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1. Introducción
En los primeros meses del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), decretado el 20 de marzo de 2020 en Argentina, las medidas de cuidado y prevención sanitaria pasaron a ser un tema central. Buena parte de la población se propuso cumplirlas pues era la solución más eficaz para evitar la propagación de la covid-19, incluso con la desconfianza ante quienes no las cumplían o con la preocupación por quienes se hallaban “en las trincheras”, como solían referirse al espacio de trabajo de los profesionales de la salud.
La aceptación de las medidas de aislamiento durante los primeros meses de pandemia se expresó en una reducción generalizada de la movilidad, excepto en aquellas actividades -usando otra metáfora bélica- “de primera línea”, esto es, las de agentes estatales, personal médico y de seguridad, servicios de recolección, comercios de alimentos y medicamentos, entre otras. El ASPO impactó sensiblemente en las movilidades cotidianas de un sector importante de la población en relación con la educación, el ocio y el trabajo. De hecho, tales medidas, incluido el cese del transporte público, modificaron el mundo laboral. Muchos sectores, por ejemplo, implementaron el trabajo remoto. Según un primer informe sobre el impacto de la covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires, el 30,4 % de los jefes y las jefas de hogar con empleo desarrollaron sus tareas laborales desde la vivienda. Mientras que, con respecto a los ingresos, un 49,3 % de los hogares manifestó haber tenido una caída en el monto total de sus ingresos respecto a la situación previa a la pandemia (INDEC 2020). Por su parte, distintas organizaciones como centros de fomento o asociaciones civiles migrantes, indígenas, feministas y otras, en algunos casos pausaron y en otros intensificaron sus acciones cotidianas, sobre todo en la coordinación de comedores barriales y de merenderos.
Durante el ASPO y los momentos posteriores del distanciamiento preventivo y obligatorio (DISPO) el Estado argentino implementó una serie de medidas para garantizar el acceso a la salud, a la educación y a otros bienes y servicios (Secretaría de Derechos Humanos 2020). Mencionamos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como la principal política de transferencias de ingresos surgida en este contexto desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Arcidiácono y Perelmiter 2021, 202). En vías de acercarse al “derecho a la alimentación y protección social” existió un “refuerzo extraordinario en la tarjeta alimentar” y en la “contratación de alimentos para asegurar el abastecimiento en poblaciones de alta vulnerabilidad”; ambas políticas fueron implementadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Secretaría de Derechos Humanos 2020, 18) y replicadas en otros niveles gubernamentales.
En este contexto inédito, nos propusimos indagar acerca del hacer en una agencia estatal y entre actores sociales de organizaciones del campo étnico/migrante. El trabajo de campo fue dando indicios de la premura de salir a “dar una respuesta”, hecho que advertimos como impostergable. Frente a ello pusimos el foco en la labor, por un lado, de los agentes estatales del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) de la Provincia de Buenos Aires y paralelamente en la de una “intermediaria”1 entre el Estado y las asociaciones civiles migrantes en el Gran La Plata. En este último caso identificamos lo que desde la producción académica puede considerarse una bróker, es decir, una persona que “actúa como puente entre diferentes culturas o sistemas de valores. Estos brókeres pueden ser considerados como especialistas en la manipulación de redes sociales que atraviesan barreras culturales. Están situados, por así decirlo, en la intersección de los canales de comunicación conectando grupos heterogéneos” (Bartolomé 1971, 80).
En esta dirección, las siguientes interrogantes orientaron nuestra investigación: ¿cómo se reconfiguraron las actividades y tareas del personal del Estado con la pandemia? Y en este mismo contexto, ¿cómo se articularon las políticas de reconocimiento y las de redistribución destinadas a migrantes e indígenas? ¿Cómo vemos empíricamente esa interdependencia?, ¿la hay? En la siguiente sección presentamos algunos conceptos que inspiraron el análisis, para después delimitar las estrategias metodológicas. Seguido, describimos las características más sustanciales del CPAI. En el análisis vemos las actividades pausadas o desarrolladas durante la pandemia, así como los cambios de funciones y actividades. En la sección siguiente abordamos la labor de 179 una intermediaria del campo migrante con asociaciones civiles migrantes en el Gran La Plata. Finalmente, compartimos las principales reflexiones a las que arribamos a partir de nuestras preguntas.
2. El Estado, el hacer, las políticas públicas
El abordaje de las migraciones de los países latinoamericanos y de los pueblos indígenas intenta problematizar la idea arraigada en el sentido común de pensar a nuestro país como “venido de los barcos”, en relación con la fomentada migración transatlántica de fines del siglo XIX. Esta diversidad étnica/migrante que se reconoce sustantivamente un siglo después se hace evidente en las respuestas que a su vez el Estado debió comenzar a dar en términos de reconocimiento, y a la creciente organización de migrantes e indígenas.
Como sostiene Lenton (2010, 57), pensar las políticas destinadas a pueblos indígenas en Argentina es una tarea dificultosa, ya que en principio la negación de su propia existencia como objeto de referencia ha sido reiterada en el discurso político y desde el sentido común. En la constitución del Estado nacional argentino primaron las campañas de exterminio militar durante el siglo XIX y las estrategias asimilacionistas o tutelares desde las primeras décadas del siglo XX. El activismo indígena comenzó a organizarse desde las décadas de los 60 y los 70, antes de la última dictadura militar (Lazzari y Lenton 2019, 681), pero fue a partir de la reapertura democrática en 1983 cuando avanzó el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas y de sus derechos específicos en la legislación internacional y nacional (Maidana, García y Alonso 2021, 63). Mombello (2002, 6) indica que siempre han accedido a políticas redistributivas, pero por otras vías institucionales también luchan por políticas de reconocimiento. Ya en el siglo XXI, durante el kirchnerismo, surgió un nuevo sujeto de interlocución política que iba a recuperar la relación entre política y sociedad, desarticuladas de manera profunda por el neoliberalismo de los 90 (Soria 2019, 205).
En cuanto a las migraciones contemporáneas, un hecho de relevancia sucedió a fines de 2003 en Argentina: la sanción de la Ley de Migraciones (Ley 25.871/2003) que derogaba la Ley 22.439 o “Ley Videla” de 1981 y su carácter selectivo. Esta ley entró en vigor a principios de 2004, fue reglamentada en 2010, y su principal avance era considerar la migración en cuanto derecho humano. A su vez, la construcción de espacios políticos de integración y de vínculos de mayor imbricación entre instituciones estatales transnacionales o diaspóricas y las organizaciones sociales de base transformaron la posición de las organizaciones de migrantes, redefiniendo las posibilidades de su actividad pública y política, ganando espacios de reconocimiento y dinámicas de organización en cierta medida novedosas, como analiza Rodrigo (2017) para el caso de las instituciones bolivianas en la región.
En referencia al Estado partimos de una conceptualización que, lejos de considerarlo una entidad uniforme y monolítica, acepta que es un espacio polifónico en el que los grupos se relacionan y expresan. Así, las prácticas y significaciones que circulan son producto de múltiples presiones, poniéndose en juego intereses de clase, de género y étnicos (aunque también profesionales, corporativos e internacionales), y las políticas públicas son definidas material y simbólicamente en dichas tensiones (Bohoslavsky y Soprano 2010, 25). Como plantean Oszlak y O’Donnell (1995), analizar las políticas públicas es una forma de reflexionar sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil. En nuestro análisis recuperamos esa interfaz, donde los Estados quedan imbricados con otras fuerzas sociales no estatales. Entendemos las políticas públicas o políticas estatales como el “conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros en la sociedad civil” (Oszlak y O’Donnell 1995, 112). Las políticas públicas no son meras respuestas o reacciones ante una determinada cuestión, sino que son una forma estatal de construirlas (Danani 1996, 24).
Por ello se vuelve relevante ponerle rostro al Estado (Bohoslavsky y Soprano 2010, 25) para conocer a quienes hacen la política pública, así como sus trayectorias profesionales, sus ideas y modos de hacer. En esta dirección, partimos del concepto del hacer que propone Tim Ingold (2000), cuestionando la noción moderna e industrial en cuanto conversión progresiva del mundo material. Esta última implica comprenderlo como mera superficie receptora de la acción. En consonancia con la visión de Ingold no observamos pasividad en la superficie. Los cambios, las transformaciones prevalecen frente a la aplicación de un modo de hacer por lejos estático e imperativo, al devenir diálogos posteriores con el mundo de los materiales -por ejemplo, los bolsones de comida- y del compromiso práctico -humano y no humano- del que son hechas las cosas. El momento crítico de la pandemia, según Caggiano y Segura,
permitió advertir la importancia de formas vigentes de hacer, socialmente extendidas, aunque no dominantes. La pérdida del sentido parece producirse cuando la acción falla y cuando la acción falta. El contexto crítico, entonces, motoriza la acción que busca reponer sentido, y las acciones elegidas en este caso han sido las que renuevan el compromiso práctico de las personas con su entorno inmediato que materializa un hacer en el mundo (Caggiano y Segura 2022, 14).
Dentro de las políticas públicas, las llamadas políticas redistributivas están abocadas directamente a las condiciones de vida de distintos sectores de la población y operan en la redistribución secundaria del ingreso, garantizando bienes y servicios para la 181 efectivización de derechos básicos (Danani 1996, 22). Por su parte, las políticas de reconocimiento buscan respeto social frente a las desigualdades. Pero los reclamos por reconocimiento no invalidan los de redistribución. Como remarcan Butler y Fraser (2016, 41) no existen esferas de la vida real puramente económicas o culturales, cualquier práctica social incluye ambos aspectos, por lo que deberían pensarse los derechos tanto en términos de reconocimiento como de redistribución. Algunos trabajos han retomado esta discusión. En un breve recorrido conceptual la categoría reconocimiento,
con Fichte, desde la filosofía alemana, es introducida en el lenguaje jurídico cuando explora cómo deben enmarcarse las leyes a fin de que las necesidades de los extraños, los extranjeros y los inmigrantes se vean reconocidas en una constitución. En los escritos de John Rawls, el reconocimiento significa la necesidad de quienes son desiguales; en los de Jürgen Habermas, el reconocimiento significa respeto a las opiniones de aquellos cuyos intereses los llevan a discrepar (Sennett 2003, 65).
Sennett también alude a una dimensión recíproca, social, bien amplia del respeto y que es dado comúnmente de cara a los demás para hacer frente a las desigualdades. A estos estudios desde la filosofía política y la sociología podemos sumar a Homi Bhabha quien, desde el campo literario, adhiere a una noción en cuanto enunciación lanzada hacia la autoridad por parte de un sujeto o grupo que emerge y que busca reafirmar una identidad colectiva (Bhabha 2013, 27). En torno a este sentido enunciativo del reconocimiento, los planteos de Sofía Soria han diferenciado entre las políticas de reconocimiento que pueden orientarse, por un lado, a estrategias de visibilización de la diversidad, admitiendo la condición multicultural de las sociedades; y, por otro, las que podrían constituirse como estrategias de legitimación de la alteridad, aportando a instituir mecanismos y condiciones para que los pueblos indígenas puedan disputar, desde su condición histórica y sociopolítica, un proyecto intercultural (Soria 2010, 179). Axel Lazzari (2018, 19) siguiendo esta discusión, refuerza que los derechos colectivos de los pueblos indígenas combinan el reconocimiento de la diferencia étnica con la redistribución equitativa de bienes y servicios sociales y económicos, lo que para el pensamiento occidental moderno es todo un desafío. En este sentido, pretendemos realizar un aporte a este debate analizando a nivel provincial y regional en el contexto de la pandemia, desde el personal del Estado y militantes sociales, y remarcando la existencia de complejas relaciones entre ambas esferas (Adelantado et al. 1998, 129).
Sobre esto último, lo más factible de percibir es una conflictiva porosidad institucional que resulta de la disposición de actores sociales diversos a efectuar intercambios con otros actores y con otros ámbitos (Bohoslavsky y Soprano 2010; Canelo 2008; Perelmiter 2012; Rodrigo 2017). En esta línea nos interesa focalizar en los procesos conectivos y ejecutivos centrando la mirada en los actores antes que en los aspectos institucionales.
3. Metodología
Para acercarnos a los interrogantes recurrimos a una metodología cualitativa, en el marco de un trabajo de campo etnográfico en diálogo permanente entre la academia y los interlocutores (Tamagno et al. 2005, 207). El espacio de tiempo que elegimos, entre marzo y diciembre de 2020, incluyó los momentos o fases más restrictivas de movilidad cotidiana y el comienzo de la vacunación en Argentina. En la selección de los casos recuperamos decisiones muestrales que no buscaban la representatividad estadística (Valles 1997, 92) sino la significatividad, “esto es, que un hecho o caso sean pertinentes para dar cuenta de cierto haz de relaciones en un sistema social” (Guber 2013, 124).
Para abordar las reconfiguraciones del CPAI recopilamos, sistematizamos y analizamos documentación del organismo, así como publicaciones oficiales en redes sociales como Facebook y en páginas web. Realizamos tres entrevistas en profundidad, con el consentimiento informado, a dos dirigentes del CPAI y a una intermediaria de las asociaciones migrantes en el Gran La Plata. En la oficina estatal entrevistamos a personal jerárquico que durante el contexto de la pandemia fueron quienes tenían mayor responsabilidad. Para el caso de la intermediaria la elegimos por el rol que cumple, el cual nos permite mirar más allá del nivel estatal y, en ese más allá, pensar una interfaz entre el Estado y un sector social. Para profundizar el contexto de militancia de la intermediaria también se tuvieron en consideración los registros de campo de una de las autoras en dos asociaciones civiles de migrantes andinas en la región.
Por otro lado, centramos el análisis de las entrevistas y de la documentación en lecturas reiteradas en equipo, al menos tres, para aplicar una lógica combinada inductiva-deductiva, que avanzara en rondas de codificación desde los textos etnográficos hacia encuadres teóricos con base en la teoría fundamentada en los datos y apoyándonos en el programa Atlas.ti para el análisis cualitativo de la información (Borda et al. 2017, 34).
4. Entre bolsones y personerías jurídicas
En esta sección identificamos, en un primer momento, el desarrollo del CPAI desde su creación en 2007, sus características principales y sus funciones. En un segundo apartado describimos su posicionamiento y accionar durante la pandemia, acontecimiento que llevó a novedosos cambios en el hacer de esta cartera estatal.
Sobre el CPAI
El CPAI es una agencia estatal del estado provincial de Buenos Aires creada en el año 2007 mediante el Decreto Provincial 3631/2007, aunque en realidad tardó algunos años más en ponerse en funcionamiento (Centro de Documentación Mapuche 2008). Entre los objetivos de esta agencia se destaca la elaboración de políticas públicas que aseguren a los pueblos indígenas el ejercicio de los derechos consagrados en las normativas, aportando al resguardo de “sus identidades culturales” y a la construcción de “una sociedad intercultural” (Decreto Provincial 3631/2007). Actualmente su actividad principal está abocada a la organización del Registro Provincial de Comunidades Indígenas (REPROCI) creado en el año 2004 a través del Decreto Provincial 3225, aunque desde los años 2014 y 2016 a partir de un convenio de colaboración entre el INAI y la provincia de Buenos Aires coordinan acciones conjuntas para la efectivización de este registro.
Actualmente el organismo está constituido como un órgano de codecisión perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Es presidido por el propio subsecretario y cuenta con un secretario ejecutivo y con dos áreas con sus respectivos responsables: un área de fortalecimiento y desarrollo intercultural y otra de enlace institucional. A su vez, como órgano de cogestión está conformado y se articula con el Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires (CIBA) que le da curso la Resolución 158/2006 de la Secretaría de Derechos Humanos. El CIBA está integrado por dos representantes de cuatro pueblos indígenas de la provincia que tengan al menos tres comunidades inscritas en el REPROCI. Forman parte referentes del pueblo kolla, qom, mapuche-tehuelche y guaraní. El CPAI funciona a través de asambleas ordinarias en las que participan tanto personal del Estado como los representantes del CIBA. Según el Decreto 3631/2007, en la instancia de la asamblea se deben generar comisiones de trabajo en las que se aborden y discutan distintas políticas indígenas. Aunque en la práctica la dinámica de esta instancia de participación está atravesada por múltiples tensiones (Cherñavsky 2021, 59).
A partir de la entrevista a una funcionaria del CPAI identificamos distintas actividades y estrategias que este organismo implementó durante los momentos previos de la pandemia. Entre ellas es posible mencionar acciones que conciernen al registro de las comunidades indígenas o asambleas regulares entre los representantes del CIBA y del CPAI en las que se discutían propuestas concretas, principalmente la implementación de políticas públicas en educación o en salud y se recibían las demandas de referentes del CIBA. En este hacer la movilidad, el encuentro y el diálogo son mecanismos claves para garantizar tanto las asambleas en el edificio donde funciona el CPAI como las visitas a las comunidades que tramitan sus personerías jurídicas.
“Nosotros nunca habíamos repartido alimentos”
Como remarcan Arcidiácono y Perelmiter (2021, 18) la pandemia sobrevino en un momento político particular para el Estado argentino, ya que apenas habían pasado tres meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno a nivel nacional, luego de las elecciones presidenciales realizadas en diciembre de 2019. Las autoras plantean que en varias áreas y agencias de Gobierno faltaban nombramientos.
En el caso específico que aquí nos ocupa, fue designado un nuevo director ejecutivo del CPAI en el mes de mayo de 2020, en pleno ASPO, el cual contaba con estudios universitarios en comercio internacional y con una doble militancia en organizaciones indígenas en la localidad Quilmes (Buenos Aires) y en la política partidaria, pasando por experiencias iniciáticas en el movimiento piquetero e inclinándose luego hacia la militancia en Unidad Ciudadana y en el Frente de Todos. También se designó a una licenciada en Antropología con experiencia previa en el organismo como responsable del área fortalecimiento y desarrollo intercultural, pero no se nombró un encargado del área de enlace institucional.
Con un equipo de trabajo parcial, temores de contagiarse o contagiar, y el “costo político”2 que ello pudiese implicar al trasladarse desde el AMBA3 a otras regiones del interior de la provincia, fue reconfigurándose el hacer del CPAI. A ello se sumó el hecho de que el ASPO dificultó muchas de las tareas “cara a cara” justamente allí donde eran puestos en juego horizontes sociales y políticos de reconocimiento.
El acompañamiento a las comunidades en la inscripción en el REPROCI se vio interrumpida. Para el director ejecutivo del CPAI esto se debió a la imposibilidad de llevar adelante las “visitas” a las comunidades, uno de los requisitos del procedimiento de inscripción, que, según la responsable del área fortalecimiento y desarrollo intercultural, es irremplazable por otro mecanismo (entrevista a encargada del área fortalecimiento y desarrollo intercultural, marzo de 2022). Como consta en el reglamento de funcionamiento del REPROCI “la visita” era acordada con la comunidad que solicitaba la inscripción e involucraba, además de responsables del CPAI, a miembros del CIBA y del Consejo de Participación Indígena (CPI) de la provincia y del pueblo indígena involucrado, así como a representantes del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Así, durante la pandemia solo se concretaron aquellos trámites que “estaban a mitad de camino desde lo burocrático, administrativo y que se podían resolver solo por teléfono o virtual, pero fueron tres, cuatro casos, todo el resto quedó parado” (entrevista a encargada del área fortalecimiento y desarrollo intercultural, marzo de 2022). Por otra parte, durante los momentos de mayor restricción las asambleas regulares del CPAI también 185 se vieron paralizadas, incluso se suspendieron las elecciones de los representantes CIBA. Aquí observamos la imposibilidad de los encuentros presenciales debido a las medidas sanitarias de ASPO y a raíz de las dificultades para generar encuentros virtuales, principalmente por la falta de conectividad y de dispositivos tecnológicos por parte de los referentes del CIBA.
A su vez, esto provocó un cambio en el hacer completamente novedoso para esta cartera estatal. La asistencia alimentaria a las comunidades indígenas emergió tanto como demanda de algunas comunidades como de la propia esfera de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la que el CPAI depende. Las tareas que implicaron la distribución de alimentos se amoldaron a las condiciones del CPAI. Es decir, en colaboración con representantes del CIBA de distintos pueblos indígenas a partir de la información sistematizada en el REPROCI. El contacto con las comunidades interesadas en recibir los llamados “bolsones” se organizaba de conjunto con los representantes del CIBA: el secretario ejecutivo se comunicaba con ellos telefónicamente o vía WhatsApp y les solicitaba una lista de las comunidades que requerían alimentos. El acercamiento a las comunidades durante los meses de mayo a diciembre de 2020 necesitó consolidar vínculos con organismos que ya tenían contacto, como el INAI, así como con nuevos nexos, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Si bien estos lazos resultaban probables, no eran usuales. Y fue con la pandemia que se volvieron conectivos y productivos en función de los propósitos logísticos de asistencia alimentaria. En el hacer de estas tareas no se accionaba sobre realizar una tabula rasa, digamos, el hacer era con -y no sobre- los lazos, vínculos y alianzas que se tejían entre distintos actores sociales.
Las seis tandas de alimentos de un promedio de 7000 kg cada una fueron aportadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con una frecuencia de mes y medio o dos meses entre entregas. El lugar de acopio fue propuesto por el INAI en la localidad de Berisso, lindante a la ciudad de La Plata, a partir de lazos con una sociedad de fomento. La distribución corrió por parte de los tres organismos. Tal es así que, para llegar a Los Toldos, al noroeste de la Provincia de Buenos Aires, cada oficina estatal ponía a disposición una camioneta que partía desde la sociedad de fomento de Berisso cargando la mayor cantidad de “bolsones” de alimentos para seis comunidades destinatarias. Vale decir que no todas las comunidades contactadas aceptaron la entrega de alimentos. Y respecto a aquellas comunidades no registradas, la comunicación se dio a través de contactos que eran propios del personal estatal. El director ejecutivo del CPAI menciona que algunas comunidades “no estaban en función”, lo que puede relacionarse con el hecho de que las mismas estuvieran atravesando un momento organizativo en el que ponderaban acciones menos visibles de articulación de las bases, enmarcadas dentro de un proceso organizativo mayor, de largo plazo (Briones y Ramos 2010, 43). En cuanto al rol del CPAI, su director ejecutivo subrayó que “el Consejo no está específicamente dedicado a repartir alimentos” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022) y que tanto él como la responsable del área fortalecimiento “nunca lo habían hecho”. En la organización del Estado argentino las políticas de asistencia alimentaria se han enmarcado, a razón de la configuración histórica de las agencias estatales, principalmente dentro del Ministerio de Desarrollo o del Ministerio de Educación (a través de los comedores escolares). Por ello el interlocutor señaló la extrañeza de repartir alimentos, aunque por tradición o mandato se convirtiese en “la herramienta” durante la coyuntura de pandemia. No obstante, vale decir que en esa redistribución abocada a la asistencia alimentaria vimos que irían a entrelazarse otras demandas aisladas -pero demandas al fin-, que denominamos con las categorías de asistencia en movilidad o asistencia habitacional. En menor medida, desde el CPAI procuraron resolver problemáticas sociales de este tipo, con personas varadas dentro y fuera de la provincia. O bien, proveyéndoles casillas prefabricadas de madera que ellos mismos pusieron en pie. Esta última línea de trabajo es una de las medidas redistributivas proyectadas a futuro por el CPAI, que tiene como destinatarias a personas indígenas, y en nexo con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires.
Los organismos del Estado argentino encargados de abordar la cuestión indígena se habían enfocado en el diseño y en la implementación de políticas centradas en las nociones de reconocer y visibilizar la diferencia étnica. El propio director ejecutivo del CPAI mencionó que “por una cuestión también de política pública, nosotros no estamos para repartir comida, sí estamos para generar políticas públicas para los pueblos indígenas” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022). Esto, a su vez, se entrelazaba con su forma de conceptualizar a estos grupos que forjó a lo largo de su trayectoria en la militancia dentro del campo indígena y partidario, y que actualmente pone en juego en la arena estatal. En relación directa con lo anteriormente mencionado consideró que su tarea dentro de esta agencia estatal es “trabajar para visibilizar la cuestión indígena en la agenda política” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022). Para llevar adelante este cometido, durante los momentos más estrictos de ASPO, el organismo provincial utilizó sus redes sociales con el fin de difundir efemérides de relevancia para los pueblos indígenas.4 Una vez flexibilizadas las medidas de ASPO las estrategias implementadas se pluralizaron hacia la producción y circulación de material de difusión (mapas, folletería y juegos indígenas) en distintas dependencias del Estado, o la señalización de la isla Martín García como territorio de genocidios políticos en Argentina y que analizamos aquí como estrategias de reconocimiento proyectadas. También planificaron continuar y profundizar la articulación con otras dependencias estatales como la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud de la Provincia y el INAI, con el que venían tratando.
Si bien el director del CPAI mencionó que es necesario avanzar en transformaciones estructurales, consideró que “los cambios estructurales que se necesitan no los 187
vamos a hacer, por una cuestión de coyuntura” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022). Entre las concepciones que trae desde su militancia está presente una noción del reconocimiento que apuesta por un proyecto de transformación de las matrices políticas, económicas, ideológicas y epistemológicas que han hecho posible ciertas formas de concebir la diferencia cultural (Soria 2010, 179), aunque plantea la existencia de limitaciones a la hora de ponerlas en juego en su rol de funcionario estatal. También pudimos observar cómo un militante de la causa indígena, hoy funcionario público, “actúa en nombre del Estado” buscando disputarlo, pero a la vez es “disputado por ciertos mecanismos de poder sedimentados históricamente y autónomos” (Perelmiter 2012, 454), con la presunción de que hay limitaciones en “la coyuntura” o “internas políticas a nivel superestructura” (entrevista a director ejecutivo del CPAI, agosto de 2022).
5. De pausas y plazas silenciosas
Una de las personas entrevistadas para la investigación es abogada de profesión. Desde sus primeros años como estudiante universitaria se interesó por la cuestión migratoria y creó, junto con otras compañeras, un “observatorio para las minorías”, en la década los 90 poco después de llegar a Argentina. Trabajó en la Dirección de Colectividades durante la intendencia de Pablo Bruera (2007-2015) representando al Frente para la Victoria, en La Plata. En la actualidad milita en el Frente de Todos y mantiene contactos con personal del Estado en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Ella es de Trujillo (Perú), pero reside en Argentina hace más de 30 años. Desde entonces ha notado un novedoso “empoderamiento de las asociaciones a partir de la ley migratoria 25.871” (entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022). Los grupos dedicados a “lo cultural”, con los cuales se vinculó todo este tiempo, comenzaron a ganar confianza y a organizarse. Por ejemplo, en la región del Gran La Plata con la constitución de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos (RIL) que es una red “apartidaria” abocada a la participación ciudadana. Incluye a migrantes que provienen de lugares limítrofes, especialmente de Perú, y se formó para manifestarse contra el Decreto 70/2017.
El Decreto 70/2017, sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri, buscaba modificar la Ley de Migraciones y en especial los criterios de admisión y expulsión de inmigrantes a través de la creación de un Fuero Migratorio. Mientras estuvo vigente este decreto tuvieron lugar una serie de deportaciones arbitrarias, algunas de las cuales alcanzaron gran resonancia pública en este nuevo marco regulatorio que se dio entre 2015 y 2019 a raíz de este y de otros otros decretos del Estado nacional y de la construcción del relato de que inmigrantes e indígenas representaban una amenaza social (Caggiano y Mombello, 2020, 134). Este decreto fue derogado en 2021 gracias a las organizaciones migrantes que despuntaron en distintas zonas del país y al asesoramiento de instituciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En un sentido similar, una de las entrevistadas aludió a la politicidad de las conmemoraciones públicas en una de las plazas centrales de la capital provincial, a partir de las cuales las asociaciones civiles migrantes empezaron a salir de otro modo porque “antes no iban a la Plaza Moreno” (entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022). Desde la segunda década del siglo XXI notamos que se acrecentaron los pedidos de espacios públicos dentro del casco urbano, especialmente con el fin de celebrar las “tradiciones de Perú”. Con menor frecuencia observamos otros tipos de eventos de cortes religiosos o deportivos que en su conjunto caracterizan el actual asociativismo “andino” y “peruano” en la región platense.5
Uno de los requisitos para pedir el espacio público al municipio es contar con la personería jurídica, de acuerdo con la Ordenanza 9880 promulgada en 2005. La personería es una herramienta de gestión que otorga un nombre a las asociaciones y les permite realizar trámites de variada índole (gestionar una cuenta bancaria, un número de CUIT, solicitar subsidios al Estado), al tiempo que legaliza sus inicios cuando en la mayoría de los casos son anteriores, alegando unos cuantos años “de trabajo en la informalidad” (entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022).
En tiempos pandémicos, periodo al que se refiere nuestro trabajo, este panorama público había quedado “en pausa”. Hubo un repliegue de las asociaciones a espacios tales como las plataformas digitales, la organización barrial o el hogar, y que lo resumió la propaganda sanitaria estatal a través del eslogan “quédate en casa”. Con ello, los lazos e intercambios que pudiesen instituirse en una conmemoración quedaron pausados: fotografías con celebridades, intercambio de favores, oportunidades laborales. No obstante, la presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos iba a partir de estos lazos prepandémicos para delinear un hacer con las organizaciones en la gestión de personerías jurídicas y el asesoramiento constante que requiere sostenerlas, y que como observamos, ofrece un estatus habilitando un campo de interlocución más estrecho con los diferentes niveles del Estado.
Además de tales prácticas relacionadas al reconocimiento, en cuanto intermediaria entre las organizaciones de migrantes y el Estado nacional, accedió a través de su capital social a recursos -materiales para la construcción, dinero y tablets- coordinando además la inscripción de integrantes de las asociaciones en distintas políticas sociales. “Yo los anoto y son beneficiarios de prestaciones sociales, por ejemplo, de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)” (entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022). En reciprocidad solicitaba luego a integrantes de las asociaciones que habilitaran espacios de empadronamiento para inmigrantes en sus propios barrios o fiscalizaran mesas en actos electorales. Al ponerse en pausa el espacio público urbano dijo que se veía más en el rol de abogada que de militante, sin embargo, pudimos observar que ambas condiciones personales inciden en el capital social desde el cual se posiciona para gestionar servicios o “respeto”, en sus términos.
Curiosamente entre los recursos a los que aludió, no mencionó la provisión de alimentos salvo en momentos precisos como las fiestas de fin de año. Esto lo relacionamos con una de las representaciones sobre la gente de Perú que apareció en el análisis: su reticencia a repartir alimentos, pues supone considerar a las personas migrantes desde una imagen de necesidad o “desde la cuestión del refugio”. Por el contrario, en ella prima la idea de que “el peruano para recursearse es rápido”, “es capaz de resolver dificultades por sus propios medios” (entrevista a presidenta de la Red de Inmigrantes Latinoamericanos, septiembre de 2022). Medios como la elaboración de viandas u otro tipo de “recurseo” como la participación en las cooperativas de trabajo de movimientos sociales.
En una reunión virtual de la asociación andina migrante con la que trabaja una de las autoras de este texto surgieron dos escenas disparadoras que motivaron nuestra reflexión. A pocos días de celebrarse el Día de la Madre en Perú, en mayo de 2022, el grupo preparaba un “canastón” de regalo para un sorteo entre el público que asistía a un evento organizado por el Consulado de Perú en La Plata, en uno de los pasajes culturales del centro de la ciudad y con la participación de decenas de instituciones culturales, deportivas y religiosas. Ese canastón iría a manos de unas de las madres participantes. La discusión en esa reunión rondaba acerca de qué llevaría la canasta en su interior. Alguien mencionó la clásica opción “alimentos no perecederos”; otro, una sesión de masajes, una pava eléctrica, una ruana o chalina y así varias opciones. Debatían qué regalos usaría la celebrada o si en verdad serían regalos aprovechables por el resto de la familia. Con bastante acuerdo, la opción de que el canastón llevara alimentos fue confinada al final de la lista con el argumento de que “en los barrios las alacenas están llenas de ‘mercadería’. Con la pandemia tienen de más, los movimientos [sociales] les han dado” (reunión grupal por Zoom con miembros de la asociación civil migrante, 5 de mayo de 2022).
Otra de las escenas fue a finales de 2020 en la casa de una de las integrantes de la asociación que, a su vez, militaba en un movimiento social. Durante la entrevista ofreció que nos lleváramos “mercadería”. Nos encontrábamos en una cocina-casilla que ella comparte con su marido, una hija y tres hijos. Mientras charlábamos apilaba, uno sobre otro, paquetes de harina que podían vencerse. En el último tiempo le habían entregado bastante “mercadería”. De hecho, con la pandemia su trabajo en el comedor de una organización piquetera había aumentado en relación con el habitual.
A partir del discurso de la intermediaria y de las escenas descritas consideramos que integrantes de las asociaciones migrantes no accedieron a la asistencia alimentaria a través de su participación en las organizaciones aludidas en estas páginas, sino que en algunos casos participaron de otros espacios como movimientos sociales y comedores barriales. Entre sus propósitos organizativos más que generar estrategias colectivas para afrontar necesidades alimenticias durante la pandemia, las asociaciones civiles migrantes vieron sofrenadas sus actividades alrededor de un calendario cultural-político que ha crecido fuertemente en las dos últimas décadas.
6. Discusión y conclusiones
A lo largo del artículo hemos señalado pausas y contramarchas a raíz de los acontecimientos de la pandemia. Del trabajo con las categorías y rondas de codificación se desprende que hubo un viraje en el hacer de agentes estatales, desde los objetivos de reconocimiento hacia estrategias redistributivas. Dentro de estas últimas predomina especialmente la asistencia alimentaria. En Argentina la consolidación de este tipo de políticas estuvo relacionada con momentos de crisis como la hiperinflación de 19881989 y la crisis del 2001 (Ierullo 2011, 48).
Un viejo y un nuevo hacer en el acontecimiento que se presentó como un desafío y deber al mismo tiempo, y que combinó la dimensión experiencial de la creatividad con herramientas de política pública que el organismo ya contaba. Esto es, el registro y el mapeo del REPROCI y los contactos con referentes CIBA. Durante la tarea de repartir alimentos adicionalmente el nuevo equipo de trabajo tejía e inauguraba lazos con comunidades indígenas cuando el contexto instaba a suspenderlos por completo. A su vez, habilitó nuevos vínculos con otras dependencias del Estado. La entrega de “pallets” o “bolsones” no requirió ningún tipo de contraprestación por parte de “los beneficiarios”, tampoco existió un seguimiento posterior por parte de la agencia estatal sobre esa materialidad.
Sin embargo, según el director ejecutivo las limitaciones de este modo de hacer son que “el CPAI no está para repartir comida”, o que lo está, pero “en una situación excepcional”. Así, la asistencia alimentaria es un hacer cuestionado por dos de las personas entrevistadas al presentarse como prescripción y durante sostenidos periodos de tiempo. Esta autocrítica se ve reforzada incluso porque, pasada la pandemia, pusieron atención sobre prácticas más diversas, que llamamos de reconocimiento proyectadas o de redistribución no restringidas a lo alimentario, y que organizaron en torno a ideas y concepciones de sus propias trayectorias militantes y profesionales.
La mediadora de las asociaciones migrantes peruanas, por el contrario, no estuvo 191 ceñida a los condicionamientos del Estado para desempeñarse como intermediaria. En su rol de bróker mantuvo modos de hacer sin cambios pronunciados. A excepción del campo de posibilidades que le proveen los eventos públicos para constituir un rico entramado de relaciones culturales y políticas y que en el nuevo contexto encontró en “pausa”. Ella articuló el acceso a bienes y servicios para las asociaciones migrantes a través de su experticia en el Estado, desplegando, aunque en menor magnitud, opciones de redistribución no encorsetadas a la asistencia alimentaria.
En el contexto de la pandemia observamos que las estrategias y políticas principalmente orientadas al reconocimiento en los términos de Bhabha (2013, 27) fueron inaudibles por la necesidad de dar respuesta a la acuciante situación de salubridad y a la imposibilidad de acceder al espacio público, además de la urgencia por garantizar el acceso a la alimentación a un amplio sector de la población.
En suma, las estrategias y políticas de reconocimiento quedaron subsumidas o atenuadas en detrimento de las políticas redistributivas, razón por la cual consideramos que la situación de la pandemia habilita y revisita la discusión del campo académico y político (Butler y Fraser 2016, 23). Consideramos necesario comenzar a pensar articuladamente las nociones de redistribución y reconocimiento en las políticas públicas en el marco de un capitalismo racial y patriarcalmente estructurado (Williams 1990 citado en Cochrane y Clarke 1993). Como sostiene Verena Stolcke (2000, 49) las desigualdades de raza/etnia (que podría funcionar también para la categoría género) constituyen recíprocamente desigualdades de clase, o al menos para Latinoamérica donde comúnmente las encontramos entrelazadas. El desafío es ver cómo se da ese entrelazamiento desde los casos porque no siempre es una sumatoria de padecimientos, no se adosan dramas o posiciones de opresión, sino que hasta pueden ser contradictorios (Davis 2008, 76).
Por último, quisiéramos resaltar que en el trabajo surgieron otros nudos temáticos de las agendas de investigación sobre el Estado como la porosidad de las fronteras entre las esferas estatales y las organizacionales, los liderazgos y la circulación de diferentes capitales a la hora de implementar políticas públicas. Estos han emergido como argumentos de fondo, no menos sustanciales, pero que sobrepasan el foco específico de nuestra investigación.
