1. Introducción
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ratificado según el Acuerdo 28 de 2015, contiene una serie de modificaciones parciales, incluidas a través del proyecto de reforma del año 2017 y que fueron reproducidas en otros veinte planes de ordenamiento urbano en dicho país. Tales modificaciones fueron impulsadas por políticas de inclusión para un sector históricamente marginado: la población LGBTI (Coll-Planas y Missé 1994). El resultado se debió a la articulación del trabajo entre coordinadores de políticas LGBTI del Municipio de Pereira y el de los entes responsables de la creación del plan.
En este sentido, el estudio en que se basa este artículo se justifica por la necesidad de dar a conocer procesos que incorporan nuevas formas de diseñar políticas públicas con el enfoque de las diversidades sexogenéricas y tomando en cuenta a poblaciones vulnerables. Ello denota una nueva concepción de hacer política, que permite reconocer a los sujetos políticos como hacedores de los territorios, una perspectiva relevante dentro del actual contexto de la pandemia por covid-19.1
Un antecedente importante de este estudio lo constituye el proyecto de reforma del 2017, en el cual se plantea la incorporación de un área de ocupación para el comercio sexual. Dicha área se establece fuera de los márgenes del centro de la ciudad de Pereira, a partir de la localización de varios grupos que ofertan el trabajo sexual (entre ellos, cis y trans). Se elaboró un trabajo conjunto entre estos grupos con atención a las sujetas trans y los entes institucionales encargados de dichas políticas públicas para la inclusión de la diversidad sexogenérica, a través del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía del Municipio de Pereira en Colombia.
¿Cómo la incorporación al POT de nuevas variables urbanas inclusivas sobre la población LGBTI, específicamente trans que ejercen el trabajo sexual en los espacios públicos de Pereira, configura el reconocimiento de nuevas territorialidades queer-trans, bajo las actuales condiciones de covid-19? Sobre la base de esa pregunta, el objetivo general con este artículo es analizar las variables que determinan las condiciones de la población LGBTI dentro del contexto de la covid-19. Dentro de los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: comparar el modelo de planificación urbana tradicional con el del manual de diseño urbanístico de Davidson y Payne (2004), desde un enfoque feminista interseccional y de diversidad sexogenérica; identificar las variables que caracterizan las condiciones de vida de la población LGBTI en el contexto de la covid-19; y describir las posibles variables urbanas a ser incorporadas tras el contraste resultante entre la caracterización de la población LGBTI en el contexto de la covid-19.
Se trata de un estudio cualitativo, para el cual se realizó una entrevista en profundidad con un experto en política pública que intervino en el análisis del enfoque de la diversidad sexogenérica, aplicado al POT de Pereira de 2015 y su reforma del año 2017. El artículo se organiza en cuatro ejes fundamentales: 1) soporte teórico temático desde un enfoque feminista, 2) soporte metodológico; 3) análisis de las variables urbanas adoptadas dentro de los criterios que designan la distribución del uso del suelo y de los espacios públicos dentro de lo permitido como áreas para la relocalización del comercio sexual en la ciudad de Pereira, con base en el análisis del POT de 2015 y el proyecto de reforma de 2017, pues en este último se incluye la opinión de la población trans en la ubicación del trabajo sexual en la ciudad; y 4) análisis de los nuevos retos en la planificación urbana ante la relación covid-19 y diversidades sexogenéricas. Finalmente, se ubican los principales hallazgos y reflexiones a partir del caso de estudio.
2. Soporte teórico temático
desde las nuevas territorialidades
Partiendo del enfoque planteado por Vainer (2002), el territorio, y específicamente una región, puede ser considerado una escala geográfica, pero sobre todo de poder. Las lógicas impuestas por las ideologías hegemónicas de los actores con capacidad financiera que construyen las ciudades, por lo general del sector inmobiliario, entran en pugna con las lógicas de la necesidad, siguiendo a Abramo (2008), de los sectores populares, los excluidos, los marginados, las identidades no reconocidas, abyectas o al margen de las políticas de planeamiento urbano en las ciudades.
Así, las lógicas del mercado, imperantes en una sociedad de consumo y en las que lo único de valor representativo es la acumulación y circulación del capital (González 2005), son el marco de referencia donde se insertan las actuales políticas de construcción y gestión de la ciudad, durante el actual período del capitalismo posfordista. Por tanto, la constitución de un aparato estructurador del diseño de las ciudades no garantiza que se inserten, en este choque de fuerzas, aspectos como la inclusión, la no segregación urbano-espacial y la no discriminación de la pluralidad de manifestaciones identitarias que componen, en la práctica, las dinámicas de construcción de las subjetividades en la esfera de lo público, en el espacio público.
La estandarización de la eficiencia, la eficacia y la efectividad en términos económicos ha sido usada en igual medida para controlar a los cuerpos en el espacio público. Esto ataca a los cuerpos diversos y establece un sistema basado en la competitividad como forma de “explotación de estos cuerpos en la producción de objetos mercadeables y de consumo” (Millán de Benavides 2004, 134), con el fin de insertarlos en una escala global de consumo.
La atracción de inversores (Borja y Castells 1998) se justifica a partir de la garantía que ofrecen las instituciones del Estado encargadas de la planificación urbana, de “diseñar” áreas especializadas para el fomento de las actividades socioeconómicas. Prima entonces la capacidad financiera para definir las mejores localidades dentro de las ciudades, so pena de excluir a aquellos identificados como lo que no puede ser visto o aceptado por ejercer trabajos que son deleznables según la sociedad, por ejemplo, la transacción de sus propios cuerpos dentro del mercado sexual.
De acuerdo con Parnreiter (2017), existen focos de atracción y de renovación urbana, que en parte son impulsados por planes como el POT. Sin embargo, esta articulación muchas veces está cargada de prejuicios sobre aquellas actividades aparentemente no visibles para el inversionista y tratadas desde la economía keynesiana como una deseconomía, entre ellas se encuentra el comercio sexual.
Para Randolph, Mafesoli introduce el término de “territorialidades sociales” como parte de las políticas territoriales que dan cuenta de aquellos microterritorios de emancipación olvidados o negados por los paradigmas de la planificación tradicional heredados del positivismo y el estructuralismo de Harvey y Lipletz sobre los modelos de economía espacial (Randolph 1993). Así comienza un análisis sobre los procesos de consolidación de espacios en lo público desde la alteridad de los sistemas, sobre nuevos recortes espaciales “no jurídico-políticos”, como las actividades que realizan aquellas personas con identidades múltiples e incluso de guardarropa, en palabras de Bauman, quien les llama así en Modernidad líquida (2008), sobre cafés, bares, plazas, parques y sobre las áreas de comercio, incluso del mercado sexual.
Desde el sistema binario imperante en el aparato de la planificación tradicional, por tanto, se critican estas posturas con el fin de suprimir las alteridades y las diferencias, de acuerdo con Maffesoli (citado en Randolph 1993), y con el propósito de proteger el statu quo del sistema patriarcal, en el que prima la dicotomía hombre-mujer y la estructura social básica de la familia tradicional. Esta condición imprime una clara demarcación de las políticas públicas que rigen lo permitido, y se amparan en los marcos normativos derivados de estas políticas en las naciones que conforman el eje de países andinos, que engloban la conformación de los Estados nación, las especificaciones regulacionistas y ordenadoras de lo público y lo privado en la esfera de lo urbano con los planes de desarrollo, los planes de ordenación del territorio y las ordenanzas de zonificación a escala local.
La conformación de estos nichos, sin embargo, no contempla desde su estructura organizativa, procesos de análisis multifocal sobre los actores diversos, sino que se articula desde la generalización de las condiciones de los sujetos que intervienen en la construcción de los territorios y de los paisajes. Al respecto, el diseño de los planes de ordenación del territorio se apoya sobre tres aspectos fundamentales: análisis de las características poblacionales y sociodemográficas, diseño de la cobertura de las necesidades básicas (propuesta física de equipamientos e infraestructuras de servicios urbanos) y disposiciones urbanas definidas por su funcionalidad y uso (de corte económico) de áreas que están destinadas a sujetos sanos, según un criterio biologicista (Rubin 1986). Las teorías surgidas de la antropología feminista, sin embargo, imprimieron un matiz diferencial y una mayor especificidad a los procesos de conformación de espacios distintos al diseño estructural patriarcal que proviene de las instituciones públicas.
Por otra parte, en el enfoque de la interseccionalidad (Crenshaw 1995), existen herramientas que pueden ser usadas para cuestionar incluso las políticas públicas y específicamente los análisis preliminares que hasta la fecha son usados por parte de la planificación urbana “tradicional”, como se ha mencionado con anterioridad. Asimismo, existen apuntes donde se cuestionan los modelos académicos que se derivan de una postura tecnocrática y cientificista objetiva de las ciencias y de la producción de conocimiento para la creación de pautas que dictaminen procesos regulatorios del aparato del Estado (Haraway 1995; Harding 1989).
Harding (1989) critica la noción del sujeto universal, esencializado y varonil. Introduce más bien un acompañamiento de identidades fragmentadas desde una visión postmoderna de sujeto dividido y múltiple, que ya no reside en el proyecto de una 81 identidad común, sino en el intercambio de una conciencia de oposición desde la práctica. De igual manera y siguiendo la misma línea argumentativa, Wendy Brown, en Encontrando al hombre en el Estado (2006), señala que existen cuatro dimensiones que componen un Estado masculinizante: el contrato social, el liberalismo, el capitalismo y la prerrogativa del poder compuesto por la burocracia, el proteccionismo y el paternalismo estatal; la composición y combinación de ellos dan como resultado la masculinización de la esfera pública. Para aclarar un poco el asunto, la autora señala que “el problema, entonces, no es la exclusión de las mujeres del dominio del Estado como prerrogativa, sino en su carácter de incorporación del género” (Brown 2006, 189).
Aproximación al enfoque de la diversidad sexogenérica en el territorio
Desde la construcción de los conceptos diferenciados por Gayle Rubin (1986),2 sobre el sistema sexo-género, el feminismo empírico y el académico han construido un campo de inserción que ha colado incluso a nivel internacional, imprimiendo modificaciones estructurales profundas, pero aún no resueltas en la práctica sobre las relaciones de género en sí mismas en el espacio del territorio. Un ejemplo, lo constituye el Manual. Territorio e igualdad. Planificación del desarrollo con perspectiva de género, impulsado por las Naciones Unidas y la CEPAL, que forma parte de la actual Agenda Urbana sobre procesos de incorporación de la perspectiva de género para disminuir las brechas de desigualdad impuestas por un sistema de dominación masculina (Butler 2013).
La construcción de una ciudadanía sexual (Petchesky 1999), por tanto, debe ser uno de los nuevos paradigmas en donde se circunscriben las luchas emancipadoras desde el género y la diversidad sexogenérica, sobre el control biopolítico del cuerpo (Foucault 1999), e incluso desde la definición de lo queer3 como identidad abyecta (Butler 2002) y desde un modelo de política queer (Guimaraes 2020).4
Hasta el momento la construcción de una ciudadanía sexual constituye únicamente una aproximación, que es cuestionada no solo por el Estado patriarcal, sino también por el feminismo empírico y académico radical, según la cual, el cuerpo queer no es más que una reproducción de modelos genéricos de consumo cooptados por cuerpos antes masculinos (Butler 2013). Vale la pena preguntarse con base en estos ataques, si estas identidades son capaces de constituirse como una unidad con capacidad de agencia para operar sobre los marcos normativos en la planificación.
Además de esto, Stoler (1997) llama al control sobre los cuerpos, a las relaciones sexuales, el concubinato, la prostitución, no como curiosidades de la empresa colonial, sino claramente como una política sexual explícita que es traducida actualmente en o sobre las identidades no fijas por ejemplo la queer-trans dentro de las dinámicas de la oferta de servicios sexuales en las ciudades. Sin embargo, dentro del contexto actual, la construcción de las identidades queer-trans abarca explícitamente la construcción de una imagen de género tan mercadeable como el cuerpo, entendido este en cuanto objeto de consumo desde una hipersexualización y cosificación sobre los imaginarios eróticos que cercan y confinan a este grupo queer-trans y sus prácticas a unas pocas esferas en lo público.
3. Soporte metodológico
El área de estudio es Pereira, capital del Departamento de Risaralda, dentro de la región andina central colombiana. Se encuentra ubicada a unos 344 km al occidente de Bogotá, la capital de la República de Colombia; constituye la principal y más importante ciudad desde el punto de vista económico y geopolítico del denominado “Eje cafetero”, conformado por los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, respectivamente (Gobierno de Risaralda 2018). Presenta una superficie de 97 km2, e incluye a 19 comunas que representan las áreas urbanas de la ciudad y 12 corregimientos que representan las áreas rurales.
A mediados de los años 80, el Municipio promovió la renovación urbana del centro de la ciudad sobre el sector de la antigua Galería, hoy Ciudad Victoria, donde se concentraron las mayores intervenciones estipuladas en el Plan de Ordenación del Territorio (Gobierno de Risaralda 2018). En este sentido, la selección de la ciudad de Pereira como lugar de estudio de las políticas de planificación urbana radica en que es una de las pocas ciudades, si no la primera, en incorporar modificaciones en el POT que tipifican los lugares de ocupación permitidos y regulados para el trabajo sexual, por parte del Municipio, y que incluye la opinión de la población LGBTI y en específico trans sobre las zonas de relocalización del trabajo sexual de estas sujetas en el espacio público.
La problemática de la investigación parte de uno de los retos planteados en el POT del año 2015: incorporar áreas dedicadas al comercio sexual como parte de las políticas de inclusión sobre poblaciones vulneradas que se dedicaban a este trabajo. Sin embargo, fue necesario impulsar el proyecto de reforma del 2017, con el propósito de definir áreas para el comercio sexual fuera de los márgenes del centro de 83 la ciudad. Esto generaba una contradicción importante, ya que expulsaba a dichas poblaciones de las áreas que históricamente ocupaban, y a su vez servirían para las políticas de inclusión a la hora de definir a actores y actoras que participaban en esta actividad en el contexto actual de la pandemia por covid-19.
Es importante aclarar que en los acuerdos 004 y 028 del año 2015 consta la modificación sucesiva del POT de 2015, también en el Acuerdo 035 de 2016 se manifiesta la incorporación de proyectos de urbanización y manejo de áreas rurales para la expansión de la ciudad y los sucesivos proyectos de reforma de los años 2017 y 2018 sobre definición de usos y equipamientos. Todos estos acuerdos, sin excepción, fueron reevaluados después del inicio de la pandemia covid-19, a través de un proceso de revisión planteado por la Alcaldía del Municipio de Pereira desde 2020 a 2022. Las incorporaciones luego del confinamiento aún se encuentran sujetas a estudio, por lo cual, no existe acceso público a la información. A tales efectos, se tomó en consideración el Acuerdo 028 de 2015 y el proyecto de reforma de 2017 para este estudio, ya que constituyen los precedentes de cambio hacia la inclusión de la opinión de la población trans dedicada al trabajo sexual.
Para abordar dicha problemática, se empleó metodología cualitativa (Aguilera 2013). Dentro del tipo de información manejada se halla la de carácter documental y empírica. En cuanto a los instrumentos de recolección, se utilizaron la entrevista a un especialista en la materia y la aplicación del manual de diseño urbanístico de Davidson y Payne (2004), para comparar los procesos de diseño del POT, que excluye a las disidencias sexuales en su diseño y expone una óptica masculinizante. La aplicación de estos instrumentos permite medir la relación entre los distintos actores que intervinieron en el proceso de participación e inclusión de las opiniones de sectores de la población LGBTI, específicamente trans, en las políticas públicas que permean la elaboración de instrumentos de ordenamiento urbano, a los efectos de alcanzar el cumplimiento de dichos objetivos colectivos.
4. Población trans y áreas de ocupación del comercio sexual, según el POT de Pereira
Si se sigue lo señalado en el manual de diseño urbanístico (Davidson y Payne 2004), la estructuración general del POT de Pereira no sorprende, desde el punto de vista crítico, sobre la constitución de prácticas políticas inclusivas y diversas en la partición compartimentalizada del suelo urbano. En las cinco etapas que describe el manual, no se estima incluir áreas urbanas antes estigmatizadas (como zonas de burdeles y de trabajo sexual en calles y vías) antes del POT del año 2015.
Con el reconocimiento legal de estas áreas dentro de la trama urbana de la ciudad no solo se regulariza el comercio sexual, sino que también se intenta darles un espacio de derechos, en la ocupación del suelo urbano, al conjunto de las poblaciones dedicadas a tal labor. Sin embargo, hay que matizar esto, ya que la designación de áreas fuera de los límites de lo que se conoce como casco central, y fuera de las áreas de interés para el desarrollo de los centros financieros y de vivienda de la ciudad, refleja que la proximidad de este tipo de actividades con los centros urbanos se considera incompatible a nivel de usos, porque aún la planificación se encuentra encapsulada en un marco moral que raya en el control biopolítico como lo define Foucault.
El Plan General contempla una escala pormenorizada sobre cinco ejes fundamentales que lo estructuran. De estos destaco el punto 4, pues se centra en la incorporación de usos del suelo con carga moral restrictiva. Dicha carga se define por asociación con actividades no cónsonas con el desenvolvimiento de la vida en sociedad, o consideradas no compatibles con actividades de tipo residencial, cultural, educativo o de salud, que se encuentran dentro de los posibles usos prohibidos en el artículo 342 parágrafo 2; en este artículo constan los usos vetados, tales como el comercio sexual sobre los espacios públicos (los criterios para el manejo del espacio público se estipulan en los artículos 139 y 144).
De acuerdo con los objetivos planteados al comienzo de este artículo, el análisis se enfoca en el cuarto de los cinco ejes antes mencionados, específicamente en el artículo 344, “Disposiciones y requerimientos para los usos y actividades relacionados con consumo y servicios sexuales”, en el que se señala lo siguiente:
1. Se prohíbe la ubicación de usos y actividades relacionadas con la prostitución, comercio del sexo y actividades afines, en las áreas, zonas o sectores con vocación residencial [...]. Las edificaciones en las que realicen esta actividad, deberán cumplir con la normatividad nacional y condiciones establecidas desde el estatuto de usos del suelo y criterios de implantación (Concejo Municipal de Pereira 2015, 176).
De lo especificado en el numeral 1, se puede decir que hay un confinamiento y una segregación socioespacial de los individuos que se dedican a las actividades de comercio sexual, lejos de las áreas residenciales y educativas. Esto da cuenta de la marginación a la que se somete a las personas que se dedican a tales prácticas, que quedan encapsuladas por considerarse clandestinas o prohibidas.
Lo contemplado en el numeral 2 refleja que esta marginación incluso es cuantificada en la conformación de límites espaciales desde el alejamiento radial de actividades cercanas a cualquier equipamiento. Mientras tanto la prohibición de cercanía con sitios “donde asistan grandes grupos de personas” refuerza la idea de invisibilización y de prohibición sobre la exposición de estas identidades que cuestionan el statu quo imperante. En el numeral 3 se plantea la incompatibilidad con zonas de recreación, lo cual configura la separación de las actividades del comercio sexual de las contempladas en los usos recreativos.
Pasando a lo señalado en el numeral 4, la prohibición de publicidad asociada a que en la zona se ofrece comercio sexual da cuenta de la condición de clandestinidad que se le imprime a esta labor. De lo explicitado en el numeral 5, las edificaciones para tales propósitos se consideran fuera de la clasificación de “prestadoras de servicios”, lo cual confina a estas prácticas a los estatutos y los criterios de localización desde la institución pública encargada del desarrollo urbano.
El trabajo sexual se trata como un asunto tabú (Tirado 2011), pero necesario desde el punto de vista de la satisfacción de los deseos carnales al servicio de aquellas personas que los solicitan. Así pues, la clandestinidad es normalizada para garantizar la convivencia con el resto de ciudadanos que no están vinculados al comercio sexual (Millán de Benavides 2004). Conceptualmente existen dos posturas: la primera lo comprende como prostitución, explotación de mujeres o ejercicio violento y forzoso de la actividad, y la segunda como trabajo sexual, un proceso reivindicativo laboral y voluntario (Millán de Benavides 2004, 135-136).
En línea con el reconocimiento de derechos que se tuvo en cuenta para asegurar la participación en el proceso de reforma del POT y tomando en cuenta la denominación institucional que se hizo de esta población, en este artículo se decide definirlo en adelante como trabajo sexual y a las sujetas trans que lo desempeñan como trabajadoras sexuales. Es importante aclarar que el análisis del trabajo sexual como actividad que ejercen las sujetas trans representa tan solo una excusa para mostrar cómo pueden incluirse la diferencia sexual, a la hora de tomar decisiones sobre la ocupación y apropiación de los territorios en la ciudad, dentro de una estructura de poder institucional y netamente masculinizada.
Actores y procesos de participación en el POT (2015) y su proyecto de reforma (2017)
El modelo neoinstitucional de planificación racional (Rave 2018, 5), planteado en la elaboración del POT del 2015, termina de imprimir una postura política de universalización de los sujetos en la concepción de lo urbano. Lo anterior se fundamenta en la idea de dar respuesta a necesidades biológico-morfológicas, físico-materiales, sociales y económicas y no en una noción que contemple la construcción de las alteridades y subjetividades existentes en el territorio.
La concepción totalizadora inscribe, en consecuencia, parámetros para designar los canales y el acceso a la participación, un modo de agenciar un proyecto ideológico específico (desarrollista y neoliberal, tal como se describe en los cinco ejes de la estructura del POT) de construcción y apropiación del espacio urbano. Sin embargo, como señala Marilyn Strathern en el Género: una perspectiva antropológica, “un objetivo de la política de la liberación es adaptar la ‘sociedad’ hasta el punto en que permita la libertad sin trabas de la autoexpresión de los individuos, de forma que cada uno pueda interactuar sobre una base personal” (Strathern 1979, 148).
Esta política de liberación fundamentada sobre una base personal fue elaborada por un equipo multidisciplinario. Además, estuvo particularmente impulsada por uno de los actores que funcionó como agente de cambio (el analista político Juan Camilo Rave),5 quien se encargó de coordinar e implementar el Proyecto de Diversidad Sexual, que incluía la opinión de las trabajadoras sexuales trans en la relocalización de las áreas destinadas al comercio sexual del POT de 2015.
Según el analista político Rave, las instituciones estatales colombianas, con el fin de garantizar el ejercicio de derechos de las poblaciones más vulnerables, plantean un estilo de administración de la diferencia. Una de estas, la diferencia sexual y de género, es abordada desde las políticas públicas poblacionales. Así pues, la población LGBTI, considerada como parte de la diferencia sexual, y en el caso específico de uno de sus segmentos, las sujetas trans, se convierten en el target de la política.
En el caso del Municipio de Pereira, fue importante identificar a las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en el espacio público en Pereira, como parte del grupo poblacional LGBTI, para que estas pudieran tener acceso y beneficiarse de dichas políticas públicas de inclusión y de los programas que la alcaldía ha diseñado para estos nichos. Existen dos escenarios que plantean acciones de inclusión de los sectores LGBTI, en las cuales se incluye a las sujetas trans. Uno de ellos es mediante la transversalización del Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas en las políticas públicas que incluya a todos los entes que forman parte del Municipio y de acuerdo con la competencia que tienen. El otro escenario es el de la ejecución de un programa, subprograma o proyecto, que depende de una instancia de la alcaldía, como sucede en el Municipio de Pereira. Rave señala lo siguiente:
Inicialmente, el problema que planteaba el POT del año 2015 era la falta de inclusión de la opinión de las sujetas trans que ejercían el trabajo sexual en la decisión de localización de las áreas destinadas al comercio sexual. Esas zonas se decidieron sin preguntarle a las trans, sin preguntarle a las mujeres trans trabajadoras sexuales, sino que fue una decisión eminentemente política; los concejales en la discusión del POT generaron, pues, como la zonificación (entrevista Juan Camilo Rave, coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de 2018).
En este sentido, fue clave el rol del agente de cambio institucional del Estado:
Digamos que yo llego a la discusión por la situación de las mujeres trans, porque era la población que me interesaba a mí, la población de trans trabajadoras sexuales, porque una de las quejas renuentes que ellas me contaban era que la policía las sacaba del lugar (entrevista al coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de 2018).
El interés de este agente definió la inclusión de la agenda política de este grupo, así lo expresa:
Logramos hacer una nueva zonificación, […] desplegamos un dispositivo participativo […] para […] definir nuevamente los espacios, […] porque adicionalmente el problema no era solamente que estuvieran en los espacios “incorrectos”, sino que una crítica que también les hacía la policía era la manera en cómo habitaban el espacio (entrevista al coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de 2018).
Por otra parte, señala que tres organizaciones altamente institucionalizadas (Prisma, Hábitat y Plataformas), en representación del movimiento LGBTI, han sido las veedoras y garantes para que la alcaldía “incluya dentro de sus planes de desarrollo, actividades enfocadas en dar garantía a los derechos de la población LGBTI, entonces eso es algo importante” (entrevista al coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de 2018).
Uno de los aportes dentro del proceso de inclusión fue la utilización de un dispositivo participativo para generar discusión sobre la manera en que una trabajadora sexual habita el espacio y de tres cartografías distintas, como metodología para generar el debate y el encuentro entre los actores involucrados, y para tender puentes entre este segmento de la población y la institucionalidad encargada de proteger los derechos laborales y de ocupación en el territorio, a través de la reforma al POT de
Pereira del año 2017. El analista político Rave señala que
de las tres cartografías que te digo, la cartografía del territorio, la cartografía del vestido y le llamamos a otra la cartografía de los amores, para hablar un poco sobre las relaciones entre las mujeres trans como colectivo político. Eso terminó en ese nuevo perímetro, pero fue una oportunidad muy valiosa para generar en ellas un proceso de empoderamiento, porque al final fueron esos insumos los que determinaron la nueva zonificación (entrevista al coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Pereira, 5 de octubre de 2018).
Otro de los elementos a destacar se encuentra en delimitar el problema que plantea la formulación de políticas LGBTI en su estructura, a partir de entender que las mismas pasan por el filtro de la regulación corporal.
5. Covid-19 y diversidades sexogenéricas: nuevos retos en la planificación urbana
Ante la emergencia sanitaria a nivel global debido a la covid-19,6 declarada pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Gobierno de la República de Colombia emitió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, a fin de declarar el confinamiento y las medidas de restricción sobre la movilidad dentro del territorio colombiano (OPS y OMS 2020, 1). Para la semana 35, las muertes por covid-19, ya fuera causa confirmada o sospechosa, representaban el 7 % del total de defunciones en el país (DANE 2021).
En ese contexto, el Departamento de Administración Nacional de Estadística Colombia (DANE) definió escenarios correspondientes a los períodos semestrales de confinamiento de la covid en Colombia, desde sus inicios en 2020 a su estado al cierre de 2021. Estos escenarios han sido comparados con los datos del Instituto Nacional de Salud (INS). En el Escenario C (DANE 2021), en relación con la cifra alarmante de 112 826 defunciones según la información ofrecida a los medios de comunicación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), el DANE reportó 5973 defunciones más que esta institución. En el Escenario D (DANE 2021), con relación a los datos disponibles en el dashboard de covid-19 del INS, que reportó 119 380 defunciones, contra las cifras DANE, la diferencia es que el INS tiene 584 registros más de defunciones por covid-19 confirmadas que el DANE y 19 529 menos si contrastamos contra la base DANE con casos confirmados y sospechosos (DANE 2021).
En ninguno de los dos casos, el DANE (2021) estableció el análisis de datos específicos desagregados por diversidades sexogenérica o población LGBTI, sobre sus condiciones de vida y mucho menos sobre la situación desde el comienzo de la pandemia y al corte de tercer trimestre de 2021, sobre las violencias de género perpetradas durante el período de confinamiento, en contra de las mujeres y de los cuerpos feminizados. A nivel departamental, el Gobierno de Risaralda reportó al cierre de septiembre de 2021, 89 226 casos históricos, de los cuales 405 se encuentran activos, 86 196 recuperados y 2252 fallecidos en todo el municipio (figura 1).
En cuanto a las variables sexo y grupo etario por municipio, sí se encuentran cifras: 42 874 casos históricos de hombres y 46 352 de mujeres a nivel del departamento, lo cual indica la vulnerabilidad de las mujeres en relación con el número elevado de contagios. Según el rango de edad por municipio, Pereira registra 12 881 casos históricos dentro del rango de 20 a 29 años; 13 109 casos, de 30 a 39 años, 9622 casos, de 40 a 49 años 7615 casos, de 50 a 59 años y 4977 casos en el rango de 60 años o más (figura 2). Sin embargo, tampoco existen datos desagregados que den cuenta de la situación de la población LGBTI y mucho menos específicos del grupo trans, en el contexto de la pandemia desde sus inicios al corte del 26 de septiembre de 2021.
Otro de los aspectos relacionados con la generación de marcos normativos de inclusión de estas poblaciones, más allá de las posturas de interseccionalidad y de enfoque de género formuladas por el Gobierno Nacional de Colombia a través de la Guía para la Incorporación del Enfoque de Género,7 y de los lineamientos para la mitigación del riesgo de contagio para los sectores sociales LGBTI8 (MSPS 2020a), es el hecho de incorporar estos instrumentos a la escala de la normativa local en los distintos ámbitos de la vida pública.
El reto se plantea frente a la ocupación del espacio público durante la pandemia una vez superadas las restricciones del confinamiento,9 durante el primer trimestre del brote (Decreto 457 2020, 1),10 pues las sujetas trans dependían del comercio sexual (tanto formal como informal) en las calles del centro de Pereira. ¿Cómo diseñar variables que incluyan datos desagregados de la población LGBTI (género, lugares de ocupación laboral formal e informal, condiciones de seguridad, grados o niveles de percepción de la seguridad por parte de estos grupos), por solo mencionar algunas, a los efectos de reformular las actuales normativas en materia urbana que regulan el uso y ocupación de los espacios públicos?; esta pregunta resume el reto.
El Ministerio de Salud, a través de la Resolución 1513 de 2020 (MSPS 2020b), exige el cumplimiento de las medidas generales que hacen referencia a la adopción del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo ante el coronavirus, en el espacio público por parte de las personas, familias y comunidades. Por fuera quedan las medidas específicas sobre los rubros destinados al trabajo formal e informal al aire libre, sobre el trabajo sexual en los espacios públicos, o sea, que estas personas de por sí serían doblemente estigmatizadas de presentar esta condición de salud.
La única salvedad que hace referencia directa, durante el contexto de la covid-19, al grupo trans que se dedica a la “prostitución” (trabajo sexual) es en el Documento 1, TDS07 (MSPS 2020a, 19). En este texto se especifica el enfoque de género diferencial 91 y la no discriminación, basado en el riesgo por explotación y abuso sexual, de violencia física o psicológica, desde el punto de vista de la protección de sus derechos; mas no se mencionan medidas para para ocupar el territorio en esta actividad (MSPS 2020a, 19). González et al. (2021), en el estudio sobre los efectos sociales, económicos y de la salud ocasionados por la pandemia de la covid-19, intentan aproximarse a una caracterización sociodemográfica de las personas de la población LGBTI de las cuales las sujetas trans forman parte. Se interesan en exponer los distintos grados de vulneración a los cuales estas personas son sometidas: la precarización del trabajo, el desempleo, la reducción de los espacios de socialización y de trabajo, la violencia y el sentimiento de inseguridad en el espacio público, entre otros. Si bien este estudio refleja un nicho poblacional trans dentro de la población LGBTI de clase media que tiene acceso a internet, y que se encuentra dentro de los niveles educativos medios y universitarios, da cuenta del temor de personas que se encuentran en una situación más favorable, con respecto a aquellas personas de los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 (bajos recursos). Un ejemplo es la posibilidad de experimentar las violencias ejercidas por la fuerza pública, como consecuencia de las restricciones sobre la movilidad y la ocupación de los espacios públicos en la ciudad, sobre todo para personas trans que ejercen el trabajo sexual (ILGALAC 2020, 48).
Por tanto, aún queda un camino abierto para explorar nuevas posibilidades de inclusión de las poblaciones trans y LGBTI en general dentro de los instrumentos de planificación. Estos, a su vez, necesitan ajustarse a sus realidades específicas, garantizando con esto su seguridad.
6. El POT de Pereira incorpora el enfoque de la diversidad sexogenérica: un logro histórico
La finalidad con este artículo no ha sido evaluar la manera en que la institución actuó durante la producción de la norma, sino destacar la incorporación al proyecto de reforma de una participación radical, planteada por el analista político Rave, coordinador del Proyecto de Diversidad Sexual del Municipio de Pereira. Tal incorporación no hubiese sido posible, si no hubiese existido este coordinador que actuó como agente de cambio y puente entre la institucionalidad estatal (como garante de derechos), el activismo representado por las tres principales plataformas LGBTI (avaladas por la institución y el grupo de sujetas trans y que gestionan las agendas de la población trans sobre el territorio) y, finalmente, el grupo de sujetas trans que 92 ejerce el trabajo sexual.
Es innegable el aporte de los trabajos conjuntos entre las instituciones estatales y los grupos sociales, en este caso las sujetas trans. Los logros se evidencian en las otras formas de recolección de las necesidades y la comprensión de reevaluar las metodologías para construir nuevas epistemologías sobre la diversidad sexogenérica. Además, se ahonda en el siguiente paso de reconocimiento de lo queer-trans, incluso desde la arena de la clandestinidad asociada a las prácticas del comercio sexual; se les reconoce como sujetos políticos capaces no solo de exigir derechos, sino de traspasar las barreras que los confinan a espacios fuera de las áreas de interés económico de la ciudad.
Asimismo, entender el territorio desde los actores involucrados, desde nuevas aproximaciones metodológicas como las cartografías ‘otras’, permitió registrar e implementar una forma de apropiación y una manera de situarse en el mundo por parte de estas sujetas trans. Lo anterior contribuyó a generar estrategias para transversalizar el enfoque de las diversidades sexuales y de género en los instrumentos de planificación urbana.
Por tanto, para dar respuesta a la pregunta que se ha planteado en el artículo se puede decir que la aplicación de políticas públicas con enfoque de inclusión de la diversidad sexogenérica, en el caso del POT de Pereira, sí configuró el reconocimiento de nuevas territorialidades desde la identidad queer-trans, desde la corrección de las posturas adoptadas por la institución encargada de garantizar la justicia social y la equidad territorial, y desde el POT. Hay que destacar la aprobación del proyecto por parte de estos grupos, una manera de validar su búsqueda de pertenencia y reforzar su identidad.
Sin importar el origen de la inclusión de las opiniones y del “sentir” de estos grupos, esta experiencia ha sido un modelo o ejemplo para incluir estas identidades y el enfoque de la diversidad sexogenérica en planes urbanos; incluso es un precedente no solo en Colombia, sino en la región andina. No obstante, queda pendiente un ejercicio importante sobre el posible terreno híbrido, tal como planteaba Petchesky (1999), de lucha de intereses, pero también, de negociación sobre un lugar de identidad diversa en el territorio ganado con la resistencia de los cuerpos sexualizados, con vistas hacia una ciudadanía sexual y una territorialización de la diferencia.
Si bien la incorporación del enfoque de la diversidad sexogenérica en el POT de Pereira constituye un logro histórico, la pandemia por la covid-19 ha planteado retos significativos. Por un lado, a mayor desagregación de datos sobre estas poblaciones para generar variables de ordenación territorial -basados en el saneamiento y control epidemiológico en los espacios públicos- mayor control biopolítico, pero mayor visibilización de los problemas que las aquejan y más apertura ante las posibilidades de reclamar sus derechos, en este caso relacionados con el trabajo sexual en la ciudad.
Por otro lado, a menor desagregación o generalización de los datos sobre esta población, menor control biopolítico y mayor capacidad de autonomía y agenciamiento fuera de los límites de control de un Estado masculinizado que las oprime 93 y las segrega para que ocupen espacios específicos aislados del resto de la ciudadanía. Se refuerza la estigmatización sobre el trabajo sexual en las calles a partir de la criminalización de la salud de estas personas, al etiquetarlas como generadoras de focos de infección y propagación de enfermedades (VIH/sida y covid-19), de delincuencia común, de tráfico de drogas, de trata de personas -tanto como traficante, mediador o víctima-, entre otros rubros relacionados históricamente con el comercio sexual específicamente trans. Esto trae consigo el costo de la invisibilización a los ojos del propio Estado y, por ende, del acceso y el reclamo de sus derechos fundamentales.