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El libro se presenta en el contexto internacional de una crisis del sistema de encarcelamiento y del fracaso de la guerra contra las drogas. Irvin Waller busca otorgar un conjunto de soluciones prácticas que aumenten la seguridad pública, reduzcan la victimización y puedan ser tomadas en cuenta por los legisladores, al mismo tiempo que ahorren impuestos a los contribuyentes. En este sentido, se posiciona en un lugar crítico en relación a la clase política, en defensa de un cambio del paradigma reactivo a otro preventivo.
A lo largo del texto, el autor enlista diversas experiencias que contribuirían a una seguridad pública “inteligente”, tanto para esta generación como para las futuras. Si bien no hay una definición explícita, se infiere que una acción “inteligente” en materia de control del delito, es aquella eficiente en términos económicos, y eficaz en cuanto a cumplir con el objetivo propuesto.
En el primer capítulo se presentan algunas contradicciones existentes en el sistema de creencias norteamericano sobre la represión y la punición del delito: si bien para el sentido común popular, la pena contribuye a detener el delito, los datos muestran que Estados Unidos es la democracia donde más jóvenes mueren por homicidios, accidentes de tráfico y sobredosis, a pesar de que sus tasas de encarcelamiento son cinco veces mayores que las del Reino Unido y siete veces las de otras democracias del mundo desarrollado.
Waller explica que el sistema represivo de Estados Unidos, cuando funciona, lo hace con los jóvenes hispanos y negros, que son quienes tienen mayores probabilidades de ser víctimas de homicidio o de ser heridos de gravedad. Dicho sistema, además de ser escasamente efectivo, resulta poco razonable en términos de costo-beneficio. La escasa efectividad y los daños sociales y económicos que produce el encarcelamiento masivo (2,2 millones de estadounidenses, que representan el 20% de la población carcelaria mundial) se agrava porque entre el 40 y el 60% de los hombres que salen del sistema penitenciario serán nuevamente capturados tres años más tarde. Lejos de rehabilitar, el sistema solo parece exacerbar las diferencias raciales que causan seis veces más encarcelamiento y diez veces más asesinatos entre los hombres negros respecto de los blancos. Resulta desconcertante para el autor el hecho de que, aun cuando existen diversas investigaciones que muestran posibilidades de reducir las tasas de delitos con bajo costos y menores exigencias para los contribuyentes, las mismas no formen parte de la agenda política.
Dividido en tres partes, el libro tiene por objetivo llegar a los ciudadanos por medio de un lenguaje común y accesible. Se basa en “datos, investigaciones y evidencias realizadas en Estados Unidos, país donde existe más y mejor documentación sobre la delincuencia y los sistemas para combatirla que en cualquier otra democracia de su tipo” (Waller 2014, 3). Es un material ideal para ser utilizado en planificación de políticas públicas con base en el conocimiento científico estadounidense que permita invertir en especialistas y en programas de prevención. Cada capítulo concluye con un listado de propuestas para promover medidas legislativas en consonancia con los enfoques que plantea.
Primera parte. Acciones para un control inteligente del delito
En este apartado el autor se concentra en el análisis crítico de la actuación policial, el sistema de justicia y el sistema penitenciario que, según él, no contribuyen al “control inteligente” del delito. Para Waller, las respuestas estatales que actualmente se implementan implican un gasto económico demasiado importante que no se condice con la efectividad lograda en términos de control del delito y reducción de la victimización. Lisa y llanamente -como a lo largo de todo el libro- Waller sostiene que los norteamericanos gastan mucho dinero en medidas que no producen el resultado esperado:
Cuentan con una policía esencialmente reactiva, presentada por políticos y medios de comunicación como la única alternativa para la prevención del delito, pero que resulta costosa y poco eficaz en la consecución de dicha tarea.
Sostienen un sistema judicial que penaliza delitos que no necesariamente dañan a otras personas; que no es capaz de reducir la reincidencia; que no plantea medidas alternativas a la privación de libertad, sino que más bien continúa alimentando la industria del encarcelamiento masivo.
Mantienen un sistema penitenciario extremadamente oneroso, en un país que se presenta como defensor de la libertad y los derechos humanos. Lejos de rehabilitar y corregir, el sistema carcelario se muestra ampliamente ineficaz y solo genera más costos y más violencia.
Frente a lo anterior, Waller propone las siguientes salidas “inteligentes”:
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Una gestión policial más orientada “a las personas y lugares problema”, en vistas a mejorar la capacidad de la policía para reducir la victimización. Estas medidas incluyen “la actuación policial orientada a la solución de problemas, la disuasión focalizada, y la retención y el cacheo (cuando se usa con cuidado) así como el énfasis en los infractores reincidentes y la victimización repetida” (Waller 2014, 64). En opinión del autor, este tipo de procedimientos pueden reducir en 30% o más las tasas del delito.
Una gestión judicial orientada a reducir las altas tasas de reincidencia y el encarcelamiento masivo. “Evitar los tribunales a través de mecanismos alternativos como la justicia restaurativa y la despenalización de la marihuana ahorraría miles de millones de dólares para los contribuyentes sin ningún incremento en el daño a víctimas potenciales” (Waller 2014, 100). Asimismo, el autor propone un mayor esfuerzo de los tribunales “para analizar las causas primarias del delito e involucrar de mejor forma a las víctimas en el proceso” (Waller 2014, 101).
Una gestión penitenciaria que desaliente el uso intensivo de la prisión como herramienta para evitar la victimización, que solamente genera un aumento de la reincidencia: a través de la reducción de las consecuencias negativas del hiperencarcelamiento y el apoyo a los jóvenes para que obtengan empleos, regresen a sus familias y evitan situaciones que los conduzcan a victimizar a más personas (Waller 2014)
Segunda parte. Acciones inteligentes de prevención pre-delictiva
La segunda parte se focaliza en las acciones “más inteligentes” para evitar la violencia. El autor identifica cinco ámbitos claves sobre los cuales intervenir y describe cuáles fueron las estrategias aplicadas que tuvieron alto impacto para prevenir el delito y la violencia.
Esta segunda parte se encuentra dividida en cinco capítulos. Cada uno aborda uno de esos ámbitos, y describe en detalle cuáles serían las medidas preventivas inteligentes a implementar. El recorrido de esta segunda parte nos permite tener un panorama más amplio del tipo de propuesta del autor. Se mencionan medidas para prevenir que los jóvenes se vuelvan delincuentes, tomando a estos como “componente central de la cura” (Waller 2014, 134). El autor enfatiza particularmente la prevención de la violencia con armas de fuego, reconociendo el grave problema que tienen los Estados Unidos al respecto. Asimismo, describe acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, centrándose en la pareja y la violencia sexual. Aborda la prevención de la violencia en vialidades y las relacionadas con el consumo de alcohol. Y finalmente, se ocupa de la prevención del delito contra la propiedad en las comunidades, tomando como referencia las consecuencias económicas y emocionales que los delitos violentos provocan a las víctimas.
Tercera parte. Una agenda de seguridad en la que las víctimas y contribuyentes sean prioridad
En este apartado se retoman las estrategias inteligentes para prevenir el delito, que deberían ser aplicadas en puntos definidos como zonas problemas. Este concepto es utilizado para referirse a zonas donde las circunstancias sociales adversas conducen con demasiada frecuencia a delinquir. La tercera parte concluye con la descripción de un nuevo paradigma en materia de control del delito, “para pasar de un control reactivo (…) a una prevención sustentable, proactiva y redituable (…)” (Waller 2014, 288).
El autor recomienda:
Programas para niños y adolescentes que puedan reducir los niveles de violencia en la juventud y en otras etapas de la vida.
Programas integrados al sistema escolar para reducir el maltrato crónico, la violencia contra las mujeres y las fatalidades de tráfico.
El establecimiento de agencias u oficinas de atención comunitaria que presten soluciones proactivas al delito, como anexo a la gestión policial tradicional, que puedan enfocarse en reducir armas de fuego, disminuir las cifras de manejo en exceso de velocidad, y en el abuso de alcohol.
Programas cognitivo-conductuales y servicios de integración familiar para las personas privadas de libertad, que pueden implicar grandes reducciones de encierro masivo.
Imponer estándares relativos al manejo a exceso de velocidad, riesgoso y distraído, como la reducción del límite legal de alcohol en la sangre.
Innovar en estándares de construcción de viviendas resistentes al robo y en dispositivos electrónicos.
Incentivar a los gobiernos locales a realizar capacitación hacia programas más rentables de protección a las víctimas y a reducir el encarcelamiento a través de una mejor inversión en la seguridad pública.
Despenalización del uso recreativo de la marihuana.
Aumento de los impuestos en alcohol y marihuana para controlar su uso.
Waller subraya la importancia de considerar la sostenibilidad financiera desde el inicio de cada programa. En este sentido, las medidas mencionadas podrían significar un ahorro de hasta 100 mil millones de dólares para los contribuyentes, quienes junto con las víctimas son los principales benefactores de la obra. En esta tercera y última parte el autor resume y explica las principales medidas de prevención del delito, y estima el ahorro que ello significaría para toda la sociedad. Entre los ejemplos que menciona, cita a Jeffrey Miron, un experto que identificó la posibilidad de ahorro de mil millones de dólares en relación a la despenalización completa del uso recreativo de la marihuana a nivel nacional. Asimismo, toma el caso de Nueva York, donde el aumento en los impuestos del licor fuerte significó uno de los factores que redujeron la violencia durante la década de los 90.
A modo de conclusión
El texto puede ser caracterizado como un manual de consulta general sobre acciones concretas de control y prevención del delito común y de la violencia urbana. Es interesante la aguda crítica que el autor hace al populismo punitivo y a la política de guerra contra las drogas. Las medidas que propone apuntan a mejorar las respuestas estatales frente al problema del delito común y la violencia. Sin embargo, no hace referencia a problemas de criminalidad compleja ni vincula las problemáticas que enumera, con fenómenos sociales estructurales más profundos. Al no explicitar este recorte, termina focalizándose en los delitos predatorios sin explicar la complejidad del problema en su conjunto, redefiniendo los mismos territorios como “zonas problema” y abundando sobre los lugares y personas “peligrosas” en un proceso que conlleva el riesgo de legitimar los estereotipos y la criminalización de determinados sectores de la sociedad.
Es interesante su enfoque respecto a la economía de recursos y las acciones eficaces para abordar los problemas delictivos, no obstante, por momentos tiende a caer en un exceso de simplificación. Si bien no explicita los presupuestos teóricos de los que parte ni plantea discusiones teóricas de fondo, es posible deducir las concepciones propuestas sobre los fenómenos sociales que pretende abordar, así como aquellos sobre la política y el Estado: por momentos, su mirada política y su discurso un tanto eficientista, se despojan de las particularidades y dificultades propias de las discusiones de la arena política, que suelen implicar negociaciones, tensiones y disputas, así como un compromiso ideológico determinado en el cual el autor no se involucra, haciendo prevalecer un enfoque tecnicista que tampoco es neutral.
Si bien apunta a un público general, se dirige al mundo desarrollado, y a una concepción restringida de ciudadanía, asociada al pago de impuestos. Esto dificulta establecer puentes hacia el contexto latinoamericano. El texto, en suma, proporciona información sobre una perspectiva norteamericana actual de la prevención y ofrece líneas programáticas que deberán traducirse en un enfoque más integral de políticas de prevención, si se quiere considerar dimensiones sociales, antropológicas y políticas más profundas, que vayan más allá de un cálculo de costos y beneficios.
