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Íconos. Revista de Ciencias Sociales

versión On-line ISSN 1390-8065versión impresa ISSN 1390-1249

Íconos  no.71 Quito sep./dic. 2021

https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4712 

Articles

La política en territorio. Género, migraciones y sostenibilidad de la vida en Argentina

Politics in territory. Gender, migrations and the sustainability of life in Argentina

María José  *  
http://orcid.org/0000-0002-3028-5129

Sofía Arrieta **  
http://orcid.org/0000-0002-1667-171X

Investigadora

Lic

*Dra. María José Magliano. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesora de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) (majomagliano@unc.edu.ar)

2**Lic. Sofía Arrieta. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Argentina) (sofia.arrieta@conicet.gov.ar)


Resumen

En el presente artículo se recupera la centralidad de la categoría sostenibilidad de la vida para analizar la dimensión política de las experiencias y prácticas de mujeres peruanas en la ciudad de Córdoba, Argentina, que forman parte de sectores sociales populares y habitan en espacios urbanos relegados y periféricos. Para ello, se retoman los aportes teóricos de la economía feminista y de aquellos estudios en los que se reflexiona sobre la dimensión dinámica de la construcción social de la ciudadanía. En cuanto a la estrategia metodológica, el texto se basa en un trabajo de campo con un enfoque cualitativo longitudinal, que combina entrevistas en profundidad con la observación participante. Los principales resultados muestran que las prácticas sobre la sostenibilidad de la vida que despliegan mujeres peruanas en esos espacios promueven no solo la reproducción familiar y barrial, sino también formas concretas de ejercicio de la ciudadanía. Esas prácticas condensan un “saber hacer” que se va construyendo y retroalimentando con el tiempo, incluso desde el mismo contexto premigratorio, y se sustenta en determinadas trayectorias migratorias, laborales y urbanas. Como conclusión del artículo se destaca la potencialidad analítica de la categoría sostenibilidad de la vida para indagar en las expresiones territorializadas de agenciamiento político de las migrantes a partir de las estrategias de organización colectiva en torno al cuidado comunitario.

Descriptores: Argentina; ciudadanía; cuidado; economía feminista; género; migraciones.

Abstract

The present article attempts to recapture the importance of the category of “life sustainability “ as a helpful tool in the study of the experiences and practices of Peruvian women living in the Argentinean city of Cordoba. These women belong into the lower-income segment of the local population and dwell in peripheral and relegated urban spaces. In order to achieve this goal, the text harnesses two key theoretical contributions: feminist economic theory and the available findings of current research on the dynamic social construction of citizenship. The study is based on field work where a qualitative longitudinal approach was employed. In-depth interviews were combined with participant observation methodology. The main result of the research shows that the women´s life-sustainability practices are able not only to secure family and neighborhood reproduction, but also have a tangible and positive impact on the exercise of citizenship. These practices condense a know-how that is built and fed back in time, going back to the pre-migration context and is supported by specific migratory, occupational and urban trajectories. In the conclusion, the article highlights the analytical potency of the concept of “life-sustainability” as an analytical category that can be helpful in understanding how migrants use strategies of collective organization centered on community care, in order to achieve political agency within a given territory.

Keywords: Argentina; citizenship; care; feminist economics; gender; migrations

1. Introducción

El objetivo de este artículo es realizar una reflexión crítica sobre la categoría sostenibilidad de la vida y su potencialidad explicativa y analítica para el estudio de las migraciones, desde una perspectiva de género. A partir de la revisión de estudios teóricos y empíricos sobre migraciones y género, esta propuesta recupera la centralidad de esta categoría para pensar no solo las estrategias de organización familiar y barrial de mujeres migrantes que forman parte de sectores sociales populares, sino también la dimensión política de sus experiencias y trayectorias. El argumento principal es considerar que las prácticas en torno a la sostenibilidad de la vida que despliegan las mujeres migrantes en los espacios urbanos periféricos y marginales, en un contexto de creciente precarización de las condiciones de vida de las poblaciones migrantes que han arribado a la Argentina en los últimos decenios, además de la reproducción familiar y barrial, habilitan formas concretas de ejercicio de ciudadanía.

El presente trabajo surge ante la necesidad de explorar nuevas categorías que permitan complejizar las investigaciones sobre migraciones, en clave de género. Aun cuando la categoría sostenibilidad de la vida no es nueva, ya que como se verá más adelante posee un amplio recorrido académico y político, los alcances de la dimensión política que abarca no han sido suficientemente problematizados en el campo de estudios sobre migraciones internacionales. Si bien nuestro artículo está basado en metodología cualitativa y en un extenso trabajo de campo cualitativo -desde 2012- con migrantes peruanas que residen en espacios relegados y periféricos de la ciudad de Córdoba, su elaboración comenzó en plena cuarentena por la emergencia sanitaria producto del coronavirus SARS-Cov2. Las mujeres migrantes que conocimos durante el trabajo de campo se encontraban en la primera línea de los espacios de cuidado comunitario,1 que en Argentina tienen una larga historia, desplegando un conjunto de prácticas -principalmente relacionadas con la problemática alimentaria- con el fin de atenuar los efectos del aislamiento en las poblaciones que allí residen. Poblaciones que se vieron particularmente afectadas por esta situación, debido a que en su mayoría dependen del trabajo informal (albañiles, trabajadoras domésticas remuneradas, costureras) y sufrieron una reducción considerable de sus ya magros ingresos.2

Los resultados de distintas investigaciones realizadas en Argentina muestran la centralidad de las migrantes, en especial bolivianas, paraguayas y peruanas, en su rol de “garantes” de la reproducción familiar y barrial en los márgenes de las ciudades que habitan (Gil Araujo y Rosas 2019; Magliano 2019; Perissinotti 2019; Rosas 2018). En este marco, la categoría sostenibilidad de la vida aporta herramientas para analizar y reflexionar sobre aquellas tareas que hacen posible la continuidad de la vida -en términos humanos, sociales y ecológicos-, y el desarrollo de condiciones de vida, estándares de vida o calidad de vida aceptables para toda la población (Bosch, Carrasco y Grau 2005, 322). Dentro de ese conjunto de tareas, la organización social del cuidado ocupa un lugar protagónico. Las trayectorias de las migrantes peruanas que conocimos en el transcurso de la investigación se encontraban marcadas por los trabajos de cuidado: familiar no remunerado, como responsables máximas de las actividades de cuidado en el hogar; remunerado, en tanto la gran mayoría se dedicaba al trabajo doméstico -fijo y por horas-; y comunitario, en su rol de referentes barriales y encargadas de la subsistencia barrial. Así pues, la trama de relaciones que sostienen la vida involucra al mismo tiempo el ámbito familiar y el espacio barrial en su conjunto (Magliano 2019).

En estas páginas se concibe al cuidado como al conjunto de actividades, remuneradas y no remuneradas, alrededor del sostén cotidiano de la vida humana (Vega y Gutiérrez-Rodríguez 2014), incluyendo todas las actividades dirigidas a conservar, continuar o reparar el mundo, para que se pueda vivir en él lo mejor posible (Tronto 1994). Además, se recupera el planteamiento de Molinier cuando enfatiza que el cuidado “no es simplemente una disposición o una ética: se trata ante todo de un trabajo” (2018, 187). Estas consideraciones complementaron los estudios sobre el cuidado, los cuales vienen demandando “su valorización al reconocerlo como piedra angular de la sociedad y la economía, de lo que se deriva su carácter esencial para la vida y el bienestar” (Rosas 2020, 180).

La premisa de la que partimos en este artículo es que los vínculos que las mujeres migrantes establecen con los trabajos de cuidado en el marco de las actividades de sostenibilidad de la vida, a la vez que dan cuenta de la existencia y reproducción de formas de explotación y discriminación ancladas al género, la etnicidad, el origen nacional y la clase social, pueden activar también prácticas de ciudadanía. El término “prácticas” alude al aspecto dinámico de la construcción social de la ciudadanía, que muta históricamente como consecuencia de las luchas políticas (Turner 1993, 2 citado en Cherubini 2013, 35). En este sentido, Cherubini (2013, 35) señala que “los derechos y deberes, los beneficios y las responsabilidades que en cada contexto histórico y político están asociados a la posición de ciudadano son el resultado de la acción de varios sujetos colectivos”. Precisamente, la tesis que proponemos es que la sostenibilidad de la vida, como categoría multidimensional (Carrasco 2016) que imbrica la centralidad del cuidado en la vida social, la solidaridad comunitaria y la politicidad en territorio, puede derivar en formas concretas de reivindicación ciudadana.

El artículo se organiza en tres apartados. En el primero se presenta el marco teórico-metodológico del estudio. En el segundo se reconstruye una genealogía de la categoría sostenibilidad de la vida con base en las contribuciones de la economía feminista. El tercero se enfoca en el análisis de la sostenibilidad de la vida como expresión de agenciamiento político de las migrantes, a partir de reflexiones sobre los intersticios a través de los cuales estas mujeres ejercen prácticas de ciudadanía.

2. Soporte teórico-metodológico

Los estudios migratorios, como indica López Sala (2020, 15), han experimentado un gran desarrollo a lo largo de las últimas dos décadas, el cual ha llevado a este campo a contar con una presencia distintiva en las ciencias sociales. En lo que a las investigaciones sobre género y migraciones se refiere, la relevancia adquirida por los estudios de género y feminismo en la academia, así como la incidencia del movimiento de mujeres en el ámbito internacional, tuvieron un rol central en la expansión de este campo de indagación desde el último cuarto del siglo XX (Gregorio Gil 2012). Dicho campo de estudio, apunta Mallimaci (2017), mostró a mujeres migrando, trabajando y sosteniendo lazos familiares, redefiniendo las categorías clásicas sobre migración y migrantes, ejerciendo ciudadanías y maternidades transnacionales, emprendiendo empresas informales, etc., superando la etapa de denunciar silencios y olvidos en la presencia de las mujeres en las migraciones (Herrera 2012; Mallimaci 2017; Tapia 2011).

Los trabajos que emergieron desde esta área de estudio colocaron al cuidado en un lugar relevante, en especial debido al hecho de que un importante número de mujeres migrantes a nivel global, tanto en las migraciones Sur-Norte como en las migraciones Sur-Sur, se han movilizado para trabajar en el sector de los cuidados (Borgeaud-Garciandía 2017; Catarino y Oso 2000; Dutra 2013; Gutiérrez-Rodríguez 2010; Goldsmith 2007; Herrera 2016; Hochschild 2000; Salazar Parreñas 2001). Especialmente, estas investigaciones se focalizaron en los trabajos domésticos y de cuidado remunerados y en las formas y estrategias de organización del cuidado familiar desplegadas en los contextos migratorios. Más relegadas quedaron aquellas cuestiones vinculadas al papel de las mujeres migrantes en las actividades de cuidado comunitario y de gestión de lo común, así como a las prácticas de ciudadanía y las expresiones de subjetividad política que de esas actividades se derivan.

Los barrios donde realizamos nuestra investigación, “construidos” y habitados principalmente por población migrante a partir de procesos informales de tomas de tierras (Magliano y Perissinotti 2020), se caracterizan por ser un tipo de asentamiento informal que surgió en el transcurso de la década de 1940 en las ciudades de Argentina. Se trata de:

ocupaciones de tierras deshabitadas que -entre otros aspectos- producen tramas urbanas irregulares; cuentan con una buena localización en relación con los centros de producción y consumo (Vaccotti 2017); están sobre todo localizadas sobre terrenos fiscales; no poseen servicios públicos básicos (electricidad, agua corriente y red cloacal); y están, en general, altamente pobladas (Magliano y Perissinotti 2020, 6).

Las serias dificultades económicas de los colectivos migratorios sudamericanos, sobre todo bolivianos, paraguayos y peruanos, para acceder al mercado inmobiliario formal, en el marco de trayectorias laborales marcadas por la informalidad y la precariedad, se evidencian en su sobrerrepresentación en estos espacios (Vaccotti 2014; Caggiano y Segura 2014).

La permanencia ininterrumpida en el sitio donde se realizó la investigación permitió reconstruir el devenir cotidiano de mujeres peruanas que llegaron a la Argentina en general y a Córdoba en particular, en el transcurso de las últimas dos décadas. En este contexto fue posible conocer sus trayectorias laborales, sus relaciones intrafamiliares y vecinales, las formas de organización del cuidado, los vínculos establecidos con diferentes actores sociales y políticos que fueron cimentando desde la llegada misma a los barrios donde viven, con el propósito de mejorar las condiciones de vida y acceder a determinados derechos. Este material empírico, conformado por entrevistas en profundidad, registros de observación participante y charlas informales mantenidas con las mujeres migrantes a lo largo del trabajo de campo, sirvieron de insumo clave para la elaboración de este texto. En particular, recuperamos tres testimonios de migrantes peruanas, referentes barriales y participantes activas de los espacios de cuidado comunitario, los cuales condensan las experiencias de muchas otras mujeres que conocimos durante la investigación.3

En términos teóricos, y para reflexionar críticamente sobre la potencia analítica de la categoría sostenibilidad de la vida en la interrelación entre migraciones y género, se recuperan los aportes teóricos de la economía feminista y de los estudios sobre ciudadanía. La economía feminista, señala Rodríguez Enríquez, “es una corriente de pensamiento heterodoxo preocupada por visibilizar las dimensiones de género de la dinámica económica y sus implicancias para la vida de las mujeres” (2015, 30). Son tres las premisas básicas que la conforman: la necesidad de expandir la propia concepción de economía para involucrar todos los procesos de aprovisionamiento y reproducción social, incluso aquellos que no pasan por los mercados; la consideración de las relaciones de género como un elemento constitutivo central del sistema socioeconómico; y la necesidad de cuestionar y modificar los sesgos de género a partir de construir conocimiento y proponer acciones transformadoras de las desigualdades (Agenjo Calderón 2013; Pérez Orozco 2014).

Como advierte Pérez Orozco, la economía feminista permitió sacar “a la luz el trabajo no remunerado, con lo que se amplía mucho el mundo del trabajo”, haciendo emerger “una esfera de actividad económica (más oscura) que antes no se veía y donde las mujeres han estado históricamente presentes” (2014, 61). Teniendo en cuenta este escenario, se incorporaron un conjunto de conceptos analíticos específicos, tales como la división sexual del trabajo, la organización social del cuidado y la economía del cuidado (Rodríguez Enríquez 2015), los cuales adquieren un rol fundamental en la discusión política y económica.

Desde nuestra perspectiva, la categoría sostenibilidad de la vida, que forma parte de ese marco conceptual, ofrece herramientas analíticas para politizar los cuidados, sacándolos del ámbito “privado” del hogar y colocándolos en un lugar “público” (Gregorio Gil 2012), y para arrojar luz sobre aquellos “actos de ciudadanía” (Isin y Nielsen 2008) derivados de las acciones y prácticas que las mujeres migrantes despliegan colectivamente con el fin de asegurar la subsistencia familiar y barrial. Esas acciones y prácticas condensan un “saber hacer” que se va construyendo y retroalimentando con el tiempo, incluso desde el contexto premigratorio, y que se sustenta en determinadas trayectorias migratorias, laborales y urbanas.

En este sentido, se retoman también las discusiones teóricas críticas relacionadas con la ciudadanía, en especial aquellas que enfatizan su dimensión construida y dinámica. Desde este enfoque teórico se “atribuye a los sujetos excluidos, a los ‘otros’, la capacidad de actuar de forma autónoma y competente y de contribuir a los procesos de construcción y transformación de la ciudadanía” (Cherubini 2013, 42). La apuesta de este artículo, reiteramos, radica en considerar que las actividades que sostienen la vida familiar y comunitaria en los espacios urbanos relegados, y las experiencias de politización que se promueven a partir de esas actividades, pueden ser entendidas como formas de ejercicio de la ciudadanía en las que emergen nuevas subjetividades políticas. En esta línea, la política, tal como enuncia Fassin (2018, 16), no es algo fijo sino el producto de la acción humana. Inspiradas en las lecturas de Balibar (2013), Cherubini (2013), Gil Araujo (2010), Mezzadra (2005), Sassen (2003) y Vega y Gil Araujo (2003), que proponen pensar a la ciudadanía como una práctica y como un ejercicio en constante construcción, se apunta a visibilizar su dimensión activa a partir de reflexionar sobre las experiencias en torno a la sostenibilidad de la vida de mujeres migrantes de origen peruano que habitan en la periferia urbana de la ciudad de Córdoba, en Argentina.

3. La sostenibilidad de la vida desde la economía feminista

La economía feminista es, según Federici, un ejemplo de la fuerza del feminismo, dado que se ha propuesto “asaltar la economía, que es, entre todas las disciplinas, la más cercana a las estructuras de poder que dominan nuestra sociedad” (2018, 16). Esta perspectiva “surge ya en el siglo XIX cuando tuvieron lugar las primeras discusiones con los economistas clásicos por no reconocer la división sexual del trabajo y no otorgarle categoría económica a las actividades domésticas y de cuidado” (Carrasco y Díaz Corral 2018, 13). A mediados del siglo XX cobró gran importancia una discusión teórica sobre el trabajo doméstico y de cuidado, en la cual se planteaba su relación con la reproducción de la fuerza de trabajo y el beneficio capitalista, al mismo tiempo que se desarrollaba una crítica metodológica y epistemológica a las tradiciones existentes. En el marco de esas críticas, las investigaciones relacionadas con estos trabajos como aspectos claves de reproducción del sistema capitalista comenzaron a obtener visibilidad en el ámbito académico y político. En el centro de estas investigaciones estaban las mujeres, responsables máximas y sostenedoras de todo el entramado social y económico (Carrasco y Díaz Corral 2018), y los sentidos materiales y simbólicos del trabajo doméstico y de cuidado.

En este contexto, la categoría de sostenibilidad de la vida sobresale como un aporte de la economía feminista para ampliar la discusión sobre el papel de las mujeres y del trabajo doméstico y de cuidado que ellas realizan, tanto remunerado como no remunerado. La sostenibilidad de la vida representa “un proceso histórico de reproducción social, dinámico y multidimensional de satisfacción de necesidades que requiere de recursos materiales, pero también de contextos y relaciones de cuidado y afecto” (Carrasco 2009, 183). Sin embargo, esa profundidad histórica fue desestimada por las corrientes de pensamiento clásicas. En palabras de Carrasco, “las distintas escuelas de economía se han caracterizado por excluir de sus análisis los procesos de reproducción social, centrándose exclusivamente en el estudio de la producción de mercado” (2009, 171).

Por esto, “desde el feminismo se identifica un conflicto estructural e irresoluble de esta economía hegemónica: el conflicto entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida” (Pérez Orozco 2018, 30). Uno de los mecanismos clave del funcionamiento de este modelo es derivar la responsabilidad de sostener la vida a las esferas económicas invisibilizadas, sumergidas y feminizadas. Sin perder de vista la multiplicidad de dimensiones de la desigualdad -clase social, actividad laboral, nivel de cualificación, edad, hábitat rural o urbano, estatus migratorio-, el género ocupa un rol fundamental para entender la sostenibilidad de la vida: “son las mujeres las que, en línea con el rol de responsables últimas (o únicas) del bienestar familiar, multiplican e intensifican sus trabajos remunerados y no remunerados, para que la vida salga adelante” (Agenjo Calderón 2013, 25). En este sentido, podemos agregar que la histórica invisibilización de las tareas de cuidado responde no solo a la persistencia “de un discurso dominante sobre cierta espontaneidad de tales tareas, sino también a un profundo desconocimiento y a una escasa valoración de las competencias, saberes y habilidades que han incorporado las mujeres en diversos ámbitos” (Zibecchi 2014, 136), entre los que están también las prácticas de ciudadanía.

En el caso de las mujeres migrantes que habitan en las periferias urbanas en Argentina, la búsqueda de ese bienestar involucra al espacio familiar y barrial en su conjunto, convirtiéndose estos en lugares privilegiados desde donde se construyen identidades colectivas asociadas a las tareas de reproducción y sostenibilidad de la vida. El cuidado, la alimentación o la recreación comunitaria descansan en las capacidades prácticas de estas mujeres. Tal como indica Gago (2019, 46), ellas ponen literalmente el cuerpo para que las crisis recurrentes se sientan lo menos posible sobre el cotidiano de las otras personas. De este modo, la sostenibilidad de la vida permite constatar que, en los márgenes de las ciudades, en términos espaciales, pero también sociales y políticos, la vida se sostiene comunitariamente.

Como advertimos en una encuesta aplicada en el 2019 en un barrio de relegación urbana de la periferia cordobesa, construido y habitado principalmente por migrantes del Perú -de la población que allí vive el 48,1 % es peruana y el 45,1 % es argentina-; el trabajo comunitario -orientado al funcionamiento de comedores, guarderías, merenderos- resulta la segunda inserción laboral para las mujeres de esta zona con un 14,2 %, luego del trabajo doméstico remunerado por horas que constituye el 37,3 % (Magliano y Perissinotti 2019). A partir de la obtención de subsidios otorgados por las autoridades provinciales y nacionales, una manera de gestionar la precariedad de las poblaciones, cada vez son más las mujeres migrantes que reorientan sus trayectorias laborales al cuidado comunitario.4 Si la precariedad es una expresión de relaciones de desigualdad (Lorey 2016), el cuidado comunitario puede entenderse como una respuesta que emerge desde el territorio para tratar de atenuar los efectos de esas desigualdades.

Al igual que en el barrio donde se realizó la encuesta, el lugar destacado que el cuidado comunitario posee para las migrantes es una circunstancia que aparece en otros barrios semejantes, en los cuales realizamos nuestro trabajo de campo. En todos ellos, las prácticas de sostenibilidad de la vida resultan una expresión de formas de solidaridad comunitaria ancladas al territorio, que se traducen en una politicidad migrante a partir de los vínculos que las mujeres construyen con agentes estatales y organizaciones sociales.

El caso de Berta, una migrante peruana de 54 años que llegó a Córdoba en el 2008, ilustra este argumento. Ella está a cargo de un merendero del barrio donde reside junto con un grupo de mujeres peruanas y se encarga de toda la organización del trabajo: se relaciona más estrechamente con los representantes de las organizaciones sociales de las que recibe apoyos mensuales que son fundamentales para el mantenimiento de este espacio, almacena los alimentos en su casa, organiza los turnos y la distribución de las tareas y ofrece comida para niños de hasta 15 años y adultos mayores. Para muchos de ellos, lo que reciben allí puede llegar a ser la única comida del día, entonces el hecho de cocinar para las personas más vulnerables de la comunidad cobra un sentido de responsabilidad mayor para quienes llevan adelante estas acciones. En consonancia con esta responsabilidad, Berta organiza mensualmente una colecta entre los vecinos con el fin de mejorar la calidad de los alimentos del merendero, agregando verduras y carne a las raciones que “bajan” desde las organizaciones sociales o del Estado. De este modo, como encargada de que este espacio funcione, es quien se relaciona cotidianamente con distintos actores sociales y políticos, y con el resto de los y la vecindad. En ese proceso, que lleva a cabo diariamente y que no está exento de tensiones, se van configurando prácticas organizativas colectivas cuya aspiración principal no es otra que demandar formas de vida más dignas en el contexto de destino.

A través de esas prácticas, “las mujeres migrantes defienden o amplían los derechos adquiridos, tienen acceso a los recursos que hacen sustanciales tales derechos, y participan en la vida social y política de la comunidad de referencia” (Cherubini 2013, 36). Desde los márgenes de la ciudad se construyen expresiones territorializadas de solidaridad comunitaria que impulsan el surgimiento de nuevas subjetividades políticas. Se consideran “nuevas” porque involucran un agenciamiento político que se produce cuando sujetos victimizados, como ha sucedido históricamente con los y las migrantes regionales en Argentina, se identifican a partir de la carencia (Varela Huerta 2015, 161) y de demandas que apuntan a mitigarla y a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones. En torno a ello, los vínculos que las mujeres peruanas establecen con actores sociales y políticos a partir de la acción colectiva barrial, como veremos a continuación, abre un campo de posibilidades alrededor del ejercicio de la ciudadanía.

4. Sostenibilidad de la vida y subjetividades políticas territorializadas

“He tocado puertas”, señaló Cecilia, referente barrial peruana de 40 años. “Cuando empezaba a ir a tocar puertas me decían: ‘¿de dónde es usted: ¿boliviana?’. ‘No’, le decía, ‘yo soy peruana’. ‘¿Y qué quiere acá? ¡Acá ustedes no tienen nada que hacer!’, me decían. ‘Pero yo vengo a defender el derecho de la gente’. ‘¿Qué derecho? ¡Vayan a pedir a tu país!’, me decían” (entrevista a Cecilia, migrante peruana, Córdoba, 19 de diciembre de 2018). 5 Cecilia, quien llegó sola a Córdoba a comienzos del siglo XXI procedente de Lima y luego se le unieron su marido y su hija -en la actualidad tiene cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Córdoba-, se refiere especialmente a las demandas colectivas realizadas para mejorar la infraestructura del barrio -relegado y periférico- que habita. El asentamiento en este espacio urbano se originó a partir de la toma de tierras fiscales, debido a las constantes dificultades que la familia de Cecilia tenía -al igual que sucede con otras familias migrantes- para pagar el alquiler de una vivienda en sectores más “formalizados” de la ciudad.

A la par de los procesos de organización colectiva que se gestan alrededor de la urbanización de los barrios, en especial para obtener el acceso a los servicios públicos -agua, luz, recolección de basuras, desagües y cloacas-, se fueron constituyendo espacios comunitarios orientados al sostenimiento de la vida barrial que estuvieron gestionados por mujeres migrantes.6 Estos espacios se consolidaron al amparo de la creciente organización barrial, y a las ayudas recibidas por parte de diferentes actores sociales y políticos, como sucedió en los lugares donde viven Cecilia y Berta. Para que estas ayudas “bajaran” a los barrios fue necesario desplegar un conjunto de estrategias que les permitiera acceder a ellas. A eso se refiere Cecilia en su relato cuando alude a las “puertas que ha tocado”. Puertas que primero se cerraban porque su condición de mujer migrante perteneciente a sectores populares parecía invalidarla para reclamar, pero que el paso del tiempo y un aprendizaje compartido fueron abriendo, particularmente saber dónde ir a reclamar y con qué actores sociales y políticos vincularse. Es en ese sentido que Cecilia enfatiza en su relato que “aprendió a esperar”, expresando en sus palabras un “saber-hacer” que enlaza trayectorias y experiencias vividas y aprehendidas entre las propias migrantes. De hecho, Cecilia señala que fue una migrante boliviana, quien peregrinaba con ella -y como ella- por distintas reparticiones estatales en busca de respuestas para las problemáticas barriales, la que en una oportunidad le dijo:

No te muevas, no te muevas, tú te vas, ¿por qué te vas? Si tú te vas entonces como que a ellos no le importas, entonces quédate hasta el último, no te muevas, si tú has venido a reclamar algo entonces siéntate ahí, dile que no te vas a mover y vas a ver cómo te atienden (entrevista a Cecilia, migrante peruana, Córdoba, 19 de diciembre de 2018).

Este modo de vinculación del Estado con los sectores populares -donde se concentra la población migrante en Argentina- remite al “modelo paciente” propuesto por Auyero (2013, 187). Estas poblaciones deben aprender a esperar para poder conseguir algo. Así pues, cuando “ya no se movió”, Cecilia comenzó a construir otros lazos con las agencias estatales y con las organizaciones sociales que mantenían presencia en estos territorios, siempre con la mirada puesta en mejorar las condiciones de vida del barrio, ya sea en relación con la infraestructura como con la propia subsistencia de las familias que allí viven. Entre las principales preocupaciones del barrio donde Cecilia vive se destacan la falta de agua potable, la alimentación y el cuidado de la población infantil. En relación con este último aspecto, en el 2016 el gobierno de la provincia de Córdoba implementó el programa Red Salas Cuna, espacio destinado al cuidado de niños y niñas desde los 45 días de su nacimiento a los tres años, en espacios urbanos relegados (Magliano y Perissinotti 2021). Una vez que el programa fue puesto en marcha Cecilia comenzó un insistente derrotero por diferentes agencias estatales para lograr que abrieran una Sala Cuna en su barrio. En una oportunidad, recuerda que luego vagar de un lado a otro demandando la apertura del espacio en su barrio, la responsable de la secretaría de la que dependía el programa Red Sala Cuna la reconoció:

“Ah, tú eres la que me está hinchando con lo de la Sala Cuna”. Y yo le digo: “esto de la Sala Cuna es una buena iniciativa como para que los vecinos sepan que el Estado está presente en el barrio”. Y me dice “bueno, pero ¿tú tienes todos los papeles?, ¿los requisitos para la Sala Cuna?, ¿cuántos niños hay?”. Yo llevé el listado de niños, de todo, yo ya había hecho campaña en el barrio con las vecinas, quienes querían anotar a sus niños para Sala Cuna y se anotaron 75 niños (entrevista a Cecilia, migrante peruana, Córdoba, 19 de diciembre de 2018).

Entre aprender a esperar y a moverse -como dos aprendizajes inextricablemente unidos- se van configurando las experiencias de agenciamiento político de las mujeres peruanas. Ellas peregrinan por distintas dependencias estatales, siguen de cerca a funcionarios políticos para presentarles las demandas colectivas barriales, destinan gran parte de su tiempo esperando ser atendidas e intervienen en las actividades convocadas por las organizaciones sociales en las que participan, las cuales en general se realizan en zonas céntricas de la ciudad, muy lejos de los barrios donde viven. Tal como sugirió Mariela, oriunda de Perú e integrante del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE),7 garantizar la presencia en esas actividades es parte ineludible del recorrido político que estas mujeres realizan. Como parte de su participación en la organización, Mariela -quien tiene 25 años y cuatro hijos de 9, 7, 5 y 2 años- interviene activamente en las distintas movilizaciones que el MTE convoca para reclamar la ampliación de las políticas sociales. Ella destaca la importancia de asistir a las movilizaciones porque “con toda la ayuda que nos dan, yo creo que está bien ir” (entrevista a Mariela, migrante peruana, Córdoba, 8 de noviembre de 2019).8 La asistencia de “las que más puedan”, según deja entrever Mariela, las posiciona en una mejor condición al momento de recibir ayudas y solicitar mejoras en el edificio del merendero, más cantidad de útiles escolares para el año siguiente, entre otras necesidades que se deben resolver. Y es a partir de la presencia en el espacio público, acompañando las demandas de las organizaciones sociales que colaboran con el sostenimiento de las actividades comunitarias, que las mujeres migrantes van ampliando los horizontes de acción política y gestión comunitaria. Pese a la escasa agencia temporal que poseen, “ponen el cuerpo”, como remarcó Cecilia en varias oportunidades, con la mirada puesta en el sostenimiento de la vida familiar y barrial.

La acción colectiva barrial-territorial, subraya Gago (2014, 98), “necesita de los saberes domésticos y de los cuidados y, al mismo tiempo, los proyecta en un espacio público político”. En esa proyección, las mujeres peruanas activan formas de agenciamiento político y de reivindicación ciudadana. Al igual que sucedía en las barriadas de Lima en la segunda mitad del siglo XX, estas mujeres desarrollaron en Córdoba un campo de relaciones barriales y territoriales propias (Jelin 2010). La construcción de ese campo de relaciones es procesual y se va gestando desde el mismo momento en que llegan a los barrios y “toman” las tierras. A partir de ahí comienzan a negociar con diferentes actores sociales y políticos involucrados en el proceso de asentamiento: vecinos, agentes estatales y organizaciones sociales. En ese proceso, los varones migrantes solo acompañan. Las mujeres son las referentes, quienes se relacionan con actores externos al barrio e irrumpen en el espacio público marchando con las organizaciones sociales en las que participan.

Ese campo de relaciones dota “de reconocimiento y legitimidad a sujetos tradicionalmente desconsiderados en la esfera pública” (Vega y Gil Araujo 2003, 29). Así pues, “sujetos por definición ‘no políticos’, como las mujeres migrantes, pueden en realidad tener una actuación política considerable y de hecho pueden constituirse como sujetos políticos emergentes” (Sassen 2003, 109). De algún modo, lo que la sostenibilidad de la vida -y las actividades que ella involucra- permite apreciar es que los contextos de precariedad y exclusión social pueden “provocar una nueva escalada de transformaciones en la propia ‘institucionalidad de la ciudadanía’” en tanto esta “se crea en parte a través de las prácticas de los excluidos” (Sassen 2003, 118).

Al reparar en esta categoría como herramienta analítica para descifrar el protagonismo de las mujeres migrantes en la reconfiguración de la acción colectiva y comunitaria, es posible reconocer los “aspectos cotidianos de la ciudadanía” (Cherubini 2013, 36; Isin 2009). Con base en esta premisa, desde los márgenes de las ciudades y de lo que comúnmente se entiende como político (Magliano y Perissinotti 2021), estas mujeres reivindican formas de participación política y ciudadana a la vez que expresan “las potencialidades de la resistencia y al mismo tiempo de la invención de lo nuevo” (Lorey 2016, 113). En este marco, y más allá de advertir la persistencia de desigualdades de género en torno a las actividades que mantienen la sostenibilidad de la vida como prerrogativa femenina, en este artículo se remarca la politicidad que esas actividades habilitan, no para negar los alcances de esas desigualdades, sino para complejizar analíticamente el ejercicio de la ciudadanía desde los márgenes. Y se enfatiza en la cuestión de los márgenes porque no debe invisibilizarse el “abandono” de parte del Estado al que se vieron sometidas históricamente las poblaciones migrantes regionales -y no solo ellas- en Argentina.

A través de las prácticas que sostienen la vida en las periferias urbanas, las mujeres migrantes expresan de modo concreto el propio vínculo con la comunidad política y social. En la construcción de ese vínculo, que condensa desigualdades, asimetrías y también resistencias y luchas, las mujeres migrantes reclaman formas de reconocimiento como “miembros” de una comunidad (Benhabib 2004, 51). Así, desde lugares precarios (Lorey 2016) -en términos espaciales, de clase, de origen nacional y de género- nuestras interlocutoras migrantes activan, construyen y ejercitan prácticas de ciudadanía territorializadas.

5. Conclusiones

Una serie de diálogos, lecturas y discusiones llevados a cabo en los últimos meses dieron origen a una pregunta y una necesidad: ¿es posible pensar en nuevas categorías para complejizar las investigaciones sobre el cruce entre género y migraciones? Así, la premisa que organizó este artículo radicó en considerar que la sostenibilidad de la vida permite dar cuenta de los resquicios a través de los cuales las mujeres migrantes pueden ejercer prácticas de ciudadanía. En esta línea, se intentó dotar de complejidad y ampliar los sentidos de dicha categoría, reflexionando sobre la profundidad política de las estrategias y acciones de subsistencia familiar y barrial desplegadas por mujeres migrantes peruanas en la ciudad de Córdoba en Argentina. Si bien constan una serie de trabajos que focalizan el accionar político de las mujeres, esta dimensión del ejercicio de la ciudadanía en las mismas estrategias de sostenibilidad de la vida representa una propuesta todavía poco explorada.

Para emprender esta búsqueda se recuperaron los aportes de la economía feminista con miras a realizar una genealogía de la categoría y analizar cómo el entramado de las estrategias que buscan sostener la vida, en primer lugar, exceden el espacio doméstico y se corporizan en espacios gestionados e impulsados por mujeres migrantes, en los cuales toda la comunidad de una u otra forma se ve involucrada y participa colectivamente. Y, en segundo lugar, se puso de manifiesto que estas estrategias no se agotan en la mera subsistencia, sino que involucran la construcción de prácticas de ciudadanía desde los propios espacios relegados: desde el merendero, el comedor, la sala cuna, el barrio. Desde esos espacios -solidarios y comunitarios- anclados al territorio, es posible pensar, retomando la pregunta y el desafío que propone Fassin (2018, 14), en una repolitización del mundo que permita (re)construir otros sentidos de la política.

Este desafío cobra otro sentido en medio de la pandemia que contextualiza la escritura de estas páginas. En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-Cov2 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional argentino a partir del 20 de marzo de 2020 mediante el Decreto n.º 297, se establecieron un conjunto de actividades esenciales exceptuadas de “aislarse”. Entre ellas, los trabajos de cuidado, tanto aquellos destinados a la asistencia de personas como los comunitarios orientados al sostenimiento diario de las poblaciones más vulnerables, en especial los comedores y merenderos. Y es allí, en ambos trabajos, donde las migrantes peruanas se encuentran sobrerrepresentadas. De algún modo, la pandemia expuso con fuerza -y a la fuerza- la indispensabilidad de los cuidados remunerados, no remunerados y comunitarios, y a las mujeres encargadas de llevarlos adelante.

A partir de los cuidados que sostienen la vida es posible entonces imaginar, reconocer y trabajar por una repolitización del mundo desde otros lugares y contemplando el protagonismo de otros sujetos. Una repolitización que reconozca la interdependencia como forma principal de vinculación y que involucre a aquellos sujetos invisibilizados, sumergidos, desvalorizados, como sucede con las mujeres migrantes, que, desde los márgenes, en términos materiales y simbólicos, luchan políticamente para garantizar y sostener la vida cotidiana de maneras más dignas y solidarias.

Apoyos

Este artículo es resultado del proyecto “Migraciones y organización social del cuidado en Argentina: un campo de estudio emergente”, financiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina.

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Cómo citar este artículo:

1Magliano, María José y Sofía Arrieta. 2021. “La política en territorio. Género, migraciones y sostenibilidad de la vida en Argentina”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 71: pp-pp. https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4712

1Es importante destacar que durante los meses que duró la cuarentena mantuvimos contacto telefónico con las mujeres migrantes que habíamos conocido en los años previos.

2De acuerdo con una encuesta realizada por la Agenda Migrante (2020) –espacio conformado por organizaciones de migrantes, de derechos humanos e instituciones académicas–, el 58 % de los migrantes que respondieron la encuesta vio interrumpida su relación laboral y dejaron de cobrar un salario.

3Los espacios de cuidado comunitario nuclean un número aleatorio de 6 a 15 mujeres, dependiendo del volumen de personas a las que atienden. La totalidad de estas mujeres, al igual que sus familias, tenían regularizada su situación migratoria. En Argentina, desde la sanción de la Ley de Migraciones (n.º 25.871) en el 2003, se facilitó el acceso a la regularidad migratoria para aquellas personas que proceden de los países del Mercosur ampliado. De este modo, en el caso que analizamos no son los papeles el problema y disparador de las expresiones de organización colectiva sino las necesidades de subsistencia familiar y barrial.

4Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, para junio de 2020 el 40,9 % de las personas en el país se encontraban por debajo de la línea de pobreza (INDEC 2020).

5Esta entrevista fue realizada por María José Magliano y María Victoria Perissinotti.

6Algunas características generales de las organizaciones comunitarias son las siguientes: presentan un núcleo reducido de miembros organizadores, una estructura interna simple, un ámbito de acción eminentemente local y una orientación a problemas concretos de la comunidad (Zibecchi 2014, 133).

7Esta es una organización social con presencia territorial en una gran cantidad de barrios populares en todo el país. A partir de la organización popular, fundan cooperativas y unidades económicas populares cuyo propósito es mejorar la vida de todos los trabajadores y las trabajadoras de Argentina (MTE 2020).

8La participación de las mujeres migrantes en las organizaciones sociales en Córdoba, en especial dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ha sido estudiada en profundidad por Perissinotti (2020).

Recibido: 15 de Octubre de 2020; Revisado: 17 de Diciembre de 2020; Aprobado: 16 de Mayo de 2021

Creative Commons License Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons

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