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Introducción
El estudio se realizó en el estado de Nayarit, México, en el periodo 2011-2017. En dicho sexenio, y en el marco de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno del Estado realizó una serie de alianzas con diversos grupos del narcotráfico. Ello complejizó el contexto, además de que intensificó la lucha por el territorio y el control de las rutas y zonas de producción y distribución de la droga. Se inició así una política con particularidades específicas, orientadas a la acumulación de riqueza y bienes mediante el ejercicio del poder y la fuerza de las armas, con los civiles como objetivo de la desposesión.
Este artículo tiene por objetivo analizar y explicar el contexto de violencia y la manera de operar por parte del gobierno y los grupos del narcotráfico en el estado de Nayarit. Para ello, se propone el concepto de necropolítica del despojo, término que explica la articulación de dispositivos de violencia material y simbólica que colocan a la muerte como posibilidad inminente, a partir de la relación orgánica entre gobierno y narcotráfico. Mediante el ejercicio de poder, favoreció la acumulación de capitales locales y privó de sus condiciones de existencia y bienes a la ciudadanía. Este término se construye a partir de los aportes de Mbembe (2006), Valencia (2012), Butler y Athanasiou (2013) y Segato (2016).
Los datos obtenidos abonaron a la discusión teórica conceptual, y dieron referencia para construir las categorías de análisis que viabilizaron la forma en que opera y está articulado el narcotráfico, el capital y el Estado. Se proponen siete elementos que componen la necropolítica del despojo: la fetichización y el reforzamiento de la figura del enemigo interno; la cotidianidad de la violencia y el miedo; la política de seguridad y su financiamiento presupuestario; la exhibición e instalación de la maquinaria de guerra; el espectáculo de la violencia y la performatividad de los cuerpos violentados; el despotismo y la legalización del despojo, la relación orgánica entre los funcionarios y el narcotráfico y, por último, la capitalización del despojo y la industria del crimen. Todo ello favoreció la acumulación de capitales regionales, y la articulación de redes internacionales, así como la concentración de poder mediante la violencia, el terror, la impunidad y la muerte.
Narcotráfico en México
Duncan (2015) considera que la actividad del narco funciona en una lógica empresarial, que a diferencia de la capitalista tradicional, se caracteriza por su contradicción no en el trabajo, sino en el riesgo. Por tanto, se establece que, a mayor riesgo, menor será la ganancia. El narcotráfico es, en esencia, una empresa de reducción de riesgos. Aquel individuo que logra hacer llegar la droga a destino, sin ser detenido, tendrá mayor posibilidad de éxito. El riesgo se reduce con protección, pagos a empresarios, jueces, políticos o militares. Según Fazio (2016, 11),
los grupos criminales se encuentran en consonancia y relación con el Estado, en sus actividades económicas y políticas, es una empresa de carácter ilegal y a la vez informal y legal, con un pie bien implantado en los sectores cruciales de la sociedad y el Estado: el mundo financiero, y el de los negocios, el aparato de seguridad y judicial, y hasta el mundo político.
La estrategia bélica en la región tiene su antecedente en la política de seguridad contra el terrorismo por parte de los Estados Unidos. Tras los acontecimientos del 9/11, ese gobierno emprendió una maniobra belicista no solo en Medio Oriente, también en América Latina. En 2005, México se integra mediante la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Ello permitió militarizar al país bajo la tutela y financiación de los Estados Unidos (Fazio 2016).
En México, a partir del 2006, es declarada la guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Felipe Calderón, facultando a militares para realizar operativos en espacios públicos. Por otro lado, diversos cárteles se enfrentaron por el control de mercados, territorios y vías de distribución de la droga (Fazio 2016). Esta guerra creó enemigos internos, y se caracterizó por violar las garantías individuales y los derechos civiles (Fazio 2016).
La guerra de Calderón no solo redimensionó el problema del narcotráfico en el país, sino que fortaleció a aquellos grupos que históricamente habían operado en el territorio nacional, como el Cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, quien le declaró la guerra a sus antiguos aliados, el Cartel de los Beltrán Leyva, conocidos también como los mazatlecos. En el caso de Nayarit, fueron grupos de seguridad estatal, funcionarios de primer orden y células del narcotráfico quienes mantuvieron el monopolio de la violencia, la extorsión, el secuestro y los enfrentamientos en espacios públicos, como fue el caso del centro comercial Soriana (Castro 2010) y el enfrentamiento que tuvo lugar en las inmediaciones del aeropuerto de Tepic, que dejó a siete policías muertos, tras el traslado de un capo al Penal Federal del Rincón (Hernández 2019). Otro hecho que se recuerda por la cantidad de víctimas que quedaron sobre la carretera en el municipio de Ruiz Nayarit, fue la contienda entre el Cartel de Sinaloa y los Beltrán Leyva con un saldo de 28 sicarios muertos, en su mayoría del Cartel de Sinaloa (Proceso 2011).
Desplegada la guerra contra el narcotráfico, se fortalecieron grupos de corte paramilitar como los Zetas, que en su primera etapa formaban el grupo armado y de élite del Cartel del Golfo. A su vez, la Familia Michoacana y los Templarios rivalizaron al sur del país. Con la llegada de Peña Nieto al poder, se le da la espalda a Sinaloa y emerge con fuerza el Cartel Jalisco Nueva Generación, que ganó terreno e influencia en gran parte del país (Hernández 2019).
Flores (2018) menciona que, antes del inicio de la guerra de Calderón en 2006, existían siete organizaciones de carácter trasnacional y en total no sumaban más de 20. Después de más de diez años de guerra, estas se han incrementado a más de 200. Por su parte, la empresa del narcotráfico en México emplea entre 800 000 y 1 000 000 de personas, en diversas esferas de la producción, distribución y circulación de la droga. Dicha actividad genera en los Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro, cerca de 600 000 000 000 de pesos anualmente, unos 39 000 000 000 de dólares. Ello supera lo enviado en remesas a México con 22 000 000 000 de dólares al año (González 2018).
Como resultado de la guerra contra las drogas, han muerto cerca de 250 000 personas y desaparecido más de 60 000 (Pardo 2019). Se pueden destacar casos en contra de la sociedad civil, como los de Ayotzinapa, Tlatlaya y San Fernando en Tamaulipas, en los que se agredió a jóvenes estudiantes, pobladores y migrantes, respectivamente. Ello sienta las bases para definir una política de muerte, caracterizada por la participación de grupos paramilitares, la negligencia o participación directa de los cuerpos de seguridad, como el ejército y la Policía Federal, y la omisión de la clase política mexicana para dar justicia a familiares.
El narcotráfico en Nayarit
Nayarit se encuentra ubicado en el pacífico mexicano, y colinda con los estados de Jalisco, Sinaloa, Zacatecas y Durango. Cuenta con 1 188 671 personas, con una distribución poblacional del 69 % urbana y el 31 % rural. Su economía aporta el 0,6 % del Producto Interno Bruto. Su mercado laboral está sostenido por la burocracia estatal y federal, además del magisterio (INEGI 2015).
Para Hernández (2019), la violencia causada por el conflicto entre grupos del narcotráfico se instaló en el año 2009 en Nayarit. Medios informativos locales como Nayarit en Línea o el Sol de Nayarit, que llevaban un ejecutómetro, registraron 197 muertes relacionadas con el narcotráfico. Para el año 2010, la cifra se incrementó a 382, y fueron 30 las muertes de civiles. En el año 2011 las víctimas llegaron a 587 ejecutados, mientras que para el año 2012 hubo 283. En 2013 existió un reajuste de las bandas del narcotráfico: después de varios años, el grupo de los hermanos Beltrán Leyva ganaría la plaza al Cartel de Sinaloa.
Con la llegada del nuevo gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Sandoval Castañeda, y su mano derecha, quien posteriormente fuera el fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, se logró “pacificar el territorio” (Hernández 2019). Sin embargo, y como lo afirma Fazio (2016), esta pacificación tiene que ver con la llamada pax narca, que no es más que el acuerdo entre autoridades y grupos del narcotráfico, para dejar hacer y dejar pasar, a cambio de dinero e integridad. Aparentemente, la violencia disminuyó, pero la pacificación de la ciudad tuvo historias de despojo, torturas, desapariciones, encarcelamientos y robos perpetrados por parte de autoridades y su brazo armado, la Policía de Nayarit, donde se les relaciona con cerca de 2000 casos (Servio 2019).
El alcance y la expansión del proceso de represión y despojo trascendieron a las comunidades rurales. Así lo muestra un testimonio sobre la ganadería: los cuerpos de la Policía de Nayarit y el Ejército pedían cobro de piso y extorsionaban a pobladores, ejidatarios y productores.
Y fíjese lo que hay los soldados y yo lo tengo bien definido y bien claro, los soldados me buscan a mí, primero viene la Policía de Nayarit, manda Veytia a que me reporte con 50 000 pesos mensuales. Pues ¿de dónde le vamos a dar 50 000 pesos mensuales? “¡Mátenme!”, “no, te vamos a matar a tu muchacho”, “¿a mi muchacho por qué?”, “no, porque tú eres ganadero y tienes dinero” (Camilo Duarte, entrevista, 12 de noviembre de 2017).
En ese sentido, Pelayo (2020, 218) propone el término de “gobernanza clandestina”, que define como:
La violencia abierta (…) basada en la habituación de la ilegalidad y la propagación del miedo comunitario mediante el despojo y la extorsión, cuya finalidad es el control territorial y productivo (…) La gobernanza clandestina está guiada por los tiempos y modalidades del modelo mercantil neoliberal.
Hernández (2019) argumenta que la violencia nunca se fue del territorio nayarita. Uno de los hechos más recordados por la “espectacularidad” de la acción y su fuerza en cuanto al uso de las armas fue el ataque desde un helicóptero a una casa de seguridad del H2, líder del Cartel de los Beltrán Leyva en Tepic, el 10 de febrero del 2017 (Televisa 2019). Esta fue una de las últimas muestras fehacientes de la coalición del gobierno de Sandoval con los grupos del narcotráfico en Nayarit. Edgar Veytia, mejor conocido como El Diablo, recibió sobornos de por lo menos cuatro grupos del narcotráfico, lo que explica el constante cambio de estrategia de seguridad en el Estado. Comenzó con el Cartel de Sinaloa, luego con Beltrán Leyva y Los Zetas, y finalmente trabajó con el Cartel Jalisco Nueva Generación (Univisión 2019).
El 27 de marzo del 2017, Edgar Veytia fue detenido en una garita fronteriza en California (Excélsior Tv 2017), acusado de producción y distribución de droga, con una pena de 20 años. Veytia aceptó su participación en dichas acciones. Por su parte, las autoridades de los Estados Unidos han puesto en la lista al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (Tresury 2018). El gobierno mexicano ha iniciado el congelamiento de 42 cuentas a nombre de Roberto Sandoval y su familia, con un monto mayor a 1 196 000 000 de pesos. Además, se han asegurado ranchos, fincas, casas, caballos, vacas y otros bienes (Dávila 2019).
Necropolítica
Este artículo toma de referencia la necropolítica como un concepto que alude al poder, la política y la muerte. Específicamente, en la manera como se administra la vida o el poder de dar muerte en un contexto de violencia y criminalidad. Mbembe (2006) propone el concepto de necropolítica para describir las condiciones con las que el Estado y sus instituciones de fuerza (como el Ejército y los paramilitares al servicio de este) y grupos económicos de élite acechan a la población, generando con ello no solo una violencia física, sino también una de carácter simbólico. Para Sayak Valencia (2012, 83), “la necropolítica es un engranaje económico y simbólico que produce otros códigos, gramáticas, narrativas e interacciones sociales a través de la gestión de la muerte”.
Butler y Athanasiou (2013) advierten y asemejan las condiciones de violencia y represión a una muerte social; esto figura la imposición del “no ser”. Las autoras afirman que hay un designio de la condición política en personas o grupos que se vuelven expuestos a la violencia, la extorsión y la muerte. En este caso, el designio estuvo dirigido a personas con bienes y riquezas de interés para los agresores. La asignación del “no ser” está correlacionada con la alusión de Mbembe (2006), cuando afirma que existe una articulación entre la soberanía y la exposición a la muerte. El autor menciona que hay una modalidad global que somete y categoriza a determinadas poblaciones como “necropolíticas”. Esto determina quién puede eliminarse y quién no. Butler y Athanasiou (2013) afirman que la asignación del “no ser” se vincula a los procesos de despojo neoliberales, mediante procesos de subjetivación, desubjetivación y deshumanización, como formas que hacen cada vez más desechables los cuerpos, desposeídos por el capital y su exceso de explotación.
Estos procesos, a su vez, articulan opiniones, posturas y comportamientos de los ciudadanos, que consienten que determinadas personas son prospectos de abyección, criminalización y aniquilación. En el caso de la sociedad mexicana, los “narcos”, los “mañosos”, los “drogos”, entre otros, son denigrados hasta convertirse en abyectos, fuera de cualquier orden. En este punto se observa el carácter evolutivo de la configuración del enemigo interno, como lo denomina Fazio (2016). Ese individuo declarado fuera de la ley y la humanidad, con el cual no hay acuerdo posible y al que se debe derrotar mediante la coacción física y la tortura.
Mbembe (2006, 38) afirma que “las innovaciones en las tecnologías del asesinato no solo aspiran a 'civilizar' las formas de matar (…) El Estado emprende la tarea de 'civilizar' las formas de asesinar y atribuir objetivos racionales al acto mismo de matar”. Sin embargo, el poder opresivo no descansa en el hecho de matar; estas tareas al final aspiran a usufructuar con la violencia. Precisamente, la dominación y la violencia gubernamental facilitaron la acumulación de poder y riqueza. Butler y Athanasiou (2013, 30) señalan que “el poder neoliberal contemporáneo, en general es represivo, subyugante, brutal y tan apolítico como fuerza de extracción de beneficios, el cual no ha perdido su rendimiento ni bioproductividad”.
Despojo
Harvey (2004) muestra el carácter expansionista del capitalismo, manifestado en la mercantilización y privatización de tierra, así como el acaparamiento de bienes comunes. La conceptualización del despojo, por tanto, alude a una “separación”. Navarro (2015, 96), por su parte, propone el despojo múltiple para explorar y distinguir que un despojo son formas, niveles y estrategias variadas que adopta el capital para “expropiar lo común” y garantizar la acumulación del capital.
La presente investigación da cuenta de los despojos materiales y la violencia subjetiva mediante la erosión moral, así como el cercamiento de las capacidades económicas y políticas de las personas, a partir de la coerción de grupos del narcotráfico y la maquinaria de guerra gubernamental. Ante ese escenario, se recupera la propuesta del despojo de Butler y Athanasiou (2013, 2), como una condición de heteronomía para la autonomía o, con mayor precisión, como límite de lo autónomo.
El despojo es una condición dolorosamente impuesta por la normativa y la normalización de la violencia que determina los términos de subjetividad, supervivencia y habitabilidad. En ambos sentidos el despojo implica la relación del sujeto con las normas, su modo de transformarse por sumir y resignificar interpelaciones perjudiciales y pasiones imposibles.
En el presente estudio, la subordinación de los desposeídos fue intensamente violenta, al grado de colocar en el proceso de coerción la muerte como mecanismo de intimidación. Esto condicionó un marco de resignificaciones y reclamaciones por parte de las víctimas, basado en la normalización forzada del hurto, la extorsión y el despojo. La desposesión conlleva la presunción de que alguien ha sido privado de algo que legítimamente le pertenece (Butler y Athanasiou 2013, 6). En este caso, las víctimas también quedaron privadas de su autonomía de juicio y derecho, lo cual implica la privación de la autonomía sobre sus propios bienes y riquezas, legalizada mediante notarios públicos.
El despojo, además de ser una forma de separar a las personas de sus medios de subsistencia y de privar de tierras, conlleva una violencia emocional sobre los habitantes. Trasciende la dimensión corporal, por la dominación psicológica y moral por parte de los criminales, como parte de la cual, la posibilidad de la muerte es inminente para la víctima. Ante esto, Segato (2016, 39) afirma:
Sin el dominio de la vida, la dominación no puede completarse. Es por esto que una guerra que resulte en exterminio no constituye victoria, porque solamente el poder de colonización permite la exhibición del poder de muerte ante los destinados a permanecer vivos. El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder de muerte discrecional del dominador.
A propósito de lo anterior, Butler y Athanasiou (2013, 16) afirman que es “un problema de apropiación discursiva y afectiva (…) esta apropiación de espacios corporales y afectivos, que está imbricada con la construcción social de la víctima, es un aspecto crítico de la desposesión (post) colonial y sus mecanismos de normalización”. El despojo incide en ambos planos: físico y subjetivo. Es una privación completa de la condición de existencia de alguien, que trasciende en la reconfiguración de subjetividades orientadas a la normalización de la condición de víctima. En este punto, se vislumbra la apropiación de la voluntad y autonomía personal por parte de “un otro”.
Estas rutas teóricas permitieron sentar las bases para la composición de la necropolítica del despojo, término que explica la articulación de dispositivos de violencia material y simbólica. Ello coloca a la muerte como propósito inminente. Se realiza mediante el ejercicio del poder y la relación entre gobierno y grupos del narcotráfico, para favorecer la influencia de redes y territorios, además de la acumulación de bienes y riqueza despojados a la población.
Particularidades de la necropolítica del despojo
A continuación, se presentan elementos que caracterizan a la necropolítica del despojo. El método de la presente investigación fue cualitativo, de corte descriptivo, explicativo en el tiempo (2011-2017) y en un espacio definido (Nayarit). Analizar el contexto de violencia, las relaciones que se establecieron y la política que se ejerció permitió que la investigación se situara en trabajo documental y narrativa testimonial de quienes fueron secuestrados, torturados y despojados por parte de la Fiscalía y el gobierno de Nayarit. Debido a esta situación, se tuvieron dificultades para contactar y entrevistar a las víctimas de la pasada administración. Cabe señalar que la gran mayoría aún no presenta cargos por temor a represalias de grupos vigentes en el Estado. Por tanto, se tomaron referencias documentales de carácter local.
En esta sección se presenta la operatividad de las estructuras de poder, la creación de enemigos internos, la implantación de la violencia y el miedo como táctica para justificar la política de seguridad que, mediante la exhibición de las máquinas de guerra y represión, manda diversos mensajes (sobre todo de carácter simbólico) a la población. Se rescata la demostración no solo de las máquinas de guerra, sino de los cuerpos como trofeo, la performatividad de la muerte o, como lo explica Valencia (2012), el necroempoderamiento. Una vez conformado el escenario de guerra y muerte, se inicia con el proceso de despojo que, mediante el despotismo y la “legalidad”, priva a los ciudadanos de sus bienes.
Fetichización y reforzamiento de la figura del enemigo interno
La necropolítica del despojo requiere tener un territorio para maniobrar. En el estado de Nayarit se difundieron imágenes y noticias relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico, para la construcción de un enemigo interno. Como sostiene Fazio (2016, 41), este
es un individuo declarado “fuera de la ley” (…) al que se debe derrotar mediante la coacción física y la tortura (Guantánamo) y eliminar, es decir, una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio.
La creación del escenario de guerra y el incremento de muertes provocó el morbo y la intriga en las personas, a su vez que aumentó la audiencia en los medios locales. La guerra configura un escenario apto en el aterrizaje de doctrinas y matrices de opinión para considerar la muerte del enemigo interno como mal necesario (Fazio 2016). Esta efervescencia reforzó la figura del enemigo y su peligrosidad para la legitimación social de la política de seguridad. Ello delimitó las características del enemigo interno e impulsó el señalamiento y la estigmatización, sobre todo a la población juvenil que gusta de productos de la narcocultura como la música y la moda (Becerra y Hernández 2019). La construcción del enemigo interno hizo que jóvenes fueran el objetivo principal de la policía para revisiones de rutina, o sujetos a reclutar por los sicarios, en los llamados “levantones” (Hernández 2019).
La cotidianidad de la violencia y el miedo
Para Fazio (2016), se configuró una sola opinión y protesta, a partir de sembrar en la sociedad matrices de opinión sobre el crimen y la justicia. Ante el espectáculo de violencia y la paranoia que vivió la sociedad nayarita, se instauró la política de seguridad del Estado como la única alternativa de pacificación y control en el territorio. En este período se consolidaron opiniones, posturas y comportamientos de los ciudadanos que aprobaron la captura, el castigo y la aniquilación de los abyectos.
Las fuentes gubernamentales y, sobre todo, los medios de comunicación utilizaron las imágenes de violencia en los lugares donde se desarrollaba el fuego cruzado o de las muertes sin la menor censura mediática. Las muertes relacionadas con el narcotráfico superaron las 1400 en poco menos de cuatro años (Hernández 2019). La muerte fue normalizada a partir de la visibilización de los cuerpos desollados, mutilados y descabezados que publicaron los medios de comunicación. Ello contribuyó a la construcción de escenarios de violencia extrema, lo que justificó el reforzamiento de la política de seguridad, no solo nacional, sino también estatal.
La política de seguridad y su financiamiento presupuestario
La paranoia colectiva y la construcción social del miedo que se instaló en el estado de Nayarit conformaron un campo eficaz para la preparación de una soberanía de muerte estatal. Para Mbembe (2006), eso significa ejercer el derecho de vivir o de morir y, con ello, la ejecución de la política de muerte y terror, en el marco del capitalismo, la ganancia, la explotación, la acumulación y el despojo.
La política de seguridad estatal requirió destinar gasto gubernamental para la compra de armamento, exhibido en el Estadio de la Arena Cora, en la ciudad de Tepic, en el marco del Plan de Seguridad Estatal, que indica acciones preventivas, de reacción y atención del delito (Notimex 2011). Sin embargo, la compra de la maquinaria de seguridad, no fue solo para atenuar la paranoia colectiva de la ciudadanía; también se instauró en el imaginario colectivo la impronta del poder despótico del Estado. A partir de la difusión de escenarios de guerra, se enunció la capacidad armamentista del Estado, dejando clara la presencia de un gobierno poderoso, con el control absoluto de los mecanismos de seguridad.
Otro evento que reforzó la hegemonía del poder y la exclusividad de la violencia del Estado fue la exhibición del camión blindado La montaña (imagen 1). Fue presentado ante la sociedad en el marco de la conmemoración del Aniversario 203 de la Independencia de México por parte de la Fiscalía General de Nayarit.
Ante este evento, el titular de la Fiscalía General de Nayarit, Edgar Veytia, señaló que La montaña garantizaría un mejor desempeño en las acciones de salvaguarda de las familias nayaritas (Rodríguez 2013). La exhibición de los aparatos de guerra figuró como paliativa ante el terror de la sociedad. Mbembe (2006, 38) menciona que el Estado emprende la tarea de “civilizar” las formas de asesinar y atribuir objetivos racionales al acto mismo de matar. Esa demostración fue la justificación de armar y aprovisionar para “acabar” con la delincuencia organizada. La maquinaria de guerra tiene que hacerse visible para fomentar el sosiego colectivo, y justificar el gasto y financiamiento de la política de seguridad.
Exhibición e instalación de la maquinaria de represión
Según Mbembe (2006), los Estados pueden transformarse en máquinas de guerra. En ese sentido, pueden apropiarse de una máquina de guerra ya existente o ayudar a crear una. Se nutren de ejércitos ya habituales e incorporan nuevos elementos. En este caso, se formó la Policía de Nayarit, equipada con helicópteros, tanquetas, motocicletas y camionetas. Asimismo, se desarrolló una política del terror basada en la legitimación del poder y violencia, mediante el anonimato de las fuerzas policiales. Se normalizó el uso de pasamontañas (imagen 2) y la no portación de una placa oficial. Ambas modalidades fueron empleadas por las fuerzas estatales para reprimir y levantar personas sin orden judicial. Uno de los casos de desposesión fue el de Gerardo Montoya, empresario local, quien mencionó que lo llevaron a la Fiscalía, donde fue golpeado y obligado a firmar mediante notario la venta de su casa por un mísero valor (MCCI 2019).
Los grupos de seguridad y las máquinas de guerra se desenvolvieron con impunidad. Atendiendo las órdenes de sus superiores, fueron guiados por la acumulación de poder y de riqueza.
Para Mbembe (2006, 5), la ocupación del cielo adquiere una importancia primordial, en la medida en que la mayor parte de las acciones policiales tienen lugar en el aire. Matar se convierte en un asunto de alta precisión. La noche del jueves 9 de febrero del 2017, quedó instaurado el poder de fuego del aparato gubernamental con la muerte del "H2" (imagen 3), identificado como el líder del Cartel de los Beltrán Leyva y otros 11 de sus acompañantes. Tal evento implicó la comprensión por parte de la ciudadanía de la capacidad de fuego de las fuerzas de seguridad, que mediante la dominación aérea se transformó en una especie de panóptico para el rastreo, castigo y despojo de cualquier civil. La maquinaria aérea de guerra no solo objetualiza la capacidad de fuego, sino que advierte sobre las consecuencias futuras de sus actos a los adversarios del Estado.
El espectáculo de la violencia: la performatividad de los cuerpos violentados
Para Foucault (1983), la exhibición del castigo es una forma de tecnología del poder para disciplinar, individualizante y totalizadora. La necropolítica es el derecho a matar por parte de las instituciones de seguridad del Estado y de grupos fuera de la ley. En el periodo de estudio, grupos del narcotráfico exhibieron cuerpos sin vida como parte de su necroempoderamiento y de la construcción de símbolos e imaginarios de poder, terror y disciplinamiento.
Segato (2014) habla de la pedagogía de la crueldad, que consiste en promover y acostumbrar a la sociedad al espectáculo de la violencia de los cuerpos. La autora sostiene que la exhibición de los cuerpos agredidos, como se muestra en la imagen 4, expresa el sufrimiento y la franqueza de la amenaza contra la colectividad. Tal mensaje expone la violencia ilimitada y los bajos umbrales de compasión humana por parte de los agresores. Según la autora, la acción paraestatal tiene la necesidad de demostrar una ausencia de límites en la ejecución de acciones crueles, para banalizar la violencia en el espacio público, con los cuerpos como dispositivos de avasallamiento.
Segato (2014, 69) expone que los cuerpos tienen la eficiencia performativa de una identidad ritualizada, de relevancia crucial. Este espectáculo demuestra la territorialidad absoluta por parte de los grupos criminales y el aparato de gobierno sobre la colectividad humana. El cuerpo inscripto como territorio y su afinidad con el biopoder es la forma última de control y completa la comprensión de la nueva territorialidad y sus demandas por lealtad y antagonismo (Segato 2014, 352). El fin del biopoder es el quebrantamiento físico y moral, para lograr objetivos específicos, en este caso, el despojo.
Gerardo: total que yo pensé dije no pues esta gente si me va a matar o va a hacer algo feo, y fue en ese momento que tomé la decisión de decir bueno pues, ¿sabes qué?, déjame platicar con mi esposa, que se traiga todos los documentos para irnos al notario, está bien, te firmo (MCCI 2019).
La dominación no puede completarse sin el control y el manejo de la vida/muerte, exhibiendo el poder de decisión y escarmiento a los que quedan vivos (Segato 2016). Tal mecanismo de represión funciona en dos direcciones: intimida y debilita el tejido social, y despoja la capacidad de determinación política de los habitantes. Los espacios donde se mostraron los cuerpos y la representación de violencia fueron construyendo imaginarios simbólicos para la población de Tepic. Tal es el caso del puente de los Lobos, donde al menos siete veces a partir del año 2011, grupos del narcotráfico exhibieron cuerpos colgados o desollados (Ventura 2011).
El despotismo y la legalización del despojo, la relación orgánica entre los funcionarios y el narcotráfico
La pedagogía de la crueldad efectuada por el aparato estatal tuvo su funcionalidad en la persecución del despojo de la ciudadanía. Según Segato (2016, 21),
la pedagogía de la crueldad es funcional a la codicia expropiadora, porque la repetición de la escena violenta produce un efecto normalizador de un pasaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente bajos umbrales de empatía indispensable para la empresa depredadora.
La habituación de la exhibición de los cuerpos violentados logró dos objetivos: por un lado, la desensibilización y el aislamiento de los ciudadanos ante el fenómeno de violencia y por otro, la subordinación total de estos a favor del mandato y control del gobierno estatal. La violencia mediática y performativa condicionó el territorio para que el Estado se posicionara con el monopolio de la violencia a través de la máquina de guerra.
La investigación periodística titulada El fiscal que hizo de Nayarit un infierno rescata historias que demuestran la forma de operar de las entidades de seguridad en Nayarit, eligiendo los patrimonios (terrenos, ganado, casas, negocios y vehículos). Los policías encapuchados trasladaban al dueño de la propiedad sin orden alguna y atemorizaban para que vendieran a mitad o menos de su valor real dichas propiedades. Posteriormente, los civiles eran llevados ante el fiscal. Las amenazas de muerte se hacían presentes y, mediante notario, los hacían firmar, vender o ceder sus propiedades a quien el fiscal o el gobernador decidieran. Por lo general, usaban prestanombres para evitar responsabilidades (MCCI 2019).
Gerardo Montoya fue golpeado y amenazado dentro de la penitenciaría. Después de dos horas de tortura, fue llevado a la oficina del fiscal. Los centros de necroempoderamiento, como menciona Valencia (2012), son escenarios intimidatorios. La fiscalía se convirtió en la tribuna de la tortura y el hostigamiento contra los ciudadanos. “Usted dígale sí, porque si usted lo contradice ya es un hombre muerto”, le comenta un policía a Gerardo Montoya mientras se trasladaban a la oficina del fiscal (MCCI 2019).
La necropolítica del despojo es una articulación entre el discurso y la posibilidad de muerte. Sitúa en circunstancias extremas a los ciudadanos para salvaguardar sus vidas, a fin de que entreguen sus propiedades. De esta manera, el fin de la acumulación de bienes o dinero se realiza mediante el poder de las armas y la impunidad que otorga la justicia. Gerardo Montoya relata:
Veytia: aquí el asunto está fácil, yo necesito que me traigas 1 000 000 de pesos antes de las once de la noche que yo me vaya a dormir, si tú no me traes ese 1 000 000 de pesos tú te vas a morir o ahorita vamos a ver qué hacemos contigo, para que lo vayas pensando (…) tú sabes lo que vas hacer pero tienes de aquí a las once, son las seis de la tarde, las siete, no te queda mucho tiempo (MCCI 2019).
La conversión del Estado de institución de seguridad en instrumento de represión, eficiencia del despojo y aliado de los grupos del narcotráfico permitió que funcionarios del gobierno acumularan no solo poder, sino también bienes. Además, el cercenamiento de la capacidad política y jurídica de los ciudadanos.
Gerardo: lo peor que le puede pasar a un ser humano (…) que el Estado sea utilizado para ir en contra de las personas, es lo peor, es lo más vil, lo más cobarde utilizar al aparato de Estado para ir en contra de un particular porque te quedas totalmente indefenso, no hay cómo te defiendas (MCCI 2019).
Otro caso fue el de José Corchado, quien pagó la liberación de su hijo tras cuatro días de secuestro. Él asegura que la camioneta que vio en Fiscalía era la misma que días antes rondaba su predio, donde cuidaba de sus animales. José tenía que vender parte de sus propiedades para pagar el rescate de su hijo. Afirma que el Estado le despojó de sus terrenos. Aquí parte de su experiencia en la Fiscalía:
José: un día a medio día me llegó la Policía de Nayarit y me dijo venimos por ti, y les dije ¿qué hice o qué? No, nada es que el jefe te ocupa. ¿Ah, sí? Y me subieron a la Policía de Nayarit y me llevaron, ya me metieron a la oficina y Edgar Veytia sacó la pistola y la puso en el escritorio. Dice, quiero que me vendas el terreno. En eso estábamos platicando cuando le habló Roberto Sandoval, el gobernador. Le dice ¿qué, ya trataste con el amigo?. En eso estamos, señor gobernador. Si no trata o no te quiere vender, enciérramelo unos días para que afloje (MCCI 2019).
La capacidad de independencia económica y política de los ciudadanos estuvo expoliada bajo el desmantelamiento moral y la indefensión jurídica. En este periodo clausuraron varios negocios, víctimas de extorsiones, para permanecer invisibles ante el gobierno estatal o porque ya no pudieron sostener el “cobro de piso” de policías y narcotraficantes.
Capitalización del despojo e industria del crimen
Mbembe (2006, 62) afirma que el derrumbe de las instituciones políticas oficiales bajo la presión de la violencia tiende a desplegar las economías de milicias. Estas se convierten en mecanismos de depredación bien organizados, que aplican tasas en los territorios y las poblaciones que ocupan y cuentan con el apoyo material y financiero de redes trasnacionales. En Nayarit existía un Estado alterno, que gobernaba mediante la violencia, la intimidación y el acoso. La Policía sirvió para estos fines. Las extorsiones, pagos obligados y diversas formas de apropiación de utilidades, característicos de tiempos de austeridad, se inscriben en un clima de violencia en el que el botín, la captura y el pillaje se convierten en las modalidades por excelencia de adquisición y consumo de las riquezas (Mbembe 2006, 97).
A José le arrebataron gran parte de sus bienes. Eduardo Avalos, ahijado y operador del exfiscal Veytia, solo le entregó 800 000 pesos de los 17 000 000 prometidos y dos casas que días antes la Fiscalía había asegurado a grupos del narcotráfico (MCCI 2019). Con el concepto de capitalización del despojo nos referimos a la acumulación de bienes y riqueza que ejercen la clase política y el narcotráfico mediante las máquinas de guerra, a través de la desposesión, el robo y la extorsión. Mbembe (2006) afirma que la privatización de la violencia pública tiene ánimo de lucro y el objetivo de enriquecimiento, a la sombra de la Policía o el Ejército.
Después de la detención del exfiscal Edgar Veytia en San Diego, por parte del gobierno de los Estados Unidos, se valuó su riqueza en 250 000 000 de dólares, producto del contrabando de droga (Televisa 2017). Sin embargo, como se ha mencionado en este trabajo, la capitalización proviene no solamente de las actividades propias de la producción y distribución de narcóticos, sino además del despojo de bienes y capitales a los ciudadanos y la creación de empresas.
En el caso del exgobernador Roberto Sandoval (2011-2017), su riqueza se cuenta en millones de pesos, pero la patrimonial se puede medir en sus 800 caballos, muchos de ellos de raza española y 850 vacas, 700 de ellas traídas de Nueva Zelanda. Entre sus fincas se encuentra El Sueño, con una dimensión de 50 hectáreas. Cuenta además con otras propiedades llamadas La Cima del Cielo, La Cantera y El Armadillo, al igual que con innumerables caballerizas, propiedades que han sido aseguradas por la Fiscalía del estado de Nayarit (Dávila 2019).
La capitalización implica la creación o el reforzamiento de empresas, mediante las cuales se lava el dinero. Se coloca como miembros directivos o dueños a personajes cercanos de la familia, o funcionarios. En el caso del exgobernador, fortaleció empresas que ya tenía y creó algunas otras, no solamente en el estado de Nayarit, sino en otros estados como Coahuila y Chihuahua, donde la relación y la complicidad con otros gobernadores hicieron que pudiera extender sus negocios.
Según el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Sandoval Castañeda forma parte de la red de operaciones de Nemesio Ocegueda Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí algunas de las empresas que reconoce el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y que están siendo investigadas (Dávila 2019; Treasury 2019).
Bodecarne, S.A. de C.V.
Iyari Alto Diseño Huichol, tienda en línea relacionada con el trabajo artesanal de moda, calzado y decoración para el hogar.
Inmobiliaria L.Inmo, S.A. de C.V.
Agromilenorte, S.A. de C.V
Distribuidora de Carnes, S.A. de C.V.
Carnes de la Casa de El Ganadero, S.A. de C.V.
Café Tierra Santa Nayarit y Arte Huichol.
La capitalización del despojo se convierte en medio y fin que, de manera dialéctica, se nutre del poder. Este se fortalece, a su vez, de la capitalización de bienes, en una espiral como parte de la cual tanto poder como capitalización se van acumulando. Dichos elementos se tienen que hacer visibles ante la sociedad, pues demuestran poder y distinción (Hernández 2019).
Conclusiones
La presente investigación estuvo orientada en analizar y explicar la necropolítica del despojo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en el estado de Nayarit, México, en el periodo 2011-2017. La necropolítica del despojo colocó a la muerte como posibilidad inminente y, mediante el uso de la fuerza de las armas y la protección de la ley, autoridades estatales afectaron a más de 2000 familias del estado.
Este artículo evidenció la configuración de la maquinaria de desposesión. Mediante la participación de grupos del narcotráfico, funcionarios, policías, notarios públicos y el aparato mediático, configuraron la violencia directa o tortura, muerte y desaparición de personas. También se dio la reproducción subjetivada de la violencia, que permitió su cotidianidad y asimilación, además de recrear imaginarios y caracterizar espacios públicos como escenarios simbólicos y galerías de la muerte, generando terror colectivo en la población.
La fetichización y el reforzamiento de la figura del enemigo interno construyeron tendencialmente una figura fuera de la ley, que amenazaba a la ciudadanía. En su mayoría, este enemigo se representaba en jóvenes precarizados, señalados y responsabilizados de la violencia generada en las calles y relacionados con grupos del narcotráfico. La construcción del enemigo interno constituye la justificación de la política de seguridad y el señalamiento de enemigos para la coerción y el engranaje de las máquinas de guerra.
La crisis social permitió la instalación de la política de seguridad y su financiamiento presupuestario. Pero más allá del fin material, se consolidó lo que Mbembe denomina la tarea de “civilizar” las formas de asesinar y atribuir objetivos racionales al acto mismo de matar. Conjuntamente, esta política tuvo que ser exhibida para persuadir y advertir a la sociedad sobre el poder armamentista y la capacidad de control del gobierno, mediante la exhibición e instalación de la maquinaria de represión, que operó con otros eventos de mayor gama, como parte del espectáculo de la violencia y la performatividad de los cuerpos violentados. Esto se realizó a partir de la exposición del castigo, la tortura y la muerte, mediante la exhibición de cadáveres en la vía pública, con insignias territoriales y narcomensajes que demuestran el biopoder sobre quién vive y quién muere, pero además cómo se muere.
Una vez debilitada la sociedad moral y psicológicamente, llegó el momento de ejercer el poder de manera despótica y legalizar el despojo, mediante la relación orgánica entre los funcionarios, el narcotráfico y la ley. La situación condicionó el territorio idóneo para la capitalización del despojo y la configuración expansiva y diversificada de la industria del crimen estatal. Se observó la acumulación de ranchos, fincas, caballos, casas, ganado y la creación de empresas para blanquear los ingresos propios del hurto. Los propietarios eran el exgobernador del Estado y funcionarios, entre los que destacan el exfiscal, magistrados, diputados, notarios, policías y comandantes.
La propuesta de la necropolítica del despojo permite la comprensión y el estudio desde una micropolítica, partiendo de las relaciones sociales y de poder que se establecen en los espacios locales, que a su vez están interconectados a escalas nacionales e internacionales. Plantea, de manera general, el estudio del aparato del Estado, su relación con los grupos del narcotráfico y la manera de operar en medio del discurso contra el narcotráfico, las drogas y a favor de la seguridad de las familias mexicanas. Esta ruta conceptual permite el estudio en otros contextos particulares, donde operan tantos los grupos del narcotráfico como las fuerzas del Estado, con fines específicos.
