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URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

versión On-line ISSN 1390-4299versión impresa ISSN 1390-3691

URVIO  no.23 Quito jul./dic. 2018

http://dx.doi.org/10.17141/urvio.23.2018.3745 

Dossier

De la era de la migración al siglo de la seguridad: el surgimiento de “políticas de control con rostro (in)humano”

From the age of migration to the century of security: the emergence of ‘control policy with a (in)human face’

Era da migração ao século da segurança: o surgimento de ‘políticas de controle com rosto (des)humano’

Jacques Ramírez Gallegos1 

1Ecuador. Universidad de Cuenca. papodelalife1@gmail.com

Resumen

Si bien el discurso oficial, aceptado prácticamente por todos los Estados, habla de una migración “regular, ordenada y segura”, lo cual ha quedado sellado en el Pacto Global de las Migraciones, la movilidad humana contemporánea difiere mucho del deseo de los gobernantes, tanto en el perfil como en las vías utilizadas para llegar al destino. El presente artículo pasa revista a algunos “paisajes migratorios” en varios lugares del planeta, que han tenido como correlato la respuesta estatal de mayores controles, apelando al discurso de la soberanía nacional. Se plantea la tesis de que en esta nueva etapa del neoliberalismo estamos presenciando el surgimiento de políticas de control con rostro (in)humano de carácter neofascista, sobre todo con el ascenso al poder de Gobiernos nacionalistas y de extrema derecha, que impulsan y practican la xenofobia, el racismo y la aporofobia. Esto ha resultado en un incremento de la deportación, judicialización de la migración, expulsión, confinamiento, construcción de muros, extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y muerte.

Palabras clave: Estado; migración; neofascismo; neoliberalismo; securitización

Abstract

Although the official discourse, accepted practically by all the States, speaks of a "regular, orderly and safe" migration, which has been sealed in the Global Compact for Migration, contemporary human mobility differs greatly from the desire of the rulers both in the profile and in the routes used to reach destination. This article reviews a number of 'migratory landscapes' in several places on the planet that have had as a correlate the State´s response to greater controls, appealing to the discourse of national sovereignty. The following thesis is proposed: that in this new stage of neoliberalism we are witnessing the emergence of control policy with an (in) human face of neo-fascist character, especially with the rise to power of nationalist and far-right governments that promote and practice xenophobia, racism and aporophobia. This has resulted in increased deportation, judicialization of migration, expulsion, confinement, construction of walls, extortion, kidnapping, disappearances, torture and death.

Key words: migration; neofascism; neoliberalism; securitization; State

Resumo

Mesmo que o discurso oficial, aceito praticamente por todos os Estados, fale de uma migração "regular, ordenada e segura" e que este discurso se tenha consolidado no Pacto Global das Migrações, a mobilidade humana contemporânea está longe do desejo dos governantes, tanto em relação ao perfil dos migrantes, como respeito às vias utilizadas para chegar ao seu destino. O presente artigo analisa algumas "paisagens migratórias" em vários lugares do planeta que têm tido como correlato a resposta estatal de maiores controles apelando ao discurso da soberania nacional. Neste estudo se propõe a tese de que, nesta nova etapa do neoliberalismo, estamos presenciando o surgimento de políticas com rosto (des)humano de caráter neofascista, sobretudo com o ascenso ao poder de governos nacionalistas e de extrema direita que promovem e praticam a xenofobia, o racismo e a aporafobia. Isto tem gerado como resultado o aumento de deportações, a judialização da migração, expulsões, confinamento, construção de muros, extorsões, sequestros, desapariçoes, tortura e morte.

Palavras chave: Estado; migração; neofascismo; neoliberalismo; securitização

Introducción

“Vivos migraron, vivos los queremos”.

Celia, migrante boliviana radicada en Buenos Aires, trabajó mucho tiempo en una fábrica textil. Me comentó hace pocos días que la empresa se declaró en quiebra y cerró. Aunque se ha quedado sin trabajo, está contenta de ya no estar ahí, por las condiciones precarias en las que trabajaba. “No nos dejaban ni ir al baño, nos quitaban los celulares, trabajábamos más de ocho horas… todo esto me provocó un aborto”. Ahora el mayor problema -me comenta- es la situación económica del país y el temor que tiene como migrante a ser expulsada por las nuevas medidas migratorias que ha tomado el Gobierno de Mauricio Macri. “Cree que somos delincuentes, me siento insegura”, enfatiza.

El pequeño relato de Celia nos enfrenta con varias de las preguntas centrales que aborda este dossier: ¿qué entendemos por seguridad, cuando hablamos de migración?; ¿por qué se asocia la migración con la (in)seguridad?; ¿para quién la migración es un problema? De entrada, hay que señalar que el análisis sobre migración y seguridad se ha enfocado principalmente desde la potestad soberana que tienen los Estados para controlar y/o regular los flujos migratorios, las admisiones y la estancia de los extranjeros en su territorio. Así, el adjetivo que acompaña al término “seguridad” ha sido “nacional” o “fronteriza”.

A la mirada de la migración como un problema de seguridad nacional se han sumado visiones que la consideran también un problema de seguridad pública, al interior de los Estados. De ese modo, se coloca discursivamente a los migrantes como los responsables de alterar el orden y la estabilidad, así como de poner en riesgo servicios sociales públicos como la educación, la salud y la seguridad social. Por último, nuevas corrientes han utilizado el término seguridad humana o seguridad ciudadana, que recupera la idea de protección a las personas expuestas a amenazas e incluye la preocupación por los derechos humanos de los migrantes (Pérez 2008).

Por otro lado, bajo el paradigma dominante de la gobernabilidad migratoria, se colocó a nivel mundial la idea de que una migración “segura, regular y ordenada” beneficia a todos. Tal fue la hegemonía de dicho enfoque, impulsada por los organismos internacionales -principalmente por la Organización Internacional para las Migraciones (Venturas 2014; Pécud 2017)- que los Gobiernos del mundo, independientemente de su color ideológico, han internalizado dicha mirada y han logrado acordar el primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado este año en Naciones Unidas, cuya adopción oficial se realizará en Marruecos a finales de 2018.

Al conocerse la aprobación del Pacto Mundial, Naciones Unidas publicó una nota informativa en su página web, que arranca con una foto de una familia migrante (papá, mamá e hijo) que viaja en avión a su nuevo destino y, mientras observan por la ventana, van tomando fotos con su celular del paisaje que les espera. Un horizonte donde brilla el sol aparece en la pantalla del móvil. La imagen está acompañada del siguiente título: “Un pacto mundial por los derechos de los migrantes”. 1

Dicha imagen no pude ser más elocuente de lo que el discurso hegemónico busca, desea y entiende por una migración “segura, ordenada y regular”. Un grupo familiar pequeño, mejor aun si son migrantes calificados, que viajen con pasaporte y visas que les permitan internarse y residir legalmente, y que lleguen al país a través de los canales y pasos migratorios oficiales. Mucho mejor si lo hacen por avión, donde las aerolíneas y los controles migratorios en origen y destino ayudan a canalizar los flujos.

Ante esta caracterización y mensaje enviado por los Estados al firmar dicho Pacto Global, hay que señalar lo evidente: no toda la migración responde a esa postal de la familia migrante descrita con anterioridad. Cuatro escenas/paisajes que hemos visto en el último lustro en varias geografías del mundo dan cuenta de una realidad completamente diferente. Dichas escenas dieron como resultado el incremento de la securitización de la migración por parte de los Estados, entendiendo con este término el proceso que lleva la política a la esfera de la seguridad nacional (Campesi 2012). Vale señalar que la seguridad no puede entenderse sin hacer referencia a su marco socioespacial (Glück 2017). La dimensión espacial de la seguridad, en relación con la migración, ha estado enfocada sobre todo al ámbito de lo nacional (aunque opera transnacionalmente).

Conforme se ha producido un incremento de flujos migratorios, esto ha tenido como correlato el etiquetado de “crisis de refugiados o crisis de migrantes”. Como señala De Genova (2016), hay un uso político tras la idea de “crisis”. Los medios de comunicación y las redes sociales la construyen; es concebida como un tiempo excepcional donde el marco jurídico puede interrumpirse y se toman medidas humanitarias o prácticas estatales de criminalización de la migración (Ticktin 2011). La tesis que sostengo es que dichas medidas cobran cada vez más fuerza a favor del control y la seguridad nacional, y menos para ayudar a los migrantes y defender sus derechos. En otros textos he hablado de la yuxtaposición de enfoques entre derechos y seguridad (Ramírez 2018a), sin embargo, en la nueva fase del neoliberalismo planteo, parafraseando a mi colega Eduardo Domenech, que estamos presenciando el surgimiento de políticas de control con rostro (in)humano. Ni las críticas al paradigma de la gobernabilidad migratoria (Geiger y Pécoud 2010) ni a las teorías de las securitización de la migración (Treviño 2016) alcanzan para comprender la dimensión que están tomando las políticas migratorias en la actualidad. Los “paisajes migratorios” que relato ayudan a sustentar el argumento.

Paisajes migratorios

El mediterráneo. Miles de sirios huyendo de la guerra, en su intento de llegar a la fortaleza europea. Entre ellos, el pequeño Aylan, cuya imagen, tirado en la arena del mediterráneo, dio la vuelta al mundo. El incremento de los flujos migratorios por el corredor entre África del norte y Europa se incrementó desde que la primavera árabe se transformó en invierno, sobre todo cuando la Unión Europea quitó el apoyo a la Libia de Gadafi, país que funcionaba como Estado-tapón. Desde ahí, empezamos a observar el incremento de barcos que trasportaban a migrantes en tránsito y con ellos, las noticias de que miles morían en el mar mediterráneo, que poco a poco se fue trasformando en un mar rojo. Se estima que entre 2013 y mediados de 2018 han muerto en ese lugar alrededor de 18 500 personas.2 Muchas provienen de Somalia, Eritrea, Liberia, Sudán, Mali, Gambia y, más recientemente, de Nigeria, Guinea, Costa de Marfil y, por supuesto, de Siria.

A la par de que la Unión Europea (UE) declaraba “crisis de refugiados” (Tazzioli, Garelli y De Genova 2018), reforzaba las costas, sobre todo de Italia, Grecia y Malta. Declaraba la guerra contra los traficantes de personas, olvidando -una vez más- que esas migraciones son consecuencia de las grandes desigualdades existentes entre el norte y el sur global. De igual manera, reforzaban los controles en otros puntos calientes de tránsito, como son Ceuta y Melilla, en el estrecho de Gibraltar,3 así como en Kapitán Andreevo, cruce fronterizo que separa Bulgaria de Turquía.

Fue en este último lugar donde la UE decidió arrancar las operaciones de su más nuevo sistema de control migratorio: la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas. Esta nueva agencia complementa al ya existente programa Frontex (que cuenta con 16 barcos, cuatro aviones y cinco helicópteros que patrullan el Estrecho, el centro del Mediterráneo y el Egeo) y al acuerdo firmado a inicios de 2016 con Turquía. Arrancó con 1500 efectivos, con la misión de controlar el ingreso de migrantes y personas que huyen de la masacre vivida en Siria y buscan refugio en Europa. El comisario de la inmigración de la Unión, Dimitris Avramopoulos, señaló en la inauguración de dicha agencia que “a partir de ahora la frontera exterior de la Unión Europea de un Estado Miembro es la frontera exterior de todos los Estados Miembros, tanto legal como de forma operativa” (EFE 2016).

Mar de Andamán. Mientras llegaban las imágenes de migrantes y barcos en el mediterráneo, aparecieron otras similares, pero en latitudes más lejanas, no por eso menos brutales. Esta vez el escenario era el Mar de Andamán y los protagonistas, migrantes de Birmania y Bangladesh, casi todos pertenecientes al grupo étnico de los Rohingya, que intentaban llegar a Indonesia. Las imágenes mostraban a migrantes a la deriva, abandonados por la tripulación, peleándose por comida, dada la escasez de alimentos. Según relataron posteriormente algunos sobrevivientes, esto último provocó peleas a bordo, que terminaron con personas muertas o lanzadas al mar. Tailandia y Malasia se negaban a permitir el desembarco en sus costas. Los Rohingya son una minoría musulmana, no reconocidos como ciudadanos por el Gobierno de Birmania, país mayoritariamente budista. Son considerados apátridas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Desde 2012 se calcula que unas 900 000 personas de esta comunidad han tenido que migrar forzadamente (Prieto 2017).

Corredor migratorio Centroamérica-México-Estados Unidos. Nuestro continente no está alejado de estas historias. Sin embargo, las frecuentes noticias de violencia y muerte que llegan desde México, principal país de tránsito del mayor corredor migratorio del mundo, hacen que olvidemos el drama que viven los migrantes, sobre todo provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) y del sur de México, en su intento por alcanzar no el sueño americano, sino la reagrupación familiar, en varios casos, o salir de la violencia estructural que se vive en dichos lugares (Anguiano y Villafuerte 2016).

A partir de 2014, las imágenes que nos llegaron de esta zona fueron miles de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados, que trataban de llegar a Estados Unidos pasando por la pesadilla del tránsito. Esa vez se habló de “crisis de niños migrantes”. La película La jaula de oro, de Diego Quemada, y el material fotográfico de John Moore (Taylor 2018), retratan magistralmente la peligrosidad de la ruta en la que 106 738 NNA migrantes no acompañados fueron detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos entre 2014 y 2015 (Castañeda 2016). La mayoría de ellos necesitaban protección internacional (UNHCR 2014).

Bajo las políticas de externalidad del control, desde el Plan Puebla Panamá impulsado por el expresidente mexicano Vicente Fox al iniciar el siglo, se establecieron mayores controles en la frontera sur de México, para impedir que los migrantes centro y suramericanos lleguen a Estados Unidos. En la frontera sur (Tapachula) se estableció uno de los mayores centros de detención de migrantes, la Estación Migratoria Siglo XXI. A esto hay que sumar la llamada Iniciativa Mérida y la puesta en marcha del programa Frontera Sur, en 2014, que implementaron nuevos mecanismos de control para hacer de México un Estado-tapón de migrantes. Según Castañeda (2016), las detenciones desde el inicio del programa Frontera Sur aumentaron considerablemente. Llegaron a 93 613 de julio de 2014 a junio de 2015, lo cual equivale al 99% de las detenciones realizadas los dos años anteriores. De enero de 2015 a septiembre de 2018 México expulsó a 436 125 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños (Meléndez 2018).

La respuesta de Estados Unidos al incremento de migrantes fue declarar “crisis humanitaria”. La patrulla fronteriza capturaba a dichos migrantes y los encerraba en centros de detención,4 donde esperaban su destino. Algunos eran deportados a su país de origen y a otros, que corrían con mayor suerte, se les otorgaba refugio y se reagrupaban con sus familias en destino.

Quienes logran superar el tránsito se ven amenazados ahora por la nuevas políticas de la Casa Blanca, que no solo ha ratificado su intención de ampliar el muro que separa Estados Unidos de Latinoamérica (no solo de México), sino que ha amenazado con deportar -ya empezó- entre dos y tres millones de migrantes.5 Pretende, además, limitar el número de personas que entran en calidad de refugiados y encarcelar a los que tienen antecedentes penales (incluidos quienes cometieron infracciones menores o infringieron las leyes de migración). Hay que señalar que empezaron a rastrear a los padres de los NNA no acompañados, utilizando a los menores para dar con su paradero, acusándoles penalmente no solo de estar “ilegales”, sino de contribuir al tráfico de personas por llevar a sus hijos a Estados Unidos (Ordoñez 2017). Según esta nueva mirada implementada por Trump, los padres de los niños no acompañados también son parte de la red de coyotes. Bajo su política de “tolerancia cero” a la inmigración, fuimos testigos en el mes de julio de la detención y separación de sus padres de 2300 hijos de migrantes.

Finalmente, cuando editaba este texto, una vez más sonaron las alarmas en esta región del mundo. Llegaron las imágenes de la denominada “Caravana Migrante”, que partió desde San Pedro de Sula (Honduras) el 12 de octubre y fue creciendo en el camino, hasta llegar a México unos 7 000 migrantes, incluidos menores de edad. De este país, donde el 3% de las familias ricas posee el 80% de los recursos, se calcula que migran entre 80 000 y 100 000 personas al año (Guillamón 2018). Ya se ha dicho que este corredor migratorio tiene mucha historia y se han visto algunas caravanas en el pasado reciente. No obstante, ninguna con esta magnitud, con tanta convicción y desesperación que, al caminar en grupo y medianamente organizados, han prescindido de coyotes y han buscado escapar, no todos con éxito, de la violencia del tránsito y de la industria de la migración clandestina, que ocurre cuando viajan dispersos (Durand 2018; Varela 2018).

Ante las amenazas de Trump de quitar el apoyo en cooperación económica a los países centroamericanos si dejan pasar la marcha, y cumpliendo el rol de México de Estado-tapón, vimos cómo la Policía Federal ponía rejas en el puente del río Suchiate, enviaba helicópteros para patrullar la frontera e intentaba bloquear el paso de los marchantes. Su objetivo: disuadir y amenazar con deportar a aquellas personas que huyen forzadamente de la miseria, las pandillas, la violencia, los homicidios, el miedo, la corrupción, el extractivismo y las sequías que se viven en el Triángulo Norte. Vimos un discurso de odio y racismo en redes sociales frente al paso de la caravana por México, pero también vimos muestras de hospitalidad y solidaridad del pueblo mexicano para ayudar a este éxodo. Ese corredor migratorio, tanto en la frontera norte como en la sur de México, es analizado en los artículos de Castro, Álvarez, Ramos, Coraza de los Santos y Martínez en este dossier.

Suramérica. En el espacio suramericano también se habla y se discute bastante sobre migración en la actualidad, en especial por el incremento de los flujos desde Venezuela, lo que ha provocado que varios países de la región se conviertan en destino y tránsito migratorio. Según la OIM (2018), el número de migrantes venezolanos es de 3 millones de personas. De ellos, aproximadamente 1,8 millones migraron a algún país de la región en los últimos años, casi en su totalidad por vía terrestre, en trasporte público, y algunos tramos a pie. En términos porcentuales, dependiendo de la fuente, se calcula que entre el siete y diez por ciento de la población venezolana ha salido de su territorio rumbo a algún país de la región.

Una vez más, se le adjudicó a este incremento la etiqueta de “crisis migratoria”, fruto del grave deterioro de las condiciones de vida. A ello hay que sumar otros elementos que permiten entender las causas estructurales de dicha migración: dependencia del petróleo y de los precios del mercado internacional, un control de cambio que favorece a las mafias importadoras y cambiarias, a expensas del Estado, sanciones económicas financieras internacionales, un aparato productivo nacional en condiciones precarias, y unos índices de inflación, desabastecimiento y especulación que someten a muchos ciudadanos de a pie a una situación de sobrevivencia (Vargas 2018).

Colombia, que en los últimos 50 años ha expulsado a migrantes, la mayoría forzados, y que constituye el país con mayor desplazamiento interno del mundo -7,2 millones, según el último informe del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC 2017)- superando a Siria e Iraq, ahora recibe a cientos de miles de venezolanos. Muchos de ellos son colombo-venezolanos, que tiempo atrás llegaron como refugiados o hijos de migrantes colombianos. El Gobierno de Colombia, al igual que otros de la región como Perú o Chile, emitieron algunas resoluciones o decretos “parche” (permisos temporales o especiales de permanencia) o crearon visas especiales (de “responsabilidad democrática”) para enfrentar el flujo, más preocupados por deslegitimar al Gobierno de Nicolás Maduro y por captar fondos de cooperación internacional que por defender los derechos de los migrantes y otorgar facilidades de residencia. Se calcula que aproximadamente el 27% de los migrantes venezolanos que han migrado a algún país de Suramérica ha obtenido algún permiso de residencia (Ramírez 2018b). Su presencia en varios países de la región ha provocado rechazo y la percepción del incremento de inseguridad. Esto se analiza en detalle, para el caso peruano, en el artículo de Cuevas.

Otros países como Argentina, como comentaba Celia al inicio de este texto, reforzaron el enfoque de control migratorio y vuelven a convertir el miedo en forma de hacer política. La publicación del Decreto de Necesidad Urgente (DNU 70/2017) emitido por Mauricio Macri es analizada en profundidad en el artículo de Penchaszadeh y García. Este estableció impedimentos para el ingreso y la permanencia de migrantes, aceleró los trámites de expulsión, eliminó la unidad familiar como condición para evitar la deportación, así como el programa de abordaje territorial para documentar a los migrantes.

Argentina ha recibido un número menor de venezolanos, comparado con los países de la costa del Pacífico, porque las condiciones económicas no atraen a los migrantes. Por el contrario, se ha viso este año el incremento de personas (tanto argentinas como migrantes radicados en dicho país) que están saliendo. Pese a esto, el Gobierno de la alianza Cambiemos utiliza y vincula a los migrantes con la delincuencia y el narcotráfico, como vimos en la reciente detención de cuatro extranjeros en los exteriores de la Cámara de Diputados, dos de ellos venezolanos, a quienes se les revocó la residencia y están sujetos a una “deportación express”.

En Brasil cerraron la frontera del extremo norte, en Roraima, para impedir el paso de migrantes venezolanos, muchos de ellos indígenas pertenecientes al pueblo Warao, que se empezaron a asentar en los municipios de Pacaraima y Boa Vista. El incremento de esta migración produjo brotes de xenofobia, que terminaron con la quema de las pocas prendas con las que viajan los venezolanos y el regreso de muchos de ellos a su país (Da Frota Simões 2018). Vale resaltar que en Roraima ganó en primera y segunda vuelta el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien se ha pronunciado en contra de la migración.

En Ecuador, país que había construido un enfoque de derechos e impulsado la migración intrarregional,6 se decidió el 18 de agosto (no por casualidad, después de la visita del vicepresidente de Estados Unidos) restringir el ingreso de venezolanos, al prohibir la entradas de aquellos que arribaban con cédula de identidad o partida de nacimiento. Solo se posibilitó la entrada a quienes portan pasaporte vigente, violando así la Ley de Movilidad Humana y acuerdos multilaterales firmados en el seno de la Comunidad Andina (CAN) y del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Esta medida provocó reacciones de organizaciones de derechos humanos, quienes interpusieron medidas cautelares. Si bien se logró eliminar el requisito de entrar solo con pasaporte (documento muy complicado de conseguir en Venezuela, por el costo y la demora en la entrega), la Cancillería emitió el Acuerdo Ministerial No. 244, en el que se señala que los ciudadanos venezolanos podrán ingresan a Ecuador con cédula de identidad siempre y cuando cumplan con uno de los siguientes tipos de validación: “un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno del Ecuador o un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela debidamente apostillado” (Ministerio de Relaciones Exteriores 2018). La medida también fue implementada por el Gobierno de Perú. El resultado de tales políticas fue el descenso de los ingresos de venezolanos por los puestos de control migratorio fronterizos desde septiembre del presente año y a nivel político, la expulsión de la embajadora de Venezuela en Ecuador y de su par en Caracas por la “guerra de datos” que ha ocasionado este flujo, unos inflando y otros minimizando.

A las medidas tomadas por el Gobierno de Ecuador en torno al flujo de venezolanos se suman a otras implementadas anteriormente, que confirman el reforzamiento del enfoque de seguridad y control en el país. En efecto, en lo que va del Gobierno de Lenin Moreno se han incrementado las deportaciones e inadmisiones. Según el Ministerio del Interior (2018), hasta diciembre de 2017 Ecuador deportó a 26 personas. En el primer cuatrimestre de 2018 deportó a 191; un crecimiento del 635%. En 2017 Ecuador inadmitió a 234 personas; en 2018, casi el mismo número solo en el primer cuatrimestre del año (221 personas). El 94% de las personas deportadas son latinoamericanos (la mayoría, colombianos), mientras que la mayoría de inadmitidos provenía de la India y Cuba.

Como observamos, todas estas imágenes de migrantes, rastreadas en varias geografías del globo (África, Europa, Asia y América) difieren mucho de la postal descrita al inicio del texto y dan cuenta de migrantes que viajan por mar o tierra de manera clandestina. Presenciamos una migración forzada, cuya respuesta estatal ha sido implementar diferentes dispositivos de control y seguridad, para impedir que los migrantes lleguen a su destino. Dos elementos adicionales que complementan el pasaje securitista que vemos en la actualidad son el incremento de muros y vallas fronterizas en el nivel global y el incremento de centros de detención para migrantes.

En la actualidad hay 70 muros alrededor del mundo; el 81% se construyó en el siglo XXI (Vallet 2014; Benach 2017). El año que más muros se construyeron fue 2015 (18), a lo que habría que sumar la propuesta del partido del electo presidente Bolsonaro de construir un muro en la frontera suroeste de Brasil con Paraguay. De igual manera, en este siglo proliferaron los Centros de Detención Migratoria. Existen en la actualidad 1268 en uso en todo el mundo (gráfico 1), en América (493, de esos, 210 en Estados Unidos y 58 en México) y Europa (377). La mayoría también fueron construidos en los últimos años. Todo esto configura lo que algunos autores han denominado “la época de la securitización” (Pallitto y Heyman 2008).

Fuente: Global Detention Project (2018)

Gráfico 1 Centros de detención de migrantes en el mundo 

El siglo de la seguridad y el control migratorio

La convocatoria a este dossier señalaba que el eje migración y seguridad no aparecía en primer plano en la agenda internacional gubernamental multilateral, que enfatizó y enfatiza más la temática de migración y desarrollo y, en el caso de la región, los temas de migración y derechos humanos.7

El silencio u omisión a la hora de hablar de migración y seguridad (quizá solamente interrumpido cuando se recita “la necesidad de una migración, regular, ordenada y segura”8) se está perdiendo en esta nueva fase del neoliberalismo y la llegada al poder de Gobiernos de extrema derecha y ultranacionalista. Trump es el más claro ejemplo mundial. Pero la lista es larga: Giuseppe Conti y su ministro de Interior, Salvini, en Italia; Viktor Orbán en Hungría; en nuestro patio, Macri en Argentina y ahora Bolsonaro en Brasil, por nombrar algunos, configuran lo que se ha empezado a nombrar como la nueva etapa del neoliberalismo.

Si Nancy Fraser (2017) señalaba que han muerto las políticas “neoliberales progresistas”, estamos viendo el nacimiento de las políticas neoliberales fascistas. En ellas, los temas migratorios o antimigratorios y los discursos racistas, para ser más exactos, se han colocado desde las campañas electorales y ya en el poder, se transforman en políticas migratorias con enfoque de control y seguridad nacional puro y duro. Domenech (2013, 2) se refería acertadamente a la gobernabilidad migratoria como las políticas transnacionales “de control con rostro humano”. Con este término aludía al “universo de ideas y prácticas que, enmarcadas en los discursos de los derechos humanos como fuente de legitimación, persiguen la misma finalidad que las políticas más abiertamente restrictivas, prometiendo ser más eficaces en la consecución de su objeto: controlar los flujos migratorios internacionales”. Hoy día esas políticas tienen menos rostro humano; cada vez se nombra más la palabra “seguridad” y menos la palabra “derechos”. El nuevo universo de ideas, discursos y prácticas apela directamente a la migración como un problema y a los migrantes como una amenaza a la seguridad. Hoy vemos políticas de migración con rostro (in)humano, en las que los migrantes son vistos abiertamente como terroristas, narcotraficantes, criminales, invasores, y los nuevos esclavos del siglo XXI.

De esa manera, si antes se fluctuaba entre el control y los derechos como parte del enfoque de la gobernabilidad migratoria, traducido en marcos jurídicos y discursivos donde aparecían ambas miradas (Ramírez 2017), hoy vemos el aparecimiento de ideologías, gramáticas, prácticas y regímenes de seguridad y control que desprecian abiertamente al “otro”, que naturalizan la exclusión y utilizan el miedo como pretexto para estigmatizar a los migrantes, impulsar su expulsión, impedir su llegada e incrementar su rechazo.

Al estigmatizar se empieza a construir un racismo de Estado que, como señala Memmi (1982), adquiere características particulares cuando es relacionado con la categoría clase y nación. El racismo mana como una producción relacional actualizada, promovida por el temor xenófobo, que realza de manera generalizada y definitiva diferencias reales o imaginadas sobre el otro/a que se busca excluir, rechazar o expulsar. Es justamente esta construcción del migrante la que dio paso a los enfoques de seguridad y control racializado que se transforman en políticas migratorias, programas o acciones concretas contra los migrantes.

Hay que resaltar que el enfoque de control y seguridad ha sido el paraguas bajo el cual se han construido los marcos jurídicos y políticos sobre migración en la mayoría de países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial. Primero se hizo a partir de los temores de la infiltración comunista en la era de la Guerra Fría; luego, hasta nuestros días, relacionando la migración internacional y el tráfico de migrantes con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo (Faist 2005; Izcara 2017).

El enfoque de control y seguridad nacional parte de considerar “sospechoso” a todo extranjero. Por tanto, se pone una serie de filtros para su ingreso y permanencia en el país: documentos de viaje (pasaportes), visas y una serie de estrategias, requisitos y dispositivos tecnológicos para identificar quiénes son consideramos migrantes beneficiosos y quiénes perniciosos. Nuevamente esta idea de quiénes son aceptados involucra las categorías de raza, clase y moral.

Sin embargo, el control racializado adquiere nuevos matices en el siglo XXI. En primer lugar, hay una efectiva construcción discursiva de que ciertos migrantes son un problema y una amenaza a la seguridad nacional, a la estabilidad del Estado y a la cohesión social. A ello necesitamos sumar la estigmatización de los migrantes como una amenaza a la seguridad pública interna y a los servicios sociales, bajo el argumento de que su llegada alterará el orden y la estabilidad social, incrementará la delincuencia, la prostitución y otros delitos y colapsarán los servicios de salud, educación o seguridad social. Este elemento está muy vinculado con el rechazo a los migrantes pobres, lo que se ha denominado aporofobia (Cortina 2017).

En segundo lugar, está el uso de los nuevos medios tecnológicos, teléfonos inteligentes y redes sociales (como Facebook, WhatsApp y Twitter), por una gran parte de la población, para posicionar e incrementar el odio y rechazo hacia los “otros”. Pero lo más complejo y novedoso es que los Estados empleen la tecnología para sofisticar la información de los perfiles de los migrantes. Las “sospechas razonables” de un migrante como amenaza, que encontrábamos en ciertas leyes de Estados Unidos, se apoyan ahora en nuevas tecnologías y algoritmos generados a través de Big Data para detectar sospechosos y potenciales amenazas. Las empresas portadoras de grandes bases de datos, como Microsoft y Amazon, están colaborando con tecnología moderna con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para facilitar la vigilancia, el rastreo, la detención y la deportación de inmigrantes irregulares (BBC 2018a). Si las teorías del darwinismo social ayudaron a justificar la discriminación y el racismo en el siglo XX, en la actualidad los algoritmos, sistemas de perfiles demográficos y patrones pueden cumplir tal propósito.

En tercer lugar, estos discursos -“actos del habla”, como señala Hammerstad (2011) - crean una sensación de crisis y urgencia que permite medidas excepcionales y de emergencia por parte de los Estados, como ya señalaba. En la construcción de dicha estigmatización juegan un papel muy importante los medios de comunicación y las redes sociales. En cuarto lugar, existe discriminación étnica en los procesos de control y seguridad (Bourbeau 2011), en los que el fenotipo sigue siendo un elemento central a la hora de hacer o no mayores controles. En otras palabras, desde el control racializado se construyen discursos y acciones gubernamentales en los cuales se ve a ciertos grupos de migrantes como indeseables y sujetos perniciosos; se obstaculiza su ingreso o se deporta a dicha población. Por último, como señala Freier (2016), la racialización no solo se refiere a la supuesta diferencia fenotípica o biológica, sino que también puede instrumentalizar o construir rasgos étnicos y culturales como base de la diferenciación.

Todo esto da cuenta de prácticas discriminatorias de los Gobiernos, así como de la ciudadanía, que cada vez más apoya a los políticos que presentan el tema migratorio como un problema e incluso apoyan la “cacería” de migrantes “ilegales”, construyendo una lógica totalitaria de exclusión. Esto es más explícito en los Gobiernos nacionalistas y de extrema derecha que están llegado al poder.

Hemos escuchado de la boca de gobernantes o desde sus cuentas de Twitter frases como las siguientes: “Toda persona que quiera entrar a Estados Unidos debería rellenar un test en el que descubrir si es o no un potencial terrorista”; “no hay que permitir la entrada a ningún musulmán”; “Estados Unidos no debería recibir inmigrantes de países de mierda como Haití, El Salvador o las naciones africanas, sino de Noruega”; “la llegada de migrantes de Centroamérica; es un asalto a nuestro país. Guatemala, Honduras y El Salvador no están haciendo lo suficiente para detener este flujo masivo de personas, que incluye criminales”; “lamentablemente, parece que la Policía y el Ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos de Medio Oriente. He alertado a la Patrulla Fronteriza y al Ejército que se trata de una Emergencia Nacional” y “Esta es una invasión a nuestro país y nuestros militares les esperan” (@realDonaldTrump, 29 de octubre del 2018, tweet; @realDonaldTrump, 22 de noviembre de 2018, tweet; BBC 2015; 2018b; 2018c).

Desde Europa también hemos escuchado frases similares. “Para que Hungría sea capaz de lograr cualquier cosa en los próximos años, no debe permitir que ni un solo migrante entre al país, debe defender su cerca de seguridad fronteriza”; “para no poner en riesgo la seguridad nacional, Hungría debe expulsar del país a todas las personas involucradas en una inmigración forzada” y “no creemos que estas personas sean refugiados musulmanes: los consideramos invasores musulmanes” (Orbán 2018; El Confidencial 2018). En dicho país se acaba de aprobar la ley conocida como Stop Soros, que criminaliza y castiga con cárcel a las personas que ayudan a inmigrantes irregulares, incluso si es para dar asesoría sobre cómo solicitar asilo. También se prohíbe entregar alimentos a personas que duermen en las calles. El Gobierno de Austria, que junto a Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Estados Unidos e Israel se han retirado del Pacto Mundial de las Migraciones, declaró: “Austria se retira (del Pacto) por considerar que puede sentar la base para que la migración sea considerada como un derecho humano” y “hay algunos puntos que vemos de manera crítica y donde tememos una amenaza a nuestra soberanía nacional” (EFE 2018).

Desde Italia, el ministro del Interior Matteo Salvini ha dicho que, para hacer frente al envejecimiento de la población europea, “es preferible tomar medidas para incentivar a nuestros hijos a tener hijos y no tener nuevos esclavos para reemplazar a hijos que no tenemos”. Declaró, además: “Prometí que haría todo lo posible para defender las fronteras y detener la invasión de nuestro país y lo estoy haciendo”. En Italia se acaba de aprobar un decreto sobre seguridad e inmigración que endurece las condiciones para los solicitantes de asilo, limita la protección a migrantes vulnerables y facilita expulsiones. El ministro ha dicho que el decreto servirá para “combatir con más fuerza a mafiosos y traficantes de personas, para reducir los costes de una inmigración exagerada, para expulsar más rápido a delincuentes y falsos refugiados, para retirar la ciudadanía a los terroristas, para dar más poderes a las fuerzas del orden” (Pasetti 2018).

En América, el presidente electo Bolsonaro -quien se declaró admirador de Trump- señaló en la campaña electoral que “Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas… es necesario crear un campo de refugiados para venezolanos” (BBC 2018d). Su discurso racista, xenófobo, machista y anticomunista ha provocado el incremento de la violencia y la aparición, incluso en las calles, de la esvástica nazi. Así ocurrió hace pocos días en las puertas de un conjunto residencial de universitarios, donde sus partidarios dibujaron una de estas imágenes con la leyenda: “Volta p/ Bolivia”. Discursos similares encontramos en Argentina y Chile, analizados en este dossier.

En síntesis, los elementos señalados configuran la nueva cara del neoliberalismo con tintes fascistas. Este “momento neofascista del noeliberalismo”, como lo define Erik Fassin (2018), está caracterizado por impulsar y practicar la xenofobia, el racismo y la aporofobia, lo cual en temas migratorios se concreta en incremento de la deportación, judicialización de la migración, expulsión, confinamiento, muros, extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y muerte. En otras palabras: presenciamos necropolíticas migratorias, es decir, la administración y gestión de la violencia y la muerte de migrantes irregulares, así como políticas inhumanas caracterizadas por el odio hacia los “otros”, en las que unas vidas tienen valor y otras no.

Estos discursos, políticas, leyes y prácticas ciudadanas se empiezan a imponer en varias partes del globo. Sus víctimas más visibles, aunque no únicas, son los migrantes, sobre todo los no blancos y pobres, que osan cruzar una frontera de manera clandestina. Pero su osadía, su capacidad de agencia como actores sociales y políticos transnacionales en movimiento, la determinación, resistencia y lucha por su propio futuro y sus repertorios de accción colectiva -como las marchas de los “sin papeles y sin miedo” o las recientes “caravanas de la dignidad” hacia Estados Unidos-, ponen en jaque a los Gobiernos y rechazan al sistema neoliberal que intenta aniquilarlos en origen, tránsito y destino.

Estos temas son analizados en detalle en los artículos de este dossier, todos desde un enfoque cualitativo. La mayoría a partir de un ángulo socioantropológico, examinan leyes, decretos, proyectos de leyes, fronteras, discursos y percepciones en varios lugares de la región, desde el sur del río Bravo hasta el río de la Plata.

Contenido del dossier

Yerko Castro Neiro, en su texto titulado Migraciones y fronteras en la época del fetichismo de la ley, a partir de un trabajo de campo realizado en Tijuana (México), frontera norte con Estados Unidos, y analizando lo que ocurre en otros lugares del mundo, da cuenta de las múltiples guerras -en el sentido foucaultiano- que se dan en Estados de derecho donde la violencia obliga a las personas a migrar y pedir refugio. En su tránsito y destino se vuelven a producir escenarios violentos en contra de los migrantes, visualizados en discursos xenófobos, militarización de fronteras, construcción de muros, detenciones arbitrarias, expulsiones, entre otros. Contribuyen, además, las campañas que asocian el aumento de la criminalidad en Tijuana con la presencia de personas, la mayoría deportadas de California, que viven en el “bordo”, en los llamados “ñongos” (hoyos que caban en la tierra para hacer sus refugios). El autor analiza el papel de las leyes; si bien muchas de las aprobadas han incorporado acápites de protección a los derechos humanos de los migrantes, al momento de ejecutar sirven más para sancionarles y poner en práctica los dispositivos de control, lo cual abre el camino para que ellos sufran con la industria clandestina de la migración como coyotes o con bandas organizadas y algunas veces incluso con funcionarios de los propios Estados.

En la misma dirección, Marco Polo Álvarez, en su artículo Migración como violencia de Estado. El sur de México como escenario, indaga sobre el papel del Estado en relación con la migración que transita por la frontera sur de México, proveniente de Centroamérica, sobre todo del Triángulo Norte. A partir de un trabajo etnográfico en los albergues de Chiapas (México) y en Totonicapán y Quetzaltenango (Guatemala) analiza la violencia del Estado y la ilegalización de la migración. Sostiene que el Estado, en su versión neoliberal, es el encargado de la administración y gestión de la ilegalidad y el responsable, ya sea por acción, omisión o complicidad, de las múltiples formas de violencia.

Los autores Diego Noel Ramos, Enrique Coraza de los Santos y Santiago Martínez, en su texto Miradas desde el sur de México sobre seguridad y frontera, analizan la percepción de inseguridad relacionada con la migración en la misma zona geográfica del texto anterior. A partir de una entrada teórica del concepto de frontera y sus múltiples dimensiones, y de un trabajo etnográfico realizado en ambos lados del río Suchiate (Tucún Umán y Ciudad Hidalgo), da cuenta del proceso de militarización y securitización en dicho espacio. Los autores ponen atención no en los migrantes que transitan por el lugar, sino en las personas que lo habitan cotidianamente: comerciantes, llanteros, servidores públicos y población local, en general. Concluyen que la presencia de la fuerza de seguridad, sobre todo de militares, es bien valorada (no así la de la Policía municipal, valorada como corrupta). Los informantes de este estudio señalan sentirse más seguros con la presencia militar en ambos lados de la frontera.

Ya entrando en la región andina, Elder Cuevas en su artículo Reconfiguración social: entre la migración y la percepción inseguridad en Lima, Perú se adentra en la problemática migratoria desde una perspectiva local. Analiza la percepción de la inseguridad ciudadana en dos barrios de Lima (San Juan de Lurigancho y San Isidro) a parir del incremento de migrantes venezolanos en dicha ciudad. El texto relata con nitidez cómo la ciudadanía demanda mayor seguridad no por el incremento real de la criminalidad, sino por el aumento de la percepción de inseguridad. Ante la llegada de nuevos vecinos “afuereños” -que ha llevado a llamar el “barrio chamo” a uno de los lugares investigados- y el deseo de mayores dispositivos de seguridad (desde ciudadelas amuralladas hasta mayores rondas vecinales) se da rienda suelta a odios, brotes de xenofobia e intolerancia en contra de los migrantes, lo cual ha convertido al venezolano en el chivo expiatorio de los problemas sociales.

Llegando al cono sur, Ana Paula Penchaszadeh y Lila Emilse García, en su texto Política migratoria y seguridad en Argentina hoy: ¿el paradigma de derechos humanos en jaque?, analizan los cambios en la política migratoria de dicho país con la llegada del Gobierno de Macri, centrándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70. Después de pasar revista a los antecedentes, contextos y contenidos del decreto auto-declarado “necesario” y urgente”, las autoras concluyen que es “inconstitucional, excesivo, xenófobo, discriminatorio y carece de todo fundamento objetivo”. Su análisis da cuenta de lo que he desarrollado en extenso en esta introducción sobre el vínculo entre migración y criminalidad, el reforzamiento del enfoque de seguridad y control, la primacía de la soberanía nacional y la hiperjudicialización de la política migratoria, que dejan en un segundo plano los de(rechos humanos de los migrantes. Esto los hace más vulnerables en un contexto de implementación de políticas neoliberales que ha afectado a amplios sectores de la sociedad argentina.

Por último, el artículo de Sebastián Concha Propuestas para regular las migraciones en Chile y la obstinación del securitismo parte recordando que este país austral todavía mantiene la Ley Migratoria elaborada en la dictadura de Augusto Pinochet, en 1975 (Decreto Ley No. 1094). Analiza las propuestas de ley elaboradas en el Gobierno de la expresidenta Michel Bachelet (2017) y el actual presidente, Sebastián Piñera (2013 y 2018). Más allá de las diferencias político-ideológicas entre esos Gobiernos, el autor reconoce que ambos impulsan el enfoque de gobernanza migratoria. Sin embargo, luego de analizar los principales ejes de dichos proyectos de ley (objetivos, derechos, obligaciones, categorías, entradas, salidas, instituciones, entre otros) concluye que la propuesta de la actual presidencia se enmarca más dentro del modelo de gobernanza migratoria de securitización. Todos los textos de este dossier constituyen un aporte latinoamericano al estudio sobre migración y seguridad.

Quito, Buenos Aires, Guatemala.

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1La foto es de autoría de Muse Mohammed, fotógrafo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Ver Naciones Unidas (2018).

2El dato proviene de varias fuentes oficiales, sobre todo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la OIM. Se estima que en el último lustro se han ahogado en el Mediterráneo alrededor de 14 000 migrantes. Ver Galárraga (2018).

3Los dispositivos de control en este lugar incluyen una barrera de disuasión, que es un laberinto de cables de seis a 12 mm de espesor, trenzados entre estacas de uno a tres metros de altura. Un sistema móvil prohíbe el uso de escalera. Con este dispositivo, los intentos de cruce se vuelven lentos y difíciles, lo cual permite que las fuerzas de seguridad intervengan antes de que los migrantes alcancen la valla exterior. Aquellos que logran llegar a la valla interna se encuentran con radares, proyectores y una torre de control de vigilancia (Wihtol 2012, 32).

4Según el informe de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, los niños detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) sufrieron una serie de abusos sistémicos. Los niños describen un uso excesivo de fuerza, ser pisoteados, golpeados, pateados, atropellados, electrocutados y ser obligados por los agentes de la CBP a permanecer en posiciones incómodas. También reportan abusos verbales, ser llamados “perros”, “pedazo de mierda”, “hijo de puta” y “prostituta” y que “contaminan al país”. En las denuncias, los niños describen la falta de comida y agua potable, las frías y sucias celdas sin camas adecuadas y la falta de artículos higiénicos. Dicen haber sido amenazados con ser violados o con la muerte, ser obligados a quitarse la ropa al ser interrogados y que los agentes de la CBP los han tocado indebidamente. Todas estas pueden ser consideradas formas de tortura practicadas en dichos centros de detención. Ver: ACLU (2018).

5Vale señalar que en la era Obama se deportó a 2,9 millones, aproximadamente (Castañeda 2017).

6Poniendo en marcha acuerdos multilaterales (como el Acuerdo de Residencia Mercosur), bilaterales (firma de varios estatutos migratorios, incluido uno con Venezuela) y unilaterales (incorporando la ciudadanía suramericana y la visa UNASUR en su nueva Ley de Movilidad Humana).

7Un rápido análisis desde la Conferencia del Cairo hasta el más reciente Pacto Mundial de las Migraciones muestra que el eje central gira en torno a las migraciones y el desarrollo. De igual manera, si se analiza lo discutido en las diferentes Conferencias Suramericanas de Migraciones, se observa la prevalencia del eje migración y derechos.

8Para Domenech, (2017, 36) el discurso de la migración segura forma parte de la justificación de los controles migratorios, basándose en la protección y promoción de la seguridad humana, antes que en la seguridad nacional o estatal. De ahí también el justificativo de la lucha contra la trata y el tráfico de migrantes, así como la intervención estatal por razones de seguridad humana. Sin embargo, el término “migración segura” también es interpretado y usado en el sentido de seguridad nacional. Varias conversaciones con funcionarios gubernamentales, en diferentes foros en que participé, confirman el uso ambivalente de dicho término. De ahí la clave del éxito en la internacionalización y aceptación de esta palabra compuesta, dado que para unos puede ser entendida como seguridad nacional y para otros, como seguridad humana. Pese a que se ha popularizado su uso, los gobernantes tienen dificultad en definirla, tanto que en la declaración final de la Conferencia Suramericana de 2017 los países se llevaron la tarea de “enviar sus definiciones de conceptos de lo que significa migración regular, ordenada y segura” (CSM 2017).

Recibido: 25 de Octubre de 2018; Aprobado: 22 de Noviembre de 2018

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