La relación entre el hombre y las drogas ha estado marcada por una ambivalencia que tiene como extremos a dos sentimientos antagónicos: el placer y la culpa. La predominancia de uno o de otro marca la actitud que tiene la cultura frente al consumo de estupefacientes y a su elaboración. Una curiosa anécdota cuenta que en el siglo XVI después del nacimiento de Cristo, el papa Clemente XVIII fue presionado por sus consejeros a prohibir el acto de beber café, sin embargo, luego de probarlo declaró con jocosidad: “Esta bebida del diablo es tan buena que deberíamos ver cómo engañarlo y bautizarla”. Con la aprobación papal, el uso de la cafeína aumentó radicalmente, pudiendo hoy incluso ser probada a través de la popular Coca-Cola.

En sus inicios, esta misma bebida tuvo entre sus ingredientes, como ya se ha comprobado, un narcótico que hoy se considera con vehemencia como uno de los más nocivos: la cocaína. Si a principios de la anterior centuria Freud la recomendaba a sus pacientes proclamando que convierte los días malos en buenos y los buenos en mejores, en la actualidad se intenta vetar a través de múltiples formas, que van desde cristianas campañas que advierten a la juventud de sus peligros, hasta iniciativas estatales, que a través del uso de la fuerza militar, pretenden limitar su oferta. La segunda opción ha sido la tónica de los Estados Unidos desde 1980 no solo para luchar contra el mencionado narcótico, sino contra todos aquellos que son considerados dañinos para la población. Para divulgar el desarrollo de este fenómeno y levantar ciertas interrogantes con respecto a sus implicancias para América Latina en el presente, Germán Montenegro elabora un estudio titulado El uso interno de las fuerzas militares de Estados Unidos en la “Guerra contra las Drogas”, publicado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de Argentina.

El objetivo del texto de Germán^{Montenegro (2017}, 9) es, como declara en su inicio, “efectuar una breve descripción del proceso de militarización para el control de drogas que llevaron adelante las sucesivas administraciones gubernamentales de Estados Unidos desde principios de la década de 1980 en el interior de ese país”. Para lograr su meta, el autor ordena el texto en cinco capítulos en los que hace un recorrido sobre el desarrollo, desde su antesala hasta la actualidad, de las políticas estadounidenses con respecto al uso de las fuerzas militares para erradicar el consumo y la comercialización de estupefacientes ilegales al interior de sus fronteras. Aunque no se hace de manera explícita, se indica que los fines fundamentales de las medidas tomadas por la nación norteamericana son las siguientes: regular estrictamente las funciones de la milicia en su labor de detener las acciones del narcotráfico, controlar la oferta de drogas y realizar actividades focalizadas en el exterior del país, esencialmente América Latina, y en los espacios fronterizos con México.

En el primer capítulo, que se titula La antesala de la militarización: la definición de las drogas como un asunto de “seguridad nacional”, se indica que la situación jurídica del control de drogas en Estados Unidos estaba marcada por un discurso prohibicionista y represivo, nacido en los albores del siglo XX a partir de la Convención de La Haya sobre el Opio de 1912. Desde los años 60, bajo el mandato de Richard Nixon, la visión estatal sobre la problemática de los narcóticos ilegales se fue endureciendo, por lo que se comenzó a establecer una base para generar un marco legal más especializado. Quien se encargó de concretar un espacio que tuviera las facultades para enfrentar y controlar con efectividad el consumo y la comercialización de estupefacientes, fue el gobierno de Ronald Reagan con la creación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso y el Tráfico de Drogas en 1984, la Oficina Nacional para el Control de la Política de Drogas en 1988, la Estrategia Nacional de Control de Drogas en 1989 y el Reporte Anual sobre el Progreso de la Estrategia de Control de Drogas, en el mismo año que la anterior. El objetivo de esta organización y las medidas mencionadas era abordar el inconveniente de los narcóticos (que hasta el momento era tratado fragmentariamente como un fenómeno criminal que debía ser solucionado por la policía, la justicia y los servicios de salud) desde la perspectiva de la seguridad nacional. Por lo tanto, se empezó a involucrar a las Fuerzas Armadas.

El segundo capítulo, llamado El marco legal del empleo de los militares en la seguridad pública. La Posse Comitatus Act y las normas relacionadas, tiene el objetivo de describir de manera general el perfil jurídico de Estados Unidos con respecto a las facultades castrenses para solucionar problemas de seguridad nacional a nivel general. Se destaca que la existencia de leyes que regulan el fenómeno tiene una larga data, destacándose la denominada Ley Posse Comitatus, que data de 1978. Su objetivo es prohibir el empleo de las fuerzas militares federales en contextos municipales, salvo en casos excepcionales, ya que, en teoría, las administraciones locales tienen las capacidades para mantener el orden en sus jurisdicciones. Pese a la existencia de esta rígida norma, existen otras que permiten la actividad militar federal en el interior del país, sin embargo, para su aplicación, deben seguir las siguientes reglas: no pueden debilitar la capacidad militar de la nación, los beneficiarios deben solventar la asistencia solicitada y la Secretaría de Defensa debe procurar que las Fuerzas Armadas no sean utilizadas para capturar y arrestar a ciudadanos (^{Montenegro 2017}, 18).

En el tercer capítulo, denominado El sistema militar de Estados Unidos: las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, el autor elabora una breve descripción del sistema militar de Estados Unidos. En términos generales indica que la institución castrense del mencionado país se divide en dos organizaciones: las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. La primera está conformada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Infantería Marina. La segunda, que contiene un cuerpo aéreo llamado Guardia Nacional Aérea, es un cuerpo militar que funciona como la reserva de las Fuerzas Armadas; por lo tanto, depende del Gobierno Federal a través de la Guardia Nacional del Departamento de Defensa.

El proceso de la militarización del esfuerzo de control de drogas (1981-1990), la cuarta sección del texto, se encarga de describir las primeras fases del desarrollo de la incorporación de las fuerzas militares a la lucha contra las drogas. La voluntad de hacer esto vino de diversos legisladores y líderes políticos, tanto del partido demócrata como del republicano, que se unieron bajo el argumento de que el problema de las drogas se había convertido en una amenaza grave para la seguridad de Estados Unidos. El objetivo principal de la milicia debía ser trabajar para frenar la oferta de drogas, especialmente de la cocaína, con acciones al interior del país, específicamente en las zonas fronterizas con México, y en el extranjero, en particular en Bolivia y Colombia.

Para lograr lo que se pretendía, en primera instancia, se modificó el Acta Posse Comitatus, que, como ya se mencionó, regulaba de manera minuciosa la intervención militar al interior de la nación. En 1982 se aprobó la modificación militar y se logró entregar nuevas facultades a los cuerpos militares para que pudieran enfrentar el problema de los narcóticos ilegales. En términos generales, la iniciativa determinó que las nuevas funciones de las instituciones castrenses debían ser: compartir información obtenida por fuentes militares con respecto a las drogas, facilitar equipamientos y personal a las instituciones de seguridad no militares y a los establecimientos que se encargaban de la aplicación de las leyes, brindar entrenamientos y asesoramiento a las mencionadas agencias y, finalmente, instalar infraestructuras bélicas para el uso de agentes federales que estén inmiscuidos en las tareas del control de drogas (^{Montenegro 2017}, 27). Para facilitar ejercicio militar de Estados Unidos fuera de sus territorios, Ronald Reagan emitió en 1986, la Directiva de Decisión Presidencial 211, que permitía a sus Fuerzas Armadas lo siguiente: contribuir a la elaboración de tácticas de asalto contra laboratorios de procesamiento de drogas en el exterior; transportar personal nacional e internacional para desarrollar operaciones; ampliar las operaciones de inteligencia con recursos militares; otorgar ayuda técnica y material a gobiernos extranjeros para que incrementen sus capacidades para luchar contra el narcotráfico y; por último, ejecutar ejercicios prácticos para mejorar la capacidad de su ejército de lidiar con los desafíos que imponía la guerra contra las drogas en países extranjeros (^{Montenegro 2017}, 29).

Finalmente, en el capítulo denominado Segunda etapa de militarización: el nuevo rol del Departamento de Defensa a partir de a la década de 1990, el autor se propone delinear los principales hitos con respecto a la militarización de la lucha contra el narcotráfico en el último decenio del siglo anterior. Antes de comenzar con su descripción, Montenegro destaca que, pese a los esfuerzos norteamericanos de detener el comercio de estupefacientes por medio del aumento de los recursos y las potestades militares, la presencia de las drogas no disminuyó en Estados Unidos. Frente a esta situación, el gobierno decidió crear mecanismos que regularan con más precisión las funciones de sus cuerpos castrenses en la labor de controlar la circulación de drogas. Para lograr esto, en 1989 se estableció la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que le asignó las siguientes actividades al Departamento de Defensa: actuar como una agencia federal para la detección y el monitoreo del tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales hacia Estados Unidos, incluir en una red de comunicación entre las direcciones de comando, control, comunicaciones e inteligencia del gobierno, aprobar y financiar planes de los gobiernos de los diferentes estados que necesiten el apoyo de la Guardia Nacional para combatir el narcotráfico en sus jurisdicciones (^{Montenegro 2017}, 34). Con respecto a las medidas que pretendían influir en el extranjero, se indica que el Estado norteamericano amplió el nivel de recursos para profundizar las iniciativas propuestas en la década anterior.

En general, el estudio de Germán Montenegro es un excelente resumen del desarrollo de las políticas estadounidenses que han intentado crear y reforzar un marco institucional que regula las facultades militares en la lucha contra el narcotráfico desde el interior y el exterior del país, sin embargo, carece de un enfoque crítico que arriesgue una interpretación sobre el fenómeno que se describe. Por lo tanto, es posible afirmar que el lector idóneo del texto es más el curioso que no tiene un conocimiento previo sobre el tema que el académico que está al tanto de la discusión sobre el tema y busca un alguna contribución sobre el debate. Pese a esto, al final del texto se destacan algunas ideas que levantan ciertas interrogantes para reflexionar sobre la relación entre las acciones de Estados Unidos para aniquilar la producción, la comercialización y el consumo de drogas ilícitas y América Latina. ¿De qué manera el discurso norteamericano sobre la guerra contra las drogas ha contribuido en la elaboración de políticas sobre el problema en América Latina? ¿Cómo se ha visto afectada la soberanía de los países latinoamericanos por la intervención de Estados Unidos en sus territorios para erradicar el problema de las drogas? ¿Ha contribuido la potencia norteamericana a disminuir el problema?