Introducción

Las labores de inteligencia en México son llevadas a cabo a través de diversas instituciones, siendo las más importantes la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) misma que coordina labores de seguridad pública por medio de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la cual tiene a su cargo a la Policía Federal (PF); labores de seguridad nacional a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y políticas migratorias por medio del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, y a pesar de la participación de diferentes instancias, las labores de inteligencia se han llevado a cabo de manera tal que entre las diversas instituciones existe un alto grado de desconfianza impidiendo el desarrollo de mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental entre las instituciones encargadas de la seguridad en los tres niveles de gobierno.

En un país con un sistema republicano como México, en el que las facultades y responsabilidades se encuentran compartidas entre los poderes federales, resulta fundamental entender que sin la cooperación estrecha entre ellos no habrá una verdadera política de Estado en materia de seguridad (^{Rodríguez 2017}, 76).

Las instituciones de seguridad nacional en México comparten características especiales que permiten, la más de las veces, exceptuarlas de ordenamientos legales y acciones del poder judicial. A ello debemos aunar la falta de control efectivo por parte del poder Legislativo el cual, aún a pesar de haber aprobado la Ley de Seguridad Nacional y con ella la creación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional (^{Diario Oficial de la Federación (DOF) 2005}), no cuenta con mecanismos formales que le permitan realizar acciones tales como el nombramiento y/o ratificación de los funcionarios del gabinete de seguridad nacional así como incidir en la asignación del presupuesto del CISEN. A ello debemos sumar la falta de la figura del Consejero de Seguridad Nacional que pudiera coordinar a las distintas instancias y políticas en la materia.

Los servicios de inteligencia en México se han utilizado como instrumentos de espionaje y control político y social, generando con ello “estructuras de contubernio y pactos de protección que llevaron a la institucionalización de actos de corrupción y prácticas de ilegalidad basado en un control vertical y descendente” (^{Chincoya 2014}, 67). El desmantelamiento del presidencialismo autoritario, producto del fortalecimiento institucional y el proceso de transición a la democracia, han generado la construcción de una cultura democrática e institucional aún a pesar de la subsistencia de prácticas ilegales así como de la implementación de políticas públicas ineficaces las cuales han permitido a las organizaciones criminales imponer reglas y controles en el territorio nacional y los aparatos gubernamentales.

México a pesar de haber llevado a cabo la construcción de un régimen representativo, no se ha reflejado en las acciones de los cuerpos policiacos los cuales funcionan como parte del control político autoritario a través de prácticas que dañan a la ciudadanía por medio de actos de corrupción, tráfico de influencias, violación a los derechos humanos así como medidas de control y represión social y política. La preocupación por la seguridad y las consecuencias de las acciones del crimen organizado se han convertido en temas prioritarios por encima de otros como la educación o la pobreza centrando su atención primordialmente en el combate a los cárteles del narcotráfico.

Así, el Estado ha apostado a la implementación de un modelo reactivo basado en el uso de la fuerza, apoyándose para ello en los aparatos policiales y militares, que a un modelo preventivo que contemple las causas que generan las conductas delictivas en el espacio público y gubernamental mediante la implementación de políticas públicas que produzcan condiciones de seguridad ciudadana así como de un sistema judicial eficiente que elimine la generación de prácticas delictivas y relaciones de cooperación entre organizaciones criminales y funcionarios públicos, mismas que producen como consecuencia una grave crisis de institucionalidad.

El combate a la delincuencia debe apoyarse en tareas de prevención e investigación, en donde la información juega un papel fundamental, apoyando el ejercicio operativo por parte de las fuerzas del orden mediante la generación de productos de inteligencia que permitan eludir riesgos y amenazas. Para llevar a cabo esto, era imperativo contar con un sistema nacional de información que contuviera diferentes bases de datos así como los requerimientos técnicos que posibilitaran a diferentes usuarios, en los tres niveles de gobierno, interactuar entre si cruzando e intercambiando información en tiempo real a partir de la implementación de estándares y protocolos tanto normativos como tecnológicos, siendo el sistema Plataforma México (PM) la respuesta ante tal desafío.

Antecedentes

Bajo la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, se crea la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, la cual establecía la coordinación de los cuerpos de seguridad para brindar mayor eficacia en sus acciones y la persecución a los delitos (^{DOF 1994}). Durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, se define en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 a la seguridad pública como un asunto prioritario, enfatizando la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para garantizar justicia y seguridad a través del establecimiento de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El 11 de diciembre de 1995 se publica en el DOF, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual instituye que “la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, suministrarán, intercambiarán y sistematizarán la información sobre seguridad pública, mediante los instrumentos tecnológicos modernos que permitan el fácil y rápido acceso a los usuarios a que se refiere esta ley” (^{DOF 1995}).

En 1998 se constituyó el Comité Interinstitucional de Estadística e Informática sobre Seguridad Pública, cuyo objetivo comprendía “establecer las políticas y estrategias para la instrumentación de los sistemas, catálogos y formatos sobre el acopio, suministro, sistematización, acceso y aprovechamiento de la información a través de la creación del Sistema Nacional de Información” (Presidencia de la República 1999), con la finalidad de disponer de elementos tecnológicos avanzados y de información necesaria que permitiera identificar de manera eficiente a los delincuentes, las organizaciones criminales y sus formas de operar. En 1999 la Secretaría de Gobernación crea la Red Nacional de Telecomunicaciones (IRIS),¹ con el objetivo de “permitir un grado alto de simultaneidad y conexión entre los diferentes cuerpos de seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, a través de una plataforma 100% digital y en clave de tipo militar” (^{Medina 2000}, 178), así como del intercambio de información en materia de seguridad a nivel nacional a través de un Centro de Control Nacional que funcionara como una supercarretera de voz, datos e imágenes. Para el año 2000, la Red Central Federal se integraba por la SEDENA, PGR, CISEN y la PFP (Presidencia de la República 2000).

Antes de la implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones no se contaba con una red interoperativa entre las diferentes entidades de la República, por lo que compartir información relacionada con la seguridad generaba una serie de deficiencias operativas así como la centralización y clasificación de la información de acuerdo a los intereses de cada entidad y administración política en turno, traduciéndose esto en apoyos logísticos deficientes y la imposibilidad de implementar políticas públicas eficaces para el combate a la inseguridad en los tres niveles de gobierno. Esta red experimentó un rezago importante, en cuanto a calidad y disponibilidad de la información, volviéndose necesaria su reestructuración a partir de la implementación de un sistema profesional de generación de información e inteligencia que permitiera mejorar el desarrollo de las labores de investigación.

Plataforma México

La administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) desarrolló mecanismos tecnológicos que permitieran renovar y modernizar la investigación policial. Para tal efecto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en 2007 acordó una serie de ejes estratégicos entre los cuales destaca el relativo a la Plataforma México (PM) instruyendo al Presidente del CNSP la creación y puesta en marcha de esta en dos vertientes: la primera, a través de “un programa de actualización de la infraestructura tecnológica y de fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones, y la segunda, a través de un Sistema Nacional de Información que estaría apoyado por el Sistema Único de Información Criminal (SUIC)” (Presidencia de la República 2007).

Para tal efecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llevó a cabo un análisis que permitió conocer el estado que guardaban la plataforma tecnológica, las redes de comunicaciones y las bases de datos existentes en el país. Los resultados arrojaron que los diferentes sistemas de seguridad pública no contaban con vinculaciones tanto en aspectos tecnológicos como operativos, impidiendo contar con una base de datos a nivel nacional, así como de interconexión y colaboración entre las distintas dependencias de seguridad en los tres niveles de gobierno. Ante este panorama, se requería la articulación de un sistema que permitiera la homologación de criterios, así como generar métodos uniformes de actuación, información, reporte y archivo en distintas bases de datos, accesibles a usuarios registrados en el sistema. Esto facilitaba compartir e intercambiar información de manera oportuna por medio de archivos de audio, video y texto en tiempo real como condición indispensable para llevar a cabo medidas preventivas y reactivas a través de la generación de productos de inteligencia, permitiendo un mejor desarrollo de las investigaciones y operatividad de los cuerpos de seguridad² a partir del intercambio de información y coordinación para el combate a la delincuencia y la inseguridad en los tres niveles de gobierno.

El 29 de marzo de 2007 se publicó en el DOF el Acuerdo que crea el Consejo Asesor y el Comité Técnico de la PM, en el cual el primero “funcionará como un órgano asesor y de consultoría para el análisis, planeación y evaluación de las acciones necesarias para la instrumentación y desarrollo del sistema de interconexiones de voz, datos y video”, mientras que el segundo

tendrá a su cargo la instrumentación, operación y funcionamiento del sistema de interconexión de datos, voz y video, así como el establecimiento de las relaciones interinstitucionales en las áreas específicas de tecnología necesarias para el correcto desarrollo de la PM (^{DOF 2007b}).

Esto permitiría establecer estrategias para el desarrollo de sistemas informáticos y metodológicos con el objetivo de proporcionar información e inteligencia a las instituciones de seguridad pública en los tres niveles de gobierno, para el combate a la inseguridad y la delincuencia. A finales de 2007, se enlaza PM al INM, la SEDENA, la SEMAR y el CISEN, estableciéndose la

interconexión de comunicaciones con los Centros de Monitoreo y Alarmas de los organismos que integran el Grupo de Coordinación Interinstitucional para las instalaciones estratégicas, vía el sistema PM, al Centro Nacional de Información,³ el cual opera como fuerza de reacción en situaciones de emergencia y crisis así como la conexión con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) (Presidencia de la República 2008).

En 2008, el presidente Felipe Calderón anuncia la Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, teniendo como eje principal a la PM ,en donde la SSP pone en marcha la estrategia en la que se encuentran contenidos siete ejes estratégicos,⁴ entre los cuales destaca el de Tecnología, el cual específica “la articulación y desarrollo de la PM para generar información de inteligencia que contribuya a la actuación policial para combatir con eficiencia al crimen organizado” (SSP 2008). Esto está basado en un sistema de interconexión y telecomunicaciones que correlaciona todas las redes de las dependencias afines a la seguridad pública, a través de un proceso de actualización de la red nacional de telecomunicaciones, permitiendo la evolución de los módulos de Cómputo, Comunicaciones, Control y Comando (C4)⁵ a Nodos de Interconexión y Telecomunicaciones (NIT’s), a través de dos planos:

uno horizontal, que permitiera conectar estaciones de policía equipadas con infraestructura tecnológica y de comunicaciones, y uno vertical, a través de la coordinación que atendiera el ámbito local a través de convenios de colaboración con los ejecutivos estatales alineando en uno solo sus sistemas de información (^{CNS 2008}).

El mismo año, la SSP pone en operación la Estación de Policía y Centro de Mando de la Policía Federal⁶ en línea con PM, proporcionando información e inteligencia a las fuerzas policiales federales del país en los tres órdenes de gobierno. Se firma el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, mismo que reconoce que “la política de seguridad es una política de Estado” (^{DOF 2008}) y por tanto, la actuación coordinada entre las autoridades en los tres niveles de gobierno, junto con los tres Poderes de la Unión, era condición indispensable para garantizar el Estado de Derecho.⁷ También se suscribe el convenio de colaboración que conecta a la PM con el Sistema Mundial de Comunicación Policial Protegida de INTERPOL⁸ convirtiendo a México en el “primer país del mundo en intercambiar y alimentar automáticamente sus bases de datos con la información proporcionada por este organismo” (Presidencia de la República, 2008).

En 2010 se crea la Coordinación General de PM con la finalidad de

participar en la integración del programa estratégico de desarrollo informático, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico de la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, así como desarrollar los sistemas alineados a dicho programa. Diseñar, desarrollar e instrumentar los sistemas automatizados que permita el suministro e intercambio de información en materia de seguridad pública; sugerir mecanismos de vinculación y coordinación con instituciones federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, que permitan definir la mecánica operativa en materia de conectividad del sistema de la Plataforma México (^{DOF 2010}).

En 2013, el informe de labores del Comisionado Nacional de Seguridad menciona la coordinación para labores operativas y de inteligencia por parte de la CNS, el CISEN, la SEMAR, la SEDENA, la PGR, los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como la designación de cinco Coordinadores Regionales a nivel federal con el objetivo de “establecer una relación ágil y expedita con las autoridades Estatales, Municipales y Sociedad Civil de cada Región en la que se dividió al país reforzando los C4 así como el establecimiento de mecanismos de intercambio de información de inteligencia tanto con los gobiernos estatales y municipales como con agencias internacionales” (^{CNS 2013}). Así, el sistema PM se creó como un proyecto de modernización de la infraestructura tecnológica existente a través de la interconexión de los cuerpos de seguridad en los tres niveles de gobierno permitiendo el intercambio de archivos de texto, voz, video y datos en tiempo real generando inteligencia táctica y operativa a partir de la información recabada.

Operatividad

PM cuenta con un nodo central en donde se enlazan directamente la CNS, la PF y la PGR mientras que los estados y municipios se conectan directamente a través de los C4 y SubC4 respectivamente.⁹ Este nodo central se encuentra a cargo de la CNS a través de la Dirección General de Infraestructura Tecnológica de Seguridad Pública, dependiente de la Dirección General de PM, como institución responsable de la operación del equipo de telecomunicaciones permitiendo así la integridad de sus operaciones. Bajo este esquema, la CNS se encuentra a cargo de las tareas operacionales del sistema PM garantizando su funcionalidad en el largo plazo así como la actualización e integridad de la información. Los estados se integraron al sistema mediante su incorporación al SUIC por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).¹⁰

Los elementos principales que conforman el SUIC son los sistemas de registro de datos, análisis e inteligencia y operación policial. Así, el sistema contiene no solo la información necesaria acerca de aquellos que conforman las instituciones de seguridad, sino también de los delincuentes, auxiliado por distintas bases de datos que permiten la consulta de información adicional como: registros de armas, vehículos, modus operandi o mapas delictivos. Todo ello como información que se registra, procesa y analiza en el sistema para la generación de inteligencia, misma que es factible de ser compartida a través de su consulta entre los tres niveles de gobierno.

PM incluye en su diseño características importantes en cuanto al desarrollo de aspectos tecnológicos, procedimientos operativos o adecuaciones e implementaciones de políticas públicas, apoyado en las herramientas tecnológicas más avanzadas que permiten mejorar las labores de información, investigación e inteligencia a través de la interconexión en los tres niveles de gobierno mediante el SUIC y la utilización de distintos aplicativos,¹¹ mismos que integran las funciones mediante las cuales se vacía la información que será utilizada y compartida para las labores de investigación, a través de diferentes usuarios, permitiendo establecer consultas con el objetivo de llevar a cabo labores de investigación, prevención, reacción e inteligencia.

PM utiliza diversas herramientas metodológicas y analíticas para el desarrollo de sus funciones. Entre las más importantes encontramos dos: la primera, llamada Reconocimiento de Patrones como herramienta mediante la cual se pueden determinar, por medio de “un conjunto de rasgos descriptivos (patrones), la identidad de un objeto, concepto o sujeto” (^{Sheremetov 2012}, 126-127), facilitando la tarea del analista de información e inteligencia al comparar diversas bases de datos en tiempo real en los tres niveles de gobierno. La segunda, llamada Minería de Datos, la cual permite la “búsqueda e identificación de información no trivial, así como relaciones que pudieran estar implícitas entre los datos a través de la identificación de patrones, relaciones, interdependencias o correlaciones ocultas en la información que se encuentran en las diferentes bases de datos y que pudieran ser pasadas por alto” (^{Sheremetov 2012}, 129-136).

Para que el sistema PM funcione de manera adecuada, a través de la utilización de las herramientas y aplicativos, es importante analizar el funcionamiento de la Red de Telecomunicaciones, por medio de la cual se llevan a cabo las interconexiones de datos entre los tres niveles de gobierno. Su infraestructura se encuentra formada por sistemas de transmisión de datos que funcionarán de dos maneras: la primera, a través de redes de transporte o de alta capacidad de transmisión, las cuales permiten la interconexión de NIT’s enviando grandes cantidades de información a distintos destinatarios a larga distancia; y la segunda, como redes de acceso, conexión de última milla o de media y baja capacidad de transmisión, las cuales permitirán la conexión de los distintos SubNIT’s en distancias cortas. Esto permite un funcionamiento adecuado en el sistema sin que se presenten retrasos en los servicios de transmisión de voz, datos, imágenes y video. PM cuenta a la vez con un sistema ininterrumpido de comunicaciones lo que permite que si algún elemento del sistema llegara a fallar la red de telecomunicaciones continúe siendo operativa.

Seguridad de la información

La información contenida en el sistema PM es de sumo valor para apoyar las diferentes operaciones que cotidianamente realizan los cuerpos encargados de la seguridad en todo el territorio. Es por ello que todos los elementos de los que se compone PM, redes de telecomunicaciones, procesos, bases de datos, aplicaciones e infraestructura, deben ser protegidos.¹² El área encargada del resguardo de la seguridad del sistema es la Dirección General de la PM. Al ser PM un sistema de procesamiento de información del Gobierno Federal, obedece a los lineamientos del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información el cual tiene por objetivo “emitir políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información teniendo aplicación general en la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República” (^{Secretaría de la Función Pública 2014}).

Para dar seguimiento a los objetivos y responsabilidades tanto de la Dirección General como del Manual se creó, dentro de la estructura de PM, el Comité de Gobierno de Seguridad de la Información el cual “realiza trabajos de identificación de activos de información, amenazas, vulnerabilidades y riesgos existentes para establecer un escenario de seguridad, estableciéndose prioridades ante diferentes escenarios” (^{Secretaría de la Función Pública 2014}). Para llevar a cabo de manera eficiente los procedimientos para la seguridad de la información,¹³ el sistema PM se encuentra certificado bajo el estándar internacional ISO 27001,¹⁴ el cual

instaura mecanismos de verificación de cumplimiento internos y a cargo de terceros y cuenta con un marco normativo extenso que respalda su existencia y pertinencia por medio del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Ley Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal, entre otras (^{Salinas y Villa 2012}, 61-66).

Los datos contenidos en PM deben ser archivados, guardados y protegidos de tal manera, que se aseguren sus propiedades: integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad.¹⁵ Para tal efecto, el 24 de noviembre de 2009 se inaugura en la Ciudad de México el Centro de Inteligencia de la Policía Federal (CIPF)¹⁶ dependiente de la División de Inteligencia¹⁷ del Comisionado Nacional de Seguridad. Este Centro de Datos se encuentra instalado en el suroriente de la Ciudad de México, en una superficie de 10.850 metros cuadrados distribuidos en dos edificios inteligentes con infraestructura tecnológica de última generación. Cuenta con todos los elementos de seguridad física y lógica necesarios para salvaguardar la información contenida en el mismo,¹⁸ y es “una instalación subterránea con tres niveles, constituido por cuatro módulos: seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas, siendo la base de la operación en información en seguridad a nivel nacional” (^{El Universal 2009}).

La función principal del CIPF es “garantizar la continuidad del servicio a usuarios por medio de la protección física de los equipos informáticos o de comunicaciones, así como de servidores de bases de datos que contienen información crítica (^{El Universal 2009}). El CIPF está sincronizado con un centro de respaldo alejado del centro original con el objetivo de, en caso de desastre, poder migrar los servicios de un centro de datos a otro con la misma calidad y desempeño, manteniéndose en operación de manera ininterrumpida. El sistema se encuentra diseñado para que ningún usuario pueda tener acceso a todos los datos por medio de una serie de capas de seguridad, mismas que aseguran el registro del acceso al sistema así como verificar los datos consultados y la información utilizada. La labor de inteligencia “se completa a partir de la integración del trabajo de cada usuario con otros investigadores minimizando con ello el riesgo de filtraciones” (^{Garza 2008}, 14).

El estado de la seguridad en México

El Estado en México ha fallado en proporcionar bienes y servicios a su población, ejemplo de ello son los altos índices de pobreza que muestran un aumento significativo de la misma, así como el que diversas regiones del país hayan transitado de estar regidas por medio de normas legales a una normatividad fuera del estado de derecho, reemplazada por poderes y regulaciones en competencia con el Estado, impactando con ello de dos formas: en el ámbito de la seguridad pública y la seguridad nacional así como en el de la seguridad ciudadana.

En el primer caso el manejo y compartimiento de la información se ve minado por el control que se tiene sobre los aparatos de inteligencia y corporaciones policiacas en las diferentes entidades de la República de acuerdo con los intereses políticos, económicos y sociales del gobierno en turno y/o de los poderes fácticos que influyen en ellos, así como por el alto grado de infiltración y corrupción existente entre los tres niveles de gobierno y las instituciones encargadas de la seguridad. Esto ha impedido generar líneas de operación efectiva en contra de los grupos criminales así como el utilizar a los servicios de inteligencia para la salvaguarda del Estado como ente autónomo así como para fines políticos o individuales los cuales, sin duda, han sido parte de la generación del desencanto y desconfianza ciudadana en cuanto al proceso democratizador en México.

En el segundo caso impacta la falta de formulación de políticas públicas que permitan mejorar y atender aspectos de seguridad en la cual las amenazas no están referidas al Estado como ente autónomo sino a los ciudadanos que lo conforman. En este sentido, el individuo se vuelve fundamental en cuanto objeto de amenaza en términos económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales, mismos que, al no ser atendidos de manera eficiente y oportuna producirán un clima de inestabilidad y por ende de inseguridad

En suma, el Estado debe centrar su atención no solo en labores securitarias, en cuanto a la defensa física y patrimonial del individuo, sino también en resolver las necesidades básicas de la población, alimentación, salud, vivienda, empleo, como elementos cruciales de su agenda de seguridad. Para llevar a cabo esto, debe darse un cambio en la concepción y dirección del problema incrementando las soluciones a los problemas civiles a partir de una mejor democratización, desarrollo de la sociedad civil, reconstrucción del Estado y crecimiento económico.

Sin bien México no es un Estado fallido,¹⁹ si enfrenta grandes problemas al no impulsar ni mantener un orden legal efectivo y homogéneo en distintas partes del territorio nacional, debilitándolo al no poder ejercer de manera efectiva el monopolio legítimo de la violencia como medio para hacer valer la ley. Al respecto, el Estado, a partir del incumplimiento de las leyes por parte de su cuerpo burocrático, judicial, administrativo y securitario, ha permitido la regulación de zonas a través de normas informales por medio de actores que se encuentran fuera de la esfera de la legalidad sostenidos a través de la fuerza por medio del uso de la violencia.

Así, la capacidad institucional del Estado para implementar y desarrollar servicios y bienes públicos se ve disminuida propiciando un agravamiento de la desigualdad social, lo que generará que el Estado y sus instituciones adolezcan de un problema de credibilidad. En palabras de ^{O’Donnell (2008}, 54), “un Estado débil, angosto y fragmentado reproduce la desigualdad y es impotente para democratizar”.

Conclusiones

Para combatir la inseguridad y la delincuencia de manera eficaz es indispensable contar con cuerpos policiales y de seguridad capacitados que cuenten con el armamento, estrategias y los recursos tecnológicos adecuados para el desempeño de sus funciones. Para llevar a cabo lo anterior, el gobierno federal implementó el sistema PM, conformado por el SUIC, para el desarrollo de sus funciones permitiendo generar información e inteligencia con el objetivo de combatir de mejor manera el crimen y la inseguridad. La incorporación del SUIC provee al sistema PM de un instrumento eficiente que permite a las instituciones encargadas de la seguridad llevar a cabo de mejor manera las labores de investigación a través del análisis de casos mediante el uso eficiente de la información almacenada en múltiples bases de datos que integra el sistema, mismas que no se encontraban disponibles bajo la estructura de los sistemas de información e inteligencia anteriores a la PM. El sistema opera registros nacionales a través de “una serie de tableros de control utilizados para medir la captura de información y su calidad” (^{Salinas y Villa 2012}, 54). Tales mediciones resultan de vital importancia debido a que los datos ingresados al sistema dictarán la calidad de la información que contribuya a la generación de productos de análisis, obtenidos a partir del manejo de las bases de datos generando productos de inteligencia para la mejor toma de decisiones.

Las herramientas tecnológicas que conforman el sistema PM fueron elegidas e implementadas en base a criterios de innovación, facilidad de uso y obtención de resultados. Esto asegura que la información recabada y procesada en la plataforma se integre de manera eficiente en las diferentes aplicaciones que integra el SUIC. Las metodologías utilizadas en el procesamiento de la información son de gran envergadura ya que, a través de procesos como la minería de datos o el reconocimiento de patrones, no se menosprecia ninguna información por insignificante que parezca y que pueda resultar crucial en términos de inteligencia. En este sentido, igual importancia revisten los diferentes aplicativos que integra el SUIC mismos que permiten desarrollar con efectividad las necesidades operativas en el terreno securitario.

Para mantener una operatividad óptima, PM debe permanecer a la vanguardia tecnológica a través de la evolución permanente del sistema de telecomunicaciones, permitiendo la diversificación e interoperabilidad de los diversos sistemas que conforman su estructura optimizando los controles de confidencialidad e integridad de la información que permitan la mejora y adecuación constante de su arquitectura de seguridad a las reglamentaciones nacionales e internacionales así como a su normatividad interna correspondiente. Por tanto, deben mejorarse y, de ser necesario, crear e implementar nuevos mecanismos, procedimientos y protocolos que permitan altos estándares de calidad en el manejo y resguardo de la información en todas las entidades del país. Para lograr esto, se requiere la plena cooperación entre los tres niveles de gobierno, como usuarios directos del sistema PM, para contar con información constante y actualizada en todos los rubros que integra el SUIC; así como destinar los recursos necesarios para actualizar las redes y equipos que permitan la utilización de las herramientas y aplicativos de la PM por medio de los C4 y C5,²⁰ y sus respectivos sub centros interconectados al SUIC para el desarrollo de sus labores.

La importancia del sistema PM se encuentra basada en la capacidad operativa para compartir información en tiempo real y en una variedad amplia de formatos a cualquier parte de México por medio de la interconexión entre los tres niveles de gobierno así como a nivel internacional con la INTERPOL. El sistema PM y su centro operativo, el SUIC, es una herramienta eficiente y necesaria para la prevención y combate a la inseguridad así como para contrarrestar los procedimientos y recursos que utiliza la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, su desarrollo y éxito no deben depender sólo de factores tecnológicos sino también del factor humano por medio de usuarios autorizados y encargados de alimentar el sistema, a través de una capacitación constante que permita generar una mejor capacidad para llevar a cabo de manera adecuada los trabajos de inteligencia incentivando el uso y aplicación de la investigación científica, eficientando la toma de decisiones en el plano securitario. Es importante que además de estos factores el sistema PM mantenga un vínculo directo con instituciones académicas en áreas estratégicas que no sólo permita una mayor y mejor integración en la rendición de cuentas, generación de información y toma de decisiones sino también un desarrollo del mismo sistema a través de la participación de especialistas civiles en áreas estratégicas.

El sistema PM, dentro de las labores preventivas y operativas que lleva a cabo por medio de la utilización de información e inteligencia, debe contribuir a generar un clima de respeto a los derechos humanos que contribuya a la generación de paz y seguridad, mediante el combate a factores como la impunidad y la corrupción como detonadores de la violencia y la inseguridad. La guerra contra los grupos delincuenciales y del crimen organizado no ha contribuido a un desescalamiento de la violencia, sino por el contrario, ha propiciado que las violaciones a los derechos humanos sean vistas como un daño colateral natural. El respeto a los derechos humanos no debe estar peleado con la existencia de condiciones adecuadas de seguridad pública, requiriéndose por tanto políticas de gobierno eficaces para mantener estos derechos evitando así que su violación y falta de respeto sigan generando condiciones de inseguridad y violencia social.

Una política pública, como lo es el sistema PM, debe ser auditada y diagnosticada regularmente con el fin de transparentar y eficientar su operación de manera que permita continuar con la generación de información oportuna y precisa en temas de seguridad. Lo anterior resulta fundamental ya que el contexto institucional actual no permite observar el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de seguridad fragmentando la información o clasificándola como reservada. Por tanto, los sistemas de información en México deben ser evaluados con el objetivo de conocer los resultados de las decisiones emanadas de su operatividad y con ello optimizar su desarrollo en conjunto con la sociedad civil.

El sistema PM busca articular, junto a las autoridades gubernamentales, una política pública que evite la fragmentación del Estado a través de acciones de colaboración y coordinación entre sus diferentes instancias en los tres niveles de gobierno que abonen y garanticen la capacidad de prevención y respuesta hacia objetivos comunes velando porque sus integrantes lleven a cabo de manera eficiente las labores de captura de información de manera constante y efectiva, aumentando así los niveles de eficacia y eficiencia en el combate a la inseguridad a través de la generación y procesamiento de información que produzca la inteligencia necesaria para el mejoramiento de las labores de investigación y la toma de decisiones.