciendo. Aun así, en ese mismo discurso enfatizó que “esa discusión no puede servir de excusa para dejar de hacer lo que todos sabemos que es indispensable: combatir con toda la firmeza, con toda la contundencia y sin ningún descanso al crimen organizado” (Santos 2012a). En otros discursos, Juan Manuel Santos hizo constante alusión a los altos costos que había pagado el país en esta guerra (Santos 2011a; 2016a; 2017d), por lo que reafirmó la “autoridad moral” de la nación para tratar un tema como ese.

Resulta importante mencionar que en el primer discurso en el que habla de la necesidad de revisar ese enfoque, afirma que es un asunto que debe observarse desde la salud pública, pero en los países consumidores. En los productores (como Colombia) menciona que no debe olvidarse que ha funcionado como “financiador del terrorismo”. Si bien hay una invitación a repensar la estrategia de lucha, sigue vinculando el narcotráfico a un fenómeno de violencia y, por ello, constantemente recuerda que para Colombia el narcotráfico era “REALMENTE un asunto de seguridad nacional” (Santos 2011a, énfasis en la transcripción original). En el último discurso, en el que menciona este asunto, por el contrario, asocia el narcotráfico con un asunto de salud pública, sin hacer distinción sobre el rol del país. Más bien, afirma que no se puede criminalizar al campesino que cultiva la coca (Santos 2017a).

Sobre el segundo punto, Santos utilizó el argumento del combate al narcotráfico en el Acuerdo de Paz frente a dos audiencias particulares: al dirigirse a la ciudadanía colombiana (Santos 2012b; 2016b; 2017b) y frente a la comunidad internacional (Santos 2016c; 2016d). Esto funcionó como una forma de dotar de valor al Acuerdo de Paz en cuanto, a través de él, se combatía uno de los problemas fundamentales para la sociedad colombiana. De hecho, cuando se utilizó este argumento siempre se relacionó el narcotráfico con violencia, daños y seguridad.

Finalmente, el robustecimiento de las herramientas de combate al narcotráfico es un asunto que estuvo presente en dos momentos del discurso de Santos: al comenzar su primer mandato (Santos 2010; 2011b) y justo al terminar el segundo (Santos 2017b; 2017c). Esa desaparición y reaparición repentina puede explicarse por las circunstancias que involucró: el aumento de los cultivos ilícitos. Al final de su presidencia, Santos fue cuestionado por el partido de oposición (Centro Democrático), debido a un significativo aumento de las hectáreas de coca sembradas (Semana 2018). En consecuencia, puede observarse que el discurso del expresidente, que había estado más centrado en apoyar el Acuerdo de Paz y en hablar de los cambios en las políticas de lucha contra el narcotráfico, pasó a securitizarse (tabla 1).

Tabla 1 Síntesis de los argumentos presentados por Juan Manuel Santos (2010-2018) 

Fuente: elaboración propia con base en 16 discursos de Juan Manuel Santos y la estructura de análisis propuesta por Fairclough y Fairclough (2012).

Con respecto a los objetivos utilizados por el expresidente para justificar su postura, resalta el hecho de que, en más de un cuarto de los argumentos, este fuera vislumbrar una “Colombia en paz”. Para el expresidente, sentar las bases para la reconciliación durante su gobierno era una de sus aspiraciones al llegar a la presidencia (Santos 2010) y el combate al narcotráfico era un punto necesario para lograrlo (Santos 2013; 2014). Otro de los objetivos mencionados es el de erradicar por completo el problema del narcotráfico. Al principio de su mandato, Santos (2011a) fue recurrente en recordar el fracaso de los esfuerzos de Colombia por lograr esto, por lo que era necesario mantener ese combate. Luego, durante su segunda presidencia, Santos (2016a, 2016b) hizo énfasis en la forma en que el Acuerdo de Paz permitía que el narcotráfico fuera solucionado desde una perspectiva integral y, por ende, fuera más plausible su fin.

Con respecto a las circunstancias que justificaban el rumbo de acción propuesto, estas fueron mucho más dispersas y no necesariamente evidenciaron tendencias, pero hubo dos a las que el expresidente hizo constante alusión: el hecho de que, pese a que Colombia ha hecho innumerables esfuerzos para combatir el narcotráfico, el negocio siga pujante y que el aumento en los cultivos ilícitos no era producto de haber bajado la guardia frente a su combate.

La primera de estas circunstancias apareció cuando Santos se refería a la necesidad de revisar el paradigma de la guerra contra las drogas. La segunda circunstancia, como ya fue dicho, respondía a las críticas que estaba recibiendo el expresidente debido al aumento de las hectáreas sembradas de coca. Por ello, Santos cambió su estrategia discursiva: no solo habló de lo estipulado en el Acuerdo de Paz (UNcaribe 2020), sino que también justificó las medidas que había tomado para combatir el narcotráfico. En uno de sus discursos, por ejemplo, mencionó:

En el tema de la seguridad sí hay un tema actual que nos preocupa, que es el aumento de cultivos ilícitos, un aumento que puede explicarse por diversas razones, pero que no quiere decir que hayamos bajado la guardia. El año pasado se incautaron 380 toneladas de cocaína -una cifra histórica- (…) Nuestro gobierno ha extraditado a cerca de 1200 personas, la mayoría por delitos relacionados con el narcotráfico, ¡más que ningún otro gobierno! (Santos 2017b, cursivas propias).

Finalmente, con respecto a los valores que guiaron la argumentación del expresidente Santos, el gráfico 1 permite entender la relación entre ellos. La asociación de narcotráfico con el terrorismo aparece con mucha fuerza en el discurso de posesión del 2010 (cuatro veces) y luego reaparece en otros dos discursos entre el 2011 y el 2012. A partir de allí, no vuelve a aparecer en ningún discurso analizado. La asociación sobre el crimen organizado, por su parte, aparece también entre el 2011 y el 2012 y luego solo reaparece en el 2017, hacia el final del segundo término presidencial. La asociación con las condiciones estructurales, por el contrario, no aparece hasta el discurso de posesión del 2014 y se mantiene en todos los discursos en adelante.

Fuente: elaboración propia. 

Resulta relevante mencionar que el discurso de posesión del 2014 fue el primero ofrecido por el expresidente luego de haberse acordado el punto cuatro del Acuerdo de Paz, sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. En este, como ya se mencionó, se incluyó el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se consideró el consumo de drogas como un asunto de salud pública y se reconocieron los usos ancestrales de las plantas de coca y marihuana para fines terapéuticos y científicos. Esto implicó, entonces, que el narcotráfico pasara de ser considerado solo una amenaza asociada al terrorismo y al crimen organizado (de hecho, más adelante es reconocido como un delito conexo al político) a que se le considerara parte de una discusión política que incluía soluciones integrales.

Esas tendencias permiten ilustrar el argumento principal de esta investigación. Se puede observar, a principios del primer término presidencial de Santos, la forma en que el narcotráfico se securitizó: fue asociado directamente con connotaciones históricas de violencia en el país (terrorismo) y nuevas manifestaciones de criminalidad (crimen organizado). Al haber acordado el punto cuatro en La Habana, desaparecen ambas asociaciones y el expresidente empieza a vincular el narcotráfico a las condiciones estructurales que, según su discurso, permitían su reproducción (condiciones de desigualdad y pobreza en el campo colombiano, desigualdad, falta de un enfoque de salud pública). Intentaba desecuritizar y, de esa forma, justificar que, además de las medidas de combate que existían, eran necesarias medidas políticas que no necesariamente asociaban al narcotráfico con un problema de seguridad.

A finales del segundo término presidencial, reaparece en el discurso del expresidente una asociación del narcotráfico con el crimen organizado como una manera de justificar que, pese al aumento de las hectáreas de coca sembradas, no se había bajado la guardia. Esto puede leerse como un nuevo intento de securitización en cuanto obliga al expresidente a retomar términos como “combate” y “lucha”, que habían sido previamente remplazados por “erradicación” y “transformación del campo colombiano”. Durante sus últimos años de gobierno, Santos retoma la asociación del narcotráfico con el crimen organizado y lo plantea directamente como un asunto de seguridad, por lo que se abandona lentamente el enfoque integral observado antes. En el gráfico 1 se evidenciaron estos patrones y se mostró cómo, antes del Acuerdo de Paz, el narcotráfico fue asociado con el terrorismo y el crimen organizado, mientras que después aparece un discurso que habla de las condiciones estructurales que permiten el sostenimiento del narcotráfico y una relación directa con la salud pública. A finales de 2017, reaparecen las asociaciones con el crimen organizado.

Iván Duque: securitización del narcotráfico

Entre los siete discursos del actual presidente de Colombia, Iván Duque, que se analizan, hay 12 argumentos en los que se menciona el narcotráfico. Por tanto, este aparece de forma más recurrente en sus argumentos, dado que hay una relación de 1,71 argumentos por cada discurso, mientras con Santos esa relación era de 1,37. Ello implica, entonces, que el narcotráfico ocupa un lugar más central en esta administración que en la anterior. Contrario a Santos, Duque ha mantenido un discurso sobre el narcotráfico ligado a la seguridad desde el principio. De hecho, con el tiempo solo han aparecido elementos que refuerzan la idea del narcotráfico como un problema extraordinario, que requiere medidas urgentes.

En primer lugar, hay cinco demandas de acción en los 12 argumentos, como puede observarse en la tabla 2. De estas, la más recurrente es la necesidad de robustecer las estrategias de combate al narcotráfico. Aun cuando Duque (2018a; 2018b) se refiere al Acuerdo de Paz, el lenguaje suele ser combativo, como en su discurso de posesión, cuando dijo que “construir la paz (…) también significa que derrotemos los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio nacional” y en la Asamblea General de la ONU, cuando mencionó que “si queremos que Colombia brille y que brille la paz, es necesario que derrotemos el narcotráfico”. En ese sentido, la paz se entiende como el combate a organizaciones criminales y su derrota militar, por lo que se abandona el discurso del combate a las condiciones estructurales que permiten el florecimiento de la violencia. Este se remplaza por un discurso favorable al proceso de securitización, en el que el narcotráfico es esencialmente un asunto de seguridad nacional.

Tabla 2. Síntesis de los argumentos presentados por Iván Duque (2018-2020)

Fuente: elaboración propia con base en siete discursos de Iván Duque Márquez y la estructura de análisis propuesta por Fairclough y Fairclough (2012).

Las otras demandas recurrentes son la necesidad de establecer la cooperación internacional, como arma de combate al narcotráfico y el desarrollo de una “diplomacia de la seguridad” para enfrentarlo. En ese sentido, para Duque, la política exterior debe entenderse esencialmente como una herramienta para solventar problemas de seguridad nacional. Además, el presidente colombiano encontró en su homólogo norteamericano, Donald Trump, un respaldo político en la lucha contra las drogas y en el enfoque adoptado (Badillo 2020). De hecho, la diplomacia por la paz se entiende en el discurso del actual mandatario como “una invitación a que avancemos cada vez más en (…) la lucha contra el narcotráfico” (Duque 2020a; 2020b; 2020c). De esa forma, no solo a escala doméstica la paz se asoció con el combate a actores armados, sino que en la formulación de la política exterior también la llamada “diplomacia de la seguridad” remplazó a la “diplomacia por la paz”, entendida en términos más amplios.

Los objetivos planteados se sintetizan en cuatro: solidificar la democracia a través de la lucha contra el narcotráfico, erradicar por completo al narcotráfico, romper las cadenas logísticas de abastecimiento y combatir la violencia que se sigue soportando en el tráfico ilícito de drogas. Por tanto, para utilizar los términos de Fairclough y Fairclough (2012), el futuro imaginado de la administración se relaciona con la disminución, a través del enfrentamiento militar, de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de las estructuras armadas que se benefician de ellos. Por eso es tan recurrente la idea de “romper las cadenas de abastecimiento”, aun cuando habla de la erradicación manual. Así, se refuerza la idea de que la construcción de paz implica necesariamente el combate militar y se omiten los elementos estructurales mencionados por Santos.

Con respecto a las circunstancias, hubo cuatro que aparecieron de modo recurrente (mencionadas, al menos, más de una vez). En primer lugar, la idea de que las ideologías de los grupos armados eran solo una forma de mimetizar su orientación hacia el narcotráfico. En segundo lugar, el aumento de los cultivos ilícitos, constantemente vinculado al gobierno de Santos. En tercer lugar, relacionó el narcotráfico con la depredación del medioambiente, con lo que no solo aumentaba la percepción de amenaza del fenómeno, sino que justificaba la securitización de la biodiversidad, como cuando mencionó que Colombia la había declarado “como un activo estratégico, incluyendo su protección dentro de nuestra política de seguridad nacional” (Duque 2019a; 2019b). En ese sentido, el narcotráfico en sí mismo era securitizado, y utilizado como una excusa para securitizar también otros aspectos de la política doméstica. La cuarta circunstancia recurrente tenía que ver con el aporte de Colombia a la “diplomacia de la seguridad”, desde donde se resaltaban las decisiones que el país había tomado a escala internacional para promover el combate al narcotráfico.

Con respecto a los valores que guiaron la argumentación de Iván Duque, se retomaron algunos que ya se habían manifestado en la de Santos (como la asociación con el terrorismo -en seis argumentos- y con el crimen organizado -en tres-). Aparecen nuevos elementos tales como la codicia (en dos argumentos), la identificación como una amenaza global (en dos), como causante de deforestación y explícitamente como un asunto de seguridad (cada uno en un argumento). El gráfico 2 permite observar esas asociaciones durante casi dos años de presidencia de Duque. Antes del 17 de enero del 2019, las principales relaciones en el discurso eran con respecto a la codicia, al crimen organizado y a su representación como amenaza global.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2. Valores con los que el presidente Duque asocia el narcotráfico

Sin embargo, desde esa fecha en adelante, todos los discursos de Duque en los que habla de narcotráfico incluían referencias explícitas a su relación con el terrorismo. El 17 de enero del 2019 resulta relevante por la realización del atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander (BBC 2019) por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que murieron 21 personas y 68 resultaron heridas. Este hecho permitió que el discurso de securitización tomara como excusa la asociación del narcotráfico con el terrorismo y lo reintrodujera dentro de las lógicas discursivas del gobierno actual.

Iván Duque, en ese sentido, interrumpe el proceso de desecuritización de la lucha contra el narcotráfico a través de su asociación con el terrorismo, pero también reduciendo su existencia a lógicas codiciosas y demeritando cualquier lucha ideológica. La forma en que justifica que se vuelva a la idea del combate militar como herramienta primaria para enfrentarlo es reduciendo cualquier viso político que este pueda haber adquirido. Desde ese punto de vista, es una suerte de despolitización del narcotráfico, entendido ahora como un asunto esencialmente militar.

Las políticas de seguridad y defensa de los gobiernos Santos y Duque y su relación con los procesos de securitización y desecuritización

El gobierno de Juan Manuel Santos implementó en primera instancia la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP) en el 2011. En esta, como evidencian Vargas (2011) y Beltrán (2013), aunque el discurso deja de concentrarse en la amenaza guerrillera y se reconoce la existencia de un conflicto armado interno (lo que implicó la profundización de la politización de la doctrina militar, como lo muestran Castillo y Niño 2020), se mantiene una preocupación por el narcotráfico y se asocia este con la existencia de bandas criminales y la violencia urbana. El narcotráfico sigue considerándose el “enemigo” más importante del país y, de hecho, aparece como una preocupación transversal a las llamadas “zonas rojas, amarillas y verdes”. Eso implica que se asume como la principal amenaza para la seguridad nacional, dado que sería el impulsor de las organizaciones criminales que actuaban en territorios rurales, pero también en el ámbito urbano (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia 2011).

En la Política de defensa y seguridad “Todos por un nuevo país” (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia 2015), el narcotráfico ya no aparece como la principal amenaza para la seguridad nacional, sino como parte de un conjunto de fenómenos que deben combatirse en interrelación. La fuerza pública es entendida aquí como motor de desarrollo y, por ende, el énfasis no se hace en las acciones para combatir el narcotráfico, sino en la forma en que la modernización de la institución puede contribuir a pacificar el país. Esto coincide con el modo en que fue abordado el narcotráfico en el punto cuatro del Acuerdo de Paz. Allí el problema de las drogas ilícitas es tratado desde una visión que pretende ser integral, al pasar por todo el proceso de cultivo, producción, comercialización y consumo (Pastrana y Vera 2019).

La Política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad del gobierno de Iván Duque (2018-2022) retoma la idea del narcotráfico como una amenaza de primer nivel por su asociación con el terrorismo, pero añade también que ejerce una acción “depredatoria” contra el medioambiente y lo utiliza para justificar la securitización de la biodiversidad (Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia 2018). El mismo documento dice que el gobierno “proscribirá la conexidad de los delitos relacionados con el narcotráfico” y que “no se dará tratamiento político a los narcotraficantes” (39), por lo que directamente ataca uno de los puntos que más contribuía a la desecuritización del fenómeno.

Las decisiones en materia de combate al narcotráfico que siguieron no fueron muy distintas: se hizo una solicitud de anulación a la orden de la Corte Constitucional para detener el uso del glifosato, se privilegió la erradicación forzada de los cultivos por encima de la sustitución voluntaria (lo que atentaba directamente contra el PNIS) y se ha adoptado un enfoque que criminaliza a los usuarios de drogas (contra el enfoque de salud pública del Acuerdo de Paz) (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario 2019). En la figura 2 se puede observar el desarrollo de las políticas de seguridad y defensa y cómo estas participaron en un proceso de desecuritización o, por el contrario, dieron continuidad a la securitización del fenómeno. Si bien se observa que desde el 2014 el Acuerdo de Paz inició un proceso de desecuritización, no es posible afirmar que se haya logrado la politización del fenómeno, dado que ese proceso coexistió con el enfoque del narcotráfico como una amenaza que necesitaba ser combatida militarmente.

Figura 2 Políticas contra el narcotráfico (2011-2019) 

Conclusiones

En este texto se ha intentado comprender de qué forma el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP pudo haber propiciado un proceso de desecuritización de la lucha contra el narcotráfico. Para ello, se analizaron 28 discursos presidenciales durante el periodo 2010-2020 y las políticas de seguridad de Juan Manuel Santos e Iván Duque. El análisis de esos discursos buscó identificar argumentos sobre el narcotráfico, a fin de conocer las demandas de acción, los objetivos, las circunstancias y los valores con los cuales se asoció el fenómeno en el lenguaje. El análisis de las políticas de seguridad buscó evidenciar en la práctica aquellas relaciones establecidas en el ámbito discursivo.

Se encontró que el Acuerdo de Paz sí propició un proceso de desecuritización del narcotráfico, dado que intentó posicionar la idea de que era un fenómeno que no solo debía entenderse como una amenaza existencial para el país, sino como un asunto más amplio, concerniente a la esfera política. Es decir, intentó llevar el narcotráfico a la esfera de lo “politizado”, que, según Montero (2017), no implica la desatención por parte del Estado, sino su administración dentro del sistema político sin que se circunscriba únicamente al ámbito de la seguridad.

Sin embargo, ese proceso de desecuritización no necesariamente llegó a desecuritizar el narcotráfico, dado que confluyó con un escenario de cuestionamiento político al expresidente Santos por el aumento de los cultivos ilícitos, a finales de su gobierno, y con la llegada al poder de Iván Duque. El actual presidente planteó una política de seguridad que atentaba directamente contra varios elementos del proceso de desecuritización: conexidad del narcotráfico con delitos políticos, enfoque de salud pública y fumigación con glifosato.

Las transformaciones en las políticas de combate al narcotráfico por parte de cada presidente son evidenciadas en sus discursos. Durante los primeros años de su gobierno, Juan Manuel Santos asoció el narcotráfico con el terrorismo e hizo explícito que este era un asunto de seguridad nacional, que implicaba un combate frontal. Después del 2014 (cuando se formuló el punto cuatro del Acuerdo de Paz), en el discurso del expresidente aparecen relaciones distintas: transformaciones estructurales del campo colombiano y el enfoque de salud pública para abordar el fenómeno. Hacia finales del 2017, se vuelve a asociar el narcotráfico con el crimen organizado y reaparece el enfoque de la seguridad.

Por su parte, Iván Duque asoció el narcotráfico con la codicia, el terrorismo, el crimen organizado e, incluso, con la depredación del medio ambiente, lo que coincide con una política menos integral y militarizada. El narcotráfico fue considerado nuevamente solo como una amenaza y, entonces, las soluciones políticas no tuvieron mucho espacio.

Las políticas de seguridad de cada presidente estuvieron acompañadas de un discurso que buscaba posicionar ideas y asociaciones alrededor del narcotráfico. Cuando el narcotráfico deja de asumirse en el discurso únicamente como una amenaza militar, las políticas tienden a centrarse en soluciones integrales, que trascienden el combate armado. Cuando, por el contrario, se le asignan connotaciones históricas de daño (terrorismo, crimen organizado y daños medioambientales), las políticas de seguridad se militarizan y se abandonan otras aristas del fenómeno. Así, el discurso resulta fundamental, porque funciona como un instrumento para justificar cursos de acción y legitimar maneras de aproximarse a los fenómenos.

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1El presente artículo es resultado de investigación dentro de las actividades del Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe y del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte. Asimismo, se deriva de las investigaciones de los autores sobre seguridad nacional, narcotráfico y crimen transnacional organizado en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte y la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Agradecimientos a Minciencias por la beca de Doctorados Nacionales (convocatoria 727 de 2015) que permitió la realización del presente artículo.

2Esta técnica de análisis está basada en el trabajo de Fairclough y Fairclough (2012). Sin embargo, no se incluye el análisis crítico del discurso que ellos proponen luego de la identificación de los argumentos debido a que nuestro objetivo no es determinar la solidez o debilidad de estos, sino identificar aquellos argumentos que fueron útiles para securitizar/desecuritizar la estrategia de lucha contra el narcotráfico.

Recibido: 23 de Marzo de 2020; Aprobado: 01 de Junio de 2020

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