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URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

versión On-line ISSN 1390-4299versión impresa ISSN 1390-3691

URVIO  no.28 Quito sep./dic. 2020

https://doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4393 

Articles

Tres nuevas aproximaciones a la agenda de investigación sobre el narcotráfico en el siglo XXI

Three New Approaches to the Drug Trafficking Research Agenda in the 21st Century

Três novas abordagens da agenda de pesquisa sobre tráfico de drogas no século XXI

1Universidad Sergio Arboleda, Colombia, cesar.nino@usa.edu.co

2Universidad Sergio Arboleda, Colombia, clarae.acosta@correo.usa.edu.co

3Universidad Sergio Arboleda, Colombia, manuelc.gonzalez@usa.edu.co


Resumen

El narcotráfico como tema de estudio ha estado tradicionalmente vinculado a perspectivas institucionales y estadocéntricas, en las que la producción académica se enfoca en la violencia, el comercio de drogas, el terrorismo, el conflicto armado y la política de drogas. A partir de una revisión de literatura y un análisis bibliométrico, el objetivo de este artículo es ofrecer tres aproximaciones alternativas a la agenda de investigación del fenómeno: el régimen político, la paradiplomacia y el medio ambiente. Sostenemos tres grandes argumentos de debate. En relación con el régimen político, el narcotráfico se expande en contextos de autocratización y se consolida en regímenes autoritarios. Por otro lado, la paradiplomacia de las organizaciones criminales tiene un bajo costo, en términos de cooperación, comparada con aquella diplomacia que desarrollan los Estados. Por último, es evidente la existencia de un problema de degradación ambiental en la implementación de las políticas de lucha contra las drogas. Concluimos que estos argumentos revelan la complejidad y la necesidad de abordar al narcotráfico más allá de los enfoques clásicos.

Palabras clave: autoritarismo; medio ambiente; narcotráfico; paradiplomacia; régimen político

Abstract

Drug trafficking as a subject of study has traditionally been linked to institutional and State-centric perspectives, in which academic production focuses on violence, drug trade, terrorism, armed conflict and drug policy. Based on a literature review and a bibliometric analysis, the objective of this article is to offer three alternative approaches to the research agenda of this phenomenon: the political regime, the paradiplomacy, and the environment. We present three major arguments for debate. In relation to the political regime, drug trafficking expands in contexts of autocratization and consolidates itself in authoritarian regimes. On the other hand, the paradiplomacy of criminal organizations has a low cost, in terms of cooperation, compared to that of the States. Finally, the existence of an environmental degradation problem in the implementation of anti-drug policies is evident. We conclude that these arguments reveal the complexity and the need to approach drug trafficking beyond classical approaches.

Key words: authoritarianism; drug trafficking; environment; paradiplomacy; political regime; Treadmill of Destruction

Resumo

O tráfico de drogas como objeto de estudo tem sido tradicionalmente vinculado a perspectivas institucionais e centradas no estado, nas quais a produção acadêmica se concentra na violência, no tráfico de drogas, no terrorismo, nos conflitos armados e na política de drogas. Com base em uma revisão de literatura e análise bibliométrica, o objetivo deste artigo é oferecer três abordagens alternativas à agenda de pesquisa para abordar esse fenômeno: regime político, paradiplomacia e meio ambiente. Temos três argumentos principais para debate. Em relação ao regime político, o narcotráfico se expande em contextos de autocratização e se consolida em regimes autoritários. Por outro lado, a paradiplomacia das organizações criminosas denota o baixo custo delas em termos de cooperação que o dos Estados. Finalmente, é evidente a existência de um problema de degradação ambiental na implementação de políticas antidrogas. Concluímos que esses argumentos revelam a complexidade e a necessidade de abordar o tráfico de drogas além das abordagens clássicas.

Palavras-chave: autoritarismo; meio ambiente; tráfico de drogas; paradiplomacia; regime político

Introducción

El propósito del presente estudio es proponer tres aproximaciones alternativas a la agenda de investigación sobre el narcotráfico. Dichas propuestas están presentadas en tres momentos distintos. En primer lugar, la relación entre regímenes políticos y narcotráfico; en segundo lugar, la política exterior y paradiplomacia del narcotráfico y, en tercer lugar, el impacto de las políticas públicas que combaten el fenómeno, pero que afectan al medio ambiente.

La revisión de la literatura sobre el narcotráfico permite entender ciertos vacíos alrededor del abordaje temático no convencional. Autores como Bartolomé (2018), Giménez-Gómez, Walle y Zergawu (2019), Verdes-Montenegro (2015) y Müller (2018) llaman la atención sobre la ampliación de la agenda de seguridad internacional y sobre la necesidad de estudiar nuevas interacciones en la materia. Esto permite de alguna manera construir puentes alrededor de las dinámicas y lógicas del narcotráfico, y un viraje en los enfoques analíticos. En la sección metodológica del presente estudio se resalta la información concerniente a una especie de geopolítica bibliométrica, que concentra buena parte de los estudios en la materia. Los vacíos son, al mismo tiempo, oportunidades para el aporte sobre los estudios del fenómeno. La hipótesis del artículo es que la construcción de nuevas aproximaciones a la agenda de investigación sobre el narcotráfico en el siglo XXI permite comprender de manera integral y alternativa las lógicas concernientes a la compleja noción de amenaza del narcotráfico. Las tres aproximaciones aportan a un estado del arte en construcción.

Metodología

El presente artículo parte del siguiente cuestionamiento: ¿por qué construir nuevas aproximaciones a la agenda de investigación sobre el narcotráfico en el siglo XXI? La agenda de investigación sobre la materia ha estado definida por corrientes y enfoques tradicionales, que redundan en una lógica exclusivamente estadocéntrica. El Estado en el siglo XXI se enfrenta a desafíos que desbordan y cooptan su capacidad. Por tal razón, la necesidad de construir nuevas aproximaciones se convierte en un insumo fundamental para entender, explicar y brindar soluciones a un flagelo global, desde perspectivas alternativas.

Con base en lo anterior, la metodología usada consta de una revisión y de un análisis bibliométrico sobre las temáticas y conceptos asociados con las palabras narcotráfico y drug trafficking. Posteriormente, se identifican “nodos” temáticos que permiten construir un análisis del estado actual de la materia y detectar los vacíos, para proponer nuevas aproximaciones.

El artículo identifica los vacíos de la literatura alrededor del fenómeno del narcotráfico mediante un ejercicio bibliométrico. Dicho ejercicio se realizó a partir de los datos brindados por las bases de Scopus y Web of Science (WOS). El gráfico 1 brinda algunas ideas sobre las tendencias en la agenda de análisis respecto al narcotráfico. Se resalta que los estudios se han enfocado en los siguientes temas: violencia, comercio de drogas, terrorismo, lavado de dinero, conflicto armado, control de drogas y política de drogas. La producción académica ha dejado de lado asuntos como regímenes políticos, paradiplomacia e impactos ambientales.

Gráfico 1 Bibliometría sobre temas y conceptos asociados al narcotráfico 

Los hallazgos más relevantes en la materia están vinculados a dos posibles relaciones. En primer lugar, como se puede evidenciar en las tablas 1 y 2, los cinco países que encabezan la producción de artículos científicos publicados en WOS y Scopus presentan similitudes en cuanto a su régimen político,1 debido a que son democracias liberales, de acuerdo con el Índice de Democracia Liberal (mapa 1). En segundo lugar, se puede afirmar la existencia de una geopolítica bibliométrica del narcotráfico.

Tabla 1 Artículos encontrados en WOS por países: drug trafficking 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes de WOS (2020).

Regímenes políticos y narcotráfico

Entre 1974 y 1990, varios países alrededor del mundo experimentaron la denominada Tercera Ola de la Democratización (Huntington 1991). Europa, América Latina y Asia2 fueron los continentes más afectados por este fenómeno, en el que varios regímenes autoritarios transitaron hacia una democratización plena o iniciaron un proceso de liberalización, bajo la apertura progresiva de libertades civiles y políticas. Factores como el quiebre de las élites autoritarias (Stepan 1988) y la presión internacional (Whitehead 2001) apuntalaron los procesos de apertura hacia la democracia, cuyo punto más alto coincidió con la desintegración de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría.

Junto al establecimiento de la democracia, se iniciaron grandes reformas económicas, que liberalizaron los mercados e incrementaron la interdependencia económica. La reforma del paradigma económico se generó como una respuesta a la crisis del petróleo de 1973, resultante de las rigideces estructurales producto de la intervención estatal (Henisz, Zelner, y Guillén 2005). El nuevo modelo promercado incentivó a los gobiernos a la desregularización de la industria, la liberalización de los precios y la privatización de las empresas estatales. Para Strange (2001), supuso la retirada del Estado, un fenómeno de declinación del poder estatal frente al ascenso de las entidades financieras y las empresas privadas en la toma de decisiones a escala internacional y doméstica.

Tabla 2 Artículos encontrados en SCOPUS por países: drug trafficking 

Fuente: elaboración propia con base en los reportes de Scopus (2020).

Mapa 1 Índice de democracia liberal 2018 

Paradójicamente, la expansión de las libertades políticas y económicas sirvió de asidero a una mayor expansión del tráfico de drogas, que redundó en el incremento de la corrupción e incluso en la emergencia de Estados mafiosos (Naím 2012). A dichos Estados no los define una lógica de cooptación unidireccional de los grupos del crimen organizado hacia el aparato estatal, sino una colusión entre funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales, al punto de que en ocasiones es el mismo Estado quien toma el control de las redes ilegales (Naím 2012) para su instrumentalización y usufructo.

En este sentido, Snyder y Durán-Martínez (2009, 87) han puesto de manifiesto la necesidad de estudiar la relación entre los regímenes políticos y el narcotráfico, a partir de las conclusiones sobre su propuesta teórica, para explicar la relación entre la ilegalidad y la violencia en México y Colombia.

Esto plantea la pregunta: ¿son factibles los esquemas de protección de mafias patrocinados por el Estado en los sistemas democráticos? (...) En términos más generales, ¿cuál es la relación entre el tipo de régimen político y la violencia en los mercados ilícitos? (...) Las instituciones de protección duraderas pueden resultar más difíciles de mantener en los sistemas democráticos. Por lo tanto, la probabilidad de que los mercados ilícitos generen violencia puede ser mayor en las democracias que en las no democracias.3

Respondiendo a la necesidad de comprender este fenómeno, la literatura académica se ha concentrado mayormente en estudiar la asociación entre los regímenes democráticos y el narcotráfico. Dentro de estas investigaciones, Briscoe, Perdomo y Uribe Burcher (2014), Shelley (2001) y Duncan (2014) han descubierto el efecto del narcotráfico en las diferentes aristas que componen la política democrática. Por ejemplo, Duncan (2014) ha propuesto para los casos de Colombia y México un modelo explicativo sobre las distintas formas de relacionamiento entre las élites políticas y las mafias que permiten la transformación de los medios de coerción ilegal en poder político.

Fundamentalmente, el control político de las mafias está condicionado por el tipo de redistribución de recursos públicos y la existencia de una subcultura narcotraficante. El cruce de estas variables genera tres tipos de relación entre el narcotráfico y el poder político, que afectan el orden social. El primer modelo comprende la ausencia de influencia del actor ilegal debido a la existencia de una oferta ilimitada de recursos públicos, característica de las ciudades grandes. El segundo modelo, denominado oligopolio de coerción,4 surge como consecuencia de una colusión entre el poder político local y los narcotraficantes, en la que los primeros obtienen dinero para financiar sus campañas electorales y los segundos, el cese de la persecución de sus actividades ilegales por parte de las autoridades. En ese escenario, la distribución de bienes públicos está a cargo del sistema clientelar de la élite política local, cuya financiación tiene origen en los ingresos del tráfico de drogas y, por ende, el actor ilegal obtiene reconocimiento social dentro de la comunidad. Posteriormente, el tercer modelo representa el punto máximo de dominación del narcotráfico, en el que las élites legales no logran dominar el territorio y la asimilación de las instituciones criminales por parte de la población es efectiva, lo cual genera un orden social favorable al actor ilegal (Duncan 2014, 11-16).

Por otro lado, se han estudiado los efectos de los legados autoritarios para las nuevas democracias y su efecto en la lucha contra el tráfico de drogas. Por ejemplo, Velasco (2005) afirma que el posicionamiento de México como un país productor de drogas ilícitas afectó la calidad de la democracia, debido a que minó el imperio de la ley, creando relaciones de competencia y tolerancia entre los agentes estatales y los grupos narcotraficantes. En ese mismo sentido, Shelley (2001) revela que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá potenció las oportunidades de tráfico de drogas desde México. Esto se unió a la cooptación de los aparatos estatales por parte de los grandes carteles, que aprovecharon el proceso de descentralización para abaratar los costos de su protección por parte las esferas políticas locales (Snyder y Durán-Martínez 2009).

En el mismo sentido, en Asia Central, las exrepúblicas soviéticas de Tayikistán y Kirguistán representan casos de estudios paradigmáticos, debido a su cercanía con Afganistán, un país productor de opio. Tanto la existencia de exfuncionarios del antiguo régimen soviético y su asociación al crimen organizado (De Danieli 2014) como el uso de la retórica de la lucha contra las drogas para detener a los opositores (Rahmani 2018) han sido causas sugeridas para explicar el persistente autoritarismo en esa zona del mundo.

Recientemente, se han esgrimido dos casos de estudio más para analizar la relación entre el autoritarismo y el narcotráfico: Rusia y Venezuela. En ambos países, los poderes ejecutivos han amasado poder en detrimento de las instituciones democráticas como el Congreso y los tribunales, lo cual ha lesionado gravemente la separación de poderes. Lo anterior ha sido consecuencia de la habilidad de Putin y Chávez en la manipulación de las normas democráticas para perpetuarse en el poder (Coppedge 2017). Ello ha decantado en escenarios de discrecionalidad en la toma de decisiones políticas, que facilitan la interacción y las posibles alianzas con agentes estatales.

Por ejemplo, en Rusia, las organizaciones criminales son las responsables de un tercio del tráfico de heroína desde Afganistán hacia Europa. Este corredor se ha favorecido gracias a la colusión de organismos de seguridad como el Servicio de Inteligencia Extranjera (Sluzhba Vnéshney Razvedki, SVR), el Servicio de Inteligencia Militar (Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie, GRU) y el Servicio Federal de Seguridad (Federálnaya Sluzhba Bezopásnosti Rossíyskoi Federatsii, FSB) con organizaciones del crimen organizado, en un contexto de institucionalización de la corrupción post-colapso de la Unión Soviética. Con la llegada de Vladimir Putin al poder y la implementación de la “estructura vertical de poder”, las organizaciones criminales rusas han sido relegadas a un papel subsidiario en las actividades represivas estatales, tanto a escala doméstica como internacional (Galeotti 2017, 6-7).

Por su parte, en el caso venezolano, las rutas del narcotráfico empezaron a vigorizarse con el ascenso al poder del presidente Hugo Chávez (1998-2013). La concentración de poder desdibujó las fronteras entre el gobierno y el Estado (Rodríguez y Rondón 2016), un fenómeno que habría incrementado la aparición de actividades ilícitas entre funcionarios del gobierno y organizaciones criminales. El conflicto armado colombiano y las afinidades ideológicas de Chávez con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) reforzaron el involucramiento de altos cuadros del gobierno venezolano con el tráfico de drogas.

Tras el intento de golpe de Estado en 2002, la política exterior del presidente Chávez empezó a distanciarse e incluso a antagonizar con Estados Unidos (Corrales y Penfold-Becerra 2011). Este viraje diplomático tuvo impacto en la cooperación antidroga. En 2004, el presidente Chávez anunció el final de cooperación con la Administración para el Control de Drogas y al año siguiente hizo aprobar un nuevo marco legal para la investigación de delitos relacionados con el narcotráfico, que quedaría en manos de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y no solo de la Guardia Nacional (Serbin Pont 2018).

Estas maniobras políticas y legales constituyeron una ventana de oportunidad para la emergencia de un nuevo actor criminal, el Cartel de los Soles, un conjunto de altos funcionarios, civiles y militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.5 Luego de la captura de varios narcotraficantes colombianos entre 2010 y 2011, este grupo de civiles y militares empezó a monopolizar el tráfico de drogas hacia Europa, tras el vacío de poder en las estructuras criminales con asiento en Venezuela. Recientemente, la captura de los sobrinos del presidente Maduro, sucesor de Chávez, en el tráfico de estupefacientes, ha destapado el nivel de complicidad de Caracas con el crimen organizado (InSight Crime 2018).

Estos estudios están en consonancia con la existencia de una tercera ola autocrática en desarrollo (Lührmann y Lindberg 2019). La autocratización, fenómeno distintivo de esta ola, ha sido patente en varios países del mundo como Hungría, Turquía, Venezuela y Burundi. Se caracteriza por la introducción gradual de elementos autoritarios mediante procedimientos legales (Lührmann y Lindberg 2019, 1104), lo que la diferencia de las formas tradicionales de quiebres democráticos (como los golpes militares), más asociadas a las contra-olas autoritarias expuestas por Huntington (1994). En su relación con el fenómeno del narcotráfico, la democracia sigue siendo el punto de partida, pero los procesos de autocratización fungen como mecanismo causal que explicaría el establecimiento de nuevos mercados ilícitos de drogas, debido al alto nivel de discrecionalidad política, que inhibe la rendición de cuentas horizontal.

Sin embargo, resulta llamativa la escasez de estudios sobre el narcotráfico en los regímenes autoritarios plenos. En esa línea, son pocos los casos de estudio para profundizar las lógicas causales que explican cómo el autoritarismo puede causar un aumento del tráfico de drogas. Algunos regímenes militares en América Latina y el sureste asiático han favorecido el tráfico de drogas a través de arreglos informales con organizaciones criminales.

En Panamá, a pesar de mantener una economía basada en los servicios financieros, el régimen militar del general Manuel Antonio Noriega (1983-1989) optó por el lavado de dinero del Cartel de Medellín (Ropp 1992). Otro caso latinoamericano es el gobierno del general Luis García Meza (1980-1981), que se vio envuelto en un escándalo internacional al comprobarse sus vínculos en la producción y el envío de drogas (Gillies 2018), situación que motivó a su aliado ideológico, Estados Unidos, a condenar al régimen de facto boliviano.6 Finalmente, en Birmania, la protección gubernamental al tráfico de opio se dio en un contexto de guerra civil, y como consecuencia de un proceso de paz, en la década de 1990, con los grupos insurgentes que desafiaban el dominio autoritario (Snyder 2006). En estos casos, los contextos de estabilidad autoritaria se entenderían como un proceso de institucionalización de prácticas de colusión estatal con actores criminales que se normalizan con el paso del tiempo y representan beneficios de estabilidad tanto para el negocio lícito como para el régimen autoritario.

En suma, la relación entre narcotráfico y régimen político no es evidente, debido a la existencia del narcotráfico tanto en democracias como en dictaduras. Sin embargo, la revisión de la literatura nos brinda una aproximación a esta relación, que no excluye a ambos regímenes, pero sí resalta que los autoritarios podrían favorecer más el tráfico de drogas. Los procesos de erosión democrática facilitan la expansión del narcotráfico debido a la cooptación de los centros de poder independientes, lo que incentiva a las organizaciones criminales a trasladar sus operaciones a países cuya estabilidad política es fuente de seguridad para el negocio ilícito. Sin embargo, la consolidación del régimen autoritario permite consolidar redes y prácticas rutinarias, que mantienen la estabilidad de las operaciones ilícitas, e incluso representan ingresos para los oficiales del régimen, con lo que se mantiene la cohesión de la élite autoritaria.

Paradiplomacia del narcotráfico

La diplomacia moderna y las interacciones entre actores se han extendido a nuevas esferas. Aquellas extensiones han empezado a involucrar escenarios no tradicionales para el análisis e incluso aproximaciones teóricas para explicar la diversificación de marcos de acción y roles de actores que anteriormente no se tenían en cuenta (Volker 2018).

Los estudios sobre política exterior están ampliamente basados en perspectivas estadocéntricas e institucionales, con algunas variaciones contemporáneas que se acercan a la paradiplomacia y a la dimensión subnacional. El centro de gravedad de dichos estudios refleja construcciones sobre los procesos y la toma de decisiones en varios niveles de análisis, que redundan en la concreción de políticas públicas exteriores. La idea de la configuración de un interés nacional, la diplomacia y los engranajes entre lo doméstico e internacional han motivado estudios sobre la materia.

De tal manera, la política exterior ha sido objeto de análisis para dar explicaciones sistémicas a comportamientos y decisiones de los Estados en condiciones racionales, una actividad que desde los enfoques del análisis de la política exterior determina el rol de los ministerios de asuntos exteriores (Axworthy 2013). Sin embargo, la volatilidad de los fenómenos contemporáneos evoca nuevas aproximaciones sobre los estudios de la política exterior.

Consecuentemente a la idea previa de que en condiciones autoritarias la permisividad y la capacidad de gestación del narcotráfico es más viable, el narcotráfico también posee instrumentos para generar política exterior paralela. Es decir, los grupos narcotraficantes poseen elementos racionales en el proceso de toma de decisiones, para construir canales y conductos de comunicación, en aras de satisfacer sus intereses.

Los estudios sobre la paradiplomacia han debatido desde sus orígenes sobre las capacidades subestatales para ejercer la diplomacia (Jackson 2018), pero fueron los trabajos de Butler (1961), Duchacek (1986) y Aguirre (1999) los que abrieron el desarrollo del concepto directamente relacionado con la idea de la microdiplomacia. A pesar de aquellos esfuerzos embrionarios por identificar nuevas aproximaciones a los estudios de la diplomacia y la política exterior, hay un bajo consenso definitorio sobre la paradiplomacia (Kuznetsov 2014). No obstante, Kuznetzov advierte que está configurada y directamente ligada al desempeño de un actor en el ámbito internacional, como “diplomacia constituyente”, “diplomacia regional”, “diplomacia subestatal”, “microdiplomacia”, “diplomacia multicapa”, “diplomacia catalítica”, “proto-diplomacia”, “postdiplomacia”, etc. (Kuznetsov 2014, 26). Con base en lo anterior, los grupos narcotraficantes también entran en la dinámica de actores paradiplomáticos y ello conlleva una nueva aproximación académica sobre los estudios subnacionales no convencionales.

Dentro de las lógicas del narcotráfico, la paradiplomacia posee menos costos de transacción que los asociados con los métodos convencionales y estatales. A saber, entre Estados, las cancillerías representan dispositivos burocráticos complejos (Constas 1958), pero en la configuración del crimen organizado y narcotráfico, el asunto convergente del lucro representa un engranaje sencillo, que facilita las interlocuciones entre grupos, individuos y actores. Por ejemplo, la región del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en Perú, se ha convertido en un espacio estratégico en el que confluyen las “diplomacias” paralelas de distintos grupos narcotraficantes del mundo. Grupos postsenderistas, carteles mexicanos, grupos criminales colombianos, clanes familiares peruanos, entre otros, controlan el 46 % de la coca total de Perú en el VRAEM (UNODC 2017). Los anteriores actores alcanzan a construir canales de comunicación constante con otros grupos en diferentes continentes (Durbin 2013).

La construcción de rutas intralatinoamericanas hace posible el traslado de la cocaína desde los lugares de producción hasta los destinos en Europa (Alda 2018), una dinámica evidente de segmentación y especialización del trabajo en los eslabones del narcotráfico. Las asociaciones ilegales entre grupos narcotraficantes han determinado los roles en la cadena criminal, reduciendo los costos y aumentando los beneficios en las transacciones.

Otro escenario latinoamericano que muestra la sofisticada relación paradiplomática del narcotráfico es el Tapón del Darién, en la frontera colombo-panameña. En esta zona, la ausencia del Estado y la gobernanza criminal son factores vitales para las relaciones entre grupos (Lessing y Graham 2019). Allí el modelo económico colaboracionista entre entidades narcotraficantes clásicas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se relacionan con el grupúsculo de “Gente del Orden”, “Guerrillas Unidas del Pacífico”, “Resistencia Campesina”, la “Banda de la Vaca” y la “Banda de Sábalo”, en el tráfico de droga hacia países africanos y de Medio Oriente como Yemen, Kenia, Etiopía, Somalia y Siria (Rojas Aravena 2002; Deloughery, King y Asal 2012; Ribando et al. 2011). Lo anterior, con un beneplácito de transporte y de asociaciones de cobro de representaciones criminales del cartel de los Zetas y Sinaloa (Rabasa et al. 2017).

Cuanto mayor sea el número de grupos ilícitos que operan en un área geográfica determinada, mayores son las posibilidades de que algunas organizaciones encuentren oportunidades favorables para cooperar y construir vasos comunicantes (Perliger y Palmieri 2019). Las relaciones paradiplomáticas del narcotráfico también poseen ciertas diversificaciones en la reducción de vulnerabilidades del mercado. En la triple frontera (convergencia entre Argentina, Paraguay y Brasil), Hezbolá tiene conexiones con grupos ilegales. Obtiene el 15 % de las comisiones sobre la venta ilegal de cigarrillos y celulares (Gomis y Carrillo 2016). Las cancillerías de Brasilia, Asunción y Buenos Aires, mientras tanto, no conectan estrategias para sincronizar políticas de seguridad focalizadas.

Entonces, para abordar eficazmente la política exterior criminal emergente de los actores ilícitos híbridos que combinan aspectos de organizaciones criminales, grupos terroristas e insurgencias, es necesario reconsiderar la forma en que se clasifican y abordan los modelos de análisis de la política exterior en condiciones no tradicionales (Rabasa et al. 2017). Empero, en los análisis de política exterior y de la paradiplomacia es viable tener en cuenta los viejos roles (Holsti 1970) de los actores narcotraficantes en los nuevos marcos de análisis sobre la materia.

Emplear los conceptos y marcos analíticos de la política exterior y de la diplomacia tiene una explicación coherente, dadas las condiciones sistémicas de los grupos narcotraficantes como actores racionales. Las nuevas agendas de investigación y los estudios críticos de la seguridad han llamado la atención sobre la necesidad de comprender las actividades ilegales que trascienden fronteras.

Lucha contra el narcotráfico e implicaciones sobre el medio ambiente

La relación entre narcotráfico y medio ambiente tradicionalmente se ha enfocado en el impacto que tienen los cultivos de droga en el hábitat natural, por la alta deforestación (Álvarez 2001; 2002; 2007). No obstante, las políticas de lucha contra las drogas han supuesto nuevas presiones en el ecosistema (McSweeney 2015), lo cual deviene la más reciente preocupación en la agenda de investigación relacionada con el nexo entre narcotráfico y medio ambiente. Encontrar respuestas a preguntas como, ¿de qué forma las políticas de lucha contra las drogas perjudican el medio ambiente?, y ¿cuáles son las consecuencias de las políticas de erradicación de cultivos de droga en el ecosistema?, representan un punto de partida hacia una aproximación académica no convencional en los estudios sobre el narcotráfico.

Las políticas antidrogas varían de país a país, sin embargo, tienen algunas consecuencias en común. Por un lado, la erradicación de cultivos de droga ha desplazado a los productores hacia zonas con alta concentración de biodiversidad o focos. En el caso colombiano, ello aumentó la deforestación (Dávalos, Sánchez, y Armenteras 2016). Esto es posible debido a que los grupos ilegales se adaptan a las políticas de fumigación, reubicando cultivos en zonas de difícil acceso (Rincón-Ruiz y Kallis 2013). Por otro lado, recientes investigaciones dan cuenta de la conexión entre la militarización de la lucha contra las drogas y la degradación ambiental (transferencia de riesgo militar /Treatmill of Destruction).

La teoría Treadmill of Destruction plantea que las Fuerzas Militares poseen dinámicas, actividades y usan tecnologías que generan profundos impactos ambientales (Hooks y Smith 2004; 2005). Estudios sobre el papel de los militares en la guerra analizan el efecto ambiental que generan sus actividades: uso de armas peligrosas, contaminación y devastación de ecosistemas, alta quema de combustibles fósiles, entre otros (Davis 2002; Klare 2002; Pellow 2007). Según Smith, Hooks y Lengefeld (2014), la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha incluido el uso de químicos que, más allá de controlar los cultivos y suprimir la producción de droga, transfieren los riesgos de las actividades militares al medio ambiente (Bruggen et al. 2018). Amenazan, de la misma forma, la salud de la población (Benachour y Séralini 2009; Gasnier et al. 2009; Bruggen et al. 2018).

El debate sobre las consecuencias de la fumigación aérea con químicos como glifosato y sus impactos en la salud de las personas, así como en la fauna y flora, ha aumentado tanto a escala nacional como internacional. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, luego de varias evaluaciones, clasificó al glifosato como un herbicida “probablemente cancerígeno para los humanos” (Organización Mundial de la Salud 2015, 1). Aumentó así la controversia respecto a su uso tanto en la erradicación de cultivos ilícitos como en actividades agroindustriales. Países como Luxemburgo y Austria han iniciado procesos de restricción al uso del glifosato en diferentes herbicidas. Luxemburgo, por ejemplo, anunció que el 31 de diciembre de 2020 abandonará el uso del glifosato en sus actividades agroindustriales, convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea en prohibir el químico, como un paso hacia productos fitosanitarios ecológicos (Ministerio de Agricultura Viticultura y Desarrollo Rural de Luxemburgo 2020).

En Colombia, a partir de la evaluación del IARC, el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió suspender el uso del glifosato en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), invocando el principio de precaución, contenido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y aprobado en Ley 165 de 1994. El uso del glifosato puede repercutir en la salud de las personas y generar degradación ambiental (Consejo Nacional de Estupefacientes 2015). A su vez, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-236/2017, ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el PECIG en todo el territorio nacional debido a una amenaza de vulneración de derechos fundamentales (consulta previa, derecho a la salud y a un ambiente sano) en la comunidad de Nóvita, Chocó (Corte Constitucional de Colombia 2017).

La academia no ha sido ajena a esta realidad. Bruggen et al. (2018) han concluido que la acumulación del glifosato en el medio ambiente ha causado cambios en la composición del suelo y las plantas, generando efectos crónicos en la salud de personas y animales. Además, se ha comprobado que el glifosato puede aumentar la resistencia a los antibióticos. En la misma línea, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia realizaron un estudio sobre el impacto del glifosato en algunas especies nativas de la fauna colombiana. Se encontró que el yamu, el bocachico del Magdalena y el pez fantasma, expuestos a determinadas concentraciones de glifosato, mostraron efectos como signos nerviosos, dificultad respiratoria y oxidación en branquias, hígado y glóbulos rojos (González et al. 2012).

La Comisión Global de Política de Drogas, una organización conformada por exjefes de Estado/Gobierno y líderes mundiales, ha llamado la atención sobre la necesidad de reformar las políticas de drogas, de forma que se enmarquen dentro las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La prevención de fumigación aérea y la restricción al uso de pesticidas altamente tóxicos para la erradicación de cultivos contribuye al logro de los objetivos 2 (hambre cero), 13 (acción por el clima), 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres). Estas recomendaciones están encaminadas a prevenir que sustancias nocivas afecten la salud de comunidades, sus cultivos lícitos y la producción de alimentos, y destruyan hábitats naturales y ecosistemas tropicales (Comisión Global de Política de Drogas 2018; Pauker 2003).

Los impactos del narcotráfico y la lucha contra las drogas en el medio ambiente nos proponen una nueva agenda de investigación. El enfoque ambiental en los estudios sobre el narcotráfico puede brindar un nuevo panorama sobre la relación que existe entre las políticas antidrogas y la degradación ambiental. A partir de ahí, es posible identificar impactos tangibles que lleven a formular estrategias de desarrollo a largo plazo para solucionar y/o mitigar las consecuencias de la lucha contra las drogas sobre el medio ambiente.

Conclusiones

Se identificaron tendencias y espacios vacíos en la agenda de investigación tradicional, por lo que se aporta al estado del arte en la materia. Los abordajes académicos clásicos sobre el narcotráfico han estado concentrados en las dinámicas y flujos de los mercados de las drogas, el impacto sobre la seguridad y la arquitectura de políticas públicas en la materia. Así, presentan aportes desde una sola arista del fenómeno

Construir nuevas aproximaciones a la agenda de investigación sobre el narcotráfico en el siglo XXI permite ampliar el panorama analítico, involucrar de manera compleja tres escenarios poco explorados y preparar nuevos enfoques para avanzar en las futuras investigaciones. La propuesta de la intersección entre regímenes políticos y narcotráfico puede ser que, a mayor rigidez de los sistemas políticos, mayor tendencia a la complicidad con el narcotráfico. En ese sentido, debe entenderse el narcotráfico desde un abordaje que privilegie el régimen político.

Se argumenta que el diseño institucional y político de los Estados puede brindar ventajas y desventajas para que la ilegalidad prospere, tal como señalan Snyder y Durán-Martínez (2009). En ese sentido, se concluye que los procesos de autocratización facilitan la inserción del narcotráfico, debido a la concentración de poder, que debilita los contrapesos institucionales. Esto permite arreglos más ágiles y directos entre actores gubernamentales, sin el riesgo de rendición de cuentas tanto de la sociedad como de las instituciones.

Con la consolidación del autoritarismo, la normalización de prácticas genera una estabilidad que favorece el negocio ilícito y la supervivencia del régimen mediante los réditos que logra sustraer del tráfico de drogas. Esta primera aproximación es una oportunidad para ampliar la agenda de investigación, incluso con sus dificultades metodológicas.7 Los procesos de autocratización y los potenciales regímenes autoritarios que surgen de esa dinámica pueden considerarse explicaciones de la expansión y la estabilidad del tráfico de drogas.

Por otro lado, la idea de entender las dinámicas y lógicas del narcotráfico desde la paradiplomacia genera visiones alternativas sobre las conexiones, las relaciones de poder y la mitigación de los costos de transacción para el crimen. Una noción compleja que intenta entender sinergias, presencia y roles entre grupos, organizaciones e individuos en la arquitectura narcotraficante.

Finalmente, la tercera aproximación hace énfasis en que la lucha contra las drogas ha supuesto presiones sobre el medio ambiente, tanto por la erradicación de cultivos ilícitos como por la militarización de la lucha contra las drogas. Enfoques como la transferencia del riesgo militar y la teoría de Treadmill of Destruction brindan nuevas aproximaciones, que responden al interés por analizar los impactos ambientales del narcotráfico, visto como un fenómeno complejo, que no solo comprende los cultivos y la producción de droga, sino políticas estatales que generan degradación ambiental. De esa manera, la presente propuesta de construcción de agenda de investigación intenta romper con los marcos analíticos tradicionales sobre el narcotráfico, al apuntar a sus causas subyacentes, a la sinergia con los regímenes autoritarios, a la relación paradiplomática entre grupos y actores, así como al impacto sobre el medio ambiente.

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1China es la excepción porque su régimen político se configura como un modelo autoritario de partido único.

2Huntington (1994) ubica el inicio la Tercera Ola de la Democracia en Europa, con la caída de los regímenes autoritarios en Portugal (1974) y España (1975). Entre 1974 y 1990 la democracia se expande en América Latina y Asia, como lo demuestran los casos de Ecuador (1979), India (1980), Bolivia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Filipinas (1986), Corea del Sur (1987), Pakistán (1988), Chile (1989), Panamá y Nicaragua (1990).

3“This raises the question, are state-sponsored protection rackets feasible in democratic systems? (…) More generally, what is the relationship between the type of political regime and violence in illicit markets? (…) durable Institutions of protection may prove harder to sustain in democratic systems. Hence, the likelihood that illicit markets will generate violence may be higher in democracies than in non-democracies. La anterior traducción es hecha por los autores del artículo”.

4Duncan (2014, 3) define el oligopolio de coerción como sistemas autoritarios subnacionales que se caracterizan por un permanente papel de la violencia en las relaciones del poder local con la población y el Estado.

5Entre los funcionarios acusados y sancionados por diversos países por su presunto relacionamiento con actividades de tráfico de drogas están Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, Tareck El-Aissami, vicepresidente sectorial de Economía, Henry Rangel Silva, gobernador del Estado Trujillo y Néstor Reverol, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

6Tras las revelaciones del programa 60 minutes del periodista estadounidense Mike Wallace en donde se acusaba de complicidad a altos funcionarios bolivianos con capos del narcotráfico boliviano, Estados Unidos retiró a su embajador en La Paz y cortó su ayuda económica y militar al régimen boliviano.

7Más allá de las implicaciones éticas de la investigación, la principal dificultad se concentra en la recolección de datos sobre el tráfico de drogas. Estos datos pueden tener vicios de certeza, por la influencia de funcionarios y agencias estatales, y por la opacidad característica de los regímenes autoritarios.

Recibido: 16 de Marzo de 2020; Aprobado: 27 de Mayo de 2020

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