2. El análisis de un artefacto del Estado desde una metodología negativa

De acuerdo con Mathew ^{Hull (2012}), estamos rodeados e incluso controlados por papeles cuya materialidad tiene vastas consecuencias sobre nuestras vidas. La documentación oficial media no solo nuestra relación con el Estado, también con otras personas, espacios y objetos. Los documentos en buena medida dan significado a nuestra historia, desde el acta de nacimiento, o un pasaporte que nos reconoce como miembros de una determinada comunidad política y nos permite cruzar fronteras nacionales. En su libro, Gobierno de papel, Hull propone nombrar a “las formas materiales de documentación y comunicación del aparato estatal como artefactos gráficos” (2012, 1), por ser objetos diseñados con una función específica y cargados de significados. Es decir, un artefacto gráfico es todo aquel archivo o documento que ha sido creado a través del ejercicio del poder del Estado. Los documentos tienen múltiples repercusiones en la vida de una persona en cuanto comienzan a circular, creando a su alrededor una red de relaciones entre el ciudadano y una serie de trámites, funcionarios, instalaciones burocráticas y un conjunto de ideas sobre el Gobierno como un poder omnipresente con la posibilidad de decidir sobre nuestra vida.

La carpeta de investigación, artefacto gráfico que guarda la promesa de justicia, es producida por el Estado. Incluso está definida por la violencia de la guerra contra las drogas en conjunto con un sistema burocrático que se encarga de atender a las víctimas de la estrategia de seguridad oficial. Tomar a la carpeta como objeto central de reflexión se localiza en el borde de sobredimensionar no solo el poder de lo estatal, sino de crear una ilusión en la cual los fragmentos, las ausencias y los rastros de la violencia son siempre visibles, aprehensibles por el Estado y accesibles a través de la 146 documentación o los archivos oficiales.

Por lo tanto, en esta reflexión me adhiero a la metodología negativa propuesta por Yael ^{Navaro (2020}, 165), en tanto ella permite argumentar que los antropólogos habremos de posicionarnos no en anticipar la presencia de evidencia sobre la violencia masiva, sino en los espacios en los cuales los eventos de violencia han sido pasados por alto, o bien apropiados, y el acceso a la evidencia continúa siendo limitado, complicado o negado. En su trabajo, Navaro (2020) parte de la (im)posibilidad de investigar como una condición del trabajo antropológico en contextos de violencia masiva. Una (im)posibilidad enmarcada por los huecos y vacíos en la producción de conocimiento sobre el pasado reciente, la destrucción u ocultamiento de los archivos, así como la desaparición o exterminio de las testigos (Navaro 2020, 161). Solemos dar por sentada la accesibilidad a la evidencia, la cual está ahí, “dispuesta ante nosotros”, no obstante, la autora se posiciona en contra de dicha suposición. Navaro propone concentrarnos en los vestigios, las huellas, y los fragmentos dejados por la violencia, en tanto provienen de intersticios acallados por el poder, pero, cuando los hay, revestidos por el afecto de los sobrevivientes. Así, en mi trabajo de campo me he concentrado en las madres de las personas desaparecidas y su relación con objetos, en especial con la carpeta, que a su vez funge como prueba de la corrupción y las omisiones del Estado. La carpeta, arguyo, es un fragmento de la violencia masiva de la guerra.

Sin embargo, debo resaltar que durante la primera etapa de mi trabajo de campo trataba de analizar la relación entre las víctimas de la guerra y el aparato estatal desde una óptica no enfocada en la subjetividad, y fueron justo las madres de las personas desaparecidas quienes me hicieron considerar la carpeta un punto central, al invocarla de manera constante como una suerte de evidencia respecto a las complicaciones burocráticas para encontrar a sus seres queridos. También resaltaron la dificultad para tener acceso a una copia certificada, incluso cuando las familias tienen el derecho constitucional de solicitar una copia. Debido a la negación de los agentes para entregar este “artefacto gráfico”, las madres suelen acudir a organizaciones no gubernamentales, cuyos integrantes acompañan a estas mujeres a las agencias del ministerio público para ejercer presión ante los agentes al invocar puntos específicos del artículo 19 constitucional, que avala a las familias como coadyuvantes de la investigación. Un proceso que se complica fuera de las ciudades, en donde la presencia de las organizaciones tiende a ser baja y en ocasiones existe un panorama más complicado al compactarse la violencia en una zona geográfica reducida.

A su vez, la carpeta es una posibilidad latente; así lo explica Nora: “si el gobierno condujera las investigaciones de manera adecuada, cientos de nuestros desaparecidos estarían hoy en casa. Si tan solo no hubiera corrupción y desprecio a las familias” (entrevista a Nora, abril de 2019, énfasis del autor). La carpeta, en línea con el testimonio de Nora, está enmarcada por una dicotomía entre la incertidumbre y la esperanza condicionada por el “si” como una condicional empleada para demostrar las expectativas que se desprenden de este artefacto. Así, considero que la carpeta de investigación es 147 un artefacto gráfico del Estado cargado de potentes significados e interpretaciones. No obstante, dicho documento nos recuerda que el Estado es productor de la violencia y la manera en que trata de controlar o negar la verdad sobre la guerra.

En relación con la importancia de los artefactos gráficos y sus múltiples dimensiones en nuestras vidas, Veena ^{Das (2006}) sentó un precedente al reflexionar acerca de la firma del Estado. La autora se concentró particularmente en los documentos escritos, los cuales crean un aura de legalidad, inclusive si dichos documentos están vinculados con un ambiguo desarrollo del aparato estatal en un contexto de violencia sistemática, una ambigüedad que incluso tiene un impacto en las personas en forma de ansiedad, tensión y contradicción, de acuerdo con ^{Tuckett (2018}). En Rules, Papers, Status, Tuckett propone la noción de régimen de documentación como un entendimiento de los obstáculos burocráticos que los migrantes enfrentan en sus interacciones con el Estado italiano.

Por su parte, Mathew ^{Hull (2012}) nos recuerda prestar atención a las redes de relaciones que produce la circulación de los artefactos gráficos entre los sujetos, ya sea fuera o dentro de las oficinas gubernamentales. Si bien el Estado, por medio de sus artefactos gráficos, intenta permear en la vida de los ciudadanos, las personas pueden transformar la intención original de los documentos oficiales. ^{Strassler (2010}) describe lo anterior en su análisis sobre las fotografías oficiales tomadas por el Estado para documentos como credenciales, aunado a las reinterpretaciones hechas por los retratados, o sus familiares cuando la persona fallece y deciden colocar la imagen en un portarretrato.

Sobre las alteraciones o apropiaciones de los artefactos gráficos del Estado, ^{Navaro (2012}) postula que la burocracia ha sido mayormente estudiada como un aparato racionalizador, recubierto por la disciplina, pero en donde el afecto no tiene espacio. Basta urdir un poco entre las historias para apreciar cómo el afecto emerge de entre las prácticas oficiales y sus artefactos gráficos. En este trabajo precisamente me interesa explorar la manera en que las madres no solo han apropiado, sino que reconceptualizado el significado de la carpeta dotándole de múltiples dimensiones afectivas que no únicamente radican en la parte burocrática.

Dentro de los análisis sobre desaparición en América Latina, los artefactos burocráticos tienden en ocasiones a ser desdeñados por tener justo la firma estatal, y el afecto suele vincularse con otras materialidades, por ejemplo, los espacios (Ovalle, Díaz y Soto 2018; ^{Dutrénit y Nadal 2019}), los objetos personales de los ausentes (^{Moreno 2018}; ^{Feld 2014}) y los usos dados a las fotografías de los desaparecidos (^{Da Silva 2011}; ^{González 2018}; ^{Johnson 2018}). Pero los documentos, que están entre la parafernalia de los Estados modernos, pues son un componente base de su cultura material, deben ser tomados en cuenta por la antropología (^{Navaro 2012}, 114). Debido a esto y a las palabras de las madres sobre las carpetas de investigación, giré mi lente hacia su relación con dichos artefactos, que cuidan con cautela, que guardan con afecto en casa y se convierten en objeto de disputa con las autoridades. Las carpetas llegan a tener un lugar central en la vida de los familiares de las víctimas. Recordemos lo ansiosa que estaba Adriana y la celebración que ocurrió en aquel parque debido a que por fin tendría una copia de la carpeta. Sin embargo, antes de comenzar a desglosar este punto, primero analizaré qué contiene y cómo es producido este artefacto que nace de la violencia de la guerra contra las drogas.

3. Un cuerpo burocrático

En México, la desaparición como un recurso represivo tiene un largo historial ya que fue utilizado durante el proceso de consolidación autoritaria del país (^{Ovalle 2021}; ^{Robledo 2017}). Una vez que ocurre la transición democrática, luego de que el PRI perdió la presidencia en el 2000 y la guerra es lanzada en 2007, las líneas que definían la desaparición se desdibujan, haciéndola un concepto más complejo que va más allá de los lindes estatales. Para Robledo (2016, 104), la desaparición es un crimen sistémico que involucra la participación directa, autorización o aquiescencia de agentes del Estado y las Fuerzas Armadas, aunado esto a la falta de investigación y actuación para tener mecanismos adecuados de búsqueda.

Me interesa concentrarme en este apartado en aquello que Robledo señala sobre la falta de mecanismos estatales adecuados ante la crisis de las desapariciones. Desde que comenzó la guerra, colectivos formados por familias y organizaciones no gubernamentales han arrojado luz sobre la ola de violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la falta de información sobre las consecuencias de la estrategia de seguridad a raíz de la militarización del país. Las familias, acompañadas por organizaciones que fungen como aliadas, han conducido la discusión respecto a la necesidad de crear leyes e instituciones cuyo fin sea el acceder a la justicia -aunque la interpretación sobre qué es justicia es variopinta tanto entre los colectivos como entre las personas que los integran-. Si bien varios movimientos locales emergieron desde que inició la guerra, 2011 fue un año clave ya que fue formado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), fundamental para crear espacios de diálogo entre autoridades y agentes estatales, tanto en el plano federal como en el estatal (^{Ameglio 2016}; ^{Azaola 2012}).

La raíz del MPJD se remite al asesinato del hijo de Javier Sicilia, un reconocido poeta mexicano, quien convocó a protestar contra la guerra en mayo de 2011. El principal propósito era dar dignidad a las víctimas y recordar que son sujetos sociales con derechos, ya que la narrativa oficial ha tratado de criminalizarlos (^{Madrazo 2012}). Además, el MPJD públicamente señaló las historias acalladas sobre las relaciones entre narcotraficantes y políticos, a través de la estrategia de plata o plomo, en la cual los actores criminales dan a los agentes del Estado la oportunidad de elegir entre regirse por los sobornos o enfrentar las consecuencias de no ser parte del juego. Sin embargo, acorde a lo que expone Madrazo (2012) en su análisis sobre el narcocorrido mexicano, el dinero del narco es con frecuencia un afrodisiaco para las autoridades, ser parte del negocio es atractivo para agentes en niveles bajos y para políticos con grandes ambiciones.

Fundamentalmente, el MPJD estuvo detrás de la discusión de la Ley de Víctimas en 2013, y su acción influyó asimismo en otras reformas, por ejemplo, la Ley del Registro Nacional de Personas Desparecidas o Extraviadas en 2012. Aun cuando estos cambios en el ámbito legal estuvieron influidos por familias y organizaciones en busca de justicia, es importante remarcar un elemento: el Estado ha tomado los cambios como la base de un cuerpo burocrático nacional enfocado en la búsqueda de personas, el cual se ha ido extendiendo a lo largo del territorio, con modificaciones en las leyes, nuevos códigos y la apertura de oficinas. En 2017 el Congreso mexicano aprobó una ley nacional en materia de personas desaparecidas, lo que terminó por institucionalizar la crisis desatada por la guerra contra las drogas.

Entre las nuevas instituciones que nacieron con la aprobación de la ley está la Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de sistematizar todos los casos en México, así como de crear esquemas de rastreo territorial. A menudo, estas atribuciones se cofunden con las labores de las Fiscalías Especializadas, cuya operación depende de cada entidad federativa. En medio de un complejo cuerpo burocrático, un artefacto gráfico que se ha posicionado como imprescindible desde 2015 (año de su creación), y que ha sido reformulado con los cambios legislativos de 2017, es el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, compuesto por 282 páginas, y el cual indica paso a paso todos los procedimientos que un agente debe seguir para armar una carpeta de investigación.

Aunque la carpeta era ya un elemento central dentro de la búsqueda de las personas desaparecidas, con el protocolo se unificó a nivel nacional la manera en que debe ser configurada. Si bien los detalles de la dictaminación y puesta en marcha del protocolo van más allá de los objetivos del presente artículo, quiero resaltar algunos puntos esenciales. Su proceso de elaboración involucró mesas nacionales de trabajo entre colectivos y organizaciones no gubernamentales junto con el Gobierno. Burocráticamente, el protocolo vino a compactar las escalas municipal, estatal y federal al unificarlas para crear un patrón de documentación que sienta una particular estructura de relaciones. Es decir, el protocolo es un intento por definir quién hace qué y el tiempo estimado de estas acciones, especialmente ante las quejas que por años han emitido las familias debido a la corrupción y la lenta burocracia del aparato estatal mexicano.

El protocolo, disponible en sitios digitales del Gobierno, señala toda la documentación que el agente encargado de investigar una desaparición debe recabar durante las primeras 24 horas, así como a las 48 y 72 horas de haber recibido el reporte. Por ejemplo, en la primera etapa se debe notificar a la policía federal y local, con el ánimo de que estén atentos ante cualquier indicio. Asimismo, se debe informar a hospitales, prisiones e instituciones forenses para indagar si tienen información que coincida con la persona desaparecida. A su vez, en teoría, los aparatos móviles de la víctima son rastreados para dar con su geolocalización. Los reportes que van surgiendo de estas diligencias se adhieren a la carpeta.

En la siguiente fase, debería comenzar una espiral de trámites, entre los cuales se encuentran las entrevistas con los familiares, la toma de muestras de ADN, un análisis del contexto criminal de la zona en que la persona fue vista por última vez, la elaboración de un árbol genealógico y hasta una meticulosa descripción de los hábitos de la persona. No menos importante, se debe crear un reporte médico respecto a la salud de la víctima, para ello se recurre a los doctores que solía frecuentar la persona. Sin embargo, todos estos registros pueden tardar un largo tiempo en ser completados (incluso meses), ya sea por trabas burocráticas u omisiones de las autoridades. El factor principal a resaltar aquí es que la carpeta debería devenir en una suerte de recopilación de todos los rastros dejados por la persona desaparecida.

Algunas de las carpetas de investigación que tuve la oportunidad de hojear eran un compendio de oficios marcados por sellos y firmas. En realidad, al seguir un mismo protocolo, las carpetas comparten formatos ya prestablecidos, como en el caso de la denuncia por desaparición o de la inspección ministerial; documento que autoriza el análisis del área geográfica en que la persona fue vista por última vez. Por supuesto, dependiendo del caso cambian los detalles, esas piezas fundamentales de información que otorgan las familias, es decir, los datos más personales e íntimos de la persona desaparecida. Así, las carpetas, cual hilvanado de documentos, lucen a simple vista iguales al estar compuestas por los mismos formatos y estructura. Pero es ahí, en los detalles, donde radica la diferencia, detalles que deberían también ser producto del trabajo de las autoridades y que justo sería este uno de los ejes diferenciadores de cada investigación. No obstante, los resultados de cada nueva diligencia caen a cuentagotas, creando incertidumbre en las familias que esperan tener avances sobre el paradero de su ser querido.

Por ahora me interesa hacer hincapié en que la carpeta, y el protocolo que la rige, son el corazón del cuerpo burocrático, el nodo que une toda una red de instituciones las cuales han ido emergiendo en años recientes, y justo dicho artefacto representa el punto que teje las interacciones entre las autoridades, y las de estas con las familias. No obstante, las madres de las personas desaparecidas con quienes dialogué en mi trabajo de campo señalaron la falta de coordinación entre los funcionarios. Como lo mencionó Aurora, madre de Joaquín desaparecido en 2015, “es confuso a dónde debes acudir, qué oficina hace qué, no es claro porque además entre los agentes se contradicen” (entrevista a Aurora, mayo de 2019). Mientras tanto, el cuerpo burocrático ha ido creciendo nacionalmente con la apertura de oficinas a lo largo de México, creando puestos laborales y amasando una narrativa que asocia la justicia con una cadena de papeleo, firmas y sellos.

En una de nuestras charlas, Fabiola, madre de Rene, quien desapareció en 2016, me contó: “La verdad es que sí es muy complicado entender todos los procesos que debemos de atravesar. Una trae su dolor a cuestas, entonces se vuelve más complicado entender. Pero hemos logrado crear un proceso de aprendizaje entre todas” (entrevista a Fabiola, abril de 2019). El proceso al que se refiere Fabiola rompe con la premisa que entiende a la burocracia solo como un aparato racionalizador y frío, en términos de ^{Navaro (2012}, 82), también hay lugar para el afecto, aunque no siempre visible a primera vista. Detrás de las exigencias públicas de las madres, hay un movimiento que puede catalogarse como de traducción, ya que ellas junto con las organizaciones no gubernamentales, se han dedicado a traducir la gramática del Estado en un lenguaje más sencillo. Por medio de manuales y talleres, las madres de las personas desaparecidas han aprehendido no solo los tecnicismos legales, sino que han adquirido herramientas para sortear la burocracia, especialmente cuando se reúnen con el agente encargado de llevar su caso, y se enfrentan a los nulos avances porque las carpetas, por más que pasa el tiempo, dice Fabiola, “están llenas de nada” (entrevista a Fabiola, abril de 2019).

4. Llenas de nada

Una tarde recibí en mi celular un mensaje de Mariana, madre de Raúl, desaparecido en 2017, invitándome a una de las reuniones que las madres realizaban en las instalaciones de una organización no gubernamental. Cuando llegué, Mariana me presentó con el resto de las mujeres allí presentes. El salón estaba cubierto por un fuerte olor a café y un murmullo, un coro de voces que, según la madre de Raúl, “somos como los pájaros cantando en la mañana, este es el momento en que nos ponemos al tanto de nuestras vidas, porque unas solo pueden venir a la junta mensual” (entrevista a Mariana, mayo de 2019).

Después de varios minutos de charlas y café, las madres comenzaron a intercambiar puntos de vista sobre la protesta que planeaban realizar a las afueras de la Fiscalía Especializada, para demandar la entrega inmediata de las copias de las carpetas de todos los casos en la entidad. Si bien, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, los familiares tienen el derecho a tener acceso a una copia certificada, las autoridades a menudo lo niegan arguyendo que la información contenida entre las hojas es altamente sensible y por lo tanto las carpetas deben permanecer en las instalaciones de la Fiscalía. Incluso de manera constante la institución alega que las carpetas no son proporcionadas a las familias por el riesgo que les representa conocer “ciertos” datos, argumento que encierra una paradoja, ya que son las familias quienes justo proporcionan el grueso de la información que las autoridades deberían usar para rastrear las huellas dejadas por la persona ausente.

La mayoría de mis interlocutoras, con acceso a sus carpetas luego de varios trámites y el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, son aquellas que radican en la capital del estado, en donde el grueso del cuerpo burocrático local está localizado. Aquellas con una copia certificada de su carpeta describieron en nuestras conversaciones un cúmulo de emociones cuando evocaron la primera vez que les entregaron este artefacto gráfico. Mariana recordó aquel día como un shock. En general, las madres utilizaron el adjetivo frustrante para calificar el momento, tanto por la expectativa como por las quejas impuestas para obtener una copia. Paola, madre de Luis, desaparecido en 2014, me compartió parte de su experiencia: “Cuando abrí mi carpeta, comencé a leer la declaración, la que di cuando levanté la denuncia, y ahí se leía que yo había dicho que mi hijo se drogaba. ¡Puedes creerlo! Es una burla lo que hacen con nosotras, no tienen el mínimo de compasión” (entrevista a Paola, mayo de 2019).

Ruth y Gabriela expresaron un sentimiento de desilusión cuando hablaban de sus casos. Ambas creían que sus investigaciones serían minuciosas, pero en su lugar, encontraron omisiones y algunas diligencias que nunca fueron terminadas por los agentes. Ruth, madre de Alma, quien desapareció en 2014, me dijo lo siguiente: “Las carpetas son un desastre. El Gobierno cree que somos idiotas” (entrevista a Ruth, mayo de 2019). En nuestra conversación también mencionó que sus reuniones con el agente de la Fiscalía Especializada son un martirio. Largas esperas y papeleo sin aparente fin son la norma en cada caso. Además, de acuerdo con los testimonios de las entrevistadas, en repetidas ocasiones las carpetas originales estaban almacenadas en cajas en la esquina de una oficina. Para Gabriela, cuyo hijo, Juan, desapareció en 2009, “la manera en que tratan a los documentos es la manera en que tratan a nuestros hijos” (entrevista a Gabriela, junio de 2019).

“Cuando haces un viaje a un lugar desconocido, sueles guiarte por un mapa. La carpeta es nuestro mapa para seguir una ruta de búsqueda, pero en los nuestros las coordenadas están mal, entonces terminas perdiéndote” (entrevista a Luisa, mayo de 2019). Luisa me compartió este pensamiento mientras desglosaba todos los pendientes que tiene por hacer antes de su próxima reunión con el agente de la Fiscalía, a donde va cada mes para saber si hay algún avance en el caso y, sobre todo, a preguntar si ya llenaron los papeles que se necesitan, o se realizaron las diligencias pendientes. “Es como si fuéramos perros de caza, ahí nomás detrás de ellos”, exclamó (entrevista a Luisa, mayo de 2019). “Sabes, al inicio el saber que tendría la carpeta conmigo me dio mucha ilusión, pero una vez que vi que estaba casi vacía, algo se rompió adentro de mí”, lamentó Amelia, madre de Laura, desaparecida en 2015 (entrevista en junio de 2019).

En Earth Beings, Marisol de la Cadena (2015) describe cómo su interlocutor, Mariano, un indígena runakuna del Perú, vivió su lucha contra el dueño de la hacienda Lauramarca -en donde Mariano tenía la obligación de trabajar como colono-. El interlocutor de Marisol calificó las actividades relacionadas con su lucha para recuperar su tierra con el término queja purichy, que puede traducirse 153 como “caminar el agravio”. Según la autora, “caminar la queja o hacerla funcionar se refiere a los tejemanejes burocráticos necesarios para supervisar la queja. [...] Caminar el agravio o hacerlo funcionar también se refiere a la necesidad de estar presente físicamente, moviendo la documentación en la dirección deseada” (De la Cadena 2015, 72).

A través de los testimonios de las madres se puede extrapolar la noción de “caminar la queja”, ya que deben estar presentes en las instalaciones para presionar a los agentes con el fin de que completen su trabajo. Sin la presencia de estas mujeres, las carpetas se quedan en los archivos, se mezclan con otros documentos y en ocasiones desaparecen. En concreto, las madres se aseguran de que la información no se altere ni se omita.

^{Gupta (2006}) y ^{Mitchell (2006}) han argumentado que el sistema de documentación es la base de un aparato estatal, pero este sistema también podría funcionar de manera opuesta, si fuera necesario, omitiendo u ocultando la documentación (^{Hull 2012}, 247-248); estos actos están, de hecho, concatenados por la negligencia de más de un agente estatal. Las omisiones y alteraciones son un tema sensible para las madres que argumentan la incertidumbre de no saber “de qué lado están realmente los agentes”, como dijo Lorena (entrevista en abril de 2019). Este juego agotador sobre quién es quién queda bastante claro en el siguiente testimonio de Gabriela: “Tenemos sospechas sobre agentes que nosotras creemos que están trabajando para los narcos” (entrevista a Gabriela, junio de 2019).

Los efectos de las omisiones nos recuerdan que, de manera frecuente, en escenarios de violencia masiva, la evidencia es negada o tergiversada. Las víctimas deben atravesar un largo recorrido para ser reconocidas como tal por el Estado. ^{Navaro (2012}) justo nos invita a situarnos ahí, en el vacío que se desprende de un panorama desolador como el de la guerra contra las drogas, con el propósito de urdir en los fragmentos que deja la violencia, en aquello que no suele ser visible; cuando menos no a simple vista. En ello profundizaré en el siguiente apartado, en el estrecho vínculo que han creado las madres con la carpeta.

Pero antes quiero remarcar un dato que me parece revelador en cuanto a las omisiones y alteraciones del Estado. Según mis interlocutoras, uno de los mayores retos que han sufrido ha sido la constante rotación de los funcionarios encargados de las investigaciones. El caso con menos cambios había tenido seis agentes en el momento de mi trabajo de campo, pero el caso con más cambios sumaba un total de 18 diferentes agentes en los últimos siete años. Con cada nuevo investigador, las madres tienen que volver a contar la historia de la desaparición. Este acto de narración provoca un cisma interior al revivir con detalle los hechos del caso de manera frecuente. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, estas mujeres persisten en su camino de resistencia. “Estamos enfadadas, pero también tenemos fe. No vamos a renunciar a nuestras reivindicaciones”, dice Ruth (entrevista en mayo de 2019), recordando sus encuentros con cuatro agentes diferentes en los últimos seis años.

La constante rotación de agentes, todas esas manos que han intervenido, han impactado en el contenido de las carpetas: ya sea de manera positiva o negativa. Pero, sobre todo, a lo largo de los años, las acciones de las madres han nutrido dichos artefactos. Estas mujeres reúnen toda la información que tienen de sus seres queridos y la entregan a los agentes, también conocidos como ministerios públicos. “Yo les llevé todo lo que tenía de mi hijo, todo. Fotos, documentos, hasta su computadora. Estaba desesperada”, me confío Ruth (entrevista en mayo de 2019). Todos los rastros de los ausentes adquieren la condición de evidencia una vez que entran en el régimen burocrático.

Por lo tanto, la carpeta deviene asimismo en un recordatorio afectivo y legal de la ausencia. Aquí evoco el legado de Derrida, aun cuando él no se interesa por la materialidad de los rastros, su argumento arroja luz sobre la idea de que los rastros “señalan una brecha entre lo representable y lo no representable” (^{Napolitano 2015}, 58). La carpeta, situada en la frontera de aquello que se puede representar y lo que está fuera de dicho ámbito, es un intento por revertir la aparente imposibilidad de retorno a través de un documento que registra las últimas horas en que una persona fue vista con vida. La carpeta es una invocación constante sobre los desaparecidos, aunque una invocación como un grito ahogado debido al anquilosamiento del aparato estatal frente a la crisis de violencia.

5. “Mi Alberto está ahí”

Visité la casa de Mariana una calurosa tarde de julio. Me invitó a tomar un vaso de té helado y a hablar de su hijo, que desapareció hace cinco años cuando volvía del trabajo. Después del segundo vaso de té, le pregunté sobre la investigación: “¿Cómo fue el proceso de conseguir la carpeta para ti?”. Mariana permaneció callada durante un par de segundos que parecieron una eternidad. Le dije que podíamos terminar nuestra conversación si ella así lo deseaba. “Por supuesto que no”, respondió. Mariana terminó su té y expresó: “Sabes, para mí Alberto está ahí (en la carpeta). Es mi hijo” (entrevista a Mariana, julio de 2019). Recordó el momento en que el agente le entregó la carpeta de investigación por primera vez. Ella tomó ante mí ese legajo de hojas entre sus brazos para recrear aquel episodio, parecía como si cargara un bebé en brazos. “Después de meses, ese día me sentí cerca de él, en contacto con mi hijo”, argumentó. El agente le dijo a Mariana que no era necesaria su reacción, y ella contestó: “Usted no entiende: Este es mi Alberto” (entrevista a Mariana, julio de 2019).

Esa tarde, Mariana compartió conmigo un emotivo fragmento de sus experiencias tras la desaparición de Alberto y me explicó cómo la carpeta es la encarnación material de su hijo. La subjetividad de Mariana se articula a través de un cúmulo de vivencias en la que la carpeta juega un papel fundamental, como un artefacto gráfico 155 que evoca una ausencia que se manifiesta de múltiples formas.

Un par de días después de visitar a Mariana, entrevisté a Gabriela en su casa. Se acercó a una vieja y hermosa estantería con puertas donde guarda documentos importantes -actas de nacimiento, la escritura de la casa- y sacó de ahí la carpeta de su hijo Eduardo. Acto seguido, Gabriela me dijo: “Acceder a los papeles fue un trabajo muy duro. Y aunque la investigación tiene lagunas, tengo la esperanza de que los hallazgos que hay aquí puedan darnos luz para encontrar a mi pequeño” (entrevista a Gabriela, julio de 2019), como suele llamar a Eduardo. Durante nuestra charla, mientras me narraba la historia de la desaparición, la carpeta permaneció en su regazo todo el tiempo.

La sala de Gabriela está llena de fotos. Todas son imágenes de Eduardo: su primer día de escuela primaria, un viaje a la playa, la celebración del cumpleaños de su abuela… Es la visualización de una historia de vida interrumpida, una ausencia que, de nuevo, se manifiesta de múltiples formas. Para Gabriela, estas fotografías son también la encarnación de Eduardo. “Mi niño está aquí conmigo”, afirma. A través de las palabras de Gabriela, surge la posibilidad de analizar este conjunto de imágenes a modo de rastros, entendidos como “un recordatorio material que incorpora circulaciones afectivas producidas […] por restos de historias” (^{Napolitano 2015}, 52).

Cual rastros, las fotos en las paredes representan una condensación que converge sobre un muro. Cada foto en cuanto rastro es una forma en el espacio en que se imprimen los recuerdos (^{Napolitano 2015}, 57). Cuando múltiples historias se condensan, como en el muro de Gabriela, se vuelven poderosas ya que no solo representan una historia singular, de acuerdo con Napolitano. En este caso, el muro es la exposición del álbum familiar en el salón, que es a su vez un altar, un recuerdo, una circulación constante de afectos que nutre la encarnación de la persona ausente formada por los rastros esparcidos en la pared. La carpeta de investigación también es un rastro, al ser es un recordatorio lleno de fragmentos. Es la representación de la persona desaparecida compuesta por fotografías, historias, entrevistas, descripciones y datos biométricos.

Para Lisa, al igual que para otras madres, la carpeta es Sergio. “Mi Sergio”, como ella lo llamó en nuestra conversación. Al visitarla en su casa, la carpeta estaba sobre una mesa, rodeada por velas, retratos familiares y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Desde ese espacio de la casa de Lisa, se visualizan los lazos familiares y su creencia en la Virgen, a la que pide que le ayude en este difícil camino. En esa mesa, arguyo, chocan la violencia de la guerra, la historia genealógica de la familia y la justicia divina como una esperanza en el camino de la búsqueda. Asimismo, el Estado también tiene una importante presencia en este espacio, ya que su firma está representada por la carpeta que funge como el reconocimiento legal de la ausencia del hijo de Lisa.

Hasta los hogares de Lisa, Gabriela y Mariana se adentra el régimen de documentación estatal (^{Tuckett 2018}). Un régimen que limita, complica o niega la evidencia. Un régimen que tiene el control de las carpetas y con su burocracia va desgastando a las familias. Extrapolando el análisis de ^{Hull (2012}) que he citado en la introducción, la carpeta como artefacto gráfico es un eje en el que los familiares de las víctimas y el aparato de Estado se interconectan a través de una variedad de relaciones en un largo camino marcado por sellos y papeles junto con largas esperas, en donde la persona desaparecida se almacena en archivos, cajas y la propia carpeta. El desdén de las autoridades hacia los documentos recuerda lo mencionado previamente por Gabriela, cuando equiparó las cajas apiladas con la falta de justicia, “el trato que dan a los documentos es el mismo que dan a nuestros hijos” (entrevista a Gabriela, julio de 2019).

No obstante, a través de sus testimonios, las madres conjuran una conceptualización distinta de la carpeta, una que fisura las nociones de mera racionalidad asociadas con el régimen de documentación. Ellas tejen una relación intersubjetiva con artefactos burocráticos inmersos en mundos simbólicos donde las personas desaparecidas están constantemente presentes de múltiples maneras. Como argumenta Mariana, “Alberto está ahí”. Para esta mujer, su hijo está condensado en la carpeta, en medio de las páginas, incluso atrapado por las lagunas de la investigación y los vericuetos burocráticos.

Las madres de las personas desaparecidas demuestran cómo las personas transforman y se apropian de un artefacto estatal. En este caso, la carpeta es una encarnación material de los ausentes y la visualización de una relación que la guerra pretende interrumpir por completo, al intentar romper los lazos que unen a una madre con su hijo o hija. Como rastro, fragmento y encarnación, la carpeta está fuera del mero ámbito legal. Por el contrario, ilustra las ramificaciones de la burocracia y sus encuentros con la subjetividad. En realidad, la relación concebida en este proceso, entre una madre y la carpeta, está mucho más allá de la narrativa dominante de la guerra, ya que la manera de pensar de mis interlocutoras, siguiendo los argumentos de Viveiros (2004), cruza las fronteras ontológicas y ha posicionado a la carpeta como un objeto-persona. Así, la carpeta no es solo una posible luz de evidencia legal, sino un rastro que desafía nociones “racionales” y está incrustado en un proceso íntimo de comunicación, afecto y acompañamiento que abre caminos analíticos para repensar la relación entre las madres de las personas desaparecidas y el aparato de estatal.