Una disputa legal

A lo largo de las últimas tres décadas, diferentes sectores de la política argentina han intentado ora consolidar ora tensionar los límites que la legislación estableció a las fuerzas armadas en general y a la inteligencia militar en particular. Dicha legislación fue producto de un consenso histórico, obtenido tras el fin de la dictadura militar que rigió en el país durante el período 1976-1983. Promulgadas en 1988 y 1992, las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior (23554 y 24059, respectivamente) fueron debatidas en el congreso de la Nación (^{Poczynok 2011}) en un contexto en el cual la corporación militar enfrentaba la “descomposición” de su poder (^{Canelo 2005}).

En el ámbito internacional, con el fin de la Guerra Fría comenzó a impulsarse una nueva agenda que propiciaba el tratamiento militar de las denominadas “nuevas” amenazas. Sin embargo, y a pesar de las fricciones, la Argentina continuó profundizando la distinción entre defensa ante la agresión de origen externo y el tratamiento de los conflictos internos. En esta misma dirección se promulgó en el año 2001, la ley 25520 de Inteligencia Nacional, que definió específicamente a la “Inteligencia Estratégica Militar” como “la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar”.

Las “nuevas amenazas” o “amenazas asimétricas”¹ se convirtieron, sin embargo, en la punta de lanza de esta constante disputa por los límites de la actuación militar. Tal es así, que en octubre de 2016, un conjunto de académicos, especialistas y organismos de derechos humanos hicieron una severa advertencia destacando las probables consecuencias de tensionar dichos límites (^{CELS 2016a}). Si bien, habitualmente, la confrontación se relacionaba con el poder de fuego eventual que el narcotráfico o el terrorismo podían implicar, y al que las fuerzas armadas podían confrontar, la discusión no podía dejar de lado el plano de las tareas de inteligencia ya que, en definitiva, esta proyección de amenaza abría directamente la intervención de las fuerzas armadas en el ámbito interno, prohibida por la ley de Defensa Nacional.²

Las transformaciones en el escenario internacional y la aparición de estos “nuevos” fenómenos no constituyeron, para los defensores de la distinción entre defensa nacional y seguridad interior, más que una excusa que convertía en novedad peligros ya existentes y que colocaba a las fuerzas armadas en el medio de la escena. Durante las últimas dos décadas, un conjunto importante de académicos y estudiosos latinoamericanos han dado una importante batalla teórica y política al confrontar esta perspectiva que, particularmente después del atentado contra las Torres Gemelas, ha convertido la guerra al narcotráfico y contra el terrorismo en el eje central de la reconfiguración hegemónica (^{Calveiro 2012}). En este contexto, la redefinición del rol de las fuerzas armadas ha sido denominada como “policiamiento” de manera paralela a lo que se ha denominado “militarización” de las policías.

La promulgación de las mencionadas leyes, en Argentina, tuvo como objetivo desarmar el armazón legal que había dado sustento a la Doctrina de Seguridad Nacional y que “militarizaba” las más diversas áreas de la vida política, económica y social. Aunque en el Parlamento se logró el consenso necesario, lo cierto es que fueron sistemáticamente resistidas por algunos sectores que entendían que esta imposición de una frontera entre la llamada “seguridad interior” y la “defensa nacional” no hacía sino debilitar las posibilidades de actuación de las fuerzas armadas frente a enemigos poco definidos en términos tradicionales.

Pese a estas disidencias y resistencias, los analistas consideraron que, a partir de su trilogía normativa -leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional- la Argentina había conducido bastante exitosamente el proceso de construcción del “control civil” de las fuerzas armadas aunque, al mismo tiempo, se señalaba que “el control civil supone aspectos más complejos que la mera subordinación formal a las autoridades civiles electas” (^{Donadio 2003}) o, más directamente, que dicho capítulo no se encontraba cerrado (^{Diamint 2008}; ^{López 2007}; ^{Pion Berlin y Ugarte 2013}). Este problema se vuelve aún más complejo cuando el eje del debate es la inteligencia militar. Este campo ha quedado interpelado con profundidad tras los atentados en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

La propuesta norteamericana de centrar el eje de la defensa internacional en la lucha contra el terrorismo impactó de manera significativa en los debates y, habitualmente, en las estructuras de defensa e inteligencia de diversos países. Para el caso argentino, buena parte de la producción es propositiva y ha insistido tanto en la reforma y actualización del sector como en la necesidad de mantener y respetar la legislación vigente (^{Ugarte 2000}; ^{Bartolomé 2016}; ^{Sain 2007}; ^{CELS 2016b}). Han sido escasas las miradas de primera mano que hayan indagado sobre las tareas cotidianas del sector, ya sea por las dificultades que representa el análisis concreto de las formas de trabajo de la inteligencia como por las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el secreto.

Este trabajo pretende retomar las actividades de inteligencia, los modos de pensar la amenaza y el peligro, a partir del análisis de un archivo que resultó ser el hito que instaló mediática y políticamente, la necesidad de reformulación del sector. A partir de este evento, las oficinas de inteligencia de cada una de las fuerzas se cerraron, delegándose la coordinación del área al Ministerio de Defensa.³ Este trabajo no se centrará, sin embargo, en las reformas propuestas y llevadas a cabo con posterioridad, sino en un análisis retrospectivo que permita entender las maneras en las cuales parece haber funcionado buena parte de la inteligencia naval hasta ese período y reflexionar respecto de los efectos del “policiamiento” en tales agencias.⁴

,Las apreciaciones aquí vertidas se basan en el análisis del archivo de inteligencia de la Base Aeronaval Almirante Zar, ubicada en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut y del Plan de Inteligencia Naval, ambos indagados en el marco de una causa judicial por la realización de tareas ilegales de inteligencia que tuvo lugar en el año 2006. Personalmente participé en la causa judicial asesorando sobre algunas áreas de mi incumbencia a los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que presentó la denuncia y se constituyó como querellante. En este marco, obtuve acceso a la documentación secuestrada por el Juez Federal a cargo y realicé entrevistas a diferentes personas involucradas con la causa.

El análisis de la documentación contempló los criterios de la disciplina archivística en una estrategia de indagación etnográfica, lo que significó, atender a los modos en los cuales el archivo había sido pensado, tanto en lo que se refiere a su lugar en la estructura institucional como a los criterios que regían su ordenamiento. En términos archivísticos, esto redundó en reinstalar el “orden original” dado al archivo por su “organismo productor”. Tal estrategia fue considerada de manera coincidente con una perspectiva de indagación etnográfica que se pregunta por el “punto de vista del nativo” (^{Geertz 1994}; ^{Balbi 2012}), habida cuenta de la relevancia de entender y dar cuenta de sistemas de pensamiento y conocimiento socialmente diversos.

De tal manera que el recorrido del texto se inicia con una breve presentación del caso, conocido mediáticamente como “el caso de espionaje de Trelew”, para luego pasar a detallar el contenido del archivo y del Plan de Inteligencia Naval. El sistema clasificatorio del archivo, entendido como categorías de pensamiento, deviene puerta de entrada para abordar tanto las tareas específicas de una oficina de inteligencia como sobre el lugar de las fuerzas armadas en relación a las prácticas “policiales”. Para ello, se propone también un breve recorrido histórico que considera la configuración de lo que devendrán prácticas de inteligencia militares, para finalmente reflexionar respecto de la noción de “policiamiento” de las tareas de las fuerzas encarar con una mayor profundidad de análisis sobre el problema.

Categorías para pensar/actuar

En Argentina, a raíz de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, se fueron desclasificando a lo largo del tiempo y en todo el país, archivos de inteligencia pertenecientes a distintos organismos estatales. Estos archivos forman actualmente parte del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo al período 1976-1983. Archivos para la Memoria, la Verdad y la Justicia frente al Terrorismo de Estado. Este Patrimonio, incorporado por la UNESCO al Registro Memoria del Mundo, está conformado por 29 fondos documentales, elaborados por los propios organismos represivos del Estado; los formados por las organizaciones de derechos humanos en su lucha por la justicia y otros del mismo Estado producidos en el transcurso de las investigaciones por las violaciones de los derechos humanos tras la apertura democrática. Particularmente, los primeros contienen información sobre

el espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución político-ideológica, el control y la detención de personas y grupos fueron algunas de las prácticas que caracterizaron al terrorismo de Estado en la Argentina. Se trata de documentos producidos por servicios de inteligencia de policías, servicios penitenciarios y gobiernos provinciales que actuaron durante el período 1976-1983, e incluso con anterioridad y posterioridad a estas fechas (^{Moresco y Batemarco 2013}, 19).

La apertura de estos archivos fue realizada a instancias de las demandas de justicia de los organismos de derechos humanos, en función de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el transcurso de la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Esta demanda habilitó el acceso a documentación pertinente para analizar las actividades de inteligencia y en el contexto de los juicios se probó la relacionalidad y articulación entre organismos para la realización de las actividades represivas en el contexto dictatorial.

Esta indagación condujo también a profundizar en períodos previos, ampliándose así los límites temporales y extendiendo la génesis represiva. Entre los antecedentes de mayor relevancia se incorporó la llamada “Masacre de Trelew”⁵ ocurrida en 1972. En el año 2005 los familiares de los fusilados solicitaron al entonces presidente Néstor Kirchner la apertura de la causa judicial. Ese mismo año comenzaron las indagaciones y en 2006 estalló un escándalo: los marinos de la Base Aeronaval Almirante Zar, el mismo lugar donde habían sucedido los luctuosos hechos de la masacre de Trelew, hacían seguimientos de las actividades de los familiares de las víctimas.

Ante esta situación, el CELS presentó una denuncia contra los integrantes de la oficina de inteligencia de la Base, que fue aceptada por el Juez Federal. Acto seguido, se realizó un allanamiento en dichas dependencias, que arrojó como resultado un archivo de inteligencia naval en manos de la justicia. Ese archivo estaba compuesto por una gran diversidad de documentación; lo primero que se exigió ver era si contenía información relacionada con los casos de desapariciones forzadas de la dictadura militar: pero en ese sentido, el archivo era decepcionante. Se componía de un conjunto de biblioratos, cuadernos, dos muebles archivadores, y una caja fuerte con documentación variada, con fechas extremas que se encontraban entre los años 1982 y 2006. Las dos actas de allanamiento de la causa judicial especifican que “se revisan los archiveros, caja fuerte y escritorios y armarios” y se procede al secuestro de lo que se considera relevante para la investigación. Se detallan carpetas colgantes con inscripciones manuscritas, Sint Coop 2004; Síntesis semanal Coop 2004; Gacetillas 2004-2005; Marzo 2004; “Mayo 2004”; AGO ; 22AGO; Drogas, entre otras.

Los dos muebles archivadores, metálicos, uno gris y otro marrón, tienen rótulos en el frente de cada uno de los cajones. Algunos de ellos son:⁶ “Síntesis COOP”; “Gacetillas de Prensa”; “Medios de Comunicación Social”; Factores Chubut” y “Publicaciones varias”. En la caja fuerte se encontró documentación que, de acuerdo al testimonio de uno de los integrantes de la oficina “va a archivo” (sic), clasificada en carpetas de acuerdo a diferentes niveles de “seguridad”: Publico (P), Reservado (R), Confidencial (C), Secreto (S) y Estrictamente Secreto y Confidencial (ESC). Cada una de ellas tiene en su lomo alguna de estas letras. Se encuentra también un libro de actas tamaño oficio donde se pegan los “Partes de Información” así como una carpeta que lo continúa y que en su lomo dice “P.I.” (Partes de Información).

A esta primera descripción general que distingue entre muebles archivadores, sus cajones, la identificación de biblioratos y cuadernos contenidos de la caja fuerte, se le suma un dato adicional. El primer cajón del archivador gris (“Factores Chubut”) aparece, fotografiado, en el expediente de la causa judicial; las fotos salieron también en algunas notas del diario Página/12.⁷ La toma frontal muestra su rótulo mientras que la otra fotografía hace un acercamiento tal que permite apreciar las etiquetas de las carpetas colgantes que contiene y que muy imprecisamente se encontraban mencionadas en las actas de allanamiento: Religión; Minorías; Drogas; Judiciales; Energía; Indigenismo; DDHH; Paro Personal Civil; Puertos; Gremios; Interés general; Pesca y Corresponsales Navales son algunas de las 22 que contiene en total.

Un primer acercamiento a este material no deja de provocar una sensación de extrañeza. El archivo está conformado por informes impresos en hojas borrador, con una tinta escasa y borrosa que dificulta la lectura; por artículos de periódicos recientes, intervenidos con algún comentario, recortados y colocados en las carpetas en función de su “tema”. Temas que, finalmente, no hacen sino reflejar un eclecticismo interesante para el análisis. Un análisis preliminar sobre lo que podemos definir como un “sistema clasificatorio”, era también utilizado para el ordenamiento de los informes elevados al Comando de Operaciones Navales (COOP), denominados “SintesisCOOP”. Estos informes de elaboración semanal mantienen el formato que se inicia con el detalle del emisor, el destinatario y el llamado Grupo/Fecha/Hora. Luego le sigue un ordenamiento, de muy variada extensión, que incluye secciones fijas: Factor Político; Factor Económico; Factor Gremial/Agrupaciones; Puertos; Pesca; Minorías; Aeropuertos; Drogas; Factor Chile; Factor Religioso; Educacional; Interés General. En algunas oportunidades se incluyen secciones que no se reiteran en todos los informes, tal como el de Psicosocial o el Medios de comunicación social. Cada una de ellas está redactada de tal manera que no se distingue el origen de la información relevada (no se incluyen citas ni referencias) aunque en ocasiones es posible detectar la transcripción de textos provenientes de páginas de internet o de recortes periodísticos.⁸

El sistema de ordenamiento y presentación de la información permitió establecer una relación con el de otros organismos de inteligencia, confeccionados en períodos anteriores. De particular interés resulta la comparación con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) (Comisión por la Memoria s.f.), especialmente significativo debido a su integralidad, pero también al profundo trabajo archivístico que se ha realizado para garantizar su acceso y mantenimiento. Gracias a este tipo de trabajo -que se ha implementado de manera progresiva en otros archivos similares- es posible saber que, en el año 1991, los “factores” que componían las “mesas de trabajo” de la inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires eran el Factor Político, Factor Gremial, Factor Educacional, Factor Social, Factor Religioso, Factor Económico y Medios de comunicación social.⁹ De manera similar, en el año 1978, los informes de la Dirección de Inteligencia del gobierno de la provincia de Santa Fe incluían los “factores” “político, gremial, socioeconómico, educacional y religioso”.¹⁰

En ellos es posible constatar también la existencia de formatos similares en lo que hace a la presentación y desarrollo de información relevada; del tratamiento de información periodística; de la inclusión de “Apreciaciones” por parte del agente de inteligencia en relación a la evolución o perspectiva de cierto evento; del sistema de la “valorización de la información”, donde las referencias alfanuméricas catalogan los datos y la fuente según su nivel de confiabilidad. Se registra así una continuidad de al menos 30 años en la utilización de modalidad de búsqueda y ordenamiento de la documentación en el área de inteligencia, prácticas que se sustentan en lógicas que exceden obviamente a los individuos y para las cuales deben considerarse sus marcos históricos de conformación.

Esta particular forma clasificatoria se relaciona con tiempos pasados que se retrotraen al menos al período de vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Sin embargo, la presencia de “nuevas etiquetas” nos invita a reflexionar respecto de la adición de dichas categorías que no parecen haber alterado los contornos de este esquema. Efectivamente, a la permanencia de los “factores” -que por un cambio normativo, pasarán a denominarse “ámbitos”, se le suman categorías tales como drogas, indigenismo, derechos humanos y minorías.

Pero también, el Libro de Mensajes Navales contiene información detallada sobre eventos que parecen extraviar el punto de la “inteligencia”. Así, junto con el seguimiento a ciudadanos de “origen iraquí”, se encuentra la advertencia sobre un intendente con cirrosis, los detalles sobre una convocatoria “piquetera”,¹¹ la urgencia de confirmar la existencia, en una casilla precaria, de una antena parabólica, y la solicitud de información existente en los “ficheros propios” de algunas personas. Tomando en consideración que las categorías son necesarias para el pensamiento pero que, a diferencia de lo propuesto por Inmanuel Kant dichas categorías no son innatas sino que son socialmente producidas (^{Durkheim y Mauss 1971}), centramos nuestro interés en ellas más que en la “información” contenida sobre diferentes hechos y personas. En este sentido, tanto las categorías utilizadas para describir los eventos como las aplicadas para distinguir “temáticamente” entre los diferentes intereses de esta oficina de inteligencia nos aportan información relevante para entender qué tipo de actividades de inteligencia se estaban realizando en esta oficina particular y, eventualmente -tal como estipuló en su momento la Justicia- en la inteligencia de la Armada en general.

Dice Antonia Heredia Herrera (1991, 89), que un archivo es un conjunto de documentos acumulados en un proceso “natural”, que no es resultado de un acto voluntario o caprichoso de alguien sino que requiere de una institución con una función, con unas actividades que desarrollar. De tal manera que un archivo se relaciona con las prácticas de una institución: son, de alguna manera, su “residuo” y a partir de allí podemos intentar desandar el camino que va desde lo que aparece escrito hacia el proceso que produjo la documentación. En este sentido, podemos entender el archivo como una expresión de un esquema de clasificación.

En términos de ^{Bourdieu (2010}), como producto de un habitus¹² que se plasma en la organización de este y otros archivos de inteligencia y que en definitiva permite dar un sentido a las constancias que se encuentran, más allá de los cambios normativos y las gestiones institucionales. Aun cuando en el transcurso de la investigación, no fue posible acceder a las actividades cotidianas de la oficina de inteligencia en cuestión, lo cierto es que el archivo -en tanto objeto conformado a partir de tales prácticas- se convierte en evidencia de acciones producidas en el marco de un esquema generativo a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo.

Resulta potente para el análisis entender la configuración general del archivo como un schema, es decir, un formato a partir del cual se derivan formas reconocibles para construir la realidad que deriva en la generación de rótulos. Este tipo de configuraciones suelen generar tal confianza, dice Mary Douglas (1973), que en ellas se acomodan las nuevas experiencias que a su vez refuerzan los supuestos utilizados. Así, si en buena medida las “viejas categorías” -gremial, social, económico, educacional- tienen su razón de ser en una configuración respecto de cierta noción de orden fundada en los parámetros definidos por la Doctrina de la Seguridad Nacional y otras doctrinas previas, otras etiquetas -drogas, indigenismo, derechos humanos y minorías- abrevan en la lectura del escenario post-guerra fría. A partir de entonces cristalizan concepciones según las cuales la ubicación de acuerdo a los polos ideológicos ya no resulta tan central, con lo cual las “amenazas” adquieren nuevas facetas y estos fenómenos intentan ser abarcados por la inteligencia militar. Lo notable es cómo este nuevo escenario, lejos de modificar estructuralmente el sistema clasificatorio, es incluido a partir de la generación de algunos nuevos rótulos.

En este contexto, encontramos también el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN 201, edición 2005) que recupera en su totalidad la noción de “amenazas asimétricas” para definir sus misiones. Así, expresa en su punto 3.1.2.2 que el sistema de inteligencia naval:

Determinará y asesorará sobre la incidencia de las amenazas asimétricas bajo la firma del narcotráfico, el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento, la transferencia de armamentos excedentes y tecnologías intangibles (éxodo de científicos), el crimen organizado, el contrabando de armas, el deterioro del medio ambiente, las migraciones y cualquier otra que como tal se manifieste.

Existen diferencias importantes entre el ordenamiento del archivo de la oficina de inteligencia y los puntos estipulados en el Plan de Inteligencia, argumento que fue utilizado por el Jefe de la Armada cuando fue imputado en la causa. El Plan de Inteligencia se ajusta, definitivamente, a otro esquema que resulta de la irrupción de un nuevo discurso referente a los peligros que debe enfrentar la comunidad internacional y que pone, en el centro de la escena, al terrorismo y el narcotráfico. Estos ejes se encontraban debidamente detallados en el Plan de referencia; sin embargo, el archivo replicaba, paradójicamente, un schema anterior, sin ajustes aparentes entre ambas líneas de trabajo.

Aunque no es el centro de interés de este trabajo la causa judicial, hacemos notar que en el proceso se probó que la información del archivo hallado en la oficina de Trelew, efectivamente, era solicitada por y enviada a jerarquías superiores de la cadena de la inteligencia naval y que, al mismo tiempo, el Plan de Inteligencia incluía, dentro de las misiones institucionales, la producción de inteligencia contra amenazas asimétricas. Dado que las mismas se encontraban en el rango de las actividades restringidas como hipótesis de trabajo para las fuerzas armadas, el Jefe de la Armada también fue encontrado culpable.

En definitiva, la gestión del Ministerio de Defensa logró convertir la causa en punta de lanza de un proceso de reforma que incluyó la reglamentación de la Ley de la Defensa Nacional, pendiente durante 18 años y el cierre de las oficinas de inteligencia dependientes de las fuerzas armadas. En este contexto, se produjo un importante reforzamiento de los límites establecidos por la legislación en relación al rol de las fuerzas armadas, a partir de la mencionada reglamentación de la Ley de Defensa y otras medidas coadyuvantes, en relación a las “nuevas amenazas”.

Tras los atentados a las Torres Gemelas, el concepto de seguridad ha sido revisitado, con el objetivo de superar la diferenciación clásica entre ámbito interior y exterior, así como la bipolaridad entre asuntos de defensa y asuntos de seguridad interior. En este marco, también los servicios de inteligencia en diversos países fueron reestructurados y redirigidos tras una serie de diagnósticos que señalaban las deficiencias de estos sistemas en un escenario novedoso. Sin embargo, y aunque las discusiones en el contexto argentino estuvieron presentes y fueron enérgicas, en el período considerado no se plantearon medidas que modificaran o revisaran la legislación nacional preexistente. El caso por espionaje de Trelew, constituye, en este sentido, una prueba en esta dirección: ante la eventual inclusión de la lucha contra las “amenazas asimétricas” como rol para las fuerzas armadas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reaccionó reforzando y reglamentando la legislación vigente.

La fuerza y la celeridad del envión con que se había iniciado la investigación judicial, sin embargo, decayó y finalmente el proceso se extendió durante seis años, finalizando el juicio oral en julio de 2012. En 2015, con el cambio de gobierno nacional, volvieron a aparecer en el escenario público y mediático los debates sobre el rol de las fuerzas armadas y las limitaciones impuestas por la legislación vigente. En la actualidad, la disputa por desactivar los condicionamientos que imponen las leyes se encuentra más vigente que nunca y así lo señalaba en la sección de actualidad política del diario La Nación el especialista Sergio Eissa. El nuevo auge del debate respecto de la necesidad de recuperar las capacidades militares, advertía, obviaba la diversidad en torno al “para qué” de esta recuperación. Para algunos actores, este diagnóstico permitía ponía nuevamente en el tapete la agenda de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (^{Eissa 2017}).

En términos de políticas públicas, poco tiempo antes, en febrero de 2017, una resolución de la actual gestión del Ministerio de Defensa habilitó a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior para hacer “informes socio ambientales”, término que remite al espionaje sobre actores sociales, junto con otras especificaciones que prepararían el terreno para volver a cuestionar los límites establecidos por la legislación para legitimar una actuación “policial” de las fuerzas armadas en el ámbito interno (^{Página 12 2017}). Respecto a esta condición “policial” del modo de concebir el abordaje de las funciones de las fuerzas armadas, nos abocaremos en la siguiente sección.

Orden, policía, política

El andamiaje legal instaurado a partir del año 1988 tuvo como objetivo desarticular los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que constituía a las fuerzas armadas en el centro moral de la nación y en las guardianas del orden, pero también ponía al cuerpo castrense a dirigir y establecer los lineamientos de una amplia variedad de instituciones. Entre ellas, se encontraban las fuerzas policiales y de seguridad -gendarmería y prefectura nacional- así como los sistemas de inteligencia. Con esta desvinculación del lazo formal y legal que unía el funcionamiento de este sistema a la dirección militar, se avanzaba en la “desmilitarización” de los organismos y las políticas de seguridad en Argentina. Sin lugar a dudas, sobre este tema se ha continuado un trabajo académico y político en el cual las tareas pendientes requieren de reformas profundas.

Sin embargo, si bien se ha trabajado en relación a la conceptualización de esta (des)militarización de las fuerzas de seguridad en Argentina -particularmente, en lo referido a su formación profesional (^{Sain 1997}, 2007; ^{Kalmanowiecki 2000}; ^{Varela 2007}, 2008; ^{Barry 2010}; ^{Sozzo 2016}; ^{Hathazy 2016}, entre otros)- las referencias respecto de lo que entendemos aquí por el “policiamiento” de las fuerzas armadas es notoriamente más acotado. De alguna manera, se debe a que pareciera ser un fenómeno netamente actual, relacionado con la introducción de las llamadas “nuevas amenazas” o “amenazas asimétricas” y, particularmente, dirigido a la cuestión del narcotráfico y el narcoterrorismo en América Latina. En consonancia con lo adelantado en el archivo de inteligencia naval introducido en la sección anterior, quisiéramos detenernos respecto de esta concepción sobre lo “policial” y el “policiamiento”.

Dicho esto, no es posible avanzar en la propuesta sin decir primero que no puede entenderse por “militar” y “policial” algo definitivo y convenimos con ^{Neocleous (2016}), cuando afirma que los poderes de la guerra y la policía siempre han sido convergentes y que el fenómeno del policiamiento/militarización se basa en una dicotomía liberal entre “la policía” y “lo militar”. Dicotomía que, aunque en una perspectiva crítica no tiene sentido porque los poderes bélicos y policiales siempre han funcionado conjuntamente en tanto que medios a través de los cuales el orden social se constituye, en el ámbito de las decisiones políticas y legislativas resulta fundamental y es este precisamente el punto de la distinción operativa entre fuerzas armadas y policía en el armazón legal. El reconocimiento de esta violencia fundante, entonces, no redime las diferencias entre la constitución de los aparatos de esta violencia legítima y para ello es útil rastrear la concepción de “lo policial” a fin de entender los efectos de su esparcimiento en la “lógica militar”. En esta dirección es que un sector de la política argentina se resiste a permitir el borramiento de estas fronteras institucionales que se expresan en función de modos de accionar y poder de fuego, pero también a una experiencia histórica que no deja de aparecer como reivindicación de tal distinción.

Esta distinción ha sido asumida en términos filosóficos y políticos -el “orden” y la “guerra”- y también indagada en términos históricos a partir del surgimiento de estos cuerpos. En su indagación arqueológica, para ^{Foucault (2009}, 357) la “policía” se define como un “conjunto tecnológico” característico del nuevo arte de gobernar según la “razón de estado” que puede incrementar las fuerzas del Estado, para su “buen orden” mientras que el dispositivo militar será la otra fuerza esencial en una política gobernada por el cálculo de los equilibrios. La “policía” queda así circunscripta a la conservación del orden interno.

La referencia a la existencia de una “alta y baja policía” permite indagar con profundidad en las modalidades que han asumido determinadas actividades, más allá de las que la distinción liberal estipula. Al respecto, Brodeur (2007) afirma que una “alta policía” es aquella que tiene como razón de ser la protección del aparato del Estado, de la “seguridad nacional” y el establecimiento o la protección de un determinado orden político. También ^{L’Heuillet (2010}) apela a esta categorización, evidenciando la relación de la “alta policía” con lo que se denomina “baja política”, es decir, aquella relacionada con la decisión, el orden, la evaluación. La alta policía designa, así, a la policía de inteligencia cuya función es “instruir el poder”, que controla la identidad más que los límites del territorio y se puede ver en esta modificación de la función de la guardia un ejemplo del pasaje del Estado territorial al Estado de población.

Adicionalmente, señala la importancia de un nuevo uso del saber: el de la escritura, y por consiguiente, de la memoria y del archivo. El aparato de escritura del Estado moderno permite la acumulación de una serie de informes y registros, un inmenso texto policíaco que tiende a cubrir la sociedad gracias a una organización documental compleja. Este momento fundador de la “alta policía” es, para L’Heuillet, una oportunidad para conocer la función de ese saber y que, en definitiva, se basa en un control que pasa por el saber, en el indicio de una política que ha pasado a ser racional. La “baja política” estaría, así, encargada de las condiciones de aplicación de la alta política. En lugar de prevenir -crímenes, delitos, contravenciones- o de buscar a los culpables, como hace la “baja policía”, la policía de inteligencia pretende conocer la mente pública (l’esprit public) y deviene prevención de la prevención, espíritu de prevención, anterior a toda medida preventiva (^{L’Heuillet (2010}, 28).

Habida cuenta de estos principios y conceptualizaciones, y por lo expuesto en relación al archivo de inteligencia naval, podemos preguntarnos si, y cómo, la inteligencia militar se ha relacionado históricamente con esta “alta policía”, por un lado, y cómo se relacionaría con ella en un contexto de nuevos escenarios de seguridad, por el otro. Respecto de la primera cuestión, debe dilucidarse cómo y por qué este archivo de inteligencia naval posee una configuración que reproduce un schema organizador que se superpone con el de una institución policial. La primera respuesta puede hallarse en el proceso que, históricamente, se señala como de “militarización” de los servicios de inteligencia a partir de la década de 1950, con la formalización legal de lo que se llamó la “comunidad informativa” (^{Aguila 2013}; ^{Montero 2016}). Este proceso supuso la puesta bajo la égida de las fuerzas armadas de la totalidad de los organismos de inteligencia y su correspondiente interrelación y coordinación de tareas, lo cual explicaría en buena medida las coincidencias relativas a la homogeneidad de las categorías utilizadas, dando entonces por entendido que las categorías de vigilancia fueron introducidas o desarrolladas a partir de este período.

Sin negar la enorme relevancia de este proceso, lo cierto es que esta respuesta no termina de dar cuenta de por qué las actividades de inteligencia militares terminaron configurándose tareas de “policiamiento”, entendiendo por tal el ejercicio de la vigilancia y el control, así como la garantía del orden interno -diferente del cuidado del equilibrio de fuerzas entre estados. En este sentido, entendemos que previo a este proceso de “militarización” de los servicios de inteligencia, la configuración de tales actividades se organizó a partir de tareas policiales.

Cuando, en el período de conformación del Estado moderno argentino (1850-1950), la policía se constituye como un espacio burocrático diferenciado de lo municipal y la justicia, no desmonta sus vínculos con la política, afirma ^{Schnyder (2015}). Por el contrario, continúa la autora, los gobiernos conservadores de la década de 1930 incentivaron la persecución policial de militantes disidentes. ^{Sozzo (2016)} advierte respecto de cómo la institución policial está ya estructuralmente conectada a la focalización de la actividad política antes del advenimiento del siglo XX y en 1902 se convertirá en el brazo ejecutor de las expulsiones ordenadas por el Ejecutivo a raíz de la llamada “Ley de residencia” (nº 4144).¹³

Algunos años después, en 1907, el jefe de policía, Ramón Falcón, crea dentro de la División de Investigaciones la “Sección Orden Social”, específicamente encargada de la “policía política”, cuyas actividades se acentuarán después del atentado anarquista que diera muerte a Falcón. En 1910 se creaba la sección de Orden Público, luego renombrada Orden Político, “usina de un descomunal caudal de datos y documentos producidos por los infiltrados” y origen de la Sección Especial “punto álgido de una dedicación al espionaje y la represión política de la Policía de la Capital que para entonces tenía tres décadas de vida institucional formal” (^{Caimari 2009}). En esta dirección, se destaca la investigación de Laura ^{Kalmanowiecki (2000}) quien analiza cómo la protección del orden político contra las amenazas se articula a través de la policía ya profesionalizada, en estrecha relación con el manejo de las llamadas “clases peligrosas”. Así, especialmente durante la presidencia de Agustín Justo, un extenso servicio de información y vigilancia se montó para reprimir a la población: la policía política se convirtió así en la actividad autorizada de la policía, incluyendo el monitoreo, la vigilancia, la infiltración, los seguimientos y las operaciones encubiertas, que se volvieron parte del repertorio de la policía secreta. Kalmanowiecki encuentra, en este período, la transferencia de inteligencia de la policía al ejército, y el uso político de la institución, que será un antecedente fundamental previo a los mencionados procesos de “militarización”.

Con posterioridad, en 1956, se coordinará formalmente el funcionamiento de los organismos de inteligencia con los de las fuerzas armadas y un año después, las fuerzas armadas argentinas recibirán el adoctrinamiento de la Misión Militar Francesa, cuya influencia resultará fundamental en la construcción de la noción de “enemigo interno” (Massei 2002). Pero para entonces, el modus operandi de las actividades de inteligencia: fichaje, control de disidentes, categorías y diversos medios de tortura, estaban ya instalados.

La Misión Francesa otorgó una legitimidad renovada y una adecuación doctrinaria a la persecución de la disidencia política interna; pocos años después, sus lineamientos y los establecidos por la Doctrina de la Seguridad Nacional cristalizarían en planes y normativas tales como el Plan de Conmoción Interna del Estado y la Ley de Seguridad Nacional. Décadas más tarde, este schema continuará teniendo sentido, tanto para la policía como -al menos por lo puede inferirse a partir del archivo de inteligencia de Trelew- para la Armada Argentina. De tal manera, que puede afirmarse que la función “policial” de la inteligencia continuó su curso habitual hasta el cierre de las oficinas de inteligencia militares, con el escándalo del “espionaje” de Trelew. Tras este evento, muy mediatizado, la inteligencia militar volvió a ser una incógnita pública y el nuevo gobierno apuntó con sus nuevas medidas a promover el borramiento de los límites que darían curso, ahora legalmente, a nuevas formas de “policiamiento”.

Conclusiones

Este extenso pasaje que se inicia con el “descubrimiento” de un archivo de inteligencia militar pretende finalizar aquí con algunas reflexiones que tocan la cuestión del análisis de los archivos de inteligencia, entendiendo que estos repositorios, lejos de ser analizados en función del contenido de sus documentos -que en este caso resultaba tan magro como desorientador- comparten con otros repositorios la característica de haber sido producidos por instituciones estatales. Son, en definitiva, parte de un sistema administrativo que se establece a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que sustituye la noción de archivos de Estado por la de archivos públicos, y los convierte en un elemento fundamental de la maquinaria administrativa con una función predominantemente jurídico-política (^{Mendo Carmona 1995}, 22). La noción de “archivos públicos” no debe, sin embargo, distraer la atención respecto de las características particulares de los archivos de inteligencia, cuyo diseño técnico y legal incluye una serie de normativas y reglamentaciones, así como de tecnicismos -tales como el de “estrictamente secreto y confidencial”- que crean una serie de barreras al acceso.

Sin embargo, siguen siendo -tal como lo define la archivística- conjuntos documentales producidos por instituciones en el ejercicio de sus funciones, definición que, a nuestro entender, constituye una de las claves para analizar las prácticas de los organismos de inteligencia. ¿Qué es lo que buscan, cómo lo ordenan, cómo convierten la información en inteligencia, quiénes son “mirados” y cómo son catalogados?

Una perspectiva integral de un archivo de inteligencia, en tanto, actividades particulares de una institución, permite echar luz sobre tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas remite a considerar lo que efectivamente se ha entendido por “inteligencia militar” en el transcurso de las últimas décadas y el lugar que estas actividades han tenido como parte de los problemas relativos al “control civil” y a la “autonomía militar”. Por muchos, este evento fue considerado la confirmación, la “prueba efectiva” de un secreto a voces: que la inteligencia militar había seguido sus propias reglas durante un extenso período de tiempo, mucho más allá de recuperada la institucionalidad democrática.

En segundo lugar, investigar respecto de la modalidad de su estructura, de su ordenamiento y características en relación con otros archivos de inteligencia, nos ha permitido problematizar la dicotomía militarización/policiamiento que ha ordenado la discusión relativa a los organismos de inteligencia en la Argentina. Dicha dicotomía, a nuestro entender, resulta de gran interés ya que esta noción de “policiamiento” nos permite profundizar la investigación en torno a cómo se ha configurado históricamente la “inteligencia militar” en el país, y otorgar sentido al análisis de los archivos. En definitiva, no se trata solo de advertir respecto de la peligrosidad del “policiamiento” de las fuerzas armadas solo como un avance sobre las tareas que corresponderían a las policías en tanto institución, sino a la reflexión respecto de su estrecha vinculación con lo que se ha denominado “policía política” en el marco de un schema que clasifica cierto tipo de disidencias como parte de peligros que deben ser conjurados antes que como parte de las pugnas en el marco de un sistema democrático.

Finalmente, nos permite atisbar de qué manera habían sido abordadas las “amenazas asimétricas”, de manera autónoma e informal y en función de viejos schemas. Pero, por sobre todo, nos advierte respecto de cómo el involucramiento de las fuerzas armadas y su sistema de inteligencia implicaría un nuevo “policiamiento”. Queda entonces planteada la pregunta de si esta propuesta, analizada en función de la experiencia recogida a lo largo de las últimas décadas, es una vía que fortalece el sistema democrático o sólo perpetúa aquello que a través de los movimientos sociales, de sucesivas medidas legales y decisiones políticas se ha querido desterrar de nuestro continente.