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URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

versión On-line ISSN 1390-4299versión impresa ISSN 1390-3691

URVIO  no.23 Quito jul./dic. 2018

http://dx.doi.org/10.17141/urvio.23.2018.3548 

Dossier

Migración como violencia de Estado. El sur de México como escenario

Migration as state violence. Southern Mexico as stage

Migração comoviolência de Estado. O sul do México como cenário

Marco Polo Álvarez Domínguez1 

1México. Escuela Nacional de Antropología e Historia. marko.alvarez97@gmail.com

Resumen

El presente artículo plantea que la migración ilegalizada que transita por las fronteras y territorios del sur de México, proveniente sobre todo del Triángulo Norte Centroamericano, transita también por múltiples violencias. Proponemos entender dichas violencias desde la figura del Estado, analizada de forma crítica, señalando su responsabilidad por acción, omisión y complicidad con estas. Asimismo, presentamos testimonios recabados en el trabajo de campo, que muestran cómo las personas migrantes, sus familias y comunidades experimentan estas violencias. Finalmente, sugerimos pensar en órdenes políticos, sociales y culturales que conciban la migración con dignidad.

Palabras clave: frontera; globalización; ilegalidad; migración; violencia de Estado

Abstract

The present article rises that the illegal migration which journeys by the borders and territories of the south of Mexico, that comes mainly from the Central American North Triangle, also journeys through multiple kinds of violence. We propose a critical analysis to understand these specific kinds of violence from the figure of the State, indicating its responsibility by action, omission and complicity with it. We also present testimonies, obtained in the fieldwork, that show how the migrants, their families and communities experience this violence. Finally, we suggest thinking about political, social and cultural orders that conceive migrating with dignity.

Key words: border; globalization; illegality; migration; State violence

Resumo

Este artigo propõe que a migração ilegal que transita pelas fronteiras e territórios do sul do México vêm principalmente do Triângulo Norte da América Central, passando por múltiplasviolências. Propomoscompreender a violência da figura do Estado de forma crítica, apontandosuaresponsabilidade pelas ações, omissões e cumplicidadecom tal violência. Da mesma forma, apresentamostestemunhos que foramcoletadosemtrabalho de campo, demonstrando como é que estas violênciassão experimentadas pelo migrante, suasfamílias e comunidades. Finalmente, sugerimos pensar emordens políticas específicas, sociais e culturais que facilitem a sociedade a migrar comdignidade.

Palavras-chave: globalização; ilegalidade; migração; Violência do Estado

Estado, violencia y migración

Indiscutiblemente la migración es una actividad inherente al ser humano. La movilidad humana ha sido la vía mediante la cual los territorios se han poblado, generando así el desarrollo de distintas civilizaciones en las cuales se configuran culturas y se desarrollan actividades económicas. Estos aspectos, por mencionar sólo algunos, han sido posibles gracias al tránsito humano. Conviene subrayar que cada etapa histórica y cada región poseen sus propias lógicas migratorias y se encuentran enmarcadas dentro de un contexto, en el cual influyen diferentes factores, como la economía de la región de procedencia, los procesos históricos e identitarios, las formas de gobernanza, así como la dimensión política.

De esta manera concebimos a la migración contemporánea como una actividad que implica el desarrollo de dinámicas sociales y culturales que van más allá de las fronteras del Estado-nación. A través de dichas dinámicas, personas, familias y comunidades han activado procesos culturales, económicos e incluso políticos, tanto en sus localidades como en sus respectivos países de destino. Sin embargo, es importante considerar que la migración procedente del Triángulo Norte Centroamericano1 se está dando de forma ilegalizada. Esto quiere decir que el Estado, entendido como la entidad política administrativa de un determinado territorio, restringe el tránsito. La postura del presente artículo es situar a este tipo de migraciones como ilegalizadas, ya que nos encontramos ante dispositivos y tecnologías del poder que, como consecuencia de migrar sin documentos, generan el ejercicio de múltiples violencias que se inscriben en la vida de personas, familias y comunidades.

Deseamos subrayar que el presente artículo es producto de la reflexión de una investigación antropológica que comenzó en los albergues de Chiapas, México y que continuó en la Aldea de Chuatroj en el municipio de Totonicapan, Guatemala, así como en la Comunidad Guadalupe Victoria, El Palmar, municipio de Quetzaltenango, Guatemala. A través de un enfoque etnográfico, percibimos que en los territorios y rutas fronterizas de dicha región colindante con Guatemala se mantienen muy activos los flujos migratorios (Vicente 2015).

De esta manera surgieron interrogantes que nos plantearon entender quiénes eran, cuáles eran sus procedencias y cuáles eran los motivos por los cuales migraban. Atendemos, en primer lugar, cuestiones muy particulares que referían el móvil de la migración hacia los vínculos familiares de carácter trasnacional generados por una violencia sistémica que se mostraba en las narrativas de los migrantes. En segunda instancia, observamos una Centroamérica inmersa en el ejercicio de múltiples violencias. Finalmente, el punto central del presente artículo: descubrimos la violencia mediante la cual se administran las migraciones desde el Estado. Si bien es verdad que los migrantes se inscriben a los procesos migratorios, transforman sus entornos sociales, económicos, culturales y familiares, al igual que participan activamente en la producción y desarrollo de los procesos y las dinámicas migratorias, este artículo se centra en las violencias que proceden del Estado ya que dicha violencia se inscribe en la experiencia de migrantes, familias y comunidades.

Dicho lo anterior, es importante señalar que los procesos de movilidad contemporánea se desarrollan en el contexto de un modelo neoliberal que se plantea como paradigma de Estado.2 Este modelo prioriza el intercambio de bienes, mercancías y capitales por encima de la vida y la dignidad humana de los migrantes, quienes se someten a una hegemonía estatal que los ilegaliza y criminaliza y que como consecuencia los violenta.

Conviene subrayar que el cruce de fronteras sin documentación, reconocido desde el discurso jurídico como migración ilegal, ha resultado una opción en principio viable para numerosas familias y comunidades. Adicionalmente, estas prácticas migratorias tienen como consecuencia la reelaboración de los vínculos comunitarios e identitarios en los ámbitos familiares y sociales.

Por ilegalización de la migración entendemos las formas jurídicas estatales que, bajo un enfoque de securitización,3 privilegian ordenamientos legales que criminalizan a los migrantes. La ilegalización y criminalización de la migración son condiciones que vulneran a las personas convirtiéndolas en objeto de violencia (Kaldor 2011).

La producción de estas violencias en los procesos migratorios supone la criminalización de la migración por el hecho de traspasar fronteras y territorios sin la autorización de las instituciones estatales. Sin embargo, consideramos que este orden está diseñado para administrar el tránsito clandestino, lo que implica considerables ganancias económicas en rubros tanto legales como ilegales, puesto que las rutas de tránsito se encuentran provistas de un sinfín de mercancías, servicios y empleos informales que giran en torno a la migración. Esto indica que existe una relación entre las condiciones de violencia sistémica4 y los contextos de tránsito de las personas migrantes.

En las rutas de los circuitos migratorios se involucran diversos actores, tales como coyotes, burdeles, autoridades estatales, albergues, hospitales, casetas telefónicas internacionales, servicios de autobuses trasnacionales, oficinas migratorias, consulados y demás elementos que constituyen un circuito migratorio, considerando que la delimitación territorial es definitiva en tanto que justifica el control del Estado. Las fotografías 1 y 2, tomadas en 2012, muestran negocios que giran en torno a las prácticas migratorias en la ciudad fronteriza de Tapachula (Chiapas, México).

Fuente: elaboración propia

Fotografías 1y 2. Negocios en Tapachula 

Así, la migración y sus procesos laborales de producción y consumo se desarrollan territorialmente más allá de las fronteras nacionales, en espacios trasnacionales (Velasco 2016). Dichos espacios son regulados mediante políticas de criminalización al migrante en pos de una securitización estatal de corte multinacional que recae tanto en políticas basadas en un celoso control fronterizo, así como en la contención de las migraciones. Como ejemplo de este tipo de políticas podemos citar la Iniciativa Mérida,5 el Programa Frontera Sur,6 el Acuerdo Frontera Inteligente7 y la Operación Guardián,8 entre otras.

Por tanto, es posible observar en los procesos migratorios la articulación de diversas formas de control social estatal y de una política común entre los Estados centroamericanos, el Estado mexicano y el Estado norteamericano. Dichas formas de control no están siempre diferenciadas de las prácticas de grupos criminales, esto es, de la administración de “ilegalismos” o criminalización de ciertas prácticas y dinámicas migratorias.

De esta manera, las prácticas migratorias son “toleradas” por un Estado que es permisivo ante la presencia de los migrantes y del desarrollo de sus prácticas y dinámicas. En este sentido, debemos entender los “ilegalismos” como aquellos vacíos legales donde existe la no aplicación de la regla, la inobservancia, los innumerables edictos y ordenanzas que son una condición del funcionamiento político y económico de la sociedad. Son privilegios concedidos a los individuos y a las comunidades. Los “ilegalismos” están ligados a condiciones de existencia y, por ende, a un factor perpetuo de aumento a la criminalidad (Foucault 2008, 76). La ley que los ilegaliza siempre puede ser aplicada.

En el caso de la migración ilegalizada que se desenvuelve en el seno de una globalización económica neoliberal, es importante señalar que los circuitos migratorios son administrados mediante dichos “ilegalismos”, pues esos usos legales son los espacios que posibilitan el accionar de un sistema económico y de poder, en el cual mafias y pandillas actúan con complicidad e indiferencia. Ante este ejercicio de múltiples violencias, el Estado realiza acciones puntuales u omisiones. Esta forma de administrar la violencia consiste en un sistema caracterizado por la acumulación de capital, en detrimento de los derechos humanos de las personas migrantes, sus familias y comunidades (Zaffaroni 1993; Russo 2001).

Así mismo, cuando los migrantes logran su objetivo de transitar fronteras y territorios, se insertan en mercados laborales que activan la economía de las localidades, países de origen, tránsito y destino. Sin embargo, las condiciones de precariedad laboral siguen vulnerándolos, puesto que ejercen su trabajo en el contexto de un discurso jurídico hegemónico que los ilegaliza. Las detenciones arbitrarias, redadas y demás ejercicios del poder por parte de las autoridades del Estado se encuentran enmarcadas en criterios que anulan a las personas en pos de la seguridad y en detrimento de la condición humana. Es en este sentido en el que sostenemos que las diferentes formas y usos de la violencia deben ser entendidas como formas del poder que imposibilitan el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

En los procesos migratorios, la violencia y sus consecuencias también suponen un ejercicio ideológico, discursivo y práctico, dirigido a la justificación y no al ocultamiento de la violencia hacia la persona que migra. Esto se hace palpable en las experiencias de vida de los migrantes, sus comunidades y sus familias.

Destacamos la importancia que tiene el Estado como entidad de poder político, poniendo énfasis en su papel clave en las formas de organización y administración de la movilidad humana. Acorde con este planteamiento, citamos la tesis de Max Weber en la que faculta al Estado con el monopolio legítimo de la violencia. “El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio -el “territorio” es esencial en la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (Weber 1993, 43-44).

El planteamiento de Weber9 respecto al Estado se puede observar en el ejercicio de la violencia como medio de control y dominación social en la región. Mediante el uso de “ilegalismos” y funciones declaradas, el Estado mantiene un orden que privilegia una economía neoliberal. Así, los migrantes se encuentran como uno de los grupos vulnerados y sobre los cuales recae el ejercicio de múltiples violencias. Esto da cabida a un orden político, jurídico, económico, social y cultural que les niega a los migrantes el reconocimiento de su persona y por ende de sus derechos, utilizándolos como elementos desechables del gran engranaje del sistema global, pues las fronteras están desbordadas por los flujos humanos.

Si bien es verdad que dicho desborde de las fronteras parece estar fuera del control del Estado, sostenemos que esto es consecuencia de las formas mediante las cuales se administran los flujos migratorios. Con ello nos referimos a que el Estado es un actor central en la administración de las prácticas migratorias. Por tanto, señalamos que la ilegalización de cierta migración se encuentra sistémicamente organizada en los ordenamientos normativos de los Estados. En especial, en los ordenamientos jurídicos, los cuales ilegalizan los procesos de migración y excluyen a las configuraciones socioculturales más vulnerables, quienes se ven forzados a migrar en estas condiciones ilegalizadas. La migración, entonces, puede ser concebida como un proceso que implica el ejercicio de cierta violencia sistémica que tiene consecuencias concretas.

Dichas consecuencias se manifiestan tanto en quienes migran como en sus familias y comunidades. Nos referimos a violencias física, sexual, psicológica y emocional, que se concretan en experiencias como violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, desapariciones, entre muchas otras, consecuencia directa de la forma en la cual se administran los flujos migratorios desde el Estado.

Así, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), en el Informe Especial sobre Casos de Secuestros de Migrantes, en el que recopila 25 testimonios de migrantes que fueron secuestrados, afirma:

Las autoridades, con excepción de las que han participado en el rescate de migrantes secuestrados, siguen siendo omisas respecto de su obligación de brindar seguridad pública y acceso a la justicia. En general, han permanecido estáticas frente a la tragedia que representa el secuestro de miles de migrantes en México (CNDH 2009, 11).

En este sentido, es indispensable abordar desde una perspectiva crítica los mecanismos estatales dirigidos a la gestión y administración de los grupos migrantes. Mecanismos a través de los cuales se ejercen diversas formas de violencia, en las que participan tanto agentes estatales como estructuras criminales, sin que estos siempre se puedan distinguir claramente.

De esta manera, hacemos énfasis en que las estructuras del Estado, tanto en acción como en omisión, son responsables del ejercicio de las violencias dirigidas hacia las personas migrantes. El análisis de dichas estructuras nos permite examinar antropológicamente los sentidos y significados de quienes migran en las condiciones expuestas.

Acorde con esta manera de entender los procesos de movilidad humana y entendiendo el rol central del Estado, situamos esta reflexión en los lugares donde se desarrollan las prácticas migratorias, es decir, en espacios antagónicos a los procesos hegemónicos de la globalización económica neoliberal, pues la migración ilegalizada se ubica en los peldaños más bajos del sistema económico global contemporáneo. Por tanto, sostenemos que el Estado, en su versión neoliberal, ha tenido como criterio la administración de la ilegalidad de las migraciones, la cual articula múltiples dimensiones de violencia que se viven como consecuencia de las formas y los medios con los cuales se administra el tema migratorio.

Planteamos una óptica crítica que cuestiona las formas de dominación social bajo las cuales se gobierna a las sociedades, lo cual consideramos un elemento clave para comprender las formas de violencia que vivimos actualmente, en nuestros propios entornos, así como en el de los grupos, personas y sectores sociales que han sido y siguen siendo sometidos a formas de desigualdad, violencia e injusticia desde los ordenamientos hegemónicos del Estado, aun cuando cada dinámica social tenga sus especificidades socio históricas. De esta manera, analizamos al Estado a partir de las realidades que emergen en contextos de violencia y que muestran cómo el modelo de Estado-nación ha traído consigo el desarrollo de formas y procesos de violencia social. Históricamente en América Latina se han afianzado los intereses de grupos hegemónicos empresariales y militares, una esfera de poder que imposibilita una vida democrática. Una de estas realidades emergentes se expresa en las consecuencias de la violencia con la cual se administran las migraciones.

Proponemos que el Estado neoliberal produce, reproduce y administra la violencia a fin de sostener una dominación que marca la pauta en las lógicas de reproducción del capital. Ello denota que los intereses del Estado quedan apartados de la inclusión social, la garantía de derechos y de una sociedad incluyente, equitativa y sustentable. Una de las pruebas sobre esta forma de entender al poder político es la migración ilegalizada.

Esta forma de entender al Estado nos acerca a indagar sobre la relación entre poder estatal y violencia, con la intención de mostrar cómo dichas prácticas siguen vigentes en una modernidad tardía, heredera de una ilustración que simultáneamente continúa ejerciendo violencias, negando derechos y enmarcándose como el sostén de la desigualdad social. Devalle argumenta que “la violencia (…) se ejerce en acciones desarrolladas por los sectores dominantes de una sociedad, por sectores que respaldan las ideologías exclusivistas y racistas, y por el Estado sobre sectores de la población que se consideran 'subordinados' o por subordinar y controlar” (Devalle 2000, 15).

Entender al Estado desde la esencia de sus estructuras de dominación nos introduce en las lógicas de violencia que se han dado y se siguen dando actualmente. Señalamos que esta es una concepción con la que proponemos analizar los saberes instituidos respecto al Estado, en referencia a las teorías que legitiman la necesidad de su existencia sin dar cuenta de los costos sociales y humanos que implica y ha implicado. Por otra parte, esto nos permite entender la violencia que se ejerce en contra de grupos y sectores que representan la diferencia, la amenaza, el enemigo, todas concepciones e ideologías construidas desde el poder.

Nuestro propósito es pensar al Estado -y su relación con formas de violencia como la exclusión, el exterminio y el control- a partir de la negación de derechos, el uso de la fuerza, la coerción y las tecnologías del poder sobre personas que, desde la hegemonía, han sido concebidas como imprescindibles en la reproducción del sistema.

Ashys Nandy plantea que “desde el principio el Estado-nación, término cortés para la homogeneización cultural e ideológica de la población de un país, llegó a ser uno de los objetivos explícitos o implícitos del Estado moderno” (Nandy 2011, 19). Acorde con el planteamiento de este autor, podemos dar cuenta de cómo se devela la configuración histórica, social y humana que nos remite al Estado como ente superior y organizador de la sociedad. Por tanto, el señalamiento del autor respecto a la homogeneización que implica el principio del Estado-nación nos señala un gran problema: la concepción de la diferencia en términos de cultura, etnia, género, religión, identidad y clase social, lo que conlleva a reflexionar en cuanto a los ordenamientos que se dan desde el Estado con miras al orden social.

Llegados a este punto, subrayamos que la violencia desde el Estado ha producido el ejercicio de violaciones sistemáticas de los derechos de poblaciones, grupos, sectores e individuos que tienen un lugar marginal dentro de la cosmovisión hegemónica estatal. De acuerdo con ello, sugerimos una reflexión del monopolio “legítimo” de la violencia del Estado, así como de su hegemonía, con la finalidad de analizar críticamente una realidad situada desde los lugares de los actores no hegemónicos de la sociedad.

Indiscutiblemente no estamos hablando de una novedad respecto de la violencia y su ejercicio desde el Estado. No obstante, presentamos un esfuerzo por develar la temática y deconstruir conceptos diseñados desde el poder, valiéndonos de un punto de vista crítico, que profundice el análisis de las realidades alternas a los discursos oficiales. Para ello, nos posicionamos en las consecuencias de administrar la migración mediante la violencia.

La violencia hacia los migrantes en su tránsito por México

En los procesos de movilidad en la región, la violencia es el criterio desde el cual el Estado administra a los flujos migratorios. Lo muestra la Masacre de San Fernando (Tamaulipas, México) el día 24 de agosto de 2010, en la que 72 migrantes perdieron la vida a manos del crimen organizado.10 Este caso dio a conocer a nivel global la complicidad del Estado por omisión. Por otro lado, es importante señalar que en los diferentes nodos de la ruta migrante podemos encontrar diferentes narrativas que nos hablan de las múltiples violencias vividas en la migración ilegalizada.

Compartimos tres testimonios11 que fueron recabados en trabajo de campo, con migrantes que se encontraban en el albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y del Migrante, en Tapachula, Chiapas. Estos testimonios tienen por objeto mostrar, a partir de la experiencia de personas migrantes, el ejercicio de violencia mediante el cual se administra la migración. Es importante considerar que el ejercicio antropológico, y en específico la observación participante, es un método para obtener datos que permite dar sentido a las prácticas, expresiones y acciones de los actores. Por tanto, estos testimonios se integran a la propuesta del presente artículo, que visibiliza la violencia mediante la cual se administran las migraciones en la región.

Magali, una migrante hondureña que en enero de 2013 se encontraba en el albergue, comparte la siguiente experiencia.

La razón por la que hui de El Salvador es porque yo en 2011 estaba estudiando, y tenía una amiga y compañera de estudio. Entonces, a ella le gustaba andar mucho con pandilleros porque era fanática a las pandillas. Yo a ella la aconsejaba que se alejara de eso y a ella le entusiasmaba eso de las pandillas. Hubo un tiempo en que ella ya no era la misma de antes, se le veía la tristeza y yo le decía que qué le pasaba. Ella me decía nada, Magali, nada. No, dígame qué le pasa. Ella no me dijo. Yo la vi golpeada una vez y le dije ¿qué le pasó? Nada, Magali, me pasó un rollo y me golpearon. Ya a los días ella me dijo que ellos la habían golpeado, los mareros. Un día miércoles de la semana que venía ya empezó la desaparición. El día miércoles fue que ella desapareció y un día jueves la encontraron. La encontraron ya muerta a ella y a otra y la torturaron, tenía los huesitos quebrados, acá en esto de acá de la frente, así, con un picahielos le habían hecho demasiado… Quizá como para sacarle torturándola, como para sacarle quién más sabía que ellos habían hecho eso un asesinato. Entonces, de aquí todo esto quebrado, fracturadito todo esto. A ella la violaron, la violaron bastante.12

Leonardo, un migrante guatemalteco que también se encontraba en el albergue en enero de 2013, cuenta:

Le dije a mi patrón: muchas gracias, yo me voy a ir. Soltó la lágrima porque se encariñó conmigo. Cuando yo llegué a la frontera, llevaba mis trece mil pesos, porque se gana bonito, iba a tirar doce mil para el salto. - ¿En dónde? Ahí en Monterrey, para irme para Laredo o Reynosa. Entonces, cuando yo estaba en la estación del tren, le hice así al maquinista y me dijo: no, yo voy para Saltillo, atrás viene el de Nuevo Laredo. Cuando se fue el de Saltillo, ya estaba la última cola y ahí estaba la migración. Yo me despabilo a correr y correr. Se me pegó un gordo un buen tramo, pero yo iba tirándole todas las piedras y me le desvié, me di la vuelta, me metí debajo de un camión, se pasó de largo. Iba como de aquí a la pared cuando le dicen: ¡aquí está!, la misma gente, pensando que yo era ladrón. Cuando me sale la migra, la municipal, la federal iban tres marinos con los federales marinos de la marina. Me dijo el de migración: ¡salte! y yo le dije ¡yo no me salgo! Cuando llega el de la marina, dice: salte por las buenas o te saco. ¡Ahorita voy, jefe!, le dije, pues sí, los de la marina son otro pedo. No, hombre, pero esos cuando andan así, ahí en Monterrey te dan pa’ bajo, así te lo digo, discúlpame que te lo diga. Por eso no hay que comentar nada en este camino, ni a un inmigrante porque un marino se porte mal o un wacho.13 En Laredo saben que andas así y te matan. Yo iba pa´ Laredo y me cayó la migración, bueno, me agarraron. Ni ellos ni los municipales tienen derecho de esposarlo a uno y me esposaron. Yo me quería morir y le dije al jefe, casi llorando: jefe, quíteme esto. Me metieron, me quitaron las esposas, se siente gacho. Llegó y me preguntó que para dónde iba, yo no le respondí y me salió con el arma. Le dije: compa, deme permiso, yo ahorita voy de emergencia. Mire, aquí tengo el papel de derechos humanos, le enseñé el papel de derechos humanos que a mí me han dado. Como te dije, pues los municipales no tenían derecho, denuncié, y ahorita voy a pelear mi caso a Monterrey, derechos humanos me va a ayudar. Me robaron mi dinero, los polis me robaron doce mil pesos, los hijos de la chingada. Esos doce mil pesos eran para el salto, como les dije a los policías, yo respeto su uniforme, les dije, pero cuando están fuera, ya quisieran tener ese dinero. Te crees muy machín, me dijeron. Respeto su uniforme, pero la mierda que está adentro no vale la pena, si usted fuera a mi país, otro pedo. En mi país, les dije… Me mandaron a Saltillo. Ahí conocí a unos venezolanos, también estaban algo humillados, porque hasta droga les habían metido. Decían que se iban a regresar a Venezuela. Es la primera vez que migro y me sudó el culo, así te lo digo y el policía me quiso humillar. Entonces, le dije: deme permiso porque voy a derechos humanos, aquí llevo la hoja. Se me quedó viendo… Tengo que quedarme ocho meses para trabajar y juntar para subir. Cuando no tengo para comer, solo me aprieto la panza. Como dice el dicho, Dios le da muelas al que no tiene quijadas. - ¿Y vas a seguir con tu caso de derechos humanos? Sí, yo a eso voy, doce mil pesos no los voy a dejar tirados. Me tuvieron quince días preso en migración, me tiraron al distrito, me tiraron de Monterrey y de ahí a Saltillo, de Saltillo me tiraron al distrito, del distrito me tiraron a Tapachula y me volví a ir para arriba, en Monterrey, Nuevo León… Están bien bonitos todos los lugares. - ¡Suerte!, échale ganas. Gracias, yo como le dije ahí dando la tarjeta de los de derechos humanos, porque a mí no me dejaban ni una visita. Cuando se fue el primer viaje, yo le dije a un camarada: tírame esquina ahí, habla a derechos humanos y avisa que yo estoy aquí. A mí no me daban llamadas, compa, a mí nada, no me dejaban hablar con las autoridades, no me daban llamadas. Cuando llegó derechos humanos, me dejaron salir.14

Liliana, una migrante hondureña que sufrió una violación sexual en Chiapas, comparte su experiencia.

Mira cómo me fue, sufrí la agresión de los migrantes, pasé todo lo que pasa un inmigrante. Ser mujer significa mucho peligro. Las mujeres corremos más riesgo que los hombres, en primera a que nos violen, a que nos maten, a que nos hagan de todo porque somos mujeres, prácticamente, si nos agarra uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres… Eso siempre va a suceder. En Guatemala nos fue bien, ahí no tuvimos ningún problema, nada, ninguna agresión. Si le preguntábamos a alguna persona, todos nos ayudaban, nos correspondían. Pero ya cuando llegamos a México todas las personas se nos quedaban viendo. A algunas les preguntábamos y nos decían que no sabían. Les preguntábamos en dónde (sic) salían las combis y nos respondían mal o se quedaban callados, etc. A los migrantes los miran de menos, a todos… no porque somos de Honduras, no porque somos de El Salvador, de donde sea. A todos nos miran mal porque da la casualidad de que, para poder llegar a Estados Unidos, tenemos que pasar por este país. Este país es muy grande y para llegar a los Estados tenemos que pasar muchas cosas, pero todo está en México. Aquí hay maras, aquí hay zetas, aquí hay de todo, no podemos pasar así. Por donde nos vayamos, siempre nos va a pasar algo malo a los inmigrantes, porque nos vamos por el tren. A algunos dicen que los tiran, a otros los agarra el tren, les vuela el pie, la mano, lo que sea. Digamos que todos corremos peligro en todos lados. Aunque vayamos en el tren, siempre salen los zetas, salen los mareros en todos lados… Digamos que todo el peligro es en México.15

El propósito de incluir estas reflexiones testimoniales es relacionarlas con la forma crítica de entender las lógicas de poder que hemos propuesto y que giran en torno a pensar y entender la administración de la migración desde la violencia. Estos testimonios muestran las experiencias que se viven en los espacios antagónicos del poder, en este caso, en el marco de una migración ilegalizada. Las consecuencias de esta son parte de la realidad del mundo contemporáneo. El Estado, como entidad de poder político, posibilita el proyecto de una globalización de corte neoliberal en la que los migrantes fungen como elementos desechables. Es un criterio de poder necropolítico en el que sus vidas son imprescindibles para la reproducción del sistema (Reguillo 2015; Mbembe 2011).

Subrayamos que los motivos y las circunstancias por los cuales los migrantes transitan por dicha región son diversos y presentan particularidades en cada caso. Sin embargo, en sus narrativas encontramos un denominador común: el ejercicio de múltiples violencias. En ese ejercicio es que el Estado se encuentra relacionado, ya sea por acción, omisión o por complicidad con las formas de violencias vividas en este terreno.

Podemos sugerir que se piense la ilegalización de la migración como una violencia de Estado, puesto que despoja a los migrantes de sus derechos y de su condición humana, vulnerándolos y violentándolos. Señalamos que en las narrativas de la experiencia migratoria de los circuitos migratorios que atraviesan México, con destino a Estados Unidos, nos encontramos con formas de sufrimiento producto de un sistema hegemónico de poder político que ha colocado a esa población en condiciones de vulnerabilidad.

Migrar con dignidad

Por todo lo anterior, proponemos pensar en la posibilidad de migrar con dignidad. Entendemos la dignidad humana como lo señalan Menke y Pollman: “El concepto de dignidad se refiere a algo así como un mínimo humano, del cual una persona debe poder participar si es que realmente quiere tener una vida humanamente digna” (Menke y Pollman 2010, 152). Es importante entender que, en lo que respecta al contexto migratorio contemporáneo, las lógicas de dominación y violencia que imperan en los ordenamientos políticos, económicos y sociales son contrarias a la dignidad humana. El clima de violencia, y todo lo que este desencadena en la migración, ha traído consigo la muerte y sufrimiento de personas que se han involucrado en las dinámicas migratorias debido a la condición de ilegalidad de dichos procesos. Esto se puede constatar en el análisis de la experiencia y en el discurso de migrantes, familias y comunidades involucradas en la migración.

Nuestro planteamiento va enfocado a entender cómo se concibe la idea de dignidad humana en los ordenamientos y las dinámicas sociales y cotidianas. La discusión referente a la dignidad humana ha girado en torno a las formas bajo las cuales las personas acceden a dicho precepto, “pues según se entienda la dignidad como una dote, un potencial, una capacidad o una prestación, la identificación del círculo de destinatarios de la dignidad humana será distinta desde el principio” (Menke y Pollman 2010, 150-151). En este orden de ideas y relacionando la violencia y sus consecuencias, entendidas como oposición a la concepción de dignidad humana, nos damos a la tarea de proponer la dignidad humana como una forma de reivindicar al ser humano en un sistema que ha priorizado la reproducción del capital económico.

Al revisar la dimensión jurídica de la migración ilegalizada, en lo que respecta al Estado mexicano, es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero señala:

Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.16

Así mismo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990 y ratificada por México el 8 de marzo de 1999, en su artículo 16 menciona: “Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones”.17

Por un lado, están las experiencias migratorias que hablan de cómo el Estado administra la ilegalidad de las migraciones. Por otro lado, se presentan las formas jurídicas que enuncian las maneras en las que el Estado debiera conducirse, bajo los marcos legales. Ambos canales viajan como líneas paralelas que nunca se interceptan, pues la violencia es la realidad de los trayectos migratorios, que se plantea en la vida de los migrantes. Dicha contradicción nos muestra cómo el Estado administra la violencia en las migraciones.

Por otra parte, los asuntos migratorios involucran a un sector social que ha vivido las consecuencias de diversas formas y manifestaciones de violencia, lo cual va en detrimento de la dignidad humana. Nos encontramos ante un sistema que, para su reproducción, violenta, segrega y despoja a las personas de su dignidad. Herrera plantea la necesidad de “la perspectiva de las clases oprimidas, de los excluidos y de las luchas por construir espacios donde esa visión de la dignidad encuentre marcos de transparencia y de responsabilidad social que tengan efectividad real” (Herrera 2008, 129-130).

De esta manera, señalamos que el problema migratorio no uno de fronteras ni policías, sino que está relacionado con las condiciones estructurales de marginación y pobreza que obligan a las personas a buscar en la migración ilegalizada los recursos para poder tener una forma digna de vivir. Se entiende que el Estado es la entidad que gobierna, administra y regula la vida, los territorios y las fronteras. Por lo tanto, tener claridad en torno a esta entidad de poder es clave para poder sugerir un posicionamiento respecto a cómo han sido administradas las migraciones y sus implicaciones en lo que respecta a una reivindicación de la dignidad humana a partir de los criterios que regulan a las entidades de poder.

Sugerimos concebir el problema migratorio desde su dimensión humana, señalando cómo las personas migrantes ha sido el chivo expiatorio para justificar la incapacidad política para resolver los problemas derivados de un sistema político y económico que tiene como base la exclusión social de personas y, por ende, la vulneración de sus derechos.

Colocamos en el centro del debate de la migración ilegalizada a la dignidad humana, en su dimensión política y desde una perspectiva de derechos humanos, entendida no como una posesión, ni como un hecho dado y consumado, sino como una lucha que reivindique al migrante. De este modo, es preciso plantearnos interrogantes que cuestionen las formas bajo las cuales se están administrando las migraciones, haciendo explícitas las formas de violencia que implica migrar en condiciones de ilegalidad, impuestas por los ordenamientos estatales. Invitamos a reflexionar con miras a plantear nuevos ordenamientos que posibiliten la dignidad humana de las personas migrantes, sus familias, comunidades, así como de los pueblos que peregrinan por el mundo en busca de mejores condiciones de vida

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1El Triángulo Norte Centroamericano comprende a Guatemala, El Salvador y Honduras.

2Denis Canterbury (2012, 110) desarrolla un planteamiento en el que vincula a la migración con el desarrollo del periodo neoliberal del capitalismo global. En este mismo orden de ideas, Miguel Urban y Gonzalo Donaire (2016, 32), basados en el contexto europeo contemporáneo, desarrollan la idea de que migrar es una actividad intrínsecamente humana. Señalan que actualmente los movimientos migratorios se desarrollan en el contexto de una crisis estructural de gobernanza de un mundo cada vez más globalizado.

3Cuando hablamos de ‘securitización’ nos referimos al proceso mediante el cual los Estados aplican políticas de seguridad para combatir y prevenir al crimen organizado, pero que finalmente tiene implicaciones en los flujos migratorios (Armijo Campo 2011, 5-10).

4Proponemos entender la violencia sistémica a partir del planteamiento de Slavoj Zizek: “Las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político” (Zizek 2013, 10).

5Es un acuerdo entre México y Estados Unidos firmado desde 2008, cuyo punto central es combatir la violencia ocasionada por el tráfico de drogas y brindar apoyo a las instituciones de seguridad.

6El Programa Frontera Sur es un acuerdo entre México y Guatemala que tiene como objetivo proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, así como ordenar los cruces internacionales, para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.

7Es un acuerdo entre México y Estados Unidos que se plantea garantizar la seguridad fronteriza mediante el combate al tráfico de personas, drogas y armas, con el objetivo de acelerar el flujo comercial y de individuos.

8La Operación Guardián es una política norteamericana implementada desde 1994, que consiste en dotar de alta tecnología a la frontera Tijuana–San Diego, lo que ha forzado a los migrantes a buscar cruces más peligrosos.

9La principal idea de presentar la tesis weberiana respecto al Estado y al monopolio legítimo de la violencia, la cual fue una de las bases del Estado moderno, es señalar que el Estado contemporáneo ha perdido las bases de su legitimidad y se ha convertido en un ente autoritario que administra la violencia. En el caso de la migración, esto ha derivado en la violación de derechos humanos.

10Este hecho es considerado una de las violaciones más graves a los derechos humanos de personas migrantes en su tránsito por México (artículo 19).

11Los nombres de las personas que dieron su testimonio fueron cambiados, con el objetivo de preservar su seguridad, dados los contextos de riesgo en los cuales se desenvuelven sus prácticas migratorias.

12Magali, testimonio recabado en enero de 2013, en el albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y del Migrante, en Tapachula (Chiapas, México).

13Esta expresión se refiere a militares.

14Leonardo, testimonio recabado en enero de 2013, en el albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y del Migrante, en Tapachula (Chiapas, México).

15Liliana, testimonio recabado en julio de 2013, en el albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y del Migrante, en Tapachula (Chiapas, México).

16Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF. 14/07/2018. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf.

17Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 1990. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D21.pdf.

Recibido: 27 de Agosto de 2018; Aprobado: 20 de Septiembre de 2018

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