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URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

versión On-line ISSN 1390-4299versión impresa ISSN 1390-3691

URVIO  no.21 Quito jul./dic. 2017

https://doi.org/10.17141/urvio.21.2017.2940 

Tema central

Orígenes en el proceso de inteligencia en el Perú

Origins in the intelligence process in Peru

Andrés Gómez de la Torre1 

Arturo Medrano Carmona2 

1 Instituto de Estudios Internacionales (IDEI - PUCP), Perú, andres_gotorrer@yahoo.es

2 Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales (ENEG), Perú, aradmecar@hotmail.com


Resumen

Desde un enfoque histórico y legal se analiza a la organización de inteligencia desde sus orígenes hasta el segundo gobierno del expresidente Fernando Belaúnde. A través de esta investigación se tiene por objetivo conocer los orígenes de la inteligencia peruana y establecer la vinculación de sus orígenes con la lucha contrasubversiva a nivel nacional y con sus pares de la región. Se abordan los temas principales en la decisión política y militar para la creación del Sistema de Inteligencia, el andamiaje jurídico, el perfil del aparato de inteligencia, los efectos de reconversión institucional del Ejército peruano, los casos de la experiencia de Bolivia y México en la creación de organizaciones de inteligencia, el foco insurreccional y las nuevas formas de combatirlos, el aporte de la Marina de Guerra del Perú en la cultura de inteligencia, los hitos golpistas y guerrilleros, las represiones militares y sus relaciones con Argentina y Chile.

Palabras clave: contrasubversión; Guerra Fría; institucionalismo; inteligencia; Perú.

Abstract

From a historical and legal approach to the organization of intelligence from the origins to the second government of former president Fernando Belaunde, is analyzed. Through this research, it is aimed at the origins of the Peruvian Intelligence and establishing the linkage of its origins with the fight against the national level and with the peers of the region. The main themes are discussed in the political and military decision for the creation of the Intelligence System, the legal system, the profile of the Intelligence apparatus, the effects of the institutional reconversion of the Peruvian Army, the cases of the experience of Bolivia and Mexico in the creation of Intelligence organizations, the insurrectional focus and new ways of fighting them, the contribution of the Peruvian Navy in the culture of intelligence, the coups d'état and guerrilla milestones, military repressions and their relations with Argentina and Chile.

Keywords: Cold War; counterinsurgency; institutionalism; intelligence; Peru

Los puntos cardinales de la decisión política y militar

La historia de la Inteligencia peruana no solo responde a las influencias de las misiones militares que brindaron conocimientos y entrenamientos a los militares peruanos, sino que en su momento respondieron a la lucha contra la subversión. En un contexto post Segunda Guerra Mundial, donde las revoluciones se propagaban buscando desestabilizar los regímenes políticos, es que las Fuerzas Armadas y el autoritarismo político han estado muy presentes en una de las fases iniciales en la historia de la actividad de inteligencia en el Perú.

Desde los años 50 con el ex Ministro de Gobierno y Policía (actualmente Ministerio del Interior) Alejandro Esparza Zañartu, funcionario civil del régimen militar del dictador y general del Ejército Manuel Odría, se recreaba en el Perú la formación de servicios de inteligencia con alcance nacional. Esparza Zañartu fue bien recreado por Mario Vargas Llosa como el personaje “Cayo Bermúdez” en su célebre novela “Conversación en La Catedral” publicada en 1969. Eran tiempos duros de persecución militar contra militantes comunistas y especialmente, apristas (miembros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana - APRA, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre).

También fueron tiempos de legislación dura vinculada a la represión política, prueba de ello fue el Decreto Ley Nº 11049, Ley de Seguridad Interior de la República, promulgada el 1 de julio de 1949 y que en su artículo 4° incluyó la pena de muerte frente a la perpetración de varios delitos. La citada norma fue la versión peruana de la denominada “ley maldita” chilena, Ley Nº 8987, promulgada en democracia en septiembre de 1948, y el Decreto Nº 5839, Ley de Defensa Permanente de la Democracia, cuyo objetivo fue neutralizar la actividad y expansión del Partido Comunista de Chile (PCCh) y alternativamente, de militantes socialistas y falangistas.

Por su parte, y en paralelo, el general peruano Marcial Romero Pardo esbozó en su condición de director (Masterson 2001, 219-220) del entonces Centro de Altos Estudios Militares (CAEM, en la actualidad es el Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN) la necesidad de vincular la seguridad con el desarrollo nacional, a marcar algunas líneas matrices para enfrentar el creciente fenómeno de la guerra no convencional (subversiva, revolucionaria o insurgente) que preocupaba tanto a los militares latinoamericanos; luego de la revolución china de Mao, los procesos de descolonización, las guerras en Argelia e Indochina, y la aparición del movimiento de países No Alineados en la Conferencia de Bandung de 1955, para modernizar al Ejército peruano en función de los nuevos escenarios y desafíos globales. Asimismo, la incorporación de las tesis de seguridad nacional y hemisférica permitió que los militares amplíen su participación en temas de desarrollo nacional, para que a través de la inteligencia se busca ganar al enemigo subversivo, y que al mismo tiempo conlleva a que los militares proyecten su participación en la política como una extensión de la actividad militar (Koonings y Kruijt 2003, 56).

En ese contexto surgió la idea de crear servicios de inteligencia y específicamente uno de carácter político-estratégico de “nivel nacional” que organizara a todos con el fin de que los militares comiencen a entender el mundo civil e incursionaran en lo que denominaron los campos, dominios o factores no militares de la seguridad y defensa nacional (Gómez de la Torre 2007a; Gómez de la Torre 2014b). De esta forma no encontramos mayor asidero ni indicadores relevantes en materia del frente externo relacionado con la tesis deslizada en el sentido que el proceso de parálisis del proceso de demarcación fronteriza entre el Perú y Ecuador a raíz del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de 1942, o la tesis del nulidad del mismo esgrimida por el gobierno de Ecuador en la década de los años 60 tuvo algún impacto determinante o al menos influyente en la creación de un organismo de inteligencia de alcance nacional.

Menor inclusive fue el caso con Chile, donde a pesar que la Guerra del Pacífico (1879-1883), que culminó en 1930 por el Tratado de Lima de 1929 y su Protocolo Complementario con la devolución de Tacna y Tarata, no se registraban mayores indicadores de tensión bilateral entre ambos países; por el contrario, hubo colaboración internacional como el caso de la firma de la Declaración de Santiago sobre la zona marítima de 1952 en la que estuvo presente Ecuador. El nacimiento de la inteligencia en el Ejército peruano estuvo influenciado por la capacitación recibida por muchos oficiales en Fort Holabird (Cobas 1982; Toche 2005; Toche 2008) entre 1950 a 1971, y tuvo su sede en el Centro y Escuela de Inteligencia del US Army. Con base en la formación recibida en Fort Holabird se registra que tres militares tuvieron una influencia decisiva en la creación, institucionalización y consolidación de la inteligencia militar y nacional: principalmente Juan Bossio Collas (Toche 2008), además de Marcial Romero Pardo y Edgardo Mercado Jarrín (Masterson 2001; Gómez de la Torre 2015).

Otros centros académicos norteamericanos como el Special Warfare Center and School (en Fort Bragg) y la Escuela de las Américas (en Panamá) entrenaron cientos de oficiales peruanos. La concepción de la misión de acción cívica de los militares (Masterson 2001) está relacionada con base en la percepción de los mitos fundacionales de que las fuerzas armadas son parte primigenia en el nacimiento del país, o que los militares están mejor organizados para hacerse cargo del Estado, o que los civiles no están aptos para ejercer cargos de gobierno (Koonings y Kruijt 2003, 50-53). Esta formación en materia de inteligencia sería fundamental tal como señaló el entonces coronel Jorge Fernández Maldonado porque “toda la información reunida por el Servicio de Inteligencia en la década de los sesenta fue más valiosa para tener una visión de los problemas del Perú” (Masterson 2001, 327), y donde los egresados de la Escuela de Inteligencia se dieron cuenta de hacer un cambio a nivel nacional para poner fin a la injusticia social, la dependencia y la explotación (Tello 1983 citado en Masterson 2001, 327), situaciones que fueron el caldo de cultivo para los levantamientos subversivos en el Perú.

El andamiaje jurídico, 1960 - 1970

La inteligencia peruana requería un soporte legal, el mismo que se dio cuando el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) fue creado mediante un Decreto Supremo de solo 12 artículos (Gómez de la Torre 2015) el 27 de enero de 1960 por el ex Presidente Constitucional de la República Manuel Prado y Ugarteche (Gómez de la Torre 2010; Gómez de la Torre 2012; Medrano 2013; Medrano 2014), junto a su entonces Ministro de Justicia, el abogado Raúl Gómez de la Torre Tamayo. Como primer jefe del SIN estuvo el general EP Julio Doig Sánchez, quien posteriormente fue Ministro de Guerra (en la actualidad, Ministerio de Defensa) del expresidente Constitucional Fernando Belaúnde Terry. El 30 de septiembre de 1960 se promulgó otro Decreto Supremo aún más breve y con rango similar (Gómez de la Torre 2015) que puede considerarse como el principio del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), ya que en su Considerando señaló la necesidad de precisar las relaciones entre el SIN y los Ministerios. Prueba irrefutable del empoderamiento del Ejército en el SIN fue el hecho que sus jefaturas recayeron en oficiales de esa institución armada de manera exclusiva desde el año 1960 hasta entrada la década de los años ochenta, que perfiló la fuerte influencia castrense en materia de inteligencia.

El Considerando del Decreto Supremo de creación del SIN de 1960, sin numeración y solamente con fecha, correspondía a la elaboración de los dispositivos legales de tal jerarquía en esa época, representando la complejidad que planteaba: la Defensa Nacional, así como de la necesidad de contar con “organismos especiales”, para el cumplimiento de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Presidente de la República. El artículo 4° de la citada norma asignó el SIN a la Presidencia de la República, con el fin de estructurar las relaciones funcionales entre el productor y el usuario del producto de inteligencia.

En el SIN con los militares se mantuvo y maduró la idea de que el servicio esté adscrito a la Presidencia de la República, lo que se tuvo presente durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (GRFA) que el 3 de octubre de 1968 llegó al poder derrocando al expresidente Belaúnde Terry. Este GRFA fue presidido por el general Juan Velasco Alvarado y promulgó el Decreto Ley N° 17532, Ley Orgánica de la Presidencia de la República, el 25 de marzo de 1969, siendo Ministro de Guerra y Presidente del Consejo de Ministros del GRFA el General de División EP Ernesto Montagne Sánchez, en cuyo artículo 7° permitió al SIN una relación de dependencia directa con la Presidencia de la República (Gómez de la Torre 2012), señalando que el SIN era el encargado de suministrar la inteligencia necesaria “para la conducción de la política de seguridad del Estado” (Decreto Ley N° 17532), dándole a la inteligencia injerencia en los campos o dominios no militares de la seguridad nacional. Tanto en democracia como en tiempos de dictadura militar hubo consenso acerca de tal adscripción del SIN a la Presidencia de la República.

Con el Decreto Ley N° 19351 (1972) se constituyó jurídicamente el “Sistema de Inteligencia Nacional” (SINA) (Gómez de la Torre 2012), también siendo Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Guerra por entonces también el general Montagne, donde se diseñó el Consejo Superior de Inteligencia (COSI), actualmente conocido en la normatividad peruana de inteligencia como el Consejo de Inteligencia (COIN). Durante la gestión del SIN del general Julio Doig, destacaron los oficiales José Arce Larco (fue Vicealmirante, Ministro de Marina del GRFA y Embajador del Perú en los Estados Unidos de Norteamérica) y Luis Barandiarán Pagador (ex Jefe de Inteligencia de la FAP y luego, siendo Teniente General, fue Ministro de Estado en la segunda fase del GRFA, 1975-1980).

El perfil del aparato de inteligencia

Los militares peruanos recibieron influencia de diversas misiones militares, para lo que debemos destacar la influencia francesa que desde 1896 ha marcado el pensamiento en el ejército peruano y con fuerte presencia fundacional, orientado a temas de desarrollo nacional, más ideológicos que administrativos (Masterson 2001), pero principalmente en la idea de que tienen “una función en la construcción de una nación moderna” (Masterson 2001, 4). Además, esta influencia también llegó a la lucha contrasubversiva con base en Gallieni y Lyautey (Masterson 2001). La influencia norteamericana pasó de la defensa hemisférica a la seguridad interna y entrenamiento contrasubversivo (Masterson 2001), donde se les enseñó temas de seguridad interna y entrenamiento antisubversivo, inteligencia militar, comando y estado mayor, así como la importancia de la acción cívica para emprender el crecimiento económico y aminorar el descontento social, en especial el rural (Barber y Ronning 1966 citado en Masterson 2001).

Dentro de lo desarrollado en el pensamiento castrense se tuvo en consideración la información para tener éxito, donde la población fue el objetivo para recolectar información, se estudiaron todos los problemas sociales (Rodríguez 1983 citado en Rospigliosi 2001), y hasta se usaron métodos de las ciencias sociales para sus investigaciones (Rospigliosi 2001, 193). Estas influencias doctrinarias, influyeron en la configuración del perfil de inteligencia de acuerdo a las necesidades peruanas de lucha contrasubversiva y orientada hacia el frente interno.

Otra característica fue que hubo continuidad en la designación y el perfil de las jefaturas del SIN durante todo el régimen militar del GRFA (1968-1980) y hasta bien iniciada la década de los años ochenta, todos fueron oficiales provenientes del Ejército con grado de general: Eduardo Segura Gutiérrez, Rudecindo Zavaleta Rivera, Rafael Hoyos Rubio, Juan Schroth Carlín, Mario Villavicencio Alcázar y Ludwig Essenwanger Sánchez; y que hacia 1983, llegaron a la jefatura oficiales provenientes de la Marina de Guerra: los almirantes Juan Bergelund Remy, Javier Ernesto Rocha Mujica y Edgardo Colunge Guevara, estos tres últimos oficiales navales que intentaron darle una nueva performance al SIN para tiempos de guerra revolucionaria maoísta, la del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso (PCP-SL), durante el segundo gobierno democrático del entonces presidente Fernando Belaúnde Terry. Cuatro factores se produjeron entre 1983 y 1985 en el SIN:

  1. Creación de un Comité de Asesores (COA-SIN) integrando profesionales civiles de las ciencias sociales, como Francisco Loayza Galván y Rafael Merino Bartet, que laboraron en el Comité de Asesores del Primer Ministro (COAPRIM), entre 1973 a 1975, a órdenes del General Edgardo Mercado Jarrín y Jorge Fernández Maldonado Solari

  2. Promulgación de los Decretos Legislativos N° 270 y 271 en 1984 para mejorar la estructura institucional del SINA y su ente rector el SIN

  3. Creación de la Escuela de Inteligencia Nacional (ESIN) en el año 1984, con el objetivo de formar analistas y agentes de colección de información, cursos que comienzan a impartirse en el año 1985, a modo de Curso Superior de Inteligencia y Curso de Agentes de Inteligencia (CAI)

  4. Se produjo un cambio en el procedimiento y políticas de reclutamiento de personal para el SIN al integrar en sus convocatorias a profesionales civiles con experiencia laboral en el sector público, ello obedecía nítidamente al esfuerzo por diseñar una estrategia integral contra el terrorismo que incluya el análisis de los campos o dominios no militares de la seguridad, a los que les llamaron: 1) campo político, 2) campo económico y 3) campo psicosocial

De este escenario podemos desprender que a inicios de la década de los años 80 hubo una intención del estamento castrense peruano por mejorar, adaptar y reorientar al SINA y el SIN en función al escenario estratégico interno de aquellos tiempos, debido a la inicial lenta comprensión que tuvieron del nuevo conflicto subversivo y donde la policía solo reaccionaba investigando después de los atentados (Mauceri 1989) con la idea de enfrentar y sortear en las mejores condiciones posibles la amenaza terrorista que representaba el Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso (PCP-SL) y de manera secundaria, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Efectos de la reconversión institucional del Ejército del Perú

El conservador expresidente Manuel Prado tuvo razones para crear el SIN durante el desarrollo de la Guerra Fría y la política hemisférica de contención al comunismo (Gómez de la Torre 2007a, 53; Gómez de la Torre 2014b, 106), donde los ejércitos de las Fuerzas Armadas en América Latina estuvieron predominantemente bajo las influencias doctrinarias norteamericana y francesa (Masterson 2001; Gómez de la Torre 2007b; Gómez de la Torre 2014b) para enfrentar el fenómeno de la guerra no convencional (Masterson 2001; Medrano 2009). Esto fue vidente en el caso peruano con las reformas institucionales del Ejército liderado por el entonces general EP Alfredo Rodríguez Martínez, ex Comandante General del Ejército de Manuel Prado, y con anterioridad y posterioridad inmediata por los Comandantes Generales EP Alejandro Cuadra Ravines y Víctor Tenorio Hurtado.

El antecedente normativo de lucha contra el comunismo fue el Proyecto de Ley de Defensa de la Democracia del Poder Ejecutivo en 1958, para prohibir toda actividad radical izquierdista en el país e influenciados por los acontecimientos pasados en Europa del Este, el fortalecimiento de la “cortina de hierro”, la Revolución China de Mao Tse Tung en 1949 y la revolución cubana. El pensamiento de Sherman Kent (1978), a través de su libro Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana, se difundió en los Estados Unidos de Norteamérica y entre las Fuerzas Armadas del hemisferio, llegando a ser el texto más usado en la bibliografía de inteligencia hasta la publicación de Producción de Inteligencia Estratégica. Principios Básicos del Brigadier Washington Platt (1983).

De manera progresiva, se fue incubando internamente el desarrollismo, reformismo y nacionalismo militar peruano, formándose militares comprometidos con reformas sociales que se distanciaba de otros de sus pares latinoamericanos que apostaban doctrinariamente a la clásica tesis de la seguridad hemisférica, en pleno furor de la Guerra Fría. Este proceso peruano se afianzaría con la fundación y actividad formativa del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en la década de los años cincuenta (Masterson 2001; Kruit y Tello 2003; De Arce y Temes 2003; Gómez de la Torre 2007a; Gómez de la Torre 2014b; Medrano 2014) y que constituyó un “medio catalizador” que cristalizó la actitud modernizadora en los oficiales militares (Masterson 2001).

Contexto de creación de organizaciones de inteligencia: el caso de la experiencia boliviana

Paralelamente, en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia, a fines de la década de los años 50, luego de la cruenta revolución boliviana de 1952, hay dos acontecimientos que influyeron notablemente en la creación del SIN peruano en 1960:

  1. Durante el periodo de trabajo del agregado militar coronel EP Juan Bossio Collas (Gómez de la Torre 2014), en la Embajada del Perú, dirigida por el embajador José de la Puente Rabdill (1997). Este oficial, quien perteneció al arma de caballería relacionada a la actividad de inteligencia, observó todo lo que ocurría en el país altiplánico, y que luego impulsó la institucionalización de la Inteligencia nacional, con base en su experiencia en ese país y durante su propia carrera militar. Después Bossio fue jefe del SIN y siendo General de Brigada, asumió el cargo de Ministro de Gobierno y Policía durante la Junta Militar de Gobierno de 1962

  2. El entonces presidente Hernán Siles Zuazo, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), decidió crear la Dirección General de Informaciones y Seguridad del Estado dependiente del Ministerio de Gobierno, mediante Decreto Supremo N° 5154 (1959). Dicho acontecimiento ocurrió menos de un año antes de la decisión para la creación del SIN por parte de Prado en el Perú

En la parte considerativa del Decreto Supremo N° 5154, con solo cinco escuetos artículos, se señaló “Orden Interno” y “Seguridad Exterior”, que también pertenecen al argot de inteligencia y están relacionados con la anticipación, apreciación y el conocimiento. Esta norma le dio funciones para que “recoja [colección, recolección u obtención], centralice, clasifique y verifique todas las informaciones que interesen al orden público y a la seguridad interior y exterior del Estado” (Decreto Supremo N° 5154, artículo 1°; el agregado es nuestro). También se señaló que ante casos de alteraciones al orden público, de la estabilidad institucional y contra la seguridad del Estado se podría requerir el uso de las Fuerzas Armadas (Decreto Supremo N° 5154, artículo 2°); constituyendo un órgano de inteligencia habilitado con amplias facultades para la realización de actividades de inteligencia y con un carácter de organismo civil. El expresidente Siles, quien fue electo por vez primera en Bolivia por sufragio universal (1956), tuvo que tomar la decisión de crear dicho organismo de inteligencia ante un escenario muy complicado: compleja gobernabilidad caracterizado por la estabilización monetaria, ajuste económico, agitación social, huelgas y protestas, facciones políticas e intentos fallidos de golpe de estado perpetrados por el Ejército boliviano, que contribuyeron a que las relaciones entre civiles y militares bolivianos fueran tensas.

Mucha información útil fue recabada a través de nuestra legación diplomática en Bolivia indicando la relación entre los grupos insurgentes bolivianos con sus pares peruanos, que además del contrabando de armas en la frontera común, buscaban preparar conjuntamente actos violentistas. Bolivia fue el país precursor en América del Sur al crear una organización de inteligencia nacional de nivel político-estratégico dentro de un régimen democrático, porque en Argentina bajo el régimen del general Juan Domingo Perón en 1946 se creó la Coordinadora de Informaciones del Estado (CIDE), que tuvo un origen democrático pero con un temperamento militar/autoritario. También en Brasil, bajo el régimen del general Gaspar Dutra se creó el Serviço Federal de Informações e Contra-Informações (SFICI) y en Colombia, en 1953, durante la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla creó su Departamento Administrativo de Seguridad (DAS -SIC) (Gómez de la Torre 2015, 493; Gómez de la Torre y Medrano 2015b, 7).

Ciertas élites políticas y académicas sostuvieron que los servicios de inteligencia latinoamericanos fueron dominio exclusivo de los militares y las Fuerzas Armadas, lo que contrastado con lo desarrollado en esta investigación podemos sostener que ello carece totalmente de sustento histórico alguno, debido a los orígenes de la inteligencia durante regímenes democráticos en los casos citados. Así también los servicios de inteligencia creados en regímenes democráticos por gobiernos civiles también fueron, en muchos casos, represivos y con acciones contrarias al respeto por los derechos fundamentales de las personas.

En el mes de julio del año de 1956, se realizó la Cumbre de Panamá, donde se reunieron los presidentes de la época, en su mayoría dictadores militares de facto, que usaron la inteligencia como policía política para contrarrestar a los opositores a sus regímenes. En dicha cita se aprobó la “Declaración de Panamá” con el fin de fortalecer la paz, la seguridad, y la consolidación de la democracia en el hemisferio (Cochez 2015), y donde solo los mandatarios Siles (Bolivia) y Prado (Perú), fueron elegidos mediante voto popular y además, fueron hijos de expresidentes en sus respectivos países, que alternaron con personajes de la denominada “legión anti-comunista”: Anastasio Somoza García (Nicaragua), Alfredo Stroessner (Paraguay), Fulgencio Batista (Cuba), Carlos Castillo Armas (Guatemala) y Marcos Pérez Jiménez (Venezuela), entre otros mandatarios asistentes (Torrijos 2015; Cochez 2015). En este contexto las decisiones de Siles en la Bolivia de 1959 y de Prado en el Perú de 1960, tuvieron una acertada predicción y anticipación de apreciación estratégica, al crear sus respectivos órganos de inteligencia, donde aparecieron las guerrillas insurgentes apoyadas y promovidas por Cuba (Gómez de la Torre y Medrano 2015b; Gómez de la Torre 2007a, 51-60), independientemente de los cuestionamientos que podrían tener los mandatarios.

Contexto de creación de organizaciones de Inteligencia: el caso de la experiencia mexicana

México basó su política exterior, tradicionalmente, en el principio de no intervención o no injerencia en asuntos internos de otros Estados, desde la denominada Doctrina Estrada, del entonces Secretario de Relaciones Exteriores Genaro Estrada. Culminada la Segunda Guerra Mundial, México sería foco silente en la perspectiva del conflicto este-oeste, pese a su democracia de partido único, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su neutralidad manifiesta, a partir de una abierta y formal relación con la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuya legación diplomática en Ciudad de México era muy importante, ya que los soviéticos mantenían relaciones diplomáticas y consulares formales con el Estado mexicano.

En ese contexto es que se entiende la creación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) por el presidente civil Miguel Alemán Valdés durante el año 1947, motivo por el cual México recibió un fuerte apoyo de sus contrapartes norteamericanas, particularmente de una naciente Central Intelligence Agency (CIA) y del Federal Bureau of Investigation (FBI) que ya operaba en el país, y desde 1947 con la promulgación del Acta Truman de todo el andamiaje estatal de entidades como el National Security Council (NSC) y del Departamento de Defensa, en un contexto de división del mundo en esferas de influencia que se reflejaba con estas políticas. Además, de las buenas relaciones y afinidades existentes entre los mandatarios Miguel Alemán y Harry Truman para dichos efectos de colaboración en el ámbito de la seguridad.

En ese contexto deberá aquilatarse la presencia en la embajada del Perú en México, del oficial peruano Juan Bossio Collas, quien fue agregado militar. Este es un ángulo poco estudiado, desde la óptica de cómo influyó ese país en la creación del SIN peruano, ya que la presencia de Juan Bossio en México habría obedecido a analizar el proceso de institucionalización de la inteligencia mexicana al fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, pero especialmente,e de la influencia, modelo y orientaciones que iba adquiriendo los Estados Unidos de Norteamérica en tal proceso, con evidentes miras a esbozar algo similar a lo que finalmente sucedió en el Perú en 1960 con la creación del SIN.

Focos insurreccionales y los nuevos perfiles para combatirlos

En el Perú dos movimientos subversivos iniciaron los primeros brotes insurreccionales: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Masterson 2001; Gómez de la Torre 2015), que en el primer gobierno constitucional de Fernando Belaúnde Terry fueron abatidos, cuyos principales actores fueron el general Julio Doig Sánchez (primer Jefe del SIN y Ministro de Guerra, del entonces Presidente Fernando Belaúnde) y al general Armando Artola Azcárate, quien fue jefe de Inteligencia del Ejército (entonces Servicio de Inteligencia del Ejército-SIE) y escribió “Subversión” (1976), donde reflejó su experiencia en la lucha contra la guerra no convencional (GNC) de esa “primera subversión” peruana. Esto ocurre luego de que en la Argentina de 1964, se frustrara el inicio insurreccional a través de las acciones armadas.

A partir de 1966, Ernesto “Che” Guevara eligió Bolivia como “blanco-objetivo” y plataforma para iniciar la insurrección foquista, conformando el ELN boliviano, con conexiones peruanas. Los brotes de insurgencia peruana y boliviana tuvieron acciones en su contra, implementadas por el apoyo operativo y material de los organismos de seguridad oficial de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en el caso peruano. Así, se evidenció que los discursos y promesas políticas son difíciles de realizarse. A través de la Alianza para el Progreso del entonces Presidente John F. Kennedy, se orientó en arremeter contra las condiciones socioeconómicas de la pobreza, las cuales constituyen el caldo de cultivo para la aparición de insurgencias armadas; es decir, realizar trabajo en los campos o dominios no militares de la seguridad nacional vinculado con el desarrollo. Ello constituyó matices diferenciados entre republicanos duros y demócratas progresistas en las sucesivas administraciones de Eisenhower y Kennedy, como forma de cooperar y enfrentar la subversión.

Los servicios de inteligencia boliviano y peruano, precursores de inteligencia en democracia en Sudamérica, fueron creados en función de los enemigos internos, contra-subversión, y doctrina de seguridad nacional clásica con marcada dependencia militar y policial, debido a que en esos momentos fue imposible diseñarlos a la luz de un “think-tank” para la prospectiva contemporánea que elabore inteligencia estratégica para la toma de decisiones, o de moldearlos burocráticamente con presencia mayoritaria de analistas de inteligencia. Edgardo Mercado Jarrín, oficial del arma de artillería, jefe de Inteligencia en el Ejército (SIE) (Rospigliosi 2001) y colaborador en la planificación del golpe de estado de Velasco (Masterson 2001) publicó “Seguridad, Política y Estrategia” (Mercado 1974), donde sostuvo la reformulación de la visión clásica de la doctrina de inteligencia norteamericana perfilada por Kent (1978) y Platt (1983) y posicionada en los ejércitos de la región, dándoles un perfil operativo relacionado a la lucha contra la subversión con base en la tesis de una inteligencia pulcra, objetiva y enfocada en el frente externo. La misma fue insuficiente para países latinoamericanos azotados por el novísimo fenómeno y envergadura de la guerra subversiva, porque el entrenamiento antisubversivo del Ejército fue primordial para combatir los movimientos guerrilleros (Mercado 1964 citado en Masterson 2001).

La X Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) de Caracas de 1973 supone un escenario de clara división del pensamiento militar latinoamericano: por un lado, Edgardo Mercado Jarrín esbozó planteamientos desarrollistas y autonomista con cercanía evidente a su par argentino Jorge Raúl Carcagno, frente a una posición tradicional y de línea dura de Brasil que consideraba al comunismo como primera prioridad de amenaza a la seguridad hemisférica. Perú y Argentina coincidieron por entonces con la necesidad de la reforma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 (Besoky 2011), y diseñar un nuevo sistema de seguridad y defensa regional adaptado a las necesidades propias. Carcagno en Argentina realizó el célebre “Operativo Dorrego” donde los militares argentinos conjuntamente con la Juventud Peronista colaboraron en una acción cívico militar en favor de los afectados por las inundaciones en Buenos Aires en 1973, donde posiblemente este operativo buscó hacer reconocimiento del enemigo, pero que al mismo tiempo lo desprestigió frente al presiente Perón y al Ejército argentino debido al acercamiento con la guerrilla (Besoky 2011).

El aporte de la Marina de Guerra del Perú en la cultura de inteligencia

La cultura de inteligencia es entendida como los conocimientos que la sociedad debe tener referente a un servicio de inteligencia y que se promuevan a través de la divulgación y formación en estas materias (Esteban 2007, 68-69). En ese sentido, la Revista de Marina, entre las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, se convirtió en una fructífera instancia de difusión de cultura de inteligencia, después de que en la década de los cuarenta la Marina de Guerra del Perú creó la Dirección de Radio-Inteligencia Naval (DRIN) apoyado por la US Navy. La DRIN se especializó en criptografía, donde el oficial Guillermo de las Casas Frayssinet (1952) fue uno de sus precursores, y que además desarrolló toda su carrera profesional en el campo de la inteligencia, su trabajo “Criptoanálisis” fue publicado por la Revista de Marina cuando fue Capitán de Corbeta.

La entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP) replicó la técnica de criptografía, y por ese entonces el general Hércules Marthans Garro (1958) elaboró el primer manual de criptografía editado por la librería Studium. Guillermo Faura Gaig, siendo Contralmirante y Director de Inteligencia Naval para 1969, llegó a ser Comandante General de la Marina de Guerra a mediados de la década de los setenta, publicó el libro “El Mar peruano y sus límites” (1977), y posteriormente se convertiría en precursor de la demanda marítima sobre límites en nuestro dominio marítimo sur con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Gómez de la Torre 2014a; Páez 2014).

El Capitán de Navío AP Alejandro Valdivia Pedemonte, fue sub-Director de Inteligencia naval y jefe de la Escuela de Inteligencia de la Marina de Guerra, y en 1973 publicó en la Revista de Marina su célebre trabajo “¿Qué es un servicio de inteligencia?” (Gómez de la Torre y Medrano 2015a; Gómez de la Torre 2012). De esta forma dentro de la Marina de Guerra del Perú, como rasgo distintivo en la inteligencia de esta arma, se consolidaron las técnicas de comunicaciones y la inteligencia de señales (SIGINT), que es la obtención y procesamiento de toda información que se obtiene de interceptar y descifrar señales y transmisiones de cualquier tipo (Esteban 2007, 89). También hubo producción académica y doctrina de inteligencia estratégica y nacional que ayudó en el proceso de producción de inteligencia para los gobiernos de turno.

El Teniente Primero AP Juan Almendrades Heredia (1972) publicó un ensayo denominado El sistema de inteligencia norteamericano en el que analizó la estructura de las diversas agencias especializadas y la coordinación interagencial norteamericano, en pleno gobierno republicano liderado por el presidente Richard Nixon y teniendo a Henry Kissinger como su Consejero de Seguridad Nacional. Alejandro Valdivia Pedemonte publicó “Espionaje” (1974), complementado con posterioridad con “Sabotaje” (1976) donde en sus referencias bibliográficas aparecen referenciadas las obras de Sherman Kent y Washington Platt; y, “Operaciones Psicológicas” (1979) es el resultado de los aportes de Valdivia Pedemonte sobre inteligencia publicados por la Revista de Marina en la década de los setenta. También, Oscar Brain Canepa quien publicó “Criptografía, un mensaje inocente” (1979), también en el área de criptografía naval. Toda esta producción académica fue importante en su preparación para enfrentar los nuevos retos contra la subversión y a favor de las propias tareas de inteligencia que desarrollaban.

Los hitos de los años sesenta: golpes militares, guerrillas e inteligencia

En el Perú fue de especial turbulencia a nivel interno los dos golpes militares que caracterizaron la realidad nacional de ese entonces: a) 1962, donde se derrocó al presidente Manuel Prado y Ugarteche; y, b) 1968, donde se derrocó al presidente Fernando Belaunde Terry; además, de que las guerrillas del MIR y el ELN fueron el corolario de un proceso iniciado en los años sesenta.

En el marco hemisférico se expandió intensamente la revolución de los comandantes cubanos, los hermanos Fidel y Raúl Castro, la Guerra Fría, la división del mundo a través de las llamadas “esferas de influencia” entre el comunismo soviético y el capitalismo americano, así como la aparición de la guerra no convencional en la región latinoamericana en su versión foquista y guevarista (Gómez de la Torre 2010:44), las cuales fueron expresadas con la incursión del “Che” Guevara en Bolivia, y las insurgencias en Venezuela, Perú y Ecuador, así como de la reconversión y faccionalismo del Partido Comunista de Colombia hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante la Junta Militar de Gobierno de 1962, se creó el Instituto Nacional de Planificación (INP), con el fin de conformar un esquema de relacionando a la seguridad nacional con el desarrollo, asumiendo que la teoría de la “zanahoria y el garrote” sea propia con el fin de proyectar una doctrina de contrainsurgencia (COIN) ante los insurgentes, con influencia norteamericana pero especialmente francesa, y que en sus inicios la única arma de respuesta a dichas insurrecciones fue la represión.

Por ese entonces, Enrique Gallegos Venero, oficial del Ejército con una impresionante carrera militar, cobró protagonismo al combinar todo un derrotero de acción contrainsurgente debido a su formación en Francia bajo la inspiración y experiencia del general Raoul Salan en Argelia. Gallegos propulsó la Escuela de Inteligencia en el Ejército (actualmente, la EIE). Además, fue el jefe del Instituto Nacional de Planificación (INP), jefe de Inteligencia del Ejército, y también jefe del SIN. Como Ministro de Agricultura propulsó la reforma agraria. Fue una síntesis clara de hacia dónde se movían los vectores de respuesta institucional y de corte integral contra el fenómeno subversivo de la GNC (Gómez de la Torre y Medrano 2015a, 182), porque Gallegos consideró que los proyectos socioeconómicos de La Convención y Lares harían una contraofensiva contra la subversión interna (Masterson 2001). Por ello, sostuvo que había que conseguir el apoyo de la población y no solo bastaba con destruir o paralizar a los subversivos (Gallegos 1963 citado en Masterson 2001). El entonces general de brigada EP Carlos Linares Molfino, persona de confianza del entonces presidente Belaúnde, apoyó al entonces Ministerio de Gobierno y Policía en ciertas acciones de combate contra la insurgencia, lo que constituyó entrar en los campos no militares de la seguridad a mediados de la década de los años sesenta.

El pragmatismo y el realismo político (realpolitik) en la actividad de los organismos de inteligencia en el Perú se vio reflejado en el golpe militar del 3 de octubre de 1968 con participación del servicio de inteligencia (Masterson 2001, 326), al momento del golpe se dividiría en dos: la jefatura del general EP Carlos Linares, en apoyo al depuesto Fernando Belaúnde, y la sub-jefatura a cargo del coronel EP Eduardo Segura Gutiérrez, quien se plegó al golpe y asumió la jefatura del SIN durante el GRFA del general Velasco.

La dimensión represiva: relaciones militares y de inteligencia peruanas con Argentina y Chile

No todo fue reformismo y progresismo nacionalista al estilo nasserista en los militares peruanos de los años sesenta y setenta, ni tampoco desarrollo nacional, ni acciones cívicas para alcanzar la justicia social, sino que también los servicios de inteligencia devinieron en aparatos represivos con alcance internacional. A fines de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, tomó el poder en una suerte de putsch militar conocido como el “Tacnazo” (ya que se dio en la ciudad sureña de Tacna, limítrofe con Chile), desplazando al general Velasco, dándole un giro conservador a esta “segunda fase” del GRFA y desplazando del poder a los militares peruanos del ala progresista del Ejército que apoyaba el régimen de la denominada “primera fase” del GRFA.

Así, en el contexto de históricas relaciones de afinidad con sus pares argentinos y en plena geopolítica regional de los años setenta, que incluyó la crisis argentino-chilena por la disputa de las islas del canal del Beagle (1977-1978) y el centenario de la Guerra del Pacífico (1979), que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia en el siglo XIX, Morales Bermúdez mantuvo estrechas relaciones con el gobierno de la Junta Militar encabezado en su primera versión por el general Jorge Rafael Videla. Sendas visitas oficiales recíprocas a Lima y Buenos Aires entre ambos mandatarios se dieron en el período de 1976 a 1980, también entre otros jerarcas militares, entre ellos, el ex jefe del Ejército peruano Pedro Richter Prada y el argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, en el contexto del apogeo en el cono sur americano de la represiva Operación Cóndor, de coordinación entre las inteligencia militares y Fuerzas Armadas de los países del área sur de Sudamérica (Gómez de la Torre 2007a, 62-63). Así, el Batallón de Inteligencia N° 601 del Ejército de Argentina actuó en territorio peruano en operaciones contrasubversivas contra elementos del movimiento “Montoneros” en la denominada “Base Lima” (Gómez de la Torre 2007a: 62-63), y capturados en Lima (Uceda 2004, 343-370) porque planeaban acciones desestabilizadoras contra la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.

Desde el punto de vista de inteligencia, cabe resaltar la lectura de un documento encontrado a inicios de la década de los noventa en Paraguay en los denominados “Archivos del terror” o archivos del Paraguay de Martín Almada (Clarín 1999; Cárdenas 2014; Sputnik 2016). Según Juan Schroth, ex jefe de Inteligencia durante el gobierno del expresidente Morales Bermúdez, el Perú sí participó en la Operación Cóndor, pero dicha participación fue desmentida por el mismo expresidente (Agurto 2012). Al respecto y contextualizando la relación entre el expresidente Morales Bermúdez y Juan Schroth Carlín, su entonces jefe de Inteligencia Nacional del SIN, está bien reseñada por el propio consumidor del producto de inteligencia: Morales Bermúdez se expresa de Schorth como un “hombre trejo”, “como tiene que ser el jefe de ese servicio”, acota Morales Bermúdez, y con quien se reunía quincenalmente. Morales Bermúdez refiere que recibía en el despacho presidencial desde el SIN informes diarios breves, semanales, de visión de conjunto, y otro mensual documentado, analítico, que era “necesario leer con calma”, y que los “asuntos sindicales” ocupaban una parte considerable, además de calificar dichos documentos como “informes valiosos para la tarea de gobierno”. Señala además que el estilo de su relación con Schroth era de “conversación franca” y que luego sería reemplazado por el general Mario Villavicencio Alcázar, en las postrimerías de su gobierno (Prieto 1996, 154).

Una tesis contemporánea esbozada en el Perú sobre la participación de la segunda fase del GRFA presidido por Francisco Morales Bermúdez en la Operación Cóndor sustenta un punto intermedio, en el sentido que formalmente el Perú no fue de la partida ni integró tal operación inter-estatal represiva; pero que sí hubo una estrecha cooperación militar bilateral con Argentina, siendo uno de sus artífices más representativos, desde la perspectiva peruana, el general Luis Cisneros Vizquerra, apodado como “el gaucho Cisneros” y considerado en predios militares peruanos como “argentinófilo” debido a que estudió toda su carrera militar en la Argentina como egresado del Colegio Militar de la Nación, y fue Ministro del Interior (1976-1878) durante el régimen militar de Morales Bermúdez (Álvarez Calderón y Álvarez Calderón 2016, 142). La Marina de Guerra del Perú mantuvo una clara división institucional respecto del GRFA particularmente en su primera fase (1968-1975).

La alta oficialidad naval se dividió, por una parte, el almirantazgo pro-reformista y de apoyo al régimen de Velasco, liderado, entre otros, por los almirantes Jorge Dellepiane Ocampo, José Arce Larco, Guillermo Faura Gaig, Alberto Jiménez de Lucio, quienes se enfrentaron a un grupo conservador y tradicionalista, especialmente opuesto al establecimiento de relaciones diplomáticas e interacción con Cuba. La figura más emblemática fue el almirante Luis Vargas Caballero, quien como Ministro y Comandante General de su arma fue relevado en 1974 del cargo por Velasco al entrar en clara disidencia y oposición a ciertas medidas del gobierno como la expropiación de los medios de prensa nacional. Sin embargo, Vargas Caballero fue el último Ministro de Justica de Velasco en las postrimerías de la década de los sesenta y Ministro de Vivienda y Construcción a inicios de los años setenta.

Conclusiones

El contexto de la Guerra Fría, contención al comunismo, crisis políticas internas y externas, e influencia militar de las Fuerzas Armadas en los casos analizados generó las condiciones para la creación de las organizaciones de inteligencia, tanto en el Perú como en diferentes países de la región. Con base en la influencia de las escuelas de formación de las misiones militares que llegaron al Perú, las fuerzas armadas consideraron el crecimiento y desarrollo nacional a través de la formación académica a través de su propio Centro de Altos Estudios Militares. Los orígenes de los servicios de inteligencia analizados para los casos de Bolivia, Perú y México fueron creados durante regímenes democráticos, a diferencia de sus pares argentinos, brasileños, y colombianos, cuyos servicios fueron creados por dictaduras militares o con inicios democráticos pero con neto liderazgo militar.

En materia de inteligencia, a través de las publicaciones iniciales de militares entrenados en las escuelas de formación extranjeras produjo una producción académica invaluable dentro de los institutos castrenses, como en el caso de la Marina de Guerra del Perú. Actualmente, este campo también es área de investigación por profesionales como abogados, politólogos, sociólogos, entre otros; así como las capacitaciones a través de sus respectivas escuelas de inteligencia.

El desarrollo de la inteligencia peruana estuvo muy vinculado a la percepción de los militares peruanos del desarrollo nacional, las acciones cívicas, la justicia social, y en su contribución en la lucha contra la subversión. Los focos subversivos que fueron derrotados o reprimidos desde la década de 1950 con el apoyo militar, hoy día resurgen o se renuevan, constituyendo nuevos retos a la comunidad de inteligencia y a las futuras investigaciones.

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Recibido: 27 de Agosto de 2017; Aprobado: 12 de Octubre de 2017

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