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URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

versión On-line ISSN 1390-4299versión impresa ISSN 1390-3691

URVIO  no.28 Quito sep./dic. 2020

https://doi.org/urvio.28.2020.4410 

Articles

Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico

Organized Crime and Value Chains: Ecuador's Strategic Rise in the Drug Trafficking Economy

Crime organizado e cadeias de valor: ascensão estratégica do Equador na economia do narcotráfico

1 Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor) , Ecuador, renato.rivera89@gmail.com,

2Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador, carlosemilio3101@gmail.com


Resumen

La investigación tiene por objetivo identificar la inserción estratégica del Ecuador en la cadena de valor del narcotráfico. Mediante una metodología cualitativa, técnicas de teledetección, análisis geográfico espacial, entrevistas semiestructuradas y análisis de información de fuentes primarias y secundarias, se caracteriza el ascenso del narcotráfico en la frontera norte. El estudio concluye que el Ecuador pasó de ser un país de tránsito a un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico. Las evidencias generadas a partir del hallazgo de 700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, las múltiples rutas de abastecimiento desde Colombia, así como las disputas territoriales y el incremento de la violencia desde 2015 a 2019 hacen del Ecuador un territorio ideal para la economía global del crimen organizado.

Palabras clave: cadenas de valor; crimen organizado; cultivos de hoja de coca; economía política del crimen organizado; Ecuador; frontera norte; narcotráfico

Abstract

The research aims to identify Ecuador's strategic insertion in the Drug Trafficking Value Chain. Through qualitative research, remote sensing techniques, spatial geographic analysis, semi-structured interviews and analysis of information from primary and secondary sources, the rise of drug trafficking on the northern border is characterized. The study concludes that Ecuador went from being a transit country to a country that occupies a privileged position in the value chain of drug trafficking. The evidence generated from the discovery of 700 hectares of illicit coca leaf crops in Esmeraldas, Carchi and Sucumbíos, the multiple supply routes from Colombia, as well as territorial disputes and the increase in violence from 2015 to 2019, make Ecuador an ideal territory for the global economy of organized crime.

Key words: coca leaf crops; drug trafficking; Ecuador; northern border; organized crime; political economy of organized crime; value chains

Resumo

O objetivo da pesquisa é identificar a inserção estratégica do Equador na cadeia de valor do narcotráfico. Por meio de pesquisa qualitativa, técnicas de sensoriamento remoto, análise geográfica espacial, entrevistas semiestruturadas e análise de informações de fontes primárias e secundárias, caracteriza-se o aumento do tráfico de drogas na fronteira norte. O estudo conclui que o Equador deixou de ser um país de trânsito para um país que ocupa uma posição privilegiada na cadeia de valor do tráfico de drogas. As evidências geradas a partir da descoberta de 700 hectares de plantações ilícitas de coca em Esmeraldas, Carchi e Sucumbíos, as múltiplas rotas de suprimento da Colômbia, bem como disputas territoriais e o aumento da violência gerada de 2015 a 2019 no período analisado fazer do Equador um território ideal para a economia global do crime organizado.

Palavras Chave: Cadeias de valor; crime organizado; Economia Política do Crime Organizado; Equador; fronteira norte; narcotráfico; plantações de folha de coca

Introducción

El Crimen Organizado Transnacional (COT) crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención. Opera bajo una modalidad delictiva con direccionamiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad. Al igual que los procesos de globalización y liberalización del comercio internacional, las dimensiones clandestinas de la globalización involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos transfronterizos de personas, dinero e información.

Durante la última década, los estudios de Economía Política Internacional (EPI) desarrollaron aportes fundamentales para comprender la relación entre los Estados y los mercados ilícitos (Andreas 2004), así como las dinámicas de las economías criminales controladas por organizaciones dedicadas al narcotráfico (Ávila et. al 2017). Sin embargo, no existe una conceptualización o un ejercicio metodológico multidisciplinario para identificar y caracterizar las cadenas de valor del narcotráfico desde una mirada de la EPI, por dos razones. Primero, las economías ilícitas han surgido como una respuesta al mercado criminal del narcotráfico a partir del caso colombiano, obviando la importancia de las cadenas de suministro para la fabricación de ilícitos y su conexión con mercados fronterizos. Segundo, la academia y los tanques de pensamiento han enfocado su atención desde el derecho, en explicar el “modo empresarial” del COT a partir de las mafias italianas.

Hace más de una década, el trabajo pionero de Espinosa (2007) abrió una brecha interpretativa sobre las cadenas de valor criminal transfronterizas, al proponer una lectura económica al narcotráfico y dejar de lado los estudios tradicionales de seguridad nacional, que entendían el fenómeno como un problema geopolítico que requería respuestas desde la fuerza militar.

Ante esa propuesta, la siguiente investigación propone entender el narcotráfico desde las contribuciones de las teorías del comercio internacional, específicamente desde las cadenas globales de valor, por tres grandes razones. Primero, las cadenas de valor desagregan individualmente las actividades y estrategias que cada organización criminal desempeña dentro del narcotráfico. Segundo, la investigación rompe la cuasi universalidad de estudiar al narcotráfico desde una lógica monopólica y doméstica, como parte de la cual las organizaciones mantienen una estructura de grandes carteles: cada una se encarga de controlar todas las facetas de producción, desde la cosecha de hoja de coca hasta la venta en los grandes mercados de consumo. Tercero, tanto los analistas de inteligencia, policías, militares y la academia, asumen el narcotráfico como un proceso de encadenamiento productivo, pese a que no existe un acercamiento teórico, conceptual y metodológico a dicho análisis.

Los modelos explicativos clásicos sobre el COT sufren tensiones metodológicas al momento de incorporar territorios y dinámicas espaciales en sus análisis. Este es el caso de aplicar las conceptualizaciones del crimen organizado a dinámicas fronterizas, que dejan de ser parte de ese constructo narrativo del imaginario nacional para convertirse en territorios caracterizados por la ausencia estatal, al presentar serios déficits de soberanía y desarrollo humano, ocupados por el COT, como ocurre en el caso colombiano y en menor medida en el caso ecuatoriano.

La literatura dedicada al narcotráfico en el Ecuador ha focalizado su atención en incautaciones de droga y en la relación que se mantiene con la dinámica criminal colombiana (Páez 1991; Pontón 2013; Rivera Vélez y Torres 2011). Se asevera que, a partir de esta articulación interdependiente, el Ecuador se ha mantenido como un país de tránsito y no como un país de producción de drogas (UNODC 2015a). Sin embargo, el narcotráfico ha sufrido cambios importantes en la última década, que requieren especial atención, como el proceso y la firma de la paz en Colombia en 2016 y la consolidación de las organizaciones criminales mexicanas en el mercado global de la cocaína. Esos cambios llevan a pensar que la frontera colombo-ecuatoriana modificó la condición histórica del Ecuador como país irrelevante en el tránsito y almacenamiento. De esa forma, se ha convertido en un país que ocupa un puesto privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico, al incrementar exponencialmente su participación en la producción, el refinamiento, el almacenamiento y el transporte de drogas ilícitas.

Ante una evidente ausencia de control en las fronteras, el fenómeno criminal internacional parecería prosperar mejor en una situación donde las políticas emprendidas por los Estados para mitigar la problemática son débiles y la cooperación bilateral es limitada. Por tanto, la dinámica de la economía ilícita de la frontera colombo-ecuatoriana, en la que convergen procesos de innovación, eficiencia de las actividades y formación de redes de narcotráfico, establece al territorio como el “Silicon Valley de la producción de cocaína”.

La investigación tiene por objetivo identificar la inserción estratégica del Ecuador en la cadena de valor del narcotráfico. A través de la teoría de ventajas competitivas, se busca caracterizar los eslabones de la cadena de valor y evaluar el ascenso estratégico del crimen organizado en la frontera norte ecuatoriana. El estudio toma como punto de partida el último Informe de monitoreo de cultivos ilícitos realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) de 2015 y culmina con la evaluación situacional del narcotráfico en Ecuador en 2019. Su temporalidad obedece a un crecimiento considerable de actividades delictivas de grupos de delincuencia organizada y sus operaciones vinculadas al narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana, que derivaron en el aumento de homicidios, secuestros, atentados contra infraestructura e incautaciones de droga y precursores, así como al aumento de plantaciones de hoja coca en la frontera sur de Colombia y a la evidencia de presencia de cultivos en la frontera ecuatoriana.

Para identificar la inserción y el ascenso estratégico del Ecuador en la cadena de valor del narcotráfico, se incorporaron técnicas de investigación cualitativa y se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores clave, que prefirieron mantener su anonimato. Asimismo, el estudio accedió a diversas fuentes de información primarias y secundarias, que permitieron complementar la caracterización de las cadenas de valor del narcotráfico en la frontera. Para la identificación de cultivos ilícitos, pistas no reguladas, laboratorios y rutas, la investigación incorporó técnicas de teledetección y análisis geográfico, para generar información empírica sobre las actividades ilícitas llevadas a cabo en la frontera norte ecuatoriana.

El artículo está dividido en tres grandes secciones. La primera presenta un estado del arte del crimen organizado mediante la EPI y contribuye a la discusión de la economía política del crimen organizado. Adicionalmente, conceptualiza las cadenas de valor del narcotráfico mediante la adaptación de las teorías de ventajas competitivas. En la segunda sección se analiza la inserción del Ecuador en las cadenas de narcotráfico durante el periodo 2015-2019. Por último, se presentan las conclusiones, a partir de los principales hallazgos, y recomendaciones para próximas contribuciones académicas en el área.

Crimen organizado: economía política y cadenas de valor

El COT se distingue por los niveles de actuación y su participación en las economías ilícitas. Esta participación por lo general depende de la concentración y el rédito de actividades productivas, el impacto político y social entre sus interactuantes, y los niveles de organización y violencia de las organizaciones.

El fenómeno emerge y se consolida en ausencia del Estado, aprovechando una serie de factores como geografía, baja coordinación estatal e interestatal, diversidad étnica y cultural, bajo desarrollo y baja o limitada inserción laboral. Así como toda parte de la economía lícita cuenta con su parte ilícita (Andreas 2004), la globalización de la economía y la interdependencia de los mercados ha llevado a facilitar el mercado ilícito de una serie de commodities ilegales.

Bajo esa premisa, la economía política del crimen organizado (EPCO) no solo tiene por objetivo comprender las relaciones de poder entre los Estados y los mercados ilícitos, sino aquellas que se dan entre diversas organizaciones en los mercados ilícitos. La clave en esa relación es descifrar cómo las interacciones criminales generan consecuencias en los Estados y gobiernos de turno. Sin embargo, la falta de datos fiables dificulta una demostración empírica de dicha relación.

La EPCO parte de que las organizaciones criminales tienen un objetivo netamente lucrativo, basado en una evaluación y dirección a partir de la lógica de mercado. Para maximizar beneficios, las organizaciones implementan una serie de estrategias como generar alianzas criminales y establecer mecanismos de corrupción con los gobiernos de turno.

Toda economía ilícita se entiende como un conjunto de actividades encadenadas en torno a la producción y venta de commodities ilícitos. Su precio se fija de acuerdo con una relación de oferta y demanda, en la que se establecen diversas estrategias de transporte y distribución por medio de lo ilícito. Según esa relación de oferta y demanda, las organizaciones interactúan en un constante proceso de disputa de territorios y nichos de mercado. De hecho, la producción y el consumo, según Rivera Vélez (2017), no pueden subsistir sin el consentimiento del Estado. Es así que las relaciones de poder surgen por medio de la regulación de las actividades económicas entre organizaciones, traducida por medio de la violencia, o mediante la interacción entre las entidades de control y el crimen organizado.

Asimismo, surgen asimetrías de poder económico entre las organizaciones que más reciben y aquellas que perciben ganancias marginales en la cadena de lo ilícito. De esta última, según Andreas y Durán (2015), se ha generado una fuente importante de conflicto entre las organizaciones que se dedican a la producción y el transporte de sustancias.

El crimen organizado parte de la necesidad de la formación de redes, la fragmentación de la producción, las estrategias emprendidas y el control criminal, así como una consecuente división y especialización social del trabajo. El poder y liderazgo de las actividades no concentra una relación monopólica tradicional, como en las organizaciones narcotraficantes colombianas, sino que establece una relación de poder dispersa y difusa (FIP 2016), que requiere un proceso de visibilidad de liderazgo.

La diferenciación de los bienes y servicios producidos por las organizaciones criminales requiere una mirada sistémica, caracterizada por identificar el tipo de consumidores, las áreas geográficas y los métodos de distribución. Traer a los estudios de seguridad herramientas como las cadenas de valor permite examinar todas las actividades que una empresa criminal realiza y cómo su interacción determina la ventaja competitiva criminal. Asimismo, analizar el crimen organizado desde esta herramienta establece la interdependencia entre un eslabón y el otro, al analizar las diversas estrategias de optimización y coordinación, que determinan el precio de venta al consumidor.

La figura 1 muestra el modelo básico de encadenamiento productivo criminal, que desagrega las actividades criminales en tareas puntuales emprendidas dentro del producto del ilícito en todas sus facetas. Este análisis establece el comportamiento de las organizaciones, el costo de los bienes ilícitos y las principales fuentes que determinan el accionar del crimen organizado transnacional bajo un direccionamiento estratégico empresarial.

Figura 1 Flujograma de las cadenas de valor del COT 

A continuación, se describen los eslabones de la cadena de valor del crimen organizado (CVCO).

Factores de producción

Adaptando el concepto neoclásico ricardiano del comercio internacional, las organizaciones criminales producen los bienes y servicios en los cuales son más eficientes. Por ende, los factores de producción son todos los insumos necesarios para competir en cualquier sector, tales como mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales e infraestructura para la producción de commodities. Estas emprenden por lo menos cuatro grandes estrategias para mantener la producción del cultivo de hoja de coca.

  1. Efecto globo: traslado de los cultivos, producción o tráfico de coca de una región y/o país a otro. Como resultado de la intensificación de controles, la producción se traslada, muta y varía en los tres países andinos, tal como sucedió entre Ecuador y Colombia en los 80 y entre Perú y Colombia en los 90.

  2. Efecto mercurio: dispersión de cultivos, producción o tráfico en una misma zona o múltiples zonas, tal como se mostró con la implementación del Plan Colombia, la política de erradicación forzosa en Perú en los 90 y la aplicación del Plan Dignidad en Bolivia a inicios del siglo XXI.

  3. Efecto membrana: fronterización de los cultivos, producción o tráfico con fines ilícitos, evidenciado desde la década de los 2000 en Nariño y Putumayo, fronterizo con Ecuador, en la triple frontera del Putumayo y la zona de La Convención y Lares en el Perú, fronterizo con Brasil y Bolivia (Cabieses 2007 en Riquelme, Salinas y Franco 2019).

  4. Efecto dominó: concentración o reacción en cadena de cultivos, producción o tráfico con fines ilícitos. Si las condiciones son favorables para producir y los controles son débiles y deficientes, la materia prima migra y se expande a lugares próximos, como el aumento paulatino de los cultivos de hoja de coca en la frontera entre Perú y Colombia y su expansión a la frontera común con Ecuador, desde el año 2015.

Adicionalmente, en ese eslabón, la mano de obra barata resulta fundamental para sostener las acciones ilícitas. Por ejemplo, los campesinos productores de la hoja de coca o “jornaleros” en la región andina juegan un papel fundamental en la producción, puesto que ello involucra una base social que presiona al Estado y, en cierta forma, mantiene su subsistencia (Páez 1991). Así sucede en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) del Perú, en los altos de Bolivia y en el Caquetá colombiano.

Rivalidad y competencia

Las organizaciones compiten por uno o más sectores de la producción de bienes criminales. Ese proceso lleva a una organización a emprender diversas estrategias para generar mayores réditos económicos que otras. Si bien los límites políticos no son un obstáculo para el COT, las estrategias y formas de organización varían dependiendo de los sectores de la cadena de valor del ilícito.

La lógica empresarial evalúa los riesgos y las vulnerabilidades de sus operaciones en dependencia de las facilidades que otorgan los Estados para el cometimiento de los ilícitos. Las estrategias emprendidas por el COT requieren un proceso de evaluación de la información disponible, el comportamiento del resto de actores, así como las relaciones de poder en juego (Rivera Rhon 2019, 28).

Por otro lado, las rivalidades internas en todas las facetas llevan a que las organizaciones puedan reducir los costos operativos -de producción o de transporte-, especializarse en un eslabón en la cadena del narcotráfico -como intermediarias, emisarias o prestamistas- o cumplir roles específicos para la producción, el transporte y la venta de drogas ilícitas.

Sectores proveedores y logísticos

Un tercer componente de las CVCO depende de la presencia de sectores proveedores o sectores conexos internacionalmente competitivos, conocidos como clusters. Los clusters empresariales tienden a establecerse bajo una concentración geográfica de compañías, organizaciones e instituciones relacionadas, en un campo en particular, que puede estar presente en una región o Estado (Porter 1983).

Las organizaciones criminales, además de innovar la producción de drogas ilícitas mediante la inversión de capital en la cosecha de hoja de coca y el refinamiento de la pasta base de cocaína, constantemente innovan en métodos de transporte y acopio de drogas ilícitas. En dependencia del tipo de control emprendido, varían sus estrategias, tales como la contaminación de contenedores en puertos mediante varios métodos -gancho ciego, rip off, gancho blanco y contaminación en altamar-, o la utilización de medios de transporte acuáticos, terrestres y aéreos -correos humanos-, el transporte de sustancias mediante lanchas rápidas go fast y la utilización de avionetas pequeñas tipo Cessna.

El uso y el aparecimiento de las rutas de las economías ilícitas atrae la atención de los gobiernos. Ante esto, las organizaciones criminales emprenden un sinnúmero de estrategias para cambiar o renovar sus rutas hacia los mercados de destino. Por ejemplo, los cambios de rutas de la cocaína por el Caribe en la década de los 90, al Pacífico en la década de los 2000, llevan a pensar que “el desplazamiento hacia nuevos puertos de salidas y otras rutas significa un crecimiento importante del poder del narcotráfico en otros países” (Pontón 2013, 145). Esto se expresa principalmente en un mayor poder de las organizaciones dedicadas a actividades logísticas y una mayor capacidad de reproducción económica en nuevos mercados.

Composición de la demanda

Las empresas criminales establecen sus estrategias frente a otras organizaciones mediante la composición de la demanda. Para determinar el precio de los ilícitos, aquellas que se dedican a la producción de cocaína perciben, interpretan y dan respuestas a las necesidades de los compradores. Determinar el mercado de consumo y sus tendencias es fundamental para comprender las necesidades de los consumidores y las estrategias emprendidas.

A partir de esa dinámica, surgen otros elementos, como la “presión de la demanda” por la innovación de los productos, los cuales determinan la pureza de las drogas producidas entre Perú y Colombia, sus mercados y sus múltiples variaciones de acuerdo con el destino. Asimismo, surgen otras variables cualitativas como la exigencia de los mercados de consumo y la diferenciación de drogas solicitadas. Durante el proceso de exportación, los alcaloides pueden sufrir manipulación de los productos o aumentarse su cantidad al mezclarse con otros productos como el Fentanilo. En otras palabras, las organizaciones modifican su mercado dependiendo de las elecciones del consumidor y los costos de venta, por lo cual la pureza, los efectos y las reacciones de la sustancia son consecuencia de la presión de la demanda de los mercados internacionales. En conclusión, y de acuerdo con lo que plantea la Organización de Estados Americanos (OEA 2014), el mercado de consumo define la rentabilidad del negocio, tanto para las organizaciones que expenden las sustancias como para aquellas que aseguran los envíos a los mercados de destino.

Gobierno

La literatura que estudia el COT (Andreas 2004; Buscaglia y Van Dijk 2003; Sansó-Rubert 2009; Riccardi y Berlusconi 2016) ha dedicado especial atención a determinar el rol de los Estados en contrarrestarlo o influir positivamente en él. Los resultados parecen prometedores para el crimen organizado, al dar luces sobre la dificultad de combatirlo en su totalidad. Ello parecería indicar que los gobiernos pueden influir positiva o negativamente en cada uno de las variantes anteriores.

Los gobiernos tienen una influencia vital por la relación entre la corrupción de sus funcionarios y el éxito de las actividades ilícitas llevadas a cabo en los países. Los gobiernos establecen estrategias de fortalecimiento de normas, generación de políticas de seguridad o reglamentos que delimitan el mercado de oferta y demanda. Por un lado, “la corrupción puede interpretarse como evidencia de poder estatal: los grupos criminales tienen que sobornar y pagar al Estado porque no pueden intimidar por completo y evitarlo para permanecer en el negocio” (Andreas 2004, 647). Por otro, el Estado puede resultar un actor secundario, por la debilidad institucional, el legado de corrupción de los políticos y la falta de recursos para generar estrategias de desarrollo en zonas rurales.

Por presiones externas, los gobiernos pueden emprender estrategias para reducir los factores de producción. Sin embargo, la corrupción de sus filas dificulta e incluso genera que las organizaciones tengan mayor acceso a los factores de producción. Asimismo, la débil aplicación de políticas de la salud dedicadas a establecer mecanismos para abordar al consumo de drogas como un problema de salud pública reduce la posibilidad de que las organizaciones criminales tengan un menor mercado. Por lo tanto, el éxito de las economías ilícitas frente a las estrategias de control del COT por parte de los gobiernos se fundamenta en la hipótesis de que, mientras el control político es débil, los representantes del Estado tienen mayor probabilidad de insertarse en la cadena de valor del narcotráfico.

La inserción estratégica del Ecuador en la cadena de valor del narcotráfico: 2015-2019

Históricamente, Ecuador ha mantenido una dinámica sociocultural distinta a la del resto de los países andinos, por la ausencia de cultivos ilícitos en su territorio. Sin embargo, la presión de la concentración de cultivos en la frontera de países vecinos indicaría que el Ecuador pasó de ser un país libre de cultivos ilícitos, a evidenciar la presencia de este tipo de cultivos en su zona fronteriza desde el año 2015.

En ese año, la cantidad de coca sembrada en Colombia alcanzó las 96 000 hectáreas, mientras que en 2019, eran 169 000 hectáreas (UNODC 2019a); es decir, hubo un incremento porcentual del 76 % de los sembríos. Esto es preocupante para el Ecuador, a razón de que el incremento de cultivos se dio principalmente en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo. Ese incremento se visualiza en el mapa 1, mediante la comparación de la densidad de sembríos (ha/km2) en la frontera con Ecuador 2015-2019. Ello es entendido como un efecto membrana o fronterización de los cultivos ilícitos.

Mapa 1 Variación en la producción de cultivos ilícitos en la frontera sur colombiana (2015-2019) 

Existen una serie de factores históricos y sociológicos que explican con mejor detalle la ausencia de cultivos de coca y la presencia de grupos narco-guerrilleros en la frontera del Ecuador con Colombia, asociados con:

  1. la temprana desaparición del consumo ritual y cultural de los cultivos de coca en la administración colonial, por la acción de la Iglesia católica, a diferencia de países andinos que inclusive mantienen políticas de siembra controlada de cultivos de hoja de coca;

  2. la ocupación efectiva del territorio nacional en las fronteras ecuatorianas por las fuerzas estatales de seguridad, fenómeno motivado por las políticas de extracción petrolera en provincias colindantes con Colombia, además de la constante amenaza de guerra interestatal que existió con el Perú en las décadas de los 80 y 90;

  3. y el tipo de organización y control comunitario indígena en grandes extensiones de territorio fronterizo, especialmente en la selva amazónica ecuatoriana.

La sumatoria de esos factores diverge la presencia en las fronteras ecuatorianas con respecto a la fragilidad, la vulnerabilidad y la falta de soberanía del Estado colombiano sobre sus espacios territoriales fronterizos con el Ecuador. El Ecuador mantiene la ilegalidad de la cocaína desde 1924. Asimismo, la Ley sobre el Tráfico de Materias Primas, Drogas y Preparados Estupefacientes de 1958, con múltiples reformas, planteaba la prohibición de la siembra, el cultivo y la explotación de la coca y sus variedades. Sin embargo, su cercanía con el país de mayor producción, refinación y exportación de cocaína convirtió al Ecuador desde la década de los 80 en un “punto privilegiado para cumplir funciones de tránsito y apoyo logístico del narcotráfico” (Páez 1991, 144).

A esto debemos agregar que en el año 2016 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que “el 30 % de los cultivos en Colombia se encuentran a menos de 20 km de la zona de frontera con Ecuador” (UNODC 2017). Este dato es sumamente preocupante si se analiza por municipio. En 2016, Tumaco reportó la mayor cantidad de hectáreas de coca del país, con 23 148 hectáreas de cultivos ilícitos. Esta cercanía de cultivos, a la que se deben agregar las disputas territoriales entre organizaciones criminales luego de la firma de la paz en 2016, dejan al Ecuador como un Estado altamente vulnerable frente al narcotráfico. La vulnerabilidad se evidencia, además, en los puertos de Esmeraldas y Manta, que a falta de control de narcóticos devienen “puntos sensibles de envío de cocaína en los cuales convergen un alza de homicidios, robo agravado, secuestro y extorsión” (informante anónimo de Dirección Antinarcóticos, agosto de 2019).

Desde el lado peruano, en la triple frontera también se evidencia la fronterización. Según información suministrada por Devida de Perú, en 2017, el sector del Putumayo peruano registró 1376 hectáreas de concentración de cultivos de coca. Esa fronterización se pudo apreciar en el mapa 1, correspondiente a la triple frontera entre Ecuador, Colombia y Perú, donde los cultivos ilícitos se encuentran a menos de dos kilómetros de los límites políticos internacionales.

Con esos antecedentes, cabe preguntar: ¿el Ecuador mantiene su estatus de país libre de cultivos ilícitos? La información recogida a continuación muestra que, desde 2015, el país deja de ser un territorio libre de cultivos para convertirse en uno con presencia de sembríos ilícitos de hoja de coca. Mediante detección satelital, la investigación pudo constatar que, de 2015 a 2019, se registra un aumento en la presencia de cultivos ilícitos en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos.

Esto conlleva que la industria del narcotráfico en la frontera entre Ecuador y Colombia sobreviva, al deslizarse de una jurisdicción a otra, burlando fácilmente los esfuerzos descoordinados de ambos países (Wainwright 2016, 78). Ese conjunto de factores asociados con una cultura de ilegalidad hace que la frontera entre Ecuador y Colombia se constituya actualmente como el espacio idóneo para el desarrollo, la innovación y el crecimiento de la industria del narcotráfico.

Factores de producción: cultivos ilícitos de hoja de coca en Ecuador 2018-2019

Desde 2018, diversos análisis de teledetección dan cuenta de que el Ecuador se ha convertido en un país con cultivos ilícitos de hoja de coca. El exministro del Interior del Ecuador, César Navas, planteó en un medio televisivo durante el secuestro a los periodistas de El Comercio que la plantación de palma africana limita la presencia de cultivos ilícitos en la frontera. Sin embargo, un análisis en mayor amplitud realizado por los investigadores pudo identificar que los sembríos de palma no son garantía de una utilización lícita de la tierra, ya que pueden ser utilizados con el fin de camuflar cultivos ilícitos, tal como se evidencia en el mapa 2.

Mapa 2 Cultivos mixtos de palma y hoja de coca en Esmeraldas, Ecuador (2018) 

Una de las principales formas que los grupos dedicados al narcotráfico emplean para no ser detectados es la implementación de cultivos mixtos. Ese método impide la detección de plantaciones de coca u otra especie ilícita por medio de firmas espectrales. Mediante el mapa 2 se corroboran espacios de cultivos de palma y hoja de coca, diferenciados por la intensidad de verde fosforescente de los cultivos de hoja de coca versus el verde oscuro de las plantaciones de palma africana.

En el año 2018, las imágenes satelitales recabadas identificaron más de 159 parcelas, que representan alrededor de 700 hectáreas de cultivos ilícitos en las tres provincias fronterizas. Esa información guarda relación con las 512 050 plantas destruidas por la Policía Nacional en 2019,1 el año que más plantas de coca se han destruido desde el registro implementado en la década de los noventa. Las plantaciones reúnen algunos elementos que pueden evidenciar cultivos ilícitos, como son el cambio en la vegetación primaria, el color verde fosforescente particular de la hoja de coca y la similitud de los patrones de cultivos ilícitos del lado colombiano.

El mapa 3, correspondiente a la provincia de Esmeraldas, visibiliza la cercanía de los cultivos ilícitos del lado colombiano, en donde se encuentran hallazgos de cultivos de hoja de coca en territorio ecuatoriano. En el mapa se observan dos parcelas de nueve y 14 hectáreas, lo que suma 21 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Por lo general, se evidencia que tanto los sembríos de los departamentos fronterizos de Colombia como en este caso los del río Mataje utilizan fuentes hídricas para una mayor facilidad en el proceso de riego y una facilidad logística para el envío de la hoja de coca a laboratorios cercanos.

Mapa 3 Presencia de cultivos ilícitos en Esmeraldas (2018) 

A lo largo del río San Miguel, en Sucumbíos, son evidentes las marcas de intervención en el terreno, principalmente en la selva. En el mapa 4 se visualizan plantaciones de cultivos de coca e intervenciones de color blanco que se mantienen a lo largo de todo el río. Se trata de espacios potencialmente utilizados para la siembra ilícita de hoja de coca. Cabe indicar que los ríos son recursos altamente beneficiosos para el cultivo ilícito, a razón de que facilitan el proceso de riego, el transporte hacia los cristalizaderos y permiten la desaparición de evidencia sobre el procesamiento del alcaloide.

Si se toma en consideración la cantidad de laboratorios que han sido detectados en la zona de frontera, se encontraría una importante correlación entre estuarios pequeños, cultivos y laboratorios para el procesamiento de pasta base. De hecho, información de campo daría cuenta de que en 2018 “la presencia de laboratorios o a su vez de ‘cristalizaderos’ se centra en la provincia de Esmeraldas y Sucumbíos, donde existen alrededor de 30 sitios que producen decenas de hoja de coca que luego son transportadas por mar” (Torres y Arroyo 2019, 28).

Mapa 4 Cultivos de coca en Sucumbíos (2018) 

El primer elemento de influencia en el rendimiento de la producción de la cocaína está relacionado con el cultivo y la cosecha de la hoja de coca. Las agencias de control y los Estados enfocan sus esfuerzos en disminuir la cantidad de cultivos de hoja de coca, aunque esto no implique necesariamente una afectación sustancial al COT. Quienes siembran y “raspan” coca del lado colombiano, así como los registros del lado ecuatoriano, son organizaciones que utilizan a campesinos, a quienes les resulta más beneficioso cultivar coca que otros cultivos (Torres y Arroyo 2019).

El procesamiento de la hoja de coca requiere la utilización de precursores químicos para la elaboración del clorhidrato de cocaína. Los principales precursores sólidos utilizados son: bicarbonato de sodio, carbonato de potasio, sosa cáustica y cal; mientras que los principales precursores líquidos son: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, mek, gasolina y hexano.

A esto se debe agregar la descoordinación binacional para generar un listado de precursores químicos controlados y que requieren vigilancia. Colombia, Ecuador y Perú no controlan todos los precursores utilizados en la fabricación de cocaína, lo que facilita el transporte por pasos de frontera no controlados. Por ejemplo, existen precursores que no son controlados en Ecuador y sí lo son en Colombia, como el N Propilo Acetato y el Metabisulfito de Sodio. Estos no pueden ser decomisados según la legislación ecuatoriana. Se debe alertar que, de acuerdo con la Dirección Nacional Antinarcóticos, Esmeraldas incauta precursores con un promedio que va desde el 40 % al 90 % del total nacional. En el 2016, las tres provincias representaron el 72,23 % del total de precursores químicos incautados en el país.

Para asegurar la eficiencia y sostenibilidad de la producción de cocaína, es necesario el abastecimiento logístico y la especialización en la producción: una red de carreteras para proveer suministros, la disponibilidad de diversos precursores químicos, mano de obra barata, así como la inversión en agronomía y la especialización de quienes operan las cocinas de cocaína. En conclusión, la producción de cocaína en territorio colombiano, ante los efectos de la fronterización de los cultivos, ha convertido al Ecuador en un territorio altamente estratégico para el crimen organizado, con cultivos ilícitos de hoja de coca. Si bien la muestra entregada no es representativa en comparación con las 169 000 hectáreas en territorio colombiano, la falta de control integrado en frontera, a lo que se suma un sistema de inteligencia totalmente debilitado y una importante inversión vial en frontera, hacen pensar que el Ecuador podría experimentar un crecimiento importante de cultivos ilícitos en la próxima década.

Rivalidad y competencia

El narcotráfico ha evolucionado y se ha especializado en cada una de sus fases productivas, pasando de una lógica de cartel a una división social del trabajo, en la que cada organización cumple una función específica dentro de la cadena productiva. Las redes de narcotráfico permiten la cooperación con otras organizaciones y actores, como campesinos, transportistas, agentes de control, políticos, entre otros. Las alianzas y disputas presentes llevan a diversas manifestaciones de violencia para controlar o evitar que nuevas organizaciones ocupen las actividades realizadas por las organizaciones criminales. Por ejemplo, estas rivalidades surgen en los Estados fronterizos de México con Estados Unidos, así como en puertos y fronteras entre Ecuador y Colombia, las cuales evidencian las tasas más altas de homicidio, precisamente “porque al ser estos puntos de ingreso y salida escasos, los traficantes de droga están preparados para luchar con uñas y dientes para controlarlos” (Wainwright 2016, 83).

El territorio ecuatoriano permite al COT la facilidad logística, el cambio de jurisdicción, un sistema vial y fluvial que consiente el acceso a aguas internacionales, suministrar combustibles a bajo costo, normativas regionales que permiten el libre tránsito vehicular en zonas de inclusión fronteriza, así como el libre tránsito entre miembros de la Comunidad Andina. De la mano con las facilidades logísticas, la utilización del dólar permite que las mercancías adquieran un mayor precio en este país, ya que cuenta con una divisa apetecible en el mercado criminal y puede ser blanqueado fácilmente ante estrategias estatales inefectivas.

En la frontera norte ecuatoriana operan grupos de delincuencia organizada de varias nacionalidades. En Esmeraldas y Sucumbíos, estructuras criminales multinacionales que operan tanto en Colombia como en Ecuador facilitan una mejor logística para las operaciones delictivas. Es así, que en la frontera

un ecuatoriano se encarga de activar la ruta marítima por Esmeraldas. Otro miembro de la red, de nacionalidad colombiana, diseña la ruta terrestre. Los dos procesos están bajo la supervisión de un mexicano. Él se encarga de analizar el nivel de pureza de la cocaína antes de trasladarla a Centroamérica (Torres y Arroyo 2019, 27).

Los grupos de delincuencia organizada del lado colombiano, ubicados en el municipio de Tumaco -como son el Frente Oliver Sinisterra, las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Ejército de Liberación Nacional, Los Negritos, La Empresa, Nuevo Grupo, Gente del Orden, Águilas Negras y Clan del Golfo (Pares 2018)-, tienen presencia en Esmeraldas y mantienen vínculos con economías ilegales, que operan transnacionalmente mediante la asociación con el Cártel de Sinaloa o el Cártel del Golfo. A esto se suman alianzas con organizaciones locales con presencia en puertos, como los Choneros y los Cubanos, y la violencia generada ante el control de las rutas de cocaína en los puertos y cárceles ecuatorianas (El Telégrafo 2019).

Esa información es contrastada por la Policía Nacional, ya que, luego de la nacionalidad ecuatoriana, colombiana y peruana, la nacionalidad con mayores detenidos por narcotráfico en Ecuador es la mexicana (2018). De acuerdo con un líder comunitario de Sucumbíos, que prefirió mantenerse en anonimato, “los mexicanos son los que operan con las avionetas, quienes se encargan de transportar la droga por aire” (líder comunitario, enero de 2019). La principal organización del narcotráfico en el departamento de Putumayo, que mantiene como límite la provincia de Sucumbíos son ex integrantes de las Farc, la Constru y sus nuevas células denominadas Comando de Frontera (Insight Crime 2019a).

Las organizaciones criminales promueven estrategias “de tipo empresarial”, a fin de obtener una ventaja competitiva en relación con otras. Esa lógica empresarial lleva a evaluar los riesgos y las vulnerabilidades de sus operaciones en dependencia de las facilidades que otorgan los Estados para el cometimiento de los ilícitos. Asimismo, la agresividad hacia la competencia doméstica puede implicar el ejercicio de la violencia por intermedio de homicidios selectivos, la acusación de la competencia a las fuerzas del orden y la difamación de organizaciones de microtráfico.

El Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia indica que “la tasa de homicidios en los municipios con cultivos ilícitos es 111% mayor que aquellos municipios donde no existen cultivos ilícitos” (funcionario del Ministerio de Justicia, agosto de 2019). De la misma forma, de la información suministrada por la Policía Nacional de Ecuador de forma anónima, se puede extraer que, en corredores estratégicos donde circulan drogas ilícitas, las tasas de homicidios duplican o triplican a aquellas de lugares con pocos casos de tráfico de drogas.

Para las organizaciones criminales, es sencillo controlar su capital y prestigio mediante el uso de la violencia. Durante el año 2018 y 2019, Ecuador vivió una serie de atentados sin precedentes, que se relacionaban con grupos de delincuencia organizada. Estos eventos fueron: un coche bomba en el cuartel de Policía de San Lorenzo, un explosivo en la base capitanía de Borbón, el impacto de explosivos a tanqueros de las fuerzas armadas, la detonación de una antena de electricidad en la parroquia Viche, un atentado a un patrullero en Alto Tambo, una detonación en Mataje, que dejó cuatro infantes de marina fallecidos, el secuestro y asesinato de tres periodistas, así como de una pareja.

Por ende, la rivalidad y competencia de las actividades del narcotráfico pasa por organizaciones criminales locales que establecen reglas de juego, realizan maniobras extorsivas u homicidios selectivos en corredores estratégicos de la producción, el tráfico y el expendio de droga. A razón de que las organizaciones criminales no pueden utilizar el sistema legal, la violencia “es el único medio para hacer cumplir los acuerdos contractuales” (Wainwright 2016, 82). Por lo tanto, el incremento o la disminución de homicidios en corredores estratégicos responde a estrategias de rivalidad y competencia entre organizaciones de narcotráfico, por controlar el suministro de cualquier eslabón de la cadena.

Sectores proveedores y logísticos

Para establecer mayores ingresos económicos, ciertas organizaciones promueven la presencia o la ausencia de clusters. En ese sentido, el Ecuador resulta estratégico al encontrarse entre los dos principales productores de cocaína del mundo y su divisa es internacionalmente apetecida. Por tanto, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas utilizan el territorio ecuatoriano como un punto de tránsito, acopio y envío a mercados internacionales.

Para el tráfico entre Colombia y Ecuador, es necesaria una red vial. Entre los dos países existen únicamente dos pasos internacionales autorizados: Rumichaca y San Miguel. Ambos cuentan con Aduana, Migración y Centros Binacionales de Atención Fronteriza (Cebaf). Por otro lado, existen cuatro pasos transfronterizos que no cuentan con la infraestructura de control necesaria: Chiles, Carmelo, Puerto el Carmen y Mataje, que carecen de conexión vial del lado colombiano. A esto debemos agregar que, hasta 2019, se registraron más de 70 pasos fronterizos no autorizados (vías de primer, segundo y tercer orden) entre Ecuador y Colombia, que facilitan el transporte y el abastecimiento de insumos para la producción de sustancias ilícitas, tal como se evidencia a continuación (mapa 5).

Mapa 5 Pasos de frontera y red vial Ecuador-Colombia 

Los controles ejecutados carecen de coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía, pues poseen una deficiente tecnología para la retención de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que facilitan el objetivo de llegar a altamar. La red vial se conecta también en varios casos con ríos, por lo que constituyen corredores estratégicos para el tráfico de drogas hacia Centroamérica. De igual forma, las organizaciones utilizan botes “que tardan entre cinco a diez minutos para llegar a Colombia” (Torres y Arroyo 2019); o a su vez, “cuando el río está seco, se puede ir caminando entre un país y otro” (oficial de Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, enero de 2019).

Por tanto, la prevalencia de pasos fronterizos no autorizados genera una importante oportunidad para el cometimiento de delitos por parte de grupos organizados, especialmente para el tráfico ilícito de drogas, hidrocarburos, explosivos y gas licuado de petróleo, y el tráfico de precursores y sustancias químicas, que son llevados a laboratorios de procesamiento y cristalización de cocaína, ubicados principalmente en los límites políticos internacionales con Perú y Colombia.

Tanto vehículos como lanchas circulan con facilidad por la frontera, con un fácil acceso a los puertos de Esmeraldas y altamar. A razón de que las comunidades de frontera viven de las economías ilegales, la población adapta pasos informales que son utilizados para el transporte de contrabando de sustancias y drogas ilícitas desde Colombia. El mapa 6 muestra un paso ilegal en el sector de El Chical (Carchi) y una lancha go-fast que transporta sustancias ilícitas sin la autorización respectiva.

Mapa 6 Transporte ilegal de sustancias por pasos no autorizados: Ecuador-Colombia 

Las lanchas go-fast utilizadas por las organizaciones están equipadas con dos motores a gasolina, que pueden llegar por la corriente del Pacífico a la Isla de Cocos en Costa Rica. Las embarcaciones cuentan con tres pasajeros, que se encargan de entregar los ilícitos a otras organizaciones de Centroamérica. Dependiendo de los tipos de controles, las organizaciones planifican la cantidad enviada, que puede estar dividida entre grandes envíos en un solo viaje o pequeños envíos en varios. De este último, según información proporcionada por la Armada del Ecuador, desde 2018 el “26 % de los envíos de drogas ilícitas ocurren mediante lanchas go-fast y el 16 % mediante la contaminación de contenedores” (oficial de la Armada de Ecuador, agosto 2019).

En Esmeraldas existen compañías constituidas legalmente para la pesca, que han dedicado sus actividades al transporte de drogas hacia otros países o, a su vez, a llevar paquetes de droga que son entregados en pequeños islotes o en mar abierto, con una boya y un indicador GPS que será posteriormente recogido por otra embarcación. De acuerdo con información suministrada por fuente anónima de la Fiscalía, “los dueños de las empresas pesqueras tienen cinco motores y solo sacan a pescar uno (...) Acá ya no pescan, por eso el marisco de Esmeraldas es el más caro de toda la costa ecuatoriana” (fiscal de Esmeraldas, entrevista, 2019). A esto se suma el subsidio a la gasolina, que no es debidamente controlado por las autoridades.

En puerto, la contaminación de contenedores es la modalidad que transporta la mayor cantidad de droga hacia otros países. Existen dos métodos de contaminación en puertos: la modalidad “gancho blanco”, la cual consiste en contaminar contenedores luego de la revisión de rutina en puerto y la modalidad de “gancho ciego”, la cual consiste en la contaminación de contenedores por complicidad de los agentes de control.

Ecuador es el único país de la región que no cuenta con escáneres para la detección de droga. Esto implica que el personal de detección canina de la Policía tenga que realizar controles manuales en puertos. Si bien el país ha sido reconocido por sus controles, la ausencia de tecnología resulta un riesgo para la carga y, fundamentalmente, “estos controles no superan el 10 % de los contenedores que se encuentran en los puertos” (oficial de DNA, agosto 2019).

La modalidad aérea se ha convertido en un método rentable para traficar drogas ilícitas. Una avioneta Cessna tiene la capacidad de transportar hasta 700 kilos de cocaína. Esta representa una actividad segura para el transporte de drogas, ya que no tiene que pasar controles y, a su vez, el sistema de radares carece de las capacidades suficientes para detectar todo el tráfico aéreo. Vacíos legales como protocolos que limitan el derribo de aeronaves y, en especial, la corrupción en la Dirección de Aviación Civil (DAC) hacen que las avionetas tengan un acceso directo a espacio aéreo internacional.

Como se mencionó con anterioridad, los grupos transnacionales que operan entre Ecuador y Colombia mantienen una relación con organizaciones delictivas mexicanas, que tienen como una de sus principales funciones el transporte de drogas ilícitas en avioneta. En Ecuador, existen más de 500 pistas registradas legalmente por la DAC que no cuentan con ningún tipo de control, y a su vez, se identificaron más de 70 pistas que no tienen ningún tipo de regulación. A esto se agregan las alarmantes declaraciones por parte del ministro de Defensa, en abril de 2019, sobre la existencia de “más de 2 000 pistas no controladas que son utilizadas en su mayoría por el narcotráfico” (Revista Vistazo 2019). Asimismo, llama la atención la importante cantidad de pistas en Los Ríos y Guayas, provincias que confluyen como corredores estratégicos de salida de la cocaína hacia mercados internacionales (mapa 7).

Mapa 7 Pistas irregulares y no controladas en Ecuador (2019) 

Un tema fundamental en la cadena de valor del narcotráfico es el lavado de activos. En Ecuador se observa la creación de empresas fantasmas que tienen ingresos injustificados. Así mismo, existen empresas que funcionan legalmente y aparentan un flujo legal de capital, aunque incluyan al capital ilícito. Estas empresas toman el dinero de organizaciones criminales y lo hacen legal a cambio de un porcentaje de la ganancia. Sobre todo, las empresas que mueven efectivo, en sectores como construcción, gasolineras u hoteles. Estos son sectores importantes para ingresar grandes montos de efectivo. Por ejemplo, en Rocafuerte, en Esmeraldas se encuentran organizaciones mexicanas, quienes, mediante el negocio de joyerías, tiendas surtidas de productos importados y venta de vehículos, incurren en el lavado de activos (Torres y Arroyo 2019).

En ese sentido, los efectos inintencionados del desarrollo y la infraestructura generados desde el 2007 incluyeron grandes oportunidades para una mayor inserción del crimen organizado en Ecuador. Por falta de control u omisión de sus responsables, así como deficientes políticas contra el narcotráfico, facilitaron que el país fuera considerado la autopista de la ruta de la cocaína hacia los grandes mercados de consumo (Insight Crime 2019b).

Composición de la demanda

En el mercado de destino, los kilos de cocaína se dividirán en pequeñas porciones hasta venderse en gramos por las organizaciones de microtráfico. El consumidor constituye el último eslabón para concretar una cadena productiva, definida por el tamaño del mercado, los ingresos económicos y la lejanía del mercado de consumo en relación con la producción. Según la GDS (2018), el gramo de cocaína en un país productor como Colombia tiene un valor inferior a cinco dólares, mientras que en países como Australia supera el valor de 215 dólares por gramo. Incluso, la ganancia de quienes venden la sustancia al menudeo tiende a ser mayor, ya que normalmente mezclan la cocaína con maicena, talco o flúor para incrementar sus ganancias (NIDA 2018).

El primer factor a considerar es la composición de la demanda interior, es decir, cómo se estructura y funciona el mercado de microtráfico a partir de la percepción, interpretación y respuestas a las necesidades de los compradores. Por ejemplo, el World Drug Report (WDR) de 2015 calculó que en el mundo 255 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron algún tipo de drogas. Eso representa un enorme mercado de venta para el narcotráfico (UNODC 2015b). Determinar el mercado de consumo y sus tendencias es fundamental para comprender las necesidades de los consumidores y las estrategias emprendidas por las organizaciones criminales dedicadas a la venta de drogas. Es así que, para 2018, las tendencias muestran un mayor consumo en países asiáticos, especialmente en Australia, donde el 2,5 % de la población adulta -es decir, 61 500 personas- consumió cocaína durante el último año. Asimismo, el WDR de 2019 muestra que aproximadamente el 2,5 % de los consumidores a escala mundial proviene de Estados Unidos (UNODC 2019b).

Las cifras de consumidores determinan los destinos principales y las estrategias de transporte del clorhidrato de cocaína producido en los Andes. En otras palabras, el precio final al consumidor depende de la rentabilidad del mercado de consumo, de las dificultades para el envío de la sustancia y, finalmente, del número de organizaciones que participan en la competencia local del mercado de microtráfico.

Gobierno

El Estado ecuatoriano presenta importantes resultados en la incautación de cocaína en la región. Resalta también el hecho de que este país considera al consumo como un tema de salud pública, para lo cual existen tablas de tolerancia para el porte máximo de ciertas sustancias, entendiéndose que el consumidor no es un delincuente y aplicando fuertes sanciones para quienes trafiquen sustancias catalogadas. No obstante, se requieren acciones de control para la cadena productiva del narcotráfico. El hecho de que la mayoría de la droga se incaute en puertos da cuenta del bajo nivel de control en fronteras.

Un tema de preocupación es la infiltración y cooptación del COT en los gobiernos ecuatorianos. Algunos casos denunciados en la prensa local fueron: las irregularidades en los juicios de familiares de alias ‘Gerald’; la detención de cuatro militares y un funcionario de la DAC por tráfico de drogas; la liberación de Telmo Castro y su posterior asesinato; la relación entre alias Guacho y los mexicanos (permitían aterrizar avionetas en las haciendas en Tosagua y Babahoyo); las operaciones de avionetas mexicanas desde Muisne; la entrega de falsas licencias por parte de seis empleados de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos y la Subsecretaría de Puertos a pescadores en Esmeraldas; los casos de narcotráfico en Sucumbíos entre el Cartel de Sinaloa y la Constru; las declaraciones de Jorge Cifuentes y el soborno de 400 000 dólares a los marinos ecuatorianos; el aterrizaje de una avioneta con droga en la Refinería del Pacífico; el ingreso de tres toneladas de droga a la Base Aérea de Manta; el velatorio narco del expolicía alias Cheo; los servicios de logística para el envío de cocaína por parte de los hermanos Larrea, con miembros de la DAC, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la Policía y la red de traficantes mexicanos que involucraba a tres miembros de la FAE. Estos sucesos dan cuenta de la fragilidad institucional, la alta cooptación del COT y la corrupción en todos los poderes e instituciones del Estado.

Otro dato interesante fueron los resultados de la operación Camaleón, en octubre de 2018, en la que siete militares y siete civiles ecuatorianos fueron detenidos por proveer balas de recintos militares (Torres y Arroyo 2019) a la organización liderada por alias Guacho. Esos datos dan cuenta de que, si bien el Estado juega un papel importante para controlar el COT, la falta de mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción facilita las acciones de las organizaciones en territorio ecuatoriano para permanecer e insertarse en la economía del narcotráfico.

A ello se suma la desinstitucionalización de la Secretaría de Inteligencia ecuatoriana (Senain), que realizaba actividades de inteligencia política. Esto significó una falla estratégica para anticipar acciones y amenazas hacia el Estado por parte del crimen organizado, y retomar prácticas pretóricas como el liderazgo militar y las alianzas con Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Esa serie de eventos da cuenta de que el Estado ecuatoriano tiene graves problemas de infiltración, una carencia en inteligencia estratégica, así como problemas de coordinación interinstitucional. Las deficiencias se traducen en el escenario ideal para la inserción estratégica del narcotráfico en el país.

Conclusiones

Mediante diversos análisis de detección satelital, revisión bibliográfica, análisis estadístico y entrevistas a actores clave, la investigación afirma que el Ecuador se insertó en la economía del narcotráfico, al pasar de ser un país secundario en el suministro y transporte de sustancias ilícitas, a ser un país privilegiado en la cadena de valor del narcotráfico. Las evidencias alrededor de los cultivos ilícitos de hoja de coca en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, las múltiples rutas de abastecimiento desde Colombia, las pistas aéreas no controladas, las disputas territoriales y el incremento de la violencia hacen del país un territorio ideal para la economía del crimen organizado. La investigación halló más de 700 hectáreas de hoja de coca en la frontera norte, atribuidos principalmente a la fronterización de cultivos en la zona limítrofe con Colombia y Perú, así como un paulatino abandono y falsa confianza de las Fuerzas Armadas en la zona de frontera y una descoordinación trinacional en potenciales zonas de cultivos ilícitos.

Este hecho resulta aún más preocupante si se evalúan las políticas públicas implementadas en el Ecuador en los últimos años. La desinstitucionalización del sistema de inteligencia, la ausencia de una ley de inteligencia, la negligencia ante la corrupción de los funcionarios de gobierno, el caos legislativo para la aprobación de una ley de extinción de dominio, entre otros, son tareas que el Estado ecuatoriano requiere evaluar para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Lamentablemente, los métodos de innovación del COT son acelerados frente a las estrategias implementadas por el Estado ecuatoriano para detenerlo. El Estado tiene una importante misión para mejorar su sistema de transparencia y la lucha contra la corrupción en ciertas instituciones clave, como la DAC, el sistema judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Se sugiere que, para investigaciones futuras, uno de los elementos a trabajar para mejorar el análisis de la cadena de valor consista en conocer en detalle los métodos de lavado de activos y su influencia en la inyección de capital en cada eslabón de la cadena. Asimismo, se sugiere corroborar el análisis satelital con visitas de campo por parte de las instituciones de control y actualizar el Informe de monitoreo de cultivos ilícitos con Naciones Unidas.

Analizar al narcotráfico desde la teoría de ventajas competitivas genera resultados prometedores para contextualizar y abordar la economía del crimen organizado desde una perspectiva de Economía Política Internacional. Asimismo, se puede desagregar cada eslabón del negocio del narcotráfico, establecer escenarios de inteligencia estratégica y prospectiva y, al mismo tiempo, presentar potenciales soluciones para mitigar dicha expansión.

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1Información de acceso público receptada por los autores.

Recibido: 23 de Marzo de 2020; Aprobado: 15 de Mayo de 2020

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