Introducción

Las migraciones y los desplazamientos humanos en la actualidad se han vuelto un buen escenario para comprender las formas y significados de la economía política neoliberal. De su estudio y reflexión es que podemos obtener importantes aprendizajes para entender la enorme proliferación de formas económicas y políticas que caracterizan lo que Paolo ^{Virno (2002}) entiende por capitalismo tardío.

En un trabajo donde diagnostican las múltiples crisis de la economía global, los ^{Comaroff (2009}) subrayan la cualidad fetichista de la ley en distintos contextos y casos. Ellos lo explican a través de una mirada a la proliferación de leyes en el tercer mundo y el auge de discursos de seguridad. De acuerdo con su argumento, que tomaremos aquí como punto de partida, asistimos hoy a un cambio de época legal que es parte de la nueva geografía de la desigualdad global. Según esto, lo legal y lo ilegal se complementan en escenarios donde el caos convive con el fetichismo de la ley. A medida que crece la ilegalidad, nos dicen estos antropólogos sudafricanos, crece la devoción a la ley. La ley, finalmente, se fetichiza como recurso de poder contra el desorden.

Esto es especialmente relevante si miramos el comportamiento de las fronteras y de las políticas en torno a los migrantes y los desplazamientos humanos. Mientras el Gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en el mes de abril de 2018 decidía enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera con México, el Gobierno mexicano decidía de forma “independiente” militarizar su frontera sur, con el objetivo declarado de brindar seguridad y protección a los migrantes. Dos días después de que Donald Trump informara que enviaría tropas del ejército estadounidense, la prensa en México consignaba que Manuel Velasco Coello, gobernador del sureño y fronterizo estado de Chiapas y Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, “abordaron temas de seguridad, trato digno a los migrantes y fortalecimiento de las tareas conjuntas de protección civil” (^{Gobierno de Chiapas 2018}).

Por su parte, Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores de México, el 1 de abril, a las 12:45, decía en un tuit (@LVidegaray):

México y Estados Unidos trabajamos juntos en temas migratorios en la región. Los datos así lo confirman. Esta cooperación no debiera cuestionarse a partir de reportes y noticias imprecisos. Defender la dignidad y los derechos humanos no se contrapone con el Estado de Derecho. Felices pascuas.

Podríamos preguntarnos si brindar seguridad en la frontera y proteger los derechos de los migrantes pueden ser compatibles. ¿Es posible combinar una política que proteja los derechos de las personas en tránsito y desplazamiento con una política que resguarde fronteras nacionales? ¿No tiende, acaso, esa política de seguridad a hacer que la ley criminalice a los migrantes y los vuelva más vulnerables? Estas preguntas se acentúan cuando vemos que se crean nuevas leyes y normas en muchos lugares del planeta, en relación con personas migrantes, desplazadas y en movimiento. Emerge todo un orden global y local donde prolifera la producción de leyes y donde se multiplican los discursos de seguridad y de protección de los derechos humanos de los migrantes.

Michel Agier estudió los campos de refugiados en África por siete años. Escribió un libro donde se preguntaba cómo entender el problema “de una mano que acaricia y otra mano que golpea”. De un lado, el mundo humanitario que ayuda y asiste, algo que él llama “gobierno humanitario”, y del otro, el orden policial y militar. La tensión entre el ejército y la policía, continúa el antropólogo francés, actúa siempre bajo el paradigma de la excepción y la acción humanitaria, que contribuye a despolitizar el problema y sus consecuencias (^{Agier 2008, 124}).

El resultado evidente es que tenemos más leyes, pero al mismo tiempo, las vidas de los migrantes son cada vez más precarias. Aquí descansan contradicciones fundamentales para explicar el mundo contemporáneo. ¿A qué no referimos con que existen vidas migrantes y en movimiento más precarias? Lo observamos, por ejemplo, en los albergues y centros de acogida de migrantes en la fronteriza ciudad de Tijuana, en el noroeste de México. En una estancia de investigación en campo, en junio de 2018, visitando diferentes espacios donde llegan migrantes confirmamos que la ciudad cambia en cada abrir y cerrar de ojos, en un ritmo vertiginoso de transformaciones a la luz de olas de personas que llegan desde diferentes lugares del planeta.¹

Uno de esos albergues es “Juventud 2000”. Chema es su director, quien ha visto pasar la más variada categoría de personas pidiendo ayuda y acogida en los 20 años que tiene allí trabajando. Él nos explicaba:

Ahora tenemos casi puras mujeres que vienen solas, con sus hijos, y que huyen de la violencia en Michoacán y Guerrero. Aquí es muy raro que llegue una persona a la que en el camino no le ha ocurrido nada. La mayoría son extorsionadas, son violadas, son robadas. Ellas vienen esperando que el Gobierno de Estados Unidos les de la visa humanitaria. Por suerte aquí en la frontera están dando 40 visas diarias. Es de a poco, pero al menos es algo… Gracias a que las organizaciones en Estados Unidos y en México presionamos para que se les otorguen, porque al principio no querían. Yo me pregunto qué pasa en el sur de México, que se están matando y estas mujeres tienen que huir, cueste lo que cueste (José María Pérez, entrevista, 26 de junio de 2018).

Según lo que nos explican los especialistas en Tijuana, el Gobierno estadounidense no quería aceptar la categoría de refugiadas de estas mujeres porque México es un país reconocido como democrático y normalmente los refugiados provienen de países cuyos Estados son los principales responsables de la violencia contra ellos. Gracias al activismo en torno a la migración, se logró que, con cartas de los presidentes municipales de sus lugares de residencia, en Guerrero y Michoacán, estas mujeres fueran “presentadas” a las autoridades norteamericanas y de Tijuana como personas cuyas familias fueron asesinadas o desaparecidas a manos de las mafias locales. Así, se las consideraba personas que corrían riesgo al quedarse en esos lugares.

El Albergue Juventud 2000 está ubicado en la nada bien afamada zona norte de Tijuana, una zona roja de la ciudad donde deambulan todo tipo de formas de economía clandestina, como comercio de prostitutas, drogas, extorsión a transeúntes y acosos policiales. En ese marco, las 100 tiendas de campaña que constituyen los espacios para dormir en el patio que alberga a las familias en Juventud 2000 dan una impresión más bien desoladora.

Podemos pensar la difícil territorialidad por la que se desplazan estas mujeres, que huyen de una verdadera guerra, librada en el sur de México. Al llegar a Tijuana deben seguir moviéndose con cuidado, ante los peligros que las acechan en la ciudad, como son los acosos policiales y de las mafias. La gente de Tijuana, nos dijo una activista, fluctúa entre la solidaridad y la hostilidad hacia ellas.

Esto da pauta a una especie de territorialidad animal (^{Deleuze y Guattari 2004}), que obliga a entender sus relaciones con el espacio de modo muy específico. Intentan esconderse, camuflarse entre los transeúntes, salir siempre en grupo y vestirse lo mejor posible para que sus aspectos no hagan sospechar a quienes pueden querer aprovecharse de su precaria condición. “No queremos que nos levanten”,² nos dicen algunas mujeres que se cuidan entre ellas cuando transitan por la ciudad.

Varios investigadores se dieron a la tarea de establecer diversas relaciones entre el trabajo y las perspectivas de Karl Marx y Michel Foucault (^{Laval, Paltrinieri y Taylan 2015}). Entre otros muchos nexos entre los dos autores, ellos reconocían la centralidad del concepto de lucha de clases como motor de las sociedades en el trabajo del pensador francés. Pero contrario a Marx, Foucault no veía la lucha de clases confinada al exclusivo mundo de la producción. En su obra, las sociedades están conformadas por múltiples luchas y guerras de todo tipo: guerras de clase y guerras de sexo, guerras económicas y guerras culturales. La infinidad y proliferación constante de guerras y luchas impulsan las sociedades en muchas partes. Foucault recomendaba sacar al concepto de “guerra” del lugar marginal en el que fue depositado por la ciencia política clásica. Al contrario, pensaba en la guerra como una condición mucho más común y presente en las sociedades (^{citado en Laval, Paltrinieri y Taylan 2015, 15}).

En este sentido es que podemos ver a México como una mezcla de regímenes democráticos y parlamentarios que abrigan en su interior también las guerras de las cuales vienen huyendo las mujeres del sur. Un estado de derecho que se combina, no pocas veces, con micro-estados necropolíticos (^{Mbembe 2006}).

Las contradicciones son enormes y las paradojas se multiplican. En un texto anterior (^{Castro Neira 2014}), destacábamos las enormes tensiones debido al surgimiento de la Ley SB 1070 de Arizona, que otorgaba facultades a cualquier tipo de autoridad de ese estado para verificar la documentación de las personas cuando existieran “dudas razonables”. Esas dudas, evidentemente, estaban ligadas a condiciones de clase social y aspecto físico de las personas, lo cual las volvía más vulnerables. En ese mismo estudio demostrábamos que el Congreso mexicano, al crear una nueva Ley Migratoria en 2011, terminó por reproducir el efecto de vulneración en los migrantes que transitan por el país. En las discusiones parlamentarias de ese entonces, no fueron pocas las veces que los congresistas insistieron en crear una Ley contraria a la de Arizona, que protegiera los derechos de los migrantes. Sin embargo, tal como denunciaron diversos estudios (^{Yarrington 2013}) y organizaciones ^{(INCIDES y Sin Fronteras 2011}), la Ley Migratoria mexicana, al mismo tiempo que estableció su intención de garantizar derechos, incorporó restricciones para el acceso a estos. De esa forma, se dio margen para la ambigüedad del cuerpo legal y para su aplicación selectiva y discriminatoria por parte de los funcionarios.

Con base en lo anterior, nos preguntamos: ¿qué lugar ocupa la ley en los escenarios complejos y no pocas veces violentos donde ocurren las migraciones y los desplazamientos? ¿Cómo la podemos definir en su relación con la seguridad y con la protección (o no) de los derechos humanos de las personas migrantes? ¿Cómo resolver la evidente tensión entre las dimensiones violentas de la ley y la capacidad emancipatoria y liberadora que ella misma tiene? ¿A qué crisis mundial nos enfrentamos? Para responder estas preguntas, nos basamos en el trabajo de campo y la investigación documental realizada en torno a la ciudad de Tijuana y a la frontera norte de México con Estados Unidos. Nuestro objetivo es avanzar en la compresión del momento actual, en el que la economía del despojo y de las violencias tiene una centralidad inusitada.

Todos estos elementos, sin embargo, no deben llevarnos a caracterizar a los migrantes como simples víctimas de la situación. Al contrario, como señalan varios textos (^{Naranjo 2016}; ^{De Genova, Mezzadra y Pickles 2015}), los movimientos actuales de población nos invitan a observar la emergencia de nuevos sujetos políticos, que cuestionan los límites de la comunidad nacional, la ciudadanía y la propia delimitación territorial de los Estados nación. En los regímenes de frontera propios del orden global (^{De Genova, Mezzadra y Pickles 2015}), donde se implementan todo tipo de doctrinas de control (^{Domenech 2017}), emergen movimientos migrantes multifactoriales y luchas cruzadas en las que la agencia política exige profundizar en la libertad de movimiento, el rechazo a la deportación y el derecho a permanecer y pertenecer (^{Naranjo 2016, 70}).

Aunque reconocemos lo anterior, en este trabajo nos enfocamos en Tijuana, pero también en el mundo. Partamos del caso europeo: allí las migraciones del Magreb y de los países subsahrianos son una interrogación constante para los países del centro de Europa, que se complementan con los enormes problemas surgidos de los ataques terroristas de 2015 y 2016 (^{ATHENA 2016}). A ello añadimos el seguimiento a las migraciones al cono sur de América, en especial a Chile, con el arribo de cientos de migrantes de diferentes lugares del continente. Desde estos lugares contrastantes, vemos demasiadas coincidencias como para pensar que las violencias y las migraciones son hechos aislados. Constituyen, más bien, una tendencia contemporánea en la que la ley y los discursos de seguridad están lejos de tener un papel menor.

Condiciones que definen las migraciones y sus violencias

La Organización Internacional para las Migraciones sostiene que asistimos, en la actualidad, a un período de intensos desplazamientos humanos en el mundo. Al mismo tiempo, nos dice que esto no es nuevo, sino que ya fue observado en el siglo XIX y principios del siglo XX, cuando 60 millones de europeos emigraron hacia las Américas entre 1815 y 1915 (^{OIM 2018}). Señala, además, que lo sorprendente del fenómeno contemporáneo es el alza en el número de refugiados. Tal como lo explicó el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, Antonio Guterres, en junio de 2015 por primera vez se superó el número de 50 millones, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (^{ONU 2015}). La Convención de Ginebra, escrita en 1951, reconoce en su artículo 1 que la categoría corresponde a toda persona que con “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país”.

Pese a la supuesta apertura de fronteras que suponía la globalización económica, estas se han cerrado aún más y con mayor énfasis desde que en el año 2001 cayeran las torres gemelas en Nueva York, dando paso a la denominada época de securitización que hoy vivimos (^{Doty 2007}; ^{Pallitto y Heyman 2008}; ^{Locas 2011}). Con esta tendencia global, los migrantes aparecen ligados de muchas maneras a los temas de seguridad nacional e internacional. Las leyes migratorias en no pocos países se han vuelto más restrictivas y selectivas.

En innumerables discursos políticos y campañas electorales los temas migratorios han sido centrales y fundamentales, incluso, para inclinar la balanza hacia uno u otro candidato. Basta con recordar la centralidad que fue adquiriendo el discurso antiinmigrante de Donald Trump en Estados Unidos y el de Marine Le Pen en Francia durante las campañas electorales de ambos países. El primero llegó a extremos de calificar a los mexicanos de criminales y violadores, proponiendo la idea de que ellos eran un peligro para Norteamérica (^{Univisión 2015}). Marine Le Pen, en tanto, reiteró en varios discursos que los problemas de Francia se explicaban por la inmigración, principalmente arabo-musulmán. En muchas ocasiones la candidata del Frente Nacional mencionó que una sociedad multicultural no era buena para Francia porque toda sociedad multicultural es también multiconflictual (Rassemblement National 2015). Afirmó incluso que enfrentaban el alarmante arribo de enfermedades contagiosas no europeas, algo que ella misma bautizó como “inmigración bacteriana” (^{Mathiot 2015}).

Junto a ello, se han creado innumerables centros de detención y control, con lo cual el paradigma del “campo de concentración” ha vuelto a resurgir en un mundo que lo creía superado (^{Mezzadra 2005}). Quienes han estudiado los campos de refugiados actuales, proponen que hay muchos tipos y lógicas contrastantes. Hay barrios que operan como campos: por ejemplo, en el Líbano, donde se han asentado sirios en los últimos años. Hay lugares que operan como espacios de encierro, donde se trata de meter allí a los indeseables (^{Agier 2008}). No todos los refugiados son definidos de la misma forma; en Lesbos (Grecia) existe una amplia jerarquía de personas que son tratadas de forma desigual, según provengan del África subsahariana, de Siria o de algún otro lugar del Magreb (^{Córdova 2017}). En varios de esos campos, el dinamismo económico es muy notable: por ejemplo, en la llamada Jungla de Calais (Francia) ha surgido toda una economía en la que ONG, proveedores de servicios y traficantes se sirven de la situación con distintos objetivos. El campo con más refugiados del mundo (unos 235 mil), en Dadaad (Kenya) permanece abierto no por razones humanitarias, sino por evidentes intereses económicos (^{UNHCR 2018}). En estos campos, los estándares internacionales se someten a la aplicación local de las políticas de refugio. En suma: gobernar los movimientos de la gente se ha vuelto un asunto central de la política contemporánea. El control de los desplazamientos de población, a través de mecanismos de expulsión, detención y entrada selectiva de migrantes, es parte central de las políticas actuales.³

Como explica ^{Agier (2008}, 17), el campo demuestra que las categorías de excluidos se multiplican e ignoran: retenidos, expulsados, clandestinos, despedidos... En ese terreno, se pone en práctica una lógica totalitaria que prolonga la catástrofe de las personas, establece un estado de urgencia sin fin y pone a distancia a los indeseables a través de controles, filtros y confinamientos.

Debemos resaltar aquí que varios autores han insistido en las causas económicas y los intereses detrás del auge de las estrategias de seguridad y criminalización de los migrantes. En esa línea están los trabajos pioneros de ^{Harney (1977}), quien acuñó el término “comercio de la migración” para hacer referencia a todos esos intermediarios que lucran con los migrantes. El trabajo de ^{Salt y Stein (1997}) pone énfasis en el dividendo comercial que obtienen diversos agentes espacialmente asociados al tráfico de migrantes. Más recientemente, Claire ^{Rodier (2012}) centra la atención sobre el negocio de la xenofobia, por medio del cual la vigilancia de las fronteras y el control de los migrantes ha llegado a ser una actividad empresarial que genera grandes utilidades.

Todo lo mencionado lo vemos con particular énfasis en México y en la ciudad de Tijuana. La OIM calcula que cada año transitan por el país entre 400 y 500 mil personas indocumentadas, la mayor parte provenientes del triángulo norte de Centroamérica, que incluye Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchos de ellos son deportados: entre 2009 y 2016, con el Gobierno de Barack Obama, se llegó al récord de deportaciones, con más de 2 500 000 personas devueltas a sus países.

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (^{Gutiérrez y Sánchez 2017}) y con nuestras investigaciones previas, la mayor parte de las personas que salen de esos países huyen de situaciones de violencia, innumerables actos que les afectan, causados por grupos criminales organizados y, en algunos casos, coludidos con las autoridades locales, a su paso por México. Una encuesta de Médicos Sin Frontera (MSF) reveló que, entre 2015 y 2016, 92% de las personas que cruzaron reconocieron haber vivido un acto violento en su país de origen o durante su paso por México (^{Redodem 2014}).

Con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las deportaciones continúan e incluso se han radicalizado, como en el caso de las personas que llevaban varios años viviendo en el país. El discurso del mandatario insiste en asociar la deportación con la prevención del delito. Esto es algo denunciado por las organizaciones humanitarias en Tijuana. Angélica Rojas, del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria (organización que surgió en septiembre de 2016, a raíz de la crisis provocada por el arribo masivo de haitianos a la ciudad) afirmó:

Cuando los ves llegar, ellos vienen después de haber vivido 20 o 30 años en Estados Unidos, de tener su trabajo y su familia, de tener sus bienes. Y un día fueron arrestados porque traían una luz rota en el coche. Los detienen y se dan cuenta de que no tienen papeles y sin darles oportunidad de nada, los expulsan. Llegan aquí y caminan por las calles como perdidos. Están viviendo un shock terrible. Se quedan esperando algo, pero nadie les ayuda. Por eso tienen su cabeza como vacía. Perdieron su familia, su trabajo, su vida, de la noche a la mañana. El Gobierno no les ayuda en nada, cuando podrían negociar por lo menos con el Gobierno gringo para que les devuelvan los dineros acumulados por su trabajo, para tener su pensión de vejez en México. Pero no hay nada (Angélica Rojas, entrevista, 20 junio de 2017).

Los testimonios recabados son impactantes. Chema nos contó que durante el año 2013 el Gobierno municipal de Tijuana empezó una campaña en la que insistían en señalar que el alza del crimen en la ciudad se debía a la gente que vivía en el “bordo”. Esta es una amplia franja en la orilla de la ciudad, por donde antes pasaba el río Tijuana. Allí viven unas 1000 personas en las condiciones más extremas: en hoyos, llamados “ñongos”, que cavan en la tierra para hacer sus refugios. Muchos de ellos están sumidos en la drogadicción y no es raro verlos deambular por la ciudad. A partir de las denuncias del municipio de Tijuana, que asociaba el alza del crimen con estas personas, las investigadoras Laura ^{Velasco y Sandra Albicker (2013}) descubrieron que 72% de quienes viven allí son deportados de California. El 93,5% reconoció que había sido detenido por la policía municipal de Tijuana al menos una vez. A muchos los expulsaron luego de haber vivido muchos años allá.

El recuento de situaciones difíciles y a menudo violentas que viven los migrantes podría ser extenso. Bastará aquí con un resumen analítico de ellas para proponer una lectura. Walter ^{Benjamin (2008}) pronosticó, quizás como nadie, las condiciones de tragedia que se venían sobre Europa en los años 30 del siglo XX. En ese tiempo, el filósofo judío alemán sospechaba que los discursos extremos del nacional socialismo podrían derivar, como de hecho terminó ocurriendo, en la llamada solución final. En su análisis, sin embargo, el momento nazi no constituía una excepción de la historia, sino la profundización de un mismo sistema económico y político.

En muchos sentidos, podemos hablar de las migraciones y las violencias asociadas a los desplazamientos humanos como parte de un momento de profundización de la crisis de época que vivimos. Crisis que se asemeja en varios sentidos a la lectura proporcionada por Benjamin. De esa forma, vemos en las migraciones no las condiciones de excepcionalidad, sino las regularidades compartidas en una y otra latitud, propias de un modo económico de existencia.

La situación en torno a las migraciones y los desplazamientos humanos confirma la condición de la historia como tragedia, en la lectura comentada de Benjamin. Las violencias aparecen como el telón de fondo común a estas experiencias de trauma. De hecho, las migraciones⁴ (que incluyen los desplazamientos, las deportaciones, las expulsiones, las detenciones, los movimientos de población… en fin, todos los intentos por controlar el movimiento que conllevan) aparecen como un guion mayor de la escena política misma. Todo ello porque cuestionan el espacio, la geografía, la urbe, la separación y la segmentación que producen, a menudo, un mercado de trabajo precario (^{Harvey 2010}).

Las migraciones entran en nuestra experiencia, como sostiene Hommi ^{Bhabha (2013}), en tanto eventos traumáticos de la historia global como el esclavismo, la guerra, las diásporas y las revoluciones. Agregaríamos, para América Latina, la conquista y la formación del Estado, el cual se produjo, como explicaba Rodolfo Stavenhagen (^{Unesco 2000, 32}) a costa del exterminio de razas y culturas.

Estos problemas son centrales en la política contemporánea, pero adquieren formas particulares en cada contexto. Por ejemplo, en México se asocian con la “crisis humanitaria”, un concepto que viene del lenguaje internacional de los derechos humanos y que los activistas y defensores de derechos humanos insisten en su reconocimiento internacional. El Gobierno mexicano ha persistido en desconocer el problema y a la vez denunciar lo que sucede en Estados Unidos, haciendo del doble discurso una forma de desviar la atención de los problemas y eludir su responsabilidad.⁵

Estados Unidos, en tanto, ha organizado toda su política migratoria en el Gobierno de Trump bajo el paradigma de la “tolerancia cero”. Esa tesis de seguridad lleva años aplicándose en el país. Supone un combate frontal al crimen, que estaría relacionado con los migrantes. Son conceptos clave los de seguridad y encierro. Pero como explica Loïc Wacquant en su trabajo sobre la tolerancia cero, esta es, en realidad, otro tipo de imposición discriminatoria contra cierto tipo de personas. Está guiada por una mitología neoconservadora, que supone que los delitos son producto de carencias individuales, morales o de comportamientos, nunca una consecuencia de las condiciones sociales existentes. Citando al criminólogo Adam Crawford, se pregunta: ¿dónde está la tolerancia cero de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad?

En Europa, en el mismo sentido, la migración actual se asocia con la llamada crisis del refugio, la cual se expresa materialmente en los campos de refugiados. Con frecuencia, los medios de comunicación y los discursos políticos relacionan a los migrantes con la lucha contra el terrorismo. Ello toma forma más clara en el concepto de crisis migratoria y crisis de refugio. Siguiendo la lectura de Nicholas ^{De Genova (2016}), todas las ideas de crisis tienen un evidente sentido político. Es decir, con la idea de que estamos en crisis, reiterada en los medios y en diversos foros de discusión, se termina por instalar la imagen de que la austeridad es necesaria. La sociedad acepta así que tiene que hacer un esfuerzo excepcional para permitir que el orden regrese. Dicho de otra forma, para proteger nuestras libertades, ellas se deben restringir.

Lo anterior, expresado en los tres contextos recién comentados, vuelve a hacer eco con el análisis de Walter ^{Benjamin. En su trabajo sobre la violencia y el derecho (Benjamin 2007}), él propone que este último custodia un orden creado para la persona aislada en nombre de un orden superior de libertad, establecido por el destino (aquí la crítica a Hegel es evidente). El monopolio de la violencia que ejerce el derecho no busca salvaguardar los fines jurídicos, sino salvaguardar al derecho mismo. Según su reflexión, este tiene la capacidad de suspender un derecho que él mismo ha consagrado. Eso ocurre porque las razones de seguridad son siempre superiores para él. Con ello, la violencia se funda y conserva en la ley por medio de la policía. Esto justifica las intervenciones más brutales contra los sectores más indefensos de la sociedad. Cuando no es clara una situación jurídica, la policía interviene por razones de seguridad.

Independiente de que estemos de acuerdo parcial o totalmente con el análisis de Benjamin, el guiño que nos hace con la situación contemporánea nos parece manifiesto. Sus reflexiones nos permiten pensar las dimensiones paradójicas del derecho, la seguridad y la inseguridad que viven las personas migrantes y en movimiento. Recordemos que ^{Sousa Santos y García Villegas (2004}) ya nos habían enseñado en su trabajo sobre la ley en Colombia que, para garantizar la seguridad de los mercados, era fundamental producir la inseguridad de las personas.

Todo esto nos muestra que, con las migraciones, emerge una nueva configuración sociológica en el mundo. En ella, resulta sorprendente que la mayor parte de los Estados y organismos internacionales, a la vez que crean e impulsan leyes favorables a los migrantes y sus derechos, en nombre de la seguridad de sus connacionales levantan las más complejas tramas, que les afectan. No es que todos los Estados actúen directamente así sobre los migrantes, pero al enaltecer las cuestiones de seguridad como las más importantes, algunos dejan el camino abierto para que sufran a manos de “coyotes”, traficantes, bandas organizadas y, no pocas veces, autoridades y funcionarios de los mismos Estados.

Además, gracias a que esos discursos de seguridad refuerzan la idea de que los migrantes (selectivamente los de un tipo y procedencia) son claves en el desorden social y el alza del crimen, la ciudadanía nacional asume como propia la tarea de expulsarlos y de tener el control sobre ellos. Esto es lo que vemos en el trabajo de Joana ^{Moll (2014}) sobre las formas de video vigilancia en la frontera de México con Estados Unidos. Ella estudia el caso de los sistemas de plataformas en Texas que permiten la participación de ciudadanos comunes y corrientes en la vigilancia, a través de la instalación de cámaras en las rutas comunes de paso de migrantes. La gente que decide participar es dotada por el Estado de pantallas en sus casas, desde las cuales pueden avisar, por medio de luces de color rojo y verde, de la presencia de migrantes en la zona. De acuerdo con su investigación, los ciudadanos son convencidos y educados en la idea de que luchan contra el crimen en la frontera las 24 horas del día, los siete días de la semana. De este modo, son transformados en soldados interactivos, que vigilan desde la comodidad de su casa.

La tecnología triunfa, como en el trabajo de Federico ^{Besserer (2016}), pero no triunfa en el control, sino en la creación de ciudadanos gubernamentalizados y concientizados en el trabajo que deben hacer. Su triunfo es un triunfo político. Patógeno, nos diría Franz ^{Fanon (2009}).⁶

En nuestra perspectiva, gracias a esta situación vivimos una hibridez institucional y legal desde la cual es muy difícil trazar una lectura ajustada a la realidad y menos aún, hacerlo desapasionadamente. En tanto analistas, haríamos bien en detenernos a pensar lo que significa la ambigüedad legal y sociológica en torno a estos fenómenos.

Con todo esto se ha ido construyendo progresivamente un archivo migrante,⁷ el cual es un amplio repertorio de imágenes negativas y positivas de los migrantes. Un archivo al que contribuyen y contribuimos periodistas, activistas, políticos, académicos y los mismos migrantes. Es, por supuesto, un archivo de alta intensidad semiótica. Un archivo esquizofrénico, no pocas veces histérico. En él, tal como hemos planteado en este texto, prima la idea del migrante como un problema y peligro. La tarea académica que tenemos por delante es consistente con la lucha por poner un poco de orden en ese archivo y ofrecer alternativas de análisis, interpretación e intervención, creando una lectura de la seguridad y el control nutrida de las experiencias de gente en movimiento y muchas veces sin poder.

Conclusiones

En el año 2015 el Gobierno de Tijuana comenzó una campaña para que la policía judicial, cuestionada entonces por activistas y académicos por los abusos y extorsiones cometidas contra las personas migrantes, recibiera capacitaciones para que entendiesen los derechos de estas. Luego de participar en talleres donde aprendieron sobre derechos humanos, esa policía dejó de ser el flanco de las críticas. Desgraciadamente, según los activistas, ese lugar lo ocupa ahora la policía municipal, señalada una y otra vez por los migrantes como sus principales depredadores en la ciudad.

Los derechos humanos y las leyes pueden ser un discurso e, incluso, un fetiche. Al mismo tiempo, herramientas fuertes con las cuales los migrantes y sus aliados se puedan defender. Muchas veces en Tijuana, gracias a la palabra “derechos humanos”, las Policías se abstienen de actuar negativamente frente a los migrantes, por los efectos que puede traer.

Por esas razones, la ley es ambigua en sus manifestaciones; no es buena ni mala en sí misma. Desgraciadamente, observamos que, ante las migraciones, la ley se activa más para sancionar a las personas en movimiento. Transformarla en un contrapoder requiere una sociedad activa. Lo mismo ocurre con la idea de seguridad, que no es negativa en sí misma. Los seres humanos la necesitamos, pero el caso de las migraciones nos demuestra que también es importante definir qué estamos entendiendo por ella.

Observamos también que se pone en entredicho uno de los pilares de la historia legal de Occidente, base del contrato social: el concepto de ciudadanía. Hasta ahora, nos recuerda Bhabha, la ciudadanía reflejaba la idea de que la pertenencia a una nación sería la pertenencia primaria y más importante. La clase, la raza y el género serían pertenencias de segunda naturaleza, menos relevantes que la primera. El desafío al que nos llevan las migraciones es imaginar y concebir opciones fuera del marco nacional o nacionalista (^{Bhabha 2013, 72}).

De alguna manera, este orden de problemas mayores nos invita a dialogar con el trabajo de la filósofa Hannah ^{Arendt (2009}), quien propuso un sugerente cuestionamiento a la lógica y la política de los Estados nacionales, todos ellos frecuentemente xenófobos. La propia expresión contemporánea del migrante y de la gente en movimiento cuestiona el orden político. Sus acciones, sus desplazamientos y su territorialidad constituyen las bases de la vida activa, que son la base de sus condiciones de vida, en tanto, seres humanos.

Por otra parte, ^{Marx (1972}) habló del fetichismo para explicar la manera en que las cosas o los productos adquieren un valor independiente del trabajo puesto en su producción. La ley adquiere, por medio del proceso fetichista, un valor y un poder independiente de su creación como obra humana. Y como toda obra, puede y debe ser corregida.

Hoy día vemos cómo muchas veces la seguridad y la ley contradicen las políticas de derechos humanos. Si, como pensó ^{Sousa Santos (1998}), nos enfrentamos a la necesidad de empujar una práctica y concepción progresista y emancipatoria de los derechos humanos, el caso de las migraciones nos recuerda que esto es de urgencia vital. Hablamos de pensar una política de seguridad que incluya una cultura de sentimientos (^{Benjamin 2007}), favorable a la convivencia y coexistencia social, algo sobre lo cual la gente en movimiento y los migrantes nos están llevando a pensar todo el tiempo.